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En Santa Rosa de Cabal, Risaralda, se llevó a cabo el pasado 27 de mayo un Cabildo Abierto, promovido por una iniciativa popular en cabeza del Comité por la Defensa del Patrimonio de este municipio. El tema en debate fue un cuestionado contrato de venta de agua en bloque, realizado por la administración municipal y el gerente de la empresa pública EMPOCABAL, encargada de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, con un privado de dudosa procedencia, sin experiencia en el servicio que pretende prestar, sin la infraestructura que para ello necesita, y cuya sede principal al momento de la firma del contrato era un almacén de zapatos.

Origen de la discordia
La empresa EMPOCABAL fue creada en los años ochenta con un carácter estatal. Hasta ahora se ha encargado de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, ostentando un monopolio natural público. De esto se deriva que su finalidad no es el ánimo de lucro sino, por el contrario, el ánimo de cumplir con una función social y garantizar un derecho.

El 25 de febrero del año 2016 se constituyó con un capital de 10 millones de pesos la empresa Proactivos Inversiones S.A.S., cuyo propietario es el señor Alberto López y representante legal la señora Yudy López, familiar del propietario. El 9 de marzo del mismo año, esta empresa se registró en la Cámara de Comercio con un capital pagado de 100 millones de pesos. Posteriormente, el 26 de mayo de 2016 la asamblea de socios de Proactivos S.A.S. ordenó constituir la empresa Serviaraucarias, lo cual se hizo efectivo el 9 de junio de 2016, con un capital de 400 millones de pesos, siendo propietaria en un 100% Proactivos Inversiones S.A.S.. En agosto 31 del mismo año EMPOCABAL le concedió a Serviaraucarias un contrato para la venta de agua en bloque, de forma que entró a competir con el mismo objeto comercial de la empresa estatal.

Voces en torno al tema
Para Aurelio Suárez Montoya, quien participó en el Cabildo Abierto en vocería del Comité Cívico, el contrato es ilegal, inconveniente e innecesario. Ilegal porque no se acudió a la figura de convocatoria y se entregó a dedo un contrato que disfraza realmente una concesión a una empresa sin idoneidad. Inconveniente porque EMPOCABAL renuncia a su objeto comercial en favor de una empresa privada, y de paso renuncia a expandir la empresa con la creación de 13 proyectos habitacionales que están proyectados en este municipio. Esto afectará, según Aurelio, la situación financiera de la empresa, por lo que seguramente terminará siendo privatizada. Innecesario, porque las finanzas de la empresa han mejorado con activos que superan los 52.000 millones de pesos, con importantes ganancias y una rentabilidad adecuada.

Miguel Fernández Quiroga, representante de los trabajadores de EMPOCABAL, plantea que el contrato no se acogió a los parámetros de la Ley 142 ni de la Comisión Reguladora de Agua Potable. Así mismo, que la empresa Serviaraucarias tendrá que hacer una enorme inversión en planta de tratamiento para cumplir con el objeto social del contrato, lo cual significa además el marchitamiento de la empresa estatal, un perjuicio para el trabajo de los empleados, y un incremento de las tarifas para los usuarios, por cuanto lo que persigue esta empresa privada no es la prestación del servicio, sino la búsqueda de ganancia monetaria. Fernández plantea además que en esas condiciones se violenta el derecho fundamental al agua, porque será más costosa, y que no se garantiza su prestación en términos de calidad pues la empresa privada no tiene las condiciones para hacerlo.

El sacerdote franciscano Bernardo Mesa también hace parte del Comité Cívico, y considera que el contrato conduce a privatizar el agua. Anota que este es a dedo y que presenta serias fallas. Aunque el contrato tenga una validez jurídica, no tiene una validez ética, enfatiza.

Por su parte, algunos líderes que están a favor del contrato, como en el caso de los señores Albeiro Ríos y Nelsón Andrés Trujillo, consideran que Serviaraucarias mejorará la prestación del servicio, generará mayor empleo, se desprenderá de la convención colectiva de trabajo que se plantea como demasiado onerosa, y aprovechará los excedentes de agua con que cuenta el municipio, luego de perder como cliente en la compra de agua en bloque al municipio de Dosquebradas.

