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Quienes habitamos la República Bolivariana de Venezuela entendemos de primera mano que “la paz de Colombia es la paz de Venezuela”, por eso, desde estas tierras se han hecho innumerables gestiones para dar inicio a diversos procesos de paz, o a conversaciones que conlleven bien sea a reducir el conflicto o a liberar secuestrados por parte de grupos al margen de la ley.

La postura venezolana de coadyuvar en el fin del conflicto interno colombiano ha sido histórica, sin embargo, es perentorio destacar que fue durante los años de gobierno del presidente Hugo Chávez cuando más avances y esfuerzos hubo al respecto; las gestiones llevadas a cabo en el Gobierno bolivariano fueron el punto de partida del proceso de paz con las FARC, así se quiera ignorar esta realidad por el ahora hostil gobierno de Juan Manuel Santos y por la propia oligarquía colombiana.

Esta postura pacifista se debe a que Venezuela ha sido receptora de buena parte de los problemas que han aquejado a la sociedad colombiana producto del conflicto armado. De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística venezolano (censo 2011), el número de extranjeros en el país era de 1,03 millones, de ellos el 70% provienen de Colombia, es decir 721.791 personas. Dicha cifra podría ser superior producto del ingreso continuo de desplazados sin ningún tipo de registro migratorio. Reportes de la ACNUR dan fe de por lo menos 173.529 colombianos con necesidad de protección en Venezuela para 2014.

El auge del éxodo de neogranadinos a tierras venezolanas concuerda a plenitud con el incremento del conflicto armado colombiano: de acuerdo a un artículo publicado por Alcides Gómez Jiménez en El Espectador, “el gran salto de la emigración de colombianos a Venezuela se dio en la década del setenta del siglo pasado, cuando de 180.100 en el censo de 1971, se pasó a 508.200 en el censo de 1981, para en adelante estabilizarse: 529.900 en 1990, 608.700 en 2001 y 721.800 en el censo de 2011”.

El ingreso desmedido de personas huyendo de la violencia generó un sinfín de inconvenientes a lo interno de la sociedad venezolana: crecimiento de los cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades, aparición de actividades delictivas desconocidas hasta finales de la década del 70 como extorsión, secuestro y sicariato, pérdida de soberanía por parte de grupos al margen de la ley e incremento en los niveles de pobreza.

Contrario a lo que se cree, la ola de inmigrantes colombianos continúa. Recientemente municipios fronterizos como García Hevia en el estado Táchira y Jesus Maria Semprum en el estado Zulia han recibido de manera permanente refugiados producto de la agudización del conflicto en la zona del Catatumbo colombiano. Dada la violación de los acuerdos firmados en La Habana entre el gobierno y las FARC, muy seguramente el ingreso de campesinos y activistas políticos huyendo continúe, aún con la compleja situación venezolana. No es para menos, es preferible resistir los embates de la economía venezolana que perecer a manos del terrorismo de Estado colombiano.

Actualmente Venezuela vive la peor crisis económica, política y social de su historia, que amenaza con profundizarse a niveles, hasta ahora inimaginables. Si bien la crisis tiene un carácter estructural, dado el petro Estado instalado desde finales de la década de los 30 del siglo pasado, la República de Colombia ha jugado un importantísimo papel en la profundización de la misma.

Pocas veces del lado colombiano se reconoce que existe una permanente y nociva violación de la soberanía económica venezolana producto de la creación de un Banco Central paralelo que, con la complicidad del Estado, determina de manera arbitraria el valor del bolívar venezolano. Tampoco que la estatal Petróleos de Venezuela pierde por lo menos 12 mil millones de dólares anuales por concepto de subsidios al combustible, que en buena parte engrosan las cuentas de robustos grupos de poder que surten de combustible no sólo el parque automotor de departamentos como Norte de Santander, Guajira y Arauca, sino que también proporcionan la gasolina para el procesamiento de la hoja de coca en el Catatumbo, la segunda mayor zona productora de cocaína en el mundo, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidos Contra la Droga y el Delito.

