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Wednesday, 02 August 2017 19:00

Salaminita renace a paso firme

Por Asorenacer*

Entre las décadas de los 70 y los 80 se dio el proceso de asentamiento de las veredas La Suiza y El Jardín, pertenecientes al corregimiento de Salaminita en el municipio de Pivijay, Magdalena. Durante este tiempo muchas familias campesinas provenientes de diferentes lugares de la región llegaron a esta zona del departamento, y comenzaron a asentarse en algunos terrenos prósperos para la agricultura y en los cuales solo había una pequeña población dispersa.

Los predios de la vereda La Suiza pertenecían a las señoras Aura de Polo y María Teresa de Polo. En 1980 y después del proceso de verificación realizado por el Incora, se realizó la distribución de la tierra adjudicando a cada parcelero 10 hectáreas de territorio. Entre 1982 y 1983 inició el proceso de asentamiento de la vereda El Jardín con la llegada de 21 parceleros a las tierras del señor Julián Escalante Charris, solicitando que les permitiera cultivar en las tierras que aparecen como de su propiedad. Escalante cedió, pero cuando las tierras estaban cultivadas y civilizadas los expulsó del territorio sin reconocer nada por el trabajo realizado. Ante este hecho, los campesinos buscaron asesoría con el Incora, obteniendo como resultado la adjudicación de estos predios. Para el año 1986,  Salaminita fue reconocida como corregimiento del municipio de Pivijay, y para 1990 ya contaba con una infraestructura básica y bienes comunes, como el puesto de salud y la escuela. En 1993, el censo dio cuenta de un estimado de 211 habitantes.

Durante esta misma década, los grupos paramilitares venían consolidando su poder en la región. En 1998 comenzaron a darse las primeras amenazas contra los miembros de la población. El siete de junio de 1999 paramilitares al mando de Tomás Gregorio Guillén, alias “Esteban”, del frente Pivijay adscrito al Bloque Norte de las AUC, ingresaron a la población, los reunieron a todos a un lado de la vía y los obligaron a ver los asesinatos de Oscar Barrios, Carlos Cantillo y María del Rosario Hernández, quien por mas de 10 años había sido la inspectora de policía del corregimiento. Como consecuencia, la comunidad se desplazó de manera masiva hacia poblaciones cercanas, por lo que el poblado quedó totalmente abandonado. Según relata Erika Rangel, miembro de Asorenacer, “por la violencia que hubo en ese momento, la muerte de la inspectora, la muerte de dos campesinos parceleros, se presentó el desplazamiento masivo de todo el pueblo. Al pasar los días, el pueblo fue arrasado, los paramilitares metieron unos buldócer, quedando el pueblo completamente solo y devastado, porque no quedó ni una sola vivienda en pie”.

Esta tragedia no paró allí, y por el contrario se prolongaba en el tiempo y el espacio, ya que los asesinatos y las persecuciones sobre los pobladores de Salaminita se extendieron en el territorio y durante meses. Lesa Daza, representante legal de Asorenacer cuenta que “después de que pasó el caso de Salaminita, para el mes de agosto asesinan a dos parceleros, papá e hijo, José Palmera y Víctor Palmera. Luego, un mes más tarde, entraron a la parcelación El Jardín y asesinaron a los esposos Blanca Flor Gutiérrez y Domingo Gonzáles Ternera, y ese mismo día desaparecieron a Fredy Polo. Al año siguiente, en el mes de agosto nuevamente en la parcelación El Jardín, asesinan a los esposos Pedro Araque y Eloisa Gutierrez”.

En el año 2001, los señores Alfonso Díaz Quintero y Vicente Rueda Guarín, comenzaron a contactar a quienes se habían desplazado para que les vendieran sus predios. Debido a la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las familias, muchas de ellas accedieron a venderlos. Fue de esta manera como las familias Rueda Acevedo y Díaz Quintero, reconocidos ganaderos y terratenientes de la región, terminaron siendo los dueños de los predios, luego de comprarlos a precios irrisorios.
Durante el 2009 se empezó a promover el proceso de reparación de la comunidad de Salaminita, mediante el trabajo de la Organización de Población Desplazada –OPD– de Aracataca, y en marzo del 2013 se logró la primera reunión con funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras –URT–, y quedaron así registrados los formularios y las declaraciones de los solicitantes. En abril del mismo año se realizaron unos talleres con la comunidad, en los que se logró cartografiar los predios, y ese mismo año el Consejo Noruego para los Refugiados comenzó a hacer acompañamiento al proceso. En el 2014 nació Asorenacer, plataforma que representa a la población desplazada de Salaminita. La Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- tomó el caso en sus manos y a través del trabajo de recolección de información a finales del mismo año lograron presentar las demandas.

Durante un año el proceso estuvo detenido por orden emitida por un juez de Aracataca, porque siete de los solicitantes fueron demandados por falso testimonio por el opositor del proceso. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2016, El Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia ordenó la restitución de los 37 lotes que conforman el centro poblado de Salaminita y exhortó a diferentes instituciones estatales a comprometerse en la reconstrucción de este corregimiento arrasado.

El 7 de junio del presente año los pobladores realizaron un retorno simbólico hasta los territorios en los que alguna vez proyectaron sus vidas, esperando que se cumpla la sentencia que ordena la reconstrucción del centro poblado y que se agilicen los procesos del área rural. De igual manera, en esta conmemoración se hizo la inscripción oficial de Salaminita como sujeto reparación colectiva ante la delegada de la Unidad de Victimas, y así, a paso firme y con la esperanza de sus pobladores, este corregimiento empezó a renacer.
*Asociación de Víctimas de Salaminita, La Suiza y El Jardín

Por Fernando Cuenca*

Entre las miles de personas que salieron a las calles exigiendo educación digna y mejores salarios para maestras y maestros en el pasado paro del mes de mayo, nos llamó la atención una profesora de estatura corta, cabello negro y ojos pequeños, quien no solo agitaba las consignas, sino que con sus apasionados gritos y su indignación llenaba el aire entre las miles de personas que protestaban.