Un debate entre el Gobierno municipal y los habitantes
La administración municipal, principal opositora de la iniciativa del Cabildo Abierto y defensora del contrato con Serviaraucarias, argumenta que este tipo de contratos son permitidos por la ley, y que son necesarios para el municipio tanto como para EMPOCABAL, puesto que esta última se encuentra en una insolvencia económica cuya principal causa es la convención colectiva firmada con el sindicato de trabajadores, y de la cual le es imposible salir sin los recursos que ganarán a razón de este contrato de venta de agua en bloque.

Sin embargo, el comité promotor y demás ciudadanos afirman que aunque es permitido por la ley, fue firmado a espaldas de la comunidad, sin su respectiva publicación, sin tenerse en cuenta a la junta directiva de la empresa y al Concejo municipal. Dicen además que tampoco se hizo un estudio previo, necesario para todo tipo de contratación que involucre servicios públicos, para garantizar la sostenibilidad económica de EMPOCABAL.

Cuando el Cabildo Abierto ya había sido aprobado por la Registraduría municipal, el alcalde de Santa Rosa y el gerente de EMPOCABAL se reunieron nuevamente con la empresa privada, anularon el contrato y firmaron uno nuevo que medianamente intenta subsanar algunas de las quejas del pueblo: estableció cuatro puntos de conexión, clarificó un poco el asunto de las tarifas y cambió la multa de 5.000 SMLMV a 2.500 SMLMV.

No obstante, un contrato donde se establece una multa de más de 1.500 millones de pesos para EMPOCABAL en caso de que incumpla, pero ninguna para el privado, deja serias preguntas en los ciudadanos, más cuando hay antecedentes de ser esta la fórmula de la privatización de las empresas públicas del país. En ese sentido, la postura más destacada dentro del Cabildo Abierto por parte de la comunidad fue su constante negativa a que en corto, mediano o largo plazo su recurso hídrico se encuentre manejado por un privado y no por su empresa pública.

La Fogata Editorial y Lanzas y Letras presentan una nueva edición, corregida y actualizada, de la obra escrita por Carlos Medina Gallego que recrea la mística de resistencia y las vivencias cotidianas del movimiento estudiantil en sus épocas de mayor radicalidad. Presentamos las palabras de las editoriales y del propio autor que prologan esta nueva edición.

 

En Medellín, pedidos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Desde todo el país, compras online: http://www.lafogataeditorial.com/libros/al-calor-del-tropel

 

Por qué esta reedición, por qué ahora

 

En las presentaciones públicas de nuestros libros le damos especial importancia al debate, las opiniones y las sugerencias de los participantes. “Sería bueno reeditar Al calor del tropel, un libro de referencia para el movimiento estudiantil”, dijeron, en una ocasión. Tomamos nota de la sugerencia. Consultamos a jóvenes —y no tan jóvenes, ya que la primera edición del libro es de 1992—, hablamos con estudiantes que hoy se organizan en las distintas facultades del país. El veredicto fue unánime: sería muy bueno reeditar el libro. Para eso están nuestras editoriales: para recoger las inquietudes, necesidades y demandas del movimiento social. El paso siguiente, entonces, fue llevarle la idea al autor.

Carlos nos recibió en su casa, aceptó la propuesta sin dudar. Sellamos el acuerdo sin papeles, sin firmas: bastó la fraternidad y la confianza.

Sin adentrarnos en debates que exceden a este modesto espacio introductorio de una obra que marcó épocas, sí podemos decir cuál ha sido nuestra motivación política —como editores, como militantes de iniciativas culturales, pero militantes al fin— al apostar a la reedición de este texto.

Quienes hacemos La Fogata Editorial, quienes sostenemos Lanzas y Letras, creemos que la memoria histórica tiene peso propio, más allá de las coyunturas. Entendemos esta reedición como un aporte a mantener viva la mística de lucha, el sentido de compro- miso, la vocación de entrega militante que expresa la obra original. La realidad actual sigue tan signada por injusticias estructurales, por padecimientos y cercenamientos a las libertades, como lo es- taba en la época de radicalización juvenil que refleja esta historia.

