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En el Putumayo, la Minga Indígena no ha terminado. Ya se cumplen aproximadamente dos meses de unión y resistencia, desde que bastones, banderas y plegarias se convirtieron en el arma de los pueblos indígenas para enfrentar cualquier amenaza y reclamar sus derechos.

Aunque la minga cumple 46 días, sus antecedentes se remontan al 2010, cuando gracias al liderazgo de José Homero Mutumbajoy, del resguardo Inga de Tunguillo, las comunidades se alzaron contra la violencia. La minga resurgió en el 2012 y se consolidó en el Resguardo de Condagua, donde llegaron a acuerdos con el Gobierno nacional que hasta el momento han sido incumplidos; por eso renació la “Minga de Resistencia”, un movimiento que hoy busca la creación de mesas de diálogo que permitan resolver las problemáticas en materia de territorio, derechos humanos, consulta previa, cultivos ilícitos, seguridad de líderes y lideresas, entre otros.

Los guardianes

En medio de la vía que desde Pitalito conduce al departamento del Putumayo, a 18 kilómetros de la ciudad de Mocoa, está la vereda Yunguillo, donde este proceso de resistencia ha tenido lugar. Sobre su carretera, se encuentran aproximadamente 200 personas que conforman la “Guardia Indígena”, es decir, los encargados del cuidado de la comunidad.  

Entre bastones y filas, la guardia visualiza a las personas que transitan su territorio, pero además da a conocer los motivos de esta movilización a los conductores de camiones, volquetas, carros, buses y motos por medio de volantes y de sus voces.

La cultura y la ancestralidad para muchos tienen poca importancia, pero para los pueblos indígenas siguen siendo vigentes. Los Cofán, Awá, Pastos, Inga, Yanacona, Coreguaje, Kamentsá, Siona, Kichwa, Murú, Emberas, Pijaos y Kiyasingas, buscan fortalecerlas en sus niños y niñas, y es por eso que en la Guardia Indígena se puede participar desde los siete años hasta los 150. En Putumayo son aproximadamente 700 participantes, de los cuales hacen presencia 200, acompañados por su bastón de mando. Su chaleco posee el nombre del pueblo al cual pertenecen y sus cintas identifican los colores de su bandera.  

La Guardia Indígena “es la parte fundamental del equipo humano para apoyar a las autoridades con el proceso de protección del territorio. Es la autoridad que protege los lugares sagrados, la parte espiritual de nuestros Mayores, las cordilleras donde nace el agua, la medicina, las montañas. Ese es el valor de ser guardia dentro de las mingas”, añade Luis Jansasoy Quinchoa, coordinador del grupo Cuidadores de la Madre Tierra. A su lado está Sinaida Yucurujaca, una mujer guardiana. Ella muestra la importancia de su rol dentro de la familia, dice que ser guardiana es una manera de mostrar la equidad, de apoyarse mutuamente con el hombre, y que ellas también son capaces de cuidar a su comunidad.

La comitiva de la Minga

Entre kioscos y senderos está reunida otra parte de la familia. Unos descansan mientras sigue su turno en la guardia, los otros organizan la comida y la bebida para sus compañeros y compañeras. En la hoguera hay una olla grande, la denominada “olla india”, mujeres y hombres preparan los ingredientes, pican la papa, la yuca y otros cargan el agua, porque se encuentra en un tubo a unos seis metros de la carretera.  

Cuando el almuerzo está listo, Luis hace el llamado. “El fisco -nombre que le dan al alimento- ya está para que pasen primero”, les dice a las mujeres. Luego, el grupo de “los “tigres” se dirige a la hoguera, y así sucesivamente va avanzando la comitiva indígena. Un hombre alegre, risueño y amigable es quien sirve la comida. Con un plato sopero saca el alimento de la olla para servirlo a las demás personas.

Se escuchan risas y chistes mientras comparten la comida: “Ya vienen los antimotines, para que les guarden la comida”, haciendo referencia a lo sucedido el lunes 29 de abril, cuando fueron atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El arroz se acabó y los últimos de la guardia esperan. Unas 12 personas rodean la hoguera esperando el arroz, y otras más, pendientes por si se podía repetir. La comida en la minga es otro de los temas para recordar el trabajo en equipo. Siempre se acompañan mientras se alimentan. Entre adultos, niños y niñas, se mandan razones y así llegan al kiosco por el “fisco”.

