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 Por Hernando Steven Oliveros Yara

En la capital del Huila, según la administración municipal, existen 117 asentamientos sin legalizar a lo largo y ancho del municipio. Estos asentamientos llevan más de 20 y 30 años conformados, y por ende no pueden acceder a inversiones que mejoren su calidad de vida. Hasta el momento, solo 28 asentamientos están legalizados en Neiva.

Actualmente, en todas las comunas de Neiva existe por lo menos un asentamiento. Las comunas 3, 5, 6, 8, 9 y 10 son las que cuentan con el mayor número, mientras que en la 1, 2, 4 y 7 se pueden identificar unos pocos. El proceso de legalización ha sido complicado, lento, y vislumbra un panorama de zozobra. Algunos líderes comunales de los asentamientos mencionan que los Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) del oriente de Neiva son de hace 20 años y desde entonces no han sido actualizados. Por esta razón los procesos de legalización de los asentamientos no han avanzado hasta el momento.

Al ser legalizados, aumentan las probabilidades de que sean tenidos en cuenta por la administración municipal, lo que significaría que son reconocidos como lugares habitados y habitables que requieren proyectos e inversión en infraestructura. Lo paradójico es que muchos asentamientos cuentan con todos los servicios públicos, y pagan por ellos; pero no todos están legalizados.

  

La actual administración ha legalizado diez asentamientos de diferentes sectores de Neiva. Algunos de ellos venían con un proceso avanzado de años atrás. En la comuna 10, por ejemplo, se han legalizado los asentamientos Neiva Ya, Palmas II, San Bernardo, Sector Barreiro y Camelias. Y están ad portas de una posible legalización Machines, Palmas III y Álvaro Uribe, este último tiene la particularidad que dentro de los terrenos ocupados hay predios privados. Sin embargo, la comunidad no está del todo satisfecha con el proceso de legalización. De las 185 familias que habitan en Camelias, solo legalizaron 73, y en Sector Barreiro solo 52 de las 140 familias.

Las personas que habitan los asentamientos están a la expectativa de que la próxima administración tenga un compromiso con esta sentida necesidad. Piden que se haga un Plan de Ordenamiento Territorial que incluya los asentamientos del municipio, que se actualice el estudio del AVR, y se ejecute el proyecto de mitigación de riesgo que necesitan. La legalización es un gran beneficio para estas personas, pues así contarían con un terreno propio, y contarían con las escrituras necesarias para poder acceder a créditos y construir o realizar mejoras. De momento, muchas familias no tienen la posibilidad de aplicar para el programa de mejoramiento de vivienda que ofrece el municipio, precisamente por no estar en un asentamiento legalizado.

Por su parte la Alcaldía de Neiva, por medio del Área de Asentamientos de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, ha informado que continúa ejecutando el Plan de Acción de la Política Pública para los Asentamientos Informales del municipio de Neiva. Hasta la fecha, ha recuperado 88 predios ubicados en los asentamientos informales. Además, las personas ubicadas en 300 predios que se encontraban en zona de alto riesgo, fueron reubicadas y accedieron al beneficio de subsidio y vivienda gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varios presidentes de las Juntas de Acción Comunal aseguran que a pesar de contar con muchos problemas dentro de los asentamientos, su mayor deseo es que sean legalizados. Aclaran que si bien es un proceso que tiene unas directrices, sus asentamientos cumplen con los requisitos, y conviene la legalización debido a que muchos de los habitantes quieren mejorar sus viviendas, pero temen hacerlo y que luego estas les sean arrebatadas o demolidas. Debido a que con la actual administración ese deseo no se pudo materializar, piden diligencia por parte de la próxima.

Entre los ciudadanos de a pie, hay quienes afirman que los asentamientos son un negocio que da muy buenos réditos económicos. “Muchas de estas personas se especializan en esta actividad, con el apoyo de políticos y funcionarios inescrupulosos. Una vez invaden le aplican una mejora al terreno y a los pocos meses o años lo venden por intermedio del documento de "compraventa", y quedan listos para invadir en otro sector de la ciudad. Las autoridades saben cómo opera este negocio, pero no aplican ningún control, a sabiendas de que este tipo de asentamientos o barrios son la principal razón del crecimiento desordenado y sin ninguna planificación de la ciudad”.

Negocio o no, lo cierto es que tanto la administración municipal, los líderes, y presidentes de las JAC deben ponerse de acuerdo, y trabajar mancomunadamente para hallar soluciones a la problemática. A diario siguen apareciendo nuevos asentamientos en donde, muchas veces, se vive en condiciones precarias, a diferencia de los que, tal y como lo mencionan algunos ciudadanos, habitan personas que solo pretenden lucrarse económicamente del asunto.

 

 

Por Carolina López Giraldo

 

“¿Cómo puede odiarse el pueblo entre sí, si todos padecen la misma hambre y la misma desolación? Pero conviene a los fines de los explotadores este odio, del cual se ríen, porque mientras ustedes se matan por la pasión política, ellos constituyen compañías, reparten dividendos y se apoderan de las tierras”. Grupo de Memoria 2011

 

¿Cómo explicarle al país que un joven, a pocos días de graduarse como bachiller de un colegio público en Bogotá, tenga que dejar cuadernos, lápiz, uniforme y morral por recorrer las calles de la capital de Colombia, exigiendo oportunidades de educación superior para salir adelante junto a su familia? ¿Acaso se le acusa por soñar con educación superior?

¿Cómo explicarle al país y al mundo que el Estado colombiano, en representación hoy del gobierno de Iván Duque, responde con armas letales, balas recalzadas, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos a las nuevas generaciones de estudiantes y trabajadores que le exigen en las calles educación, salud, trabajo digno, pensión, y sobre todo el derecho a vivir en paz? ¿Acaso se les acusa a nuestros jóvenes de exigir un real Estado Social de Derecho?

¿Cómo explicarle al país y al mundo que millones de jóvenes, al igual que Dylan Cruz, han sido asesinados y desaparecidos forzadamente por el Estado en sus territorios; en esa Colombia que ha vivido la guerra silenciosamente en todas sus expresiones y que ha instrumentalizado la vida de las nuevas generaciones para la guerra, o para convertirlos en víctimas de un conflicto armado que tampoco era de ellos y ellas? 

La escena registrada para la historia y la memoria colectiva en la cual un agente del ESMAD le dispara a Dylan a menos de 10 metros de distancia, es la escena que se ha repetido miles de veces en Colombia cuando el Ejército ejecutó extrajudicialmente más de 4000 jóvenes en los parajes solitarios y oscuros de la Colombia rural y olvidada; ni qué decir de los miles de jóvenes desaparecidos forzadamente en tantas regiones del país, que fueron dados de baja en circunstancias parecidas, iguales o peores a las de Dylan, en la "limpieza social" de la diferencia o del enemigo en cada región de Colombia. ¿Acaso se le acusa a las nuevas generaciones de tener memoria de su historia reciente, la de una generación de niños, niñas y adolescentes asesinados y desaparecidos por el Estado?