Hoy como ayer las expectativas de cambio social siguen estando en la juventud, en particular en aquella que resiste la marginalidad, el estigma social y el racismo; la misma que en décadas pasadas pobló las universidades públicas y vivió los padecimientos de los barrios populares, siguiendo el ejemplo de Camilo Torres. Una juventud que, al igual que los y las jóvenes de Al calor del tropel, desborda la universidad, se compromete con el estudio, con la militancia, y mantiene viva la lucha por cambios estructurales. Junto a esa juventud, seguimos creyendo que el fondo de la propuesta y la práctica política estudiantil iniciada el siglo pasado es cuestión del presente.

 

La Fogata Editorial Lanzas y Letras

Noviembre de 2016

 

Prólogo a la tercera edición

Carlos Medina Gallego

El camino recorrido por el activismo estudiantil en las dos últimas décadas está cargado de sueños y esperanzas, de escuelas cotidianas de formación que se confrontan con las viejas y ancladas prácticas de movilización, que se reinventan y se colorean de los entusiasmos con que siempre está vestida la legítima protesta juvenil.

Una nueva generación de liderazgos se coloca al frente de la lucha por una educación pública al servicio de las necesidades del país, que esté financiada con suficiencia y oportunamente por el Estado, que sea gratuita y con la oferta de bienestar necesario para garantizar que los ambientes y atmósferas universitarias proporcionen el aire suficiente y sano para que los futuros conductores de la nación se formen al más alto nivel y con las mayores oportunidades. Esta nueva generación tiene un orden de motivaciones distintas a las que nos movieron a nosotros en la década que va de finales de los 60 a comienzos de los 70, en un universo global que los coloca frente a nuevos retos personales y colectivos.

 

Pese a esto, en su corazón habita el pálpito de la rebeldía, un humanismo que se niega a desaparecer en el abismo del pragmatismo económico, y residuos del altruismo que llevó a miles de jóvenes de otras generaciones a asumir grandes sacrificios en el convencimiento de estar haciendo lo correcto. Esta nueva generación debe hacer la lectura correcta de su tiempo, encontrar la razón de ser de su forma de existir en lo colectivo, abrigar pequeñas y grandes luchas reivindicativas con la mayor objetividad posible y en el marco de logros alcanzables. Debe moverse con mayor inteligencia que la nuestra, porque son mayores los retos, más grandes los obstáculos, y no por ello insignificante el mundo de las oportunidades. Deben, como comunidad, hablar una sola lengua, la de la unidad, y salirse de la torre de babel de las ideologías, sin abandonarlas como fundamento pero haciendo especial énfasis en lo político, que es lo que realmente transforma; hay que dejar hablar a la práctica que une y callar a la palabra que distancia.

 

Estamos entrando a un momento histórico complejo, cargado de grandes incertidumbres y expectativas donde, inevitablemente, los jóvenes de hoy van a tener que jugar un papel determinante en la construcción de una sociedad más digna, libre y democrática. Estamos tratando de cerrar un largo ciclo de violencia que se niega a morir y que sigue consumiendo la vida de los más humildes en la voracidad acumulativa de poder de los más poderosos. El camino de construcción de paz no es nada fácil, porque no desaparece de un día para otro la discordia que alimentó décadas de odio y de venganza. Pero los jóvenes universitarios de hoy tienen que tomar en serio su papel, sacar suficiente distancia del pasado, y proyectarse cargados de amor por la vida en una ruta de reinvención del país de sus padres y abuelos. Tienen que poner fin a esa costumbre despreciable que establece que los hijos de los pobres vayan a los campos de batalla para que los hijos de los poderosos vayan a las zonas francas y a las zonas rosas.

 A esta altura de mi existencia no soy nadie para recomendar nada, pero si pudiera reiniciar mi vida, sin arrepentirme de nada de lo hecho —que fue lo que le correspondió a los jóvenes de mi tiempo, cuyo espíritu se ve reflejado en este libro—, comenzaría por prestar mayor atención a mi formación profesional y humanística, compensar de mejor manera los sacrificios de mi familia, estar más cerca de las necesidades de la gente que de las de mi organización política, y construir conjuntamente con los otros una ruta de realizaciones pequeñas de las que pudiera dar razón al cabo del tiempo. Acompañaría más a los liderazgos naturales que a los liderazgos impuestos y me formularía como propósito hacer de mi país un territorio en el que cada uno de sus habitantes tuviese garantizado los derechos fundamentales.

