El manto de violencia que cubre Hidroituango

500 personas afectadas que se oponen al proyecto Hidroituango protestan en Valdivia. Alguien recibe una llamada. Del otro lado del teléfono, una voz se presenta como alias 'Alejandro', líder paramilitar de la zona. 'Alejandro' les prohíbe gritar consignas en contra de EPM y del proyecto. Y les ordena que se vayan inmediatamente porque le están calentando la zona, y si no se van los matarán a todos.

La megaobra –su muro de contención, sus toneladas de concreto, sus costosas máquinas compradas en Europa– es una mínima parte. La punta que vemos del iceberg. Hidroituango es un acertijo de violencia, vicios, mentiras, secretismo, coincidencias, intereses, modificaciones, opiniones encontradas.

Libros como Colombia Nunca Más: Extractivismo – Graves violaciones a los derechos humanos. Caso Hidroituango, una lucha por la memoria y contra la impunidad, dan pistas para resolver el misterio. La investigación realizada por la Corporación Jurídica Libertad (CJL), presentada a finales de febrero, revela que el mayor orgullo de los antioqueños huele feo, como huele un cadáver putrefacto.

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La publicación de la CJL documentó 255 casos –de masacres, homicidios, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamiento– que involucran a 604 víctimas de seis municipios del Occidente y seis municipios del Norte de Antioquia. Su columna vertebral es una hipótesis: el extractivismo y la violación a los derechos humanos son una pareja inseparable.

Históricamente los territorios ricos en recursos han sufrido acciones violentas planificadas, cuyo propósito es preservar un modelo económico lucrativo como lo es el extractivismo. En los últimos 25 años, la mayoría de violaciones a los derechos humanos en el Occidente y el Norte de Antioquia, regiones de influencia de Hidroituango, fueron perpetradas por los paramilitares y con la complicidad de la Fuerza Pública.

En 1995 el proyecto paramilitar gestado en el Magdalena Medio comenzó a colonizar Antioquia. Llegó primero a Urabá y luego se expandió por el Norte. Actualmente, 180.000 personas habitan los 12 municipios donde la CJL realizó su investigación. Entre el 1996 y 2006, década en la que el paramilitarismo se afianzó en el departamento, fueron desplazadas más de 80.000 personas de esos territorios.

El paramilitarismo logró derramarse por el departamento gracias a las Convivir promovidas por el gobernador de la época. Uno de esos primeros grupos de civiles alzados en armas fue conformado por comerciantes, ganaderos, civiles, entre ellos un sacerdote, en los Llanos de Cuivá, corregimiento ubicado al Norte de Antioquia, entre los municipios de Yarumal, Santa Rosa de Osos y Angostura. Otra Convivir que fomentó la expansión paramilitar, fue fundada también en Yarumal y estaba integrada, entre otros nombres, por Julián Bolívar, quien años después sería el comandante del Bloque Central Bolívar.

Años después, la zona del Bajo Cauca y parte del Norte fue copada por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia comandadas por 'Cuco Vanoy'. Mientras que el Occidente fue ocupado por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que más tarde formaron el Bloque Noroccidental comandado por Luis Arnulfo Tuberquia, alias 'Memín'.

El brote paramilitar asesinó a 3500 personas entre 1990 y 2016. El 80% de los casos ocurrieron entre 1995 y 2006. Astrid Torres, quien participó activamente en la investigación, aseguró que después de cruzar cifras, contabilizaron 48 masacres que dejaron 290 víctimas. 39 de ellas perpetradas en su mayoría por el Bloque Mineros entre 1996 y 2005.

Los investigadores también pudieron comprobar que los grupos paramilitares del Norte y el Occidente pasaban de una región a otra y participaban en acciones conjuntas. El Bloque Noroccidente, por ejemplo, apoyó al Bloque Mineros en la masacre cometida en el corregimiento El Aro de Ituango, el 22 de octubre de 1997. A la masacre de El Aro, le siguieron, entre otras tantas, las masacres de Orobajo en el municipio de Sabanalarga el 12 de julio de 1998, y la masacre de Peque en 2001, que provocó el desplazamiento de 3500 personas en menos de tres días.

La violencia de esa década se focalizó en los líderes y presidentes de las juntas de acción comunal, puesto que el nivel organizativo era de carácter primario y no había grandes plataformas sociales y políticas. Astrid Torres contó que en las audiencias de Justicia y Paz el comandante del Bloque Mineros en Briceño, José Higinio Arroyo Ojeda, dijo que la orden era clara: “las mujeres no tienen que estar haciendo nada en colectivo, eso es para chismiar. Esos procesos organizativos se tienen que acabar”.

En el Occidente, en Yarumal y en Ituango, los profesores denunciaron las tomas de los colegios, el reclutamiento y el accionar paramilitar en los territorios, convirtiéndose así en objetivo militar. En Ituango, por ejemplo, fueron capturados tres profesores. Asesinaron dos y al tercero lo lanzaron desde un helicóptero.

