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Este domingo 27 de mayo de 2018, por primera vez en la historia nacional, una propuesta social interpretada por un colombiano venido de la lucha popular pasó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales, a pesar del miedo impuesto por las élites a través de los medios masivos de comunicación. Ganó en las urnas el valor de los humildes y su anhelo por encontrar un camino que les permita vivir mejor en su país; en esa Colombia saqueada y depredada por los de siempre, por las élites de la derecha, los liberales y los conservadores, los del Centro Democrático, los de Cambio Radical y la U.

Y no es cualquier triunfo, es uno que eriza la piel, que da esperanza, que permite recuperar el amor propio, la autoestima y el auto-reconocimiento de los desposeídos; es David elevando su onda al viento y descargando la piedra contra el gigante Goliat. Es la periferia haciéndose sentir.

En nueve de los 32 departamentos del país ganó Gustavo Petro, pero lo que hay que destacar es que son nueve de los más pobres, azotados por el conflicto armado y por el paramilitarismo. Varios de ellos aún viven bajo el control y la amenaza paramilitar o de mafias locales poderosas, como Córdoba y La Guajira; y otros como Nariño, que en su región pacífica sufren una guerra sin cuartel entre carteles mexicanos, paramilitares, y disidencias guerrilleras, bajo la mirada cómplice de las Fuerzas Militares y de la Policía. Los demás tienen de todo un poquito, corrupción, desigualdad, hambre, abandono estatal, racismo y exclusión, entre otros flagelos.

Hay que analizar otros elementos que confirman la tesis de que en las zonas que han sufrido la violencia y el control en carne propia, es donde la gente quiere el cambio y vota por alternativas que le juegan a la paz con justicia social. Por ejemplo en Antioquia, donde arrasó el uribismo en cabeza de Duque, en municipios como Vigía del Fuerte, Segovia y Remedios ganó Fajardo; mientras que en Turbo, Apartadó y Murindó, municipios con antecedentes de extrema violencia y control paramilitar, pero también de gran resistencia social, ganó Petro; han de sentirse con mucho deseo de salir de ese control mafioso para retar al establecimiento y apostarle a propuestas alternativas como la de la Colombia Humana o la de la Coalición Colombia, que junto a la de Humberto De La Calle alcanzaron casi diez millones de votos.

Perdieron en estas elecciones la extrema derecha y los medios que quisieron asustar a la población con el Castrochavismo, y estigmatizando a Petro; se sorprenden hoy los grandes opinadores y los analistas con el incremento de las votaciones, pero no reconocen que en esta contienda hubo un animador de primer orden que obligó a todas las campañas a hablar temas serios, los que la gente quería escuchar hace rato. Gustavo Petro y toda la gente que lo apoyó son responsables de animar la democracia, y poner al centro un discurso lleno de contenido humano. Los que tenían miedo eran otros, no la gente de la periferia; los que polarizaban eran otros, que en los territorios habían montado un ambiente de desolación en donde nadie pudiera creer en las transformaciones.

Yann Basser, director del observatorio de representación política de la Universidad del Rosario, manifestó en una entrevista para la Silla Académica del 9 de marzo de 2018, que “...la clave de la polarización está en los territorios, no en el discurso de Petro…”. Basser además de acertado en la mayoría de sus vaticinios electorales, señala al uribismo como el responsable de la polarización entre centro y periferia, ya que las bases del Centro Democrático se beneficiaron de su gobierno, mientras las regiones alejadas en el Norte y Sur del país sufrieron la intensificación de la guerra y la pobreza. Y las poblaciones jóvenes de estos territorios, y las de las zonas urbanas de las grandes ciudades se sentían excluidas y no veían la razón de participar en elecciones; la aparición de una propuesta que los incluyera garantizó que se rescataran para la democracia, y jugaran como sujeto político en estas presidenciales.

Como sea, y pase lo que pase en la segunda vuelta, este proceso ha sido muy interesante y deja muchas enseñanzas y también mucha gente desnuda. A la izquierda tradicional le enseña a que no se vive del discurso y del sectarismo, sino que los programas políticos hay que aterrizarlos en propuestas concretas, y que es necesario hacer los mayores esfuerzos por reconciliarse con las corrientes afines al cambio social si no quiere que la posibilidad real de ser gobierno se esfume. Quedan desnudos y de cuerpo entero los de Cambio Radical por su doble moral frente a la paz, y los liberales con Santos a la cabeza por su evidente mala intención y ruindad a la hora de aplicar los acuerdos de paz firmados con las FARC.

Aunque haya ganado el Centro Democrático, no ganó el discurso contra la paz; por el contrario viene en franco ascenso el concepto de la paz con justicia social, y eso se evidenció en medio de los debates televisados, en las entrevistas radiales y en las plazas públicas, en donde quién lo creyera, hasta los candidatos de la derecha que le quitaron la salud, las pensiones y los derechos laborales a la mayoría de colombianos y colombianas, terminaron hablando y comprometiéndose de manera muy “incluyente” con reformas en la educación, la salud, el empleo; y hasta se vieron de lo más diversos y antipatriarcales en sus intervenciones. Todos los candidatos se acordaron que las mujeres, los sectores Lgtbi, los jóvenes, los afros, los campesinos y los indígenas, sí existen.

Un día después de la primera vuelta presidencial en Colombia, se siente la resaca de la derecha. Ellos ya llegaron a su techo, y los votos de Vargas Lleras no son todos para Duque. El nerviosismo de los encuestadores y los directores de medios de comunicación, como Darío Arismendi, que en su programa radial de caracol recriminó fuertemente a Darcy Quinn por insinuar que si se juntan los votos de Petro, Fajardo y De la Calle, ganarían el 17 de junio; Arizmendi desea que las cosas sigan como hasta ahora, y más parece un jefe de campaña angustiado, que un periodista.

Pero para nadie es secreto que la Colombia Humana necesita del compromiso de la Coalición Colombia y de los liberales de base que acompañaron este bloque democrático; y especialmente de la gente de la Colombia profunda que aún está rezagada e indiferente. Hay esperanza en la periferia colombiana, hay razones para sacudirse y salir a apoyar una propuesta de cambio, de buen vivir. Hay que seguir pilas vigilando y denunciando las jugarretas de la Registraduría, la compra de votos, y lo que seguramente va a ser una guerra a fondo de la derecha para ganar a cualquier precio. Ojalá que los que no se han decidido a votar lo hagan, y que los que ya lo hicieron se metan a trabajar a fondo estas tres semanas que quedan. No hay nada que perder; es cierto que cuando más se oscurece es porque va a amanecer.

Un capítulo de violencia está viviendo nuevamente, desde hace algunos meses, el Bajo Cauca, subregión de Antioquia históricamente ocupada por grupos paramilitares. Los grupos en disputa no son pocos, y tienen como escenario de confrontación un corredor que empieza en los municipios de Ituango y Valdivia (último municipio del Norte antes de comenzar el Bajo Cauca), atraviesa Tarazá, Cáceres, y Caucasia, y llega hasta San José de Uré, municipio de Córdoba que limita con estos. A raíz de las confrontaciones armadas en estos municipios, 732 familias (2.192 personas) han sido desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles son los grupos armados que actúan en esta región? En Tarazá y en Cáceres hay presencia de la Compañía Móvil Héroes y Mártires de Tarazá y del Frente de Guerra Compañero Tomás, del ELN. En los límites entre Tarazá e Ituango está la disidencia del Frente 36 de las FARC-EP. Sin embargo, los dos actores que encendieron la violencia en la región fueron el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, los llamados caparrapos, un reducto paramilitar que viene desde la desmovilización de las autodefensas del Bajo Cauca, y el grupo que tiene mayor dominio en la zona, el mismo que se ha convertido en el centro de la persecución criminal del Estado colombiano: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. Los caparrapos estaban subordinados a las AGC, pero el año pasado se sublevaron y decidieron enfrentarlas.

Las AGC se adueñaron de la región
Según el informe “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia”, realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, Nodo Antioquia, las AGC tienen presencia en 22 departamentos del país, y están en 97 municipios de Antioquia.