¿Cómo no entender que la muerte de Dylan es un homicidio cometido por un agente del ESMAD contra un joven indefenso de 18 años? ¿Qué pretende la Ministra del Interior reconociéndolo ante la opinión pública como un “accidente”? ¿Si ya está individualizado mediante pruebas audiovisuales por qué no han capturado y judicializado al agente del ESMAD responsable de este homicidio?

Como Dylan son miles más los jóvenes, hombres y mujeres. Es gran parte de la generación anterior a nosotros la que hoy no está en este mundo terrenal debido a la Criminalidad Estatal en Colombia.

¿Cómo no reconocer que la única arma de las nuevas generaciones son sus esferos, el papel, su voz, sus cantos y su enérgica alegría para escribir en la historia indeleble la agonía de un pueblo que quiere romper sus cadenas? La cuchara y la cacerola constituyen la única estrategia, la propiedad con que las usamos nos habla de las clases sociales a las que pertenecemos y representamos; el sonido nos invita pronto a una comunidad que se toma la plaza pública, esa plaza que nos pertenece desde la Grecia Antigua, la polis, espacio en el que se construye la verdadera democracia.

Se han metido con las generaciones que no tienen nada que perder, esas que con memoria, organización y acciones no violentas recorren diariamente las calles de nuestras ciudades movilizando sensibilidades políticas frente a las injusticias estructurales de esta adolorida Colombia.

En palabras de Eagleton, “La única cura para el terror es la justicia, y el terror surge cuando la legitimidad se desmorona”. Es preciso superar el pacto de sangre y silencio en estas violaciones de Derechos Humanos; el primer paso para restaurar la legitimidad es negarse a la complicidad y la impunidad.

 

 

 

Seis conversatorios con periodistas e integrantes de organizaciones sociales hacen parte de la programación principal.

 

El auditorio del Claustro Comfama (San Ignacio) será el escenario principal de esta celebración, que tendrá como centro el debate y reflexión alrededor del periodismo alternativo y la comunicación popular, temas que durante 15 años han sido el eje articulador de Periferia.  

El evento iniciará a las 9:30 a.m. del próximo 15 de noviembre, y estará dividido en seis conversatorios, en los que se pondrán en debate diferentes posturas alrededor de preguntas inquietantes y polémicas; se darán pistas sobre el devenir y los retos de los medios alternativos, y se abordará el contexto social, económico y político en las periferias de Medellín y otros lugares del país.

De esta manera, no solo se recogerá la experiencia y el trasegar en estos años de trabajo de Periferia, sino que se generará un diálogo con otros medios alternativos y procesos sociales, para reconocer y visibilizar el aporte que la comunicación popular tiene para hacerle al país.

PROGRAMACIÓN:

-9:30 a.m.: ¿Qué tienen para decirles los procesos sociales a los medios alternativos?
La Organización Nacional Indígena de Colombia, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete), la Unión Sindical Obrera, y el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, conversan con Olimpo Cárdenas (director de Periferia)


-11:10 a.m.: Periferia: un medio que camina.
Johannes Rivas (distribuidor de Chocó), Polidoro Guaitero (distribuidor de San Gil), Mauricio Martínez (distribuidor de Bucaramanga), y Héctor Jiménez (distribuidor de Medellín) conversan con Juan Alejandro Echeverri (periodista de Periferia)


-2:00 p.m.: Periodismo militante… ¿sí o no?
Santiago Rivas (periodista y presentador), Elkin Sarria (director de Contagio Radio), y Olimpo Cárdenas (director de Periferia) conversan con Sara López (editora de Periferia)


-3:20 p.m.: Formatos y lenguajes: diversas manifestaciones de lo alternativo
María Paula Murcia (Mutante), y Gustavo Adolfo Hincapié (Producciones El Retorno), conversan con Mariana Álvarez (directora de Enfoque de Oriente)


-4:40 p.m.: La caricatura y el arte callejero: una irrupción gráfica en los medios.
Orión y Puro Veneno conversan con Átomo Cartún


-6:00 p.m.: Medellín y sus periferias.
Memo Ánjel (escritor) y Reinaldo Spitaletta (escritor) conversan con Juan Alejandro Echeverri (periodista de Periferia)

 

Para estar enterados de las actualizaciones de este evento, pueden visitar la programación en Facebook.

 

De putas: crímenes y corrupción

Soy puta de profesión y estoy putamente indignada por el desfalco que un exfuncionario de la Universidad Distrital hizo con dineros públicos que debieron ser invertidos en las incontables necesidades latentes de este centro educativo.

Acá no me enreden, ser puta me enseñó a ser astuta, audaz, inteligente y a no dejarme meter los dedos en la boca o por lo menos a no dejármelos meter si no es porque un cliente me está pagando por eso.

Para muchas de nosotras las putas es desgarrador, después de extenuantes horas de trabajo, tacones y shows, llegar a la U y no tener un salón para estudiar o un docente para ver la clase.

Así que acá no me enreden.

¿Y la plata de la universidad? Ah… pues me la mecatié en cositas

Para entrar en contexto, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un centro educativo de carácter público ubicado en Bogotá, donde personas de las clases más populares acceden a la educación superior.

Presuntamente, un exfuncionario, quien fue removido de su cargo a propósito de las investigaciones, se mecatió la plata de esta universidad en cositas, se farreó la plata… literalmente se la farreó.

Esta información fue publicada el 14 de agosto del presente año en la página web de la universidad en mención:

“Gracias a la denuncia presentada por el rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Ricardo García Duarte, en enero de este año (2019), la Procuraduría General de la Nación acaba de abrir juicio disciplinario verbal con audiencia pública contra el exdirector del Instituto de Extensión (Idexud), Wilman Muñoz Prieto.

[…] Se evidenciaron situaciones irregulares y posibles casos de corrupción en la gestión de este exdirectivo […] fueron descubiertos hechos que evidencian irregularidades en el manejo de recursos del Idexud […] las pruebas obtenidas mostraban la utilización de una tarjeta de crédito de la Universidad, de cuya existencia no se tenía conocimiento”. 

Según una nota publicada por RCN el 26 septiembre 2019, cuando estaba en su cargo, Wilman Muñoz Prieto se compró (con dinero de la universidad) una camioneta Mercedes Benz y dos costosos carros más, lujosas cenas, estadías en casas de prostitución, entre otras “cositas más”, por el valor de 11 mil millones de pesos.

Se mecatió 11 mil millones de pesos de dineros públicos, mientras la Universidad Distrital se cae a pedazos. Basta con observar cómo los estudiantes de la Facultad de Artes Asab deben estudiar en una sede en la que corren el riesgo de que el techo les caiga encima.

