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Por Sergio López

Bajo la exigencia de matricula cero para las Instituciones de Educación Superior (IES) del departamento Antioquia, estudiantes de la Universidad de Antioquia se tomaron la portería de la Avenida Ferrocarril el 8 de julio, luego de que la vigilancia privada no permitiera el ingreso al campus.

A la 1:30 de la tarde se decretó huelga de hambre por parte de una de las estudiantes, horas después se unieron 3 personas más. Al día siguiente, cumplidas las 24 horas en huelga, pactaron una reunión con el rector en la que lamentablemente no escuchó  a los estudiantes y dejó a otros administrativos a cargo del diálogo, quienes claramente señalan que en manos de ellos no está la gratuidad de la matrícula.

Este no es el único punto que reclaman los estudiantes. También piden que se congelen las reformas al Estatuto General que se están llevando a cabo por parte de la administración. Reformas que se activaron en el mes de mayo, donde la comunidad estudiantil y profesoral no se encontraba presente para discutirlas. Además de llevarla a cabo, la información de los cambios no llega a toda la comunidad, se anuncia que es una reforma que se ejecutaría a puertas cerradas y a espaldas de toda la comunidad universitaria. 

Transcurren las horas y los días en la portería de la Unversidad de Antioquia y se suman dos estudiantes más a la huelga, para un total de 6 huelguistas. Las condiciones en las que se encuentran no son las mejores, pues duermen al lado de un alcantarillado donde es constante la reproducción de bichos que pueden afectar gravemente su salud y la de los y las campistas que los acompañan. A parte de esto, el baño que ofrece la administración de la Universidad no cuenta con suficiente espacio y las condiciones necesarias para la cantidad de personas que allí se encuentran en manifestación y resistencia.

La consigna de Educación Pública, Gratuita y de Calidad no es de ahora, es una bandera que ha hecho parte del movimiento estudiantil colombiano y latinoamericano. La crisis sanitaria, ambiental y económica deja en evidencia la necesidad de ejecutar esta propuesta, puesto que los niveles de deserción aumentan debido a las dificultades de diversa índole que enfrentan sus hogares y comunidades. 

La UdeA no es la única que ha emprendido este mecanismo como herramienta de presión, exigencia y resistencia, también lo han llevado a cabo en la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de los Llanos y la Universidad del Tolima. Estas acciones que ejecutan unos pocos representan toda una comunidad universitaria que no busca un pago por estratificación, sino una gratuidad que no diferencia clases socioeconómicas. 

Se hace el llamado a las administraciones locales y nacionales para que inyecten recursos económicos a las diferentes IES del país y se siga construyendo una Educación Pública, Gratuita y de Calidad que siga aportando a la construcción de un mejor país con paz y vida digna.

Por John Edwin Mejía Gomez

Desde el 2019 inició un plan de reforma administrativa y estructural en zonas de vital importancia por su posición geoestratégica. Este consiste en fortalecer la “seguridad” en 5 regiones, incrementar la presencia de la fuerza pública y hacer alianzas inter-institucionales para “robustecer” el esfuerzo conjunto. Al menos en el discurso del que hacen uso el Presidente y los funcionarios públicos así se presenta, pero la realidad demuestra que son otros los intereses a favorecer con la aplicación de estas políticas. 

Hechos como la muerte del campesino Emerito Digno Buendía Martínez, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASAMCAT), a manos del Ejército Nacional, quien intentó hacerlo pasar como guerrillero, hacen pensar lo peor del plan de gobierno llamado “Zonas Futuro”.

¿Zonas Futuro para qué y para quién?

Las Zonas Futuro son una estrategia del gobierno nacional que busca la transición “pacifica” de cultivos ilícitos a cultivos lícitos. En teoría se ofrecen “garantías” para que los campesinos den este paso, y, junto con la colaboración ciudadana, se logre acabar con la inseguridad y el narcotráfico.

El gobierno ha hecho énfasis en que dichas zonas constituyen el 2.4 % del territorio nacional. El plan piensa aplicarse en el Pacifico Nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca, Arauca, el sur de Córdoba, Chiribiquete y los Parques Nacionales Naturales aledaños. La estrategia de seguridad de las Zonas Futuro reeditará la política de seguridad democrática delineada y puesta en práctica en los gobiernos de Álvaro Urive Vélez. Política que no consiste en reforzar las fuerzas militares, más bien se trata de toda una reestructuración institucional de los entes de poder local.

La acción coordinada de las instituciones contempla la participación civil y ciudadana en la creación de los Planes De acción Oportuna (PAO). Al igual que la política de Seguridad Democrática, el sociólogo francés Daniel Pécaut plantea que “la estrategia antisubversiva descansa en el esfuerzo de la participación de la población civil en el esfuerzo militar”.

Las regiones priorizadas para la implementación de  las Zonas Futuro son lugares estratégicos y epicentros del conflicto armado, los cuales se encuentran dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Pese a que el plan habla de la sustitución de estas economías ilegales por economías legales, en sus cuatro estrategias de fortalecimiento de la seguridad no contempla pautas de organización comunitaria o desarrollo económico, se centra únicamente en establecer  las “bases de la seguridad”, así lo expreso Miguel Ceballos, el Alto Comisionado para la Paz, en una reunión en Córdoba.

Estas estrategias, según el gobierno nacional, ya se pusieron en marcha en más de 44 municipios y 995 veredas, lo que preocupa en términos de seguridad rural y campesina es el presagio de masacres, asesinatos selectivos, falsos positivos y violaciones a los derechos humanos, tal como sucedió con la llamada Seguridad Democrática que hoy quieren reeditar con las Zonas Futuro.    

Los hechos recientes

La firma del Acuerdo de Paz buscaba ser una salida pacífica al conflicto armado colombiano, guerra fratricida que hasta ahora ha dejado millones de víctimas, en su mayoría civiles. Al inicio parecía existir voluntad sincera de las partes para cumplir el acuerdo. Sin embargo, con el pasar de los meses emergió la marcada tendencia histórica de lo que han sido los acuerdos de paz en Colombia: falta de voluntad política del Estado, persecución de desmovilizados y la exacerbación de la violencia política.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han asesinado más de 702 líderes sociales y 200 excombatientes de la guerrilla. Departamentos con altas cifras de líderes sociales asesinados se encuentran incluidos en la estrategia de Seguridad Democrática nombrada como Zonas Futuro.

El asesinato de Emerito en el Catatumbo y el de Ariolfo Sanchéz en Anorí, Antioquia, fueron cometidos por el Ejército después de evidentes abusos de la fuerza y en el marco de una escalada violenta de las instituciones del estado contra la población. Estos hechos son justificados o ignorados por el gobierno y su estructura jurídica, militar y política.

La sustitución de cultivos de uso ilícito se ha convertido en uno de los argumentos con los que el gobierno pretende minar y sabotear el Acuerdo de Paz. Las decisiones de Duque son en esencia medidas dictadas desde el Centro Democrático, las cuales se encuentran en plena concordancia con el proyecto imperialista de los Estados Unidos, y la lógica geopolítica de colonización y dominación de los territorios y sus recursos naturales.  

Estas muertes deben ser analizadas a la luz del proyecto capitalista mundial, pues según el académico colombiano Renán Vega Cantor “para mantener el nivel de producción y consumo del capitalismo se requiere asegurar fuentes de abastecimiento de recursos materiales y energéticos, los cuales se encuentran concentrados en unas pocas zonas del planeta, y no precisamente en los Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, que tienen déficits estructurales tanto en petróleo como en minerales estratégicos. Para darse cuenta de la dependencia de recursos por parte de los Estados Unidos, resultan elocuentes algunas cifras. Este país cuenta con el 2% de las reservas mundiales de petróleo y en la actualidad sólo produce el 9% del petróleo mundial, mientras consume el 26% y aloja solamente al 4% de la población del orbe. Simultáneamente, consume el 45% de las gasolinas de todo el mundo y el 26% del gas”.