Ante todo esto, hay algo que no se quiere ver: la llegada desmedida de productos venezolanos está generando una especie de reflujo que, de no controlarse, generará un shock en el aparato económico colombiano volviéndolo estéril y malicioso. A la fecha ya son varios los sectores económicos golpeados por el contrabando, veamos:

La Federación de Ganaderos (Fedegan) ha denunciado las pérdidas del sector producto del contrabando de queso, leche y carne venezolana; ciudades como Cúcuta que requieren de 400 animales por día para alimentar a su población, están sacrificando no más de 70 reses. Semejante situación padece el gremio ganadero de departamentos como Cesar, Guajira, Atlántico, Magdalena, Santander y Bolívar. El gremio cafetero ha alertado de la presencia de café de contrabando “hasta en departamentos como Antioquia”, lo cual perjudica no sólo la producción sino la calidad de la misma debido a la falta de controles fitosanitarios.

El sector calzado, textil y marroquinero reporta el ingreso de más de un billón de pesos en prendas traídas de contrabando. La Asociación Colombiana de Gas Licuado no se queda atrás, denuncia pérdidas superiores a los 100.000 millones de pesos producto de llenaderos clandestinos cercanos a la frontera con Venezuela. En general, sectores estratégicos y que emplean buena parte de la mano de obra del país como construcción y producción agrícola, entre otros, dejan de recibir por lo menos 6 mil millones de dólares.

De continuar este panorama de violación de la soberanía venezolana, habrá un colapso no sólo económico sino social con implicaciones muy complejas que desde ya se comienzan a percibir. Es más que evidente que el Estado colombiano no cuenta con la capacidad de atender a la totalidad de sus conciudadanos en temas como salud, educación, trabajo digno o vivienda. No en vano es el octavo país más desigual del mundo y el segundo en número de refugiados internos, solo superado por Siria.

Tal panorama exige el desechar las posturas intervencionistas y profundizadoras de los conflictos que padecen cada uno de los países. Las posturas patrioteras y de vernos como enemigos están de más. Si en Colombia la violencia y la guerra continúan, Venezuela se verá impactada; si en Venezuela se profundiza la crisis económica, Colombia también sufrirá alteraciones. En pocas palabras “La paz de Colombia es la paz de Venezuela, y la estabilidad económica de Venezuela es la estabilidad económica de Colombia”.

No tenemos opción alterna a la unión, pareciera que la providencia se encargó de enraizar nuestros caminos. Por algo el Libertador Simón Bolívar vislumbró que “La unión de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino”.

*Economista

“¿Cuántas veces no habremos visto, de [Simón] Bolívar a [Salvador] Allende, la interrupción de la vida por una macabra pantomima que, en nombre de la defensa de la vida, impone la desolación de la muerte? ¿Cuántas veces en nombre de la defensa de la democracia, no se han impuesto dictaduras nugatorias de la misma libertad que decían proteger? ¿Cuántas veces en nombre del orden autoritario, no se ha establecido el desorden desautorizado del secuestro, la cárcel, la tortura, el asesinato?”.

Si el mexicano Carlos Fuentes nos hubiera hecho esas preguntas a los líderes y lideresas sociales, le habríamos respondido que desde hace más de doscientos años la política en Colombia no es un trato —una disputa— entre iguales, sino la humillación del débil por el fuerte.

Durante doscientos años nos negaron la palabra, nos ignoraron, nos satanizaron, nos tergiversaron, nos persiguieron, nos condenaron, nos mintieron, nos torturaron, nos amenazaron, nos volvieron a amenazar, y nos mataron. Doscientos años llevamos viviendo como si fuera el ultimo día, el último año, de nuestras trágicas vidas. Doscientos años —73.000 días— gobernados por el miedo y los prejuicios, por un futuro que nunca cambia, por verdades metafísicas innegables e indemostrables.

Este país sigue prescindiendo de sus mejores hombres y mujeres —de sus colombianos más necesarios—. De colegas que renuncian a sus familias, a los placeres, a sus proyectos de vida para exigir lo que todos deberíamos exigir para todos: una vivienda, un puesto de salud con médicos, un colegio con profesores, un trabajo bien remunerado, agua, luz, alcantarillado, una carretera transitable… oportunidades: condiciones de vida digna.

