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Por Carlos Julio Díaz Lotero – Analista Escuela Nacional Sindical

En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el pasado 15 de abril, el gobierno expidió el decreto legislativo 558 “por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones.”

Una de las medidas del decreto es la reducción de los aportes al Sistema General de Pensiones del 16% al 3%; es decir, no se cotiza la parte correspondiente al ahorro pensional, sino solo la parte que debe cubrir el costo del seguro previsional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia del Régimen de Prima Media, según corresponda, así como el valor de la comisión de administración.

La medida más fuerte y desconcertante que toma el decreto es la determinación de traslado a Colpensiones de aproximadamente, según cálculo de algunos especialistas, de unos 20.000 pensionados, de los casi 100.000 que se encuentran bajo la modalidad de retiro programado a cargo de los fondos privados

La decisión es un reconocimiento de los efectos iniciales del proceso de desintegración del sistema financiero del transatlántico, no a causa, pero si acelerado por la pandemia global del COVID 19.

Recordemos que en nuestro país existen dos regímenes pensionales: El público o de Prima Media (RPM) que administra Colpensiones, y el de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) que manejan los fondos privados bajo la figura de negocio financiero. Los fondos privados utilizan el esquema de los multifondos para que los afiliados puedan escoger que tipo de riesgo quieren asumir en las inversiones de portafolio que hagan las Administradoras de Fondos de Pensiones: conservador, moderado, y de alto riesgo. El fondo conservador tiene más o menos la mitad de los recursos en deuda pública, el moderado el 35% y el de alto riesgo el 15%. La mayoría de los trabajadores, al momento de afiliarse, no dicen el riesgo que quieren asumir, por desconocer el funcionamiento de la llamada economía de casino, y por tanto los fondos deciden por ellos.

Como más de la mitad de los 280 billones de ahorro acumulado, de los más de 6 millones de trabajadores que tenían los fondos privados a diciembre 31 del 2019, se encuentra en el mercado especulativo de valores tanto del país como de Wall Street, el colapso de  esta burbuja ha desvalorizado estas inversiones de portafolio, a tal punto que podrían desaparecer en cuestión de meses, si es que ya no han desparecido.

Como las utilidades de los fondos privados provienen de la comisión que cobran por administrar los portafolios señalados, que es más o menos la mitad del 3% de la cotización que se mantiene, podríamos decir que el gobierno con su política garantiza la ganancia del capital y asume las pérdidas de los trabajadores por los vaivenes del mercado.

Es curioso que hace unos tres meses ASOFONDOS y todos los corifeos neoliberales que exigían rabiosamente acabar con Colpensiones, o por lo menos con el régimen de Prima Media, hoy sea el salvavidas al que le cargan la irresponsabilidad de sus maniobras especulativas. De hecho Colpensiones ya arrastra un déficit de unos $14 billones, que se deben asumir por parte del presupuesto nacional, a lo que hay que sumar otro billón de pesos cuando asuma la totalidad de los pensionados de la modalidad de retiro programado.

Este es un gobierno al servicio de banqueros que han desarrollado un capitalismo parasitario, que ha recibido apoyos por más de $60 billones, mientras reparte  miserias para el sector de la salud, para el sector empresarial de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES),  y para toda la población pobre y sin ingresos.

Lo más sensato que podría hacer el gobierno, si tuviera el liderazgo y la estatura moral para un tiempo de crisis planetaria como la que vivimos, es derogar la ley 100 de 1993, responsable de muchas muertes por la destrucción de la salud pública y el desmantelamiento de la red pública hospitalaria, el deterioro de las condiciones laborales del personal de la salud, la desaparición de los sistemas de prevención de los riesgos laborales, y el robo de los ahorros de toda una vida de una gran mayoría de trabajadores que se dejaron confundir por las artimañas de los mercaderes de ilusiones.

Si tuviéramos un presidente con vocación de justicia social, obligaría a los grupos financieros, responsables de esta monumental estafa contra de la nación y la sociedad, a que asumieran con su patrimonio lo que hoy debemos pagar todos los colombianos.

Pero lamentablemente ese presidente no lo tenemos.

Por Juan Diego Muñoz

Trasladar a Colpesiones a 20.000 personas que cotizan en fondos privados y cumplen los requisitos para pensionarse, significa que la forma piramidal de distribución de las personas dentro del sistema público pensional, se está acotando en su base. Las personas que harán parte del fondo publico entran a la punta, donde están los pensionados. Punta que tiende a ensancharse porque la población colombiana y mundial está envejeciendo, mientras que en la base cada vez hay menos jóvenes que trabajen y coticen para pagar la pensión de los pensionados. Panorama que hará del sistema algo insostenible, pues le cuesta al país 3.5 puntos del PIB, y lo llevará a un posible declive.

El decreto 558 del 15 de abril de 2020 sobre materia pensional, suscitó un sin número de reacciones, como era de esperarse al ser un tema delicado para todos los colombianos. Posiblemente se deba a ese miedo tan generalizado y palpable de saber que “pensionarse” es una de las mariposas amarillas en el país de las realidades difusas y los decretos a dos manos.

El incauto creería que lo que pretende el decreto seria, en primer lugar, permitir que durante unos meses empleadores y empleados no tengan que pagar el monto total de pensiones, sólo mantener lo básico para seguros de vida o invalidez, que sería un aporte del 3% del que se hace normalmente, que corresponde a un 12% del salario por parte del empleador y 4% por parte del empleado. Y en segundo lugar, trasladar a las personas que estaban cotizando en los fondos privados para un retiro programado, por un salario mínimo a Colpensiones.

Para entender la medida que en primera instancia parecería un acto de caridad, desglosaremos lo que pasa con el sistema pensional de Colombia y a quién beneficia en última instancia este decreto.

Comencemos por entender que el sistema pensional fue concebido con la ley 100 de 1993, la cual divide las posibilidades de pensión de la misma manera que los requisitos para acceder a ella. En Colpensiones, la entidad pública, se requieren aportes que se convierten en semanas, las cuales, como mínimo, deberán ser 1.300. La mesada, ósea lo que recibirá el colombiano una vez pensionado, será de entre el 65 y  el 80% del promedio devengado durante los últimos 10 años de trabajo. La pensión no podrá ser menor a un salario mínimo, cantidad que no se garantizaría en el privado, pues el valor de la misma se reliquida cada año de acuerdo con la cuenta de ahorro individual. En los privados, denominados administradores de fondos pensionales (AFP), se requieren 1.150 semanas o un total de capital que se recalcula cada año.

Las diferencias entre ambos sistemas son abismales: mientras en las AFP se puede pensionar antes de la edad legal, estipulada en 57 años para mujeres y 62 para hombres si se cumple con el capital, en Colpensiones es obligatorio cumplir con este requisito, sin embargo, si se llega a la edad de pensión sin las semanas necesarias, se debe seguir trabajando hasta lograrlas, misma obligación tendrán quienes estén en las AFP hasta lograr el monto de capital necesario. Sin importar en cual régimen se encuentre la persona, se pueden realizar traslados de un fondo al otro cada 5 años como mínimo, y 10 años antes de completar la edad de pensión.

El peor escenario dentro del sistema es cuando un cotizante no alcanza los requisitos. En Colpensiones recibirían una indemnización sustitutiva o una devolución de dineros si estaban en una AFP, pero en el caso de la indemnización sustitutiva el afiliado recibirá sus cotizaciones ajustadas al incremento de la inflación, al incremento del costo de vida. En las AFP el cotizante recibe el saldo de sus aportes actualizados con la inflación, más las ganancias de los mismos; por cada peso que se cotiza en los fondos de pensiones, el afiliado a un fondo privado puede recibir entre 2 y 3 pesos más de rendimientos.