Su incursión en esta región empezó en el 2008, año en que tuvo que enfrentarse –según un informe de la Fundación Ideas para la Paz– “a dos estructuras herederas de las AUC, particularmente a 'Los Paisas', una extensión rural de la llamada 'Oficina de Envigado' conformada por antiguos miembros del Bloque Mineros, y a una facción de 'Los Rastrojos', integrada por ex paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB)”. Esta primera confrontación ocasionó el retiro de “Los Rastrojos”, y el fortalecimiento en la región de las AGC.

Hubo un tiempo de relativa calma, signada por el empoderamiento de las AGC y por la salida de las FARC-EP de algunos terrenos circundantes al Bajo Cauca. Pero al finalizar el 2017 dicha calma se rompió, primero, por confrontaciones internas de las AGC, y segundo, por la incursión de otros grupos que querían hacerse al control de las rentas ilícitas. Estos grupos, según Oscar Yesid Zapata, representante en Antioquia de la CCEEU, no son solo locales. Para él hay una relación entre las confrontaciones en la región y los carteles internacionales de la droga. “Por informaciones que hemos recibido sabemos que eso también debe estar relacionado con carteles mexicanos de la droga, que pueden estar apadrinando a uno de estos dos grupos. Eso puede estar generando una explosión criminal en Bajo Cauca”, explica. Dice además que estas rentas ilícitas son de los cultivos de coca, la minería, el tránsito de sustancias de uso ilícito, y la extorsión.

Pero de estas, la principal economía ilícita por explorar es la producción de la coca. Por eso, cuando se vio reducida en el 2017 por los planes de sustitución del Gobierno, las confrontaciones y el control sobre la población se intensificaron. Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, “el principal objeto de disputa de las estructuras asociadas a las AGC, está centrada en las necesidades de control de la cadena del narcotráfico”. Agrega que son precisamente “los territorios del cultivo de coca vinculados al PNIS –Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito–, el escenario principal de riesgo de las comunidades rurales en los municipios de Tarazá y Cáceres”.

El centro de la confrontación
En los corregimientos y en la zona urbana de Cáceres y Tarazá, fue donde inició la confrontación. Tarazá, por ejemplo, fue noticia los primeros dos meses del año, luego de que se conociera que hubo 26 asesinatos, cuando en el mismo periodo del año pasado solo hubo seis. Se trata de un incremento del 383%. Además de eso, en cuatro eventos de desplazamiento se produjeron cerca de 1600 víctimas, como muestra de lo que la Defensoría llama “una clara estrategia de vaciamiento del territorio”.

En este pueblo, además de los desplazamientos, hay serias restricciones a la movilidad, pues según registra la Defensoría, los residentes no pueden movilizarse hacia algunos lugares aledaños. También ha habido toque de queda: “Desde marzo de 2018 circula un panfleto firmado por el Bloque Virgilio Peralta Arenas, en el que se restringe la movilidad a partir de las 7:00 p.m. en los sectores en los que tiene injerencia”. Además, se han visto afectadas las dinámicas económicas de estos municipios, donde en dos ocasiones varios grupos de mineros han sido expulsados de sus lugares de trabajo por miembros de las AGC y los caparrapos.

No es distinto el panorama en Cáceres. Según un comunicado de Derechos Humanos sobre la situación de seguridad en este municipio durante los primeros meses del año, en la población hay temor a causa de los enfrentamientos y por el límite en el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, por lo que los sitios públicos y establecimientos comerciales permanecen vacíos, afectando las actividades económicas.

Poder político y grupos ilegales
Según Oscar Yesid, “ha existido en el correr de este tiempo una serie de nexos entre las AGC y las autoridades locales. Todavía hay una connivencia que les facilita accionar en este territorio. El problema está dentro del mismo Estado”. No son pocos los casos que sustentan esta idea. En enero fue capturado el alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, por nexos con las AGC. Según la Fiscalía, Berrío llegó en las elecciones del 2014 al cargo gracias a una alianza con este grupo.

En febrero, el capturado fue Mario Eliecer Sierra Correa, vicepresidente del Concejo de Tarazá, a quien la Fiscalía señala de dar información a “polocho”, un cabecilla del Frente Julio César Vargas, para que este supiera cuándo habría operativos en su contra. Alias “polocho” fue abatido por la policía ese mismo mes y ejercía su control en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá. Además de ellos dos, ya habían sido capturados desde el año pasado el concejal de Tarazá, Carlos Mario Mira, el jefe de personal del hospital de dicha localidad, Boby Bedoya, y una enfermera del hospital.

Lo más grave es que al parecer vienen más capturas en camino, precisamente en Cáceres, Tarazá y Caucasia. Esto cuenta Leiderman Ortiz, periodista de Caucasia que ha denunciado a los dirigentes políticos por sus nexos con los grupos criminales: “A la alcaldesa de Tarazá están que la capturan. Al de Caucasia están que lo capturan por concierto para delinquir, por nexos que tiene con grupos armados, y por corrupción. Eso ya está que revienta”.

El Bajo Cauca, históricamente fortín paramilitar, está volviendo a vivir las manifestaciones de violencia que vivió a finales de los noventa y principios de la década pasada. Según Leiderman, a la zona, que está intervenida militarmente desde hace unos meses, va a llegar una nueva intervención grande, de inteligencia, contrainteligencia, ejército”. Por esto, una compleja situación de derechos humanos, y el riesgo de desplazamiento para las comunidades, siguen latentes. A esto se suma la reciente tragedia a causa de las fallas del proyecto Hidroituango, en donde resultaron afectadas las comunidades de estos mismos municipios.

A las tres de la mañana se rompió la poca calma que se respiraba en el caserío. Entre patadas a la puerta y gritos de “salgan hijueputas”, miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía allanaron la casa de Isidro Alarcón, en Micoahumado, Sur de Bolívar. A esa hora se encontraban en ella la compañera de Isidro y su nieta, una niña de cuatro años. Los invasores maltrataron a la mujer y a la niña, y dijeron de mala manera que estaban buscando a Isidro y las armas que, según ellos, se encontraban allí. “Voltiaron todo patas arriba pero no encontraron nada, porque nada teníamos escondido”, dice la señora. Era la madrugada del 22 de marzo de 2017.

Dos días antes habían llegado al corregimiento Micoahumado unidades del Ejército y la Policía, acompañados de civiles sin identificar, se dedicaron a patrullar el caserío, a preguntar por los líderes y a vigilar las casas de estos. Preguntaron insistentemente por Pablo Santiago, el líder más reconocido del corregimiento y fiscal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar; Pablo estaba de viaje, pero eso no los detuvo, consiguieron su número de teléfono y lo llamaron con la excusa de que lo necesitaban para que convocara a la comunidad a una reunión para “conversar sobre la situación de seguridad del caserío”. Similar procedimiento siguieron con Arisolina Rodríguez, lideresa del mismo corregimiento que tampoco se encontraba allí; presionaron a su familia hasta obtener su número de teléfono y también le insistieron en que regresara para que estuviera en la mencionada reunión.

Mientras se llevaba a cabo el allanamiento en la casa de Isidro y el corregimiento se encontraba sitiado, se adelantaba un operativo sin antecedentes en la región y simultáneamente fueron detenidas varias personas. Allí mismo fueron detenidos dos jóvenes, hombre y mujer, a quienes obligaron a recorrer semidesnudos el trayecto que había desde el sitio donde fueron detenidos, hasta donde se encontraba el helicóptero en que se los llevaron.

La noche del 21 de marzo, en el casco urbano del municipio de Arenal, ya había sido detenido Isidro Alarcón, quien ha liderado procesos organizativos desde 1985 y fue uno de los fundadores de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado. En la madrugada del 22 de marzo fue detenida Milena Quiroz, a quien le invadieron su casa por el techo en un operativo digno de película. Milena es vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y directiva de la Cooperativa Multiactiva de Arenal. A Floro Edilberto Díaz, el conductor que presta servicio de transporte hacia Mina Proyecto, lo capturaron en Aguachica en la tarde del 21. Floro desde hace muchos años ha sido quien, sin importar las circunstancias, ha puesto su vehículo al servicio de las personas que lo requieran, sea para transportar carga, para sacar enfermos al hospital más cercano o para mover a una persona así no tenga con qué pagar el pasaje.