Nadie nos paga por ser líderes, la mayoría de veces tenemos que destinar parte de nuestro escaso patrimonio para sacar las fotocopias, radicar el derecho de petición, o pagar la chalupa, la moto o el chivero y poder asistir a la reunión con nuestros colectivos, organizaciones o asociaciones, o con los delegados enviados por el Gobierno nacional. Ninguno de nosotros tiene la obligación de evitar que nuestras comunidades, que solo aparecen en el radar de la sociedad y el Gobierno cuando ocurre una tragedia, naufraguen en las inseguras aguas del Estado colombiano, sin embargo, lo hacemos porque el barco necesita un capitán capaz de dar su vida por su tripulación.

Muchos jamás asistimos a un salón de clase, no tenemos un cartón que nos avale como profesionales, conocimos primero el azadón, la escoba, o la atarraya antes que un cuaderno o un libro. De forma empírica nos volvemos expertos en las leyes que nuestra gente desconoce, y que el Gobierno viola; nadie nos paga por eso, pero decidimos renunciar a la tranquilidad que produce aceptar el mundo tal cual es —aceptar que lo que fue es lo que debió ser—.

Aunque lo único que hacemos es trabajar por el bien común y exigir lo que merecemos, sentimos miedo. Miedo de que a la vuelta de la esquina un arma acabe nuestra vida o alguien nos condene a estar muertos en vida en una cárcel. En este país anestesiado que naturaliza y justifica la muerte del prójimo, donde los políticos de rapiña se alían con el diablo para desangrar la nación, ser líder social es cargar con un ataúd a cuestas.

Casos como los de Juli, frustran, desaniman, nos hacen sentir como criminales. Desde el 2006 Juli participó y fomentó escenarios para soñar y construir otro país. Ese año, vinculado a la Corporación Claretiana, acompañó comunidades de Boyacá y Casanare. Mientras estudiaba filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional participó en la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (ANJECO), y fue cofundador del Movimiento Juvenil y Popular Quinua. El pasado 6 de junio cinco hombres de civil y otros dos uniformados, que al parecer pertenecen a la Policía Nacional, detuvieron a Juli en Bogotá.

Un testigo que recibe beneficios de la justicia por sus declaraciones, aseguró que Juli pertenecía al ELN por lo que el juez encargado del caso decidió dictar medida de aseguramiento intramural. Hasta el momento de su detención, Juli era responsable de la Secretaría Técnica del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, participaba también en la Comisión de Formación, en la Comisión de Economía Propia y en la Comisión Internacional. Yo conozco a Julián Gil, y estoy seguro que si lo privaron de la libertad fue por decir lo que pensaba y hacer lo que decía, mas no porque sea un delincuente. A sus 31 años, Juli se perfilaba como un pilar fundamental en el Congreso de los Pueblos y otros espacios políticos de movilización. El vacío que ha dejado así lo demuestra. No solo lo recordamos por su compromiso y sus aportes metodológicos; también por su sonrisa silvestre y su fraternidad.

El montaje judicial contra Juli fue un golpe certero que nos tiene abatidos. Aunque sabemos que este tipo de hechos pueden suceder en cualquier momento, nunca vamos a estar preparados para recibir ese tipo de noticias. También nos atormenta la constante persecución a los líderes del Sur de Bolívar o del Suroccidente colombiano, el asesinato de Héctor Santiago Anteliz, líder del municipio Teorama y de la Asociación Campesina del Catatumbo, los casi 400 líderes asesinados entre 2016 y los primeros seis meses de 2018... Cada homicidio, cada trampa jurídica, es una oportunidad de cambio perdida.

Nos hemos convertido en cifras que solo importan por lo que niegan. Entre enero y marzo de 2018, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores de derechos humanos Colombia (SIADDHH), hecho por el Programa Somos Defensores, registró 132 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. De esas agresiones 66 fueron amenazas, 12 atentados, seis hurtos de información, una desaparición forzada, una judicialización, y 46 asesinatos —26 más que el año anterior, un incremento del 130%—. ¿Hasta cuándo van a permitir que nos maten? ¿Hasta cuándo ser líder social va ser un delito, una amenaza?