El lugar sagrado, el lugar espiritual

A cinco minutos de la vía nacional, está ubicado el resguardo Condagua. “Este espacio particular es un resguardo tradicional, sagrado, que le pertenece a los Inga. Siempre buscamos un espacio de territorio propio, es aquí donde está la armonía, la espiritualidad y el ejercicio de la territorialidad”, expresa Mary Rojas, hija del pueblo Pastos, mientras el sol empieza a salir y los niños y niñas juegan descalzos en medio del barro.  

Al lado izquierdo del territorio, está la tienda Samuych Suma Samay –Bienvenidos a la casa de la sabiduría– de don Ramiro Silvino Chindoy, médico ancestral, quien da el conocimiento espiritual por medio de la medicina de la ayahuasca o yagé, al comenzar algún evento. Ramiro cuenta que en cada reunión busca orientar el pensamiento, darle amor a la palabra junto a la ayuda de los abuelos y la medicina, para que todos lleguen a un equilibrio y así se pueda tener unidad en la minga.

Mientras sonríe y muestra sus dientes blancos, dice que la toma del yagé también es importante, pues por medio de ella se brinda apoyo a los hermanos que están al frente para fortalecer cada comunidad. En su casa construida en madera hay una habitación con todas sus plántulas, bebidas, piedras y demás elementos. Allí hay una silla con forma de cama, y un ventanal para visualizar el horizonte, adornado con árboles, montañas y animales. Ramiro narra la historia y el uso de cada una de las plantas presentes. “Estas son las que permiten la armonización”, dice. Cuando reciben los ataques del ESMAD, se encarga de ayudar a eliminar todo el gas tóxico dejado por los gases lacrimógenos; por medio de alguna bebida para vomitar inicia la limpieza. La medicina “es la unidad de pensamiento de la Minga de Resistencia”.

Frente a la casa de Ramiro hay un salón comunal, ahí se reúnen gobernadores y autoridades de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), y representantes del gobierno de la ciudad de Mocoa. Está presente la Defensoría del Pueblo. La comunidad da a conocer las agresiones recibidas y presentan los cartuchos con los que fueron agredidos varios indígenas. Los funcionarios mencionan las denuncias recibidas y manifiestan que los indígenas han atacado con disparos a los del ESMAD, acción refutada por los y las gobernadoras. La “única arma física ha sido el bastón”, dicen.

Mientras cae la noche en el resguardo Condagua y la reunión continúa, la guardia empieza a llegar, se sientan alrededor del salón, en una cancha de barro con poca iluminación. Entre los murmullos se escuchan personas que hablan sobre la reunión con delegados del Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo frente a las falencias presentadas y por la defensa de su territorio. Pero una vez más, y por quinta vez en estos dos meses, el gobierno dejó la silla vacía.  

Por Oficina de Prensa del Congreso de los Pueblos

Este domingo 28 de abril se instaló en Bogotá el Refugio Humanitario por la Vida, evento que permanecerá hasta el 2 de mayo, y en el que participantes de todo el país pretenden denunciar el asesinato sistemático y la estrategia de judicialización hacia los líderes y lideresas sociales.

Cerca de 3000 personas llegaron al Planetario Distrital, en donde se realizó un acto cultural de bienvenida que culminó con una movilización hasta el Parque Nacional. Desde allí, los líderes y lideresas marcharon hasta la Plaza La Santamaría, en donde se instaló oficialmente el Refugio Humanitario. Allí, de manera simbólica, los participantes rebautizaron el lugar como Plaza de la Vida.

Según Roberto Peña, líder social proveniente de la comunidad El Guayabo, ubicada en Puerto Wilches, Santander, su propósito en este Refugio es “visibilizar primero que nos están asesinando y judicializando a los líderes sociales. Yo estuve seis meses y tres días huyendo, y todavía tengo persecución judicial, entonces además de visibilizar el caso de El Guayabo, creo que este es un espacio que nos puede blindar a nosotros como líderes”.

Además, Peña puntualizó que no solo se trata de hacer visible el tema de liderazgo, sino lo que hay detrás: “porque también hay despojo de tierras, hay desplazamientos, hay amenazas contra las mujeres, y por defender los derechos de la tierra, de la gente, por defender el agua y los humedales es que nos criminalizan, por eso necesitamos buscar garantías para la comunidad y para los líderes, y esperamos que con las actividades que se van a realizar esta semana en embajadas y en el Congreso de la República logremos eso, garantizar la vida de los líderes”.

Según los organizadores del evento, el balance de este primer día de Refugio es positivo, pues llegaron participantes de regiones con fuertes problemáticas y donde los líderes sociales más desprotegidos se encuentran.

