La guerra contra los niños pobres

Sus nombres no les dicen nada a los colombianos. Nadie sabe quiénes fueron ni qué hicieron en su corta vida. Nunca han sido registrados por la propaganda mediática que nos bombardea a diario con las estupideces de las vedettes y sus crudas frivolidades. Forman parte de los nadies, de los ninguneados, de aquellos que no tienen voz y a los que con toda la impunidad se les humilla, explota y asesina. Son el reflejo a nivel micro de la Colombia olvidada, en la cual los pobres, trabajadores, campesinos… soportan la desigualdad, injusticia, miseria y antidemocracia que carcome a la sociedad de este martirizado país, y que sustenta a una minoría criminal que desde siempre ha recurrido al terrorismo de Estado para mantener sus riquezas.

La hija de trabajadores
María Edilma Zapata, una niña de 10 años, fue una de las doce personas asesinadas por el Ejército el fatídico sábado 23 de febrero de 1963. Ese día, las tropas al servicio de los empresarios del cemento, desempeñándose como esquiroles, hicieron pasar a la fuerza camiones cargados de cemento, cumpliendo las órdenes del gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez (dueño del periódico El Colombiano y accionista de Cementos Argos), quien había dicho que el cemento salía así hubiera que pasar sobre los cadáveres de los trabajadores. Y así se hizo. En lugar de atender los modestos reclamos de los trabajadores en huelga, el Ejército los masacró cuando disparó a mansalva y de manera indiscriminada contra la gente que se encontraba en la entrada de la cabecera municipal de Santa Bárbara, tratando de impedir el paso de los camiones que rompían la huelga. Las balas oficiales mataron a una docena de trabajadores y habitantes del pueblo. Entre los muertos estaba María Edilma Zapata, la hija del trabajador y dirigente sindical Luis Eduardo Zapata.

Como suele suceder con el terrorismo de Estado a la colombiana, tanto los voceros del Ejército como los funcionarios civiles justificaron la masacre arguyendo que la tropa había sido atacada por los huelguistas, y que, en legítima defensa, se habían visto obligados a disparar contra los trabajadores que los agredían. Entre los que emboscaron al Ejército se encontraba la pequeña niña que, según la versión del Gobernador, no murió por disparos oficiales sino por una pedrada, una falacia que fue desmentida por los médicos legistas. Para completar, el mismo gobernador felicitó a los asesinos diciendo que habían cumplido con su deber de manera ejemplar, puesto que habían repelido una huelga organizada por los comunistas. Como siempre, este crimen de Estado quedó en la impunidad y sus responsables intelectuales y materiales, entre ellos Belisario Betancourt Cuartas, por entonces Ministro de Trabajo, son presentados como “insignes patriotas”. A la niña asesinada escasamente se le nombró para enlodar su nombre y el de su padre en el momento del crimen. Solamente quedó en la memoria de los trabajadores de Cementos El Cairo, que cada 23 de febrero recuerdan la masacre de 1963.

La hija de campesinos
56 años después sucedió otra horrenda masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas de Colombia, en la que fueron despedazados 18 niños y adolescentes. Aconteció la noche del 29 de agosto de 2019 en San Vicente del Caguán (Caquetá), cuando desde nueve aviones caza fueron lanzadas numerosas bombas, cada una de ellas de 250 libras, con una potencia mortífera capaz de exterminar todo rasgo de vida que se encuentre a 50 o 75 metros de distancia. Esa explosión dejó un cráter de 200 metros de extensión y 12 metros de profundidad, y pulverizó, literalmente, a los seres humanos que se encontraban en el campamento guerrillero.

Entre los masacrados estaba Ángela María Gaitán, de 12 años de edad, quien estudió hasta segundo de primaria. La última vez que su madre la vio y habló con ella, la niña le dijo: “Yo no quiero morir ni que les pase nada a ustedes, mamá váyase ya”. A los pocos días su madre se enteró de que ella estaba entre los masacrados el 29 de agosto. Ese día, según lo describió Noticias Uno, miembros de la comunidad campesina aledaña al sector donde se realizó la operación, señalaron que “en el campamento se encontraban entre 16 o 18 niños, y no ocho”. Además, “tres niños alcanzaron a sobrevivir el bombardeo y huyeron corriendo, pero luego fueron perseguidos por soldados con perros y drones, quienes luego los acribillaron con disparos”.

Cuando se presentó este nuevo crimen de Estado, el subpresidente Duque afirmó que: "Quiero informarles a ustedes y al país que anoche autoricé al comando conjunto de operaciones especiales adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas residuales de las Farc […] gracias a esa labor, estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor, cayó Gildardo Cucho, cabecilla de esa organización […] Quiero felicitar a nuestros héroes del país, gracias por responderle a Colombia". Es decir que esta acción criminal, bautizada como operación Atai, que es tipo beta y que requiere de autorización presidencial, fue ejecutada por órdenes directas del subpresidente.

Después de la renuncia del Ministro de Defensa Guillermo Botero, el nuevo criminal de guerra, Duque escupió sobre los niños masacrados cuando felicitó al mencionado personaje: “Pero que sea esta la ocasión también para rendirle hoy acá un homenaje al exministro de Defensa Guillermo Botero Nieto", quien "le ha dejado al país una gran lección de vida". Semejante cinismo queda en los anales universales de la infamia, puesto que precisamente lo que ese personaje ha dejado es una terrible lección de muerte, realizada con los atenuantes de la premeditación y la alevosía. Esa fecha tenebrosa debe quedar como emblema de la guerra que el bloque de poder contrainsurgente (Estado y clases dominantes) libra contra los niños pobres en Colombia.

Infanticidio de clase
Los asesinatos de estas dos niñas son una muestra dolorosa de esa prolongada guerra contra los niños pobres, un verdadero infanticidio y juvenicidio con un claro sello de clase, cuyos blancos son trabajadores, campesinos, habitantes pobres de las ciudades. La tragedia de estas dos pequeñas, y de sus familias, es un símbolo de la tragedia colombiana, en cuyo trasfondo figura un prolongado terrorismo de Estado, el hilo bien visible que conecta los últimos 70 años de la historia colombiana. Y el infanticidio contra los pobres y humildes es otro de los componentes de ese terrorismo de Estado. Por ello, María Edilma Zapata y Ángela María Gaitán, dos humildes niñas de este país, han sido asesinadas, porque su delito ha sido ser pobres. Por eso nadie las llora ni las recuerda, pero, por lo mismo, deben figurar en la memoria de todos aquellos que han caído por la acción genocida del Estado colombiano. Y su ternura, destruida por las ruines balas y bombas de los asesinos oficiales, con más de medio siglo de diferencia, conecta emocionalmente la historia contemporánea de Colombia para quienes sentimos y padecemos el dolor y el sufrimiento de habitar este terrible país.

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Renan Vega Cantor

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