Los verdugos del pueblo suelen recurrir a la trampa y la violencia cuando se sienten derrotados, cuando sienten amenazada su indigna victoria. La brecha entre la democracia formal y la democracia real tardará en cerrarse, pero tarde que temprano la cerraremos. No es con soluciones fáciles que se resuelven problemas complejos, T. W. Adorno nos lo advirtió: “Un mundo justo sería intolerable para cualquier ciudadano de nuestro mundo fallido”. De momento, mientras materializamos ese mundo plural, incluyente, participativo y equitativo, nos aferramos a la tolerancia, la imaginación, la convivencia, la creación y la solidaridad. Recurrir al rencor y a la venganza sería parecernos a ellos.

Si las convicciones son esperanzas, como dicen que decía Bertol Brecht, la nuestra es la más noble de las utopías. Seguiremos “reprehendiendo los vicios ajenos con la virtud propia”. Seguiremos al frente del barco hasta que todo ese desprecio que nos tienen se transforme en admiración.

El norte del Tolima no es ajeno a la historia del conflicto armado entre insurgencia, fuerza pública y el paramilitarismo, y mucho menos ahora. Los habitantes de esta región llevan en su espalda la experiencia y energía que los ha mantenido con vida y en el campo, como es la solidaridad con el vecino, tramitar las discordias con la junta de acción comunal, cuidar, respetar y trabajar por lo común, como el derecho a la tierra. Aunque esto último los pone en discusión con particulares, sectores privados y el Gobierno, pues no dimensionan ni respetan la vida de los campesinos en su territorio.

Ser líder social y defensora de derechos humanos en el norte del Tolima no solo trasciende en la defensa del territorio, en organizarse y trabajar para mejorar las condiciones de vida de hombres, mujeres, niños y niñas que viven en el campo. Con estos esfuerzos, que deberían ser los mínimos a brindar por parte del Estado, parecen generar molestia e inconformidad a personas o proyectos que, a toda costa, y por medio de la fuerza física y psicológica, siguen poniendo cercas para que los campesinos y campesinas del norte del Tolima puedan vivir en paz.

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Sandra Milena Castro es una joven campesina, madre y abuela, cabeza de familia. Es vicepresidenta de la Asociación Agroalimentaria y Ambiental Camilo Rodríguez Restrepo “Asacol”, que tiene presencia en el norte del Tolima, y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Aurora del municipio del Líbano, Tolima. Esta mujer, como muchas otras en Colombia, inicia su jornada en el campo a tempranas horas, cuando el sol aún no da cara. Toma una taza de café o agua de panela luego de alimentar a sus animales, fuente principal para su alimentación y apoyo económico para solventar los gastos diarios de ella y su familia. Durante su jornada también arregla la huerta, siembra, y platea el café y plátano que cultiva en su parcela.

Todas estas actividades las alterna con el trabajo comunitario en su región; en su quehacer cotidiano también atiende situaciones de deslizamientos y reubicaciones temporales que suceden en su vereda; gestiona ayudas para las viviendas de los damnificados; lidera proyectos económicos para las familias campesinas; hace parte y lidera un proceso de titulación de tierras para las 30 familias desplazadas que habitan desde hace un poco más de 40 años en la vereda La Aurora. A esto se suman las actividades de la Asociación a la que pertenece el norte del Tolima, como su participación en el paro nacional de 2015 que tuvo como nombre Minga de Resistencia por la Vida.

Pero su vida como mujer campesina, líder social y defensora de derechos humanos le ha ocasionado recibir amenazas por medio de llamadas telefónicas; seguimientos por parte de la Fuerza Pública; allanamientos y robo de documentación de sus asociados por personas sin identificar. En lo que va de este año, estas situaciones se han agudizado.

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Escucho a Sandra llena de zozobra, cuando se aproxima la noche y recibo su llamada. Comenta que no saben qué pasa o quién anda, porque los perros de la casa y de los vecinos no han dejado de ladrar en lo que va del fin de semana. Tienen conocimiento que en el camino que conduce a su casa hay un hombre escondido en el monte. Su familia y vecinos no saben de quién se trata; la semana pasada en una vereda aledaña apuñalaron a un campesino por robarle lo que había trabajado en la semana. Se sabe que desde el sábado tumbaron unos palos sobre la carretera de la vereda Zaragoza del municipio del Líbano, para no permitir el paso de carros y nadie sabe quién fue. Estas situaciones no dan espera. Ella y su familia solo están a la expectativa de lo que pueda pasar en la noche que hasta ahora inicia. Hoy vive la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con su vida y la de su familia.