En el corregimiento Casa de Barro, del municipio de Norosí, fue capturado en la madrugada del 22 Manuel Francisco Zabaleta. Kito, como es conocido por todos, es tal vez el líder más antiguo y reconocido del Sur de Bolívar. Es uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fundador junto a otros campesinos de Fedeagromisbol, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y presidente de la Asociación Agrominera de Casa de Barro.

Ese mismo 22 de marzo fue detenida Nubia Gómez en el municipio de Arenal, y allanada la finca del señor Joaquín Gómez Quiñonez, padre de Nubia y directivo de la Junta de Acción comunal de la vereda Unión Doradas. Joaquín fue detenido en mayo de 2017.

Ese operativo fue ordenado por la Fiscal Tercera Especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes, quien basándose en dichos de supuestos desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional, actuó contra los líderes comunitarios que presuntamente eran miembros o auxiliadores de esa organización insurgente. Es de resaltar que pocos meses después de ordenar estas capturas, la fiscal María Bernarda fue detenida por graves hechos de corrupción vinculados con organizaciones paramilitares de la Costa Caribe.

Los líderes y pobladores capturados fueron trasladados a la ciudad de Cartagena. En la audiencia de legalización de las capturas y allanamientos, que duró 12 días, uno de los argumentos utilizados por la Fiscalía fue que “organizaban marchas y eran un peligro para la sociedad”. El juez de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscal y ordenó el encarcelamiento de todos los capturados por los delitos de rebelión y otros conexos.

Ocho meses después de las capturas, un juez de segunda instancia concedió la libertad a varios de los detenidos y reconoció que la actuación de la Fiscalía Tercera de Cartagena se asimilaba a un falso positivo judicial en contra de reconocidos líderes de la región. Sin embargo el proceso sigue su curso y catorce meses después de las detenciones aún no se inicia el juicio en contra de los imputados.

La arremetida contra líderes regionales no paró allí: en septiembre de 2017 en otro operativo espectacular, que incluyó helicópteros, la Fiscalía Primera Especializada del Magdalena Medio intentó capturar a la lideresa de Fedeagromisbol, María Antonia Rangel, bajo el pretexto de ser la determinadora de dos homicidios cometidos por las FARC años atrás. La firmeza de la comunidad y de los líderes de la región impidieron la captura, y meses después la Fiscalía se vio obligada a suspender esta orden ante lo endeble de las pruebas que tenían en este caso.

Sin embargo, mientras se judicializaba a los detenidos, en operativos repetidos y sistemáticos, el Ejército nacional intimidó a los líderes que no habían sido capturados y a sus familias, bajo el argumento de que eran guerrilleros y tenían orden de captura. Fueron más de 365 días y noches en los que esta situación irrumpió con su tranquilidad. La presión nunca se detuvo, tanto por la presencia de los llamados “zorro solos” que vigilaban las viviendas, o por la actitud de miembros del Ejército nacional que “no dejaban de joder noche y día acusando de guerrilleros a los líderes”.

Fue tal la presión que el 11 de abril de 2018, y después de un año de soportar los continuos hostigamientos a que fueron sometidos, cinco líderes regionales decidieron presentarse voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación “para de una vez por todas saber qué estaba pasando con nosotros que no nos dejaban en paz”.

Pablo de Jesús Santiago, Eugenio Gómez Quiñonez, Raúl Balmacea, Julio Arboleda y Andrés Trillos llegaron hasta Bogotá y se presentaron en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en el búnker de la Fiscalía. El trámite fue atendido por Leonor Merchán, Fiscal Segunda Especializada Delegada para Seguridad Ciudadana. Realizada la consulta en los diferentes sistemas de antecedentes, se constató que ninguno de los líderes que hizo su presentación registraba algún tipo de requerimiento judicial.

Aunque esa verificación dio un parte de tranquilidad temporal a los líderes y sus familias, queda en el aire la inquietud acerca de las intenciones de la Fuerza Pública que durante un año los señaló y persiguió, y de lo que pueda pasar ahora que la Fiscalía General de la Nación ha dicho que desde lo jurídico no hay requerimientos contra estos líderes, que en su momento le hicieron el quite a las capturas masivas que se adelantaron en la región.

La calidad del roble, de la ceiba roja, el cedro, la tolúa y la melina, principalmente, persuadían a cientos de campesinos pobres, la mayoría liberales desplazados por la violencia bipartidista de los años 50, a adentrarse en las selvas del Sur de Bolívar. Desde Antioquia, Santander y la Costa Caribe llegaban por el río Magdalena para internarse días enteros en la manigua y cortar gigantescos árboles de finas maderas, que posteriormente se llevaban los barcos de vapor hacia otras latitudes. Así levantaban el sustento para ellos y sus familias, y aunque la marañosa montaña se iba convirtiendo en su hábitat natural, de vez en cuando les recordaba el poder de su embrujo, el enigma de sus profundidades y la oscuridad de sus secretos. Perderse en la selva siempre fue un riesgo, aún para los más avezados aserradores, y sobrevivir a cualquier precio incluso matando micos y ahumándolos en la hoguera para no morir de hambre, una opción; las historias, las anécdotas y los azares de los colonos fueron uno solo con la espesura y permanecen estampados para siempre en sus montañas; los hombres se quedaron con Micoahumado, la selva se alejó y se llevó a los micos choibos que muchas veces les sirvieron de alimento.

Primero lo colectivo
Eso cuentan las montañas, los ríos de la región, y también don Julio Arboleda y don Isidro Alarcón, descendientes de los viejos colonos que sembraron sus raíces hace más de cinco décadas en la tierra libre de ese corregimiento del Sur de Bolívar, al cual le dieron hasta el nombre que lleva; Micoahumado fue construido palmo a palmo por ellos, y por las pisadas rebeldes de jóvenes guerrilleros que caminaban sus sueños de revolución en los años 60. Algunos, como Fabio Vásquez, uno de los fundadores del ELN, y el “viejo Raúl”, oriundo de la región, gastaron sus botas, dejaron su sudor en esas trochas, y se compenetraron con los primeros habitantes de la región que se congregaban en el nuevo caserío. Hacia el año 1964 entre todos convirtieron a Micoahumado en centro de encuentro, trueque y mercado, en hogar de muchas familias. Primero fue la colectividad y la solidaridad; luego la población y su cultura liberal y revolucionaria. La institucionalidad siempre estuvo ausente, por eso las necesidades desde entonces se resuelven en comunidad.

“Mi papá fue el primer presidente de la junta de acción comunal —comenta Isidro—, vean como es la vida, el Estado nunca hizo presencia, pero cuando vieron que las cosas marchaban bien gracias a la comunidad entonces ahí sí llegaron, pero con la Policía para desalojar a la gente de las fincas y las casas, porque esa zona había sido declarada reserva forestal desde el año 59. Entonces había enfrentamientos directos entre los campesinos y la Policía, por eso tenemos fama de rebeldes y nos estigmatizan como guerrilleros, pero lo que hemos hecho siempre es defender la autonomía y la forma de vida que construimos en el territorio. Aquí desde el principio casi todo fue colectivo; si se mataba un cerdo se repartía, si se cogía buen pescado se distribuía, se intercambiaban productos porque la región tiene tres pisos térmicos y la comida nunca faltó. Igual si una borrasca le tumbaba el techo a una casa, todos íbamos en convite y la reconstruíamos. Somos ricos viviendo aquí, así no tengamos riquezas materiales, pero sí autonomía y autoridad propias”.