Desde ese día y durante todos los días que duró el paro, tuvimos varias charlas con la profesora María Luisa Niño, una mujer oriunda de Corrales, departamento de Boyacá, y quien desde hace más de 30 años enseña, propone, investiga, discute, construye, deconstruye y junto a otras y otros docentes, trabaja la educación en todas sus aristas.

Esta mujer, madre de dos hijos, igual que miles de profesoras es cabeza de familia. Por lo que cuenta, evidencio que como dicen popularmente “le ha tocado guerrearla”. Desde joven se reveló contra el patriarcado (su primera forma de rebeldía), se negó a continuar lavando la ropa de sus hermanos mayores y prefería escaparse desde el sur de Bogotá a la biblioteca Luis Ángel Arango a leer, a indagar y por supuesto a hacer las tareas de la escuela. Se puede decir que desde pequeña tuvo la vena para enseñar, de hecho, siendo de las más pequeñas del curso, se paraba al frente del salón a explicarles a sus compañeros la manera de resolver los ejercicios que les dejaban los maestros.

Mientras María Luisa me hablaba de su vida, la noté siempre calmada pero apasionada, y de esta misma forma les reclamó a otros profesores por no sumarse al paro y defender la educación para toda la gente. Entre la charla me contó que cuando era niña hizo la primera comunión con el sacerdote Diego Cristóbal Uribe, cuando este fue cura en el barrio San Vicente, ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Tunjuelito. Este sacerdote “fue uno de esos que siguió los pasos de Camilo Torres, comprometiéndose con los pobres. Bebió de las mieles del amor eficaz y la teología de la liberación y al igual que el Cura Camilo, un día se fue para el monte y murió en un combate como un insurgente”, explica María Luisa.

Mientras seguía la marcha, se observó el humo de los gases que los policías lanzaron a los maestros. “Parece que esos del Esmad no pasaron por una escuela”, exclamaba la profesora indignada. Mientras tanto me contó que desde joven tuvo que trabajar, que se fue a las selvas del sur del país como maestra, cuando muchos ni conocían el Meta, el Guaviare o el Vaupés. En escuelas de la Colombia profunda empezó a enseñar. Quizás allí es que decidió lo que quería hacer con su vida. Por eso, cuando regresó a Bogotá estudió Literatura y Lingüística. Después hizo su especialización, tomando la lengua del pueblo Sikuani. María Luisa es de las pocas maestras que les enseña a los estudiantes a investigar e insiste en que la investigación no es un tema de eruditos, sino que la gente del pueblo también debe aprender a hacerlo.

Al fin nos detuvimos durante la caminata que realizamos por la calle 26, cerca de la Secretaría de Educación en Bogotá. La profesora le hablaba a sus compañeros, y averiguaban todos por los avances de las negociaciones. Me senté en el andén a descansar. La marcha estaba parada, el sol bogotano anunciaba lluvia, y el aire se llenaba del molesto olor de los gases, siempre asfixiantes. Es allí cuando me enteré que a esta profesora su compromiso con la consigna de una educación digna de la cuna hasta la tumba, le ha costado dolores y persecuciones. En 2005, en los años del Gobierno de Uribe, fue víctima de un falso positivo judicial, práctica muy común en Colombia. Estuvo en la cárcel durante dos años, acusada injustamente  de diversos delitos que finalmente no fueron más que humo. Como es apenas lógico, demandó por los daños y perjuicios que sufrieron ella y su familia, y ganó la demanda.

Mientras escuchaba a María Luisa, nos empezaron a interrumpir cada vez más. Llegaban mensajes y rumores de todas las personas. La negociación entre los directivos de Fecode y el Gobierno por fin había dado humo blanco. Los profesores lograron que el Gobierno cediera, y el paro fue levantado. Sin embargo, me asaltaban las dudas: ¿Y si el Gobierno no les cumple como otras veces? Calmada pero firme, María Luisa me responde: “Como otras veces, volveremos a las calles a protestar y a luchar, no nos queda de otra”.
* Periodista de la agencia de los pueblos Colombia Informa

Por Juan Pablo Oviedo

MansarovarEnergy Colombia Ltd (MECL) llegó al Magdalena medio generando mucha expectativa para las diferentes comunidades y habitantes. Su lenguaje era reconciliador, y predicó, en ese momento, que por encima de sus intereses estarían siempre los de los habitantes y el cuidado al medio ambiente.

Explicaban que MECL era una alianza entre una estatal petrolera de la India y una estatal petrolera de China llamada SINOPEC, además contaban que entre la India y la China quedaba el lagoMansarovar, por esola naciente empresa de la alianza entre los dos países se llamó con ese nombre, y acordaron que los chinos se encargarían de la parte de perforación y los hindúes de la parte de la producción.

Así actúaMECL en el territorio

Hace varios años estos campos petroleros se inundaron, producto del invierno y por estar ubicados en zonas de humedales. Era necesario transitar en canoas y chalupas por las diferentes áreas de este campo. Este año comenzaron las lluvias tempranas y por esta época de invierno del 2017 a MECL se le ocurrió la idea de aislar los humedales, y de esta forma automáticamente acabar con los ecosistemas que allí existen.