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Los gobiernos nacional, regional y local demuestran una vez más que los decretos nacionales no son garantías para la vida de los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos que viven en zonas rurales en Colombia. Sus acciones demuestran que entre ellos no existe coordinación, ni una ruta mínima de comunicación para el desarrollo de lo que se plasma en los decretos. No se puede seguir entendiendo como casos aislados lo que pasa en los territorios con los líderes sociales, quienes son desplazados a causa de amenazas, seguimientos o allanamientos. Salvaguardar la vida y la permanencia en el territorio no se puede quedar en los trámites que ha puesto el Gobierno nacional, y que se agilizan solo cuando los movimientos y organizaciones sociales ejercen presión.

Quedan preguntas entre los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, sobre si el Gobierno nacional a posesionarse el siete de agosto del presente año mantendrá las comisiones y mesas de interlocución con el movimiento social, las cuales intentaban ser un mínimo de garantía para la preservación de la vida de los líderes sociales. También sobre si estas agendas de trabajo con sus avances se mantendrán bajo los criterios de respeto a los espacios autónomos, en los que los participantes llegan con posibilidad de voz y voto y con facultades para la toma de decisiones, siendo vinculantes para el Estado como para el movimiento social que representan.

Los establecimientos carcelarios del país, que son mostrados como centros de "resocialización", son una mentira más de los políticos corruptos, quienes manipulan los hilos del poder en beneficio de sus intereses personales o de grupo. Nos pretenden mostrar valores donde solo hay podredumbre. Puertas adentro, el imperio del poder, disfrazado de "justicia", se convierte en una sucia maquinaria que atropella de manera demoledora la dignidad humana.

El establecimiento penitenciario “La Paz” en el municipio de Itagüí, Antioquia, no es la excepción a esta realidad. Las diferentes áreas administrativas, a manera de micro poderes, se reparten el derecho a manejar sus funciones de manera arbitraria, descargando toda su furia contra las personas privadas de su libertad, a quienes de manera constante y reiterativa les violan sus más elementales derechos.

El Área Jurídica genera desconcierto e incertidumbre, puesto que su mayor esfuerzo lo enfoca en evitar que el prisionero agilice los trámites para aclarar su situación jurídica o para lograr su libertad. El trato es humillante, olvidando que allí no se puede violentar la dignidad humana, independientemente del normal constreñimiento a la libertad, como consecuencia de la condena recibida. Los procesos administrativos y jurídicos son excesivamente lentos y calculados, como si la sombra de la corrupción, disfrazada de contribuciones "voluntarias" fuera la única solución para que esta sección funcione de manera normal, ágil y efectiva.

En cuanto al área de la salud, allí todo es insensibilidad e indolencia. Varios de los profesionales que allí laboran actúan como auténticos delincuentes de bata blanca; muestran un desprecio inaudito por la salud de los prisioneros, y el respeto a la vida, el trato humanitario y neutral brillan por su ausencia. No es extraño saber de casos donde se manipulan las historias clínicas con el propósito de no darle prioridad a casos graves de salud, impidiendo que muchos prisioneros enfermos o con enfermedades terminales puedan ser llevados a las citas médicas externas. De nada vale que el prisionero esté afiliado a una EPS, puesto que se ignoran y retrasan las citas.

Se ignora de manera descarada la sentencia de la Corte Constitucional T-522 de 1992 donde se deja claro que "las personas privadas de la libertad gozan de todos los derechos inherentes a la dignidad humana en general, y en particular del derecho a la salud. Es una obligación del Estado, porque el detenido está bajo su protección y responsabilidad”. Además, se reconoce en la sentencia que se le debe dar credibilidad a las dolencias manifiestas por el detenido no solo en casos de enfermedades graves o peligro de muerte, sino cuando este lo requiera, situación que es desconocida recurrentemente por las autoridades penitenciarias.