De problema en problema
Por allá en 1973, gracias a la pujanza de sus habitantes, Micoahumado fue elevado a corregimiento, y un tío de Isidro fue el primer Inspector; resolver las necesidades de primer orden como los servicios públicos, la salud, la carretera, los profesores, seguía siendo tarea de todos y todas. El primer acueducto fue hecho con el trabajo de la comunidad, y ante la demanda de esta, la tubería fue donada por la institucionalidad. Al mismo tiempo que los valores colectivos construían comunidad, las amenazas afloraban. La bonanza marimbera atentaba contra la cultura laboriosa, el modelo productivo y la solidaridad de la gente de Micoahumado, pero fue sorteada gracias no solo a la solidez del proceso social, sino también a la aparición a mediados de los 80 de otro problema mayor, la siembra de coca, las montañas de dinero y la cultura traqueta.

“La situación se puso muy complicada, porque empezó a entrar mucha gente extraña a la región. La plata “fácil” se enquistó en casi todo, afectando las costumbres y prácticas de la gente. Las guerrillas de las FARC y el ELN tenían visiones diferentes frente al manejo de la coca: mientras el ELN prohibía su siembra, las FARC, recién llegadas al territorio, eran permisivas no solo con la siembra sino con el negocio. La cosa se puso tan difícil que tocó promover un debate: las FARC, la coca, o el ELN? La comunidad decidió que las FARC tenían que irse, y los cultivos de coca sustituirse. Entonces se llegó a un acuerdo con el ELN en la vereda La Guácima: las comunidades se comprometían a sustituir los cultivos, y el ELN a construir las carreteras para que la gente sacara sus productos; las semillas, las cerdas de cría, y otras iniciativas productivas las donaba el ELN, y luego compraba parte de la producción para su propio consumo. La gente cumplió y el ELN construyó todas las carreteras que hoy día comunican a Moralitos con Micoahumado y sus veredas”, relata Isidro.

Llegan los paracos
Detrás de la economía del narcotráfico estaban los grupos paramilitares; el manejo y provisión de los químicos se hacía desde los municipios de Morales y Arenal. La estrategia de penetración que inició con el cultivo de la hoja de coca y su comercialización, ahora se complementaba con la amenaza psicológica y luego con su presencia física en el territorio. Después de incursiones aisladas y amenazas de masacres, cientos de paramilitares entraron a Micoahumado.

“Eso fue terrible —manifiesta don Julio Arboleda—, era el dos de diciembre de 2002 y cerca de 600 paramilitares entraron al pueblo apoyados por las Fuerzas Militares y sus helicópteros. Empezaron a meterse en las casas de la gente y se aprovechaban de todo lo que había. La guerra con el ELN estalló, duraban todo el día dándose plomo. A los líderes les tocó meterse montaña adentro y cuando la cosa mejoraba regresaban; el proceso organizativo evitó el desplazamiento permanente, como ocurrió en otros lugares. El ELN exigía que nos saliéramos del pueblo para poder entrar y sacar a los paramilitares, pero nosotros no estábamos dispuestos a dejar lo que mucho nos había costado. Y más encima los paras acusándonos y amenazándonos por guerrilleros. Estábamos entre la espada y la pared”.

La Asamblea Popular Constituyente
En 2001, el sacerdote Joaquín Mayorga fue a celebrar la eucaristía a Micoahumado. Él había estado en Mogotes, Santander, en el proceso de Constituyente Popular, y le dijo a don Julio que iría en diciembre de 2002 a pasar navidad y que le reuniera gente para trabajar el proceso constituyente también allí. Pero cuando llegó ese diciembre de 2002, ya los paramilitares se habían tomado el pueblo.

“Sin embargo —comenta don Julio—, con Octavio Gil, Andrés Trilloz y con el apoyo de gente y organizaciones de varias regiones, entre ellos Pacho de Roux, la gente de Desarrollo y Paz, y el obispo Gómez Serna, creamos una comisión de diálogos de la comunidad de Micoahumado, para entablar conversaciones con la guerrilla. Se pudo conversar con los comandantes Samuel y Mosquera, y acordar que levantaran varias medidas que perjudicaban a la comunidad, como el bloqueo al ingreso de alimentos, desminar las zonas aledañas al acueducto, y permitirle a la comunidad resolver de manera autónoma la salida de los paramilitares. El ELN accedió. Entonces hablamos con los paras y les tocó también aceptar. Luego los diálogos fluyeron de manera permanente y el 15 de enero del 2003 se fueron del corregimiento los paras”.

El proceso constituyente continuó y el 14 de marzo de 2003, con una Asamblea de unos 80 delegados del corregimiento y sus veredas, se instaló oficialmente la Asamblea Popular Constituyente por la justicia, la vida y la paz; en ese entonces había más de 200 casas, más de mil personas. La Asamblea proyectó colectivamente el corregimiento. Se pusieron unas reglas de juego, unas normas de convivencia y unos principios de respeto a su territorio.

“Lo más importante –continúa don Julio— fue recuperar la memoria de lo que se había hecho en comunidad, la importancia del trabajo colectivo y solidario, la autonomía del proceso y la defensa del territorio. A partir de ese momento mandatamos que la gente no pelearía, ni se mataría, ni se robaría entre sí. No admitiríamos presencia de gente armada ni uniformada, ni ingiriendo licor. Nadie se prestaría para trabajar como informante de ningún grupo armado legal o ilegal. Establecimos un aporte económico de todo mayor de 15 años que trabajara para invertir en las necesidades del corregimiento. Y así muchas cosas para recuperar la convivencia, la autonomía y el amor por nuestro proceso”.

Hay muchos países en el país que funcionarios y citadinos no conocen ni quieren conocer. Los malos padres como Colombia son así: engendran huérfanos que luego la selva del olvido devora.

En el Catatumbo —país atravesado por un río del mismo nombre, conformado por 10 municipios campesinos del nororiente del departamento de Norte de Santander— el 90% de las prácticas económicas son informales —no pagan impuestos ni están insertas en la macroeconomía del país—; las montañas, monumentales e inmarcesibles, son una colcha hecha de retazos verdes y marrones; los periódicos y el maní son bienes escasos, y el pavimento es tecnología futurista; se pesca, se crían animales, y se siembra tomate, cebolla, pepino, frijol, café, pimentón —no en las mismas proporciones de antes—; la gasolina se empaca en tarros plásticos y se vende en los corredores de las casas; hay un oleoducto, circula mucho dinero, y sobra la pobreza; los conductores enredan cadenas en las llantas de los camiones para sortear las trochas imposibles, abismales, inciertas, peligrosas, que en épocas de invierno dejan veredas y corregimientos incomunicados por quince o más días; izan banderas blancas en casas e iglesias cual manto tutelar; la gente lava la ropa en las quebradas; hay un médico y una enfermera por cada tantos millares de personas; el liderazgo, la pujanza, y la participación en las juntas de acción comunal y otros escenarios organizativos se heredan de padres a hijos; el miedo y los fusiles hacen las veces de ley y Estado; predios cercanos a casas y escuelas están contaminados con minas —soldados perfectos que “no necesitan comida ni agua, no tienen sueldo ni descanso, y esperan a su víctima por treinta años o más”—; no existen los centros comerciales, poco importa la marca de la ropa, y las casas están decoradas con pintas del ELN, el EPL y las FARC. El Catatumbo —que significa casa del trueno en lengua Barí— es más territorio que Estado.

Del Gobierno central y local los catatumberos solo han recibido muestras de indiferencia y soberbia, sin embargo son conscientes que sin la institucionalidad es imposible solucionar las disputas territoriales entre indígenas y campesinos, diseñar y poner en marcha los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y encontrar una alternativa rentable a los cultivos coca, ese enemigo fecundo que entorpece la paz en la región:

—Si aquí no hay inversión social no va a haber paz; en el Catatumbo siempre va a haber guerra. Hoy hay unos armados, pueden entregarse, puede que se acaben, pero mañana se vuelven a armar porque las raíces siguen vigentes, y cuando la raíz queda en la tierra por algún lado retoña nuevamente —asegura Ismael López, integrante de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo.