Lo que ganan Colpensiones y las AFP con este traslado masivo de personas cercanas a pensionarse es simple: para el sistema público sería un inyección de liquidez y un alivio, pues los ahorros de los 20.000 pensionados trasladados representan cerca de 5 billones de pesos que solventarían el desfinanciamiento que vive Colpensiones; para las AFP representaría una disminución de sus obligaciones para con los propios pensionados, pues, en momentos en los que generan pérdidas y pasivos por la crisis económica, ya no tendrían que administrar carteras de personas que demandan pero no ingresan dinero al sistema, además se libran de las 20.000 mesadas mensuales, que a precio de hoy serían más de 17.000 millones de pesos.

tomada de: elviejotopo.com

Para los colombianos el panorama es totalmente distinto. Según la Dirección de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, “trasladarse de un régimen privado a uno publico implica una mala decisión en el 95.5% de los casos”. Suponiendo que alguna persona hubiera querido trasladarse dos semanas antes del decreto, su solicitud hubiera sido negada inmediatamente.

Además, si cumplían con la cantidad de semana requeridas en el fondo privado, el traslado acarrea 3 años o más de trabajo, y de aportes dependiendo el caso, los cuales ya no serían destinados a sus cuentas personales para aumentar el valor de mesada, sino a pagar las pensiones y subsidios de quienes ya cuentan con esta condición en Colpensiones. Es importante destacar la gran inequidad del sistema público, según el propio Departamento Nacional de Planeación, el 65% de los subsidios pensionales está dirigido a 20% de la población con mayores ingresos. A lo que se les suma los problemas de cobertura del sistema que solo cobija al 25% de los adultos mayores del país.

En el tema de las pensiones, prima el conflicto de intereses políticos por encima del bien común. Ningún miembro del congreso puede afirmar que el sistema marche bien y no necesite una reestructuración. Pero nadie se ha puesto el overol, como se dicen popularmente, para sacar adelante una reforma pensional por decreto de ley, y lo más probable es que nadie se lo ponga.

Este tipo de decretos son pañitos de agua tibia en medio de la crisis. Los más perjudicados, como siempre, son los colombianos de a pie. Tanto los privados como el Estado saldrían beneficiados por este decreto tomado a la ligera que esconde las intencionalidades aplazadas del gobierno, quien desde el año anterior pretendía “eliminar el régimen de prima media (Colpensiones) y aumentar la tasa de cotización de forma gradual”. Estas eran las dos “bombas” de la reforma pensional que Ivan Duque quería presentar al Congreso después de las elecciones regionales. Estos puntos, según Portafolio, “hacen parte de un proyecto de ley que está afinando la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez, y que sería radicado ante el Congreso, con mensaje de urgencia, para que quede aprobado antes de finalizar el año y comience a regir desde el 2020”.

La medida decretada es como el velo que ponen sobre un cadáver antes de la llegada de los servicios funerarios. Es plausible la podredumbre que hay detrás del sistema pensional colombiano. Nada diferente se puede decir sobre lo que financieramente es evidente: Colpensiones es insostenible en el tiempo, magnifica las desigualdades e implica una carga muy grande para todos los colombianos. En el sistema privado la competitividad es dispar, pues el 80% del sector está en manos de dos AFP, el sustento teórico de su existencia, “los mercados son buenos”, queda sin fundamentos ante las crisis, cada vez más fuertes, que se vienen presentando. Después de la del 1997-2001 y la inmobiliaria del 2008-2009, ahora nos enfrentamos a la del covid-19. Difícil predecir hasta cuándo seguirán los mercados a la baja, las economías arrastrando la deuda y el gobierno dando puntadas para abrir paso a la reforma que quiere implementar.

“Nadie estaba preparado para esta situación”, dice el gobierno ante lo que se avecina. Sin embargo, se le obliga al asalariado a prepararse para una vejez llena de carencias, con una vida llena de abandonos, de dificultades para encontrar un empleo digno que no sea solo por temporadas, de carencias educativas para aprender a manejar el dinero y la importancia de ahorrar o invertir; pero cómo lo van a lograr si el salario mínimo no alcanza ni para vivir el mes entero, si la desconfianza en la institucionalidad es razón más que suficiente para no entrar nunca en el sistema; abundan los casos cercanos de personas a las que engañaron o estafaron, y nunca lograron la pensión.

Estos cambios en las pensiones castigan a la población colombiana, no son la llaga que más lastima, sino una nueva herida en la frágil y deteriorada economía de los bolsillos de los colombiano de a pie; un pincelazo extra en el tétrico cuadro de una vejez en Colombia.

Por: Escuela Nacional Sindical - Juan Alejandro Echeverri

*aunque esta investigación fue terminada el 8 de abril, y algunas problemáticas han sido resueltas parcialmente, todas las denuncias son reales y están documentadas* 

La jefe de epidemiología la llamó a las dos de la madrugada para decirle que no fuera a la clínica, que se quedara catorce días en su casa. La paciente de la habitación 407, con la que tuvo contacto cuatro días atrás, había dado positivo para covid-19. A 81 empleados de la Clínica Las Vegas, y a ella –que al igual que todas las trabajadoras de la clínica pidió proteger su identidad para evitar futuras consecuencias–, les ordenaron aislamiento preventivo obligatorio.

La paciente había llegado a la clínica con una disnea, término clínico dado a una dificultad respiratoria. La sintomatología bastaba para encender las alarmas y optar por un aislamiento tipo N95, uno de los más drásticos en materia sanitaria. La primera prueba que le hicieron arrojó un covid-16, y la auxiliar asegura que los médicos les dijeron que “eso era un primo del coronavirus, que no pasaba nada”. A los días decidieron retirarle el aislamiento N95, entonces las enfermeras empezaron a tratarla con la dotación que normalmente usan: mascarilla convencional, guantes y bata desechable que cubre tres cuartas partes de los pies.

La Seccional de Salud, autoridad que supervisa todas las clínicas y hospitales en el departamento, visitó la clínica el sábado 21 de marzo para informar que la paciente había arrojado un resultado positivo tras una segunda prueba. Los representantes de la Seccional también hicieron un llamado de atención a los administrativos de la clínica, al darse cuenta que el personal no llevaba la dotación de seguridad recomendada. De no ser por la visita de la Seccional y su llamado de atención, no les hubieran facilitado el pijama aislante que desde hace unos días Sintrasass, el sindicato de la clínica, estaba solicitando, y a lo que el director médico se negaba, argumentando que eso significaba un incremento en el costo de los servicios, costo que supuestamente la Clínica Las Vegas no estaba en capacidad de asumir.

El personal médico, y en especial el personal de enfermería, es la primera línea de contagio en la que en muchos países han denominado como una guerra contra un virus. Si el sistema de salud tuviera forma de pirámide, ellos y ellas estarían en la base sosteniendo todo lo demás. Aunque son un eslabón fundamental, el que más se arriesga, el que cura, el que más tiempo pasa en el campo de combate, son también los más desprotegidos y los que más razones tienen para estar angustiados.

Las cifras que llegan del exterior asustan: tanto en Italia como en España son más de 5.000 empleados médicos contagiados de coronavirus. Aunque en Colombia recién empieza la fase expansiva de la pandemia, en las condiciones actuales, después de unas semanas el país podría igualar y superar esas cifras debido a la precariedad generalizada en todo el sector de la salud y la falta de prevención en clínicas y hospitales.