La posesión y uso de la tierra es fundamental en la manutención del proyecto capitalista. Y a su vez se constituye en uno de los argumentos más fuertes detrás de la violencia en Colombia. Esto es relevante dado que nos permite adentrarnos en dos problemáticas esenciales: el interés estratégico de América latina y Colombia para el proyecto imperialista mundial, y la relación de los hechos nacionales con el panorama internacional.

El interés geopolítico es hacer de Colombia una gran despensa de materias primas y mano de obra calificada para los centros de desarrollo capitalista, además es un punto táctico privilegiado en el escenario geoespacial. Según Renán Vega, “en el escenario de esa guerra mundial por los recursos, América Latina es uno de los principales campos de batalla porque suministra el 25 por ciento de todos los recursos naturales y energéticos que necesitan los Estados Unidos. Además, los pueblos de la América latina y caribeña habitan un territorio en el que se encuentra el 25 por ciento de los bosques y el 40 por ciento de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas el 27 por ciento del carbón, el 24 por ciento del petróleo, el 8 por ciento del gas y el 5 por ciento del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35 por ciento de la potencia hidroenergética mundial”.

Para los Estados Unidos resulta crucial aplicar su política imperialista en Colombia, pues además de ser un país rico en recursos naturales, es uno de los principales productores de cocaína en el mundo. Bajo el argumento de guerra contra el narcotráfico y el terrorismo se instalaron las bases para el intervencionismo gringo.

La relación entonces entre las Zonas Futuro, los cultivos de uso ilícito, los recientes asesinatos de líderes sociales, civiles y campesinos, las estrategias imperialistas para el mantenimiento del consumo, poder de producción y acumulación capitalista, puede sintetizarse con el envió de un nuevo contingente militar estadounidense a Colombia. Hecho que representa una clara violación a la soberanía nacional y una injerencia clara de los Estados Unidos. El comandante de las Fuerzas armadas de Colombia, el General Luis Fernando Navarro, ha justificado la presencia de las tropas extranjeras bajo el argumento de la colaboración táctica

Este hecho no ha sido bien aceptado por la sociedad colombiana que aún recuerda las violaciones y abusos de al menos 53 menores de edad en los que se vieron involucrados varios militares norteamericanos años atrás en Melgar y Girardot. Este nuevo paso dado por el gobierno norteamericano refuerza su posición militar materializada con las bases militares de Malambo, Atlántico; Palanquero, en el Magdalena Medio; Apiay, en el Meta; las bases navales de Cartagena y el Pacífico; y ahora, el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia, en el Caquetá.

Los intereses de los Estados Unidos en Colombia van más allá de la colaboración en la lucha contra las drogas, sobretodo en momentos en los que el capitalismo se enfrenta a crisis civilizatoria y productiva a causa de la covid-19, la implementación y adaptación de las nuevas tecnologías y formas de relacionamiento productivo.

El exorbitante número de líderes sociales asesinados, su sistematicidad e incremento en medio de la Pandemia, demuestran que esto hace parte de una política subterránea de un Estado que se supone fallido y que no obedece a los intereses nacionales, el suyo es un papel servil en el ajedrez geopolítico del imperio norteamericano.

La muerte se encuentra el orden del día en Colombia, pero esta no hace parte de la opinión pública más que como hechos aislados y recurrentes que se naturalizan por la miopía y la negligencia estatal. Esto hechos particulares que encuentran en la Seguridad Democrática o en las Zonas Futuro nicho jurídico y objetivo, develan la lucha necesaria por la liberación, la autodeterminación y la autonomía de los pueblos, pues el proyecto geopolítico imperialista no cesa y el devenir se ve enlodado por la vorágine de la guerra. 

Por  Blandine Juchs

Hemos llegado a percibir por primera vez en nuestras existencias lo que podría ser posible si la maquinaria infernal finalmente llegase a parar, in extremis. Ahora debemos actuar de forma concreta para que no vuelva a funcionar.

Claro está, no podremos devolver las especies desaparecidas, los millones de hectáreas de tierras devastadas, de bosques destruidos, los océanos de plástico y el calentamiento global. Pero de forma inédita en el capitaloceno, los gases a efecto de invernadero disminuyeron casi en todos lados. Franjas de mar y tierra empezaron lentamente a desintoxicarse, así como el aire de las ciudades sofocadas de contaminación. Los pájaros volvieron a cantar. Y para quienes se preocupan de las formas de vida que pueblan este planeta, la pandemia, a pesar de todos los dramas que conlleva, también podría representar una esperanza histórica. Paradójicamente hemos visto esbozarse el giro que la humanidad hubiera tenido que dar hace ya mucho tiempo: disminuir drásticamente la nocividad global de sus actividades. Ni siquiera los incendios de territorios inmensos, las sequías seguidas o las deflagraciones como la de Lubrizol[1] habían logrado imponernos este giro.

Sin embargo, este giro que tanto deseábamos no lo hemos podido experimentar en carne propia, pues estábamos encerradxs. Excepto algunos territorios rurales y espacios urbanos solidarios en los que ya existe otra relación de colectividad, la producción o el cuidado de lo vivo, el confinamiento ha sido para la mayoría de la población el inicio de la pesadilla. Un periodo en el que se fortalecen brutalmente las desigualdades sociales bajo presión policiaca. Y a pesar de lo abrumador de la situación, nuestrxs gobernantes siguen siendo muy resueltxs en darle de nuevo un impulso, tan pronto como sea posible, a todo lo que envenena este mundo y nuestras vidas –mientras nos mantienen aisladxs y controladxs en celdas digitales, desconectadxs de la esencia misma de la existencia.

 

Nada les hará cambiar de rumbo, si no les obligamos ahora

Durante los últimos dos meses, las declaraciones y tribunas se acumularon en nuestras pantallas con una velocidad inversamente proporcional a nuestra capacidad de proyectarnos en acciones concretas. Los análisis necesarios se hicieron sobre el vínculo entre esta epidemia y los flujos económicos globalizados y sus decenas de miles de aviones, la deforestación y la artificialización del medio ambiente natural que reduce los hábitats de los animales silvestres o la ganadería intensiva. Todo se ha dicho en cuanto a la dimensión de presagio de la pandemia, sobre la serie de confinamientos y desastres que se vienen si no le sacamos conclusiones. Más aún cuando el funcionamiento habitual de la economía y de las producciones sobre las cuales se funda nuestro modo de vida seguirá matando en las décadas venideras mucho más y de forma más continua que la covid-19. Pero para el Estado y los lobbies de la agroindustria, la aeronáutica, el sector químico o nuclear, las conclusiones y consecuencias fruto de la crisis sanitaria claramente son otras. Simplemente se aprovecharon para derribar una que otra ley de protección del medio ambiente y derramar pesticidas más cerca de las casas, para reactivar la construcción de aviones o la extracción minera en Guayana francesa... Ahora está comprobado que ninguna crisis, por más grave que llegue a ser, lxs hará desviarse del nihilismo absoluto de su obsesión económica. Hemos tenido dos largos meses para darnos cuenta de aquello. Nos toca ahora actuar y ponerle fin a esto.

El gobierno nos habla del mes de junio como un “nuevo paso” hacia el deconfinamiento que, para él, no es sino la reanudación de la economía y de la destrucción de todo lo que vive. El único “paso” sensato sería actuar para interrumpir los sectores de producción más contaminantes.

¿Cómo actuar?