Mientras tanto, el ahora exfuncionario “habría pagado tiquetes de avión, hoteles, cenas en restaurantes, así como ropa y cursos de inglés en línea, entre otras excentricidades como la mensualidad de Netflix… pagó dos vehículos de gama alta (una camioneta y un carro deportivo)”, según publicó El Espectador el 26 de septiembre de 2019.

Chimba, el señor coleccionando carros y comiendo rico mientras que los estudiantes, que casi ni tenemos para comer, debemos ir a estudiar con el estómago vacío en instalaciones realmente precarias, con hacinamiento, falta de inversión en la planta docente, escazas salidas de campo y pocos recursos para investigación.

El crimen no es pagar por putas, el crimen es robarse la plata

¿A quién no le gusta irse de farra? Pareciera que lo criminal del caso fuera pagar por putas y no que se hubiera robado la plata de la universidad. O eso es lo que se rastrea en los medios de comunicación, que en sus titulares llaman la atención sobre este tema en particular: “han pagado putas”, “pagaron prostíbulos”, “estuvieron en casas de prostitución”.

A los medios de comunicación esto les escandaliza más que el mismo desfalco. Más que la crisis de las universidades públicas, o que las condiciones paupérrimas a las que están sometidos estudiantes, docentes y trabajadoras. Más que el hecho de que el trabajo sexual haya financiado más universidades que el mismo Estado. Más que el hecho de que las putas tengamos que ir a putear para poder pagar nuestros propios estudios, y muchas veces el estudio de nuestros hermanos o de nuestras hijas. Más que el hecho de que muchas personas trans ni siquiera puedan acceder a la educación superior.

Soy prostituta, soy estudiante de universidad pública y en las vísceras me efervesce la rabia de saber que aparentemente este exfuncionario se mecatió la plata de la universidad en cositas.

Señor Muñoz Prieto, usted no solo se robó la plata de la universidad, usted se robó miles de sueños. Para muchos de los jóvenes es un sueño entrar a la universidad pública; para muchas de las estudiantes es una pesadilla ver cómo nuestra segunda casa se sume en la precarización.

Este es realmente el crimen, robarse la plata de la universidad pública.

Pagar por putas no es un crimen. Pagar por putas es pagar por un servicio sexual, erótico, de compañía y/o entretenimiento, así como se le paga a un doctor, a una abogada, o a un mesero. Así que no nos estigmaticen siempre relacionándonos con la criminalidad, las drogas y la violencia. La discusión es de dónde salió el dinero, no que se nos pague por nuestra labor.

Crimen es siempre estigmatizarnos y condenarnos a las putas, esto promueve más violencia simbólica, física y verbal hacia quienes ejercemos de manera libre y autónoma el trabajo sexual.

Delito es que el dinero de la educación superior –que debería ser gratuita y de calidad– se pierda y nadie diga nada. ¿Cómo se van a perder 11 mil millones de pesos y nadie se va a dar cuenta? ¿Quiénes eran/son responsables de esa veeduría?

Es un crimen no reconocer el aporte social de las putas a la humanidad, todos los orgasmos proporcionados, el infinito valor de nuestra compañía al sinnúmero de identidades sumidas en la depresión que llegan a nuestros brazos buscando consuelo, escucha y algo de cálidas palabras, todo el entretenimiento que posibilitamos en un sistema capitalista que nos bombardea con realities y abrumadores trancones, la ejemplar resistencia que las trabajadoras sexuales hemos hecho dentro de los movimientos sociales y el movimiento feminista.

El delito es que se roben toda esa plata mientras que nosotras las trabajadoras y los trabajadores de las clases populares, tengamos inhumanas y eternas jornadas de trabajo para que alguien de nuestra familia logre ir a estudiar.

El crimen es que yo, siendo trabajadora sexual, no pueda acceder a un crédito, porque ningún banco, ni el mismo ICETEX, le prestan a una puta y aunque quiera estudiar con crédito no puedo por puta. Nuestra educación nos toca financiarla a nosotras mismas con nuestro trabajo, con nuestra empresa, con nuestro negocio, es decir con nuestras vaginas –algunas con su falo–, con nuestros shows, nuestros tacones, nuestra compañía,  nuestros labios de colores exóticos, nuestra astuta capacidad de convencimiento y nuestra sagrada inteligencia.   

Por eso nosotras, las trabajadoras sexuales que estudiamos con la convicción de que la educación nos debe posibilitar construir un país para la vida digna, llamamos al rector de la Universidad Distrital Ricardo García Duarte a que renuncie voluntariamente a su cargo, una licencia no remunerada no nos basta. ¿Cómo así que se pierden 11 mil millones de pesos y usted hasta ahora se viene a dar cuenta?

Nosotras las prostitutas, que después de salir del puteadero nos vamos a la universidad, le exigimos al Estado colombiano, a la Procuraduría y a la Fiscalía que esclarezcan cómo se permitió tal acto delictivo y quiénes fueron los cómplices, y que se responsabilicen de hacer lo necesario para que se reintegre el dinero robado a nuestra universidad. ¿Se robaron la plata y ahora qué? ¿Qué se van a hacer los bienes adquiridos a través de este dinero malversado? ¿Quién y cómo nos va a responder por esta abyecta fechoría?

La premisa es condenar este presunto criminal que se mecatió la plata de la universidad en cositas y no condenarnos a nosotras las putas que somos trabajadoras de la clase popular como usted que está leyendo esto.

Nosotras las trabajadoras sexuales exigimos respeto, no somos víctimas, no somos los residuos de la sociedad como los medios de comunicación quieren vendernos, nosotras las putas estamos trabajando, estudiando y organizándonos políticamente para incendiarlo todo, volverlo a crear y construir un país para la vida digna.

 

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Colón cruzó el Atlántico motivado por la avaricia, pero los nueve internacionalistas españoles que durante estos días navegaron por los brazuelos del río Magdalena y se internaron en las estribaciones de la Serranía de San Lucas, llegaron a Colombia para demostrar que les preocupa la reactivación del conflicto interno, denunciar ante el Estado español y la comunidad internacional la vulnerabilidad en la que se encuentran los liderazgos sociales y los procesos organizativos, y comprobar que es falso, tal como se cree en Europa, que Colombia atraviesa su época más pacífica de la historia.

Entre el 16 y el 18 de septiembre, los abogados, periodistas, y los defensores de derechos humanos españoles que integran la Caravana Internacionalista -organizada por Paz con Dignidad, Fedeagromisbol y el Cisca-, se reunieron con lideresas, campesinos, jóvenes, mineros, y autoridades del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar, dos regiones golpeadas entre los años 80 y 90 por el paramilitarismo, y en la primera década del 2000 por la represión militar y estatal.