Al igual que el país y el sistema de salud, Fresenius, conocedor del caso español y alemán, además de contar con capital administrativo y financiero, tuvo tiempo y recursos para diseñar protocolos de prevención, pero es difícil mitigar a tiempo el contagio si se escatiman recursos para cumplirlos, tal como sucede en la Clínica Medellín, la Clínica Las Vegas y la Clínica del Prado, tres clínicas privadas de la ciudad de Medellín que el año pasado fueron compradas por la empresa española Quirónsalud, que a su vez es filial de la multinacional alemana Fresenius, una de las más grandes del mundo en el sector de la salud.

El nuevo dueño de Las Vegas, la Clínica del Prado, y la Clínica Medellín, lidera la comercialización de productos y máquinas para tratar pacientes con fallos renales en el mundo. Su red de más de 4.000 clínicas en Norteamérica, Europa, América Latina, Asia y África, brinda tratamiento de diálisis a más de 345.000 pacientes en todo el planeta. Fresenius es la mayor operadora de hospitales privados de Europa, controla alrededor del 10% del sector. En total, Fresenius reportó más de 35.000 millones de euros en ventas y 4.500 millones en ganancias en 2019. La multinacional se vanagloria de prestar un servicio de calidad y brindarle óptimas condiciones laborales a las más de 300.000 personas que emplea en el mundo.

En el caso de Las Vegas, en cuyos estados financieros se reportaron ganancias de casi 2.000 millones de pesos en el 2018, no solo hay miedo de contagiarse y contagiar hijos y seres queridos, sino un sinsabor por el comportamiento de la clínica. Desde que la epidemióloga llamó a la auxiliar, que llevaba cinco días en cuarentena cuando se realizó este reportaje, la clínica no la ha llamado para preguntarle por su estado de salud y tampoco han ido a realizarle la prueba. Además, la incapacidad laboral no fue registrada como un accidente laboral, cuya totalidad del costo económico tendría que asumirlo la Administradora de Riesgos Laborales (ARL); por lo tanto, una parte tendrá que correr por cuenta propia.

Al tramitar la incapacidad del personal aislado bajo la figura de incapacidad por “enfermedad general”, mas no de enfermedad laboral como debió ser en este caso, el proceder de la clínica va en contravía del artículo 4 de la Ley 1562 de 2012, que define la enfermedad laboral como aquella que se contrae producto de la “exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar”. Además, La Clínica Las Vegas desconoce lo expresado por el Ministerio de Salud y Protección Social y por el Ministerio de Trabajo, quienes en un documento conjunto, emitido en marzo, obligan a los empleadores a reportar como accidente de trabajo la posible exposición al virus.

Todas las mujeres entrevistadas para este reportaje son conscientes de que lo peor está por llegar. “Todos estamos muy tensos”, asegura una trabajadora del área administrativa, a quien le preocupa que la clínica la haya provisto de tapabocas, mas no de guantes. Además, cuenta que la clínica está entrenando las enfermeras de radiología y de cirugía para que refuercen las unidades de cuidados intensivos cuando sea necesario: “Hoy me decía una enfermera: yo no me siento en capacidad para atender un paciente así, en esas condiciones. Eso no se aprende de la noche a la mañana”.

Otra de las trabajadoras de Las Vegas dice que “reconocen que somos un riesgo para la familia, somos una fuente de contaminación”. Por eso ella y otras compañeras decidieron cambiar de domicilio mientras ocurre la contingencia. “El niño grande tiene la conciencia de que yo lo estoy cuidando. Pero la niña chiquita no, en este momento lo que siente es la angustia del vacío”, asegura. Mientras en España los trabajadores sanitarios de Fresenius tienen acceso a hoteles, en Colombia la empresa no ofrece esta opción. Ella, por fortuna, cuenta con el respaldo emocional y económico de su familia, pero algunas de sus compañeras, que son la cabeza del hogar y llevan la batuta de la economía familiar, no les alcanza su salario para afrontar los gastos que implica tal decisión:

“No todo el mundo tiene las mismas garantías. Cómo va a darle lo mismo a un jefe que se gana cinco millones de pesos, a nosotros que nos ganamos dos millones. Ahorita tenemos que pensar cómo me voy, cuándo me voy, qué voy a comer; sin dejar de lado las obligaciones que ya tengo: si tengo que pagar los servicios públicos de mi casa, si tengo que hacer la compra, ¿cómo voy hacer para asumir todos los gastos al mismo tiempo? Es algo que nosotras no teníamos previsto”.

La angustia en Las Vegas es tanta que muchos empleados han optado por adquirir gorros y mascarillas por su propia cuenta, otros han renunciado porque sienten que la clínica no brinda la protección necesaria, y a una de las trabajadoras que realiza el aseo la han visto vomitar de la angustia que le genera la posibilidad de contagiar a uno de sus hijos pequeños.

No hay excusas para la falta de protocolos y medidas de prevención. Un mes antes de que se confirmara el primer caso en Colombia, es decir el 31 de enero, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una circular que da unas pautas y ordena asegurar la disponibilidad de insumos para el manejo de infecciones respiratorias agudas y proporcionar a los trabajadores de la salud elementos de protección personal necesarios: mascarillas, guantes, batas, entre otros elementos. Y un día antes de la emisión de la mencionada circular, el Ministerio expidió un manual de bioseguridad que especifica con mayor precisión los elementos de protección personal, los cuales, además de lo ya mencionado, deben comprender “protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo, batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico)”.

Hasta el momento son seis los contagiados que han llegado a Las Vegas. En los camilleros y el personal de aseo también es evidente el temor, pues a pesar de movilizar a los contagiados y limpiar las zonas por las que pasan y permanecen, no les han suministrado mascarillas ni dotación para protegerse. La clínica, por ahora, multiplica los riesgos, pues, al fin y al cabo, tal como lo plantea una de las entrevistadas, son ellas las que están en permanente contacto con los pacientes contagiados, “el médico [solo] va cinco minutos por la mañana”.

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“Yo quisiera meterme en hipoclorito de cabeza. Ayer llegue con los ojos irritados de echarme hipoclorito, de lavarme el pelo. Una llega [a la casa] y no saluda, una dice: córrase que yo entro sola”. El testimonio de Liliana Ruiz, quien lleva 25 años trabajando en la Clínica Medellín, da cuenta de las implicaciones físicas y emocionales del covid-19 entre el personal médico.

Hasta la realización de este reportaje, a la Clínica Medellín solo había llegado un sospechoso portador del virus, del “bicho” como ellas le llaman. Sin embargo, el temor ya contagió gran parte del personal, lo que las obligó, según Liliana, a solicitar ayuda psicológica de la institución, algo que la clínica no había ofrecido hasta entonces. “Estamos muy tristes, estamos angustiadas. Pensamos en la familia de nosotras. Es una situación muy dura para todas. Ayer había compañeras que estaban descompensadas, ni trabajaban ellas, ni trabajamos nosotras por la angustia que tenían”.

Liliana también optó por aislarse voluntariamente de su familia. En su casa solo quedaron ella y su hijo, con quien procura mantener la mayor distancia posible, evita saludarlo de beso como acostumbraba a hacerlo cuando llegaba del trabajo y no ven televisión juntos para prevenir el contagio. Su mamá, su hija y su nieta se fueron a vivir temporalmente a la casa de sus tíos. “El duelo –dice Liliana–, lo hice la semana pasada. Y lloré, porque tener que llevarle el mercado a la mamá hasta el garaje o hasta el primer piso, y dejarle las cosas ahí, no poderla ver si no por una ventana, eso es muy difícil, es muy duro”.