El deconfinamiento en curso debe ser un impulso histórico para hacernos cargo de nuestros territorios, de lo que se construye y se produce sobre nuestro planeta. Debe permitir dibujar lo que es deseable para nuestras existencias y lo que realmente necesitamos. Es una cuestión de supervivencia, más que cualquier medida o nuevos tipos de confinamiento que nos harán aceptar en el futuro. Significa construir nuevas maneras de habitar el mundo, pero también aceptar la conflictividad directa con lo que nos envenena. Hay industrias que no pararon durante el confinamiento y hoy día tienen que detenerse. Existen otras que sí se interrumpieron y que no deben volver a funcionar. Esto no podrá lograrse sin establecer en el camino vínculos con lxs trabajadores que dependen económicamente de estas actividades. La urgencia social debe pensar con ellxs las posibles mutaciones de las actividades y la reapropiación necesaria de los lugares de trabajo. También contribuir a mantener una relación de fuerzas la cual permita garantizar los ingresos durante el periodo de transición y las necesidades fundamentales de las personas que se ven más precarizadas por la crisis. No llegaremos a impactar de inmediato a todas las producciones que deben ser detenidas. Pero hay que empezar, parar unas cuantas hoy para seguir mañana con otras.

En este sentido, llamamos a lxs habitantes de las ciudades y los campos a que determinen localmente los sectores que les parecen más tóxicos, por ejemplo la industria cementera, fábricas de agrotóxicos o de gases y granadas para la policía, la industria aeronáutica, unidades de cría intensiva de animales o instalaciones de nuevas antenas 5G, clusters de desarrollo y digitalización de nuestras existencias, y todo aquello que implique la destrucción de bosques, flora y fauna.

Invitamos a establecer estas cartografías locales de lo que no debe volver a funcionar, de lo que debe parar inmediatamente. Y hacemos un llamado a planear acciones, bloqueos, concentraciones, ocupaciones. Encontrar la forma de deshacerse de ciertas franjas del mundo mercantil, también es dotarse de formas de autonomía capaces de cubrir las necesidades fundamentales que la crisis sanitaria y social hunde en una situación de precariedad agravada.

Debemos encontrar las formas de movilización pertinentes en medio de la situación que vivimos. Estamos pasando por una época en la que cada una de estas formas puede tener un alcance mucho mayor. Se puede iniciar algo grande entre pocxs, pero también debemos encontrar los medios para ser muchxs. Recurriremos a la tenacidad de las zads[2], el ímpetu de los chalecos amarillos, la inclusividad y la creatividad de las huelgas y ocupaciones climáticas de una juventud que ya no aguanta más crecer en un mundo condenado. Actuaremos ocupando el espacio necesario entre cada persona y con tapabocas cuando sea necesario para protegernos mutuamente. Pero actuaremos.

 

[1]    Fábrica de químicos en el norte de Francia (Rouen) que se incendió en septiembre 2019, contaminando la región.

[2]    Zona a defender, lucha durante los años 2000 y 2010 que logró evitar la construcción de un aeropuerto, también inspiró otras luchas contra “grandes proyectos inútiles”, que retomaron la sigla Zad en varias partes de Francia.

Por Escuela Nacional Sindical

Max Yuri Gil es el coordinador de la Comisión de la verdad para la Macro Región Antioquia – Eje Cafetero. Pero además es un estudioso de la violencia en esas regiones y el país. Conoce como pocos la minucia del trabajo que realiza la Comisión de la Verdad y los órganos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR).

Conversamos con él sobre violencias coyunturales como el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC. También le preguntamos por los imprevistos efectos que tiene la pandemia en el cronograma y la metodología de trabajo de la Comisión, cuyo mandato culmina el próximo año. Max Yuri nos contó que el propósito de la Comisión es entregar el informe final en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Paz:   

¿Cómo ha sido el trabajo de la Comisión en medio de la crisis por el coronavirus?

Nos tocó adaptarnos y eso ha implicado un alto componente de virtualidad. Desde mediados de marzo no hemos podido realizar el trabajo de campo que teníamos previsto. Ya hicimos una reorganización, para poder realizar en el segundo semestre algunas de estas actividades de manera virtual; entrevistas individuales, entrevistas a profundidad, y organizar protocolos para que las personas se acerquen a las oficinas y a nuestros equipos, y puedan dar cuenta de sus expectativas de aportar la verdad a la Comisión. También en el tema de diálogo social estamos pensando hacer muchas cosas a través de redes sociales, internet y comunicación pública. Nos hemos adaptado, pero no es el escenario más favorable.

¿Esta crisis cambia en algo los objetivos de la Comisión?

Nosotros tenemos tres ámbitos que deberían estar relacionándose, teníamos dos y llegó un tercero: primero, la agenda de la democracia en el país. Las discusiones sobre participación política, equidad, reconocimiento, derechos, etc. Segundo, la agenda de la paz que tiene que ver con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, los seis puntos que se establecieron. Nosotros estábamos en ese punto de la paz, de la transición, pero ahora se nos viene encima la agenda de la atención de las victimas del coronavirus, no solamente las victimas del contagio sino las del impacto económico que todo esto está teniendo.

¿Cuál es el problema? Cómo hacemos para que esas tres agendas en vez de competir se articulen, que podamos encontrar las intersecciones de esas agendas para que no terminemos sacrificando una cosa en aras de la otra. En esa medida nosotros hemos expresado, como entidades del SIVJRNR, y como Comisión de la Verdad, nuestra preocupación porque la agenda de la transición termine hundiéndose en el marco de la agenda de la atención a las víctimas de la covid-19.

Teniendo en cuenta esa eventualidad, ¿será necesario ampliar el plazo de trabajo de la Comisión?

Esto tiene una dimensión normativa y una práctica. La dimensión normativa implica que para ampliar el periodo se requiere una reforma constitucional, se necesitarían 8 debates en el parlamento en dos legislaturas, nosotros lo vemos muy difícil. La otra opción sería una demanda ante la Corte Constitucional de un grupo de organizaciones sociales que, dados los efectos sobrevinientes del Coronavirus, pidan una ampliación del mandato de la Comisión. Eso requeriría que las organizaciones se pusieran de acuerdo, lo presentaran ante la Corte y que la Corte declarara exequible [constitucional] ampliar el periodo.

Desde el punto de vista fáctico, creemos que en el Congreso las prioridades son otras, no creemos que sea fácil sacarlo adelante, esto requiere una mayoría parlamentaria, y tampoco tenemos certeza de que la Corte acepte una posible demanda para ampliar el plazo de la Comisión.

Además, esta es la postura unánime en el pleno de comisionados y comisionadas, la decisión es terminar en noviembre del 2021. Se pretende que el informe de la Comisión sea un insumo para el debate público de cara a los debates electorales del 2022. No nos queremos meter en la coyuntura presidencial del 2022 arriesgando ser objeto de rapiña política-electoral. Esa es la decisión, es muy difícil que ese periodo se amplié.  

¿Con qué dificultades se ha encontrado hasta ahora la Comisión?

Nosotros nos imaginábamos un escenario mucho más favorable cuando empezamos nuestra labor. Teníamos la expectativa que, con la firma del acuerdo de paz en 2016, íbamos a tener un periodo realmente post conflicto, más estable, más tranquilo. Somos conscientes de que ese no era el fin de todas las violencias, que había un conjunto de violencias que no obedecían a las dinámicas del conflicto armado, pero creíamos que sí íbamos a tener una transformación del ambiente político como consecuencia del acuerdo de paz logrado con las FARC. Pero eso rápidamente comenzó a mostrar sus debilidades, por ejemplo el proceso con el ELN se rompió, luego el incumplimiento, justificado o no, hace aparecer las disidencia de las FARC.

Además de eso, se le había advertido al estado colombiano la importancia de una presencia integral en el territorio para evitar que otras organizaciones delincuenciales cooptaran el espacio dejado por las FARC, eso no se hizo, de tal manera que terminamos teniendo un escenario muy violento.  Hay unos territorios a lo largo y ancho del país donde el conflicto armado no terminó, sino que se reconfiguró.