Aunque la nueva oleada de violencia tiene como protagonistas al ELN, grupos paramilitares y a la Fuerza Pública, las causas estructurales siguen siendo las mismas de siempre: el petróleo, los minerales, los corredores estratégicos y la cohesión social y organizativa presente en los territorios.

Pareciese que en estas regiones se apaga la luz de esperanza que trajo consigo lo firmado entre el Gobierno y las FARC. En repetidas ocasiones, diferentes voces del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio manifestaron desesperanza y preocupación por el incumplimiento en los programas contenidos en el Acuerdo de Paz, el incremento del microtráfico y la prostitución, las amenazas a mujeres víctimas de falsos positivos y a candidatos a alcaldías y concejos, los abusos de las autoridades, y la persecución judicial.

Después de escuchar a funcionarios delegados por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para estas regiones, queda entre los caravanistas la sensación de que estos no hacen lo suficiente para salvaguardar los derechos humanos, tomar medidas eficientes que mitiguen las consecuencias de tal conflicto social, y se escudan en una exagerada imparcialidad cuando de repudiar el paramilitarismo se trata. Los funcionarios alegan que hacen todo aquello que la ley les exige. Además, admiten que el capital humano y su capacidad de decisión no basta para recuperar el control administrativo de la zona.

Justamente -a diferencia del terror que traía en los bolsillos Colón- los Internacionalistas esperan que su visita sirva para que se fortifiquen y se reinventen todas esas expresiones organizativas golpeadas y amenazadas por el conflicto. Entre el 20 y el 22 de septiembre, ese mismo propósito esperan esparcirlo por el Catatumbo.

 

En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, se realizará este fin de semana la Asamblea Constitutiva de la Organización Nacional ‘Ciudad en Movimiento’, con la participación de diferentes organizaciones y colectivos que construyen la propuesta de un nuevo país desde los territorios urbanos. 

El objetivo del encuentro es consolidar una Organización Nacional en la que converjan distintos procesos que trabajan para la construcción de territorios urbanos con dignidad y justicia social. Así, ciudades como Popayán, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Pamplona, Bogotá y Cali, estarán reunidas este fin de semana aportando insumos a un pliego de exigencias nacional que tendrá en cuenta las particularidades de cada ciudad.

“Toda lucha urbana debe considerar la protección de los ecosistemas estratégicos que, aunque no estén en los territorios urbanos, inciden indirectamente en la sostenibilidad de las áreas que sí lo están. Los ecosistemas estratégicos valen más que una inversión extranjera, es por eso que defendemos y protegemos en nuestro caso el páramo de Santurbán” comentó Jesús Maldonado, integrante de Ciudad en Movimiento Bucaramanga.

Los ejes fundamentales de Ciudad en Movimiento -CEM- son cinco:

1.Ideológico: comunicación popular, cultura y formación.
2.Derechos Humanos y defensa de la vida.
3.Económico: economías solidarias, trabajo digno, proyectos y formas de autogestión.
4.Movimiento Social y Político: Lucha sectorial, territorial e institucional.
5.Movilización, articulación y alianzas.

Ciudad en Movimiento también rechaza la militarización en las ciudades, la guerra económica, así como la violencia a la que se enfrenta el pueblo colombiano. Esta se ha recrudecido durante el mandato de Iván Duque, dejando como resultado altos índices de asesinatos, inseguridad y desplazamiento interno.

Asimismo, esta organización enfatiza en su carácter antipatriarcal, priorizando espacios de discusión para el tema de mujeres, género y disidencias sexuales.

Una de las principales apuestas es la lucha institucional. En varias ciudades hay candidatas y candidatos al concejo, asamblea y ediles, que buscan combatir y hacer veeduría a la corrupción, un elemento muy marcado en los dirigentes políticos actuales que continúan reproduciendo el modelo neoliberal que ha empobrecido, no sólo a las ciudades, sino a todos los pueblos y territorios de Colombia. 

“Desde Cúcuta, ciudad frontera, estamos participando de esta Asamblea Constitutiva esperando después de esto articular con mayor fuerza e incidencia los trabajos locales que estamos llevando a cabo, para salir de ese centralismo que es otro obstáculo que se nos presenta a las ciudades que no somos principales o que no somos un motor económico para el país, pero que también sufrimos, tenemos necesidades, y que trabajamos por la construcción de poder popular”, afirmó Jessica Ortega, integrante de la Coordinación Transitoria Nacional de Ciudad en Movimiento. 

 Por: La Liga Contra el Silencio- De la Urbe - Mutante*

Ilustraciones por: Elizabeth Builes

El mismo día en que el cantante y youtuber Fabio Andrés Legarda murió por una bala perdida, otras cuatro personas fueron asesinadas a tiros en las calles de Medellín.


Ese jueves 7 de febrero de 2019, en esa esquina del barrio El Poblado, no hubo fuego cruzado. Fueron en total seis disparos. Todos de la pistola nueve milímetros, legal, con salvoconducto, que portaba Jesús Alberto Alarcón, un escolta que esperaba el cambio de un semáforo. Dos hombres en moto se acercaron a la ventana de su carro para robarle y Alarcón reaccionó a tiros.


Cuatro de los seis disparos alcanzaron a uno de los atracadores, Jorge Hernán Ardila Valencia, de 27 años. Herido, corrió unos metros y se desplomó. Murió en la mitad de la misma calle cuando ya se formaba un grupo de curiosos atraído por el tiroteo. Otro de los disparos hirió a Juan Sebastián Ramos Duque, de 21 años, conductor de la moto, el otro atracador, quien trató de escapar y fue capturado por la policía.


La bala restante impactó en la cabeza a Legarda, quien iba como pasajero en un carro que también esperaba el cambio del semáforo. El cantante de reguetón, una celebridad con cerca de tres millones de seguidores en redes sociales, murió a las 5:15 de la tarde a sus 29 años; la Clínica León XIII lo anunció en un comunicado a las 5:40. Una hora después, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en sus redes sociales una fotografía del artista y dijo sentir “dolor profundo”.


Casi a las siete de la noche de ese jueves, Salomón Tobón Pimienta, de 19 años, se reunió con algunos de sus amigos en el Parque del Amor: una pequeña franja arborizada convertida en parque infantil, a un costado del viaducto del metro, muy cerca de la estación Floresta, en el occidente de Medellín.

La voz de Mateo Esk-lones Pimienta, su primo, reconstruye el asesinato desde el otro lado del teléfono. “Los amigos cuentan que se le acercó un man y le dijo: ‘Hoy alguien se va a morir’. Mi primo volteó y le respondió: ‘Uy, no diga eso, pito’. El man se fue y luego volvió en una moto, empezó a caminar como si no fuera para donde ellos, pero después se le arrimó, le disparó y ahí lo dejó tirado”. Ese día Salomón había tenido un altercado con un hombre que lo amenazó por haber salido la noche anterior con su hija. En medio de la discusión llegó la Policía y, según la versión de su primo, le tomaron fotos antes de dejarlo ir. “A la familia le parece mucha casualidad”, dice.