El cuadro clínico del sistema de salud colombiano poco a poco deja al desnudo la vulnerabilidad en la que se encuentra la población en general, y el personal médico en particular. Una vez se puso en marcha la Ley 100 de 1993, el acceso a la salud pasó de ser un derecho a ser un nicho de negocio que grupos financieros y empresas privadas aprovechan para generar dinero. La administración de la salud en Colombia, asegura German Enrique Reyes, excongresista y presidente de la Asociación Médica de Antioquia (ASMEDAS), “se basa en un concepto que se llama administración gerenciada: mucho auditor; ya los directores no se llaman directores, sino gerentes, son empresas”.

La patología del sistema, plantea Reyes, se llama EPS (Entidad Promotora de Salud), privados que hacen las veces de intermediarios entre la enfermedad y la cura. El procedimiento es mucho más complejo, como todo lo burocrático, pero básicamente consiste en un dinero que el Estado le gira a las EPS para que atiendan a los colombianos, y las EPS a su vez contratan con clínicas y hospitales, ya sean públicos o privados, o con cualquier otra Institución Prestadora de Salud (IPS) que haga exámenes de sangre, tome radiografías, preste atención odontológica, u oferte cualquier otro servicio: es decir que el Estado, como en muchos otros países, dejó en manos de empresas privadas la salud de los colombianos. El problema es que el Estado no gira la totalidad del dinero y tampoco la gira a tiempo; las EPS se quedan con un 35% de los recursos que éste le gira, y con otro porcentaje que no les pertenece, recurriendo, entre otras cosas, a la facturación de contratos por un precio más elevado del real; y, a pesar de la creación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), encargada de garantizar el flujo de recursos y hacer control, EPS e IPS (como las clínicas de Fresenius) aprovechan la oferta y la demanda para hacer una especulación del precio de los medicamentos y los procedimientos médicos.

 “El problema es que la salud se volvió un negocio financiero, y cuando hay negocio las empresas promotoras de salud no te van a gastar plata en cosas que no le dan ingresos –explica Carlos Julio Díaz, quien fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT subdirectiva Antioquia y director de la Escuela Nacional Sindical, una ONG que estudia el mundo del trabajo–. El negocio mercantil se fundamenta en que uno hace gastos si contribuye a la generación de ingresos. Nadie hace gastos para no generar ingresos. Yo hago publicidad, pero ese gasto está asociado a un ingreso. Hay actividades que no te generan ingresos, la salud desde ese enfoque es un gasto, un gasto que prevenía que mucha gente se enfermara”.

Debido a este tipo de funcionamiento, el país, en teoría, tiene mayor cobertura, pero una atención de menor calidad. La red pública hospitalaria está en cuidados intensivos, y las condiciones laborales del personal médico cada vez son más precarias. Germán Reyes de Asmedas asegura que ni la red pública ni la red privada están en capacidad de afrontar un escenario de crisis. Colombia actualmente cuenta con 5.300 camas de cuidados intensivos –copadas en un 85%–, de las cuales son pocas las que tienen ventiladores mecánicos. También hay déficit de personal: la Organización Mundial de la Salud, OMS, por ejemplo, sugiere que el país debería tener cinco médicos por cada mil habitantes, y en el caso colombiano la cifra es de 1,7 médicos por cada mil habitantes.

El país tiene deficiencias estructurales y, según Reyes, los responsables de tomar medidas para afrontar la situación no cuentan con las aptitudes necesarias: “Ellos no saben de eso. Ellos tienen un poco de burócratas, muy perfumados, pero que no saben lo que es una emergencia sanitaria. Nunca han estado, ni conocen un servicio de urgencias. Nunca han hablado con los médicos, ni con los trabajadores que están en los servicios de urgencias para saber como enfrentan una emergencia”. Reyes agrega que las medidas del Ministerio de Salud, y por ende las de las secretarias de salud locales, son tardías. Lo que él propone es decretar “una norma que se llamaba urgencia manifiesta, que le permite al funcionario disponer de unos recursos para comprar insumos. Pero como están las cosas, para comprar un guante se necesitan veinte auditores, así es imposible manejar una emergencia”.

La ineficiencia gubernamental pone en riesgo al ciudadano, y la poca diligencia de las empresas pone en riesgo al trabajador de la salud. Liliana, quien tuvo contacto con el único caso sospechoso que ha llegado a la Clínica Medellín, asegura que los planes de contingencia fueron improvisados, y Claudia Irene López, otra empleada de la Clínica y presidenta de la organización sindical Sintraclínicas manifiesta que la empresa, a pesar de que el sindicato lo exigía, tardó mucho en brindarles la dotación de protección adecuada.

Otra de las situaciones que preocupan a Claudia es el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las trabajadoras embarazadas y los trabajadores inmunosuprimidos, aquellos que combaten ciertas patologías con medicamentos que bajan las defensas del sistema inmunológico. El sindicato, dice Claudia, envió una carta a los administrativos manifestando la preocupación, pero hasta el momento “no se ha tomado ninguna medida al respecto”.

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“Estamos muy inconformes porque no tenemos elementos de seguridad con los cuales trabajar”, manifiesta una de las trabajadoras de la Clínica del Prado, la cual pidió mantener la reserva de su nombre. La inconformidad radica en que hasta hace unos días la clínica solo les proporcionaba una mascarilla facial quirúrgica, cuya vida útil es de 6 horas, para trabajar turnos de hasta 12 horas. Ahora la clínica está suministrando las mascarillas N95 recomendadas, pero con la advertencia de que serán suministradas cada mes a pesar de que su vida útil es de 8 horas de manejo continúo.

Pero la preocupación no termina allí. La cuarentena, manifiestan las trabajadoras de las tres clínicas, ha convertido la movilidad un dolor de cabeza. Con la merma del transporte público se han multiplicado las aglomeraciones en el metro, que en épocas normales es la principal fuente de transporte. Para no llegar tarde al trabajo y evitar que las atraquen en horas de la noche cuando la ciudad está oscura y desierta, muchas recurren al taxi para movilizarse, lo que representa un gasto significativo que tampoco tenían contemplado.

Tal como sucede en la Clínicas Las Vegas y la Clínica Medellín, en la Clínica del Prado también hay temor entre el personal. La información, plantea una de las trabajadoras, no ha sido oportuna ni asertiva. No solo el ruido informativo, lo que les envían al WhatsApp, lo que escuchan en las noticias, y lo que dice el vecino, también preocupa en las tres clínicas el hecho de que tengan que lavar su ropa de trabajo en sus casas. Las trabajadoras deben movilizarse por la ciudad llevando en sus bolsos un foco de contagio porque la falta de recursos, según afirman los administrativos, impide que sean las clínicas quienes se encarguen del lavado.

Las entrevistadas esperan que el reconocimiento no solo se quede en una lluvia de aplausos, también reclaman que las clínicas les suministren todos los elementos de protección, y que cualquier elemento, ya sea el uniforme, las mascarillas o los guantes, sean desinfectados y lavados en la propia clínica; piden coordinación entre las autoridades locales y las clínicas para garantizar su movilidad cuando falte el transporte público, y que sean las clínicas quienes asuman el gasto que esto implique; exigen adaptar espacios dentro de los lugares de trabajo para que el personal pueda bañarse, cambiarse y descansar si es necesario; y proponen crear un comité integrado por dos trabajadores y por dos miembros de cada clínica para evaluar las medidas de protección a implementar.