Luego de estos cambios,decidieron tomar medidas drásticas. Taponaron más de 10 caños que confluyen y atraviesan los campos petrolerosy que también pasan  por las comunidades veredales Santa Bárbaray Carboneros, entre otras, las cuales se veían beneficiadas de la pesca que allí realizaban. Con estas medidas, Mansarovar buscaba prevenir que sus campos petroleros se inundaran y causaran daños a los equipos de su pertenencia,así como para facilitar su movilidad. El batallón Bárbula del Ejército de Colombia contribuyó a taponar dos de estos caños, los cuales pasan por los predios donde se encuentra ubicado.

Con el taponamiento de los caños se generó un impacto ambiental negativo. Por la falta de oxígeno murieron muchas especies en los caños y de paso se afectó parte del sustento de estas comunidades y aledaños, sin que ninguna autoridad local o regional hiciera algo para evitar la catástrofe. Corpoboyacá, entidad encargada  de vigilar y salvaguardar el medio ambiente, no se pronunció al respecto.

La contaminación y el daño no paran y no son de ahora. En la región, los niños nacen con deformidades óseas, esto porque la Ciénaga de Palagua y sus humedales han servido de cloaca a las diferentes empresas extranjeras petroleras que han pasado por la región. Los impactos del plomo se han filtrado entre la cadena alimenticia de la ciénaga hasta llegar al ser humano. Hasta el momento, nadie responde por los daños.

En los pocos meses de su presidencia en EEUU, Trump ha logrado tensionar las relaciones con líderes y administraciones a nivel mundial, con sus discursos confusos y comentarios impulsivos. Simultáneamente ha desregulado normas y leyes al servicio del pueblo estadounidense a través de órdenes ejecutivas. Para citar solo unos ejemplos de su “diplomacia” internacional: el presidente criticó al alcalde de Londres (Inglaterra) después del ataque en esta ciudad donde murieron ciudadanos del país aliado, en lugar de expresar simpatía, solidaridad o reiterar la alianza entre los dos países; así mismo tomó un tono condescendiente frente a la OTAN y las decisiones de sus otros países integrantes en términos de sus presupuestos para la defensa militar; felicitó regímenes criticados por derechos humanos como el del presidente filipino Rodrigo Duterte, cuya guerra contra las drogas usa asesinatos extrajudiciales, y el del presidente turco Recep Tayyip Ergrodan, después que ganó el referendo para implementar más poderes presidenciales a su favor. A nivel nacional ha anulado regulaciones para el sector privado a costa del pueblo, los derechos humanos y el medio ambiente; económicamente su política de impuestos ha favorecido a los ultra ricos y las mega industrias con resquicios legales. Su plan general militarista, nacionalista y neoliberal sigue sin temblar.

Los Acuerdos de París
La decisión unilateral del presidente de salir de los Acuerdos de París, pese a la oposición de su propio partido, el pueblo estadounidense en su mayoría, y hasta el sector privado con quien trabaja, ha causado aún más confusión al interior de EEUU. Su razonamiento por la decisión está basado en cifras desacreditadas, y aunque los medios de comunicación masivos lo respaldan, esa posibilidad queda más y más estrecha. Después de anunciar la decisión de sacar a los EEUU del Acuerdo, en una mentira flagrante afirmó su decisión de renegociarlo. Los líderes de varios países europeos sacaron una declaración justo después de la decisión, reiterando que no se puede renegociar el Acuerdo unilateralmente, ni por la petición de un país aislado.

Esto es exactamente lo que hace Trump: aislar a su país del mundo. El ex-presidente Obama escribió su propia declaración en la cual trató de animar a los gobiernos locales y empresas privadas a seguir en sus iniciativas para salvar el planeta: “Aunque esta administración se junta con unas pocas naciones a rechazar el futuro, estoy seguro que nuestros estados, ciudades y negocios van a seguir el camino (de los acuerdos)”.

Trump miente sobre los efectos del pacto en la economía estadounidense; dentro del país el Acuerdo no solo tiene el respaldo de activistas y ambientalistas, sino también de los sindicatos obreros quienes están al tanto de que el carbón no es la energía del futuro, y el sector privado en su gran mayoría, que reconoce el potencial económico de invertir en otros métodos de energía con el resto del mundo y no estar dejando atrás esta industria.

El proceso de destitución
Aparentemente Trump está tratando de liderar el país como un gran negocio propio, y como le ha funcionado en su historia laboral, pretende hacerlo con impunidad completa por parte de la justicia. La pregunta que tiene el pueblo estadounidense en este momento confuso de uso abierto del sector gubernamental para el beneficio del sector privado es: ¿Será que lo logra? La amenaza para Trump este año es el proceso de destitución que han empezado gracias al mismo descuido discursivo que le define. Se ha implicado a sí mismo en obstrucción de la justicia por su propia boca descuidada, algo que la mayoría de políticos estadounidenses no hace. El hecho que se condena fue su decisión de despedir a James Comey, el ex-director del FBI, quien estaba investigando otros asuntos ilegales de la administración que potencialmente implicaban al presidente. En su testimonio después de ser destituido, Comey acusa al presidente de pedir lealtad personal por encima de la justicia. Esto ha generado la activación por parte de unos demócratas de iniciar el proceso de destitución. Al Green de Texas y Brad Sherman de California, anunciaron que están escribiendo los artículos para empezar el proceso. Refiriéndose al caso, Green dijo: “La cuestión no es si el presidente obstruyó la justicia, la cuestión es si lo puede hacer con impunidad”.