No puede olvidarse que el derecho a la salud está en conexidad con el derecho a la vida, especialmente en situaciones de gran vulnerabilidad, como es el caso de las personas privadas de su libertad. En algunos patios del penal se ha llegado al extremo del cinismo de pegar carteles invitando a los internos a renunciar a su EPS, con el fin de ser atendidos en el interior del penal, a sabiendas que no existe personal idóneo, instalaciones funcionales para la atención médica, ni medicamentos adecuados y suficientes para tratar las múltiples dolencias que se padecen, además de los heridos que se presentan por riñas internas.

Entre los años 2017 y 2018 se han producido más de 10 fallecimientos de prisioneros, uno de ellos de un ciudadano norteamericano y cuatro casos en el mes de abril del presente año.

En cuanto al expendio las condiciones no son las mejores. No se respetan los horarios; despachan al capricho del vendedor de turno, con el agravante de la escasez de muchos artículos, tales como cigarrillos, gaseosas, galletas, panes, entre otros. Sumado a lo anterior, la institución carcelaria no permite a los familiares de los reclusos el ingreso de algunos productos, con lo cual se favorece la especulación y la elevación de precios, una muestra de la corrupción reinante a todo nivel.

Sobre el alto nivel de hacinamiento la situación tiende a empeorar. Este establecimiento está en capacidad de albergar 328 internos, aunque en la actualidad tiene 1.145, con tendencia a elevarse. El Patio 4, que cuenta con capacidad de acoger 70 prisioneros hoy alberga 400. Allí se vive un ambiente de miedo, zozobra, y se duerme por turnos. De esto nada dice el señor alcalde de Medellín, quien hace alarde de combatir la delincuencia, pero ignora que es esa misma casta política la que lleva a que muchas personas caigan en las prisiones, buscando paliar su miseria económica al trasgredir un sistema penal que fue constituido para castigar a los pobres y favorecer a los delincuentes de cuello blanco.

Lo anterior evidencia que existe una política malsana de la dirigencia, con la cual se busca que los prisioneros vivamos en un verdadero calvario: mala atención jurídica, mala atención en salud, mala atención en el expendio, mala dormida. Todo esto lleva a que muchos prisioneros se vuelvan violentos, y se crea el pretexto para reprimir cualquier expresión de protesta de los internos, mediante el salvaje uso de los garrotes, los gases y las sanciones colectivas.

Para lo anterior utilizan escuadrones como el GRI (Grupo de Reacción Inmediata), traídos de otros lugares, y quienes actúan como verdaderas bestias sedientas de sangre: llegan en las madrugadas cual tropas fascistas, recorren los pasillos con gritos, perros, palos y gases, en ejercicio de un terrorismo muy bien aprendido y sistemático. Hay que mirar a los ojos de estos pobres servidores: son seres deformados por una ideología que infunde el odio a los pobres y débiles de la tierra. Están "amaestrados" para descargar toda su furia contra los detenidos, como si estos fueran los culpables de toda la miseria material y moral que padecen los colombianos.

Esta situación nos lleva a afirmar que es la institucionalidad la que atenta contra la sana convivencia. Como claro ejemplo de esta situación está la violenta e innecesaria incursión a los patios el 22 de febrero del año en curso, en cabeza del Capitán Edgar Iván Pérez Ortega, quien se caracteriza por ser una persona humillativa, que trata con menosprecio, no solo a los prisioneros sino también a sus subalternos, maltratados en presencia de los mismos reclusos. Con estas prácticas el Estado pretende imponer un régimen de terror, al considerar que la cárcel es un cementerio para hombres vivos, y desconoce las potencialidades de los internos, quienes pueden ser capaces de sobreponerse a la pérdida de la libertad y construir sueños por una vida futura mejor.

Lo que esperamos de las autoridades carcelarias es el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Que velen por la eficaz atención de nuestras peticiones, faciliten un trato digno y creen las condiciones para que impere un sano ambiente de convivencia y respeto mutuo. Si de verdad estamos en un Estado Social de Derecho, son los funcionarios al servicio del mismo quienes están en la obligación de ser los primeros garantes de la justicia social, condición fundamental para poder construir caminos de paz y de reconciliación.

