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Asistimos al despliegue de una crisis civilizatoria, es decir orgánica, del sistema mundo vigente desde los años setenta; eso implica un cambio radical en la gestión de nuestro modo de vida. Su deconstrucción requiere de años y centurias como lo ilustra la historia, pues no se trata de una crisis funcional al mantenimiento del sistema sino a la emergencia de uno nuevo.

Dos son las variables que fundamentan el carácter de este tipo de crisis: un nuevo patrón o paradigma energético y un nuevo giro comunicacional. El primero relacionado con el tipo primordial de energía utilizada para el sostenimiento de todo el sistema por parte de las respectivas formaciones sociales, y el segundo con la forma de comunicarse entre sí.

En la historia de la humanidad se han dado dos de esas crisis, y actualmente nos encontramos en la transición hacia una tercera, debido a la emergencia de un nuevo patrón energético, sustentado en las energías renovables –que son las más abundantes en el planeta y el universo–, y de la comunicación en red-internet que fundamenta la naciente sociedad informacional.

La primera fase premoderna se erigió por sobre las comunidades primitivas a partir de la aparición de las ciudades-estados –hace unos diez mil años–, acompañada de la invención de la escritura y el uso de la leña, que superaba su tradición oral. Su gestión estaría a cargo de los sistemas políticos despóticos y patrimonialistas concentrados en un soberano: Faraón, César, Mandarín, Gran Inca o Rey, quienes disponían de forma personal de la organización de esas sociedades conocidas como hidráulicas.

La segunda fase emerge a partir del siglo XV con base en el uso de las energías fósiles como el carbón, y en el siglo XIX el petróleo, junto a la escritura de Gutenberg, que dio al traste con la premodernidad y erigió la sociedad moderna. Por sus características de ser una energía almacenada y de riqueza única, su gestión requiere de monopolios centralizados –de gran capital de inversión– como las empresas transnacionales, y políticos –de gran poder–, como los estados nacionales con sus agentes, los partidos políticos; todos estos asistidos por el despliegue científico y tecnológico “duro” y macro, la administración empresarial taylorista-fordista, y la democracia representativa liberal, entre otros. Su impacto ambiental y la reducción de las reservas del petróleo gatillan la aparición de una nueva fuente.

La crisis petrolera de los años setenta y su réplica a partir de entonces hace de las energías limpias el nuevo paradigma energético, a su vez acompañado de la comunicación en red, ambos en correspondencia con el nuevo espíritu de la época: lo diverso. Diversidad en las fuentes energéticas y en los discursos de la riqueza étnica y cultural. Fuentes energéticas que al no estar almacenadas sino disipadas en diversas fuentes: solar, eólica, hidráulica, térmica, biomasa, biogás, mareomotriz, olamotriz, hidrógeno, etc., revaloran el lugar como un punto vital y ponen en el centro la participación de sus lugareños en su producción y gestión. Como explica Gunter Pauli (2011) en su texto La economía azul, “se trata de un nuevo enfoque de la gestión de la demanda: la intervención en el lado del suministro…”

Esa nueva gestión cuestiona la administración corporativa vertical y monopólica de las grandes empresas, fundadas en la administración de la energía fósil almacenada. Así, da cabida al ejercicio de la participación directa de los productores y distribuidores individuales y colectivos, organizados en pequeñas y medianas empresas comunitarias autosuficientes, autogestoras y cogestoras, en red con otras comunidades e individuos, para el uso de sus propias energías, que como diría Gandhi, “no se basa en la fuerza, sino en la gente en su propio hogar, no una producción para las masas, sino de producción de las masas”. Sistema de producción de la mano de las tecnologías “blandas”, “pequeñas y hermosas”, de punta como la producción en 3D, que sigue la filosofía de acceso de código abierto, donde el software con las instrucciones para imprimir objetos no es propiedad de nadie, en el que se usan materiales de origen local que la hace una tecnología de aplicación universal.

Y como el asunto energético se concentra en la obtención de electricidad a partir del calor, la fricción, la presión, el magnetismo y la bioquímica, se abre entonces todo un arcoíris de posibilidades energéticas que incluye la producida por los mismos cuerpos biológicos a través de la química del potasio, el sodio y el calcio, que no necesita de pilas ni de cables, ni metales, requiriendo menos energía externa y la disminución en la dependencia de la minería, como explica Pauli.

Quedan de lado esas imágenes de grandes depósitos y chimeneas de las que salen diversas fuentes contaminadas y contaminantes –administradas por monopolios–, para imaginar tiempos en que se intercomunican los más diversos y constantes flujos limpios de energía, que mantienen en funcionamiento permanente la red, sin stock críticos por efecto de la acumulación, sino obrando armoniosamente a través de la complejidad distribuidora-productora.

Estas redes intercomplejas van construyendo espacios como Internets de energía local, cuyo ejemplo se ilustra en la India, “en dónde debutó a lo grande en julio de 2012, cuando el país sufrió el peor apagón, entrando en pánico gran parte de su territorio, mientras en una pequeña aldea de una zona rural de Rajastán siguió como si nada gracias a su micro red de electricidad verde”, según relata Jeremy Rifkin (2014) en su texto La sociedad de coste marginal cero.

De esa manera se va predisponiendo una civilización del Procomún Colaborativo, como la denomina Rifkin, que se traduce en una nueva “manera de organizar la vida económica, y ofrecer la posibilidad de reducir las diferencias en ingresos, democratizar la economía mundial y de crear una sociedad más sostenible desde el punto de vista ecológico (…) procomún colaborativo que está en alza y es probable que hacia 2050 se establezca como el árbitro principal de la vida económica en la mayor parte del mundo”. Año a partir del cual el petróleo entre en picada productiva ante el agotamiento de sus últimas reservas en la actualidad, objeto del fracking.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de Pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

Desde el pasado 21 de marzo, en la playa el Arenal del municipio de Sabanalarga, Antioquia, las comunidades campesinas, barequeras, arrieras y pescadoras han salido a defender su territorio, su forma de trabajar y a su patrón mono –como le dicen al río–, frente al despojo generado por la construcción de una de las hidroeléctricas más grandes de América Latina: Hidroituango.

Las comunidades que hacen parte de la Asociación de Mineros Artesanales de Sabanalarga, adscritos al Movimientos Ríos Vivos Antioquia, han visto amenazada su integridad con el accionar de las empresas contratistas de EPM (como Refocosta y Plantar), especialmente ahora que han decidido arremeter deforestando 4.500 hectáreas de bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, para la inundación que hará en junio la multinacional.

Con esto se afectará a más de 19 municipios y a las comunidades que han habitado ancestralmente estos territorios del cañón del Cauca, destruyendo sus lugares de vida y de trabajo, así como el hábitat de comunidades animales y vegetales.


Un proyecto con historia
La idea de transformar el agua en un negocio energético no es nueva en Antioquia, actualmente el departamento más inundado de Colombia. En la cuenca del río Cauca de este departamento se vienen realizando estudios desde 1969, cuando José Tejada Sáenz, de la consultora Integral S.A, realizó un estudio titulado “Desarrollo Hidroeléctrico del Cauca Medio”. Entre 1979 y 1982, la misma firma consultora realizó los estudios de factibilidad del proyecto Hidroituango. Desde entonces, el proyecto fue incluido en los planes de expansión del Sector Eléctrico Colombiano como uno de los emprendimientos hidroeléctricos con factibilidad terminada, es decir, que se proyecta como rentable.

En 1997 a través de la Ordenanza 35, la Asamblea Departamental facultó al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, para promover una empresa que realizaría los estudios en un corredor del río Cauca. De esta manera en 1998 se protocolizó el nacimiento de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango para construir y comercializar la energía generada por el proyecto.

Este proyecto hidroeléctrico, localizado en ambas márgenes del río Cauca entre las desembocaduras del río San Andrés y el río Ituango, obtuvo de manera irregular la declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social en el año 2008, antes de otorgársele la licencia ambiental en el año 2009. Esto permitió a EPM y a la Gobernación de Antioquia iniciar las obras para construir un muro de 225 metros para un embalse de 79 kilómetros, que generará 2.400 MW, lo que implica la inundación de 26 mil hectáreas.

Marta Lucía Rodríguez, proveniente de Puerto Valdivia y afectada por el primer túnel de la hidroeléctrica, cuenta que “Cuando ellos empezaron a construir el túnel me dijeron que me tenía que ir por siete meses y luego podía regresar sin ningún problema, y fue falso porque no he podido regresar. Yo tenía una cocina de leña con la que me buscaba el sustento, hacía empanadas, buñuelos, hasta las muchachas que trabajaban en la represa me compraban. No regresé ni firmé el acto de vecindad, porque ahí no se contemplaba el daño que nos hacían; ha habido muchos derrumbes desde que el túnel está ahí y EPM no me ha querido responder, yo necesito un techo digno, necesito que EPM me responda por mi sustento económico que ya no lo puedo tener”.