El proceso de destitución depende mucho del Partido Republicano, que por el momento controla el Congreso tanto como el Senado. Aunque hay protestas en el país y constante organización por parte de activistas en contra de la administración, falta un proceso a favor de destituirlo, y por la personalidad del presidente es muy poco probable que renuncie a su cargo, como lo debió hacer Richard Nixon cuando su destitución parecía inevitable por el escándalo de Watergate en los 70's.

La autora y activista canadiense, Naomi Klein considera a Trump y su presidencia como el “producto de una cultura empresarial que tiene fetiche por los que hacen sus fortunas ignorando flagrantemente las leyes y regulaciones”, y por cómo ha actuado hasta la fecha, ella tiene toda la razón. La pregunta va a ser si el pueblo estadounidense deja que esta fusión de lo público para el interés del privado, que ha llegado a su culminación con Trump, se siga aguantado, o si va a tomar la decisión de luchar masivamente contra ello. La decisión sobre el Acuerdo de París en conjunto con el proceso de destitución tiene a EEUU en una encrucijada, pero este proceso solo toca la punta del iceberg en la política del país norteamericano; no es solo esta administración, y mucho menos este sujeto: la política estadounidense necesita reformas radicales y cambios estructurales para proteger el bien común del territorio, sus ciudadanos y el planeta, y los necesita ya.

Thursday, 06 July 2017 19:00

El día que desbarataron el barrio

Cuando a mi viejo le pagaron la liquidación de una empresa en la que laboró por mucho tiempo, pudo al fin comprar un ranchito, al suroccidente de Cartagena. Aunque fuera de madera, tablitas y láminas de zinc viejas, y piso de tierra, ya nadie nos podría molestar por el interminable y hasta humillante arriendo.

Era la última casita del barrio y solo tenía luz, no había agua ni servicios básicos, ni siquiera una batería de baño. Los alrededores eran unos cerros o lomas altas, las necesidades se hacían al estilo gato: haga el hueco y luego tape. Al interior de la loma, como a cinco cuadras, estaba la única llave con que se abastecía de agua toda la comunidad y sus aledaños.

Por un tanque de cinco galones o la lata se pagaba un peso. Eran unas filas larguísimas, pero uno de pelao era feliz en esas filas hablando con amigos y conocidos, pero al que se descuidaba le brincábamos el turno, y ¡se armaban unas trifulcas!

A mi papa le regalaron una carretilla de esas antiguas, toda metálica, a la que con el tiempo y por el uso –y hasta el abuso– se le pudrió el platón hasta que se le cayó; quedó como una hormiga, solo varillas y tubos. La acomodamos de tal manera que fuera más liviana y fácil para cargar los tanques del agua, y la bautizamos la cibernética. Recuerdo que la cibernética recorría todo el barrio de casa en casa, los vecinos la prestaban para arriar el agua más fácil y cómodo. Era mucho mejor que usar las balanzas (un palo fuerte con dos ganchos a los lados que se cargaba en los hombros).

Para los ranchos típicos de invasión, cada quien dividía su terreno con hilos de alambre de púa y estacones. Eran como pequeñas aldeas y todo era muy sano. Había muchos árboles de ciruelos y nos divertíamos recogiéndolos para comer. En medio de aquella pobreza y humildad éramos felices, muy felices, no existía el celular, ni Whatsapp, ni internet, y los juegos eran el trompo, el velillo, el quemao, entre otros, que hoy se han perdido en medio de la tecnología.

Muy cerca había unas minas de arena que emergían de las lomas, y que los dueños de los terrenos explotaban artesanalmente para su sustento y el de sus familias. Con el tiempo esas minas de arena atravesaban una de la lomas; eran
como un subterráneo y nosotros jugábamos allí a policías y ladrones, sin saber que aquel túnel en el futuro sería el artificie de un desdén.

Con el pasar de los días llegaron unas empresas constructoras y compraron esa loma donde estaba la mina de arena. En el barrio todos estábamos contentos, porque se construiría un barrio nuevo, el progreso vendría de la mano, y nos quedaría la pavimentación cerca. Se hicieron las adecuaciones y sobre aquella inmensa loma empezó a surgir un lindo barrio, mejor dicho, uno de los mejores, hasta con cancha y todo. Nosotros vivíamos en un lugar pobre, humilde y sano, y todos empezamos a transitar por las calles de ese nuevo sector que nos conectaba con la civilización. La constructora vendió las casas y los nuevos propietarios empezaron a arreglarlas con rejas finas, buenas puertas, cielo raso, finas baldosas y espectaculares ventanas.

Sin embargo, con el pasar de los días se generó una falla geológica de hundimiento progresivo en el terreno, porque la construcción, justamente, se hizo sobre el lugar que antes fue una mina de arena. Las casas empezaron a agrietarse, y descontentos los propietarios le reclamaron a la constructora, quien los evacuó y reubicó por prevención, mientras realizaban los estudios de suelos.

Aledaño a nuestro barrio había otros también muy humildes. Un día como a las 3:00 p.m. yo veía pasar un gentío con picas, palas, martillos, machetes, masetas, entre otros. Mi susto fue inmenso al observar aquella turba; pasaron de largo, había viejos, jóvenes, niñas, niños, señoras, mejor dicho, gente de todas las edades. Como a las tres horas regresaban cargando en la cabeza láminas de eternit, ventanas, puertas y hasta las rejas. Habían desvalijado aquel barrio. Pensé: “bueno, eso es todo”.

Pero que equivocado estaba yo. Al día siguiente, como a las 5:00 a.m. se sintió el estropicio. Era de nuevo la misma gente; empezaron arrancando las tazas de los baños, los lavamanos, los adobes, las baldosas y hasta el sistema eléctrico. Mis ojos no daban crédito a lo que veían, solo exclamé: ¡Mierda, qué vaina! Al día siguiente la misma escena se repitió; arrancaron todo lo que pudieron.