Además de esto, para Lenis González, trabajadora de la Clínica del Prado, resulta prioritario que la institución aumente el pago de las horas nocturnas, pues en otras instituciones, dice, las pagan al doble de lo que se las pagan a ellas.

Los efectos de la pandemia en Colombia recién empiezan, y de momento lo que abundan son preguntas: ¿no es el personal médico el que requiere más atención y cuidado en estos momentos? En las casas matrices de Fresenius y Quirónsalud ¿conocen las condiciones en las que trabajan sus empleados en Colombia? ¿Aprendieron de la experiencia italiana y española, o sus clínicas colombianas cometerán los mismos errores? ¿Sus capacidades económicas y logísticas ayudarán a mitigar los efectos, o se escudarán en los problemas estructurales del sistema de salud?

Cualquiera podría esperar, y exigir, que una multinacional con el músculo financiero y la experiencia de Fresenius dé ejemplo sobre la atención y la prevención requerida en estos momentos. Sin embargo, su actuar negligente profundiza las carencias del sistema de salud colombiano. Una medida o cualquier peso que se escatime para prevenir futuros escenarios, puede ser fatal, no lo tiene que decir un experto. Una de las trabajadoras de Las Vegas se pregunta si lo que quieren es “que todas nos contagiemos por economizarse un peso en estos momentos tan duros que estamos atravesando”.

 

Homenaje: Un mes sin el amigo Marco

Por Alejandro Bedoya

¿Qué se siente en el umbral de la muerte? ¿Cuáles son tus pensamientos al saber que tienes a tu alrededor a aquella compañera de vida, y que ahora sí está totalmente decidida a llevarte contigo?

 Quisiéramos saber eso, compañero Marco, pero no lo sabremos sino cuando nos volvamos a encontrar contigo y con el resto, todos y todas ustedes que se nos adelantaron algunos pasos, pero que tarde o temprano los alcanzaremos, porque ya sabemos que si hay una certeza en esta vida, es esa, la muerte.

 Y aunque tenemos la certeza de que ella es una compañera inseparable en nuestro paso por este mundo, no por eso andamos regándola a sus anchas, por campos y ciudades, por selvas verdes y de cemento; hasta ese último acto de nuestras vidas debe estar lleno de dignidad. A pesar de esto convivimos con otros seres, estos sí cultores de la muerte, esparcidores de ella por todos los rincones que transitan.

Marco, hoy en este torbellino de incertidumbres que es nuestra amada tierra, nuestra querida Colombia, te arrebataron de su seno. Aún no tenemos la certeza de sí fueron los viejos señores de la guerra, o si fueron los nuevos, eso da igual, lo concreto es que le sirven al mismo dueño, y que tu muerte es útil para que su reino se perpetúe. Solo sabemos que quienes te mataron son bastante ineptos e inservibles, y no nos referimos necesariamente a los tres mercenarios que te llevaron hacia tu último viaje. Solo saben disparar y acumular riqueza. Los otros bañan sus lenguas con grandilocuencias y sueños de Patria, pero son incapaces de debatir con un campesino e intentan solucionar las cosas a punta de metralla. Y en ese mar lleno de torbellinos, allí esperan los rapaces para devorar en esas aguas revueltas.

¡Amigo! así como te referías a tus compañeros; amigo, el sur te ha llorado y te ha sembrado. Tu hijo, a quien estaríamos casi seguros le dedicaste tus pensamientos en esos momentos determinantes, crecerá orgulloso del padre que lo engendró y lo educó, hasta donde se lo permitieron. Orgulloso de ese campesino que intentó nadar a contra corriente, impulsando la transformación de ese pedazo de nuestro país, la puerta de la Amazonía, con las comunidades, con sus gentes. Decimos que a contra corriente porque los intereses allá son claros: petroleras y narcotraficantes, fue contra esos depredadores que tú luchaste, a lo que dedicaste tu vida, y, finalmente, quienes se benefician con tu asesinato.

El camino está para ser andado, para ser recorrido. Ahora la carga es más pesada porque toca seguirlo sin ti, pero podés tener la certeza de que lo seguiremos andando, sin duda alguna, ese camino trillado por ti y muchos otros y otras, seguirá siendo construido y transitado, porque en esta tierra el sol alumbrará para todo el mundo, eso lo garantizamos. ¡Amigo! espéranos tantico, tantico nomás, pronto te alcanzaremos y te llevaremos las buenas nuevas de justicia, libertad, dignidad, paz y alegría, todo lo que hoy nos niegan. Tu sabes que siempre cumplimos la promesa, finalmente para eso están, para ser cumplidas.

Buen viaje, que el viento te sea leve, acá el sur te llorará con el puño en alto.

 

Ilustración: Átomo Cartún

“Cuando México envía su gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas, que traen drogas, crimen y son violadores”; “Por qué no regresan y arreglan los lugares totalmente destrozados e infestados de crimen de donde vinieron”; “¿Por qué tenemos toda esta gente de países de mierda viniendo aquí?”; “Este es un país en el que hablamos inglés, no español”; “Pido el voto de cada negro que hay en este país. ¿Qué pueden perder? Viven en la pobreza, sus colegios son malos, no tienen trabajo, el 58% de su juventud está desempleada… ¿qué demonios pueden perder?”.

Estas son algunas de las declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su presidencia o su campaña presidencial, algunas por tuiter, otras a medios de comunicación en conferencias de prensa, mítines o debates presidenciales.

Pero el coronavirus obligó un cambio radical en la retórica migratoria del multimillonario devenido a presidente.  Hasta hoy, jueves 16 de abril, Estados Unidos registraba más de 644.188 casos positivos y más de 28,579 muertes.

La pandemia y el confinamiento hacen que ciertos oficios sean hoy más importantes que nunca. Oficios esenciales, que por lo general desempeñan los migrantes, como el de sembrar y recoger las cosechas. “Queremos que vengan [los inmigrantes que vienen a trabajar el campo]. No estamos cerrando la frontera […] van a continuar viniendo”, dijo Trump el 1 de abril, consciente, aunque le cueste aceptarlo, que sin aquellos migrantes que no tienen un status de residencia legal, la cadena de suministro de alimentos no funciona. Justo esta semana comienza en Estados Unidos la recolección de fresa, y en 15 días la de cerezas y arándanos. Según cálculos de la Universidad de California, 800.000 personas trabajan en la industria agrícola de ese Estado, 60% de los cuales son inmigrantes indocumentados.

A los días de ser electo presidente, Trump aseguró en noviembre de 2016 que deportaría a más de dos millones de inmigrantes indocumentados en sus primeros días de gobierno. Las cifras no fueron las prometidas, sin embargo el hostigamiento y la persecución han sido su bandera. El 27 de abril del año pasado, por ejemplo, prohibió la entrada a su país de sirios, iranís, sudaneses, libios, somalís, iraquíes y yemeníes. También a ciudadanos de Bielorrusia, Birmania, Eritrea, Kirguistán, Nigeria, Sudán y Tanzania.

Solo entre junio y julio del 2019, la Patrulla Fronteriza norteamericana arrestó a más de 700.000 migrantes. Para expulsar más migrantes en menos días, el 23 de julio del mismo año, el gobierno estadounidense decretó un nuevo marco normativo que autorizaba la expulsión de cualquier migrante indocumentado que no lograra demostrar que llevada dos años residiendo en el país, sin importar dónde fuera arrestado y sin derecho a acceder a un abogado. Desde el 21 de marzo hasta el 9 de abril de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza había expulsado alrededor de 10.000 inmigrantes.