Es casi imposible hablar de Hidroituango y no mencionar la palabra desaparecido. La desaparición forzada fue una práctica utilizada para generar terror. “'Cuco Vanoy' expresaba: “yo nunca le dije a mis subalternos que desaparecieran la gente. Lo que pasa es que a ellos les daba pereza, entonces preferían tirarlos al río que hacer el hueco”. Eso no es cierto. Las víctimas han sido contundentes en decir que a sus hijos, a sus madres, a sus padres se los llevaban porque los paramilitares querían desaparecer y querían bajar el número de homicidios en el territorio (…) Se dice que en la zona solo hay desparecidas 682 personas, pero al Bloque Mineros se le imputan 1150 desapariciones forzadas en el Bajo Cauca y parte del Norte”, aseguró Astrid.

Los paramilitares usaron el río Cauca como cementerio. Las laderas del Patrón Mono se convirtieron en fosas donde enterraban los muertos que no eran lanzados al río. Ni EPM ni el Estado se han interesado en buscar los cuerpos y determinar cuántas son las víctimas de desaparición forzada en la zona.

Mientras los paramilitares negociaban su desmovilización en Ralito, la Fiscalía solicitó a 'Cuco Vanoy' que le permitiera ingresar al cementerio que tenían en el Guáimaro, corregimiento de Tarazá, para exhumar los cuerpos. 'Cuco Vanoy' aceptó y dio la orden de permitir la entrada. Cuando la Fiscalía llegó, encontró que las fosas habían sido abiertas. “Cuando se les pregunta a los comandantes de medio rango, ellos dicen: “sí, nosotros abrimos las fosas, sacamos los cadáveres y los tiramos al río porque nos dijeron que nos metían a la cárcel”. Revictimizan a las familias con un mecanismo que sí es planificado”.

Sin el consentimiento de la Fuerza Pública y las autoridades civiles, el paramilitarismo no hubiese podido llevar a cabo su terrorífica expansión. El libro de la CJL demuestra los nexos, ya fueran deliberados o por omisión, de los diferentes bloques con los batallones Girardot y Pedro Nel Ospina del Ejército, las brigadas móviles de Ituango, las comandancias locales de Policía, los alcaldes de Valdivia y Yarumal, notarios, e Inspectores de Policía que en aquellos años eran los encargados de realizar el levantamiento de los cadáveres.

Del 2006 al 2016, último periodo del cual da cuenta el libro, bajaron sustancialmente las cifras de desplazamiento, homicidios y masacres en el Norte y el Occidente. Esto no quiere decir que hayan desaparecido los efectos o hayan dejado de ocurrir hechos violentos. Entre 2010 y 2017 se contabilizaron más de 2500 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia, especialmente en el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y el Occidente, la subregión que después de Urabá reconcentró más tierras en pocas manos entre 1996 y 2006.

Saber –comprobar una hipótesis– sirve para darse cuenta de que sabemos muy poco –que faltan hipótesis por comprobar–. ¿Sin esta campaña violenta hubiera podido construirse Hidroituango? En las guerras no hay vencedores, pero sí personas que se benefician de ella.

Quizás por eso en el 2011 el Tribunal de Justicia y Paz compulsó copias a la Fiscalía para que investigará quiénes son los socios de Hidroituango en su primera conformación. Para la magistratura de Justicia y Paz resulta coincidencial y sospechoso que, a partir del año 98, cuando se realiza la primera asamblea de socios de Hidroituango, se desaten la mayor cantidad de masacres en el territorio. Es primordial para la magistratura que la Fiscalía determine si hubo relación entre los socios y el Bloque Mineros.
Los investigadores de la CJL identificaron dos socios de dudosa procedencia. El primero de ellos es William Vélez Sierra, que ha sido accionista de la empresa Proyectos S.A, accionista minoritaria que estuvo en la primera asamblea de socios de Hidroituango y se mantiene hasta la fecha. Vélez Sierra además fue presidente de Odinsa, filial de Argos, que también hace parte de los socios minoritarios del proyecto. Vélez Sierra, a quien Iván Cepeda denunció por acaparar baldíos del Estado en Córdoba. Vélez Sierra, señalado por paramilitares de tener jugosos negocios de basura en la Costa Atlántica.

El otro socio rastreado por los investigadores es la empresa Cobaco Limitada. Una de las 60 empresas que aparecían en los documentos contables de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá encontrados en 1997 por la Fiscalía después de allanar un parqueadero en Medellín. Entre los documentos estaba el registro de los cheques girados por las empresas al grupo paramilitar.