Este país necesita de muchos y bellos profesionales para que lo habiten del lado de la gente y los territorios; estoy convencido que un buen ingeniero, un buen médico, un agrónomo, cualquier profesional ejerciendo humana y justamente su oficio, cargado de amor por los seres humanos y por su patria es, por ese solo hecho, un auténtico revolucionario.

Si hoy pudiera comenzar de nuevo, mi programa político se- ría sencillo y contundente: lucharía para que en mi país la vida se respetara a cabalidad y tuviera una connotación sagrada; para que nadie, ni institución alguna, se considerara con derecho a poner fin a la vida de un ser humano. Trabajaría del lado de los ambientalistas en la defensa de los patrimonios comunes de la humanidad: el agua, los páramos, los bosques, las selvas, el aire, la iluminación solar, la biodiversidad, el planeta como recurso de vida; por la utilización adecuada y racional de los recursos y por una cultura sustentable de las relaciones del ser humano con la naturaleza.

Buscaría por todos los medios que se garantizara a plenitud el derecho a la alimentación y la seguridad y la sustentabilidad alimentaria de la nación; que en todos nuestros hogares la gente tuviese derecho a sus siete comidas diarias y que los niños y niñas, además, lleven repletos de frutas y dulces sus bolsillos cuando corran tras las mariposas y los sueños. Trabajaría para que todas las familias tuvieran una casa lo suficientemente amplia donde dar cabida a la solidaridad y a la sonrisa de las mujeres y de los trabajadores, una casa que tuviera más espacio y luz que cosas innecesarias y asfixiantes. Una casa que, además, estuviese construida desde nuestras tradiciones pluriétnicas y multiculturales.

 No economizaría el menor esfuerzo por conseguir para todos una educación de calidad desde el vientre hasta la muerte, en la vida y para la vida, cargada de las pertinencias y necesidades del país y repleta de oportunidades para todas las condiciones socia- les; una educación capaz de orientar los talentos y condiciones de cada uno, en la que los programas tengan en consideración las capacidades y limitaciones de cada ser humano, potencien las primeras y vayan llenando con paciencia el reloj de las segundas.

Volvería a marchar sin la menor duda por el hospital de La Hortúa y por el derecho a una salud de calidad, preventiva y curativa, a cargo del Estado. Por el derecho al trabajo digno, bien remunerado, de calidad, que tenga todas las garantías y seguridades laborales y prestacionales, la mayor estabilidad. Un trabajo que les permita a todos los ciudadanos y ciudadanas del país reproducir sus condiciones de existencia y las de sus familias, con calidad, sin angustias ni incertidumbres.

 Acompañaría las luchas de las mujeres y de las comunidades LGTBI por sus derechos; saldría a marchar en tacones si fuese necesario, sin el menor escrúpulo ni la menor vergüenza. Levantaría en alto la bandera de la no violencia contra la mujer y la no exclusión por ninguna causa. Me sumaría a la lucha de los defensores de los derechos humanos, a las de las comunidades afrodescendientes e indígenas y la de los sectores populares; volvería a marchar cuantas veces fuese necesario para demandar derechos y trabajaría para hacerlos efectivos.

Luchar por el derecho a la vida digna, la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, la cultura, el ocio y la re- creación, sería —o seguiría siendo— mi nuevo programa de lucha política.

Hoy pienso que los jóvenes estudiantes tienen una mayor responsabilidad política, y que deben participar decidida y organizadamente en los escenarios de la lucha política democrática por los cargos de elección popular en todos los espacios posibles. Deben hacer a un lado los impedimentos ideológicos, políticos y morales para cumplir con la obligación ética y moral de servir con integridad y honradez a su sector social y a su país.

La publicación de esta nueva edición de Al calor del tropel, que ha acompañado la lucha estudiantil en las últimas décadas, debe servir para orientar la lucha de los jóvenes en un deslinde con su pasado y en la construcción de un nuevo horizonte de realizaciones, que debe comenzar con la recuperación juiciosa del espíritu que inspiró el surgimiento y la lucha de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil —MANE— y su programa mínimo. Esa es la historia de hoy.