Este 29 de abril, segundo día de Refugio Humanitario, los participantes visitarán las embajadas de Alemania, Francia y España para hacer una solicitud masiva de medidas de protección internacionales. Desde allí marcharán hasta la Unión Europea, donde expondrán la situación ante todos los embajadores de este organismo político, buscando comprometerlos con la protección a los líderes y lideresas. Finalmente, en el marco del refugio, se realizará un velatón en la Plaza de Bolívar desde las 6:00 p.m.

 

Por Oficina de Prensa Congreso de los Pueblos

 

Organizaciones sociales y políticas de Colombia anunciaron jornadas de movilización y Paro nacional para este 25 de abril. Dicho paro, planeado desde el Encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas realizado el pasado mes de febrero, se plantea como la continuidad de las movilizaciones sociales que iniciaron el año pasado con las protestas estudiantiles, y que tuvieron un segundo momento con la Minga del Suroccidente de abril.

Sin embargo, este paro, según expresaron las organizaciones convocantes durante rueda de prensa, busca poner de manifiesto el descontento por las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, así como por el creciente asesinato y judicialización a líderes sociales, y por el incumplimiento de los acuerdos pactados desde años anteriores con las organizaciones sociales.

Algunos puntos problemáticos del Plan Nacional de Desarrollo

Según Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, uno de los puntos problemáticos en el Plan Nacional de Desarrollo “es el fortalecimiento de un modelo económico basado en el extractivismo y sus implicaciones para el campesinado. El sector minero-energético es el tercer sector que más inversión tendría en el PND, con 122,5 billones, con lo que se desconoce la necesidad que tiene el país de hacer una transición energética. Artículos como el 18, que avala la licencia minera exprés de 30 días, dan cuenta del afán por profundizar el modelo extractivista sin medir los daños sociales y ambientales”.

A esto se suma el aparente desinterés del Gobierno por el campesinado al nombrarlo como trabajador rural, y por no haber incluido las propuestas presentadas por este sector en el “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”. Así mismo, en contraste con el presupuesto destinado para el sector minero-energético, para el agro se destinaron 21 billones de pesos.

Otro de los puntos polémicos del Plan Nacional de Desarrollo, según manifestaron las centrales obreras y organizaciones de pensionados, es el recorte a los derechos sociales, específicamente para el caso de la salud y pensiones. “Nos preocupa la reforma laboral contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, porque elimina el contrato laboral como se conoce en Colombia, y elimina el salario mínimo con la formulación de contratación por horas, por lo que es un ataque directo a las convenciones colectivas”, manifestó Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.

Por su parte, Jhon Jairo Díaz, vocero de la Confederación Democrática de Pensionados, manifestó que los pensionados se movilizan este 25 de abril “para rechazar la reforma pensional disimulada que ha propuesto el Gobierno en el PND, que ahora no la llama reforma pensional sino protección a la vejez, para garantizar pensiones por debajo del salario mínimo en el futuro, y llevar a los pensionados a la miseria absoluta. Hay que ponerle cuidado a los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, pues dicen que con estos se superaría la pobreza en adultos mayores en el país, como si con un fondo de 120 mil pesos fueran a resolver la problemática de la miseria”.

Frente al Plan Nacional de Desarrollo, otras de las preocupaciones que mencionaron las organizaciones convocantes al Paro Nacional, tienen que ver con el enfoque que se le dará a la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno nacional y las Farc-Ep, pues desconoce el conflicto armado colombiano, y en ese sentido lo pactado por el Estado y dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2016, como lo es el “Pacto por la construcción de la paz” que no tiene asignación en el plan de inversiones.

La vida y libertad de los líderes sociales

El programa Somos Defensores, en su más reciente informe titulado “La naranja mecánica”, denunció que en 2018 incrementaron en un 43.7% las agresiones a líderes sociales, comparado con el año 2017, para un total de 805 agresiones, de las cuales 155 son asesinatos. Por su parte, organizaciones como la Cumbre Agraria han denunciado que en los dos últimos años alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados. A esto se suman las denuncias del Congreso de los Pueblos de una creciente judicialización y estigmatización a los líderes sociales, en especial de esta organización, con aproximadamente 100 casos en departamentos o regiones como Casanare, Sur de Bolívar, Suroccidente, Antioquia y Bogotá.

