Olimpo Cárdenas Delgado

Olimpo Cárdenas Delgado

Periferia habló con el abogado Sergio Guzmán, de la Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz, sobre los alcances del acuerdo de Justicia logrado en diciembre de 2015, en materia de prisioneros políticos. Guzmán asegura que estos suman cerca de 12.500, es decir, casi el 10% del total de la población carcelaria colombiana; más de la mitad de estos prisioneros jamás han tomado en sus manos un arma, pero han actuado en defensa de derechos legítimos a través de huelgas, protestas, bloqueos, manifestaciones; o han declarado su simpatía con las causas revolucionarias, y por razón de ello, han sido judicializados, muchos con base en la ley 1453 de 2011, mal llamada de seguridad y convivencia ciudadana. Los de las Farc llegan aproximadamente a 3500.

Antecedentes del acuerdo
Hay que recordar, comenta el abogado, que como efecto de una demanda del general Harold Bedoya, contra el art. 127 del código penal que reconocía la conexidad de varios delitos con la rebelión, la Corte Constitucional mediante sentencia C-456/97 le asestó un duro golpe a esa norma y la declaró inexequible, dándole la razón al general. Es decir, desaparecieron los delitos conexos al delito de Rebelión, y a partir de ese momento los rebeldes se juzgaron como delincuentes comunes, o sea que delitos como el homicidio y todos los demás  cometidos en acciones propias de la guerra insurgente, se procesarían como delitos comunes y por separado cada uno de ellos a través de la figura del concurso de delitos. El fin es obvio, quitarle peso a la filosofía e ideología de los alzados en armas contra el Estado y juzgarlos como terroristas, secuestradores, narcotraficantes, etc.

Paralelamente, los militares del Estado colombiano y sus instituciones dieron cruentas luchas jurídicas y políticas para garantizar que sus delitos fueran juzgados y procesados por la Justicia Penal Militar, y que sus agentes tuvieran protección legal como el fuero militar, que los eximiera de ser juzgados por delitos cometidos, según ellos, en el ejercicio de sus funciones, evitando la justicia ordinaria. No obstante miles de ellos son procesados por los juzgados penales ordinarios, y otros han provocado condenas al Estado por la jurisdicción internacional, por violaciones a los derechos humanos, porque los servidores públicos (Fuerzas militares) son responsables legal y constitucionalmente de su protección y defensa, y como se sabe muchos han incurrido en promoción del paramilitarismo, masacres, asesinatos políticos y crímenes de Estado, que son violaciones graves a los derechos humanos y al DIH, por eso no tienen ninguna clase de tratamiento preferencial o benevolente como el fuero militar.

Bases del acuerdo
Como ninguna de las partes derrotó a la otra (Estado- insurgencia) en medio de la confrontación armada, entonces hay un equilibrio de poderes y sobre esta base es que se conforma la mesa de diálogo y negociación. Por eso dice Sergio, la gente cree, de ambas partes, que a la mesa se llega a imponer a la otra sus criterios y sus intenciones, y que el que cede claudica, pero ese es un escenario en donde el gobierno y la insurgencia deben ceder en sus pretensiones, porque ninguna pudo derrotar a la otra en el marco de la guerra; si alguna de las partes hubiera ganado la guerra no habría negociación. Esta es la base político filosófica del proceso de La Habana y del nuevo proceso que se inicia en Quito con el ELN.

En materia de justicia, las normas penales del derecho interno colombiano son estrechas para atender la solución política de un conflicto armado como el colombiano, por eso se acude a las normas internacionales que son más amplias, más desarrolladas, reconocen y son aplicables a todas las partes del conflicto sin excepción. En especial reconoce la rebelión como un derecho y no como un delito, la conexidad de varios delitos con la rebelión, y contempla la violación de los derechos humanos a cargo de las autoridades legal y constitucionalmente constituidas (los Estados). Ambas partes responden en el marco de la justicia interna, cuando corresponda, y en el marco del derecho penal internacional, tanto por la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como por la violación al Derecho Internacional Humanitario cuando cualquiera de las partes incurre en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es en este marco que se da el debate en la mesa de La Habana, Cuba.

