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“En algunos países, no en todos, la izquierda ha seguido la tradición de despolarizar fácilmente sus diferencias con el enemigo y polarizar demasiado con sus amigos”, fue el comentario de cierre en el programa que dirige Pablo Iglesias, Fort Apache, por parte del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, programa en el cual se abordó la situación de la izquierda en el continente. Este comentario no es lejano a la realidad, a las dificultades y retos de unidad que se avecinan en la recién iniciada campaña electoral en Colombia, camino al 11 de marzo, día en que se definirá la nueva conformación del Congreso.

Las apuestas de las organizaciones de izquierda que participan de la contienda electoral se encuentran en diferentes listas, como la del Polo Democrático Alternativo, la de la coalición Decentes y la de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

El Polo: el boomerang de la Coalición Colombia
Para estas elecciones el Polo Democrático se presenta con una lista que le apuesta a afianzar liderazgos que han venido trabajando en el Congreso desde la oposición y el control político, pero también en la consolidación de los procesos de paz en el país. Sin embargo, ante el riesgo de perder la personería jurídica, quien era su candidato a la presidencia, Jorge Robledo, se bajó de su aspiración y repite en el primer reglón de la lista al Senado, apoyando a su vez para las presidenciales al candidato de la denominada Coalición Colombia, Sergio Fajardo.

El Polo que ha contado en las últimas elecciones con el apoyo de los sectores de izquierda, tiene que lograr fidelizar y superar el número de votos alcanzados en el pasado, ya que los nuevos actores y las figuras públicas que han abandonado el partido, sumado a la arriesgada decisión de apoyar a un candidato a las presidenciales que levanta ampolla entre los sectores de izquierda, pueden pasarle factura. Por esta razón, su principal apuesta es consolidarse como la principal fuerza de la izquierda, sin embargo, esta coalición puede terminar fortaleciendo más a la representación de la Alianza Verde, partido con más afinidad del electorado hacía Fajardo.

La Coalición Colombia, consumada a finales del 2017, tenía la intención de unificar las listas al congreso de la Alianza Verde, el Polo Democrático, y también del movimiento Compromiso Ciudadano, pero dudas jurídicas frente a la personería jurídica de los dos primeros hicieron que se presentaran por separado, a excepción de algunos casos en listas departamentales a Cámara de representantes como en el Tolima, Bolívar, Córdoba, Huila y Risaralda. En esta lista del Polo al Senado se pueden encontrar personas como Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos y mediador en los procesos de paz; Alberto Castilla, líder campesino del Catatumbo; Víctor Correa, ex líder estudiantil, entre otros.

Decentes: representación minoritaria y otras figuras
Esta coalición surge de un acuerdo entre los partidos que tienen la mayor presión de quedarse sin su representación en el Congreso (MAIS, ASI y UP) tras el hundimiento de la reforma política, y a su vez de la suma de las apuestas de tres candidatos presidenciales que buscan medirse en este primer pulso con las listas de otros candidatos, Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, Clara López, ex ministra de trabajo y Carlos Caicedo, ex alcalde de Santa Marta. “Es una forma de demostrar que es necesario unificar esfuerzos entre diferentes colectividades para sacar agendas de transformación hacía adelante”, afirma la politóloga y ex secretaria de ambiente de la Bogotá Humana, Susana Muhamad, quien ahora es candidata al Senado por esta lista.

El proceso de conformación de la lista se hizo a través de compromisarios de cada partido que avalaron las hojas de vida de los postulantes. “La principal apuesta es generar un espacio de ciudadanos decentes, ciudadanos que piensan que la política se puede hacer sin plata, sin corrupción, que se pueda hacer de frente a la ciudadanía y que está representando a liderazgos sociales que están trabajando por diferentes causas, como la diversidad sexual, el ambiente, la lucha contra la corrupción, la paz”, sostiene Muhamad.

En esta lista al Senado se pueden encontrar personas como Gustavo Bolívar, libretista y activista; Aída Avella Esquivel, presidenta de la Unión Patriótica; Luz Marina Bernal, una de las Madres de Soacha, entre otros. También presentaron listas en diferentes departamentos del país.

FARC: a defender el Acuerdo en el Capitolio
Tras el acuerdo de paz de La Habana, el nuevo actor que hará parte del Congreso será la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, integrada principalmente por ex insurgentes que depusieron las armas y que ahora se medirán en la arena electoral, con la garantía de su participación política con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes para los periodos del 2018 y del 2022.

A través de consenso al interior del naciente partido decidieron quiénes debían hacer parte de las listas, e invitaron a sectores representativos del país y algunas organizaciones sociales que tomaron la decisión de hacer parte de sus listas, como la Marcha Patriótica. "En este momento hay 23 compañeros que integran la lista del Senado… excombatientes y gente del común, gente representativa de la política, que nos quisieron acompañar en esta tarea de construcción de la propuesta alternativa. Para el caso de las cámaras de representantes, los cinco departamentos que decidimos participar, organizamos la lista de manera plural procurando ser integradas por distintos sectores representativos de la sociedad", afirma Jairo Quintero, ex comandante y ahora candidato a la Cámara de Representantes por Santander.

Su principal apuesta será defender en las Cámaras lo que ellos denominan “la letra y el espíritu” del acuerdo de paz durante su implementación, a la que aún le falta la mayoría de leyes, con la incertidumbre de la conformación e intereses del nuevo Congreso. En este sentido, sus primeras tareas estarán enfocadas en velar por temas del acuerdo como: el catastro multipropósito, la creación efectiva del fondo de tierras y la puesta en marcha de los PDET, que si bien hay una ley que los crea, según la FARC está en contravía de lo acordado en La Habana. “También queremos contribuir a materializar la paz en Colombia, el acuerdo con los compañeros del ELN, una ruta de salida con el EPL y una ruta de sometimiento a las estructuras paramilitares que aún imperan en Colombia”, agrega Quintero.