En ese sentido, el Congreso de los Pueblos manifestó que “es necesario movilizarse para exigirle al Estado genocida y a la comunidad internacional las garantías que se requieran para impedir la muerte de un solo líder o lideresa en Colombia, y para acabar con la persecución, la criminalización de la lucha social y la judicialización de sus líderes”. Es por eso que en el marco de las jornadas de movilización, también están impulsando el Refugio Humanitario por la vida y libertad de los líderes y lideresas sociales, que se realizará en Bogotá del 28 al 2 de mayo, con la participación de más de 3000 líderes de todo el país.

Acuerdos incumplidos

Otro de los temas importantes que motivan el Paro Nacional es la exigencia al Gobierno para que cumpla los acuerdos que desde años atrás ha pactado con las organizaciones sociales y políticas. Es el caso de los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria tras las movilizaciones del 2014 y 2016, que según Eduardo León, vocero del Congreso de los Pueblos en esta organización, incluye puntos como la creación de un decreto para reconocer otras figuras territoriales campesinas y los derechos del campesinado en Colombia, y que el Dane incluyera la categoría campesinado en el Censo como primer paso para esto; la consulta sobre la reforma a la ley 160 para el tema de tierras; el principio de anualidad respecto a la financiación de proyectos productivos a través del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura; la financiación del Diálogo Nacional Minero-energético, que solo se financió en una primera etapa incumpliendo el acuerdo presupuestal; la creación de la comisión mixta para la revisión de licencias ambientales de los proyectos minero-energéticos, entre otros.

En el caso de FECODE, los incumplimientos tiene que ver con una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, la modificación del modelo de prestación de servicio de salud, en cuanto a calidad y cobertura, y la reforma educativa pública y de calidad, entre otros puntos.

Además de todo lo anterior, las organizaciones que convocan al paro mencionaron que la movilización de este 25 de abril también busca exigirle al Gobierno que reactive los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que cumpla lo pactado con las FARC, y que pare la agresión política y militar contra Venezuela.

 

San Agustín es un municipio del Huila reconocido por su historia artesanal y arqueológica, y declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Algunos de sus habitantes se han dedicado a conservar y transmitir sus prácticas ancestrales para el fortalecimiento de su identidad cultural. Esta región arqueológica no solo es habitada por sus nativos, pues cantidad de extranjeros se reconocen como hijos adoptivos de ella.

El 14 de abril se dio apertura a la “XIX Feria Artesanal un espacio de arte, naturaleza y espiritualidad”, denominado así por la Secretaría de Cultura. Durante su inicio se homenajearon a maestros artesanos que han dedicado sus vidas a este oficio; la señora Dolores Urbano Muñoz, José Guillermo Urbano Urbano y Rubén Darío Morad Gómez.

La organización y ejecución de este evento está a cargo de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, quien se articula a la Parroquia municipal, en cabeza del párroco Oscar Javier Vargas, para hacer la programación y el desarrollo de la Feria Artesanal. Sin embargo, algunos artesanos se encuentras insatisfechos con esta decisión, pues consideran que se han encargado de pregonar la religión católica por encima de sus prácticas artesanales.

La noche del martes 16 de abril se llevó a cabo una presentación teatral en la que niños y niñas portaban vestuarios alusivos a las imágenes de los santos de la religión católica. “Se ha mezclado un poco de religiosidad en el tema. Se ha experimentado con grupos de teatro y de niños que hacen su mejor esfuerzo, pero no están acorde al contexto de la feria que es artesanal, sin estar ligada a ninguna religión”, declaró el artesano de pirograbados, Brayan Alexis Rubiano Buendía.

Por la misma línea se manifestó Darwin Fidel Prieto, artesano de lutería: “Yo no digo que ser católico sea malo, yo digo es que las cosas deben tener su identidad y un sentido de pertenencia, y esto acá no se ve. Sencillamente se le ha dado mucha potestad. Esto parece que fueran los años 50, 60 y 70 donde el obispo es el presidente y el padre era el alcalde del pueblo”.

La secretaria de cultura del municipio, Adriana Catherine Adarmes, explicó que “se tuvo en cuenta el turismo religioso por la semana mayor o semana santa para todos los cristianos y la máxima influencia de personas”.  

“La feria esta bonita, pero la feria no es 100% artesanal, eso es lo que se ha podido evidenciar, lo que uno mira como artesano.”, declaró Matías Gastón Blanco Marino, artesano argentino e hijo adoptivo de San Agustín desde hace dos años. Esta aseveración la hace en crítica por los llamados ´revendedores´ que han ocupado gran espacio de esta Feria Artesanal.