En muchas de esas regiones se dificulta la labor de la Comisión, no nos podemos ir para Caucasia a obtener testimonios, ni a Ituango, ni a Briceño, ni a Toledo. También hay dificultades en Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí

Hay otro tema que tiene que ver con la opinión pública y la política. Obviamente el triunfo del Centro Democrático en las elecciones presidenciales es un golpe muy duro a la implementación. Aunque los acuerdos de paz son de Estado, en la práctica funcionan como acuerdos de gobierno. El hecho de que llegara un gobierno que no cree en el Acuerdo de Paz, quita mucho respaldo político a la transición y al funcionamiento de las instituciones de la transición. Hay una falta de respaldo político y esto nos genera problemas de legitimidad, nos pone en serias dificultades.

¿Y los recursos económicos?

Nosotros en el pasado tuvimos algunas dificultades de recursos, este año ha sido más normal, pero desde ya sabemos que el problema de los recursos va a golpear muy duro el año entrante. Calculamos un recorte mínimo del 50%, no solo en gastos de inversión y actividades, sino también en funcionamiento y nómina. Y tenemos un agravante: nosotros habíamos podido contar con el colchón de la cooperación internacional. Tenemos mucha inquietud sobre si ese colchón es lo suficientemente grueso para que podamos caer tranquilos. La cooperación va a tener que dedicar plata a todo el mundo, incluyendo países de Europa, y el mismo Norteamérica, que van a requerir altos flujos de inversión para la reactivación económica y la atención a las víctimas. Estamos en un panorama bastante complicado.

¿Cómo ven desde la Comisión el asesinato de líderes sociales?

Es un tema muy grave, muy preocupante. La Comisión se ha expresado de manera permanente sobre este tema porque nos preocupa profundamente.  

Nos preocupa mucho y es una pregunta de fondo que nosotros tenemos en nuestra labor: ¿cuáles son las razones para que el conflicto armado en Colombia no termine a pesar de los sucesivos acuerdos de paz? En muchos países los conflictos armados terminan con la negociación, aunque sean malas negociaciones y aunque el fin del conflicto armado sea más complejo. Nosotros hemos tenido acuerdos de paz toda la vida, los del 89, 90 con las guerrillas, luego los del 94, los del 2006 y 2007 con paramilitares, y ahora este con las FARC. Lo que encontramos es una constante reconfiguración de los ciclos de violencia y esa reconfiguración incluye el asesinato de líderes sociales o de líderes políticos, y el asesinato de excombatientes.

En una nación que no le cumple los acuerdos a las personas que se someten a ellos, es muy difícil que el Acuerdo de Paz funcione como un acto de refrendación y consenso, porque el consenso no se forma sobre los muertos.

¿Qué debería hacer la sociedad para proteger más a los líderes sociales?  

Yo creo que hay un tema que tiene que ver con la necesaria sensibilidad de la sociedad frente a esto. Desafortunadamente, para la inmensa mayoría de la población colombiana o no importa, o, peor aún, justifican los asesinatos de líderes sociales.

El principal problema es que esta es una sociedad indolente, una sociedad que ha materializado, ha legitimado y ha justificado el asesinato de unos por cualquier razón. Todo lo que nos ha pasado ha sido delante de nuestros ojos, no nos pueden decir que eso es pasado, eso pasó hace muy poco tiempo. El 60 o 70% de la población ya estaba viva cuando nos pasaron la mayoría de las cosas como sociedad. El periodo más intenso de la guerra en Colombia es del 95 al 2007, y para ese entonces la inmensa mayoría de los colombianos ya habíamos nacido. No estamos hablando de cosas que pasaron en las selvas más profundas, el conflicto se vivió en La Comuna 13 [Medellín], en Ciudad Bolívar [Bogotá], en Agua Blanca [Cali] y obviamente en las zonas rurales.

Es evidente que somos una sociedad indolente y legitimadora del exterminio social, y eso tiene que ver con la cultura, con la prolongación del conflicto y su degradación, con la formulación de discursos justificando la violencia y una violencia buena, como necesaria.

En segundo lugar, la institucionalidad se ha resignado o considera que este no es un tema central y que no merece una atención especial. Desde la firma del Acuerdo de Paz, hace menos de 4 años, la cifra de líderes sociales asesinados oscila entre 700 y 900, dependiendo de quién dé los datos. Estoy seguro que si fuera otro sector social que hubiera puesto esa cantidad de muertos en 4 años, estaríamos preocupados, si fueran periodistas, dirigentes económicos, empresariales, integrantes de un partido político de derecha o extrema derecha. El hecho de que sean líderes sociales los hace ver como seres grises para la institucionalidad, realmente no representa un tema central de preocupación, además hay un negacionismo del fenómeno; lo minimiza, lo banaliza cuando lo compara con otras dinámicas de violencia, eso no ayuda. 

¿Y qué debemos hacer frente al asesinato de excombatientes?

Con respecto al tema de los excombatientes pasa una cosa similar, agravada. De alguna manera el estigma negativo sobre el desmovilizado y el reinsertado es una cosa constante en la historia colombiana, aún con paramilitares. Es una sociedad que no le da una segunda oportunidad a este tipo de personas, que siempre justifica el hecho de lo que les pasa. Se les aplica el proverbio bíblico de que “el que a hierro mata, a hierro muere”, y todos terminamos justificando.  Yo creo que es una muestra más de la decadencia moral que tiene la sociedad colombiana.

Para la Comisión el asesinato, tanto de líderes sociales como de excombatientes, es un pésimo mensaje, le resta credibilidad al momento de implementación del acuerdo, debilita la voluntad de los excombatientes de cumplir lo mínimamente acordado. Es un desangre para la democracia colombiana, –la muy precaria y maltrecha democracia colombiana–.

¿En que ha trabajado la Comisión de la Verdad en Antioquia y el Eje Cafetero?

Nosotros tenemos una visión muy clara: trabajar con la fecha del cierre de la Comisión, que es el 29 de noviembre del 2021. En ese sentido avanzamos en los dos grandes objetivos que nos hemos propuesto: de un lado el informe de esclarecimiento, y del otro lo que hemos llamado diálogo social, que incluye el reconocimiento, la convivencia y la no repetición.

¿Cómo estaba planeado el trabajo de la Comisión para este año?

En la Comisión teníamos previsto, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, que en el primer semestre terminábamos la labor de escucha, el trabajo de campo. Para el segundo semestre teníamos planeado avanzar en la profundización de las hipótesis y en la documentación de unos casos específicos que nos interesan en relación de patrones y contextos explicativos. Y pensábamos que el año entrante era de escritura y ajuste para tener el informe a tiempo.

En el tema de diálogo social teníamos la pretensión de avanzar en el reconocimiento de responsabilidades, en el fortalecimiento de procesos de convivencia alrededor de la verdad, y en la identificación de las garantías de no repetición como esas reformas que la sociedad debería hacer, tanto institucionales como en la educación para que el conflicto armado termine y no se repita.

 

Por María Camila Carmona y Carolina Villalba

Foto: Fredy Henao

Bello Oriente “la montaña que siente”  –como la nombran algunos de sus habitantes– es un barrio de Medellín ubicado en las periferias de la comuna 3. Ahí, entre montañas, está ubicada la Casa Blanca del Amor y la Cultura, un lugar de encuentro que nos ha acogido, aún en tiempos de “distanciamiento social”, tiempos en los que volver a esta comunidad se hace urgente porque está de por medio el hambre.