En su lista al Senado se encontrarán once personas de organizaciones, y doce excombatientes como Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Victoria Sandino. Esta apuesta será el primer medidor real de su fuerza en las regiones más allá de las encuestas de opinión.

El acontecer de estas diferentes listas demuestra que dadas las condiciones limitadas de participación es necesario procesos de unidad que posicionen nuevos liderazgos más allá de las figuras políticas nacionales y que logren impulsar en el Congreso proyectos como la frustrada reforma política, para la participación autónoma frente a las estructuras clientelares de los partidos. El reto de construir unidad garantizaría enfrentar a una derecha unida bajo un discurso de miedo –que se vale ventajosamente de la crisis que afronta Venezuela-, con la responsabilidad de posicionar liderazgos que logren llevar la voz de las luchas sociales a un capitolio, en donde suenan por igual los escándalos de corrupción y los himnos de los grandes grupos empresariales.

Periferia conversó con Benedicto González, antes conocido como Alirio Córdoba, del bloque Martín Caballero de las FARC-EP, hoy Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Habló, entre otras cosas, de los incumplimientos del Estado y la falta de garantías para la reincorporación a la vida civil de exguerrilleros.


PO: ¿Cree que el Estado les ha cumplido los acuerdos pactados en La Habana, y desde su punto vista cómo cree que lo ven los elenos en estos momentos de negociación?
BG: Este momento de implementación, nosotros preferiríamos denominarlo como una suerte de renegociación de los diferentes compromisos adquiridos por el Estado colombiano en ese pacto de paz. Es así como temas cruciales, como el presupuesto de la paz, hoy tiene una suma inferior a la expectativa, no solamente de las Farc sino el del pueblo colombiano. Ese presupuesto ha sido recortado, y en contradicción con el aumento del presupuesto de guerra para el año 2018 que se ha incrementado. Eso demuestra que no existe una voluntad política de avanzar hacia la paz de Colombia, que no existe una decisión de la clase política de atacar las condiciones sociales, económicas y políticas que han generado este conflicto. No existe ningún propósito, ninguna intención de ceder sus fortunas, lujos, poder, que han caracterizado a esta oligarquía. Es una situación lamentable y delicada porque no solo el proceso con las Farc podría fracasar, sino que en vísperas de un acuerdo con el ELN, desmotiva e invita a esta organización insurgente a mirar con desconfianza un posible acuerdo.

PO: ¿Por ejemplo, en lo jurídico y económico se está cumpliendo lo pactado?
BG: Hay inseguridad jurídica, y un ejemplo de ello fue el gran operativo policial por aire y tierra que se desarrolló en la variante, en la antigua zona veredal hoy espacio de capacitaciones y reincorporación Ariel Aldana, en Tumaco, donde lidera nuestro querido compañero Edilson Romaña. Con cualquier pretexto, y acusado por narcotráfico fue capturado uno de nuestros compañeros, integrante del partido que acabamos de fundar, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, y existe la posibilidad y la amenaza de la extradición. Eso hizo que más de ciento cincuenta hombres y mujeres militantes de las Farc abandonaran el lugar, porque se sienten amenazados, sienten que no hay garantías.

En materia de seguridad socio económica para la reincorporación, tenemos la ausencia no solo de recursos sino de medidas y políticas para que los antiguos combatientes puedan adelantar las diferentes actividades que se requieren en una adecuada y exitosa reincorporación, por ejemplo en materia educativa, en materia de salud, y fundamentalmente socioeconómica, en la producción o la puesta en marcha de los proyectos productivos que incluyen la necesidad de la disposición de tierras, para que esta población del prolongado conflicto tenga sus propios sustentos de manera sostenible y digna.

Por otro lado, en cuanto al proceso, el Gobierno dijo que dispondría de ciento 29.5 billones de pesos a quince años para poner en práctica cada uno de los mandatos de la reforma rural integral, participación en política, fin del conflicto, sustitución de cultivos, y derechos de las víctimas. Según cifras publicadas por Fedesarrollo, solo para la implementación del primer punto del acuerdo de la reforma rural integral del nuevo campo colombiano, se requerirían 20 billones de pesos anuales. Entonces estamos encontrando la contradicción y la falta de decisión de la clase política colombiana para acabar con esa gran brecha de desigualdad y pobreza que reina en el país.

PO: ¿Qué pasa con las zonas donde tenían presencia, y cómo ven las garantías de seguridad?
BG: Es lamentable que esos territorios en los que ejercíamos control político y militar, una vez que hiciéramos el repliegue de nuestra fuerza hacia las llamadas zonas veredales, hoy espacios territoriales de capacitaciones y reincorporación a la vida civil, estén siendo copados y tomados por bandas y grupos paramilitares que actúan de manera libre, con la mirada cómplice del Estado colombiano. Estos grupos ponen en riesgo la seguridad y la vida de la población y en especial la de estos dirigentes. Es lamentable porque se demuestra que el Estado colombiano tiene una incapacidad para garantizar la seguridad y que sus mayores esfuerzos se han dado a combatir las movilizaciones y la protesta social de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, que exigen garantías, seguridad social, salarios dignos, educación pública y apoyo a la labor rural. Cuando se hacen esas exigencias, hace presencia ese gran componente que pasa de los quinientos mil efectivos, ese pie de fuerza no se destina a garantizar la seguridad de los territorios sino a reprimir la protesta social.

