Montajes judiciales son un atentado contra la dignidad

El 19 de julio se realizó en Bogotá el primer Encuentro contra la Criminalización y la Persecución Judicial en Colombia organizado por el Equipo Jurídico Pueblos. Entre los invitados, además de una delegación internacionalista (que contaba con representantes del gobierno Vasco y organizaciones sociales de esa región española), participaron algunos familiares de los y las detenidas, representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, y abogados defensores de presos políticos que han estado al frente de diferentes montajes judiciales en Colombia, por ejemplo el del secretario técnico del Congreso de los Pueblos, Julián Gil, el de los estudiantes aprehendidos en Lebrija, Santander, el del profesor Miguel Ángel Beltrán, el de Mateo Gutiérrez y el de los detenidos por los atentados del Centro comercial Andino de Bogotá donde una carga explosiva colocada en medio de “extrañas” circunstancias dejó un saldo de tres mujeres muertas; la investigación de la Fiscalía sobre este último caso involucró a una serie de estudiantes universitarios, que permanecen privados de la libertad a pesar de la precariedad probatoria y algunas irregularidades procedimentales.

Patrones y prácticas ilegales de persecución a líderes
Para los abogados, líderes sociales y familiares de los detenidos que intervinieron en el encuentro, el panorama es preocupante, no solo por la cantidad de casos de persecución y criminalización de líderes y lideresas sociales que se han registrado en el último año, sino por las consecuencias que recaen tanto sobre los procesados como sobre sus familiares, los espacios comunitarios a los que pertenecen y, quizá de manera menos evidente, la sociedad en su conjunto. Hay regiones del país que durante décadas han enfrentado este tipo de estigmatización, sin embargo, el 2019 ha sido un año esta práctica se ha incrementado.

En Arauca han sido capturados 28 líderes y lideresas sociales, y en el Sur de Bolívar recientemente fueron capturados doce habitantes del corregimiento Micoahumado, mediante violentos allanamientos a sus residencias y a sus moradores sin importar edad, sexo, ni condiciones de discapacidad. El movimiento social y político Congreso de los Pueblos denuncia que son 227 los casos de judicializaciones que hoy enfrentan los líderes, familiares y habitantes de los procesos sociales y populares.

Los relatos de los familiares, de los abogados, de los líderes sociales, de los estudiantes y defensores de derechos humanos, en su mayoría mujeres y hombres jóvenes, implicados en procesos penales injustos, pusieron en evidencia la existencia de patrones de comportamiento del terrorismo de Estado que persigue, estigmatiza y penaliza con la intención de fragmentar el ejercicio de los movimientos y procesos sociales mediante el uso abusivo e ilegítimo del aparato de justicia, y de sus agentes de inteligencia militar y policial.

En evidencia quedó su modus operandi: vigilancia a las viviendas y a los desplazamientos de las y los líderes, empadronamiento a través de retenes ilegales y esporádicos, visita a las residencias argumentando supuestas denuncias por maltrato de menores o riñas, allanamientos, fotografías a las personas y a sus documentos de identidad, y abordaje directo a través de agentes encubiertos de civil para ofrecer dádivas a cambio de delaciones de supuestos grupos ilegales, o sus cabecillas. Son estas las prácticas más recurrentes, aunque en algunos casos hay detalles que diferencian la modalidad que aplican los agentes estatales encubiertos y los uniformados que recurren a ataques físicos, hurtos, atentados, entre otros.

Estos patrones se presentan casi siempre antes de que los agentes develen la existencia de un proceso judicial o una orden de captura en contra de quienes fueron perseguidos y criminalizados. Tal y como se plantea, son las personas involucradas en actividades organizativas de carácter político y social contrarias al establecimiento, y sus familiares, quienes sufren de forma sistemática las consecuencias de tales actuaciones arbitrarias.

Impactos psicológicos, sociales y económicos
El psicólogo José Luis, representante del Centro de Atención Psicosocial (CAPS), señala que los impactos más graves incluyen la destrucción a los proyectos de vida, no solo de las personas judicializadas sino los de su núcleo familiar. Al respecto, José Luis indica que las familias se ven obligadas a replantear sus modos de vivir debido a las dinámicas propias de las cárceles (visitas, seguimiento de los procesos, entre otras), pero además, de acuerdo con las particularidades del caso, deben asumir responsabilidades que antes recaían sobre el miembro de la familia encarcelado, la mayoría de las veces dicha obligación implica el desarrollo de sentimientos de desesperanza y frustración –para los familiares y procesos– y de culpa –para los detenidos–.

La cárcel, según lo indica, cumple la función de romper con la dignidad de las personas, y en ocasiones es capaz de conseguirlo. No obstante, por las causas que defienden y su consciencia del contexto social, muchos de ellos convierten las cárceles en espacios de resistencia desde los cuales establecen nuevos vínculos y tejidos sociales. Las familias por su parte asumen un nuevo rol social desde el que denuncian la situación carcelaria y las precarias condiciones en las que allí se vive.

En relación a las consecuencias sociales, el psicólogo expresó su preocupación por la estigmatización a la que son sometidos y la apatía que esto genera en la sociedad. José Luis argumenta que los medios de comunicación masivos cumplen en ello un papel fundamental, pues al momento de las detenciones denigran tanto a las organizaciones y procesos de los cuales participan los procesados, como de los judicializados; pero cuando se demuestra su inocencia, no asumen el mismo papel activo que permita retribuir los daños causados tanto a los unos como a los otros. Esto indicaría, entre otras cosas, que su labor defiende unos intereses específicos cuyo peso se cierne sobre toda la sociedad, aislándola de las luchas sociales y por tanto de los líderes y lideresas de procesos populares y sociales de diferente índole que trabajan en la defensa de bienes colectivos.

Dentro de las cárceles, la humillación, la infamia, la tortura, el maltrato y el hacinamiento son un común denominador, y la persecución por las ideas políticas no cesan para los detenidos. Soportar el infierno en la cárcel cuesta muchísimo dinero y esta es otra carga que deben asumir los familiares. La situación que allí se vive, en medio de violaciones de derechos humanos por parte del Estado a los privados de la libertad, la Corte Constitucional la denominó como “estado de cosas inconstitucional”, según la sentencia T-153 de 1998. La Corte dio cuatro años de plazo para superar esta grave situación, sin embargo 21 años después nada ha cambiado.

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