La Casa Blanca nos ha conectado con el territorio, nos ha permitido jugar, crear, cocinar y compartir con algunas personas del barrio, de quienes hemos podido aprender y reafirmar el valor del arte y la cultura en la construcción del tejido social. Adentrándonos a sentir un espacio en todos sus matices, a través de la conversación y el caminar en colectivo de la mano de la comunidad. La cual nos ha enseñado que el trabajo se hace juntos, coexistiendo en un mismo lugar donde se vale y se teje a través de la diversidad.

Este escenario que nos ha atravesado en diferentes situaciones de la vida, constantemente aparece como un espacio para retornar y reconstruir lo que significa resistir en colectivo. En el momento que se llega a la montaña, uno se instala en un lugar con otra noción de espacio y tiempo; el aire más fresco, alguien que te espera en la parada del tubo, a la hora del almuerzo cogemos algunas verduras de la huerta o al atardecer se comparte un té de yerbabuena que viene del jardín. Algunas situaciones que están impregnadas en la cotidianidad del barrio, donde se siente los esfuerzos en conjunto y que se traducen en una alianza de sus habitantes para sobrevivir en este lugar que se llama, su casa.

En vista de estas experiencias que se dan frente a la apropiación del territorio, una de las iniciativas son las huertas comunitarias que se gestan como proyecto social, de soberanía alimentaria y de intercambio comercial entre habitantes. Durante este tiempo de confinamiento, han incrementado las actividades vinculadas a la huerta, a través de las mingas. El propósito no es sólo consumir los alimentos, también encontrar una forma de subsistencia en medio de la actual situación de extrañeza e incertidumbre.

Foto Santiago Loaiza

Como no mencionar el convite, donde se pone la olla con papa, cebolla, un poco de cilantro, espinaca, unos cuantos ajíes y una deliciosa ensalada de lechuga. Una mezcla de sabores y colores que traen olor a tierra, al suelo de la montaña, donde también se honra y se celebra la vida a través de las semillas. En el lugar de imágenes dicotómicas, donde se dibuja un suelo fértil, pero al mirar a lo alto, uno se encuentra con un cableado de energía artesanal. El barrio que se retrata y nos habla a través de estas metáforas y nos demuestra que el lugar que pareciera lejano de la ciudad, es parte de ella, está inmerso en ella. La montaña que siente, es como un tótem que representa la esperanza y la dignidad, como principios de lucha que toman siempre diferentes formas, acciones y rostros que permiten describir este territorio.

Otro lugar más, envuelto por la mística de las palabras, donde se oye desde la Voz de Colombia hasta un reggaeton, es en la tienda de doña Ruth lugar en el que “siempre resulta uno sentándose a conversar”. O también a comer un arroz con leche, cocinado en leña. En el que las brasas del centro de ese fuego, están puestas por la comunidad, juntándose y haciéndole frente a la difícil situación económica. Nos permite entonces reconocer esta acción como una forma más, de las miles, en el que las rupturas generadas por la crisis, los ha llevado a aprender y propiciar un camino organizativo en colectividad.

Las montañas siempre han albergado esa poética al verlas y al estar en ellas. Son un legado ancestral que nos habla de milenios y de caminos andados. La montaña nos susurra de la abundancia del alimento, pero también nos lleva al lugar del recuerdo. En especial, esta montaña que tiene una sinfonía de saberes en cada uno de sus habitantes, ha sido una escuela hecha por el pueblo, que ha promovido procesos que se oponen al hambre. Nos ha enseñado que somos  naturaleza y parte de entender ello, es que a través de la tierra encontramos la autonomía, la libertad y el poder de sabernos comunidad alrededor de un sancocho, un arroz con leche o una aguapanela con cidrón. “Nos dicen los maestros de la Escuela Zapatista, que con maíz, aunque sin dinero hay vida, pero sin maíz, aunque haya dinero no hay vida”. Un saber construido desde el sur que hace eco hasta Bello Oriente, recordándonos que cuando nos juntamos a través de la comida, hacemos de estos escenarios, pequeños universos de pensamiento, acción y lucha.

Pro Juan E. Prado - Alianza De Medios Alternativos

En febrero de este año la empresa Fabricato S.A., ubicada en el municipio de Bello, Antioquia, conmemoró el centenario de su fundación, hecho que fue noticia relevante en los principales medios de comunicación del país, quienes resaltaban que es una de las pocas empresas del sector textil en Colombia que ha sorteado los impactos sufridos por la industria nacional tras la apertura económica de 1990 y los tratados de libre comercio firmados durante los últimos 10 años. 

Sin embargo, en medio de la emergencia social producto de la covid-19, 400 trabajadores de su casa matriz recibieron la notificación, apenas iniciando junio,  de la terminación de su contrato. José Vicente Cardona es uno de ellos. Se desempeña como mecánico de servicios técnicos. Vive con su compañera y sus cuatro hijos. Con tono de voz preocupado y un tapabocas que no deja ver sus gestos, no oculta la impotencia ante el proceder de sus patrones y dice:

"No entendemos por qué la empresa se aprovecha y arremete contra los trabajadores. Tengo por ahí 40 conocidos que están por fuera. Todos estamos padeciendo este momento difícil, conseguir empleo es casi imposible, si el gobierno le está dando un subsidio a la empresa para que conserve sus puestos de trabajo: ¿por qué lo reciben y en seguida despiden a los trabajadores? Me parece que están obrando de una manera que no es prudente con nuestras  necesidades".

José Vicente tiene 51 años de edad. El 8 de junio participaba en un plantón convocado por tres sindicatos de los seis que existen en esta tradicional empresa del norte del Valle de Aburrá.

Por extraño que parezca en estos días de distanciamiento obligatorio, eran cincuenta personas las que se concentraban en las afueras de la compañía textil. Además decidieron realizar una corta marcha que bloqueó la autopista norte durante un cuarto de hora.

Barriendo la casa, nuevamente.

Antes de la aparición de la covid-19, Fabricato reportaba en su nómina 2.047 trabajadores, algunos con contrato indefinido y la mayoría con contratos a término fijo, mediante la intermediación de las cooperativas de trabajo asociado.

Un enérgico jubilado que acompañó la movilización, hizo un ligero recuento sobre la disminución de la población trabajadora en Fabricato durante los últimos 40 años. Bajo la sombra de uno de los árboles que rodean la portería norte de la empresa, dijo:

"En 1982 tenía 10.500 trabajadores a través de diferentes filiales: Pantex, Esmeralda y otras. Con la apertura económica en 1990, que implicó un cambio en la política comercial del país debido al desmonte de aranceles para mercancías importadas, muchas empresas se vieron en incapacidad de competir, quebrándose y las más fuertes tuvieron que renovar sus tecnologías para hacer frente a las empresas extranjeras. En 1994, ya solo eran 4.500 trabajadores. El actual recorte puede ser  la antesala de una masacre laboral más grande. Fabricato no descansará hasta cumplir con su meta de 1.000 trabajadores despedidos".

La estabilidad laboral de los trabajadores se ve desmejorada periódicamente por las tendencias económicas del Capital que invitan a la renovación constante de las fuerzas productivas. Fabricato es claro ejemplo de ello, pues dentro del sector textil, históricamente ha sido de las empresas pioneras en la importación de maquinaria y técnicas de administración empresarial. La producción en serie mediante el encierro fabril que caracteriza lo que queda de sus inmensas instalaciones, ha venido desapareciendo durante la última década con la excusa de aumentar la eficiencia y productividad mediante la innovación y actualización tecnológica.

Antiguas plantas filiales como Pantex, Riotex, entre otras, han cerrado sus puertas dejando a miles de obreros desempleados y abriendo nuevas perspectivas de negocios para sus propietarios.

Los capitalistas criollos, reinventándose.

Los habitantes del Valle de Aburrá son testigos, directa o indirectamente, de la transformación en las dinámicas productivas del principal centro urbano del noroccidente colombiano. Hasta la década de los noventas este vasto territorio tenía una definida vocación industrial que ha venido mutando debido al traslado de algunas empresas al Oriente antioqueño y la atracción de capitales hacia los sectores de servicios, turístico, comercial e inmobiliario. 