PO: ¿Cómo interpretan los homicidios de sus miembros y los más de 120 asesinatos a líderes de derechos humanos y sociales desde que se inició el proceso de paz?
BG: En materia de seguridad física personal, los ejemplos abundan, no solamente se atenta contra la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, sino que se viene atentando contra la vida de antiguos combatientes con la falsa matriz de que los hechos criminales provienen de las llamadas disidencias. Es una estrategia del estado gobernante para sabotear los esfuerzos de paz, de esperanza y de reconciliación de la mayoría de los colombianos.

PO: ¿Cree usted que después de los acuerdos existe alguna estrategia por parte del Gobierno para diezmarlos en el terreno político?
BG: En conclusión, para cerrar este primer capítulo, todo indica que la política y estrategia del Estado, del gobierno de Juan Manuel Santos y de la clase política es la de dispersar nuestra fuerza, es la de fragmentar, desunir, romper la cohesión de nuestra organización y sus militantes, aplicando o retomando sus estrategias de la desmovilización y la reinserción que tanto hemos debatido, porque para las Farc como organización, y para nosotros como integrantes, como individuos, no existe una desmovilización dado que nunca fuimos vencidos en la guerra, en la confrontación, igualmente en el tema de las armas, pues se trata de su no uso, pero no una entrega de las mismas. El acuerdo todo es el resultado de un consenso, de un pacto y por lo tanto es nuestra plataforma para nuestra movilización política

PO: ¿Cuál es la exigencia de los acuerdos de parte de los del común frente al paramilitarismo?
BG: Este es el punto del acuerdo que contiene las medidas, las garantías para el desmonte del paramilitarismo y la creación de una unidad especial dedicada a su investigación y desmantelamiento, la creación de un cuerpo élite de policía dedicado a combatir el paramilitarismo y las medidas para encontrar la verdad del conflicto, que deben garantizar que no se repita este periodo oscuro en Colombia. Todo eso está contenido en el tercer punto del acuerdo que se llama fin del conflicto. Lo único es que estas medidas han encontrado enemigos poderosos como el propio fiscal Nector Humberto Martínez y otros sectores de la vida militar en Colombia que no aceptan que se esté viviendo un momento histórico, que Colombia sigue anhelando la construcción de una paz estable y duradera, y la no repetición del conflicto.

Un lunes en Transmilenio

Lunes otra vez, abro los ojos, organizo las ideas y las tareas del día. Como muchos bogotanos, trato de permanecer cinco minutos más en la cama para huir del intenso frío de la madrugada. Hoy, especialmente, el día se me hace más gris que los anteriores: pienso en el incremento al valor del pasaje de Transmilenio que ha anunciado durante todo enero la alcaldía de Enrique Peñalosa y la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas. El incremento se propone como un supuesto ajuste del costo del pasaje a la inflación y al aumento anual del IPC.

Ya son cerca de las cinco de la mañana. Tengo exactamente una hora y quince minutos para estar en mi trabajo. Mientras pasan los minutos velozmente, y mamá prepara mi coca con el almuerzo, pienso en lo que está por llegar: miles y miles de ciudadanos periféricos embutidos, pisados, manoseados y hasta robados, pagando 2300 pesos por ese coctel desagradable.

Mientras me despido de mamá, como ya es casi un ritual, empiezo a imaginar la forma en la que pueda de alguna manera –claramente imposible– minimizar los inconvenientes con los que inevitablemente me encontraré: esos pisones, empujones y malos olores que ya se han vuelto parte de mi cotidianidad. De camino a la parada del alimentador que me llevará al portal de Las Américas, saludo a Cristian. Un desganado y fastidiado “¿todo bien?” sale de sus labios; el saludo es seco y es normal, no es agradable iniciar todos los días engullidos en un bus minúsculo, en el cual circulan todas las fragancias y los humores existentes.

Hace un tiempo renuncié a empujar o, de ser posible, tener contacto físico con mis compañeros de desgracia mientras abordo un alimentador o un bus. En eso tratamos de subir al alimentador, y Cristian me grita desde la puerta del medio: “acá hay menos gente”, a lo que respondo con un gesto de compasión, sé que esta igual de lleno, solo que él quiere irse en la mitad del bus para ver a la vecina del conjunto que acaba de ser embutida en ese lugar. Después de un recorrido de 30 minutos llegamos al portal. Valga aclarar que no es muy lejos, pero las calles están atestadas de carros particulares, que por lo general no tienen más de un ocupante.

5:15 a.m. Una fila de más de treinta personas se agolpa en la taquilla en la que nos ha escupido el alimentador; la cara de las personas es casi igual que la de Cristian. Parece que a todos nos hubiesen golpeado antes de salir de la casa, y sí, Peñalosa y su nefasto sistema de trasporte nos golpean todos los días los bolsillos y la dignidad. Luego de diez minutos de fila, encuentro en la taquilla un letrero que anuncia el incremento del pasaje de Transmilenio; en letras grandes y blancas reza: a partir del 15 de enero de 2018 el pasaje de Transmilenio es de 2300 pesos. Qué desgracia.

Recargo la tarjeta con 5000 pesos, que ahora solo suponen dos tristes viajes en el sistema. “Nos pillamos, hablamos más rato”, me dice tímidamente Cristian, a quien la cara de fastidio se le acentúa. Mientras me despido, advierto un detalle particularmente divertido: parece que los bogotanos que usan diariamente Transmilenio optaron por no limpiar sus zapatos y planchar la ropa. No es necesario hacer la explicación. Entonces Peñalosa y las quince familias que se hacen con el 90% de las ganancias de Transmilenio no solo nos robaron la dignidad, parece que también nos expropiaron la posibilidad de vernos limpios.