Marta se encuentra desplazada y con su esposo enfermo, a raíz de un paro respiratorio por la difícil situación que están viviendo y que ahora no le permite trabajar. Un día Marta se encontró con el Alcalde del municipio en el puesto de salud y lo confrontó: “Jonás usted qué va a hacer con nosotros, yo necesito un techo digno para meterme con mi familia”. La respuesta del Alcalde fue que la situación se le salía de las manos y que eso lo debía resolver EPM, “y me dijo que entonces me pusiera un lazo, lo amarrara a una piedra y me arrojara al río… qué esperanzas con las que uno vive después de esa respuesta de un alcalde”, recuerda con indignación.

Afectaciones ambientales
El bosque seco tropical se encuentra en tierras bajas entre los 0 y 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y se caracteriza por presentar lluvias durante el año, pero también largos períodos de sequía que pueden ir desde tres hasta cinco meses. Esto permite encontrar una diversidad única de plantas, animales y microorganismos adaptados a condiciones extremas. Además, se puede encontrar este hábitat en regiones con bastantes lluvias, pero donde los suelos retienen poca agua.

Entre las especies de árboles que se encuentran en la zona están la ceiba, el amargo, el almácigo, el piñón de oreja y el cedro; algunas de las especies animales son la guacamaya verde oscura, el toche enjalmado, la habia ahumada, el tucán limón, el cacique candela y el tití gris, “estas especies son de especial cuidado porque algunas son endémicas, o sea que si llegan a desaparecer para esa zona es una especie extinta, desaparece para el mundo porque solo viven ahí, o están en alguna categoría de amenaza, puede que el ave no sólo viva ahí pero se encuentra vulnerable o en peligro”, afirma María José Andrade, joven defensora del territorio.

Actualmente, en Colombia solo queda un ocho por ciento de bosque seco tropical; es decir, solo se conservan 720.000 hectáreas de los nueve millones con las que contaba originalmente el país. Uno de los grandes afectados del modelo minero-energético son precisamente estas zonas de vida, ya que muchas de las infraestructuras hidráulicas para la generación de energía están asociadas al bosque seco tropical. Proyectos como El Quimbo, el Espíritu Santo e Hidroituango, destruirían estos territorios agro-biodiversos con la inundación.

Las comunidades entre el conflicto y la revictimización
La zona de el cañón del río Cauca ha sido disputada entre las FARC, el ELN, los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas, lo que ha dejado 73 masacres, en su mayoría cometidas desde el año 1997. Debido a este contexto, gran parte de los habitantes de estos territorios han sido víctimas del desplazamiento forzado.

Con Hidroituango, las Empresas Públicas de Medellín y la Gobernación de Antioquia están revictimizando a las comunidades afectadas por el conflicto armado, ahora al ser desplazadas por el megaproyecto energético. Son más de 700 familias que están viendo transformadas sus formas de vida con la privatización y militarización de los territorios cañoneros, con la llegada a la región de maquinaria, ejércitos públicos y privados, y contratistas de EPM.

“La llegada del proyecto a estos municipios ha traído desplazamientos, desalojos de las playas, daños al medio ambiente, un censo nefasto que hizo, un manual de valores que lo hicieron a su amaño, y el barequeo y la pesca se está perdiendo. Las culturas ancestrales que había alrededor del cañón también. La negociación que hizo fue muy injusta con algunos de los barequeros que habíamos quedado censados. Hay varias familias que están en el cañón del Cauca ejerciendo aún el barequeo, y están siendo desalojadas, ya que EPM dice que el proyecto no se puede parar, entonces que les den soluciones”, dice Cristóbal Giraldo, presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, ASVAMITUANGO.

Giraldo se refiere al censo realizado por EPM, en el que según las comunidades no se realizó una debida caracterización de la población afectada, situación que reconoció la empresa en respuesta a un derecho de petición, y explicó que no entró a las playas donde trabajan las comunidades debido a la situación de orden público.

Con la inundación del cañón, además, se cierra la posibilidad de que familias que fueron afectadas por el conflicto armado tengan acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, puesto que, de inundarse la zona, perderían la posibilidad de encontrar los cuerpos de sus seres queridos y poder ejercer el derecho al duelo.

Hasta ahora las autoridades han exhumado en el área de impacto 159 cuerpos, aunque las cifras oficiales documentan más de 650 casos de desaparición. Es el caso de uno de los barequeros de la playa Guayacán, quien describe su situación actual así: “atropellado por la violencia, desplazado y desalojado por Hidroituango y víctima del conflicto armado, tengo un hermano desaparecido, ya va a ajustar 16 años, no hemos sabido nada de él. Arrinconado y acribillado por la indemnización que da Hidroituango, es una indemnización que no nos da ninguna garantía de una vida mejor sino antes de vivir peor”.

El pasado 21 de abril, 25 eurodiputados enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos, al Fiscal, Procurador y al Gobernador, a quienes les expresaron su preocupación por la inundación que se realizará el mes de junio. Los parlamentarios les solicitaron a las autoridades “garantizar a las víctimas del conflicto armado y a los familiares de personas desaparecidas que en la zona de afectación de Hidroituango no quedan más cuerpos por exhumar, antes del llenado del embalse. Suspender el llenado de ser necesario hasta que estas labores no sean debidamente realizadas en su totalidad y den certeza a las víctimas y comunidad internacional", puntualizaron en la misiva.

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En las playas Guayacán y Mote, jurisdicción del municipio de Ituango, desde el miércoles 11 de abril el río empezó a crecer y arrasó con la cobertura vegetal que ha talado Hidroituango desde el municipio de Peque. Esta palizada ya no pudo seguir como antes lo hacía, pues ahora hay un muro y unos túneles que bloquean el río, lo que generó grandes inundaciones que afectaron a dichas comunidades. Al amanecer del 15 de abril fueron rescatadas dos personas del río, a quienes la institucionalidad no brindó atención ante la emergencia que se vive, sin cumplirse la Ley 1523 de 2012 donde obliga a los comités regionales del riesgo a realizar el registro único de damnificados. La queja de las comunidades es que nadie las visita. A pesar de esto continúan unidos bajo el lema: ¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 

“Mire uno se mete al río
y todo se ve acabado
pues donde uno barequeaba
ya todo está bien tapado
de piedras, palos y escombros
que esta empresa tiró
y los puntos de bareque
esta empresa los tapó”
Trova de Edinson Pérez, El Mal Peinado.

La letra con sangre entra

Pedagogía del Lejano Oeste (Far West)

Las masacres en los Estados Unidos se han convertido en un elemento característico de la identidad de los habitantes de ese país. En cualquier lugar y en el momento menos pensado irrumpe algún matón que, a sangre fría, asesina a las personas que encuentre a su paso, en iglesias, cines, discotecas, plazas públicas o en universidades y escuelas. Esos asesinos, Made in USA, son un resultado de esa “cultura de la muerte” que se ha gestado desde hace varios siglos, cuando se permitió la matanza indiscriminada de indígenas y negros africanos esclavizados a la brava. Son tristemente célebres los linchamientos de negros y las masacres de indígenas, para apropiarse de sus tierras, durante la brutal expansión hacia el Lejano Oeste en el siglo XIX. Esa cultura de la muerte se sustenta en el individualismo, en el darwinismo social, en el racismo, en la competitividad, como rasgos esenciales del capitalismo, que en los Estados Unidos se ejercen con inusitada violencia hacia quienes se ven como “enemigos” internos o externos.

Un rasgo esencial de esa cultura de la muerte es el endiosamiento a las armas, a las cuales se les exalta como un instrumento de libertad, hasta el punto que, según la Segunda Enmienda Constitucional, portar armas es un derecho individual, que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales ni locales pueden restringir, es decir, legalmente existe una carta franca para matar.

Ese derecho a matar es propugnado a nombre de la libre empresa por los productores de armas, a quienes beneficia un libre mercado de instrumentos bélicos, como se muestra con algunas cifras en sí mismas contundentes: en 2009 ya habían más armas (310 millones) que habitantes (306 millones) en el territorio estadounidense; en 2012, los civiles tenían a su disposición 114 millones de pistolas, 110 millones de rifles y 86 millones de escopetas, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso; en 2013, último año del que hay cifras oficiales, se vendieron 16,3 millones de armas de fuego en ese país, o sea, 44.889 armas al día.

Al mismo tiempo, un poderoso lobby, encabezado por la Asociación Nacional del Rifle, fundada en el siglo XIX, efectúa una campaña permanente para que la libertad de portar armas no sea restringida. Dicha asociación cuenta entre sus principales impulsores a los republicanos y a la extrema derecha civil, así como a muchas iglesias evangélicas, defensoras incondicionales de la utilización de las armas de fuego por parte de sus feligreses.