Mateo, o MC Teo, tiene 22 años y es del barrio La Pradera, en la Comuna 13. El Esk-lones que separa su nombre de su apellido se lo debe a la agrupación de hip-hop a la que pertenece desde que era un niño. La creó su hermano, Marcelo, conocido como MC Chelo, a quien también mataron a tiros como a Salomón en el Parque del Amor, el 5 de agosto de 2010.


Chelo tenía 23 años y su muerte hizo parte de una seguidilla de asesinatos cuyas víctimas fueron raperos de la Comuna 13. En ese momento, los colectivos de hip-hop de esa comuna promovieron una consigna para evidenciar que el problema no solo tenía relación con un nicho de artistas en los barrios, sino con la ciudad entera: “No están matando raperos, están matando jóvenes”.


Salomón también estaba metido en la música, le gustaba el freestyle y las batallas de rap. Dos días antes de su asesinato le envió a su primo por celular un último mensaje con una canción que Mateo le escribió a Chelo después de su asesinato.


Para Salomón no hubo canciones ni homenajes. “Mi tía dijo que no hiciéramos nada, que eso era morbo. Nos dijo que iba a dejar el cajón abierto solo cinco minutos para los que quisiéramos verlo por última vez”.


Las otras dos personas asesinadas el 7 de febrero pasado quedaron registradas sin nombre en los informes oficiales que a diario expide la Alcaldía de Medellín. Uno de ellos era un hombre de entre 35 y 40 años. Su cuerpo, con una herida de bala en el tórax, apareció en la vereda Media Luna del corregimiento de Santa Elena. Al otro hombre, de entre 20 y 25 años, lo mataron en el Morro Corazón en el corregimiento de Altavista.

Estas cinco personas tienen varias cosas en común: murieron todos el mismo día, por heridas de bala, todas de sexo masculino. Hacen parte de la lista de 350 personas asesinadas en Medellín hasta el 3 de julio, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). De ellas, 215 eran menores de 30 años, 207 eran hombres y ocho mujeres, y 169 murieron por disparos de armas de fuego. Estas coincidencias refuerzan la idea de que en la ciudad se mata más a tiros, se matan más los hombres y se matan más los jóvenes.

Pero también hay diferencias: solo Legarda, el único famoso entre las víctimas, mereció las condolencias del alcalde de Medellín y un masivo duelo con la utilización de recursos públicos.


“¿Por qué no salió en Q’hubo?”


Fabio Legarda subió a la tarima, tomó el micrófono y durante varios minutos les agradeció a las personas que llenaron el Centro de Espectáculos La Macarena para despedir a su hijo. Fue el domingo 10 de febrero. En tan solo un par de días, familiares y amigos del cantante convocaron un homenaje de cerca de quince mil personas.


El dolor de los allegados y de los miles de seguidores del cantante tuvo un gran despliegue en los medios. Por ejemplo Telemedellín, el canal institucional de la Alcaldía, emitió por lo menos ocho notas sobre el caso en sus noticieros entre el 7 y el 10 de febrero, y en su sitio web le dedicó una transmisión de dos horas y 43 minutos. Entre tanto, la Secretaría de Seguridad, a través de un contrato interadministrativo con Metroparques, entidad adscrita a la Alcaldía de Medellín y encargada de la administración de varios centros recreativos municipales, suscribió el 8 de febrero de 2019 una orden de compra por 374 millones de pesos con la empresa organizadora de eventos D’groupe. En respuesta a un derecho de petición que radicamos, Metroparques aseguró que el destino de esos recursos fue la vinculación al evento en homenaje a Legarda, bajo el lema “Más sueños, menos balas”.


Durante casi dos meses buscamos infructuosamente que el secretario de Seguridad Andrés Tobón Villada nos diera explicaciones sobre la destinación de recursos públicos a ese homenaje y sentara su posición frente al aumento de homicidios en la ciudad. Frente a las evasivas de su despacho, radicamos un derecho de petición que a la fecha seguía sin responder.

Pese a lo sentido, el homenaje a Legarda dejó la sensación de que en Medellín hay víctimas que merecen ser honradas y otras que no, que en la ciudad hay muertos que se lloran e incluso muertos que se celebran. Un fenómeno que ha venido siguiendo de cerca Luz María Tobón, directora del periódico El Mundo. Desde hace varios meses, la periodista dedica un espacio diario en sus redes sociales a hacer un recuento de las personas asesinadas en la ciudad. A veces utiliza un “nos” que resume su postura: “12
de julio, este día nos mataron a dos hombres. Este año la violencia nos ha arrebatado a 363 conciudadanos”.


La directora de El Mundo dice que le preocupa que en la ciudad se esté construyendo la idea de que existen buenos y malos, y que los malos sean catalogados así por ser jóvenes, por andar en moto o por fumar marihuana. Dice ella que el gobierno actual ha creado un enemigo común con estos estereotipos y que, a su vez, tiene un discurso que promueve que “hay gente que es mejor muerta que viva”.


Ocasionalmente, las autoridades de la ciudad han dejado entrever esta narrativa. El 19 de junio de 2016 el secretario privado de la Alcaldía de Medellín, Manuel Villa Mejía, compartió en su cuenta de Facebook una nota de Minuto 30 que informaba sobre la muerte de un supuesto atracador cuando intentaba robar a un ciudadano. “Para que sepan que cuando salen a trabajar ya no es seguro que vuelvan a casa: Dado de baja por policía cuando robaba”, escribió Villa. En una entrevista publicada el 7 de agosto de 2017 en el periódico El Colombiano, el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Óscar Gómez Heredia, fue citado diciendo: “Aquí a la gente de bien no la asesinan. A los que están matando son aquellos que tienen problemas judiciales”. Y el 30 de abril de 2018, en referencia a una ofensiva policial en el occidente de la ciudad, el alcalde Gutiérrez dijo ante los micrófonos de varios medios: “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno y también van cayendo”, y repitió una frase casi idéntica en su cuenta de Twitter.

 


Pablo Montoya, escritor y profesor de literatura de la Universidad de Antioquia, dice que en la década del cincuenta, el “malo” se asociaba con el robo, luego con el narcotráfico, después con las milicias o con los paramilitares, respondiendo a distintos fenómenos que atravesaron la ciudad. “Como supuestamente hemos superado esos estigmas, ahora los malos son los chicos de los barrios —solo por ser jóvenes y pertenecer a los barrios populares—. El discurso del enemigo cambia según el momento histórico”.