Y ahora al pogo: es el pensamiento que se me viene a la mente cuando me ubico en la fila –que de fila no tiene nada– para abordar el articulado. Estos buses están diseñados para transportar 160 personas, y en el remedo de fila hay cerca de 500. Dos largos minutos… se aproxima lentamente el bus rojo con su letrero amarillo D-50 PORTAL 80 (este es uno de los servicios expresos). Entre gritos, madrazos y muchos empujones, los primeros en el bulto humano pueden abordar el transmi, no sin la tierna y solidaria complicidad de las personas que cierran las puertas al mejor estilo de acomodadores del metro de Hong Kong.

5:35 a.m. Ya estoy próximo a la entrada del Transmilenio. Siento algo de tranquilidad, no por llegar temprano a mi trabajo, pues ya renuncié a esa posibilidad, sino por no tener que escuchar más los desagradables anuncios que retumban por los parlantes del portal: “Servicios retrasados por accidentes en las vías”. Todos los bogotanos sabemos que esa es una de las mentiras que usan a diario los funcionarios del sistema para justificar su evidente colapso.

Por fin, luego de muchos empujones, golpes y bastantes madrazos, estoy adentro del bus. Son las 5:45 a.m., y a esta hora ya debería estar por lo menos en la mitad del trayecto. Conclusión: otra vez llegué tarde. Cuando las personas suben al bus y se “acomodan” cual tetris, aparecen los celulares y los audífonos; creo que es la mejor forma para huir a la incómoda presencia tan próxima de muchos desconocidos. Mientras tanto, los afortunados que van sentados duermen con el estilo del juego popular colombiano que se conoce como Rana o Sapo.

Pasados 45 minutos, por fin mi destino. La estación de la Calle 26 está a reventar, un grupo de tres policías miran impávidos a un joven que corre como atleta por la Avenida Caracas en dirección al norte, luego de robar el celular de una joven que esperaba un servicio en el tercer vagón.

Salgo de la estación. Ya estoy cansado y hasta ahora va iniciar el día; solo pienso en que el responsable de esta “aventura” diaria es Enrique Peñalosa y sus amigos empresarios, que pisotean a los bogotanos con su sistema de trasporte viejo e ineficiente. Y ahora, más caro que antes, quizá el más caro y pésimo servicio de transporte masivo de Latinoamérica.

Y bueno, a trabajar, hasta ahora es lunes y los bogotanos –en el mejor de los casos– tenemos por delante nueve travesías más por el peor castigo para los habitantes de esta ciudad: Transmilenio.

El 2017 fue otra vez un año importante para la cinematografía nacional, hubo una gran participación de producciones nacionales en varios de los festivales más influyentes de la industria, y muchos festivales regionales y comunitarios se fortalecieron en el territorio colombiano.

Según Jerónimo Rivera, se estrenaron el año pasado 41 películas producidas o co-producidas en Colombia, entre las que se destacan géneros como la comedia o el terror y estilos narrativos como el documental. Entre estas producciones resaltan la más reciente película de Víctor Gaviria: “La mujer del animal”, una necesaria y cruda historia sobre el papel de la dominación y el terror al que puede ser sometido un cuerpo; también el último documental de Nicolás Rincón Guille: “Noche herida”, el cual pone en evidencia, frente a la cámara, sin pretensiones ni puestas en escena (más allá de la puesta en escena de la vida misma), la realidad represiva de la periferia bogotana.

También hubo momentos para el buen humor, la psicodelia desenfrenada y el sinsentido desesperado en una película que no deja indiferente a nadie: “Sin mover los labios”, del director Carlos Osuna; además hubo una obra que retrató de manera un poco institucional el fin de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, uno de los temas coyunturales que mayor protagonismo tuvieron en los últimos años en el país: “El silencio de los fusiles” de Natalia Orozco.

Más allá de las realidades comunes y las experiencias compartidas como país, se presentaron relatos íntimos y personales como “Amazona” de los directores Clare Weiskopf y Nicolás Van Hemelryck, o “Epifanía” de Oscar Ruíz Navia y Anna Eborn. “La defensa del dragón” de la directora Natalia Santa fue la única película colombiana que participó en Cannes, en la sección de la Quincena de realizadores. Por último, resalta el reciente documental de Rubén Mendoza: “Señorita María: la falda de la montaña” –del cual se han escrito ya algunas palabras en Periferia–, un documental que va más allá de lo evidente, una historia del campo colombiano y del abandono por parte del Estado a cosas tan necesarias y simples como el derecho a construir una propia identidad.

Estas películas ofrecen un panorama no solo de lo que fue el cine nacional el año pasado, sino que además plantean interesantes preguntas de cara a lo que se viene en el futuro. Las mujeres tuvieron un papel protagónico en la dirección; los protagonistas fueron de nuevo personas comunes y corrientes, más agobiadas por la cotidianidad o la vida misma que por cuestiones heroicas; la experimentación en las películas de ficción cada vez se logra de manera más orgánica y natural; y los documentales vuelven a tener una relevancia única, no porque retratan la realidad sino porque dan voz (o escuchan) a aquellos personajes de la vida que poco descubrimos.