El acuerdo
En el acuerdo quedaron expresamente excluidos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en que hayan incurrido las partes, como la tortura, la desaparición, el acceso carnal violento, entre otras, por tanto estos no pueden ser indultables ni amnistiables.

La justicia no será distributiva (ojo por ojo, diente por diente), que es la que se impone en las normas internas en donde la cárcel es la única forma de castigo; será restaurativa, o sea que habrá sanciones alternativas diferentes a la prisión y cárcel sólo en algunos casos. En este nuevo modelo de justicia prima la verdad plena a fin de restaurar, resarcir a las víctimas y la sociedad, y en este plano la cárcel no es única salida; este modelo de justicia es una salida humanista y moderna que se aplica en los países más avanzados.

Una vez se firme el acuerdo general definitivo Gobierno – Farc, debe aprobarse una amnistía (borrón y cuenta nueva) y también debe darse el indulto (borrar la pena) para los prisioneros de guerra de las Farc. Se puede proyectar que el 70%, aproximadamente, de los que están hoy en la cárcel serían beneficiados de la amnistía y el indulto en el marco del Tribunal de Paz; los demás pueden recibir otro tipo de tratamiento por dicho tribunal, según esté o no incurso en crímenes de guerra y/o delitos de lesa humanidad. Otros presos políticos diferentes a los rebeldes (guerrilleros), pueden beneficiarse, no con indulto y amnistía pero si a través de otras figuras procesales y penales. Expresamente el acuerdo 35 plantea: “La protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad. La Sala de Amnistía e Indulto y la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz serán competentes para decidir si extingue, revisa o anula las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas en los anteriores supuestos”.

Como una contribución al clima para las conversaciones de La Habana, el gobierno unilateralmente concedió libertad a través del indulto a 30 insurgentes de las Farc, procesados por rebelión y que no tuviesen delitos conexos. De otro lado, tras un esfuerzo de la Coalición Larga Vida a la Mariposas, se logró que un grupo de intelectuales liderados por Adolfo Pérez Esquivel y Noam Chomsky, impulsara una campaña por el indulto humanitario para que el gobierno dejara en libertad a 71 prisioneros políticos que padecían enfermedades que son incompatibles con la reclusión; luego, el gobierno en respuesta a dicha iniciativa se comprometió a realizar unas brigadas que verificaran el mal estado de salud de los prisioneros políticos para proceder al indulto humanitario, y a concentrarlos en patios especiales; en el caso de Antioquia sería en la cárcel de Itagüí, “sin embargo, hemos estado solicitando que esos aproximadamente 170 reclusos sean concentrados en el patio 16 de la cárcel de Bellavista; esto ocurriría en abril y mayo”, expone el abogado Guzmán.

Monday, 18 April 2016 19:00

Gracias a la vida conocí a Violeta

Hasta que por fin la conocí. La había escuchado de lejos, ni siquiera la ubicaba en el mapa, la confundía de vez en cuando y hasta desconocía que era la autora de esa canción que tararean miles y que inmortalizó la fenomenal Mercedes Sosa “Gracias a la vida”. 

La misma semana que en Colombia asesinaban a cuatro líderes sociales y ambientales, en Honduras, la noche del 2 de marzo de 2016, la muerte abrió de una patada la puerta de la casa en donde descansaba Berta Cáceres, entró con violencia y le asestó un golpe tan fuerte que le arrebató la vida a ella y dejó mal heridos a millones de seres vivos, incluido el sagrado río Gualcarque, al que había dedicado sus mejores cuidados. Aunque Honduras está a más de 1700 kilómetros de Colombia, no es una distancia tan grande para la muerte que tiene las manos muy grandes y los pasos muy largos. De todas maneras no se sabe si ella, la muerte, habita en Honduras o en Colombia, posee el don de la ubicuidad o tiene hermanas gemelas andando por todo el planeta.

Berta Cáceres, ante todo era una mujer autónoma, libre y emancipada. Por haber nacido indígena guardaba una carga mayor de amor a la vida, al planeta y a la naturaleza, a la que todas las cosmovisiones, excepto la occidental, reconocen como sagrada y cuidan como a una madre.