Esos chicos son los mismos que menciona Luz María Tobón y los mismos que son asesinados por decenas, semana a semana, sin que la institucionalidad invierta en homenajes. “En Medellín somos elitistas en la recordación de ciertos muertos —dice Montoya—. Mira por ejemplo el caso de Héctor Abad Gómez, un humanista del estrato seis, padre de un famoso escritor del estrato seis, Héctor Abad Faciolince. Estas condiciones lo han convertido en el gran crimen de la ciudad, mientras la otra cantidad de asesinados y desaparecidos está borrada”.


Ángela Chaverra es profesora de Teatro de la Universidad de Antioquia, doctora en Artes y directora del grupo de investigación El Cuerpo Habla, que se enfoca en las relaciones entre el cuerpo, la ciudad y el arte. Dice que los estereotipos tienen en parte la responsabilidad por el poco valor que tiene la vida en Medellín.


La imagen del sicario de Medellín, el de la moto, el de las películas, es una imagen reiterada. “Los sicarios son de esta manera —dice Ángela—, escuchan esta música, se ponen esta ropa, se dejan el pelo así, tienen estas novias. Uno mismo va multiplicando ese estereotipo y uno mismo lo va oralizando. Entonces, claro, cuando los matan: ‘Mírelo, mírele la pinta’. Seguramente fue por algo".


Rodrigo Morales es el director de Q’hubo Medellín. El periódico que dirige es el de mayor circulación en la ciudad, pero al mismo tiempo es, quizá, el medio de comunicación más criticado. A fin de cuentas, ofrece una radiografía de Medellín que atrae tanto como duele. Esas víctimas, las olvidadas y las recordadas, suelen tener un lugar en sus páginas, aunque no quepan todas. “¿Si en no existiera Q'hubo, ¿cómo se enterarían esta ciudad de todos los muertos que hay?”, se pregunta.

En su oficina, en el edificio del periódico El Colombiano, en Envigado, nos planteó una comparación que ejemplifica que, en Medellín, morir también es un asunto de clase: “Te voy a poner un ejemplo: si yo soy estrato seis y mi hijo muere ahogado en una piscina, y llega alguien del Q'hubo a pedirme una foto de mi hijo, le voy a decir al periodista que es un hijueputa, que cómo se atreve a venir e irrespetar mi dolor”, explica Morales. “Pero si pasa exactamente lo mismo en un barrio popular, te reciben, te dan la foto, te invitan a tomar jugo. Yo recibí una vez una llamada de una señora de Bello que me dijo: ‘Es que a mi hijo lo mataron en un mirador, ¿por qué no salió en Q'hubo?".

Que sea en ese periódico donde tengan lugar los muertos que no salen en otros medios se explica, quizá, por la naturalización del homicidio que hace que un muerto cualquiera no sea noticia. Esta pérdida de sensibilidad también podría ser consecuencia de nuestro pasado: la ciudad de hoy es mucho menos violenta que la de hace ya casi 30 años. En 2019, según el informe del SISC del 8 de agosto, las autoridades contabilizaban 401 homicidios, mientras en 1991, el año más violento de la confrontación entre el Estado y el narcotráfico en la ciudad, la cifra llegó a 6349 asesinatos, según estadísticas de la Secretaría de Gobierno de Medellín.


“Si el niño es como lo están revelando, no es rehabilitable”


M. se paró en una esquina del barrio Santa Lucía y por unos segundos siguió con la mirada los movimientos de Darío Alexis Atehortúa, de 43 años, comerciante. Su cuerpo escuálido se veía minúsculo al lado de su víctima. Las miradas apenas se cruzaron hasta que M. sacó un revólver y disparó. Seis tiros, dos muertos. El segundo, Mateo Cuesta Prieto, de 20 años, mensajero.


En la noche del 27 de marzo el video se regó por grupos de WhatsApp y llegó a los medios. En él se ve a M. correr hasta donde puede. Los vecinos lo acorralan en un callejón, pero antes de que lo linchen llega la policía. Pronto se supo que M. tenía 14 años. Después, la Fiscalía aseguró que había cometido por lo menos otros 10 asesinatos y que era integrante de una de las bandas criminales que operan en la ciudad.

La noticia del “niño sicario” —bautizado por algún medio— se multiplicó en cuestión de horas y el linchamiento que la policía impidió en la calle continuó en las redes sociales. El periódico El Tiempo publicó varias notas de seguimiento. En una de ellas, la Unidad Investigativa citó a dos fuentes para que analizaran el video. Carlos Francisco Fernández, “asesor médico” de este medio de comunicación, resaltó la “mirada fría” de M., “descontextualizada del efecto [de sus acciones]”. Y añadió: “Sus héroes son los delincuentes que lo metieron en el mundo de las armas y beneficios materiales. No existen referentes familiares o filiales. Mata por unas zapatillas, un teléfono de alta gama. Cosas imposibles de tener en el ambiente de carencia y pobreza en el que nació”. Olga Albornoz, psiquiatra infantil, complementó: “Si el
niño es como lo están revelando, no es rehabilitable y debería ser juzgado con todo el rigor de la ley […], ha mostrado que es supremamente peligroso”.

Juan Esteban Patiño es psicólogo y hasta noviembre de 2016 trabajó en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, conocido en Medellín como La Pola. Era uno de los encargados del proceso pedagógico y terapéutico de los menores de edad, principalmente de Antioquia y Chocó, que son sancionados con medidas de detención por su responsabilidad en delitos. Es el lugar donde M. se encuentra recluido.


Patiño se ríe cuando comentamos los conceptos de los expertos consultados por El Tiempo. Asegura que es imposible generalizar sobre las posibilidades de rehabilitación y cuestiona que esos profesionales asuman el lugar de jueces, y que sean capaces, con la secuencia de un video, de concluir que una persona “no tiene referentes familiares o filiales”.


En su experiencia con los jóvenes de La Pola encontró que es cierto que en la mayoría de los casos se trata de personas con carencias económicas, pero que de fondo existen condiciones estructurales que facilitan el ejercicio de la violencia. Y en Medellín, dice, poco se ha hecho por atacar esos factores.


Al contrario, el imaginario local pareciera asignarle a los jóvenes de la ciudad la condición de “violentos por naturaleza”, quizá reforzada por la literatura y el cine sobre la Medellín de pillos y sicarios que se hizo famosa en la década del noventa, gracias a obras como La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo o Rosario Tijeras de Jorge Franco. “Si vos crecés en un medio hostil, sea en Medellín o en cualquier otro lugar del mundo, la hostilidad se te vuelve un recurso permanente”, dice Patiño.