Pero nuevamente esta turba superaba mis expectativas, y yo en mi inocencia juvenil me preguntaba en silencio por qué seguían tumbando con macetas, si ya solo quedaban ruinas. Demolieron las vigas y bases para sacar el hierro y venderlo, y por último se llevaron hasta los tubos de desagües. En un dos por tres había desaparecido aquel barrio y solo quedaban escombros por todas partes, que luego la gente se iba llevando para rellenar las calles, las casas, o los patios.

Días después se nos dio por visitar uno de los barrios vecinos, y el contraste que encontramos era entre mágico y chistoso. Se observaban unas casitas de tablitas con cartón, bolsitas plásticas, y piso de tierra, pero en su parte delantera, en la terraza, lucían rejas finas amarradas con alambre dulce a los maderos, y otras apuntaladas con clavos; otras casi cayéndose tenían sus láminas de eternit nuevas; otro rancho al que pudimos pasar tenía el baño hecho de tablas viejas, y la puerta era un trapo viejo con un roto, por el cual pude ver una taza de baño muy fina, y un lavamanos anclado a la tabla con clavos grandes.

Entonces comprendí que el mundo es así. Habían desbaratado un barrio completo, porque la necesidad no da tregua. Estos pobladores vieron en la situación una oportunidad para mejorar y hasta dignificar sus condiciones.

En Santa Rosa de Cabal, Risaralda, se llevó a cabo el pasado 27 de mayo un Cabildo Abierto, promovido por una iniciativa popular en cabeza del Comité por la Defensa del Patrimonio de este municipio. El tema en debate fue un cuestionado contrato de venta de agua en bloque, realizado por la administración municipal y el gerente de la empresa pública EMPOCABAL, encargada de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, con un privado de dudosa procedencia, sin experiencia en el servicio que pretende prestar, sin la infraestructura que para ello necesita, y cuya sede principal al momento de la firma del contrato era un almacén de zapatos.

Origen de la discordia
La empresa EMPOCABAL fue creada en los años ochenta con un carácter estatal. Hasta ahora se ha encargado de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, ostentando un monopolio natural público. De esto se deriva que su finalidad no es el ánimo de lucro sino, por el contrario, el ánimo de cumplir con una función social y garantizar un derecho.

El 25 de febrero del año 2016 se constituyó con un capital de 10 millones de pesos la empresa Proactivos Inversiones S.A.S., cuyo propietario es el señor Alberto López y representante legal la señora Yudy López, familiar del propietario. El 9 de marzo del mismo año, esta empresa se registró en la Cámara de Comercio con un capital pagado de 100 millones de pesos. Posteriormente, el 26 de mayo de 2016 la asamblea de socios de Proactivos S.A.S. ordenó constituir la empresa Serviaraucarias, lo cual se hizo efectivo el 9 de junio de 2016, con un capital de 400 millones de pesos, siendo propietaria en un 100% Proactivos Inversiones S.A.S.. En agosto 31 del mismo año EMPOCABAL le concedió a Serviaraucarias un contrato para la venta de agua en bloque, de forma que entró a competir con el mismo objeto comercial de la empresa estatal.

Voces en torno al tema
Para Aurelio Suárez Montoya, quien participó en el Cabildo Abierto en vocería del Comité Cívico, el contrato es ilegal, inconveniente e innecesario. Ilegal porque no se acudió a la figura de convocatoria y se entregó a dedo un contrato que disfraza realmente una concesión a una empresa sin idoneidad. Inconveniente porque EMPOCABAL renuncia a su objeto comercial en favor de una empresa privada, y de paso renuncia a expandir la empresa con la creación de 13 proyectos habitacionales que están proyectados en este municipio. Esto afectará, según Aurelio, la situación financiera de la empresa, por lo que seguramente terminará siendo privatizada. Innecesario, porque las finanzas de la empresa han mejorado con activos que superan los 52.000 millones de pesos, con importantes ganancias y una rentabilidad adecuada.

Miguel Fernández Quiroga, representante de los trabajadores de EMPOCABAL, plantea que el contrato no se acogió a los parámetros de la Ley 142 ni de la Comisión Reguladora de Agua Potable. Así mismo, que la empresa Serviaraucarias tendrá que hacer una enorme inversión en planta de tratamiento para cumplir con el objeto social del contrato, lo cual significa además el marchitamiento de la empresa estatal, un perjuicio para el trabajo de los empleados, y un incremento de las tarifas para los usuarios, por cuanto lo que persigue esta empresa privada no es la prestación del servicio, sino la búsqueda de ganancia monetaria. Fernández plantea además que en esas condiciones se violenta el derecho fundamental al agua, porque será más costosa, y que no se garantiza su prestación en términos de calidad pues la empresa privada no tiene las condiciones para hacerlo.

El sacerdote franciscano Bernardo Mesa también hace parte del Comité Cívico, y considera que el contrato conduce a privatizar el agua. Anota que este es a dedo y que presenta serias fallas. Aunque el contrato tenga una validez jurídica, no tiene una validez ética, enfatiza.

Por su parte, algunos líderes que están a favor del contrato, como en el caso de los señores Albeiro Ríos y Nelsón Andrés Trujillo, consideran que Serviaraucarias mejorará la prestación del servicio, generará mayor empleo, se desprenderá de la convención colectiva de trabajo que se plantea como demasiado onerosa, y aprovechará los excedentes de agua con que cuenta el municipio, luego de perder como cliente en la compra de agua en bloque al municipio de Dosquebradas.