Igual que en Colombia, en Honduras el crimen y la corrupción se pasean por las calles, los campos, los ríos y el aíre, y dicen que duermen y se alimentan en los estamentos institucionales y se financian con los fondos de los bancos nacionales y extranjeros. Desde agosto del 2009 –el gobierno, hijo del golpe de estado que sacó de su casa a Zelaya, el presidente legal y legítimo de ese país, promovió y aprobó leyes del despojo, como la Ley General de Aguas que otorgó concesiones sobre los recursos hídricos y cortó de un solo tajo las normas que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. Como el territorio del pueblo Lenca de Honduras, que fue uno de los más afectados. Allí, se promovió la construcción de 17 represas, la mayoría con fondos de origen estadounidense denominados “Desafío del Milenio” CDM.

El territorio ancestral del pueblo Lenca, es el útero en donde Berta Cáceres se formó y por eso dio su vida para protegerlo de la agresión de las transnacionales y el gobierno, que entre 2010 y 2013 aprobó la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca ubicado en la zona noroccidental de Honduras entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y a pocos kilómetros de la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. De la sangre del río Gualcarque, sagrado para los indígenas Lenca descendientes de la cultura maya, este proyecto pretende generar 21.3 MW en una concesión de 20 años.

Aunque la empresa Desarrollos Energéticos S. A (DESA) que presta su nombre para ejecutar el proyecto hidroeléctrico es hondureña, son capitales chinos y alemanes los que usufructúan la obra y la construyen, también los que han tenido que enfrentar la fuerza de la movilización del pueblo Lenca, hijos del Cacique Lempira, quien luchó por esos territorios contra los españoles durante la colonización de Honduras. Y fue Berta, la que se vistió de cacica para liderarlos, junto a hombres como Tomás García, indígena asesinado en julio de 2013 por el ejército hondureño en medio de una protesta contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.

A Berta sin duda alguna la perseguían los agentes del Estado, los sicarios pagados por las empresas constructoras y los cobardes de toda pelambre, en especial los comisionistas, que se ocultan detrás de sus corbatas y sus cargos ejecutivos. Durante la mañana del día 2 de marzo, el día de su asesinato, testigos vieron a sicarios de la empresa constructora, DESA, en un coche hablando mal de Berta, manifestó su abogada Marcia Aguiluz. Además “Denunciamos que el 20 de febrero de 2016 durante la movilización del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, en contra de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Vice Alcalde de San Francisco de Ojuera, quien está colaborando con la empresa DESA en promover el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sentenció a muerte a la compañera Berta Cáceres”.

Ya el 16 de febrero, hombres armados habían perseguido a Berta y a otros miembros del COPINH cuando iban saliendo de Río Blanco, territorio cercano al municipio de San Francisco de Yojoa. Los persiguieron en vehículo desde Plan de Encima hasta Zacapa, en el mismo municipio. Y el 25 de febrero, durante el desalojo por parte de la policía y el ejército de familias lencas del COPINH en Jarcia, Guinse e Intibucá, donde protestaban contra los proyectos hidroeléctricos, un agente de la Dirección General de Investigación Criminal, DGIC, hostigó a Berta Cáceres y le dijo que “ellos no respondían por ella si pasaba algo”. Manifestaron los líderes del COPINH.

Aunque ninguna vida, en especial estas tan dignas y tan valiosas, deberían ser arrebatadas, las de Tomás y Berta han marcado en el alma de los hondureños y en la de los ambientalistas de todo el mundo una cicatriz imposible de borrar. Sus muertes siempre injustas e injustificables, solo tienen sentido porque fueron ofrecidas a la vida, porque dejaron tambaleando el proyecto de muerte de la hidroeléctrica Agua zarca, que no ha podido avanzar y que seguramente se paralizará ante la lucha del pueblo Lenca.