“La alcaldía no tiene un discurso orientador”


“La doble moral de nosotros los policías es salir a los medios y decir que la gente no puede tomar la justicia en sus propias manos. Pero nos bajan los micrófonos y decimos: ¿cómo es que no mataron a estos hijueputas?”. Son palabras de un alto oficial retirado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Conversamos con él con la condición de no revelar su identidad. “Es que ustedes los
jóvenes no entienden”, dice varias veces. No entendemos qué es ver morir a un compañero, no entendemos lo que era este país, insiste. Cuando llegamos al tema de los homicidios en Medellín, dice que esa “es una cuestión de imagen”, es decir, un asunto que se gestiona en función de la popularidad de la policía, del alcalde y su administración, y que, por eso, en los escenarios de decisión a veces se invierten las prioridades. “El homicidio es el delito que más preocupa, pero tiene más impacto si se roban un celular. Si matan a tres manes la gente dice que algo debían, entonces no es tan grave”.


Esa idea —anteponer el robo de un celular a un homicidio— también tiene que ver con las prioridades de los ciudadanos.


En 2018, la Secretaría de Seguridad de Medellín llevó a cabo la “Encuesta de percepción sobre victimización, seguridad y convivencia”, que consultó a 4000 personas en las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad. Al preguntarles a los encuestados por las problemáticas que hacen que se sientan inseguros, en los tres primeros lugares figuran los atracos, el consumo de drogas y la existencia de grupos delincuenciales. El homicidio se ubicó en el séptimo lugar. En síntesis, un atraco o que alguien consuma drogas genera mayor sensación de inseguridad que un asesinato.


El oficial retirado, quien participó en muchas ocasiones del Consejo de Seguridad de Medellín, la instancia presidida por el alcalde que reúne a los comandantes de la Policía Metropolitana y de la Cuarta Brigada del Ejército, al secretario de Seguridad municipal, a la dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, a representantes del Ministerio Público y de otras entidades del Estado, asegura que ahí “se toman las decisiones importantes”, pero que también hay asuntos que desbordan esos escenarios formales. “La pregunta que nos hacíamos era: ¿qué podemos controlar y qué no podemos dejar que se desborde?”.


Esa idea conecta con una de las lecturas que se ha hecho constante en los análisis más actuales sobre este tema en Medellín: una funcionario de la Secretaría de Seguridad consultado con el compromiso de no revelar su nombre asegura que hay un margen de maniobra limitado para las instituciones locales y que, por tanto, en algunos escenarios es preferible no intervenir y dejar que se equilibren por su cuenta
las tensiones entre organizaciones ilegales.


Según esa interpretación, la gobernabilidad y la política de seguridad en Medellín depende de la capacidad que tenga la administración de promover acuerdos de no agresión entre las bandas criminales, para recoger los réditos políticos que deja un menor nivel de confrontación y, en consecuencia, de homicidios.


No obstante, las estadísticas plantean un escenario distinto en la administración actual. De los 496 homicidios con que cerró 2015 —el último año de la alcaldía de Aníbal Gaviria— la ciudad pasó a 544 en 2016, 582 en 2017 y 634 en 2018. Según Andrés Tobón, actual secretario de Seguridad de Gutiérrez, este incremento es consecuencia de confrontar de manera directa a las estructuras criminales y de remover y perseguir a sus mandos, como se lo dijo a W Radio el 25 de octubre de 2018.


Con esa interpretación coincide la fiscal Adriana Villegas Arango. El 4 de julio, cuando conversamos con ella en el búnker de la Fiscalía, estaba encargada de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín. Villegas nos dijo que “las capturas llevan a una reorganización de los combos. Cuando se captura un cabecilla y la estructura se debilita, otra estructura que está más fuerte busca ganarle territorio”.


Lo cierto es que, frente a la problemática de los homicidios, la política de seguridad de la administración de Federico Gutiérrez fracasó. En 2016 la administración recibió la ciudad con una tasa de 20.1 homicidios por cada 100.000 habitantes y el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” se trazó la meta de reducir la cifra a 15 al finalizar su periodo de gobierno, es decir, en diciembre de este año. Hasta el 20 de julio, las proyecciones del SISC indicaban que 2019 terminará con una tasa de 26.5.


El incremento además es notable cuando se le compara con otras capitales. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz estableció a finales del año pasado que Medellín fue la única de las cinco ciudades más grandes del país en la que aumentó este fenómeno entre enero y agosto del 2018.


A esto se suma lo que significó la captura y posterior condena de quien fuera su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas Restrepo, a tan solo un año de iniciada esta administración. A Villegas la Fiscalía lo investigó por supuestos nexos con integrantes de la Oficina de Envigado y lo acusó de concierto para delinquir, pero finalmente logró un polémico acuerdo con la justicia y fue condenado por el delito de
abuso de función pública.

En cuanto a la percepción de seguridad, esta administración también se encuentra muy lejos de las metas. Para el momento en que Gutiérrez asumió, el 57 % de los ciudadanos se sentía seguro o relativamente seguro de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad. El propósito del Plan de Desarrollo era más que ambicioso: llevar esa cifra al 100 %. Sin embargo, para 2018 apenas llegaba al 50 %, de acuerdo con los datos de la mencionada encuesta de percepción.

Daniel Yepes es politólogo y fue, hasta junio, el director del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín. Tiene una visión opuesta a la del oficial retirado en relación con el impacto político del homicidio. Nos dijo que ese es el delito por el que se mide la gestión en seguridad de cualquier administración municipal en Medellín. “Usted puede estar bajando todos los indicadores de seguridad, y la percepción de seguridad puede ser mayor porque está bajando el hurto, que es el delito que más afecta a la gente, pero si los ciudadanos ven que los indicadores de homicidio van subiendo, evalúan mal a una administración”.


Desde su punto de vista, la estrategia de capturas promovida por Gutiérrez se quedó corta por la falta de condenas efectivas por homicidio. “Así volvemos mucho más caro ese delito. Si no hacemos las dos cosas, capturas y condenas, nos pasa lo de ahora, que las capturas suben como suben los homicidios”.


Yepes es crítico con la administración de la que hizo parte. Primero, por atribuirse funciones que no le corresponden: “Pudo haber pasado que quienes asesoraban al alcalde desconocían cómo comunicar cuáles son las competencias de cada institución o las conocían y el alcalde no les paró bolas”.


Segundo, por la forma como se definieron los objetivos en materia de seguridad y las metas del Plan de Desarrollo: “Es que la cagamos. El SISC recomendó una tasa de homicidios cercana a 19, bajar un punto frente a lo que encontramos y ni Planeación ni el alcalde lo tuvieron en cuenta”.


Tercero, por la postura frente al homicidio. Yepes recuerda que a principios de 2019 recibió del secretario de Seguridad, Andrés Tobón, que a su vez seguía una directriz del alcalde Gutiérrez, la orden de dejar de contabilizar como homicidios los casos de personas muertas por procedimientos de la fuerza pública.