 

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El punto de encuentro está en la Plaza Cívica. Cuenta con 90 stands o casetas aproximadamente. Cada uno de estos se dio por sorteo de balotas, según la Secretaria de Cultura. A pesar de ello, los artesanos dieron otra versión sobre el método de repartición. “Se canceló y por orden de pago fueron asignando el puesto”, declaró Daniela Sofía Muñoz. El equipo de Periferia Prensa Alternativa, preguntó si se había hecho algún sorteo para la asignación del puesto, y al respuesta fue la misma: fue por orden de pago.

Por otro lado, algunos artesanos se han sentido excluidos por la ubicación de su caseta, porque para llegar a ellos hay que pasar por una tarima que limita con escombros, bolardos, tubos y con muy poca iluminación. Darwin Prieto indicó: “El espacio está lleno de escombros, la tarima impide que la gente pase, hay dos bolardos y un tubo que prácticamente funcionan de cerco. El circuito de stands está organizado para que la gente de una vuelta y prosiga, eso es gravísimo porque hay sectores donde la gente no va a llegar y las personas no van a hacer ni siquiera para pagar el stand”.

Como si fuera poco, por la falta de organización no se tuvieron en cuenta las prácticas de los participantes respecto al uso de las plazoletas, pues entre las artesanías también están los alimentos, las bebidas y la venta de plantas. Faiber Alfonso Huesaco, vendedor de comidas, afirmó: “Hubiese sido bueno que estuvieran por sector, que queden separas comidas, artesanías o lo que tengan las personas para vender”.

 

¿A quién beneficia la Feria?

Más allá de temas de organización e infraestructura, lo que ha mostrado esta XIX Feria Artesanal es un clientelismo por parte de algunos locatarios. Darwin Fidel, dice: “La artesanía agustiniana no se está viendo, no se está sintiendo. Hay intereses políticos que no permiten que haya una muestra integral de lo que es la artesanía. Es un problema tenaz de fondo, la mala organización, las roscas y los círculos alimentados por la política y los intereses familiares. Esto es una dura crítica que se hace a la organización de esta feria”.

De igual manera, Matías Blanco, lo manifestó al equipo de Periferia Prensa Alternativa: “Segundo Cerón es un concejal de acá, y la mayoría de artesanos son familiares, que cuando hay reuniones llaman a otros familiares, entonces ganan la mayoría de los que “tienen” que ganar, ese ha sido el inconveniente”. Blando no fue el único en denunciar los interesas a favor del concejal. “Un sobrino del concejal Cerón, obtuvo un puesto como “Maestro de Artesanos” y él no lo es”, manifestaron.

De este modo, consultamos con la Secretaria de Cultura qué relación había entre el concejal y el evento. Su respuesta, en vez de ser esclarecedora, siembra dudas sobre la relación que hay entre la Administración municipal, y los concejales, encargados naturales de hacerle control político. “El concejal Segundo Cerón es artesano y tiene a toda su familia que es artesana y pertenece a la administración municipal. Por su puesto, hace parte de la administración municipal y hace parte de la organización por ser artesano”, manifestó la funcionaria.   

Los espacios de participación que buscan el fortalecimiento de la identidad cultural del municipio de San Agustín, se han ido anclando a temas políticos, económicos y con un alto grado de influencia de la iglesia católica. La Feria Artesanal se convirtió en fuente económica para las entidades estatales y de regocijo de la parroquia municipal.

¿Por qué deberíamos pelear?

Después de leer la Constitución: ¡Por nada! Pero el papel es tan bello como limitado, si quienes nos gobiernan lo pisotean.
La guerra, aunque nos tocó vivirla, no nos pertenece. Nosotros somos el resultado de la esperanza, del amor de la Madre Tierra, del diálogo, de la crítica constructiva; no seremos gestores de conflictos sin motivos, por intolerancia o avaricia. Por eso concluimos:
¿Deberíamos pelear? ¡Debemos!
Debemos pelear para que dejen de asesinarnos, mostrar nuestros argumentos no debe costarnos la vida. Cualquiera que lea la palabra “pelear” no dudará en calificarme de incendiario -así de mal estamos- porque se puede pelear desde el debate, la academia; llegando a un consenso. Los que levantan las armas contra su pueblo, nunca han vivido la democracia. Nadie que haya estado en un debate podrá negar el fresquito que se siente cuando se llega a un acuerdo.
Más de 240 líderes sociales asesinados entre 2016 y 2019: la intolerancia hecha acto. Tenemos la misión de abrir paso a una sociedad más equitativa -estos líderes lo sabían-, por eso ellos ya habían caminado un buen trecho.