Berta Cáceres caminó por todo el mundo sembrando resistencia y dignidad, abrazando causas sociales y promoviendo la defensa de la vida en todas sus expresiones. En Colombia tuvimos el orgullo de sentir ese abrazo y de recibirla en el seno del Congreso de los pueblos, del que se hizo militante. Por ella, por sus hijas Laura y Berta Zúñiga Cáceres, valientes mujeres que caminan los mismos senderos de su madre, alzamos nuestra voz dolorida e indignada, y también por ellas sonreímos con aire poderoso de desprecio ante los asesinos, capitalistas cobardes que se escondieron detrás de la máscara de la muerte ante la mirada firme de una mujer.

Monday, 19 October 2015 19:00

Gracias a la vida conocí a Violeta

Hasta que por fin la conocí. La había escuchado de lejos, ni siquiera la ubicaba en el mapa, la confundía de vez en cuando y hasta desconocía que era la autora de esa canción que tararean miles y que inmortalizó la fenomenal Mercedes Sosa “Gracias a la vida”. 

Wednesday, 29 April 2015 10:00

La guerra y la paz son decisiones humanas

Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca, premio nobel de paz en 1992, fue la invitada especial a la celebración de los setenta años de la Universidad del Tolima, en Ibagué, este 12 de marzo. También en una breve y exclusiva entrevista con Periferia reflexionó sobre los acuerdos de paz y el pos acuerdo en Colombia frente a la experiencia en Guatemala.

Monday, 29 September 2014 15:32

Los relatos de Rubén

libroruben

Cuando supe que Rubén Darío Zapata tenía un nuevo libro en impresión, me sorprendí. En principio porque Rubén vive atiborrado de trabajo y no sé de dónde saca tiempo para escribir, y también porque lo tenía muy callado, yo no sabía. Cuando tuve en mis manos “Angustias Íntimas y Esperanzas Obstinadas” y empecé a leer sus relatos me sorprendí más, porque el trabajo resultó muy bello, a pesar de haber tenido que sortear tantas dificultades, sobre todo económicas.

Monday, 29 September 2014 14:41

Memoria y posconflicto en Guatemala

guatemala

Gustavo Meoño Brenner es un hombre maduro, sereno y sabio. Tal vez estos atributos se los deba a décadas de lucha revolucionaria en su natal Guatemala. Nació en una familia de clase media pobre, de un padre conductor de transporte público y una madre que se desempeñaba como secretaria. Desde los 17 años Gustavo se involucró en la lucha social y revolucionaria de su país, que se desarrolló desde 1960 hasta noviembre de 1996, año en el que se firmaron los acuerdos de paz entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y el gobierno de Álvaro Arzú.

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El XVI Congreso de Filosofía en el Colegio de secundaria Santa María Goretti, en Bucaramanga, al cual nos invitó el profesor Mauricio Martínez, nos trajo grandes sorpresas. El Congreso que se realizó el 31 de julio, se trataba en realidad de un semillero juvenil de filósofos; allí querían saber nuestra opinión sobre el papel de los medios en la interpretación del conflicto y el posconflicto en Colombia. Esta fue una iniciativa que se les ocurrió a principios del 2000, agobiados por la terrible crisis social y humanitaria del país, en medio de una protesta, a Luís Antonio Carrillo, Jaime Villamizar, Luís Cuadros y María Isabel Suarez, todos profesores de Bucaramanga.

Friday, 01 August 2014 16:30

Una ley de restitución sin retorno

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La ley 1448 de 2011 es conocida como ley de víctimas; uno de sus capítulos es el de restitución de tierras, que, por lo menos en la letra, garantiza los derechos de los desterrados del conflicto armado, que hayan sido despojados a partir del 1º de enero de 1991, para que puedan retornar y sus tierras les sean restituidas. Es posible revisar el alcance de la ley en estos tres años de existencia, a través de algunas experiencias concretas.

Restitucin de tierras

El actual proceso de restitución, contemplado en la ley 1448 de 2011, apenas da sus primeros frutos. Pero, podría ser para legalizar el criminal despojo de tierras a los más pobres. Como en el pasado, este tipo de iniciativas ha sido saboteado por las  élites politiqueras de siempre. La reconstrucción histórica del problema que hacemos a continuación es el resultado de varias conversaciones con analistas amigos, algunos incluso funcionarios del Estado inquietos con la suerte de los campesinos.

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