Esa determinación, afirma —y su versión coincide con la de otro funcionario de la Secretaría de Seguridad consultado bajo reserva—, fue el resultado de la presión que durante los tres años anteriores ejerció la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. La decisión finalmente fue reversada por el alcalde luego de que varias organizaciones sociales y grupos de activistas en contra del homicidio se manifestaran.


Finalmente, el balance de la política de homicidios de la administración de Gutiérrez está marcado por sus contradictorias declaraciones a la hora de referirse a algunos homicidios ocurridos en la ciudad.


En marzo de 2018, luego de que un hombre arrolló con su camioneta a dos atracadores que acababan de robarle, Gutiérrez publicó un trino en el que afirmó que quienes debían ir a la cárcel eran los victimarios y no las víctimas, en referencia a la posibilidad de que el conductor fuera judicializado. El colectivo No Copio envió al alcalde una carta en la que le pidió rectificar y no legitimar la justicia por mano propia y, en su respuesta, Gutiérrez escribió: “Lo he dicho en diferentes escenarios y lo repetiré las veces que sea necesario: nada justifica el homicidio”.


Las palabras de uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad corroboran que al interior de la administración ha existido siempre una contradicción: “La Alcaldía tiene declaraciones, pero no tiene un discurso orientador que guíe sus acciones. Entonces un día decimos que ‘toda vida es sagrada’ y al otro día decimos ‘que van a caer uno a uno’. Mientras tanto, estamos pensando en el enfrentamiento directo con las estructuras y en la captura de cabecillas. ¿Qué más les estamos ofreciendo a los jóvenes además de ‘entréguense o los cogemos’?"


“Un montón de personas dormidas, hipnotizadas”


A Henry Arteaga le dicen el JKE. Es fundador, la cara más visible y una de las voces detrás de Crew Peligrosos, una agrupación de hip hop que también tiene una academia gratuita y colaborativa: 4 Elementos Skuela. Ahora, 20 años después de haberse convertido en uno de los raperos más reconocidos del país, nos recibió en una casa que funciona como estudio de grabación en el barrio Aranjuez, en la zona nororiental de Medellín.


Hablamos de la violencia de la ciudad y de lo que significa resistirse a ella, de su postura frente a la idea de seguridad basada en la vigilancia, la presencia de policía, las cámaras y la tecnología para enfrentar el crimen. También de “seguramente algo debía”, esa frase de la cultura popular que explica uno, dos o cientos de asesinatos.

“Existe un prototipo del buen muerto. Mucha gente dirá: ‘¿Por qué no habrá parado?’ Algo llevaría". El JKE se refiere a un episodio de hace ya más de ocho meses en Envigado, al sur del Valle de Aburrá. El 11 de noviembre de 2018, Gonzalo Montoya, de 21 años, iba en una moto, no atendió una señal de pare y un patrullero de la Policía reaccionó a tiros.


La noticia de la muerte de un “fletero” se regó en internet hasta que un video de alguien que se acercó al sitio donde murió el joven dejó ver su morral con libros y la presión de varias personas para que los agentes no manipularan la escena. Y ahí está el papel de la ciudadanía que reclama el JKE. Dice que Medellín “es como un montón de personas dormidas, hipnotizadas” por los discursos de seguridad que simplifican el problema a una guerra de buenos y malos. “Lo que han hecho los políticos es generar miedo para dar seguridad. Se muestran en sus redes sociales venciendo la delincuencia y muchos se tragan eso”, dice.


Su hija, de unos tres años, aparece en la sala cubierta de grafitis donde conversamos. Él interrumpe, dice que ella es su proyecto frente a esos discursos. Que cuando cumpla 15 años entenderá si sirvió para algo promover el cuidado de la vida.

 

Este reportaje fue escrito por Juan David Ortíz, Elisa Castrillón y Santiago
Rodríguez, del laboratorio periodístico de De La Urbe, para Mutante y con apoyo
de La Liga Contra El Silencio.

 

La caravana tendrá tres recorridos simultáneos, en los que se recogerán testimonios y evidencias de las condiciones de vida de estas comunidades que habitan en un territorio estratégico y biodiverso como lo es el Bajo Atrato.  

 

El próximo cinco de agosto partirá desde Medellín la Caravana Humanitaria por la Vida que recorrerá el Bajo Atrato chocoano, con el objetivo de visibilizar la situación de crisis humanitaria y abandono estatal en que se encuentran las comunidades de esta región.

La caravana, en la que participarán más de 38 brigadistas internacionales y representantes de otras 70 organizaciones nacionales junto con pobladores locales, visitará territorios estratégicos y biodiversos donde el despojo y las amenazas por parte de grupos armados, así como la pobreza extrema por la falta de inversión social del Estado, reflejada en precarias condiciones de salud, vivienda, educación y alimentación, ponen en riesgo la permanencia de la población.

Según los organizadores de esta Caravana, “las fuentes de pobreza son múltiples, el conflicto armado ha desplazado decenas de veces a sus pobladores, y en muchos casos como parte de un plan de reorganización territorial a favor de la explotación de los recursos del territorio, ya sea las plantaciones ilegales de palma aceitera, la explotación de la madera o del oro, o las multinacionales. Además, como lo han mencionado en los últimos años las mismas instituciones colombianas, el Chocó es uno de los departamentos más vulnerables al cambio climático, y vive año tras año las consecuencias devastadoras de los daños ambientales cometidos no solo en su territorio sino también a nivel mundial”.

Por eso el propósito de esta caravana, además de denunciar nacional e internacionalmente esta situación, es contribuir al fortalecimiento de las propuestas que las comunidades han construido para defender el territorio y la vida.

Los caravanistas se dividirán en tres recorridos para visitar simultáneamente las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó – Chintadó, y Curvaradó – Jiguamiandó. “Las comunidades que vamos a recorrer en la Caravana corresponden a los municipios del Carmen del Darién y Riosucio, que junto con Acandí, Unguía, y Belén de Bajirá, componen el Bajo Atrato. Son comunidades que están viviendo un contexto de guerra muy fuerte, debido a los enfrentamientos entre los actores armados del conflicto (Ejército nacional, paramilitares y guerrilla), lo que ha conllevado a que estas comunidades afrodescendientes e indígenas se encuentren muchas confinadas, amenazadas, desplazadas y sus líderes y lideresas asesinados”, manifestaron.

En estos territorios, además de generar un diálogo con las comunidades y recolectar sus testimonios, se harán actividades artístico-culturales, así como una misión médica que recogerá las necesidades más urgentes en materia de salud, y brindará algunas medicinas útiles para la población.  Los tres recorridos confluirán de nuevo el día 12 de agosto en la cabecera municipal de Riosucio, donde en un acto público se presentarán las conclusiones y exigencias construidas durante la Caravana. 

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