La venta de armas es libre para cualquier persona en los Estados Unidos, incluso se les vende armas a niños y hasta a bebés. Por ejemplo, en 2007, Howard David Ludwig, alias 'Bubba', obtuvo su permiso de armas en Chicago a los 10 meses de edad. En el documento con el que se le vendió el arma, registrada a nombre de él, pero por supuesto adquirida por sus padres, se precisaba que el tenedor de la licencia tiene una estatura de 68 centímetros y pesaba nueve kilos.

Las escuelas y universidades se encuentran entre los sitios predilectos para realizar matanzas y tiroteos. A raíz de la masacre en una escuela de La Florida, con 17 muertos, han surgido novedosas propuestas “pedagógicas”, que vale la pena comentar por su notable contenido educativo. Así, el presidente de Estados Unidos propuso que los profesores se armaran, no precisamente de valor, sino con armas de fuego, para defenderse de posibles ataques. En concreto sostuvo: “Hay algo que se llama portar armas de forma oculta, y que solo funciona cuando tienes a gente entrenada para ello. Los profesores tendrían un permiso especial, y (la escuela) ya no sería una zona libre de armas”. Para rubricar su propuesta agregó que se podrían enviar “profesionales”, marines, a las escuelas, como forma de enfrentar el problema. Poco después, Donald Trump precisó su “humanitaria” propuesta: "Un 20% de profesores tendría la posibilidad de disparar inmediatamente si un loco salvaje se presenta en un colegio con malas intenciones. Una escuela libre de armas es un imán para la gente malvada”.

La “solución” que propone el presidente de los Estados Unidos es propia de la mentalidad guerrerista predominante en ese país, cuya consigna es solucionar el problema de las armas no mediante su eliminación o reducción, sino con más armas. En el caso de los profesores, eso quiere decir que la idea es darles armas y entrenamiento bélico a 640 mil maestros en todo el territorio estadounidense.

En lugar de proporcionarle a las escuelas y a sus estudiantes y maestros, cosas como bibliotecas, libros, música, arte… se les ofrece armas. De concretarse esa propuesta, se estaría armando con rifles, pistolas y escopetas a un 20 por ciento de profesores, y el 80 por ciento restante quedaría ahora a expensas no solo de estudiantes, sino de sus propios colegas.

Introducir armas en las escuelas tienen un efecto directo en la propia esencia de la educación, que es la de alimentar la diversidad de puntos de vista sobre un tema, discutir, controvertir, dudar, preguntar, sin que eso sea constreñido, menos recurriendo a la violencia física. Nada de eso tendrá sentido con profesores y estudiantes armados. Ningún debate o exposición de algún punto de vista controversial podrá efectuarse, cuando se corre el peligro de que cualquier debate, discusión o diferencia, termine con un duelo armado en la propia aula de clase.

Ya hay evidencia de lo que afirmamos. En la Universidad de Houston, en Texas, se dictan talleres en los que se brindan recomen-daciones a sus docentes de cómo defenderse en caso de algún ataque armado por parte de estudiantes. Y entre las indicaciones que allí se sugieren se encuentra la de “ser cuidadoso a la hora de discutir un tema sensible”, “eliminar ejes temáticos delicados del plan de estudio”, “no intervenir en determinadas situaciones si se está enfadado” o “limitar el acceso de los alumnos fuera de las horas lectivas”. En pocas palabras, ya lo más importante no son las ideas ni la capacidad de argumentación, sino las armas. Armados con esos instrumentos bélicos, en las aulas de clase se van a revivir los duelos del siglo XIX en el lejano oeste, cuando cualquier matón imponía su ley.

En los Estados Unidos se hace realidad uno de los principios rectores de la pedagogía represiva y autoritaria de todos los tiempos, que afirma que la letra con sangre entra, puesto que ahora los profesores pueden educar con el ejemplo de dispararles a sus estudiantes y estos pueden mostrar todo lo que han aprendido matando a sus profesores y a sus compañeros de clase. Como en Estados Unidos todo se mide en sangre, como en la guerra con el body count, el recuento de cadáveres, ahora el nivel y seriedad de la educación se medirá con un nuevo y novedoso ranquin: la cantidad de sangre que anualmente reporta una escuela o una universidad, de acuerdo al número de muertos, profesores y estudiantes, que en ese año se registren. ¡Esa sí que es una novedosa contribución a la cultura universal!

Cuando lo perdimos todo

La primera vez que Lucía vivió la guerra fue el 22 de octubre de 1997. Ese día los paramilitares se tomaron el Corregimiento de El Aro, en Ituango Antioquia. Ella estaba embarazada de una niña, vivía con su esposo y con un hijo de siete años. “Nosotros nos habíamos escondido en el monte, teníamos un mero hijo, la niña venía en camino. Los que pasaron haciendo estragos nunca nos vieron. Pero cuando los paramilitares se fueron, la guerrilla dijo que nosotros éramos amigos de ellos, entonces nos quitaron la finca que teníamos”.

De esta manera empezaría el triste historial de despojo y desplazamiento que sufriría esta mujer, cuya vocación de líder la llevó a enfrentarse, directamente, a los poderes políticos y a los grupos armados.

“Guerrilleros”
En Valdivia, el pueblo de su corazón, al que llegó luego de ser desplazada de Ituango, y donde vio crecer a sus tres hijos, emprendió unas luchas con las que tocaría los intereses criminales de la zona. La principal tenía que ver con la transformación del sustento de ella y de su comunidad: la erradicación de los cultivos ilícitos. “Vi que por los cultivos ilícitos había hogares sin papás. Hogares sin hijos. Todo el flagelo que se vivía allá era debido a los cultivos ilícitos”.

Como había tantas veredas con coca en su pueblo, ella, y otros líderes del municipio, crearon un comité cocalero. Este comité sirvió para formar unas mesas de discusión con el Gobierno Departamental y con las Fuerzas Armadas, en busca de un acuerdo para sustituir los cultivos, pero este acuerdo, que para muchos se visualizaba como un plan piloto que se extendería en toda la región, se vio truncado por la indelicadeza de una funcionaria.

“Ahí estuvimos todos los líderes campesinos para pedir cultivos que realmente estuvieran acordes con el clima de la región. Íbamos a erradicar todo lo que había en el municipio de Valdivia. El Gobierno nos iba a dar un cultivo alternativo y una mensualidad para que subsistiéramos cultivando. Era el mejor comienzo, y eso se iba a ampliar para todo el Bajo Cauca. Pero la secretaria de gobierno de Antioquia, lamentablemente, dio unas declaraciones a la prensa, donde dijo que se había reunido con líderes “guerrilleros” de Valdivia. Entonces ya ninguno quiso volver a las mesas de negociación y ahí se dañó todo”.

A pesar de esto, en Valdivia, y específicamente en la vereda en la que Lucía ya era presidenta de la Junta de Acción Comunal, se decidió continuar con el proceso de sustitución, así no se contara con el apoyo del Gobierno Departamental. Posteriormente, se acogieron a los planes nacionales de sustitución y Lucía tomó la iniciativa erradicando su cultivo de coca que ya tenía tres años y estaba floreciendo, e impulsó la siembra del que sería el símbolo de su lucha: el cacao.

Pero el apoyo del Gobierno no fue ni tan efectivo ni tan amplio como se prometió, incluso se prestó para los intereses privados de algunas entidades intermediarias en el proceso, tal como pasó con Fedecacao, entidad que debía prestar acompañamiento a Lucía y su comunidad. “Siempre ponen un tercer y cuarto intermediario, y esa plata que nos envían a nosotros se queda ahí. ¿Sabe qué pasó con Fedecacao? Erradicamos, y supuestamente teníamos derecho a alimentación y a todo, mientras esos cultivos estaban produciendo. Pero solo nos dieron herramienta. ¿Nosotros de qué íbamos a vivir? Hoy por hoy me entero de que el Gobierno sí le daba a uno la comida, pero Fedecacao se quedaba con esa plata”.

Alcaldes
Lucía participó en la creación de un comité de veeduría, para supervisar el gasto de los dineros públicos en su municipio, especialmente los provenientes de Hidroituango. Desde allí se enfrentó con el alcalde de ese entonces, Francisco Javier Cárdenas, y con el exalcalde, amigo y compañero político de este, Mauricio Gómez. Dos dirigentes políticos que desde entidades distintas, y turnándose en el poder, se apoyaban mutuamente.