Ante el viraje retórico y normativo, la policía migratoria dijo en un comunicado que “la gente no debería evitar la atención médica por miedo a la actividad de la policía de inmigración”. Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional ya había anunciado el aumento de 35.000 visados de un año para que los empleadores pudieran contratar trabajadores extranjeros que desempeñaran actividades no agrícolas como la hostelería o el turismo.

“Los inmigrantes están trabajando en los supermercados, en el campo, procesando la comida, en la construcción. Son las personas que, en momentos de emergencia, mantienen este país funcionando”, dijo a El País de España Sindy Benavides, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.

Ningún otro presidente de Estados Unidos publicitó su xenofobia como Trump, pero es poco probable que Trump supere a Barack Obama en número de deportaciones. El presidente afroamericano ha sido el más deportador de la historia. Entre el 2009 y mediados de 2016, a un año de que finalizara el segundo mandato de Obama, el Departamento de Seguridad Nacional había contabilizado 2.768.357 inmigrantes deportados.

Las declaraciones y decisiones de Trump son un boomerang. El tiempo, poco a poco, da la razón a quienes señalaron los errores del presidente estadounidense, quien en 2018 decidió eliminar un cargo en Pekín, cuyo propósito era ayudar a detectar brotes de enfermedades en China; quien además dijo que el covid-19 era una simple gripa, y es su país el que registra la mayor cantidad de muertos. 

A casi un año de que termine su mandato, el hombre más poderoso del mundo tuvo que abrirles las puertas a los inmigrantes para que siga respirando su economía, para que las calles de su país estén limpias y para que no falte el alimento en las mesas de la primera potencia militar, económica y política del mundo.

 

Por Víctor de Currea-Lugo

En memoria de los colegas muertos por el coronavirus

Gracias al modelo establecido por la Ley 100 de 1993, cuyo senador ponente fue Álvaro Uribe Vélez, y gracias a todos los gobiernos que desde 1990 han impulsado, ya durante 30 años la privatización en salud, nuestro personal está en un terrible escenario para enfrentar la pandemia.

El personal auxiliar de enfermería gana a veces menos que un mínimo, hay médicos en Bogotá que les deben salarios de hace cuatro meses y en las regiones apartadas adeudan salarios desde hace casi un año.  La privatización de la salud ha llegado a tal punto que, mientras un obrero recibe un uniforme de su empleador, ya es usual que el personal de salud compre sus propios uniformes. Las pésimas condiciones de bioseguridad no aparecen con la pandemia, sino que ésta más bien las hace públicas ante una sociedad que sigue sin creer que el derecho a la salud existe.

Las formas de contratación a destajo, por unos pocos meses, sin garantías ni dignidad, son una constante. Algunos colegas viven todavía ilusionados en el ejercicio de una profesión liberal que hoy es más exactamente la de un obrero calificado, que no lleva un overol azul, sino una bata blanca. Por eso algunos le tienen miedo a la palabra “sindicato”, porque nos quita estatus (!). Es la Ley 100 la que, imponiendo modelos de eficacia, obligó a consultas psiquiátricas de 20 minutos, a sueldos precarios y a medición de la calidad médica en pacientes por hora y en menos exámenes de laboratorio.

Con eso enfrentamos ahora una pandemia en la que, según la Federación Médica Colombiana, solo el 45% de los médicos tiene tapabocas, 21% gafas de protección, 5% escudo facial y menos de 3% trajes de bioseguridad. Mientras el personal de salud chino parece un grupo de astronautas, y que (a pesar de la protección) más de 11.000 trabajadores de la salud se han infectado en España, aquí en Colombia los dueños del negocio de la salud, al igual que el Gobierno, señalan a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), y estas a su vez se escudan para que al final los trabajadores de la salud sigan desprotegidos. Algunos hospitales han hecho firmar, a médicos mayores de 60 años, su renuncia a cualquier reclamo si en el ejercicio de su profesión se infectan.

Yo propuse los aplausos, como una forma de reconocimiento de la sociedad al sector salud, pero con esto no buscaba evitar la discusión sobre las pésimas condiciones laborales, sino generar un primer escalón hacia el reconocimiento de sus derechos. Curiosamente, para algunas personas, el aplauso reemplazaba la solidaridad: entonces podrían aplaudir de noche, mientras de día discriminan al personal de salud, presionándolos para que no les arrendaran, tratando de echarlos de los conjuntos residenciales, colocando letreros en los ascensores para que el personal de salud no los utilizara, prohibiéndoles entrar en los supermercados, no llevándoles domicilios de alimentación o no prestándoles servicios de taxi. Ese es un reflejo de la sociedad que tenemos.

Esa sociedad fue precisamente la que, democráticamente, voto contra la paz, no voto contra la corrupción y eligió a Duque. Ese presidente que ahora hizo un gasto millonario en tanquetas para el ESMAD en medio de la pandemia, el mismo que fue aupado al poder por el creador de la Ley 100, el mismo que quiere aplanar la curva epidemiológica a martillazos. Un país donde se invierte millones en cada miembro del ESMAD, pero solo unos pocos centavos en el personal de salud; así Colombia parece tener recursos para tratar de aplastar el estallido social, pero no para proteger un personal de salud que usa bolsas de la basura para improvisar equipos de bioseguridad. Las comunidades más pobres tendrán un mayor impacto porque la pobreza sigue siendo el principal factor de riesgo en una epidemia. De hecho, el primer caso confirmado del virus en el pobre departamento de Chocó es el de una enfermera.

La pregunta es: ¿Qué tipo de salud queremos? Yo apuesto por uno que salve vidas y que ofrezca un trabajo digno. El que me diga que la Ley 100 está bien escrita pero mal aplicada, es simplemente porque no conoce la Ley 100. Y a aquellos que, siendo trabajadores de la salud, defendían las EPS les hago una última pregunta: Ustedes creen que unas instituciones que los han explotado, precarizado laboralmente, negado sus derechos, limitado al máximo el ejercicio de su autonomía y de su ética como profesionales de la salud, ¿van a portarse de una manera diferente en medio de una pandemia?

Ya en pocas semanas han dado la respuesta: continuación de contratación injusta, propuestas de reducción salarial, amenazas de despido, desvío hacia el propio personal de salud de la adquisición de elementos de bioseguridad, demoras en las transferencias a los hospitales. Entonces ¿Qué supone uno? Fin del comunicado.

 

Foto: semana.com

Habitando la espera-nza

Texto: Joaquin

Ilustración: Valentina González 

 

En los días que supe que la tal pandemia estaba posicionándose en los pensamientos paranóicos de la gente, sólo podía pensar en lo egoístas que estaban siendo algunas personas amigas, al publicar en sus redes sociales sus posturas sobre lo fácil que sería abordar el encierro recurriendo a clases virtuales, trabajar desde las casas y solucionar asuntos médicos vía WhatsApp.

Tengo que decirlo: les odié al leer sus estados porque el quehacer explorado en los últimos años me ha dado la posibilidad de tener la certeza de que en innumerables veredas y municipios de Antioquia, y otras zonas del país, no disponen de medios suficientes y apropiados para poderse cobijar con estas propuestas, que en principio fueron publicaciones en redes sociales, pero que pasados los días se fueron volviendo realidad.

Afortunadamente, la contingencia me agarró en mi pueblo: San Francisco, Antioquia. Aunque inicialmente no supe qué tan positivo fuera eso, pues hace mucho rato no me veía obligado a convivir y habitar constantemente el mismo espacio que mi familia. Las diferencias y ausencias en la interacción y los intereses de cada personalidad siempre nos prohibieron la confianza y los mimos que veo en otras familias.