Vale la pena mencionar también algunos de los festivales regionales que mayor relevancia tuvieron y que se han fortalecido, ofreciendo mucho cine a las comunidades donde participan y ampliando las posibilidades que el séptimo arte tiene para enseñar. Uno de los más destacados es el Festival Internacional Cine en la Isla que este año cumplió su cuarto certamen. Se lleva a cabo en Isla Fuerte, Córdoba, y vale la pena mencionarlo porque a diferencia de varios festivales del país, en este se trabaja fuertemente para que los protagonistas sean los habitantes del territorio; este año la programación incluyó un taller de Stop motion para niños, uno de tradición oral y cuentería, un seminario de Cine y pedagogía, taller de cine para jóvenes, taller de dirección de no actores y una programación e invitados que cualquier gran festival envidiaría.

Otro festival que ha tomado una fuerza imbatible es el Festival Internacional de Cine de Cali. Su director, el cineasta Luis Ospina, ha hecho de este un escenario sin igual, basta decir, por ejemplo, que en noviembre pasado uno de los invitados especiales fue Barbet Schroeder director de “La virgen de los sicarios” (2000) o “Reversal of Fortune” (1990), película con la que fue nominado al Oscar como mejor director.

Por último, la versión 6 del Festival Audiovisual de los Montes de María, cuyo slogan fue “A son de paz”, se estableció como una ventana para descubrir esa Colombia sistemáticamente olvidada, allí la memoria y la construcción de identidad son los protagonistas, y la voz de las víctimas se alzan imponentes ante el silencio.

 


El viento trajo a su memoria aquella libertad perdida. A su alrededor ya no había barrotes ni la incesante voz de los guardias que con golpes y gritos intentaban doblegar su humanidad. Viento y arena, después de cientos de años de habitar la tierra, era lo único que les quedaba a los palestinos. Viento y arena, y una inquebrantable voluntad de hierro.

La espera de su familia afuera de la prisión se hacía interminable. Habían viajado de muy lejos para recibir a su hijo que se había hecho hombre entre las rejas de una prisión israelí. Ojos llenos de sufrimiento que vieron la destrucción de todo lo amado. Lagrimas que brotan cuando el invasor no vigila, cuando entre los muros del hogar se suelta la coraza para recoger lo poco de dignidad que te han dejado. Las manos que han envejecido entre el trabajo y la lucha, entre la resistencia. Todos son viejos en esta tierra porque son su memoria ancestral.

–Papá, allí viene, está más delgado pero es él, es nuestro Yusef, mi hermano, tu hijo…
La casa que atesoraba sus recuerdos había sido derribada dos años antes. Ese día la explanada se llenó de escombros, mientras las máquinas avanzaban entre los gritos de las mujeres y los ojos melancólicos de los ancianos. El ejército marchó apartando a quienes hasta hace poco habían tenido su hogar y que desesperadamente se aferraban a unos cuantos trozos de roca y madera.


El sol castigaba el cuerpo de Yusef, que, a pesar de ser solo un niño, sentía la rabia atravesada en la garganta. Caminaba de un lado a otro obligándose a mirar aquella destrucción que le revelaba cómo el mundo está lleno de sombras y de maldad.

–Algún día un niño como estos izará la bandera palestina sobre el Domo de la Roca.
Las palabras de su abuela resonaban a través del ruido y del polvo. A pesar de los años gastados y el cansancio.
–La historia recordará que aquí los palestinos tenían su tierra y su hogar.
Un grupo de colonos vestidos de blanco los insultaban mientras izaban una bandera como conquistadores.
–Tienen las armas pero nosotros tenemos la valentía, serán olvidados para siempre.

Un soldado se acercó a la anciana con su fusil en alto. Fue en ese momento que sintió una piedra que le atravesaba el rostro. Entre la sangre pudo ver a un niño de no más de doce años que le gritaba en una lengua que temía. Fue solo cuestión de algunos segundos.

Un golpe metálico arrojó al suelo a Yusef, mientras sintió botas que lo pateaban y un interminable dolor en todo el cuerpo. La rencorosa arena preparó un lecho para recibir sus lágrimas que no obstante se negaron a brotar orgullosas. Lo arrastraron hasta una tanqueta entre insultos y maldiciones. Impávido sintió que su niñez había llegado a su fin.

Los meses pasaron en una prisión donde miles de palestinos eran torturados y algunos desaparecían sin dejar rastro. Sus ojos cambiaron cediendo a la nostalgia y al dolor, solo pensaba en su familia sin un techo dónde reconstruir sus vidas. Sus manos envejecieron siglos y ahora su semblante no tenía tiempo.

Un abrazo lo unió con su hermana y su padre. El viaje lo llevó entre las ruinas de lo que fueron barrios, mercados y escuelas. Al detenerse vio un grupo de carpas donde miles vivían como refugiados en su propia tierra. Era la miseria que tanto le dolía y que temía encontrar entre los suyos.

Bebió el té escuchando la voz de su abuela que lo bendecía. Reparó en el samovar y la alfombra, en los cuadros de sus antepasados y en el libro que el profeta recibió del cielo. Cada sonido y olor lo devolvieron a tiempos más felices y borraron de su memoria el dolor de la cárcel y los días perdidos.

Su casa era esta, su casa se llama Palestina.

Un tabaco amargo

Ingrid era estudiante de Contaduría Pública, vivía en Bogotá, y no conocía el campo más allá de los paseos familiares. Pero en unas vacaciones hace 18 años, cuando fue a visitar a su tía, quien vivía en la vereda Santa Helena, de Barichara, Santander, se enamoró de los animales, la tierra, las flores… y también de Sergio, su actual esposo y padre de sus dos hijos. Sergio, desde pequeño campesino y tabacalero, como su familia, le enseñó a Ingrid todas las mañas del tabaco durante su proceso, y ella, aunque con dificultad, logró adaptarse y aprender lo propio de esta labor, así como de la vida en el campo.