“El alcalde era Francisco Javier Cárdenas, que hizo todo lo malo que hacen los alcaldes. Fui su peor enemiga, por mí tenía 27 denuncias en Procuraduría. Pero en Procuraduría nunca lo investigaron, porque allí estaba Mauricio Gómez, el antiguo alcalde, que era su amigo. Se perdió gran cantidad de plata que nunca llegó al campesinado. Uno como líder investiga, se mete en los rincones donde nadie se mete. Nuestro primer descubrimiento fue que quien creó el modelo para la campaña de Francisco había sido Mauricio, y desde ahí empezó la relación”.

“Lo que le dije al policía, me lo dijeron “ellos” a mí”
En una ocasión, un sábado en la noche, a las 2 a.m., mientras Lucía se encontraba dormida, hubo un tiroteo justo a dos casas de ella, en un negocio. Habían asesinado a un hombre propinándole 16 disparos. Como la situación en el pueblo estaba tan delicada, los inspectores habían delegado a los presidentes de las juntas la tarea de firmar las actas de levantamiento de cuerpos. Entonces esa noche unos oficiales tocaron a la puerta de Lucía. “Necesito que esté presente en el levantamiento del cadáver y que me firme el acta de levantamiento”, le dijo uno de ellos.

Ella supervisó el levantamiento del cuerpo y fue hasta la inspección a firmar el acta. Allí tuvo una conversación con el segundo oficial al mando en el municipio. Conversación que, como se sabría luego, sería el inicio de su martirio. Lucía había sido nombrada líder de la juventud en su municipio, y tenía entre sus planes desarrollar proyectos para sacar a los jóvenes de la drogadicción. El oficial la cuestionó por dichos proyectos. Lucía le dijo que, en su concepto, había que ayudarlos a que dejaran las drogas, y que ello requería de educación, de programas deportivos, de acompañamiento. Le dijo que ella implementaría todo eso en su municipio. Lo curioso es que esta respuesta no solo quedaría en los oídos del oficial.

“Cuando me desplazaron me enteré de que esa gente (las autodefensas) sabía puntualmente lo que yo le había dicho al policía, y eso solo lo sabía él. ¡Y como ellos manejan casas de vicio en el Bajo Cauca…! Yo estaba en contra de lo que ellos sobrevivían. Como yo iba a hacer eso, los jóvenes no iban a ir a comprar esas drogas. Yo los iba a educar. Entonces tal cual las palabras como se las dije al oficial, me las dijeron ellos a mí…”.


En un segundo momento, ese mismo día, en esa misma conversación, el oficial le preguntó a Lucía que si sabía quién había matado al muchacho. “Yo le dije: no sé, como en esta zona hay tantos grupos al margen de la ley, no sé quién pudo haber sido. Le dije las palabras correctas. Pero las palabras que él les dijo (a las autodefensas) era que yo había dicho: “ustedes saben quiénes manejan la zona, las autodefensas fueron las que lo mataron”. Viendo que yo ni sabía, solo fui a firmar un acta de levantamiento”.

***

Solo unas semanas después Lucía fue visitada en dos ocasiones por los paramilitares. La primera vez se encontraba en el negocio donde habían matado al muchacho en esa ocasión. Un grupo de hombres fue hasta allí y preguntó por el hijo de la dueña del negocio, que si estaba, pero fue negado por Lucía por temor a que le hicieran algo. “Yo dije: no, no tengo conocimiento de quién me hablan. Y apenas se fueron le dije al muchacho: vea, esa gente lo está buscando. El muchacho me respondió: “Que me busquen. Casualmente a ellos los están esperando para hacerles un atentado”.

Lo malo fue que alguien le dijo a los paramilitares que habían estado allí que Lucía sabía que les iban a hacer un atentado. Por eso la buscaron y le reclamaron, pero ella no dudó en responder: “Yo trabajo con la comunidad, soy líder comunitaria. No trabajo con ningún grupo. No tenía por qué contarles todo chisme que me cogiera en la calle”.

El último encuentro directo con estos paramilitares lo vivió en su propia casa, un día que estos fueron a pedirle las listas de los cultivadores cocaleros de su vereda, pero ella se negó. “Ese grupo vino a mi casa a exigirme a mí que le entregara todos los nombres de las personas de mi vereda que cultivaban. Porque esas personas no les vendían a ellos. Y yo nunca les quise entregar ese listado, esa fue otra de las cosas...”.


“Avísele a su hermana”
Un hermano de Lucía, que tenía un negocio en un corregimiento cercano, pero que vivía en Medellín, recibió una llamada que la alertó de una amenaza de muerte contra su hermana: “Avísele a su hermana que la van a matar para que se vaya. Llévesela antes de que la maten”. Su hermano viajó hasta donde ella, y le dijo las palabras que más la marcarían desde que su desplazamiento comenzó: “Lucía, hay un problema con usted. A usted la van a matar. Se va a tener que ir”.

De esta manera relata ella lo que sucedió después. “Estaba fría. No sentía las manos, no sentía nada. Me fui para mi casa y me estiré en la cama. Me quedé tres días en esa casa. No me daba hambre, no me daba sueño. Estirada en esa cama con las cortinas bajadas y las puertas cerradas. No podía salir porque cuando dijeron que me iban a matar, llegaron dos hombres y se hicieron pasar por guerrilleros de las FARC, pero un sobrino mío que estaba en el negocio les tomó una foto, y eran de ellos mismos (las autodefensas). Solo que ellos querían matarme y hacerse pasar por otro grupo para que no los culparan a ellos”.

“Yo ya no era yo, era como si me hubiera muerto. Ya no sentía nada. Con el cuerpo entumecido. Mi hermano hacía comida para todos. Pero no prendíamos la luz y hablábamos pasitico. No podíamos salir. ¿Cómo me iba a volar de ahí?”.

Después de este confinamiento de tres días que vivió Lucía con su familia, los hombres que habían merodeado la casa bajaron la guardia, situación que aprovechó con su familia para huir. El hermano había cuadrado su salida en un carro, con la ayuda de una joven de una organización social que dispuso el auto, los ayudó a salir y a quedarse en una casa a las afueras del pueblo un día y una noche, antes de viajar hasta Medellín, en donde comenzó su vida como desplazada.

“Ojalá a ustedes les tocara”
Una vez desplazados las amenazas siguieron. Al hermano lo llamaron al celular y le dijeron que ella no podía contarle a nadie que la habían desplazado porque le mataban el resto de la familia. Y a ella, por Facebook, la contactó un comandante paramilitar para intimidarla. “Estando acá, que cambié mis redes sociales, me apareció un comandante de esa gente persiguiéndome en el Facebook. Dizque ya sabemos dónde estás. Yo lo bloqué y lo cambié, pero me apareció en el otro con otro nombre”.

En Medellín ha vivido el maltrato de la comunidad que la recibió. Empezando por los policías del barrio en el que alquiló una pieza para vivir con sus hijos, que estigmatizaron a la familia, especialmente a su hijo mayor. “Cuando llegamos al barrio, como se supo que veníamos de esa zona, la policía se lo llevaba en la camioneta, lo requisaba siempre. No podía salir a la calle. Usted viene de allá, usted es un paraco, le decían”.

Sus otros dos hijos también han sufrido por el desplazamiento, sobre todo psicológicamente. Su hija de 16 años, que tiene síndrome de Down, se ha vuelto más agresiva. Lucía cuenta la anécdota de un día, en una brigada de salud, en la que su hija se escondió debajo de una mesa y gritó que la iban a matar. Y su hijo menor, de 14 años, que había llegado antes del desplazamiento a tercer grado de primaria, tuvo que estar en tratamiento psicológico durante dos años porque, a raíz del trauma, olvidó todo lo aprendido y tuvo que volver a empezar desde preescolar.

Además de ello, ha vivido la incompetencia y el maltrato de los funcionarios de la Unidad de Víctimas, quienes le han retrasado las ayudas económicas, o se las han negado aun cuando ya las tiene autorizadas. En ocasiones, al ver con impotencia la mala atención y la indiferencia de los funcionarios con las víctimas, sobre todo desplazadas, les ha expresado su descontento. “Ojalá a ustedes les tocara que los desplazaran para que vieran lo duro que es”, les ha dicho.

No ha recibido la ayuda que, asegura ella, es la que más necesita con su familia, la ayuda psicológica. Desde que está en la ciudad solo ha recibido unas cobijas, dos mercados pequeños, y una ayuda económica. Por otro lado, ha tenido que ver a su hijo mayor, de 21 años, trabajar en construcción, mientras ella debe estar pendiente todo el tiempo de su hija.

Ahora Lucía es una de las 2.175 personas (781 familias), que han tenido que dejar sus hogares en el Norte y el Bajo Cauca antioqueño por la violencia paramilitar, desde finales del 2017 hasta abril de 2018. Una líder más que por su entrega a las comunidades, y por no temer a los poderes políticos ni a los actores armados, perdió todo lo que había construido y luchado desde su comunidad.