Desde el año 2013, con la llegada a la presidencia del ejecutivo brasileño Carlos Alberto de Jesús se empezó a reestructurar Fabricato. En 2015 se dio la renovación de su portafolio de servicios orientando sus inversiones al sector inmobiliario.

Y es paradójico que mientras el grupo de trabajadores agitan consignas y pancartas sobre la autopista norte para denunciar la barrida laboral en medio de la pandemia, en todo el frente de ellos centenares de albañiles trabajan a toda máquina en la construcción de uno de los proyectos estrellas de la empresa: Ciudad Fabricato.

Julio Hernández, integrante de los comités barriales de Bello y quien también participaba del plantón, explicó que "desde hace varios años Fabricato ha venido negociando los lotes de lo que era Pantex, un negocio de más 200.000 millones de pesos. Esos terrenos fueron vendidos a multinacionales del sector inmobiliario que construyen edificios para vivienda estratos 4, 5 y 6, y centros comerciales".

Cabe anotar que este no es el único negocio que en esta perspectiva adelanta la compañía, pues lo que era la planta de su filial Riotex en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, actualmente es el Parque Industrial Fabricato. También son conocidas otras inversiones en Ibagué y Cundinamarca.

A las 2:15 de la tarde terminó el plantón con la salida de los últimos obreros que cumplían el turno de seis de la mañana. Mientras se dispersaban para sus hogares, se escuchaba entre murmullos el deseo de que el aumento salarial que regiría desde abril de este año y la prima de 300.000 pesos con motivo del centenario de Fabricato, acordados en la convención colectiva del 2019, sean una realidad y no otra promesa incumplida por los dueños de la empresa.

 

 

En el barrio nos vemos, Juli

Por  Blandine Juchs

"¡Siempre adelante en defensa de la alegría y la esperanza, en el barrio nos vemos!", así firma Julián Gil los comunicados y mensaje que publica con regularidad desde que está preso en la Cárcel La Picota de Bogotá hace más de 730 días.

Julián Gil es uno de los líderes sociales que son víctimas de montajes judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación, que vincula reconocidos líderes sociales con hechos atribuidos a la insurgencia armada de Colombia. La criminalización es una estrategia utilizada contra el liderazgo social, busca deslegitimar mediáticamente, calumniar y en algunos casos judicializar o hasta asesinar a quienes denuncian el estado actual de las cosas.

El proceso judicial de Julián ya venía sufriendo numerosas dilaciones por parte de la Fiscalía, quien niega a la defensa el acceso a pruebas esenciales, por ejemplo el testimonio completo de la única persona que lo vincula como autor intelectual de un atentado frustrado. La fiscal se opuso también a que la defensa de Julián tuviera acceso a su propio registro de llamada en los tiempos que sucedieron los hechos por los que se le acusa, y así poder comprobar que no tuvo nada que ver con quien lo acusa.

La defensa de Julián tuvo que recurrir a la figura de la tutela para acceder a las pruebas. Es uno de los tantos ejemplos de dilación de la justicia colombiana. La pandemia y su efecto en las cárceles empeoró la situación, el sistema de justicia colombiano autorizó el sistema de audiencia totalmente virtual, lo que no ofrece las mínimas garantías al debido proceso. Además de los problemas de conexión, no permite la comunicación entre defendidos y defensores, mientras que si permite que la Fiscalía haga las suyas con los testigos que en la tranquilidad de su casa pueden arreglar sus testimonios. Más grave aún, la cárcel no ofrece las garantías para que los presos puedan salir de sus patios y llegar a las salas de audiencia virtual con mínimas condiciones de bioseguridad. Por ejemplo teniendo la posibilidad de lavarse las manos al regresar al patio. 

El Movimiento Nacional Carcelario viene denunciando, aproximadamente desde el 19 de marzo, como empeoraron las ya terribles condiciones en las cárceles de Colombia. El hacinamiento es del 154%. La población privada de la libertad supera las 124.000 personas que sufren con regularidad todo tipo de pandemias y el inminente riesgo de muerte.

A pesar de estas adversidades, Julián se ha mantenido coherente en su labor de líder social, y se ha empeñado en defender los derechos de la población recluida durante estos dos años. Ha destacado por adelantar procesos de formación en Derechos Humanos con distintas ONG’s, profesores universitarios y procesos sociales que han participado de cátedras y cursos para la población carcelaria.

El caso de Julián es uno de los tantos que han colmado las cárceles en el marco de una política criminal empecinada en que es el castigo social la única forma de dar solución a los problemas sociales, políticos y económicos, sin plantear siquiera verdaderas soluciones a los problemas estructurales que los generan. La actual pandemia ha puesto ante los ojos del mundo la absurda estrategia con la que embutimos a miles de seres humanos para no tener que resolver los problemas de fondo, privando de justicia a las mismas víctimas, puesto que la cárcel nunca garantizará el derecho a la no repetición.

A lo largo de estos 2 años Julián ha publicado numerosos artículos en medios alternativos sobre la cárcel como proyecto de-socializador, y denuncias y alertas tempranas por violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Julián ha demostrado que desde la cárcel se sigue luchando, como lo destacaron sus amigos, familiares y los procesos populares que los acompañaron durante el fin de semana en que se conmemoró su detención.

El Proceso Popular Quinua, conjuntamente con la Casa Claret de Bosa, hicieron un nuevo mural reivindicando a Julián, los miembros de la parroquia organizaron una misa virtual (https://www.youtube.com/watch?v=Ar7rULANZ5Q&feature=youtu.be) el domingo 7 de junio, en la cual destacaron el trabajo de Julián a lo largo de su vida, en los procesos juveniles, el acompañamiento a víctimas en varios departamentos del país y su papel en el Congreso de los Pueblos en los últimos años. El Proceso Popular Quinua en entrevista con Contagio Radio hizo un balance de estos dos años, en esta resaltaron que lejos de desmantelar el trabajo, la detención de Julián, en medio del dolor, permitió expandir el trabajo, implicar a la gente de la parroquia en la ayuda a los presos y muchas otras actividades.

Al no poder reunirse, dadas las condiciones actual los país, amigos y gente comprometida con el caso fueron publicando mensajes en redes sociales (https://www.facebook.com/EnElBarrioNosVemosJuli/), además de los pronunciamientos públicos de varias organizaciones latinoamericanas. En uno de sus mensajes a quienes lo apoyan, Julián manifestó que todos los sufrimiento que hoy padece con su familia, la injusticia y la arbitrariedad que pusieron la vida de su madre en peligro de muerte, y el dolor de no poder ver cómo crecen sus sobrinos con los cuales compartía techo, son los sufrimientos que sufren miles en todo el mundo y en gran parte de Colombia. Julián también alentó a sus seres cercanos a no desistir en la búsqueda de un mundo justo, desde las acciones cotidianas como las redes de recolección de tapabocas y útiles de aseo para las personas privadas de la libertad, las actividades culturales y educativas en el barrio.

"Siempre adelante en defensa de la alegría y la esperanza, en el barrio nos vemos, Juli".

Por Julián Gil 

Llenar las cárceles en Latinoamérica parece ser la mejor forma en la que se expresa la política de combate en contra de la pobreza, pero no con la finalidad de acabarla proponiendo mejores condiciones para la vida, sino mediante el ataque directo a los pobres. La imposición de políticas de criminalidad, identifican los mecanismos de supervivencia o protesta como factores que alteran la seguridad y el orden en los Estados, mas no se ubica en el centro el abordaje de los problemas sociales que sustentan los comportamientos delictivos.