Debemos pelear con nuestros campesinos, indígenas, afros; no se nos puede arrebatar lo poco que queda de nuestra esencia. Hay que recordar que es el campesino quien pone el alimento sobre la mesa; que es el indígena el que nos da la identidad; que son los afrodescendientes la muestra viva de la lucha que debemos continuar.

La Minga por la defensa de la vida, el Territorio, la democracia y la paz; resiste en el Cauca. Se han reunido alrededor de sus ancestros, de la búsqueda del respeto de sus costumbres, de la construcción horizontal de los derechos. Van construyendo sociedad, esquivan la represión que les intenta rozar la piel, luchan para ellos, para nosotros y para Colombia.

Debemos pelear para cambiar los medios de comunicación, que se jactan de presentarnos la verdad, pero en realidad nos engañan. Todos los periodistas –o quienes queremos serlo- hemos pensado el periodismo como “una labor social”. Amigo que ya conseguiste graduarte, de tu pared cuelga un diploma, –quiero creerlo- que te hace “superhéroe”. Es el momento de un poco de inocencia para que recuerdes los primeros días de academia y sueñes con cambiar el mundo, o por lo menos, con llevarle la verdad.

Algunos dirán: ¡Pero que inocencia! Con ellos tomo precaución y les digo: Todos somos inocentes. Unos escribiendo, otros en las urnas.

Debemos pelear para que la paz, que inició con la firma de un acuerdo, no sea arrebatada de nuestras manos, porque el silencio solo es una opción para quienes se han rendido y nosotros poco tenemos de cobardes o derrotados. No debemos callarnos ante quienes desean “modificar” lo que se ha construido, porque como afirmaba Tácito “una mala paz es todavía peor que la guerra”.

Una “mala paz” surge de una interpretación equivocada de los significados, porque la paz no consiste solo en la ausencia de las armas, sino también en cambios estructurales en las formas de gobierno, en las leyes. Para conseguirlos es aún más importante un cambio social, que se ha aplazado por años, pero que en verdad necesita el pueblo colombiano; para que estas (formas de gobierno y leyes) sean equitativas. Es la paz la muestra de tolerancia en todos los lugares, la convivencia amena con el disenso, el respeto por la Constitución y la justicia.

Debemos pelear. Bailemos, cantemos, dialoguemos, discutamos, marchemos, resistamos; así se pelea.

Hagamos todo esto y un poco más para que un día las letras se levanten del papel y luchen con nosotros.

Más de diez días completa la minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz. Más de 12.000 indígenas, campesinos, y representantes de diversos sectores sociales y populares permanecen concentrados en cinco municipios del Cauca: Santander de Quilichao, Cajibio, Piendamó, Caldono, y Puracé. En El Hobo, Huila, hay otro grupo respaldando y apoyando la minga del suroccidente.

Organizaciones sociales e indígenas de Huila, Caldas, Valle y Cauca reclaman la presencia de Iván Duque en este último departamento, en el que más líderes sociales han asesinado hasta la fecha, para que aclare cuándo y cómo va cumplir los acuerdos que pactaron con el Gobierno.

Aunque los indígenas del Cauca han entablado conversaciones en 14 oportunidades con varios funcionarios, se quejan porque aún no se materializa el Plan Cuatrianual que hace parte del decreto 1811 expedido el 2017, el cual recoge más de 1.200 acuerdos, establece una Comisión Mixta y contempla Planes de Acción para cada año.

Los pueblos indígenas se sienten excluidos del país que planifica Duque, pues el capítulo especial sobre la consulta previa, pactado el año pasado, fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como un anexo. Además, los sectores étnicos no fueron tenidos en cuenta en las líneas primordiales del PND, ni hacen parte del artículo 4 que define las metas e indicadores sobre asuntos presupuestales. Hay sospecha de que los 10 billones de pesos que Duque aseguró destinar a las comunidades indígenas los próximos cuatro años, son una falsa promesa como las que repitió cuando era candidato presidencial.

Respetar la autonomía y formas de gobierno propio, cumplir los acuerdos de paz firmados con las FARC, retomar la mesa de dialogo con el ELN, implementar políticas categóricas para acabar con el paramilitarismo y detener el asesinato de líderes sociales, reconocer al campesinado como sujeto político de derechos, proteger paramos y zonas estratégicas de conservación ambiental en los territorios étnicos, expedir el decreto de autoridad ambiental indígena pactado el año pasado en Monterilla, son las banderas del pliego de exigencias de la minga del suroccidente.