La minería masiva de datos (data mining) es la suma de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos, automática o semiautomáticamente, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos.

Cambridge Analytica (CA) es una empresa británica de análisis de datos digitales que trabajó para la campaña electoral de Donald Trump en 2016. Junto a Facebook, la mayor red social del mundo, son el vórtice de una tormenta político-mediática tras descubrirse una de las brechas de datos más grandes en la breve historia de internet. CA tuvo acceso no autorizado a información personal de 50 millones de usuarios de Facebook, sólo en EEUU. Así, Facebook se convirtió en corresponsable de la propagación de “fake news” o contenido falso durante el proceso electoral en EEUU para lograr cambiar la forma de pensar de la ciudadanía.

El escándalo se destapó cuando The Observer y The New York Times citaron a antiguos empleados, asociados y documentos de Cambridge Analytica para demostrar que la firma recopiló información privada de los perfiles de Facebook de decenas de millones de usuarios sin su permiso. Supuestamente obtuvo estos datos de Aleksandr Kogan, un psicólogo de la Universidad de Cambridge que creó una aplicación llamada Thisisyourdigitallife en 2014, quien luego compartió los datos con CA, lo cual le permitió desarrollar un 'software' para ayudar a influir en las elecciones.

Desde allí, la tormenta fue creciendo, tras las declaraciones del director ejecutivo de la empresa, Alexander James Ashburner Nix, frente a cámaras ocultas de la televisión británica, lo que generó urticaria y mucho nerviosismo en varios gobiernos de la región (Argentina, Brasil, Colombia y México) que también habrían utilizado esos algoritmos.

Esta historia comenzó con el uso de los datos filtrados para manipular a los votantes e influir en el resultado de las elecciones presidenciales de EEUU de 2016, cundo Donald Trump se alzó con el triunfo. Y continuó al utilizar sistemas similares para apoyar la campaña por el Brexit, la de Mariano Rajoy en las elecciones españolas, la de Peña Nieto en las mexicanas, ¿la de Santos en Colombia y Macri en Argentina?

Curiosamente, son todos ellos países con gobiernos de derecha, autoritarios, represivos. En Colombia, el temblor llegó cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el bloqueo de la app Pig-pi (aplicación de los hermanos estadounidenses Joel e Isaac Phillips), administrada por la sociedad Farrow Colombia SAS, puente de conexión con Cambridge Analytica, mientras surgía el nombre del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, asesorado por esa empresa durante su última campaña a la Alcaldía capitalina.

El diario colombiano La República informó que Pig.gi llegó a Colombia el cuatro de noviembre de 2016, y recibió capital de Socialatom Ventures, compañía de la que es socio Andrés Barreto, un mimado joven empresario colombiano y uno de los fundadores de Grooveshark, Pulso Social, Onswipe, que está vinculado a Farrow Colombia SAS, en alianza con Cambridge Analytica, "el cerebro atrás de la elección de Trump".

En Argentina, el 19 de marzo pasado el presidente Mauricio Macri creó, por un decreto de necesidad y urgencia la “Unidad de Opinión Pública”. Un día después, Amnistía internacional publicó un informe donde demostraba, con datos concretos, la existencia de una cybertropa (que operaba con bots y mostraba comportamientos no humanos similares en diferentes cuentas de Twitter), que ataca a opositores o periodistas que plantean algún nivel de disidencia con el gobierno de Macri. Alexander Nix había mencionado a Argentina como otro de los clientes de CA, junto a Kenia, la India, Estados Unidos y China.

Cuando (casi) todo sale a la luz
La controversia dio un giro cuando un documental de Channel 4 News reveló las tácticas sucias de CA en procesos electorales en diferentes países. Los ejecutivos de la compañía fueron grabados alegando que podrían también usar las llamadas 'trampas de miel' (uso de relaciones sexuales o románticas para desacreditar a rivales), sobornos, espías y noticias falsas (fake news) para ayudar a determinados candidatos a ganar elecciones en cualquier país del mundo.

Cambridge Analytica cuenta con divisiones políticas y de mercadeo, y oficinas en Nueva York, Washington, Londres, Brasil y Malasia. La empresa fue financiada por el partidario de Trump y multimillonario Robert Mercer. El ex asesor de seguridad de Trump, Steve Bannon fue miembro de su junta directiva. Esta controversia puso de relieve que Facebook no salvaguardó los datos privados de los usuarios, tal como lo admitió ante el Congreso estadounidense el dueño de la red, Mark Zuckerberg. El exanalista estadounidense de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA), Edward Snowden, aseguró que Zuckerberg hizo su fortuna con la venta de datos íntimos de millones de usuarios.

“Las empresas que hacen dinero recopilando y vendiendo registros detallados de vidas privadas alguna vez fueron descritas como compañías de vigilancia. Su cambio de nombre a redes sociales es el engaño más exitoso desde que el Departamento de Guerra se convirtió en el Departamento de Defensa”, señaló.

Alex Taylor, otro directivo de CA dijo en uno de los videos de la televisión británica: “Podemos mostrarle al electorado lo que quiere ver, en el momento justo, en el lugar indicado. Mientras más información puedas conocer y más datos obtengas, mejor podrás manipularlo”. “Podrás saber quién es la oposición, sus secretos, sus tácticas…”, agregó Mark Turnbul, otro de los directivos.

La neutralidad de la Red
La transformación de los medios de comunicación en factores de poder, fue acompañada de una metodología para elaborar una realidad ficcional como herramienta de manipulación y construcción de un discurso hegemónico, cuyo objetivo es el control social.

El Big Data permite a la información interpretarse a sí misma (por medio de algoritmos), lo que va convirtiendo lo que nos queda de democracia en una dictadura de la información manejada y manipulada por las grandes corporaciones, al servicio de los poderosos. Hoy los temas de vigilancia, manipulación, transparencia y gobernanza de Internet cobran vital significado. Por eso la lucha por la neutralidad de la red.

Christopher Wylie, quien trabajó directamente en la construcción de herramientas que le permitió a CA comprar (y tener acceso a) datos que de otra forma no podrían haber extraído desde Facebook, explicó que “Sabríamos a qué tipos de mensajes sería susceptible una persona y dónde iría a consumir este contenido”, y agregó que “también sabíamos cuántas veces debíamos enviarle ese contenido, para lograr que cambiase su forma de ver el tema”.

De acuerdo a The Guardian, en 2014 Bannon era el jefe de Christopher Wylie; mientras que Mercer era uno de los inversionistas de Cambridge Analytica. “De alguna forma terminé siendo el canadiense vegano y gay que creó la herramienta de guerra psicológica de Steve Bannon”, relata el ex funcionario de la firma británica. Coincidentemente, Bannon también fue uno de los creadores del sitio de noticias de ultraderecha Breitbart, utilizado por Cambridge Analytica al momento de “bombardear con contenido” a los usuarios.

El polaco Michal Kosinski, profesor de la Universidad de Cambridge, descubrió seis años atrás que con analizar 68 “me gusta” de un usuario de Facebook podía deducir el color de la piel, su inteligencia, religión, adhesión política, orientación sexual, si consumía alcohol o tabaco. “La vida privada ha desaparecido: Con toda la información que se va dejando en Internet y otros sistemas (bancarios, celulares, tarjetas de crédito, sistemas de clientes, gubernamentales, etcétera), intentar protegerla es una batalla perdida”, señaló.

Nuestros correos electrónicos son cartas que viajan expuestas al cartero, nuestros foros son un semillero de confesiones jugosas, pero una serie de señales sencillas nos han inducido a creer que nos movemos en espacios lacrados. Es una ilusión poderosa, semejante a la naturalidad con que 500 años después de saber que la tierra gira sobre su eje, repetimos que el sol sale en las mañanas y se oculta en la noche, dijo Kosinski a la Revista Capital Online.

A su juicio, no basta estar en línea para dejar huellas, también lo que hacemos offline deja huellas, como las compras con tarjeta, nuestros movimientos mientras estamos con el celular en el bolsillo (o la cartera): nuestros celulares son un vasto cuestionario que está siendo rellenado constantemente, consciente o inconscientemente.

Es difícil para cualquiera de nosotros comprender la facilidad con que nos engañan los sentidos, nuestras percepciones (de eso se trata precisamente la llamada guerra de cuarta generación) y entender que una naturaleza tecnológica es la que define la realidad por la eficacia de los algoritmos, no sólo para obtener información, sino para procesarla y extraer a los usuarios toda clase de productos y subproductos capaces de favorecer la rapiña universal.