Mientras habla de su vida, sus flores y sus cultivos, Ingrid sonríe. Sus ojos brillando son el mejor retrato de ese espíritu campesino, que tal vez no heredó de nadie, pero que labra con firmeza. Los días en la finca son, como ella misma lo dice, comunes y corrientes: “Levantarse uno a las 5:00 am, prender fogón, el tinto, alistar a mi hijo que me colabora con el desayuno porque le gusta la cocina, mientras que con mi esposo vamos limpiando el caney (el lugar donde se seca el tabaco), alistar el guarapo, la jarra, los vasos, las cabuyas, las agujas… todo eso antes del desayuno. Cuando ya hemos desayunado, cada uno por su oficio”.

Además de tabaco, Ingrid y su familia cultivan café, maíz, fríjol, yuca y cítricos, aunque es el primero su principal fuente de sustento. El proceso inicia con la preparación de las cubetas para los semilleros, a los que le hacen seguimiento durante 40 a 60 días. En este tiempo, arreglan el terreno para la siembra. El tabaco estará en el lote cuatro meses, durante los cuales hacen riego y fumigación con venenos orgánicos. En la mitad de este tiempo, es decir, dos meses después de la siembra, inicia la recolección, una cada quince días durante los dos meses siguientes. Ya en el caney, el tabaco empieza su proceso de secado, que tarda más de 22 días, y luego es escogido y empacado para la venta. Todo este último proceso, de secado y escogida, tarda alrededor de dos meses, lo que quiere decir que en total son ocho meses desde el semillero hasta la venta.

Con esta labor, y sin imaginarlo, Ingrid hoy hace parte de las pocas familias que han logrado subsistir en Colombia de cuenta del cultivo del tabaco. Y es que desde la llegada en 2005 de Phillip Morris, multinacional hoy dueña de Coltabaco, y en 2012 de British American Tobacco, dueña de la antigua Protabaco, el cultivo de esta materia prima y su transformación, en Latinoamérica, se concentraron en otros países como Brasil, Argentina o México. Para el caso de Coltabaco, empresa que le compra a Ingrid la cosecha, Guillermo Álvarez, actual presidente del Sindicato de la Industria Tabacalera –Sintraintabaco–, cuenta que de 12 mil millones de cigarrillos producidos antes de la llegada de la multinacional, hoy se producen 6.3 mil millones. En ese sentido, de 23.000 familias campesinas que se dedicaban al cultivo del tabaco, calculan que hoy quedan menos de la mitad, y con tendencia a seguir disminuyendo, “porque con lo que producen en Brasil por su gran extensión, por la tecnología y todo, les sale más barato traer el tabaco a Colombia que comprarlo acá mismo”, dice este dirigente sindical.

Algo de esto confirma Ingrid, cuando su entusiasmo al hablar se va convirtiendo en indignación. Contrario a lo que han vivido los trabajadores de la industria en cuanto a la precarización laboral, Ingrid cree que algunas condiciones para los campesinos han mejorado, porque por ejemplo la empresa le presta dinero a cada cultivador al inicio del cultivo y los dota de algunos productos. El problema, cuenta ella, es cuando al momento de la venta lo recibido no se acerca a lo esperado.

Cada kilo de tabaco, según el grado en que se encuentre, puede ser pagado desde 3230 hasta 7692 pesos. Ingrid y su familia, por lo general, alcanzan a recolectar 1000 kilos o un poco más, pagados a un promedio de 6000 pesos, es decir, unos seis millones de pesos, con los que tendrán que cubrir los gastos de ochos meses y pagar las deudas adquiridas para el cultivo. “Eso fue lo peleé la vez pasada, porque en la primera cosecha nos pagaron muy barato, entonces saqué al ingeniero de una reunión que tenían allá, y le dije bueno, con esto qué hago, ¿me compro una miseria de mercado? ¿O pago el transporte? Porque es que con esto no se hizo nada, me descontaron el 70% de la deuda... Uno no se siente satisfecho porque el pago es muy barato para tanto trabajo… ocho meses, porque llevamos ocho meses”.

Ingrid cree que el problema de fondo viene desde el Gobierno, por su abandono estatal y por las políticas que en lugar de fortalecer la economía campesina, favorecen a las multinacionales. “Voy en contra de las políticas del Gobierno totalmente, porque uno no es bruto para caer en esa mentira. ¿Que el comité de cafeteros a quién pertenece? ¿Y las multinacionales con quiénes hacen los convenios? Digo, ahí le dejo la inquietud. Ahoritica el Gobierno le está dando prioridad a las multinacionales para que se vuelvan centros de acopio de todas nuestras cosas y que no tengan valor”.

A inicios del 2017, en Santander, Phillip Morris animó y patrocinó a los cultivadores para que salieran a marchar en las cabeceras municipales en contra de la reforma tributaria y el alza del IVA, con la promesa de sentarse a dialogar sobre los problemas que afrontaban estas familias frente a los precios del tabaco, costos de producción y demás. Los cultivadores marcharon, pero las promesas rápidamente se olvidaron. Ingrid cuenta decepcionada que “nosotros peleamos contra la reforma tributaria, pero de nada nos iba a servir. Eso ya estaba aprobado, entonces jodidos todos, menos las multinacionales. Para mi concepto yo he visto el cambio de la reforma tributaria con las ventas de estos días. Sé que les subieron muchísimo los impuestos a ellos, pero eso a quién se lo achacan, ¿a la empresa o a nosotros? Digo, pequeña pregunta global”.