Un debate entre el Gobierno municipal y los habitantes
La administración municipal, principal opositora de la iniciativa del Cabildo Abierto y defensora del contrato con Serviaraucarias, argumenta que este tipo de contratos son permitidos por la ley, y que son necesarios para el municipio tanto como para EMPOCABAL, puesto que esta última se encuentra en una insolvencia económica cuya principal causa es la convención colectiva firmada con el sindicato de trabajadores, y de la cual le es imposible salir sin los recursos que ganarán a razón de este contrato de venta de agua en bloque.

Sin embargo, el comité promotor y demás ciudadanos afirman que aunque es permitido por la ley, fue firmado a espaldas de la comunidad, sin su respectiva publicación, sin tenerse en cuenta a la junta directiva de la empresa y al Concejo municipal. Dicen además que tampoco se hizo un estudio previo, necesario para todo tipo de contratación que involucre servicios públicos, para garantizar la sostenibilidad económica de EMPOCABAL.

Cuando el Cabildo Abierto ya había sido aprobado por la Registraduría municipal, el alcalde de Santa Rosa y el gerente de EMPOCABAL se reunieron nuevamente con la empresa privada, anularon el contrato y firmaron uno nuevo que medianamente intenta subsanar algunas de las quejas del pueblo: estableció cuatro puntos de conexión, clarificó un poco el asunto de las tarifas y cambió la multa de 5.000 SMLMV a 2.500 SMLMV.

No obstante, un contrato donde se establece una multa de más de 1.500 millones de pesos para EMPOCABAL en caso de que incumpla, pero ninguna para el privado, deja serias preguntas en los ciudadanos, más cuando hay antecedentes de ser esta la fórmula de la privatización de las empresas públicas del país. En ese sentido, la postura más destacada dentro del Cabildo Abierto por parte de la comunidad fue su constante negativa a que en corto, mediano o largo plazo su recurso hídrico se encuentre manejado por un privado y no por su empresa pública.

La Fogata Editorial y Lanzas y Letras presentan una nueva edición, corregida y actualizada, de la obra escrita por Carlos Medina Gallego que recrea la mística de resistencia y las vivencias cotidianas del movimiento estudiantil en sus épocas de mayor radicalidad. Presentamos las palabras de las editoriales y del propio autor que prologan esta nueva edición.

 

En Medellín, pedidos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Desde todo el país, compras online: http://www.lafogataeditorial.com/libros/al-calor-del-tropel

 

Por qué esta reedición, por qué ahora

 

En las presentaciones públicas de nuestros libros le damos especial importancia al debate, las opiniones y las sugerencias de los participantes. “Sería bueno reeditar Al calor del tropel, un libro de referencia para el movimiento estudiantil”, dijeron, en una ocasión. Tomamos nota de la sugerencia. Consultamos a jóvenes —y no tan jóvenes, ya que la primera edición del libro es de 1992—, hablamos con estudiantes que hoy se organizan en las distintas facultades del país. El veredicto fue unánime: sería muy bueno reeditar el libro. Para eso están nuestras editoriales: para recoger las inquietudes, necesidades y demandas del movimiento social. El paso siguiente, entonces, fue llevarle la idea al autor.

Carlos nos recibió en su casa, aceptó la propuesta sin dudar. Sellamos el acuerdo sin papeles, sin firmas: bastó la fraternidad y la confianza.

Sin adentrarnos en debates que exceden a este modesto espacio introductorio de una obra que marcó épocas, sí podemos decir cuál ha sido nuestra motivación política —como editores, como militantes de iniciativas culturales, pero militantes al fin— al apostar a la reedición de este texto.

Quienes hacemos La Fogata Editorial, quienes sostenemos Lanzas y Letras, creemos que la memoria histórica tiene peso propio, más allá de las coyunturas. Entendemos esta reedición como un aporte a mantener viva la mística de lucha, el sentido de compro- miso, la vocación de entrega militante que expresa la obra original. La realidad actual sigue tan signada por injusticias estructurales, por padecimientos y cercenamientos a las libertades, como lo es- taba en la época de radicalización juvenil que refleja esta historia.

Hoy como ayer las expectativas de cambio social siguen estando en la juventud, en particular en aquella que resiste la marginalidad, el estigma social y el racismo; la misma que en décadas pasadas pobló las universidades públicas y vivió los padecimientos de los barrios populares, siguiendo el ejemplo de Camilo Torres. Una juventud que, al igual que los y las jóvenes de Al calor del tropel, desborda la universidad, se compromete con el estudio, con la militancia, y mantiene viva la lucha por cambios estructurales. Junto a esa juventud, seguimos creyendo que el fondo de la propuesta y la práctica política estudiantil iniciada el siglo pasado es cuestión del presente.

 

La Fogata Editorial Lanzas y Letras

Noviembre de 2016

 

Prólogo a la tercera edición

Carlos Medina Gallego

El camino recorrido por el activismo estudiantil en las dos últimas décadas está cargado de sueños y esperanzas, de escuelas cotidianas de formación que se confrontan con las viejas y ancladas prácticas de movilización, que se reinventan y se colorean de los entusiasmos con que siempre está vestida la legítima protesta juvenil.

Una nueva generación de liderazgos se coloca al frente de la lucha por una educación pública al servicio de las necesidades del país, que esté financiada con suficiencia y oportunamente por el Estado, que sea gratuita y con la oferta de bienestar necesario para garantizar que los ambientes y atmósferas universitarias proporcionen el aire suficiente y sano para que los futuros conductores de la nación se formen al más alto nivel y con las mayores oportunidades. Esta nueva generación tiene un orden de motivaciones distintas a las que nos movieron a nosotros en la década que va de finales de los 60 a comienzos de los 70, en un universo global que los coloca frente a nuevos retos personales y colectivos.