Comentario de la película Sal, del director William Vega

William Vega sorprendió en el 2012 con su primera película: La Sirga. Grabada en el corregimiento El Encanto, zona de páramo a las orillas de la Laguna de la Cocha en Pasto. En ella narra la historia de Alicia, una joven recién desplazada a causa de la violencia que se ve obligada a huir del fuego, y en busca de asilo en la casa de su tío Oscar. Allí el silencio, las noches sonámbulas, sus vecinos y el lago son los acompañantes de su duelo, ese que termina y empieza con un éxodo (La Sirga es una película disponible gratis y legal en la plataforma online RetinaLatina.com).


Este año William Vega vuelve con su nueva película “Sal”, grabada en el desierto de la Tatacoa bajo el calor infernal. La historia comienza con la imagen del mar, ese que estuvo antes del desierto y que con los milenios solo dejó la sal, el tesoro con el que Salomón construyó su pequeño pero invaluable reino. Como caído del cielo se accidenta Heraldo, un motociclista que pasa por la mina, quien queda malherido, y es sanado por Magdalena la esposa de Salomón, su recuperación se da aplicando en las heridas sal pura, “la cura de todos los males”. A partir de allí se desarrollan las tensiones, los cambalaches y las conversaciones que acercarán a Heraldo a su recuperación y al cumplimiento de su objetivo: arreglar la moto para seguir su rumbo, un rumbo marcado por el de su padre.

Pero “Sal” no es una película con una narración explícita, explicable, y aunque tiene un principio y un final que se pueden contar, el entramado de símbolos que sugieren diferentes interpretaciones invita a una mirada más amplia de lo que se ve en pantalla. Las referencias bíblicas sutiles pero presentes dan sentido a ese desierto post apocalíptico, al mensaje oculto que impulsa a Heraldo, a su caída del “cielo”, a la relación que establece con sus sanadores o al sacrificio que carga en una tierra que no es la suya. También, la narración en mandarín al principio de la historia y las escenas del restaurante chino aparentemente desligadas de la historia principal son una provocación a la lógica y a la linealidad del cine colombiano y comercial. Son una invitación a imaginar posibilidades en la historia, a distraerse un rato sin entender lo que se habla, a pensar que es una historia de la humanidad, aunque el escenario y lo que se cuenta tengan un carácter tan onírico y desolado.

En Sal (como en La Sirga) el ambiente es otro protagonista, sin el desierto esta historia no sería lo que es y las relaciones que se establecen entre los personajes no estarían marcadas por la erosión; expresa además las sensaciones internas de los personajes y el agobio en cada acción.


En definitiva “Sal” es una película que sazona y da personalidad a la cinematografía colombiana, se atreve a alejarse de los lugares comunes y los temas de festivales grandes, para representar libremente lo que el autor dice o se pregunta a riesgo de tener menor visibilidad, y que hace partícipe al espectador ofreciendo una historia abierta y alimentando de símbolos (sutiles y fuertes a la vez) cada secuencia, cada plano.

En una audiencia en la Cámara de los Diputados, en julio del año pasado, el Comandante del Ejército Brasileño, General Villas Bôas, declaró sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones de intervención en la “Favela da Maré”, en Río de Janeiro: “Reconozco como positivo al gobierno estar repensando ese tipo de empleo de las Fuerzas Armadas, porque él es inocuo y, para nosotros, es vergonzoso”. Se refería a sucesos anteriores, cuando los militares no pudieron resolver las cosas desde su lógica, por limitaciones del Gobierno.

Desde el inicio de la intervención en Río de Janeiro, el 16 de febrero, se ha pensado mucho sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el escenario político nacional. Las tesis son variadas. Para unos la intervención fue una respuesta a una supuesta movilización política creciente durante el Carnaval –esa tesis, a pesar de absurda y ya descartada, llegó incluso a la prensa internacional–. Para otros, la idea era sofocar la consternación que siguió la falta de apoyo a la Reforma de la Previsión Social, la cual pretendía endurecer el sistema de jubilaciones. También hubo otra tesis, más cercana a la realidad: la de que la intervención tenía como objetivo lograr un aumento de popularidad para las próximas elecciones, sea por medio de una mejora aparente y pasajera en la cuestión de la violencia urbana o por la impresión de que el presidente Temer no tiene temores de tomar actitudes duras contra la criminalidad en Río.

Cuando inició la intervención, antes de reunirse con Temer, el interventor Walter Souza Braga Netto tuvo que responder a periodistas si la crisis en Río era muy grave. Señalando negativamente con el dedo, dijo: “Solo para la prensa”. El Alto Comando del Ejército evaluó que el comportamiento de los medios en la cobertura de la “violencia” en el Carnaval, en especial de la Red Globo, fue decisivo para el gobierno decretar la intervención. Según la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, los índices de violencia durante el Carnaval se mantuvieron estables en relación a los años anteriores, con la mayoría de ellos cayendo.

Suponemos, por tanto, que la intervención tuvo su origen “en los medios”, y que el alarde no tenía razón de ser. La pregunta es, entonces: ¿Globo dio la línea a Temer, o sirvió de soporte a él?

Primer acto
Volvamos al pasado reciente. El 17 de mayo de 2017, a las 7:30 p.m., el columnista del “O Globo”, Lauro Jardim, publicó con exclusividad las denuncias de Joesley Batista, empresario brasileño, contra Temer. A las 8:30 p.m., eran destaque en el “Jornal Nacional”. La "noticia bombástica", como el conductor de noticias William Bonner la llamó, sirvió a duros ataques contra Temer, que ocuparon más de 18 minutos del noticiero. Al día siguiente, Globo siguió batiendo duro, pero Temer fue desviándose hasta dar sus golpes en pronunciamiento, afirmando “no renunciaré”. En ese momento, muchos ya daban como cierto el derrocamiento de Temer, y Globo siguió en la pelea, publicando el editorial “La Renuncia del Presidente”, el día 19.

Tal fue la furia de la Red Globo contra Temer que una verdadera ruptura entre el Grupo Globo, por una parte, y el Estado y el periódico Folha por el otro, se delineó: la primera con antorcha en la mano, los otros apagando incendios. Se explicó la caza de Globo de la siguiente forma: la JBS es una importante anunciante en el grupo. Así, la JBS daría la línea a Globo, y no al revés. Tesis estúpida, por supuesto, considerando que un mes antes el grupo de comunicación daba duros golpes en la empresa durante la Operación policial contra el crimen “Carne Fraca”. Globo, por lo tanto, era quien daba la línea abiertamente contra el presidente: la orden era derribarlo y, por elecciones indirectas o no, conseguir una figura más agradable, con mayor legitimidad y sin las cicatrices del golpe para llevar a cabo su proyecto económico –que incluía la Reforma de la Previsión Social, ahora provisionalmente enterrada–.

Segundo acto
El 17 de septiembre del año pasado el General Eduardo Villas Bôas hizo una aparición inesperada en el programa televisivo "Conversa com Bial", de Globo. Allí, explicó las declaraciones de su subordinado, General Hamilton Mourão, que la semana anterior había hablado de “intervención militar” si las instituciones no “solucionasen el problema político”. En Globo, a pesar de preguntas más o menos duras de Bial, se construyó la imagen de un general erudito, sensible y en contacto con los verdaderos anhelos del pueblo. El hecho de no haberse posicionado de manera enfática en relación a las declaraciones de Mourão pasó sin mayores problemas.

Tercer acto
Los generales del Alto Comando, en la intervención, reprochaban la idea de Temer. Dice Fabio Victor en un asunto publicado en la revista Piauí: “el tono entre [...] el Alto Comando fue de reprobación a la intervención en sí y al modo precipitado y anárquico con que la medida fue impuesta. El plan les parecía un festival de improvisaciones”. A esto se suma la indisposición en general de los militares en hacer frente a ese tipo de acción, por motivo simple: es inocua, porque el crimen en Río de Janeiro opera bajo la lógica de la guerra irregular, mientras que el Ejército es, por definición, una entidad regular. Así, la inevitable falla del Ejército, a largo plazo, se convierte en una mancha en su reputación. Sin embargo, el Comando pidió a Temer más recursos para la intervención, y medidas adicionales al decreto: mandados colectivos de búsqueda y aprehensión y reglas más flexibles para la tropa, entre ellas el permiso para disparar a civiles con “intención hostil”, así como la “garantía para actuar sin el riesgo de que surja una nueva Comisión de la Verdad”.

¿Cómo alguien puede estar contra la intervención y, al mismo tiempo, ser radical al punto de postular la quiebra de garantías aseguradas por la Constitución para llevarla a cabo? De la misma manera que muchos de estos generales, entre los que destaca el señor Villas Bôas, se dicen demócratas, pero defienden el Golpe de Estado de 1964 y atacan a la Comisión de la Verdad. No se trata de hipocresía, ni de delirio –es que entienden que, para un lado o para el otro, la movilización debe ser total y la guerra total–. Son militares, después de todo. El camino, para ellos, importa menos que como se camina por él.