Y bueno, me dispuse a la discusión constante sobre lo injustas que estaban siendo las medidas propuestas  de encierro y virtualización, cuando una gran parte  de las personas pobladoras del Oriente Antioqueño no tendrían forma de “conectarse” a las dinámicas de digitalización de las vidas. Incluso, habría quienes tuvieran los medios, pero no la facilidad de encarrilarse en el reto complejo de manejar las tecnologías de la información.

Y no, no estaba siendo paternalista. Lo que intentaba era que reconociéramos otras maneras de habitar el mundo; que no tenemos por qué imponer lógicas de una partecita de un universo con discurso citadino, la partecita que dispone de los medios y de la facilidad para manejarlos.

Como pueden ver, hasta el momento estaba en un vaivén, entre lo políticamente correcto y la sensibilidad que siempre quiero mantener con un montón de vidas que me importan y me hicieron reconocerles durante el compartir comunitario y la reflexión colectivizada en los territorios que, con las complejidades del día a día, me pusieron a sonreír y me llenaron de motivación para seguir exigiendo justicias y libertades. 

Aun no pensaba en el virus como algo que trastocara de forma drástica mi cotidianidad. Y al cabo de algunos días me tocó hacer consciencia de dónde estaba yo en la ya nombrada crisis sanitaria. Estaba en casa, con comida suficiente para varios días, sin realmente preocuparme por las medidas de contingencia, y sin reconocer que en mi cuerpo se estaba materializando la impaciencia y el estrés de un nosequé que me producía el encierro. Y aunque a veces me suene grosero, era el encierro con una dinámica familiar que, en otros momentos, fácilmente hacía a un lado con uno de mis viajes a otros territorios.

Aquí me encuentro yo en la mencionada crisis sanitaria: un ser convocado a la deconstrucción de prácticas, comentarios y conversaciones machistas, misóginas, homofóbicas y demás, que al omitir los compartires íntimos me perdí por años de mi familia. Ahí estaba yo, enfrentándome a la realidad que casi nadie quiere ver(se), retarse en la paciencia, el amor y la atención promulgada con personas que casi nunca quieren hacer pasitos en los procesos de reflexión, pensarse cómo hacerse menos grotescas, cómo hieren la sensibilidad de otras, en este caso mi familia.

Ese gran reto que me atravesaba era el no juzgar a mi familia aferrándome de los procesos de divagación que asumí en solitario y que se moldearon día tras día sin las interferencias molestas de esas intimidades familiares de las que quizás muchas de ustedes sí podrán hablar. Se me presentó lo insólito: juzgar y confrontar desde mi posición deconstruible, o comprender, callar e intentar.

Ustedes se imaginarán mi fatiga. No habían sido tantos los días de cuarentena, pero yo no aguantaba más, era demasiada información, noticieros, alocuciones presidenciales cada noche, palabras y frases desprevenidas de mi hermano, alegatos en redes sociales, la inconsciencia de la crisis en la vecindad, llamadas paternas innecesarias, ¡no aguantaba más! ¿En qué momento me dio esta terrible crisis mental y corporal?, ¿Por qué mi rostro estaba cayéndose a pedacitos?, ¿por qué mi mente no paraba de desencontrarse en los pensamientos que antes me frustraban, pero no me generaban tanto desasosiego? ¿Qué?, ¿ahora tengo síntomas? Pues bueno, todo lo anterior, y quién sabe qué más se me escapa, andaba alborotándome fuertemente la cotidianidad, y vivirlo en cuatro paredes era una experiencia que no quería repetir. Los síntomas eran amigdalitis, lo demás no hubo inyección que lo curase.  

En medio de todo esto y otras cosas más, a mi mamá se le ocurrió sugerir una mudanza temporal a una vereda del pueblo. Y yo, con todos los enredos planteados anteriormente, grité –mentalmente– de alegría. Fue un sí rotundo, porque no podía(mos) más. Fácilmente nos dispusimos a empacar lo necesario: mi mamá agarró sus novenas de santos, algunas prendas y empezó a pensar en el mercado que llevaríamos; mi hermano tomó algunas ropas y ya estaba listo; y yo, me demoré un rato decidiendo qué libros no podía dejar, también cogí ropa y ya esperaba la salida.

Realmente fue mucho más complejo que eso, pero en resumen así estábamos. Nos vinimos a la vereda de donde es mi papá: La Esperanza. Un día para lavar, organizar la casa y al siguiente ya empezamos a habitar.

¡Qué diferencia! Aire puro purito, árboles adonde mire, por este lado aguacates, que por este hay plátanos y murrapos, si miro pa’ allí veo guayabas y naranjas, plantas aromáticas por montones y un árbol de deliciosos zapotes, que aunque sin cosecha, me genera un pensamiento de tranquilidad y regocijo que afortunadamente me tienen admirado.

Agradezco infinitamente a la existencia que, en estos días de angustia, por aquí todo fuese como si nada. Compadres y comadres compartiendo alimentos, avisos a los gritos de montaña a montaña, y el constante canto de toda clase de animales que como yo transitan libres entre las trochas y los potreros. Venir de una sensación paranóica y extremista del no contacto a un entorno de abrazos y cuchicheos desprevenidos, me hizo rediseñar los pensamientos y aflorar una esperanzadora sensación de no querer marcharme jamás.

Aquí hay tres métodos pa’ recibir la información: la radio funcional y dispuesta a las masas; los celulares, con des-sincronía absoluta con el mundo virtualizado; y el voz a vos fraterno que en ocasiones tergiversa la veracidad. Si bien la primera está a disposición, quienes se encargan de producir y distribuir la información oficial no estaban diciendo mucho pa’l campesinado y sus dudas frecuentes sobre esta crisis. Me encontraba entonces entre la felicidad de la tranquilidad y la incertidumbre de la amenaza que no nos llegaba dicha, pero va uno a saber si física, si rondaba.

Con todo y los peros señalados –más las disposiciones a la tranquilidad–, sí llegó una noticia abrumante: en San Francisco existe un contagiado de covid-19, y vive en la zona rural. La tranquilidad se volvió carcajada resignada, pero pudo el verde inigualable de los campos y al siguiente día, todo de nuevo a la calma.

En este punto tengo una sensación extraña. Si bien la parte íntima del compartir familiar me pone a “volar en el pelo”, y la contentura de habitar estas tierras florecentes y pintorescas me desbordan de sonrisas el alma, al continuar con la historia, curiosamente tengo que volver con demasiado énfasis a algunas de las vainas nombradas al principio, sumando otras que empeoran el panorama y materializan parte de esas injusticias que se evidenciaban en posturas y textos.

Estando en la vereda La Esperanza tengo que vivir de cerca todo lo que igual he defendido, pero no necesariamente había compartido: los teléfonos celulares no tienen señal (a menos de que se ubique en un lugar équis y no se permita movimiento alguno), sólo la escuela de la vereda tiene red wifi, y son abrumadores los intentos fallidos que se deben hacer para lograr la conexión; los trámites administrativos o médicos se preguntan vía WhatsApp, y si al intentarlo estando en el casco urbano me llevaba pura desilusión y soluciones tardías, no me quiero imaginar las odiseas de quienes vean necesario hacerlo desde esta u otras veredas.

Estando aquí he podido escuchar cómo la institucionalidad, a tan sólo media hora de distancia, no llega efectivamente. Cómo funcionarias y funcionarios se la pasan alardeando, en conversaciones informales y en sus redes sociales, del trabajo tan incansable que realizan cada día, cuando la verdad es que pareciera que se cansan tan fácil y rápido que dejan muchos lugares sin la atención que deberían brindarle.