 

Pese a esto, en su corazón habita el pálpito de la rebeldía, un humanismo que se niega a desaparecer en el abismo del pragmatismo económico, y residuos del altruismo que llevó a miles de jóvenes de otras generaciones a asumir grandes sacrificios en el convencimiento de estar haciendo lo correcto. Esta nueva generación debe hacer la lectura correcta de su tiempo, encontrar la razón de ser de su forma de existir en lo colectivo, abrigar pequeñas y grandes luchas reivindicativas con la mayor objetividad posible y en el marco de logros alcanzables. Debe moverse con mayor inteligencia que la nuestra, porque son mayores los retos, más grandes los obstáculos, y no por ello insignificante el mundo de las oportunidades. Deben, como comunidad, hablar una sola lengua, la de la unidad, y salirse de la torre de babel de las ideologías, sin abandonarlas como fundamento pero haciendo especial énfasis en lo político, que es lo que realmente transforma; hay que dejar hablar a la práctica que une y callar a la palabra que distancia.

 

Estamos entrando a un momento histórico complejo, cargado de grandes incertidumbres y expectativas donde, inevitablemente, los jóvenes de hoy van a tener que jugar un papel determinante en la construcción de una sociedad más digna, libre y democrática. Estamos tratando de cerrar un largo ciclo de violencia que se niega a morir y que sigue consumiendo la vida de los más humildes en la voracidad acumulativa de poder de los más poderosos. El camino de construcción de paz no es nada fácil, porque no desaparece de un día para otro la discordia que alimentó décadas de odio y de venganza. Pero los jóvenes universitarios de hoy tienen que tomar en serio su papel, sacar suficiente distancia del pasado, y proyectarse cargados de amor por la vida en una ruta de reinvención del país de sus padres y abuelos. Tienen que poner fin a esa costumbre despreciable que establece que los hijos de los pobres vayan a los campos de batalla para que los hijos de los poderosos vayan a las zonas francas y a las zonas rosas.

 A esta altura de mi existencia no soy nadie para recomendar nada, pero si pudiera reiniciar mi vida, sin arrepentirme de nada de lo hecho —que fue lo que le correspondió a los jóvenes de mi tiempo, cuyo espíritu se ve reflejado en este libro—, comenzaría por prestar mayor atención a mi formación profesional y humanística, compensar de mejor manera los sacrificios de mi familia, estar más cerca de las necesidades de la gente que de las de mi organización política, y construir conjuntamente con los otros una ruta de realizaciones pequeñas de las que pudiera dar razón al cabo del tiempo. Acompañaría más a los liderazgos naturales que a los liderazgos impuestos y me formularía como propósito hacer de mi país un territorio en el que cada uno de sus habitantes tuviese garantizado los derechos fundamentales.

Este país necesita de muchos y bellos profesionales para que lo habiten del lado de la gente y los territorios; estoy convencido que un buen ingeniero, un buen médico, un agrónomo, cualquier profesional ejerciendo humana y justamente su oficio, cargado de amor por los seres humanos y por su patria es, por ese solo hecho, un auténtico revolucionario.

Si hoy pudiera comenzar de nuevo, mi programa político se- ría sencillo y contundente: lucharía para que en mi país la vida se respetara a cabalidad y tuviera una connotación sagrada; para que nadie, ni institución alguna, se considerara con derecho a poner fin a la vida de un ser humano. Trabajaría del lado de los ambientalistas en la defensa de los patrimonios comunes de la humanidad: el agua, los páramos, los bosques, las selvas, el aire, la iluminación solar, la biodiversidad, el planeta como recurso de vida; por la utilización adecuada y racional de los recursos y por una cultura sustentable de las relaciones del ser humano con la naturaleza.

Buscaría por todos los medios que se garantizara a plenitud el derecho a la alimentación y la seguridad y la sustentabilidad alimentaria de la nación; que en todos nuestros hogares la gente tuviese derecho a sus siete comidas diarias y que los niños y niñas, además, lleven repletos de frutas y dulces sus bolsillos cuando corran tras las mariposas y los sueños. Trabajaría para que todas las familias tuvieran una casa lo suficientemente amplia donde dar cabida a la solidaridad y a la sonrisa de las mujeres y de los trabajadores, una casa que tuviera más espacio y luz que cosas innecesarias y asfixiantes. Una casa que, además, estuviese construida desde nuestras tradiciones pluriétnicas y multiculturales.

 No economizaría el menor esfuerzo por conseguir para todos una educación de calidad desde el vientre hasta la muerte, en la vida y para la vida, cargada de las pertinencias y necesidades del país y repleta de oportunidades para todas las condiciones socia- les; una educación capaz de orientar los talentos y condiciones de cada uno, en la que los programas tengan en consideración las capacidades y limitaciones de cada ser humano, potencien las primeras y vayan llenando con paciencia el reloj de las segundas.

Volvería a marchar sin la menor duda por el hospital de La Hortúa y por el derecho a una salud de calidad, preventiva y curativa, a cargo del Estado. Por el derecho al trabajo digno, bien remunerado, de calidad, que tenga todas las garantías y seguridades laborales y prestacionales, la mayor estabilidad. Un trabajo que les permita a todos los ciudadanos y ciudadanas del país reproducir sus condiciones de existencia y las de sus familias, con calidad, sin angustias ni incertidumbres.