Muchos cultivadores ahora quieren terminar o achicar sus cultivos, debido a la situación económica. En el caso de Ingrid, la empresa familiar que significa el tabaco, está a punto de acabarse. Sus dos hijos, quienes desde muy pequeños han ayudado en la labor, así como en todos los oficios de la finca, van a graduarse pronto del colegio y tienen menos tiempo, lo que implica gastos extras para contratar otros dos trabajadores. Pero los ingresos no alcanzan para eso, porque “lo que uno cosecha no tiene precio –dice con tristeza–. Tendremos que buscar entradas económicas sin seguir perdiendo tanto dinero”, y la alternativa para ella, esta vez, parecer ser regresar a la ciudad, esa selva de cemento de la que salió hace 18 años, y ahora en compañía de sus hijos y de Sergio.

"Hugo, lo encontraron anoche a las 9:45”. “La primera persona que lo vio fue la mamá”. “Todavía estaba caliente”. Fueron algunas de las palabras que, por su voz entre cortada, me tocó ir hilando, de la interlocutora que me hablaba al otro lado de la línea. La persona a la que llamé era familiar de Sebastián Bolívar Montoya, un joven de veinte años de edad, que decidió quitarse la vida el pasado 28 de noviembre.

En el cementerio de Envigado, mientras los que cargaron el féretro lo iban deslizando hacia el interior de la bóveda, un primo de él, con voz de tristeza y a la vez de reclamo, dijo: “Vea, les pidió ayuda y no se la quisieron dar, ahí lo tienen en un cajón”, y continuó: “No tenían plata para apoyarlo pero sí para un ataúd de dos millones de pesos”.

Sebastián, residente del barrio La Mina del municipio de Envigado (Antioquia), desde muy joven empezó a experimentar los rigores de las necesidades en su hogar. Primero, a los trece años le tocó ver la separación de sus padres. Mas adelante fue testigo de las innumerables demandas que Leydi Montoya, su madre, se viera en la necesidad de hacerle a Juan Fernando Bolívar, su padre, para que cumpliera con la cuota alimentaria y demás obligaciones.

A este adolescente atractivo, de ojos verdes, delgado, coqueto, le fue desapareciendo la sonrisa, y lentamente se fue convirtiendo en una persona que reflejaba en su rostro, en la mirada y en su cuerpo los rezagos que deja el consumo de alucinógenos, que fueron llegando a la par de estas experiencias.

Hacía poco tiempo, unos dos meses atrás –comentó una tía de Sebastián–, le dijo a su madre que no solo por la familia, sino por el bebé –que había tenido su novia hacía seis meses–, “voy a dejar de tirar vicio”. Y se dedicó a buscar empleo. Pero con su aspecto le era imposible.

Leydi estaba contenta por el cambio que había tenido su hijo y le permitió que trajera a la novia con el bebé a vivir a su casa. Pero seguido le decía: ¡Salga a buscar empleo! Y él a menudo atendía el consejo de su madre, sin poder lograr el objetivo. A la vez, con los días la convivencia se puso insostenible, pues cuando Leydi llegaba del trabajo, encontraba la casa peor que como la había dejado en la mañana: sin barrer, la cama de ellos destendida, la cocina hecha un desastre… Entonces les dijo: ¡Vea cómo me tienen la casa!, de ahora en adelante, defiéndanse como puedan. Y se fue.

Familiares y amigos, cuando tuvieron conocimiento que a la vivienda le suspendieron el servicio de gas y entendieron la situación que rodeaba a Sebastián, le empezaron a ayudar. También las tías le decían que fuera a buscar la alimentación donde ellas, pero a él, por falta de empleo, ya le daba pena. Había noches que se acostaba sin haber probado comida en todo el día. Y la madre del bebé, cuando conseguía trabajo, antes de salir, en ocasiones le dejaba algo de dinero para la leche del niño, pero no sin antes recriminarle: ¡Salga a buscar empleo, usted no sirve es para nada, es un inútil!, yo mejor me voy a llevar el niño. Si usted se me lleva a mi hijo, yo me mato, le respondía él. Usted no es capaz de matarse, usted es un cobarde, terminaba diciéndole su novia. Esta fue una de las últimas discusiones que le escucharon a la pareja unos días antes del episodio trágico.

Al mes o mes y medio Leydi regresó a la casa y tres días antes de que Sebastian llevara a cabo el último acto de su vida, le dijo: Mamá, prométame que va a luchar por el bebé. Júreme que usted se va a quedar con él. Al siguiente día, después de la discusión cotidiana con la novia, a esta también le dijo: Yo no me tiro de la moto, porque sé que quedo padeciendo, pero si se me lleva el niño yo me mato. Y esa tarde se lo llevó.

Dos días después, a las 9:45 de la noche, cuando Leydi entró a su casa, vio a su hijo que tenía en el cuello el collar del perro y la cuerda colgaba de un gabinete de la cocina. Los funcionarios oficiales que atendieron el caso, dijeron que llevaba unos cinco minutos de muerto. Es que todavía estaba caliente, dijo la madre de Sebastian.

En medio del levantamiento del cadáver le encontraron en uno de sus bolsillos el recorte de un periódico con los teléfonos subrayados en la sección de ofertas de empleo.

A pesar de que Juan Fernando “le metió dos millones de pesos al ataúd” –como lo comentó uno de los familiares– y, “eso sí, la caja era muy bonita”, –dijo un asistente al entierro–, este padre, hasta muerto le siguió negando cosas, pues no quiso comprar una libra de café que le pidieron para atender los asistentes a las novenas por la memoria del alma de Sebastián.