“Antes nos asustábamos al ver un uniforme militar,
ahora nos asusta ver un chaleco de Cornare”.

La vereda La Honda, ubicada en el municipio del Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño, es un territorio cuyo ecosistema bosque hace parte del Cañón del Melcocho y Santo Domingo, y su importancia geoestratégica en la región comprende diversidad de bienes naturales.

Sus primeros pobladores fueron familias campesinas que mediante la realización de convites iban abriendo trocha para la construcción de la carretera que los conectaba a la vía que conduce del municipio de La Unión a Sonsón. Para llegar a La Honda es necesario cruzar la vereda San Miguel, perteneciente al municipio de La Unión –zona páramo del Oriente antioqueño-. Este es el único acceso, y por ende, ambas veredas tienen una estrecha relación en sus prácticas comunitarias.

Estas dos comunidades se vieron inmersas en disputas por el territorio por parte de distintos actores armados desde la década de los ochenta (EPL, ELN, Ejército, Paramilitares) y fueron despojadas de sus tierras en el año 2000, época de mayor expansión paramilitar en la región. En el año 2004 las primeras familias retornaron a la vereda San Miguel, pero los habitantes de La Honda solo pudieron hacerlo hasta el 2014, por lo que durante 14 años este territorio permaneció deshabitado. Durante el desplazamiento forzado, estas dos poblaciones perdieron sus formas de vida comunitarias, lo que implicó la ruptura del tejido social y la consecuente desconfianza entre las personas.

En la actualidad, los campesinos que retornaron y habitan la vereda La Honda, encuentran de nuevo amenazada su permanencia en el territorio, debido a las prohibiciones en el uso del suelo y del bosque para cultivos y aprovechamiento de la madera, una práctica económica tradicional que esta comunidad realizaba de manera sostenible con el ecosistema hasta antes del desplazamiento forzado del que fueron víctimas.

Esta prohibición, que pone en juego la permanencia, está enmarcada en la figura de “Área Protegida” que desde el plano formal apunta a los principios de “Protección y Conservación” de territorios específicos por su diversidad biológica. En el caso de La Honda, la zona de conservación tiene la denominación de “Área de Reserva Forestal Protectora”. Sin embargo, las prohibiciones que conlleva dicha figura impiden el uso y el disfrute del suelo, es decir del territorio que ancestralmente han habitado.

De ahí que, como lo ha señalado la academia, el debate no se centra en la necesidad de conservación sino en el para qué de esa conservación, pues si bien en las zonas protegidas en principio no puede implementarse algún tipo de práctica de explotación minera, nada se ha dicho sobre proyectos de generación de energía –proyectos hidroeléctricos- que se encuentran aledaños a dichas zonas, ya sea en etapa de exploración o ejecución.

A nivel nacional, en el año 2010 el Gobierno colombiano implementó medidas normativas en cumplimiento del “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, entre ellas el Decreto 2372 de 2010, que crea el “Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, el cual pretende ordenar a nivel nacional todas aquellas áreas que por sus características ecosistémicas deben ser “protegidas” para su conservación y cuidado.

En el Oriente antioqueño, desde los años noventa se encuentran antecedentes de regulaciones por parte de la autoridad ambiental Cornare, a los campesinos de la región. Jorge Villamil, un campesino de la vereda La Honda, señala que “Cornare tiene una visión de conservación, pero no de desarrollo de las comunidades. La figura del Área de Reserva Forestal Protectora es un modelo policivo y represivo, simplemente vienen aquí y nos dicen: no tumben, no hagan nada, pero no llegan con propuestas de proyectos productivos para las comunidades”.

La reordenación de los territorios que se viene implementando a partir del Nuevo Orden Global (años ochenta y noventa) va de la mano de las regulaciones jurídicas ambientales en los países latinoamericanos. Todo un entramado legal de corte neoliberal que bajo el eslogan de la “Conservación y Protección” materializa la privatización de los territorios, fenómeno que se ha dado a conocer como acumulación por despojo.