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La violencia fue una plaga extranjera que llegó al Catatumbo en las primeras décadas del siglo XX. Hacia 1930 la empresa COLPET llegó a Tibú, municipio que limita con Venezuela, para explotar la riqueza petrolera de la zona. El 90% de los indígenas Barí, ocupantes ancestrales del municipio más pobre de la región, fueron exterminados por la fiebre del oro negro.

Cinco décadas después, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, grupos como la Sociedad de Amigos de Ocaña y La Mano Negra asesinaron y estigmatizaron a campesinos señalados de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), cuya presencia en el Catatumbo se remonta a los años setenta.

A partir de 1998, los paramilitares asediaron la región con el propósito de erradicar cualquier átomo guerrillero. El profundo desprecio por la vida que sentían el Bloque Catatumbo y el Frente Fronteras sembró el terror hasta el 2004. A lo que se sumaron los abusos y las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y la Policía.

La línea de tiempo pegada en el salón comunal del corregimiento Filo Gringo, municipio de El Tarra, demuestra que la guerra deja miles de víctimas y pocos vencedores. Allí están consignados los momentos más significativos acaecidos entre 1903 y 2013. Hechos puntuales como la masacre de 1985 perpetrada por las FARC en Campo Yuca donde murieron siete personas, la toma del corregimiento San Pablo por parte del ELN y el EPL en 1987, o la toma de los paramilitares que incendiaron el corregimiento de Filo Gringo en el 2000, son solo algunos sucesos. Una línea de tiempo que honre la memoria de cada víctima sería igual o más larga que el río Catatumbo.

Nadie dice conocer las razones específicas, pero todos coinciden en que la confrontación entre el ELN y el EPL se veía venir. Los combates que empezaron después de las elecciones del 11 de marzo y continúan hasta el día de hoy, aunque el Gobierno asegure lo contrario, provocó un desplazamiento interno de más de seis mil personas que se concentraron en 37 refugios humanitarios, de los cuales quedan aproximadamente nueve.

De momento el conflicto tiene pocas probabilidades de acabarse. La coca y las armas son resultado de las carencias educativas, sanitarias, culturales y económicas. Tal abandono es un ecosistema ideal para perpetuar la guerra: por más que ellos no vayan a la guerra, la guerra vendrá hacia ellos. Mientras siga siendo más rentable cultivar coca que sembrar cacao, el control por la comercialización de los insumos para procesar la droga, y las rutas estratégicas para transportarla, seguirá derramando sangre y multiplicando viudas.


(¿Habrá alguien realmente interesado en cosechar los frutos de estas guerras que primero matan y luego preguntan?)

 

***


Blanca Ortiz lleva 22 años atendiendo pacientes en este puesto de salud que parece un cascarón hueco. El lugar, compuesto por una sala, tres piezas y paredes impolutas, es amplio, oscuro y subutilizado. Las camillas y los instrumentos médicos son los mismos que Blanca encontró cuando llegó al corregimiento La Vega de San Antonio procedente de Ocaña, municipio ubicado a tres horas en moto y más de cinco horas en bus.

—A mí me toca ser enfermera, ginecóloga y nutricionista al tiempo —dice.

Entre una respuesta y otra, esta madre soltera de 50 años que viste un saco de lana morado, tiene las cejas finas, la papada generosa, mirada escéptica y las piernas llenas de bellos finos que se filtran por las medias veladas como tunas, aprovecha para insistir que el puesto de salud necesita con urgencia un médico y otra enfermera.

El contrato de Blanca no especifica cuántas horas debe trabajar a la semana ni a cuántos días de descanso tiene derecho por año. Durante 22 años ha cargado con abnegación de cristiano su cruz. Sabe que el suyo es un trabajo de 24 horas, pues nadie, por más que quiera, escoge a qué horas enfermarse. Puede que el papá traiga al hijo en la mañana porque lo mordió un perro o que a las doce de la noche una joven llame a su puerta porque a la abuela se le alteró la presión.

A Blanca le sobra voluntad pero sus poderes curativos son limitados. Aparte de que la dotación es escasa, como enfermera no está autorizada para recetar medicamentos, y aquellos que son de venta libre muchas veces no se consiguen en el corregimiento. En caso de que el cuadro médico del paciente sea grave, Blanca no tiene otra alternativa que remitirlo al hospital de La Playa, a dos horas en moto de aquí, siempre y cuando la carretera y el clima lo permitan. Si allí consideran que no es una urgencia, el paciente debe devolverse y pagar los setenta mil pesos que cobra la ambulancia. Por eso, insiste Blanca de nuevo, necesitan un médico de tiempo completo. Las brigadas de salud, asegura, sirven de poco y nada.

—Hicieron una brigada por el refugio humanitario que hubo, pero hace seis meses no venían. Están viniendo cada seis, cada tres meses. Mucha gente pierde el viaje porque ellos no los van atender a todos. Cuando hay brigadas es como arriando mulas. Llegan a las ocho de la mañana y se van a las tres de la tarde, solo atienden a 50 personas —dice, y al instante descarga una catarata de lamentos—. El puesto de salud no es solo esto. De aquí para adentro es inmenso, hay espacio para urgencias, partos, laboratorio… No funciona porque no hay dotación. No hay oxígeno que es algo tan elemental, toca utilizar el oxígeno de la ambulancia. Me tocó conseguir un minutero para estar llamando a La Playa y facturar lo que se va haciendo todos los días. Mira los escritorios que tenemos. A mí no me interesa tanto la dotación, una mesa se consigue, a mi lo que me interesa es que hubiera un médico.

 

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Nunca antes había tenido conciencia de la proximidad de la muerte. Sucedió en la Vereda Mesitas, un caserío del tamaño de una cuadra alargada construido sobre una montaña de Hacarí. Eran las 12:55 del mediodía. Estábamos prestos a almorzar para continuar con la reunión entre los integrantes de la misión humanitaria de verificación, y la comunidad de Mesitas y de otras veredas aledañas.

Cuatro explosiones sucesivas, una de ellas cerca a la escuela donde recibían clase 46 niños, estremecieron el espacio, el tiempo y los nervios. Las detonaciones vinieron acompañadas de ráfagas que chocaban contra las latas de los techos y silbaban en los oídos. Descartado cualquier síntoma de peligro, la reunión se reanudó según lo establecido. La misión fue despedida con otra detonación y más ráfagas que retrasaron la salida de la vereda. Minutos más tarde, la ONU ordenó encender motores y pisar el acelerador si escuchábamos disparos. Finalmente salí de Mesitas con el temor de que en cualquier curva podría estar esperándonos la muerte.

El hecho no le arrebató la vida a nadie. La guerra mata —despacio y en silencio— la capacidad de asombro. No sé si sentí más pavor por el hostigamiento o por lo naturalizados que están los pobladores con la guerra, por la gracia que les producía nuestro miedo, por los chistes ácidos, por preferir grabar un video con el celular antes que refugiarse. Cuando la guerra se va queda el miedo, que es como si la guerra no se fuera nunca. La guerra se enquista como una bacteria, las balas se vuelven otra ave más del paisaje, la noticia no es el tiroteo sino el silencio de los fusiles, los hombres tutean a la muerte, y la vida deja de ser un milagro para convertirse en una casualidad.

 

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Como en casi todos los poblados del Catatumbo, la vía principal es el punto neurálgico de San Pablo, corregimiento de Teorama. Allí se consiguen los condimentos para el almuerzo, el alambre para cercar la finca y el último chisme de la vecina.

Pasado el mediodía el sol reverbera sin misericordia. Luz Marina Rueda nos guía hasta la escuela que lleva el nombre de Henry García Bohórquez, en homenaje al comandante de policía asesinado por la guerrilla. Las instalaciones, sostiene la profesora, son inapropiadas para educar aproximadamente a 300 niños. Hay ocho salones para nueve grupos, el grupo que no tiene salón recibe clases en el corredor central.