Aunque se hayan visto en las redes sociales las imágenes de Vargas Lleras cabalgando a sus anchas con asesinos y mafiosos; aunque los jefes de los grupos paramilitares como “don Mario” hayan cumplido el compromiso de denunciar sus crímenes y en ellos involucren a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago; así se haya descubierto toda la red de mermelada que el ex procurador Alejandro Ordoñez distribuía entre familiares y amigos; aun conociendo el poder corruptor y malicioso del Fiscal General, y sus vínculos con transnacionales que han defraudado al Estado; aunque escuchemos el cinismo del Ministro de Defensa planteando que a los líderes sociales los asesinan por líos de faldas, las noticias que toman fuerza en los grandes medios son otras, graves también, pero no de semejante magnitud. Una labor seria, responsable y honesta de estos medios seguramente daría al traste con la maquinaria aceitada de los politiqueros. Por el contrario, los implicados en los escándalos siguen orondos su carrera hacia la presidencia de Colombia en este 2018.

El tema de paz continúa siendo un asunto de segunda o tercera línea para el Gobierno, la oposición de ultraderecha y para los intereses de los grupos económicos más poderosos, en los que se debe incluir a los grandes medios masivos de comunicación. Eso sí, el proceso de paz se vuelve muy importante cuando presenta problemas y entra en crisis, ya que le sirve a los jefes y asesores de las campañas electorales, no para clamar por apoyo a la paz, sino para enfilar su discurso guerrerista en contra de este. Al Gobierno la crisis también le sirve para mostrar su enojo por el daño a la infraestructura y el impacto a la inversión extranjera, a la vez que ignora la muerte de cientos de humildes a manos de fuerzas armadas de todo tipo, engendradas por su histórica estrategia de guerra. Todo esto junto, y perversamente manejado, sepulta la podredumbre que hiede en el mundillo de la clase política y sus poderosos padrinos, los de aquí y los forasteros.

Pocas campañas incluyen la paz como asunto central; algunas como la de Coalición Colombia, liderada por Fajardo, o la de Humberto de la Calle, proponen darle continuidad a la implementación del burlado acuerdo de La Habana, pero en materia de desigualdad, pobreza, salud y desempleo, entre otros, tienen propuestas cosméticas y algunas son más de lo mismo; otra, como la de Gustavo Petro, considera que la paz implica una transformación social y se atreve a tocar asuntos estructurales del modelo económico en materia de salud y pensiones, por ejemplo. Los demás candidatos de la derecha mantienen su idea de resolver el conflicto social, político y armado con más violencia. Como sea, para el pueblo no habrá paz sin empleo, salud, educación, soberanía alimentaria, etc.

Mientras se mantenga el argumento amañado de que resolviendo la confrontación armada con las guerrillas se solucionan los obstáculos “que impiden el desarrollo y el progreso”, y se oculten los verdaderos intereses de la clase política y sus patrocinadores en los meganegocios con las transnacionales, que les dejan jugosas coimas como ocurrió con Odebrech, Isagen, Reficar, Ruta del Sol, entre otros, se podrían suscribir muchos acuerdos de paz entre las guerrillas y los gobiernos para que las armas vayan a un oscuro container, pero nada va a suceder que favorezca las vidas de los millones de compatriotas que padecen penurias, indignidades y ausencias.

Lejos está de acabarse la guerra y el conflicto armado que cobra vidas en los territorios. Miremos no más la situación humanitaria en departamentos como el Chocó, Nariño y Cauca, donde al parecer se incrementaron los grupos armados delincuenciales, el narcotráfico y otros negocios criminales, en la mayoría de los casos con la participación de las honorables fuerzas militares, o ante su omisión. Además, en Cauca y Nariño se han asesinado sistemáticamente a la mayor cantidad de personas cuyo trabajo digno y admirable es el de construir organización social y democracia, por la vía de la protección ambiental, los proyectos de economía campesina, la defensa del territorio, los derechos humanos y la paz, entre otros asuntos de gran valor humano que los colombianos deberíamos apreciar, practicar y defender de manera unánime.

Sin embargo, 2018 es un año interesante. A pesar de la estrategia de bajarle la temperatura al ambiente de corrupción y crimen practicado por la clase política tradicional, a la cual pertenecen los principales partidos y candidatos aspirantes a la presidencia como el Centro Democrático, partidos Liberal y Conservador y Cambio Radical, se siente un ambiente de rabia y desprecio general que no los deja muy bien parados en las encuestas. Es posible que en esta oportunidad y con un poco de dignidad extra, los colombianos y colombianas nos abstengamos de entregarle nuestra cuota de soberanía a estos pillos, tanto en las elecciones de Congreso como en las presidenciales.

Lo otro interesante sería reforzar los actos de protesta que dejan resultados prácticos para las comunidades y brindan ejemplo a las demás, como las consultas populares, la creación de proyectos de economía propia, la construcción de zonas de reserva campesina, afro e indígena, o de territorios campesinos agroalimentarios, las recuperaciones de tierras, entre otras iniciativas que vayan engendrando lo que llaman el poder popular… así se quedarían los politiqueros hablando solos.

También es necesario apoyar a los candidatos y candidatas con experiencia en la lucha social y comunitaria; a los que sus esfuerzos por causas sociales les dan carta de presentación; al menos de esta manera los espacios institucionales se van descontaminando de la hediondez dejada por la clase política tradicional.

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