Foto tomada del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

Hasta ahora Iván Duque solo ha enviado mensajeros al Cauca. El Alto Comisionado Para la Paz, el Viceministro de Educación Superior, el Viceministro del Interior, el Director Nacional de Gestión de Riesgo, la Procuradora delegada para el diálogo social, y la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que estuvo el 12 de marzo en El Pital, municipio de Caldono.

El Presidente, después de reunirse con los Gobernadores de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, reiteró este lunes que por ahora no atenderá el llamado de la minga: “El gobierno va a seguir enviando delegados para propiciar una conversación clara que parta de la base que nos es a través de las vías de hecho como se construye un mejor país”.

Quien sí hace presencia en el departamento es la violencia estatal encabezada por el ESMAD. El viernes 15 de marzo, fueron detenidos siete buses donde se desplazaban delegaciones universitarias hacia Popayán, capital del departamento y sede del Tercer Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior. El sábado 16, el ESMAD y la fuerza pública invadieron los puntos de concentración ubicados en Cajbio, agredieron a los campesinos que se encontraban allí, les destruyeron los refugios y les quemaron los alimentos y las pertenencias. El domingo 17 resultaron heridas tres personas y otras tres fueron detenidas en Kokonuko, municipio de Puracé. Este lunes 18 de marzo, fueron hostigados los mingueros concentrados entre San Miguel y Asnazu en el municipio de Suarez. Y hoy al medio día, una persona resultó herida luego de que el ejército disparara en el punto de concentración de La Agustina en Santander de Quilichao.

Desde el territorio varias fuentes denuncian la militarización del departamento y se rumora que se prepara una arremetida terrestre y aérea; mas tanquetas, más gas lacrimógeno, más drones, más balas, más disparos. A pesar de las agresiones, los indígenas y campesinos no retroceden. La duración de la minga dependerá del Presidente.

 

El jueves 14 de marzo, en el marco de la conmemoración del día Internacional en contra de las represas, diferentes actores sociales que luchan por defender el territorio participaron en el Encuentro Campesino realizado en el municipio de Oporapa, Huila.

Esta integración tuvo como eje fundamental las preguntas: ¿qué es defender el territorio? Y ¿soy defensor del territorio? De las cuales surgieron respuestas que conllevan a promover la movilización social por aquellas problemáticas que afectan a cada comunidad, pero también a entender que el cuidado del territorio se da desde el pensar y actuar de cada persona que habita el planeta y que desde esta perspectiva se puede luchar contra cualquier proyecto que ponga en riesgo el bienestar del ambiente y el ser.

La actividad organizada por la Asociación Social No a las Represas en el Territorio (ASONARET) contó con la participación de aproximadamente 150 personas entre líderes sociales, alcaldes, concejales y organizaciones como Plataforma Sur, sindicatos de PJA y campesinos. De igual forma, estuvieron presentes diferentes delegados de los municipios del sur del departamento como Pitalito, Acevedo, Salado Blanco, Elías e Isnos, y dos grupos de investigación de la Universidad Surcolombiana, Insurgentes de la ciudad de Neiva y Comunicando Sur de Pitalito.

El Encuentro Campesino, aunque es una fecha de conmemoración, busca principalmente resaltar la fuerza campesina, apoyarla y fortalecerla, así lo dijo Robinson Sánchez, presidente de AZONARET, quien además recalcó la importancia que tienen estos espacios.

Durante el desarrollo de la actividad, intervinieron Lorena Gómez, funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM),  y  Oscar Andrés Hernández Bolaños, integrante del grupo Defensores del Territorio del Sur del departamento del Huila, ambos explicaron las razones por las que resulta imprescindible saber los tramites administrativos y legales de las gobernanzas participativas, las competencias de los Concejos Municipales y las herramientas que están al servicio de la ciudadanía pero que no se utilizan por desconocimiento.

 “Es importante tener incidencia en los procesos de ordenamiento territorial, no solamente en los documentos de planes básicos y esquemas, sino de lo que habita alrededor de ellas como lo son los cuidados de las áreas protegidas, que tienen categoría de Parques Regionales Naturales y de los Distritos de Manejo Integrado que actualmente se están construyendo y definiendo sus planes de manejo. Esas incidencias deben tener un blindaje real para ejercer una protección definitiva en torno a la administración de los suelos de los territorios de las reversas ambientales, para que repercutan de manera directa en el resto del territorio de las entidades territoriales, por ello es primordial que la gente participe. Esto constituye un renglón primordial en lo que tiene que ser la lucha y la defensa del territorio acompañada por la movilización social”, manifestó Oscar Hernández.