Marielle en escena
El 28 de febrero, en medio de ese escenario de supuesta confusión, Marielle Franco asume el cargo de ponente de la comisión responsable de investigar la conducta y marcha de la intervención en Río de Janeiro. Electa concejala en el año 2016, aunque no fuera liderazgo partidario, fue la quinta más votada, y ya era reconocida por su militancia y participación en organizaciones de la sociedad civil, llegando a actuar como coordinadora de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Pero su carrera, signo de su compromiso con la lucha por los derechos humanos –y, en especial en ese momento, por la condena de la violencia, desigual y selectiva–, es el preanuncio del desenlace criminal y trágico de su vida.

El día en que iba a morir, Marielle cumplió su expediente en el Ayuntamiento y se dirigió a Lapa para participar en una actividad organizada por su partido. El debate tenía como tema activismo y emprenderismo para jóvenes negras, y contó con la participación de estudiantes universitarias, profesionales, artistas y militantes. En el camino de regreso a su casa, otro vehículo alcanzó al que la llevaba y, sin que hubiera intercambio de palabras, nueve disparos fueron hechos contra el carro; cuatro alcanzaron la cabeza de la concejala y otros tres la espalda de su chofer, Anderson Gomes, que estaba desempleado y trabajaba temporalmente como Uber. Ambos murieron a la hora.

Aunque la militancia de Marielle Franco estuviese fuertemente asociada a cuestiones de afirmación de identidad, y ella generara atención por ser una mujer, negra, periférica y bisexual, que había ascendido a una posición de poder, no fue ese el gatillo de su ejecución. Cuatro días antes del atentado, Marielle denunciaba la acción de la Policía Militar en el barrio de Acari, en Río de Janeiro: dos jóvenes habían sido asesinados y tirados en una zanja, y en la misma semana la policía anduvo por las calles amenazando a los residentes y disparando al azar. En sus palabras, “sucede desde siempre y con la intervención empeoró”. En la noche que antecedió a su asesinato, la concejala se habría pronunciado acerca de la muerte de un joven, en la comunidad de Manguinhos, que regresaba de la iglesia y fue alcanzado por dos tiros tras pasar por un retén policial. En su Twitter dijo: "¿Cuántos más van a necesitar morir para que esa guerra acabe?". Entonces la pregunta ahora es: ¿quién mató a Marielle?

¿Coadyuvantes o protagonistas?
Aunque las denuncias más recientes de Marielle se volvieran a los procedimientos abusivos de la Policía Militar –y a su agravamiento con el inicio de la intervención–, la concejala había integrado anteriormente, junto al diputado Marcelo Freixo, una Comisión Parlamentaria que investigaba las actuaciones de las milicias en Río de Janeiro. No fue por casualidad, entonces, que el crimen que la llevó a la muerte siguió el modus operandi de ese tipo de organización.

El informe de la Comisión deja claro que los milicianos poseen vínculos sólidos con políticos importantes del estado de Río de Janeiro –de otra manera, no habría necesidad de establecerla, y sus descubrimientos no habrían resultado en la cárcel de concejales y diputados cariocas–. Deja claro, también, que uno de cada cuatro integrantes de milicia es policía militar, y que el motor de esos grupos no es liberar o proteger civiles, sino generar ingresos individuales, como complementación, en el caso de los policías, o no. El pago por seguridad y servicios básicos, como suministro de agua, gas y hasta transporte, se hace mediante amenazas de asalto, depredación y muerte, y la postura de los milicianos oscila entre lo ostensivo y lo encubierto: coches grandes con vidrios oscuros, hombres de farda encapuchados, preguntas sospechosas y "desproporcionadas" sobre familiares y personas cercanas.

También hay un tercer hecho, no explotado por la Comisión, por su carácter puntual: aunque la Fuerza Nacional sea responsable de la seguridad del Estado, la palabra final viene siempre de los paramilitares. Así fue en las Olimpiadas –agentes del Ejército, responsables de la seguridad durante los juegos, no podían andar armados en la Zona Oeste de Río, bajo amenaza de muerte por las milicias locales–, ¿por qué no sería ahora? Curiosamente, el oficial responsable de la intervención hoy, General Walter Souza Braga Netto, fue también comandante de la seguridad en los juegos olímpicos y paralímpicos.

La verdad es que la ejecución de Marielle Franco trajo una nueva atención a la cuestión de las milicias en Río de Janeiro –que fue por mucho tiempo, y como estrategia de la derecha, mantenida en segundo plano, mientras la acción de traficantes y facciones permanecía bajo los reflectores–. A principios del mes de abril, el Ejército realizó una operación espectacular en la Zona Oeste de la ciudad, región de gran influencia miliciana, y arrestó a 142 milicianos. Aún es muy temprano, sin embargo, para saber si las Fuerzas Nacionales se interpondrán de hecho entre civiles y paramilitares.

El show debe continuar


El ocho de abril, Carlos Alexandre Pereira, colaborador de Marcello Siciliano (concejal llamado a declarar como testigo en la investigación de la muerte de Marielle), fue ejecutado. El reducto electoral de Siciliano se encuentra en la Zona Oeste de la ciudad. Los testimonios son sigilosos, y solo la policía tiene acceso a ellos. Se levantó la sospechosa de que Carlos tendría implicación con milicias. Los testigos afirman que, momentos antes del crimen, uno de los asesinos habría dicho “no te aproximen porque lo haremos callar la boca”.

Las incógnitas acerca de los ejecutores de Marielle (y ahora también de Carlos) permanecen, pero por poco tiempo: la verdad se aproxima a pasos largos. Resulta cada vez más evidente a quién sirve el militarismo –o el paramilitarismo–, de hecho, y los gritos que ellos silencian con proyectiles retornan en un coro difícil de ser contenido. El legado de Marielle Franco es la indignación, la inconformidad. Es la lucha. Pues como dice la canción, "Quien calla muere contigo / Más muerto que estás ahora".

A 34 años de su nacimiento

Cómo nace la esperanza
Recuerdo que terminaba un gobierno, el de Turbay Ayala, una administración de muchísima represión contra el movimiento social y las organizaciones de izquierda, y se iniciaba el de Belisario Betancourt, el presidente de la paz, le decían, pues logró sentar a dialogar varias insurgencias y dejar un camino para que otras se desmovilizaran posteriormente.

Al tiempo que estos gobiernos consolidaron su estrategia paramilitar, nosotros junto con otros, nos convocamos a construir diversas propuestas políticas para transformar el país. Nos dimos cita en espacios sindicales, estudiantiles, convocamos a cumbres de unidad popular y otros espacios que se me escapan, pero que nos sirvieron para iniciar ese duro caminar de hacerle frente a la coyuntura más jodida que hemos podido vivir. Y así, por encima de la represión, continuábamos organizándonos y resistiendo a las medidas sociales, económicas y políticas de los gobiernos. Hay que anotar que veníamos de la realización del Paro Cívico Nacional de 1977, en el cual nosotros, la izquierda radical, fuimos simples observadores, pues el sectarismo que nos identificó no nos permitió articularnos de manera real con sectores más reivindicativos.

Los inicios de ¡A LUCHAR! Umm… ¡Cómo olvidarlo! Fue el 28 de mayo de 1984 que echamos andar este proyecto, fue el día en que quizás algunos nos sentenciamos a muerte, por el solo hecho de soñar con un país distinto, u otros asumieron el mayor reto de sus vidas: construir el socialismo. Recuerdo esta fecha con precisión porque curiosamente ese mismo día una organización guerrillera firmaba acuerdos de cese al fuego con el Gobierno.

Hay que decirlo de una vez. “A Luchar” nace como una propuesta extra institucional y combativa, pues “no en cualquier periodo las fuerzas del cambio [estaban] en condiciones de empezar a resolver por su cuenta y riesgo los problemas, no en cualquier periodo las fuerzas de cambio [eran] alternativa de poder, pero en Colombia, [en esa década] decidimos postularnos para hacerlo”.

En este momento que realizo un esfuerzo por recordar cómo fue que empezamos a darle cuerpo a este sueño colectivo, podría decir que varios meses después de realizado el acuerdo de crear AL, como para el mes de agosto, se empezaron a desarrollar reuniones de coordinación entre los procesos que decidimos estar en AL, pero estas reuniones no eran otra cosa que la madurez de casi dos años de discusiones. Cuando ¡A Luchar! salió a la luz pública era porque veníamos con casi dos años de trabajo continuo.

Cuando menciono que AL recoge distintas luchas políticas que se libraron en el país no es simplemente por hablar, nosotros éramos los herederos, o los hijos, por decirlo de otra forma, del Partido Socialista Revolucionario - PSR, de Galán el comunero, del Frente Unido, entre otros, y por eso decidimos darnos a conocer entre el 16 y 17 de marzo de 1985, en el encuentro Obrero, Campesino y Popular, uno de los tantos eventos conmemorativos de la muerte del líder comunero José Antonio Galán.