Durante esta contingencia han hecho videos y emitido decretos, que aparte de que sólo son órdenes y más órdenes (cuando podrían estar explicando de fondo el por qué de las medidas, que son necesarias y deberíamos acatarlas pero las personas no deberíamos hacer las cosas por miedo a la represión o las consecuencias legales, sino por la comprensión real de lo que acontece, que en este caso es un virus mortal que nos puede llegar en cualquier momento). Ordenes sin medidas y propuestas claras pa’l grueso campesino de la población.

Tengo que nombrar otro tipo de acciones de la institucionalidad: unos folletos que explican medidas pedagógicas de prevención y tienen una sección de entretenimiento. Creo que sobra decir que, aunque empezó a circular el 28 de marzo, a esta vereda (a sólo media hora de distancia, repito) no ha llegado, siendo hoy 7 de abril, ¿será que aún le podemos esperar?

No puedo discutir el hecho de que las medidas que han tomado en este municipio no sean funcionales, aplaudo varias; lo que exijo, con lo que me molesto y lo que espero que nunca me deje de mover, es la injusticia en las posibilidades de acceso y en las decisiones de personas que trabajan en espacios de gobierno. Desconocen personas y comunidades que existen y sostienen economías y estabilidades de todo tipo. Pero claro, siempre voy a ser una persona de esas exageradas, problemáticas e incómodas que “sólo le gusta ver lo negativo”; y sí, si nadie más va a nombrar lo que está mal, orgullosamente lo seguiré haciendo, más que por orgullo, porque es necesario pa’ poder seguir soñando con la tal anhelada equidad.

Y ya sé que esto va pareciendo encíclica, pero aún me falta reafirmar que estos días me han puesto en la línea más gruesa del desespero, del desespero por tener un estado incompetente y unas figuras administrativas que se la pasan haciendo los mejores esfuerzos y haciendo “lo que mejor pueden hacer”, que, sin decir que esté mal, no ha sido ni será suficiente si las decisiones sólo se toman desde la lógica institucionalista tradicional.

El campesinado colombiano necesita visibilidad, necesita garantías de vida digna. Así como al personal médico, a los voluntarios que apagan incendios y a los integrantes de la fuerza pública y militar, a la gente del campo también les hemos debido aplausos, pero combinados con intenciones de mejorar sus condiciones y el respeto merecido, anhelado y exigido constantemente.

Lo que es claro es que esta dulce espera-nza me desborda en motivación hacia nuevos retos. Me impulsa a no aplacar la búsqueda de justicias sociales y me invita –o exige– que fortalezca mi consciencia y accionar pa’ que después de que pasen estos lamentos, pueda caminar aguerrido a una dinámica de lucha rural que se compone de procesos comunitarios, conversaciones intergeneracionales y co-habitanza en la exigencia de garantías y dignidades pa’ todas las personas y tierras que no están siendo contadas en la satisfacción de sus necesidades.

 

 

El mundo seguirá igual

Texto: Juan Camilo Gallego Castro

Ilustración: Valentina González

 

En mi mesa de noche hay una pila de libros a mitad de camino. Hace casi un año que me cuesta terminarlos. Llego a la casa y estoy demasiado cansado, pareciera que solo los utilizo como un ritual antes del sueño, pues con dos páginas, a veces media, me quedo dormido.

Esto cambió desde que empezó este simulacro de fin del mundo. No paro de trabajar en casa, es cierto, pero tengo espacio para leer de nuevo una historia fascinante sobre ciudad de México, que escribió Juan Villoro, o el perfil del periodista Alberto Donadío. Estar en casa me reconforta, es transitar de nuevo por las hojas de mis libros. Trabajo en una ONG y en una universidad, a lo mejor comprendan por qué en el último tiempo las lecturas de noche fueron esporádicas.

No viajo las tres horas diarias entre mi pueblo y Medellín, ni estoy corriendo para llegar a tiempo a una entrevista o una reunión, ni renegando por que el bus que tomo en la terminal es el lugar más caliente de toda la ciudad. No está el aire contaminado ni el calor sofocante, ni el estrés ni el afán ni el temor de que abran un bolsillo del morral mientras voy en el Metro. Solo en este momento soy consciente de todo eso.

Sigo madrugando como siempre. En la sala encuentro a mi mamá escuchando la misa de las siete. No más empezaba la cuarentena, un bello sacerdote, abrumado ante la iglesia vacía, dijo que le olía a muerte, que le olía a sangre. Debe ser un buen consejero para mantener la calma. Con el paso de los días se la pasa vendiendo cirios, el de cincuenta y el de cien mil.

En la mañana intento escribir o entrevistar a alguien. Mientras, me acompañan un par de perros. El más grande acaba de cumplir diez años y el pequeño, al que llamo Satanás, hoy cumple seis meses. Es un lobo, ya se tragó dos billetes de cincuenta mil y persigue las gallinas de mi abuela como un poseso. Ya desplumó un par de gallos que, por suerte, se salvaron con mi aparición.

Al final de la tarde me reúno con mi familia y jugamos parqués. Es posible que haya pasado una década desde la última vez que estuvimos tirando dados. Mi hermana será mamá en tres meses. Mi sobrina no puede escucharme, pero en esta época de miedo y precaución es un mal momento para nacer; mi mamá está conmigo siempre, pero mi papá está por fuera casi toda la semana, mientras transporta legumbre entre Medellín y Sincelejo. Una vez allá, va hasta Cartagena o Barranquilla. Esta vez le tocó en la capital del Atlántico, en donde lleva dos días esperando que carguen su camión porque la cantidad de carros para cargar es más larga que un viacrucis. El viaje de regreso será eterno.

No mucho ha cambiado en estas semanas, salvo que estoy todo el día en la casa y que mi papá está expuesto todo el tiempo a ese virus del que no paran de hablar en las noticias. Mi única licencia para abrir la puerta de la calle es salir con mis perros a las cuatro de la tarde, luego de comer. Continuamos con las rutinas de siempre, pero con el encierro de nunca. Esto nos tomará varios meses más. El mundo sigue igual de ruin allí afuera. En estos días he escrito sobre personas que perdieron sus trabajos o que les cambiaron el salario de forma unilateral, de campesinos cocaleros a quienes les están erradicando sus matas de manera forzada, aprovechando esta situación, de exguerrilleros que ahora se tienen que ir de Ituango porque este Gobierno no les garantiza su propia existencia, de hidroeléctricas en una región como el Oriente, en donde antes eran guerrillas y paramilitares y ahora son empresas públicas y privadas que quieran quedarse con cada río que encuentran libre.

El mundo seguirá igual. No creo en las encuestas que preguntan si somos más solidarios que antes. No cambiará el sistema, seguiremos en el capitalismo, en la misma depredación de la naturaleza. Cuando todo esto acabe, lamentaremos las vidas que no están, seguirán matando líderes sociales, continuará el amago de presidente y el aire de Medellín volverá a ser la misma mezcla de hollín e ineptitud de algunos políticos y funcionarios públicos.

Mucho han comparado a la Segunda Guerra Mundial con el Coronavirus. Al final de la primera surgió la ONU, se firmaron acuerdos y tratados, el mundo supo lo cruel que era la guerra, pero le siguieron las guerras de Corea y de Vietnam, de los Balcanes y el Golfo Pérsico, de Afganistán y Siria. Igual aprendimos, igual nos seguimos matando. Decimos que nuestras vidas no serán iguales luego de esto, pero, a lo mejor, y como en la guerra, todo seguirá siendo igual.

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