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Son 27 los impactos que componen el estudio de impacto ambiental de Hidroituango. De los tres positivos, uno de ellos remarca que por la crudeza del conflicto no hay comunidades a las que fuera necesario reubicar, por lo tanto, Hidroituango produciría el megavatio más barato del continente.

“¿Cómo vamos a demostrar que sí estamos ahí? Esa fue nuestra primera batalla. Incluso gente de la sociedad civil quiso anularnos. La voz particular ha querido ser opacada por la voz de los profesionales, de los geólogos, de los expertos. Cuando queremos enunciar las cosas con nuestras palabras la voz es arrebatada. No es un derrumbe o un volcán, es un movimiento en masa”, manifestó Isabel Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos, en la presentación del libro de la CJL.

Las comunidades estaban ahí, los opositores también. De entrada, cuando comenzó la obra en el 2008, EPM dijo que no negociaría con Ríos Vivos. La empresa, ayudada por las instituciones locales, departamentales y nacionales, impulsó una campaña de difamación que creó un ambiente para que el Movimiento fuera blanco de ataques. En el 2015 Ríos Vivos denunció a EPM por arrojar material de excavación al Cauca. La obra quedó suspendida durante ocho meses. “Por culpa de Ríos Vivos tuvimos que despedir 3000 obreros”, dijo la empresa. “Por ustedes me quedé sin trabajo”, decían los vecinos y los familiares de los integrantes del Movimiento que trabajaban en el proyecto. A esto se sumó la prohibición de entrar a las instalaciones de la Alcaldía de Valdivia, y la amenaza de que a ningún integrante le darían ayudas o trabajo en las administraciones locales.

“Nuestro interés no es crecer. Por una sencilla razón: el Movimiento es de afectados. Y lo que queremos es que no hayan afectados. El Movimiento lo que quiere es desaparecer desde que se funda, no quiere crecer ni llegar al poder”, sostuvo Isabel Zuleta.

El progreso verde jamás llegó, Hidroituango institucionalizó la violencia en el Norte y el Occidente. EPM utilizó a menores, sin el consentimiento de sus padres, para hacer campañas publicitarias. En 2012, durante una protesta, fueron capturadas 80 personas, 13 de ellas judicializadas. Ese día detuvieron a Isabel y la montaron a un helicóptero de EPM. La Policía hizo una reunión y amenazó a los demás manifestantes. “Van a llegar por ustedes. Los van a matar los paramilitares. Ustedes son muy verraquitos con la Fuerza Pública, pero nosotros sí sabemos de quién les da miedo”, cuenta Isabel que dijeron los policías.

No con la misma crueldad, pero los paramilitares siguen en el territorio. Una vez iniciaron las obras, los paramilitares hicieron paros armados durante varios días, quemaron varias máquinas y un helicóptero. Sin un acuerdo tácito entre ellos y la empresa, la obra no hubiera podido continuar. Aunque en la zona hay cuatro bases militares, en ningún momento hubo un operativo militar. “Los militares solo salían cuando nosotros estábamos protestando”, advirtió Isabel.

Desde un principio estaba pronosticado que a las comunidades les correspondía sacrificarse, resignarse y asumir los perjuicios. No fueron pensados para ellos los beneficios. Una de las tres grandes líneas de transmisión que salen de Hidroituango van dirigidas a Cerro Matoso, una de las minas a cielo abierto más grande de Colombia; otra a la represa de Hidrosogamoso, que a su vez se dirige al Páramo de Santurbán, un manantial de minerales; y la tercera a Medellín. Además, hay 20 títulos mineros en Briceño, en Toledo y en Ituango que atraviesan el embalse, la mayoría propiedad de la empresa Continental, quien ya tiene una mina en Buriticá. Todo indica que Hidroituango fue hecho para que la empresa canadiense tuviera el agua y la energía necesaria para extraer oro.

Alguna vez funcionarios de EPM le dijeron a Ríos Vivos que el proyecto era ambiental y técnicamente inviable, pero la presión política y los intereses empresariales impusieron su terquedad y su avaricia.

En la mayor hidroeléctrica del país –el gran orgullo paisa– depositaron dinero el banco francés BNP Paribas, el banco alemán KFW, bancos chinos y brasileños. “Nos reunimos la semanada pasada con ellos –manifestó Isabel–. Y nos dijeron de frente: nosotros no vamos a perder. La banca extranjera nunca pierde, primero se quiebra EPM. El problema no es de nosotros, es de ustedes los colombianos”.

Si Hidroituango no funciona el problema es de nosotros. De nosotros que nos quedamos sin río Cauca, sin el bosque nativo, sin la fauna, sin la mayor fuente de empleo, sin los caminos de herradura y sin los pasos de quienes los transitaron durante 120 años. De nosotros que nos quedamos endeudados y con el cadáver, porque desmontar la obra “vale otro montón de dinero” y EPM no va querer prestar plata para eso.

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