En Colombia esta situación parece cada día profundizarse mucho más, sin importar la infinidad de denuncias, llamados internacionales, o el reconocimiento de un Estado Inconstitucional de Cosas -EIC en cuanto a la situación de las cárceles. La política criminal avanza endureciendo su paso irreflexivo, que encubre los problemas reales que vive la sociedad, ensañándose principalmente con las clases más empobrecidas y marginadas, mientras que a las clases con más dinero se les condona la pena o se les considera irrelevante su delito.  Sujeta a esta se encuentra la política penitenciaria y carcelaria, enfocada en resocializar a aquellos infractores de las normas sociales, y que debe garantizar las condiciones mínimas de vida y herramientas para superar los problemas que les han conducido a infringir la ley, de manera que sean aptos para nuevamente estar en la sociedad.

Analizar esta política penitenciaria y carcelaria es acercarse a la piedra angular del funcionamiento del Estado y de la sociedad colombiana, pues permite comprender el sometimiento de la soberanía nacional a las directrices estadounidenses en cuanto a la política criminal, la violencia sistemática que habita en los territorios y la utilización de esta por el Estado para el cumplimiento de los intereses de las clases dominantes.  La estructural pobreza que no deja más opciones que participar en alguna ramificación de la violencia, la corrupción o la delincuencia, así mismo la corrupción estructural que habita en todas las instancias del gobierno nacional, que somete a miles de personas a tratos indignos con el único interés de mostrar resultados y llenar algunos bolsillos;  dejando en evidencia las orientaciones propias del modelo neoliberal, que restringe los derechos de los ciudadanos y rezaga la garantía de derechos (Navarro, 2005).

En este texto presentaré un somero análisis del documento CONPES[1] 3828 Política Penitenciaria y Carcelaria de Colombia para el cuatrienio 2015-2019. Para ello me permitiré, en un primer momento, hacer una revisión de los propósitos y las pretensiones de esta sobre la población carcelaria; segundo una mirada a algunos informes de derechos humanos y a las sentencias de la corte suprema de justicia; y por último, plantear algunas conclusiones a modo de reflexión y apertura de la discusión.

Propósitos y aspectos generales de la Política Penitenciaria y Carcelaria

La política penitenciaria y carcelaria tiene la central pretensión de satisfacer la “demanda” de cupos producidos por la política criminal. Propone atender aspectos que inciden directamente en los “centros penitenciarios, tales como la adecuación sanitaria y tecnológica de los establecimientos; el mejoramiento de los programas de atención, resocialización y acompañamiento de la población privada de la libertad; y la articulación con actores estratégicos del orden territorial y del sector privado (CONPES, 2015, pág. 56).

De la implementación de esta política pública en el cuatrienio comprendido entre 2015 a 2019 se espera la reducción de la tasa de hacinamiento en 7 puntos porcentuales; una disminución en la relación entre sindicados y condenados[2] de 9; la generación de 11. 843 cupos penitenciarios y carcelarios mediante obra pública a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC; y, 7200 nuevos cupos bajo el esquema de asociaciones público privadas; el fortalecimiento tecnológico del sistema penitenciario y carcelarios con un aumento en las salas de audiencias de 88 a 645 al finalizar el cuatrienio, así como la disminución en hasta un 80% de la extorsión que se produce desde las Estructuras de Reclusión de Orden Nacional-ERON.

Pretende instaurar una racionalidad en el uso de medidas privativas de la libertad, el mejoramiento de los programas de resocialización de la población privada de la libertad, y la implementación de soluciones para las personas detenidas preventivamente, con el fin resocializador de la pena. Responsabilidad que recae principalmente en el Ministerio de Justicia, seguido por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC; entidad que debe garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad al proveer alimentación, servicios de salud, vigilancia e infraestructura; finalmente, el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia-INPEC quien asume la tarea de vigilancia y custodia, y que en algunos pocos casos es asumida por entidades de seguridad privada.

Importante resaltar que el presupuesto calculado por la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario -Fecospec para quienes tienen prisión intramural, ronda los $13 millones por persona (Ojeda, 2018). Es decir, en promedio, por cada preso, el Gobierno destina en su Presupuesto Carcelario del Ministerio de Justicia, $1.092.000 mensuales; lo equivale a un aproximado de $132 mil millones de pesos al mes, y $1.3 billones al año.  

Es posible revisar la división mensual de los $132.000 millones destinados por el gobierno para el mantenimiento de los presos: primero, $54.267 millones de pesos pago de nómina INPEC; segundo, $37.968 millones de pesos bienes y servicios contratados a terceros donde se incluye la alimentación de los internos, cuya cifra es de 28 mil millones de pesos al mes; tercero, $13.527 millones de pesos Gastos Generales, en donde se incluyen los Servicios Públicos, Mantenimiento, Transporte de Internos y compras de Muebles y Enseres; cuarto, $8.355 millones de pesos Gastos de Ocupación Laboral y Atención a los Reclusos, donde están incluidos los servicios de salud; y por último, $17.000 millones de pesos en nuevas construcciones o reparaciones locativas.

Siguiendo este punto y pensando en la pretensión de garantías de derechos contenida en esta política pública, del rubro de $28 mil millones de pesos al mes destinados para alimentación, se estima que se asigna a cada preso $232.128 mensuales, cifra que, por día, equivale a $7.738 y por comida es de $2.579 pesos (Mantilla, 2016). Monto que denota un abandono en relación al costo de vida. 

Puntos de análisis

Esta política pública supone la búsqueda de garantías efectivas de derechos básicos como el acceso a la salud, la alimentación digna, acceso a la justicia y la resocialización (función social de la cárcel). Sin embargo, como lo ha manifestado la Corte Suprema de justicia en la sentencia T-338 de 2013, existe un Estado Inconstitucional de Cosas-EIC en el sistema penitenciario y carcelario por las condiciones en la que estaban viviendo los reclusos; razón por la cual, se expidieron órdenes y mandatos generales y específicos para poder remediar la situación; así mismo, en el año 2015, la Sentencia T–762 reiteró el EIC.

Con estas sentencias se realizó un recuento de los derechos que son violados a las personas que se encuentran en los establecimientos carcelarios; hace énfasis en la protección diferenciada que se le debe dar a estos; y define el problema de la situación penitenciaria y carcelaria como un problema estructural y complejo.  Ahora, con la sentencia T - 762 del 2015, además de reiterar el EIC, expuso que el gran aumento del hacinamiento en estos centros penitenciarios equivale a una política criminal reactiva, populista, poco reflexiva, etc. (Prisiones, 2019).

Es preciso señalar que el hacinamiento carcelario que está presente en la mayor parte de los países latinoamericanos, es un problema que genera sufrimiento a miles de personas privadas de libertad. De la misma manera, el estado de las infraestructuras penitenciarias y las innumerables condiciones deshumanizantes en las que transcurre el día a día de los internos “comprometen la posición del Estado como garante de derechos fundamentales” (Arenas & Cerezo, 2016).  Este no es un fenómeno aislado, sino que se trata de un modelo globalizado que hace presencia tanto en los denominados países desarrollados como en los que se encuentran en vía de desarrollo, que, en el caso colombiano, se caracteriza por un incremento alarmante en los últimos años, debido a las reformas legislativas que crean nuevos delitos, aumentan las penas,  y restringen beneficios y subrogados penales.[3]

De acuerdo a informes presentados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, se calcula que a la fecha existe una población de 122.417personas que habitan en los 137 centros carcelarios, pero que cuentan con una capacidad para 80.373, lo que significa un hacinamiento equivalente al 52.3% (INPEC, 2019, pág. 24). Particularizando, hay regiones donde este índice de hacinamiento llega hasta un 372 % como es el caso de Riohacha, que tiene una capacidad para 100 personas y es habitada por 474 (2019, pág. 28).  