—Tenemos hacinamiento. En recreo esto parece la Cárcel Modelo —dice Luz Marina mientras se mueve con agilidad por la escuela.
El salón de preescolar, además de ser estrecho, tiene dos boquetes en el techo y los ventiladores carcomidos por los años. La escuela cuenta con kiosco digital pero faltan computadores. El televisor plasma, el servidor y la impresora son adornos cubiertos de polvo. En estas condiciones se educan las futuras generaciones.

Así mismo se encuentra el colegio del corregimiento. El inmueble está deteriorado y la planta de administrativos y docentes no da abasto para brindarle educación de calidad a 1400 estudiantes. Debido al contexto, Carlos Samuel Rodríguez, rector de la institución, afirma que necesitan con urgencia un psicoorientador capaz de mitigar los efectos inmateriales del conflicto.

—Los niños en primaria son muy agresivos por el ambiente de discordia que se vive entre la misma comunidad y por el conflicto entre los grupos al margen de la ley. Desde muy pequeñitos ellos hacen la parodia de ser narcotraficantes. O dicen yo quiero meterme a tal organización o al ejército para vengar la muerte de mi papá, de mi mamá, de mi hermano.

Le pregunto al rector quién les brinda ayuda psicosocial a ellos, a los profesores que invierten su vida en una batalla que parece perdida cada que un estudiante deja el colegio para dedicarse a raspar coca. Samuel responde que no hay mejor psicólogo que la costumbre, pero advierto que su único apoyo es la esperanza de que todo esto puede y debe cambiar.

—Fuera elegante que no hubiese conflicto en esta zona. Que hubiese tranquilidad para hacer salidas de campo, que los niños pudieran salir a cualquier hora y hacer prácticas pedagógicas por fuera del corregimiento, sin ningún temor de que nos vamos a encontrar con un artefacto explosivo o una mina antipersonal. Fuera lo más elegante tener este pueblo en paz.

 

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30 años después este país llamado Catatumbo sigue reclamando lo mismo que reclamaba en aquel paro de 1987: vías de acceso, servicios públicos, soberanía territorial, proyectos productivos, adecuación de las instalaciones educativas y médicas: condiciones de vida digna. El Gobierno responde a las exigencias con ayudas míseras y escuadrones militares que convierten a la población en escudo y trinchera. Ante tal orfandad el Catatumbo se labra su propio destino: instala peajes comunitarios para recaudar dinero y hacerles mantenimiento a las carreteras; forma cooperativas y asociaciones para comercializar sus productos; hace memoria; otorga el rol protagónico que corresponde a la mujer; establece normas de convivencia; y reclama instancias legales de diálogo con la institucionalidad y las insurgencias.

El Catatumbo abruma, hiela la sangre, inspira, y desvela el lado más humano de ese instinto que nos aferra a lo único valioso que tenemos los colombianos: las ganas de vivir la vida.

La pregunta que queda adherida en la conciencia, como un pegote hecho de remordimiento, es la que nos hizo un campesino en el refugio humanitario de la vereda Tarra Sur a todos los que participamos de la misión humanitaria que recorrió este país durante cinco días, en especial a los representantes de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Departamental de Víctimas y el Ministerio del Interior:
—¿Ustedes cuándo van a volver?

En 1987, 120 mil campesinos del nororiente colombiano se movilizaron por intricados caminos desde sus veredas hasta varios puntos de concentración, con las exigencias sobre sus hombros de mejoras en las vías de comunicación, en la salud, la educación y en la política agraria. Sus demandas no eran un asunto menor en una región abandonada y que paradójicamente concentraba la mayor riqueza petrolera de Colombia para aquella época. Hasta Valledupar, Tibú y Ocaña llegaron las grandes movilizaciones, entre las cuales había delegaciones de la región binacional del Catatumbo.

Gustavo Quintero era un joven campesino. Su padre participó activamente de este paro mientras él cuidaba la cosecha de cebolla y solo hasta los últimos días se uniría a esta manifestación “El paro de nororiente en ese tiempo no era porque uno quisiera, sino cuando echaron a salir todos esos proyectos: a hacer carreteras donde no había que hacer, puentes donde no había ríos, escuelas donde no había niños, entonces la gente de acciones comunales era muy fuerte dentro de la región y salió a ese paro”, cuenta Gustavo. Después de este paro comenzarían a aparecer las obras en esta tierra abonada con la lucha de campesinos, pero también con la de los indígenas Barí y los trabajadores petroleros.

“Sembrar pa' botar”
Gustavo heredó de su padre la historia de permanencia en el territorio y con ella los conocimientos sobre la cosecha de la cebolla, el maíz y frijol, los cultivos tradicionales del Catatumbo. “En ese tiempo era muy lindo porque uno de Ocaña no traía casi nada, porque en la misma finca uno producía lo que era la caña, el maíz, el mismo café, la leche porque tenía uno la vaquita, el huevo porque tenía la gallina, las semillas porque uno mismo las seleccionaba, uno mismo las sacaba y vendía la que no necesitaba, y la semilla la volvía a dejar para producir la siembra", recuerda sobre aquellos días de juventud Gustavo, quien ahora tiene 53 años y vive con su familia en una vereda del municipio La Playa, en el Catatumbo Alto.

El abandono estatal ha sido caldo de cultivo para que surjan todas las formas de violencia en la región. Desde finales de la década del 90, con la irrupción del Bloque Catatumbo de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, se desató una guerra sin cuartel que obligó a gran parte del campesinado a desplazarse hacia los centros urbanos. Tras los paramilitares, llegó la coca, con ella la estigmatización y persecución del Gobierno, quien además llegó con su proyecto de un campo sin campesinos impulsando la siembra de grandes extensiones de palma, cacao y caña de azúcar.

Hoy en día no solo prolifera la coca, sino que también se han impuesto por el mercado y el Gobierno semillas de origen foráneo que generan dependencia del campesino a estas. Anteriormente cebolla peruana competía con la criolla, entonces un campesino vendía una carga de cebolla a precio de mercado en 150 mil, pero en este momento en el mercado se compra la carga de cebolla peruana entre 50 y 30 mil pesos. Por esto, entre los jornales de la familia y los costos de producción, solo le quedan al campesino saldos en rojos en sus cuentas. Esto teniendo en cuenta también que con la semilla peruana el campesino la siembra y tiene que volver a comprarla, en cambio, con las semillas tradicionales de la región como la cebolla común ocañera un campesino cosecha hasta siete veces. “Acá era poca la coca que se sembraba, pero entonces al ver que toda la máquina del Gobierno quería acabar toda la producción campesina natural, uno compraba semillas pa' sembrar y no le daba, tenía que buscar otra cosa, entonces si usted tenía coca en la finca yo tenía que llegar a jornalearle, era mejor que sembrar pa' botar”, sostiene Gustavo.

En el 2002, mientras Gustavo trabajaba en su finca fue interceptado por el Ejército, acusado de ser colaborador de la guerrilla. Fue retenido durante cuatro días en el batallón de Ocaña, pero como dice él, todavía no estaba pa' esa hora, y logró ser liberado. De ahí en adelante continuaron las amenazas y le tocó desplazarse de vereda en vereda para salvaguardar a su familia: “si van a hacerle daño a uno, van a hacerle a todos los de la familia, y ahí aferrado a Dios, porque yo creo mucho en la religión y que hay un Dios en el cielo, aferrado a eso y más aferrado a la tierra”. Para Gustavo la guerra que ha vivido el Catatumbo ha tenido el objetivo de expropiarlos de la tierra en que han vivido y de sus riquezas naturales.

Integración, vida y territorio
Con el paramilitarismo se desarticuló el trabajo comunal, muchas juntas y cooperativas se acabaron en la región. La zozobra, el miedo y el desplazamiento se tomaron las veredas. Gustavo aún recuerda que cuando viajaba de un lugar a otro tenía hasta que negar el apellido.

Sin embargo, llegando el 2004 y a pesar de la desconfianza decidió participar de unas reuniones a las que lo invitaron algunos conocidos. Así en septiembre de ese año se realizó el Encuentro Comunitario del Catatumbo “Integración, Vida y Territorio” llevado a cabo en San Pablo en el municipio de Teorama.