Nacimos en medio de un agudo conflicto social, nacimos en la pelea y nos hicimos organización peleando. Estábamos en las huelgas obreras, en paros de trabajadores del Estado, en la toma de tierras rurales y urbanas, en muchísimas movilizaciones, y no podían faltar los mítines, ahí estábamos nosotros en la candela como se dice.

Es más, para aquellos que preguntan de quién era AL, o a qué respondía, la respuesta siempre fue sencilla: “es de todos, el del alpargate y la mochila, el de la mano laboriosa y el escritor rebelde, la del libro y la alegría, del que se desvela y no claudica, el que cayó y hoy vive en nuestros corazones y de aquellos trabajadores silenciosos que no aparecen, pero sin los cuales, darle vida a esto, seria tal vez más que un imposible”. Ah, y dejando claro con esto que no éramos ningún proceso traído del extranjero, ni ensamblado, ni enlatado en otras fronteras, y mucho menos ser materia de exportación, solo quisimos entregarles a los pobres de Colombia nuestro grano de arena.

¡Por la vida y la libertad! ¡Asamblea Nacional Popular!
Te lo diré de manera sencilla: “promover entre todos un amplio torrente político entre las masas”, es decir, la construcción de poder obrero y popular, fue la base real de nuestros acuerdos políticos y programáticos. De aquí partieron otros acuerdos, unos quizá muy ambiciosos o estratégicos, otros que daban cuenta de nuestras aspiraciones en el momento histórico, pues nuestra lucha era por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y todos los pobres de Colombia, para lo cual, era indispensable la construcción del socialismo; y para esto necesitábamos que la clase obrera y popular tuviera su propio programa y sus propias organizaciones independientes, independientes de partidos políticos, de la burguesía y de cualquier actor político; que fuera la clase popular la que construyera sus organizaciones, igualmente era indispensable una alianza obrera-campesina y popular, es decir, una organización política de masas, que confrontara abiertamente al régimen y se propusiera abiertamente construir poder “apoyado en el sentimiento de amplios sectores de las masas”.

Y sentíamos que nuestras aspiraciones se podían concretar en la construcción de una Asamblea Nacional Popular –ANP–, que fuera el encuentro de tantísimas y variadas luchas del pueblo colombiano, sus movilizaciones, las consultas populares. Llegar allí con los planes de desarrollo construidos de manera autónoma y de esta forma concretar el Poder Popular forjando espacios con capacidad de decisión y de mandato, que nos permitiera desencadenar la lucha contra el imperialismo y la burguesía. Siempre consideramos que la ANP era la forma de ir “educando en ideas de revolución, organizando, buscando la unidad de la fuerzas populares”, pues básicamente se trataba de dar respuesta a las exigencias que estaba haciendo la lucha de clases en el país y fue en ese contexto que propusimos la ANP, óigase bien, propusimos, porque para AL, la ANP era un punto de partida para la acción y para la discusión, no pretendía ser algo acabado.

Y como la intención nuestra siempre fue presentarnos como alternativa de poder, gritamos en todas partes, incluso en las paredes, que debíamos dejar de ser oposición, para convertirnos en una fuerza que respondiera a los anhelos mayoritarios, que escuchara las inquietudes del pueblo, pues ahí estaban muchas de las salidas a los problemas.

He venido hablando de ¡A Luchar! y se me escapa decir que nos gustaba mucho cuando nos decíamos y nos decían “¡AL!”, esa abreviación aún suena en mi cabeza. ¡AL! Y suena y seguirá sonando porque “la esperanza y la alegría es posible, y aunque muchos y muchas murieron en esta lucha, es por ellos y por los que seguimos batallando en los caminos de la certeza de una patria libre con las posibilidades de una vida mejor para todos, que seguiremos pensando en A Luchar”.

El ocaso de un proceso o el amanecer que no llegó
Hoy pienso que nuestros mejores años fueron entre 1984 a 1988, pues fueron quizá los años de mayor movilización y coordinación política, y porque luego de estos años se presentaron altos niveles de represión, rupturas internas y lecturas muy cerradas del momento político. Bueno, cuando digo que estos fueron nuestros años mozos, es en especial por las movilizaciones, porque fue una muestra real de nuestros principios políticos, es decir, de la apuesta por la lucha extra institucional, por la acción directa, por ejercer la democracia callejera, y muestra de ello son el paro cívico del 20 junio de 1985, el paro del nororiente colombiano en 1987, las famosas marchas del primero de mayo de 1988. Por último, sería recordar los inmensos cabildos populares, esa pequeña muestra de poder, de organización y debate para llegar a la ANP; por ejemplo, en el cabildo de Pailitas, Cesar, éramos miles de delegados, óigase bien, delegados, miles de delegados reunidos en medio de un calor esperanzador.

Pero nuestra realidad como proyecto empezó a cambiar, no recuerdo en qué documento lo consignamos pero nuestra apuesta inicial era que AL fuera una organización autónoma abierta a todas las organizaciones que estuvieran interesadas en un cambio real y que se dedicaran a trabajar por la revolución, así sea en la más sencilla de las actividades, pero todo fue cambiando y nos fuimos dejando llevar por lo que venía pasando en el país, en el mundo y por la forma como otros procesos de izquierda venían desarrollando su trabajo.

Sumado a todo lo que vivimos en los ochenta, AL aceptó la práctica libre en materia de participación en la coyuntura del 90-91, es decir, nos tocó casi que abandonar lo que seis años atrás fue un principio político, y el dejar que cada quien decidiera cómo afrontar ese momento nos llevó “a que la organización se viera comprometida en varias campañas electorales, o abstencionismo militante de manera indiferenciada, perdiendo perfil nacional y seriedad en la política de alianzas”, como consta en el documento de trabajo n°1.

Aun así le hicimos frente a la Asamblea Nacional Constituyente, aunque esto implicara abandonar el sueño de una Asamblea Nacional Popular. Pero, ¿qué más podíamos hacer? La realidad era otra, así que diseñamos un plan de acción de masas para presionar la asamblea, y acompañamos las negociaciones de la insurgencia, otra cosa con la que no estuvimos de acuerdo años atrás; también acompañamos las disputas en contra del clientelismo, insistimos en que la nueva Constitución implementara los acuerdos pactados en la pre-constitución. Y sí, nos metimos de lleno en la coyuntura hasta con alianzas electorales y todo.

Esperanza en el vacío
Así que nacimos en el 84 y cerramos nuestro primer capítulo el día de las elecciones para la constituyente. Este día sí lo he intentado borrar de mi mente porque fue ver cómo se venía abajo un sueño colectivo.

No fuimos capaces de responderle al extermino, esto lo digo para la izquierda en general. Así que nos tocó llevar la peor parte, ya que no solo vimos caer a nuestros mejores hombres y a nuestras mejores mujeres, sino que además perdimos credibilidad, confianza y espacio entre la gente… quién le quería apostar a una propuesta que era sinónimo de muerte y sufrimiento.

Pero todo fue muertes. Sabemos que logramos construir lucha directa de masas, organización de masas, nuestra concepción de lo popular fue desarrollada abiertamente, fue una muy bonita propuesta de unidad. Sabemos que “nacimos en la cima del movimiento de masas, presentamos un camino diferente a la concertación, experimentamos la democracia directa en la participación y definición de situaciones, y nuestra irrupción la hicimos por la puerta grande con el paro del nororiente colombiano y posteriormente con las marchas del primero de mayo de 1988. Nos ganamos nuestra cédula de ciudadanía política” con el ejemplo.

Con la tristeza que genera la muerte, y no solo la muerte humana si no la muerte de un proyecto, con el taco en la garganta de decir no va más, cuando sabíamos que había forma de continuar, pero con la alegría de saber que se cumplió con la labor histórica de los pueblos, ser sujetos políticos, podemos decir a viva voz: qué orgullo haber sido AL.

Nota: Este artículo es fruto de una investigación monográfica de pregrado, y en esta se decidió crear un personaje ficticio. Los argumentos esbozados son el sentir de las personas entrevistadas, así que quien narra esta historia es cualquiera de las personas que integraron estos procesos. Es la voz de esos hombres y esas mujeres que hoy ya no están; de los que hoy construyen sus vidas en otras latitudes, y recoge los recuerdos de los sobrevivientes de esa guerra sucia. Así que fácilmente esta historia la puede estar narrando Manuel Gustavo Chacón, Chucho Peña, Marta Cecilia Yepes… entre tantos otros y otras que valerosamente integraron cada una de las organizaciones presentes en la década del ochenta. Incluye conclusiones de los informes y las cartillas de la ANP, y de distintos espacios de discusión social.

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