Es decir que, a junio de 2019 la situación que pretendía resolver la implementación de esta política pública, se podría calificar como ineficiente, pues los índices de hacinamiento no han podido ser resueltos; y de acuerdo al crecimiento anual de la población privada de la libertad la generación de nuevos cupos no da abasto, y en relación a la generación de los 11.843 cupos penitenciarios y carcelarios no se cumplió ni la mitad, llegando solo a 2.420 cupos (2019, pág. 25).  

Según informe del Comité Internacional de la Cruz Roja-CIRCn 25 años el problema del hacinamiento ha pasado de 1.7 al 52.3% en relación a las cifras presentadas por el Inpec en junio de este año; asunto que bien puede relacionarse con la represiva política criminal que ha multiplicado el uso de la prisión preventiva (Kooyman, 2018). 

En este mismo informe de la CICR presentado el 21 de marzo de 2018, se manifiesta que la calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es deficiente. Falta espacio de esparcimiento y resocialización. La infraestructura es obsoleta por falta de mantenimiento, además, el número de funcionarios disponibles para trabajar en planteles penitenciarios es bastante bajo (15.795 personas) en relación con el número de presos. Estos números dejan en evidencia la dificultad para garantizar una adecuada gestión penitenciaria y un trato digno a las personas detenidas, pues la demanda real que se estima por el mismo INPEC equivale a la contratación de 40.000 empleados para dar cobertura a las actuales necesidades (Kooyman, 2018).

En el cuarto informe de seguimiento a la sentencia T-388 de 2013, se concluye que la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad persiste, y que es imperativo que el Estado implemente una estrategia para reformar la política criminal y superar el Estado Inconstitucional de Cosas de las cárceles y el sistema penitenciario.  Es evidente una crisis humanitaria con la negación de una alimentación digna, limitado o inexistente acceso a la salud, y limitado acceso a la justicia, llegando a tratos inhumanos y denigrantes.

En cuanto a la garantía del derecho a la salud, es claro que existen muchos problemas, como la falta de personal médico y una adecuada infraestructura. También es recurrente la escasez de medicamentos e insumos en ciertos establecimientos y hace falta una política de prevención de enfermedades. Conjuntamente, hay dificultades de acceso a la justicia y a la administración en las diferentes fases de criminalización, que incluyen la falta de una defensa penal efectiva en la fase de judicialización, o la aplicación adecuada de beneficios penales como la prisión domiciliaria y la libertad condicional, entre otros.  Además, de estos elementos se devela la incipiente implementación de un enfoque diferencial en el sistema penitenciario; se mantiene un irrespeto generalizado de los derechos de las poblaciones vulnerables con necesidades especiales, como las mujeres, las personas con discapacidad, la población mayor o la población LGBTI (Dejusticia, 2018).

Todo este cuadro se agrava ante el aumento de la tasa de personas que va a la cárcel, y esto no corresponde a una completa construcción de garantías humanas en los centros de reclusión.  De manera que, de cada 100 mil personas, 391 se encuentran privadas de la libertad, y esta cifra, comparada con otros años, demuestra un aumento de los niveles criminalidad; situación que se presenta incongruente con respecto a la necesidad actual de 42.044 nuevos cupos en relación a la tasa de hacinamiento actual. Los 11.243 cupos nuevos son insuficientes para garantizar las necesidades de espacio físico y condiciones mínimas de vida. 

Por otra parte, es importante señalar la estratificación o categorización social, de acuerdo a la capacidad socioeconómica de los reclusos, en la garantía de sus derechos básicos. Indistintamente, la criminalidad de acuerdo al enfoque de la justicia colombiana, se encuentra alojada mayoritariamente en los estratos más bajos de la sociedad; para lo cual se han diseñado centros carcelarios que no garantizan mínimos para vivir en dignidad; y para aquellos casos “excepcionales” de corrupción burocrática o delitos de las clases altas de la sociedad, existen otro tipo de centros de reclusión, donde no sólo se garantizan sus derechos, sino que hay espacio para opulencias o excentricidades de acuerdo a sus capacidades económicas.

En este mismo sentido, es importante resaltar que el diseño de estas cárceles no corresponde a la garantía de mínimos vitales, tal como lo indica el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en su Informe la implementación de nuevas cárceles en Colombia (FCSPP, 2012), refiriéndose a la Estructura de Reclusión de Ordena Nacional- ERON picota:

“tiene grandes errores en su diseño; las personas detenidas deben estar encerradas en cuatro paredes las (24) horas del día; pues la cárcel no cuenta con un patio al aire libre, realizan todas sus tareas bajo una luz dura fluorescente que titila con frecuencia dificultando la lectura y aumentando el estrés. Los que quieren ver el sol tienen que acercarse a las mallas, donde por supuesto no caben todos. ¿A quién se le ocurre diseñar y construir cárceles sin un patio al aire libre? Al INPEC y sus asesores expertos del bureau de prisiones de los EE.UU” (FCSPP, 2012, pág. 14) .

Construcciones que agudizan la carencia de condiciones para la resocialización, dado el reducido espacio para el desarrollo cotidiano de la vida; destacando el tamaño limitado de las celdas, la ausencia de sistemas de ventilación, la inexistencia de espacios comunes suficientes, la imposibilidad de creación de talleres de trabajo y demás áreas educativas que sean adecuadas para los fines resocializadores de la pena, la ineficiente evacuación de aguas residuales, la permanente obstrucción de las cañerías y el consecuente aumento de malos olores, y la deficiente prestación de los servicios de salud.

Apuntes para la reflexión

Es preciso problematizar la Política Criminal en relación a la Política Pública Carcelaria y Penitenciaria que estamos analizando, resaltando que en los principales resultados de la política criminal queda en evidencia los efectos negativos que han ocasionado en la política penitenciaria y carcelaria, y la urgente necesidad de una nueva orientación.  Pues si bien esta segunda busca garantizar unos mínimos vitales para las personas privadas de la libertad, no es ni va a ser suficiente, dado el endurecimiento de la primera. En lo que se puede inferir que se mantendrá sistemáticamente una violación a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y no alcanzará una cobertura total o universalidad en su implementación; es más, se tiende a agudizar la focalización de estas mejoras paliativas (Tavares, 2019, pág. 9).

El enfoque de castigo sin ningún tipo de cuidados a las personas, ni garantías sociales, además de una política criminal tan agresiva, en donde se da una sobreutilización de la cárcel como solución a todo problema social, sin evidencia de que la privación de la libertad sea por sí sola una medida disuasiva frente a la criminalidad, contribuye a crear una grave situación humanitaria que hoy supone una bomba de tiempo. Todo esto no apunta a lograr una real solución de los problemas que se viven en la sociedad. Las cárceles no brindan reales soluciones a los problemas estructurales que enfrenta la sociedad colombiana.  

Como señala Elke Kooyman, un rediseño de la política criminal, así como de la política penitenciaria y carcelaria, debería dar prioridad a la prevención y a la reinserción, no a la detención como única medida para hacer frente a la inseguridad. Como se desarrolla la política carcelaria en Colombia es insostenible. La política pública no debería enfatizar solamente en la construcción de nuevos cupos, sino también en la garantía de los mínimos vitales para las personas privadas de la libertad.

Es importante destacar el papel de las organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Equipo Jurídico Pueblos, la Red Comunitaria Trans, las asociaciones de familiares como la Asociación de Familiares de Presos- ASOFAMIPRE, las organizaciones de personas privadas de la libertad como el Movimiento Nacional Carcelario, también el papel de las mismas instituciones garantes de los derechos sociales como la Defensoría del Pueblo en la labor de denunciar, exigir y cuidar la vida como valor máximo en la sociedad. Mucho más en las condiciones oprobiosas a las que somos sometidas miles de personas en el mundo, bajo el argumento de cumplir con el orden social y el cuidado del statu quo.

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