“En medio de esta historia tan gris que nos ha tocado vivir, hemos aprendido a resistir, a enfrentar, pero también a construir alternativas a estas realidades y es así como desde el CISCA desde el año 2004, decidimos retornar al territorio, recuperar el tejido social, reconstruirlo y apostarnos a la permanencia con la vida digna en el territorio”, dice Germin Sanguino, integrante del equipo político del Comité de integración social del Catatumbo –CISCA-.

Otro líder que vivió este momento fue José De Los Santos, quien llegó desplazado del César y ha sido presidente de la junta de acción comunal de Filo Gringo desde muy joven. En sus palabras “El CISCA es un proceso que nosotros levantamos a través de la ruptura social que tuvo la región del Catatumbo por la arremetida paramilitar. Considero que no hemos vivido el tiempo en vano”. Para el CISCA la vida en el Catatumbo tiene que ver con un plan de vida con garantía de derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales para los catatumberos.

Planes de vida
En principio cuando se hablaba de plan de vida algunos campesinos creían que iban a ser proyectos del Gobierno, y que como en otras ocasiones, les dirían cómo cultivar para dejar atrás sus tradiciones. Sin embargo, los planes de vida apuntan a que haya una economía solidaria fortalecida y a la construcción del territorio, no solamente como espacio geográfico sino desde el relacionamiento social, económico y cultural con el espacio que se habita.
“El plan de vida para nosotros es volver a recuperar las semillas naturales, volver a recuperar el campo como era el campo colombiano. Que a lo que usted vuelva a producir va a tener la semilla de cebolla criolla, que sea la semilla de frijoles hasta el tiempo que quiera tenerla, no acabarla, sino que si usted necesita entonces usted me dice: yo necesito tantas semillas de cebolla, tengo tanto de frijol. Entonces yo le digo: hagamos el cambio o se la presto para que no se acabe. Que yo tengo la gallina criolla, como hago yo, o la señora suya decirle a la señora mía: me echa la culeca, me da media, o me presta los huevos para volver a recuperar la gallina criolla… o todo para volver a recuperar el cerdo criollo, para volver a recuperar la vaquita criolla. Que si yo a usted lo llevo a la vereda donde yo vivo, le pueda dar un mal de estómago y que diga hay que buscar una vaca para hacerle un bebedizo de leche”, explica detalladamente Gustavo.

De esta manera en las veredas y corregimientos del Catatumbo los campesinos han venido implementando las cooperativas para truequear sus productos entre ellos y no tener que desplazarse hasta las ciudades principales. Un ejemplo de esto es la tienda comunitaria de San José del Tarra. Gustavo lleva allí sus cargas de cebolla cultivadas en su finca, las vende o cambia por otras cosas como yuca, café o comida. La propuesta que hay es llegar a otros municipios cercanos como El Tarra o corregimientos como Filo Gringo para no tener que llevarla hasta Ocaña, en donde nada más el desplazamiento resulta muy costoso para el agricultor.

Lo que buscan los campesinos es vender sus cosechas a un precio justo, y posibilitar el intercambio de sus productos. En la cooperativa de La Vega de San Antonio también se ha comenzado este trabajo, sin embargo, el conflicto que afronta la región no es indiferente a estos espacios. Así Gustavo, quien es miembro del consejo de la cooperativa, manifiesta que no se han podido reunir y esto no permite que avancen estas propuestas.

 

***

 

Del paro del nororiente hasta ahora continúa ese clamor del campesinado del Catatumbo, que se ve aún en los caminos de lodo y en las precarias infraestructuras, pero además en la demanda de autonomía para planear su territorio y su vida. Por esto, en los últimos años los campesinos y campesinas del Catatumbo se han movilizado por su reconocimiento como sujetos de derechos y en contra de una estigmatización que corre desde lo más alto del Gobierno, con afirmaciones como la que hizo Juan Manuel Santos en donde comparó esta bella región con la calle del Bronx en Bogotá, con esa miopía que no ve ni entiende al otro y que lo nombra todo desde el prejuicio. “Por eso cuando a mí me dicen que quiero un paro, a mí me da alegría porque yo sé que de ahí vamos a sacar mucho no pa' uno como persona, sino pal común de la gente” concluye Gustavo.

Me llamo Arnulfo Joven, tengo 57 años y llevo los últimos seis trabajando en la defensa de los Derechos Humanos en el municipio donde nací: Pitalito, Huila. Soy tecnólogo en soldadura, especialista en soldadura de alta y baja, y trabajo en mi casa actualmente. Cuando no hay contratos con empresas fuera del departamento, entonces trabajo en la casa mía.

¿Por qué violan tanto los derechos humanos?
Hago parte del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia (CPDH) desde el 2012, a raíz de tantas violaciones a los derechos humanos (DDHH) en Colombia.

En Pitalito somos nueve miembros del CPDH, y estamos muy pendientes en cuanto a cualquier eventualidad donde se requiera: en la salud, la educación. Anteriormente las batidas que habían, cogían a los muchachos, súbanse al carro y hágale. Eso se ha frenado, en parte, por la cantidad de denuncias que hemos hecho, ya que no perdemos conexión con la dirección nacional.

El Gobierno municipal o departamental no nos apoya en nada. Pero no es su obligación como tal, porque en la defensa de los derechos humanos nadie puede interferir en nuestra labor. Aquí el alcalde actual, Miguel Antonio Rico Rincón, delegó a los miembros del CPDH en Pitalito para participar en el Concejo Municipal de Paz y Derechos Humanos, pero la administración creó eso y se quedó en el papel. Del sindicato y de diferentes organizaciones, incluso del clero, llamaron a conformar ese Concejo Municipal de Paz y Derechos Humanos, pero no avanzó porque el alcalde no le puso atención. Sólo hizo dos reuniones, trajeron gente de la Gobernación departamental, pero de ahí no pasó nada más.
De pronto a veces uno busca que los entes territoriales en defensa de los DDHH, es decir, la encargada de la personería pública, la personera, se fije más en este tema. Que no se fijen más en la parte lucrativa que es lo que generalmente hacen. Sólo quieren figurar y ganar dinero a costa de eso. De entrada, nos preguntamos: ¿por qué se violan tanto los derechos humanos? Porque las personas no saben cuáles son o no saben que los tienen. Cada uno debe conocerlos, y ese es nuestro objetivo.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos está avalado por la Federación Interamericana de Derechos Humanos. Existe en Colombia hace 40 años. Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos ha capacitado también, pero somos víctimas del conflicto armado interno, porque los enemigos de la paz nos ven como enemigos de ellos.

Luego de uno estar acá, llega a la conclusión de que siempre las personas afectadas son de estratos bajos. Los que han llevado del arrume en Colombia son campesinos, vendedores, desempleados. Pero eso sí, cuando llegan los comicios, las elecciones, esos que han golpeado y abandonado a la sociedad, vienen a buscar votos, a buscar cómo engañar a esas personas y seguir con el poder.

Los gobiernos logran que los colombianos sean violentos entre sí
Uno acá ha afrontado situaciones difíciles. Los paros campesinos que ha habido en 2013, 2014 y 2015, donde hemos sido gaseados por el mismo ESMAD. Recuerdo muy bien que estuvimos con la periodista, que en paz descanse, Flor Alba Nuñez... ella como periodista y nosotros, estuvimos al frente defendiendo a los campesinos que eran quienes reclamaban sus derechos. La protesta en Colombia no está prohibida. Es uno de los derechos fundamentales en nuestro país, y ha sido satanizada.

Flor Alba Nuñez fue asesinada por hacer bien su trabajo, por ser buena periodista. Ella se enfocó en trabajar con nosotros, porque a ella también le afectaba la violación a los derechos humanos. Ella también sentía cuando el campesino era estropeado, cuando al vendedor le quitaban sus cositas, se las llevaban, lo ultrajaban, le quitaban el sustento diario. Ella trabajaba principalmente para La Preferida, la emisora comunitaria, y nos daba el espacio para que las comunidades nos expresáramos sobre algunas irregularidades que ocurrieran en Pitalito.