 

El pasado 31 de mayo el Concejo de Bogotá integrado en su mayoría por el Partido Cambio Radical, aprobó el Plan Distrital de Desarrollo PDD, “Bogotá Mejor para Todos”, presentado por el alcalde Enrique Peñalosa, pese a la oposición democrática ejercida en las calles de la ciudad, y por algunos cabildantes en el mismo Concejo.

Dentro de las medidas incluidas en dicho plan, se destaca la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Según Peñalosa, con la venta de la ETB se financiará una parte de su Plan Distrital de Desarrollo en el que propuso como gasto de inversión la suma de 86 billones de pesos, según Acuerdo 645 de 2015; 33 billones de pesos más que el PDD del anterior alcalde Gustavo Petro, quien planteó la suma de 53 billones.

No obstante lo que pareciera una buena noticia para la ciudad (una mayor inversión y gasto público), tiene dos elementos preocupantes para la ciudad y sus habitantes. En primer lugar, la distribución presupuestal del gasto evidencia que un gran porcentaje de este dinero estará destinado a obras de infraestructura vial. Es decir, se ampliaría el Transmilenio, y se construiría un metro elevado; proyectos que según manifiesta gran parte de la población bogotana, desconocen las necesidades de la ciudadanía y los estudios realizados previamente, según los cuales sería más viable la construcción de un metro subterráneo.

En segundo lugar, está la forma como se obtendrán los recursos para estas obras. El Plan Distrital de Desarrollo indica por lo menos tres formas: alianzas público-privadas, reforma tributaria y venta de activos del distrito. Al respecto, la directora del IDU Yaneth Mantilla, dijo en una entrevista publicada el pasado 4 de julio en El Espectador: “quiero que vendan todo para poder hacer obras”.

Por esas razones, algunos de los argumentos que diferentes organizaciones sociales de la ciudad esgrimen contra la venta de la ETB (que aunque aprobada en el Concejo de Bogotá, no se ha consumado todavía) son, en primer lugar, que hay una tendencia en la economía que sugirió la privatización de las empresas prestadoras de servicios de carácter público. Esta tendencia argumenta la mayor eficiencia de las empresas privadas, en contra de la corrupción y la ineficiencia de las públicas. Así se han liquidado empresas como TELECOM, dejando sin empleo a miles de personas, pero además desmantelando el patrimonio público sin ser claros los beneficios generales que se obtienen. Pero esta postura que afirma la eficiencia de lo privado, también se ha empezado a cuestionar debido a hechos que ponen de presente la corrupción y los malos manejos en dichas empresas.

En segundo lugar, piensan que vender ETB como lo está pensando el gobierno distrital es un mal negocio, pues según la normatividad hay que liquidar las empresas por acciones a través de los mecanismos bursátiles de la bolsa de valores, y esto indica que el precio de la venta estaría por debajo de los 2 billones de pesos. No obstante, según datos de la Contraloría de Bogotá, sólo el año pasado ETB invirtió más de 2,3 billones de pesos en infraestructura para mejorar los servicios prestados, que están en mora de comenzar a dar rentabilidad. Es decir que la ETB se vendería por un costo menor a lo invertido en los últimos 12 meses.

En tercer lugar, manifiestan que aún con estas desalentadoras perspectivas en términos de rentabilidad, si la ETB se vende, una gran parte del PDD sigue estando desfinanciada. Es decir, se va avanzar en la venta de un activo fundamental para la ciudad, con el objetivo de financiar un plan que aún no tiene seguros todos los recursos para llevarse a cabo.

Finalmente, otra de las principales preocupaciones que expresan, es que la ETB además de ser la única empresa pública que presta servicios tecnológicos en el país, con innovaciones y avances que no tiene ninguna otra empresa privada, es también parte del patrimonio público de la ciudad y de sus habitantes, así como una empresa comprometida con la educación y el futuro de la ciudad, pues genera dividendos para la Universidad Distrital, donde ingresan los estudiantes de bajos recursos que no pueden entrar a la Universidad Nacional de Colombia.

Así, la lucha por la defensa de la ETB y contra su venta no parece un ejercicio aislado y particular de movilización de la ciudadanía bogotana. Hace parte de un movimiento cada vez más articulado y planificado de oposición al gobierno de Enrique Peñalosa, en el que la revocatoria del mandato y la construcción de una alcaldía desde abajo, desde las comunidades, son el horizonte articulador.

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