Otro aspecto fundamental de estos encuentros que se han realizado desde el año 2015 en Oporapa, es el hecho de participar como municipios en la implementación de propuestas y tareas que fortalezcan cada una de las organizaciones, Juntas de Acción Comunal y actores organizados y no organizados que quieren proteger su territorio, pues como lo afirmó José Herney Trujillo, líder comunitario, “el territorio es nuestro, entonces lo nuestro tenemos que defenderlo”.

Asimismo, Tatiana Salamanca, asistente al encuentro, aseguró que: “Considero que es importante defender el territorio por ciertos aspectos: primero el ambiental, ya que el Huila cuenta con grandes reservas y además tiene el río Magdalena que es uno de los más importantes del país, y si dejamos que multinacionales intervengan con el fin de realizar proyectos de extractivismo o minero energético empezaremos a ver cómo afecta el clima, las tierras fértiles ya no serán productivas, y la contaminación será abundante. Ahí surgiría una crisis social, puesto que nuestros campesinos se verán afectados en cuanto al desarrollo económico en el sistema agrícola y por ende toda la comunidad estará afectada, porque ellos son quiénes nos dan el alimento. También es un tema cultural porque si somos obligados a despojar los lugares en donde vivimos, estaríamos acabando con cierta cultural, ya que el lugar donde vivimos no es solo el pedacito de tierra, sino dónde hemos creado costumbres”

Finalmente, para cerrar el evento, los participantes enviaron un mensaje de resistencia y apoyo a la minga indígena que lucha por sus derechos sociales y ambientales en el suroccidente del país.

La estrategia de criminalizar la protesta y los liderazgos sociales llegó al Oriente antioqueño. El viernes 8 de marzo integrantes del C.T.I de la Fiscalía detuvieron a Ancísar de Jesús Morales en el parque principal de San Francisco, municipio ubicado en la subregión bosques del Oriente de Antioquia.

Ancísar es concejal del municipio, hace parte de la junta directiva de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), organización que a su vez hace parte del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete).

Todo indica que Ancísar seria víctima de un montaje judicial. La Fiscalía le imputó cargos por tráfico de estupefacientes, utilización de menores y tenencia de armas, pues en el allanamiento realizado a su casa, en la zona rural, fue encontrada una escopeta que culturalmente es utilizada para cazar. Son extraños los señalamientos puesto que las denuncias fueron realizadas por una fuente que no se identificó, y corroboradas por una persona que Ancísar había denunciado ante la Policía por vender sustancias ilícitas.

La captura fue motivo de sorpresa y de repudio al interior de la ACA y demás organizaciones y procesos sociales del Oriente antioqueño. Meses atrás Ancísar había manifestado a las autoridades del municipio su preocupación por el aumento del micrótrafico en San Francisco y la participación de los jóvenes en la venta y el consumo. El Alcalde del municipio, el Comandante de Policía, el Presidente del Concejo, el Párroco y el Coordinador del colegio certificaron que Ancísar promovió campañas de prevención en favor de los menores de edad, sin embargo, el juez de control de garantías desestimó tales afirmaciones.

En una carta, los jóvenes del área de comunicaciones de la Asociación Campesina de Antioquia ratificaron el liderazgo de Ancísar, quien desde el 2008 impulsa “el proceso de formación y capacitación audiovisual con jóvenes campesinos en el municipio de San Francisco”. Su principal motivación, manifiestan los jóvenes en la carta, “siempre ha sido propiciar en los demás jóvenes arraigo y sentido de pertenencia por el campo, desde el desarrollo de semilleros artísticos y creativos con niños, niñas y jóvenes de veredas en su municipio y en otros de la región. Buscando generar procesos de permanencia en el territorio, mediados por la comunicación y el arte. Damos fe de la transparencia y del trabajo comprometido de Ancísar, de su sensibilidad, liderazgo y constante preocupación por las problemáticas ambientales y sociales en el municipio”.

José Ariel Rueda, representante de la Asociación Campesina de Antioquia, definió a Ancísar como un constructor de comunidad y sociedad que lleva 14 años desarrollando y apoyando estrategias de producción agrícola orgánica. Ancísar, aseguró Ariel, también participó en la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio, y hace parte de la asociación productora de chocolate ASOFAGUA. “Sabemos que es un falso positivo que busca apagar el liderazgo que lleva en el municipio, porque hay algunos grupos que se perjudican con esto que él ha venido haciendo”.

Tal parece que los únicos que se benefician con la captura de Ancísar son los verdaderos criminales. Por eso la ACA y el Movete exigen su libertad inmediata: porque ser líder social no puede seguir siendo un delito. 

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