 Acompañaría las luchas de las mujeres y de las comunidades LGTBI por sus derechos; saldría a marchar en tacones si fuese necesario, sin el menor escrúpulo ni la menor vergüenza. Levantaría en alto la bandera de la no violencia contra la mujer y la no exclusión por ninguna causa. Me sumaría a la lucha de los defensores de los derechos humanos, a las de las comunidades afrodescendientes e indígenas y la de los sectores populares; volvería a marchar cuantas veces fuese necesario para demandar derechos y trabajaría para hacerlos efectivos.

Luchar por el derecho a la vida digna, la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, la cultura, el ocio y la re- creación, sería —o seguiría siendo— mi nuevo programa de lucha política.

Hoy pienso que los jóvenes estudiantes tienen una mayor responsabilidad política, y que deben participar decidida y organizadamente en los escenarios de la lucha política democrática por los cargos de elección popular en todos los espacios posibles. Deben hacer a un lado los impedimentos ideológicos, políticos y morales para cumplir con la obligación ética y moral de servir con integridad y honradez a su sector social y a su país.

La publicación de esta nueva edición de Al calor del tropel, que ha acompañado la lucha estudiantil en las últimas décadas, debe servir para orientar la lucha de los jóvenes en un deslinde con su pasado y en la construcción de un nuevo horizonte de realizaciones, que debe comenzar con la recuperación juiciosa del espíritu que inspiró el surgimiento y la lucha de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil —MANE— y su programa mínimo. Esa es la historia de hoy.

 

El pasado 31 de mayo el Concejo de Bogotá integrado en su mayoría por el Partido Cambio Radical, aprobó el Plan Distrital de Desarrollo PDD, “Bogotá Mejor para Todos”, presentado por el alcalde Enrique Peñalosa, pese a la oposición democrática ejercida en las calles de la ciudad, y por algunos cabildantes en el mismo Concejo.

Dentro de las medidas incluidas en dicho plan, se destaca la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Según Peñalosa, con la venta de la ETB se financiará una parte de su Plan Distrital de Desarrollo en el que propuso como gasto de inversión la suma de 86 billones de pesos, según Acuerdo 645 de 2015; 33 billones de pesos más que el PDD del anterior alcalde Gustavo Petro, quien planteó la suma de 53 billones.

No obstante lo que pareciera una buena noticia para la ciudad (una mayor inversión y gasto público), tiene dos elementos preocupantes para la ciudad y sus habitantes. En primer lugar, la distribución presupuestal del gasto evidencia que un gran porcentaje de este dinero estará destinado a obras de infraestructura vial. Es decir, se ampliaría el Transmilenio, y se construiría un metro elevado; proyectos que según manifiesta gran parte de la población bogotana, desconocen las necesidades de la ciudadanía y los estudios realizados previamente, según los cuales sería más viable la construcción de un metro subterráneo.

En segundo lugar, está la forma como se obtendrán los recursos para estas obras. El Plan Distrital de Desarrollo indica por lo menos tres formas: alianzas público-privadas, reforma tributaria y venta de activos del distrito. Al respecto, la directora del IDU Yaneth Mantilla, dijo en una entrevista publicada el pasado 4 de julio en El Espectador: “quiero que vendan todo para poder hacer obras”.

Por esas razones, algunos de los argumentos que diferentes organizaciones sociales de la ciudad esgrimen contra la venta de la ETB (que aunque aprobada en el Concejo de Bogotá, no se ha consumado todavía) son, en primer lugar, que hay una tendencia en la economía que sugirió la privatización de las empresas prestadoras de servicios de carácter público. Esta tendencia argumenta la mayor eficiencia de las empresas privadas, en contra de la corrupción y la ineficiencia de las públicas. Así se han liquidado empresas como TELECOM, dejando sin empleo a miles de personas, pero además desmantelando el patrimonio público sin ser claros los beneficios generales que se obtienen. Pero esta postura que afirma la eficiencia de lo privado, también se ha empezado a cuestionar debido a hechos que ponen de presente la corrupción y los malos manejos en dichas empresas.

En segundo lugar, piensan que vender ETB como lo está pensando el gobierno distrital es un mal negocio, pues según la normatividad hay que liquidar las empresas por acciones a través de los mecanismos bursátiles de la bolsa de valores, y esto indica que el precio de la venta estaría por debajo de los 2 billones de pesos. No obstante, según datos de la Contraloría de Bogotá, sólo el año pasado ETB invirtió más de 2,3 billones de pesos en infraestructura para mejorar los servicios prestados, que están en mora de comenzar a dar rentabilidad. Es decir que la ETB se vendería por un costo menor a lo invertido en los últimos 12 meses.

En tercer lugar, manifiestan que aún con estas desalentadoras perspectivas en términos de rentabilidad, si la ETB se vende, una gran parte del PDD sigue estando desfinanciada. Es decir, se va avanzar en la venta de un activo fundamental para la ciudad, con el objetivo de financiar un plan que aún no tiene seguros todos los recursos para llevarse a cabo.

Finalmente, otra de las principales preocupaciones que expresan, es que la ETB además de ser la única empresa pública que presta servicios tecnológicos en el país, con innovaciones y avances que no tiene ninguna otra empresa privada, es también parte del patrimonio público de la ciudad y de sus habitantes, así como una empresa comprometida con la educación y el futuro de la ciudad, pues genera dividendos para la Universidad Distrital, donde ingresan los estudiantes de bajos recursos que no pueden entrar a la Universidad Nacional de Colombia.

Así, la lucha por la defensa de la ETB y contra su venta no parece un ejercicio aislado y particular de movilización de la ciudadanía bogotana. Hace parte de un movimiento cada vez más articulado y planificado de oposición al gobierno de Enrique Peñalosa, en el que la revocatoria del mandato y la construcción de una alcaldía desde abajo, desde las comunidades, son el horizonte articulador.

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