Es muy duro ver cómo los gobiernos logran que los colombianos sean violentos entre sí. Ponen a un policía a que golpee a un campesino, y ese policía es hijo de un campesino, o un soldado disparándole a un campesino…

La guerra no la vamos a resolver en dos o tres años
El proceso de paz ha sido fructífero no sólo para nosotros como defensores de derechos humanos, sino para todos los colombianos. Ya no hay tomas de pueblos. El mismo soldado dice: "Estamos relajados, ya no hay ese temor tan grande de las tomas guerrilleras". Ya la ración de campaña incluso está muy a un lado. Entonces todos nos hemos beneficiado con este proceso de paz. Ahora, que existen los enemigos de la paz, existen, pero los que quieren continuar la guerra pues claro, siempre van a ser cizañeros en cuanto a los diálogos de paz, pero esa guerra que vivimos durante más de 53 años no la vamos a resolver en dos o tres años, falta mucho por hacer.

Ha habido líderes sociales y defensores de derechos humanos víctimas mortales del conflicto armado, porque somos muy estigmatizados solo porque no estamos de acuerdo con los atropellos que hace el Estado contra el ciudadano. Y por eso nos tildan de auxiliadores de la guerrilla, de izquierdistas, de todo eso, pero nuestro trabajo se enfoca en defender todos los Derechos Humanos.

De todas maneras, después del proceso de paz todo está calmado, hasta el momento, en esta parte del territorio. De pronto por ahí problemas en la salud, inconformidades de la gente con ese tema, pero en cuanto a desplazamiento, amenazas, pues mentiría si digo que las hay justo ahora, pero estamos en alerta porque los acuerdos de paz no se están cumpliendo a cabalidad.

Al fin y al cabo, le apuesto a construir la paz, y quisiera que hubiera un cambio en estos gobiernos que han construido la guerra, y que quieren seguirle apostando al conflicto armado.

Los alcances de la participación en Colombia han estado en permanente disputa entre las clases dominantes y el pueblo, que se expresa de diferentes maneras en los movimientos sociales, los partidos de izquierda y las comunidades, principalmente. Esto sucede porque los espacios y mecanismos de participación de la sociedad que existen en la Constitución Política son irrelevantes e ilegítimos, ya que no tienen la capacidad de materializar los resultados de esa participación en políticas públicas.

El ejercicio de la democracia está cada vez más restringida a espacios electorales y de representación; no se promueve la participación directa y vinculante que le permita a las comunidades contribuir en políticas de diseño de su territorio, acordes con su vocación productiva; tampoco facilita definir el uso o destino de sus riquezas. Por el contrario, las clases dominantes en Colombia han desarrollado por siglos formas de dominación que incluyen la desaparición, el asesinato y la judicialización de líderes para desarticular los procesos sociales que actúan como sujetos de transformación.

Sin embargo, el logro de una paz estable y duradera genera expectativa y esperanza en la población; parar la guerra y construir un ambiente donde la acción política esté libre de violencia está al centro de los debates y de las dinámicas territoriales; esta expectativa potencia la organización, la movilización y la construcción de agendas y espacios para avanzar en la solución política al conflicto social y armado.

El incumplimiento del Gobierno a los acuerdos de paz firmados con las FARC; la falta de voluntad para acordar el punto de participación de la sociedad en la construcción de paz, en el proceso con el ELN, y la ausencia de pedagogía necesaria para que la sociedad se entusiasme, no ayudan en nada al ambiente social y político que legitime el proceso de paz y las transformaciones que requiere el país. Por eso es necesario superar los obstáculos y dificultades que las organizaciones sociales, las comunidades y en general la sociedad civil encuentran en ese camino.

El enfoque de la paz
Una cosa piensa el Estado sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz, y otra las comunidades. Por un lado, el Estado quiere una participación pequeña, simple, que recomiende o incida, pero que no sea vinculante, es decir que no obligue. Las comunidades quieren todo lo contrario. Para el Estado, alcanzar la paz tiene que ver con la superación de la confrontación armada, por lo tanto su principal apuesta es la desmovilización de las fuerzas insurgentes y la entrega de sus armas. Así, cesarían las acciones militares sobre las fuerzas armadas estatales, y se posibilitarían las actividades económicas en los territorios, a las grandes empresas nacionales y extranjeras.

Las comunidades consideran imperativo resolver los problemas históricos de pobreza y exclusión que son la causa del conflicto armado y la ausencia de la paz. Por ejemplo, el acceso a la tierra para millones de familias; el manejo soberano y el beneficio común de los bienes de la naturaleza; la garantía de los derechos sociales, políticos, culturales y ambientales, entre otros. Es fundamental que el enfoque sobre la paz contemple las más diversas posturas, y no simplemente las que llevan a una mesa de negociación las dos partes; el enfoque de paz también debe ser una construcción social y democrática.

La cultura política
Desde el mismo Estado y a través de diversos estamentos gubernamentales se fomentan prácticas antidemocráticas, violentas y corruptas, que unidas con las carencias sociales y económicas promueven una decadencia de la cultura política en toda la sociedad. Los medios masivos de comunicación empeoran este triste panorama, pues con sus prácticas, en lugar de generar capacidad de razonamiento, reflexión y actitud crítica, alimentan la mediocridad, el odio, el egoísmo y la indiferencia de la sociedad hacia los asuntos políticos y públicos.

Además, el desprecio por la vida y la justificación de la violencia, la muerte y la desaparición del contrario han provocado tal insensibilidad social, que le da vía libre a los violadores de derechos humanos para actuar con la mayor impunidad. La falta de garantías para la vida, las acciones colectivas y la defensa de los territorios, es el resultado de estas prácticas sociales y políticas. Entonces estas realidades, en vez de incentivar la cultura de la participación, la reducen, la coartan y la hacen lejana a las aspiraciones de las comunidades.

Se necesitan garantías
El Estado carece de la voluntad política para orientar a su amplia institucionalidad en la aplicación, promoción y defensa de los derechos fundamentales de los colombianos y colombianas. Especialmente en el disfrute de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos. Las Instituciones no disponen de mecanismos, espacios, recursos y decisión para el ejercicio participativo en los territorios, desde los sujetos políticos activos y desde las estructuras sociales locales y sectoriales; esta situación hace inviable la incidencia en la realidad económica, política, social, ambiental e ideológica por parte de las mayorías excluidas en sus territorios.

La negociación entre el Gobierno nacional y el ELN en la ciudad de La Habana-Cuba, tiene por delante no solo la superación de todos estos vacíos de la democracia colombiana, sino el complejo momento político que incluye el fin del gobierno Santos, y la incertidumbre frente a la postura en materia de paz de su reemplazo en agosto de 2018.

Poner a jugar las experiencias
Es en este contexto que las organizaciones sociales y políticas que le apuestan a la paz con justicia social deben jugársela toda, para así provocar una política estatal de continuidad del proceso de paz. Como se ha dicho, es necesario construir un enfoque común y democrático, pero especialmente promover y ejecutar en la práctica hechos de participación.

Para eso se deben articular los procesos sociales y políticos, y con ellos dinamizar el movimiento por la paz, poniendo al frente las experiencias territoriales, las agendas, los espacios colectivos y las aspiraciones de vida digna de miles de personas. Por ejemplo, la propuesta de las mujeres, de diálogos territoriales por la paz que se instalaron en Barrancabermeja el 18 de mayo de 2018; o la Comisión Étnica por los derechos territoriales que logró, en el proceso con las FARC, un acuerdo para los pueblos indígenas y negros, y que puede seguir ganando terreno con sus apuestas colectivas, autónomas y territoriales; o la Mesa Social Minero Energética y Ambiental que ya tiene propuesta construida intersectorial y colectivamente en el marco de la soberanía nacional; así mismo regiones como el Magdalena Medio, Arauca y Suroccidente que de forma sostenida en el tiempo han construido alianzas, propuestas y espacios locales, sectoriales, interétnicos y demás, están preparados para hacer escuchar la voz de la región en este proceso de paz.

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