Para el caso de la vereda La Honda, la regulación de “Área de Reserva Forestal Protectora”, con sus implicaciones en los modos de vida comunitaria, facilita el despojo hídrico al que ha estado sometida la región del Oriente antioqueño por más de cincuenta años.*

*Este artículo fue realizado en el marco del taller de prensa de las comunicadores comunitarios del Movimiento social por la vida y la defensa del agua y el territorio del Oriente Antioqueño, MOVETE.

A pesar de que entre el 28 de abril y el siete de mayo se produjeron tres derrumbes en Hidroituango, fue el 12 de mayo de este año cuando se encendieron las alarmas por el aumento inesperado del caudal del río Cauca debido a “un destaponamiento de forma natural del túnel derecho del proyecto hidroeléctrico Ituango”, como lo informaron las fuentes oficiales de Empresas Públicas de Medellín. Pareciera que a partir de esa fecha se inició la problemática que ha generado fuertes impactos sobre la vida de las poblaciones aguas abajo del río, pues 12 municipios (de cuatro departamentos) se mantienen en alerta debido a la emergencia; por lo menos 120.000 personas permanecen en riesgo latente y son más de 8000 los evacuados.

Sin embargo, la que sería la hidroeléctrica más grande del país ha generado impactos desde que comenzó la proyección de su construcción. Según el informe Colombia Nunca Más: Extractivismo y graves violaciones a los Derechos Humanos. Caso Hidroituango. 1990 – 2016, elaborado por la Corporación Jurídica Libertad, “En los doce territorios de estudio se han presentado graves violaciones a los derechos humanos, las cuales no pueden comprenderse de manera aislada a la implementación del modelo extractivista y mucho menos al desarrollo de Megaproyectos, tal como ocurre con el caso de Hidroituango”. Se advierte que “la funcionalidad de la guerra se halla en la posibilidad de despojar de manera violenta a las comunidades de sus territorios y a su vez destruir toda forma de resistencia que se oponga a este objetivo, para dar cabida a los intereses de grupos privados, transnacionales o del propio Estado”.

El informe evidencia el alto grado de victimización de la población, al destacar que entre 1990 y 2016, un total de 110.363 personas fueron víctimas del conflicto en los municipios de la zona de influencia del megaproyecto (sobre una población estimada por el DANE para el año 2016 en 175.471 habitantes), según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Por otra parte, en los 26 años que cubre el informe se registraron un total de 48 masacres, llevadas a cabo sobre todo como estrategia paramilitar para generar terror, control social y territorial de la población. Las masacres registradas se distribuyen así: “Entre 1990 y 1994 se cometieron 6 masacres con 36 víctimas, mientras que entre 1995 y 2006 hubo 39 masacres con 234 víctimas; de estas, 6 se presentaron en territorios donde se realizan las obras del Megaproyecto Hidroituango. Para el periodo 2007 - 2016 se reportan 3 masacres y 14 víctimas”.

Además, las organizaciones sociales de la zona de influencia también han sido perseguidas y señaladas de tener vínculos con la guerrilla; sus líderes han sufrido agresiones constantes y algunos han sido asesinados. En carta abierta a la Gobernación de Antioquia, enviada el pasado 22 de junio de 2018, las comunidades afectadas por Hidroituango organizadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia destacan la grave situación de estigmatización y deslegitimación de la movilización social, que pone en riesgo sus vidas. En el texto se evidencia la falta de escucha de los entes gubernamentales a las peticiones y propuestas de la comunidad ancestral que habita las riberas del río y que viven de él, como los barequeros, arrieros, agricultores, paleros, areneros y organizaciones de jóvenes y mujeres, que expresaron su preocupación frente a los impactos que generaría en su vida la megaobra.

Señalan que “si se hubiese atendido las solicitudes de recorrido y caracterización de la población aguas arriba y aguas abajo de la presa, si se hubiese escuchado las preocupaciones de las comunidades, la tragedia que hoy vivimos sería de menor impacto para la población, si se hubiese escuchado la preocupación por los cuerpos que hay enterrados en las riberas del río, si la secretaría de gobierno hubiese hecho algo cuando se le mostró al Director de Derechos Humanos en la playa El Arenal, sector Ciruelar, en el mes de febrero, los restos óseos humanos, quizás una familia que busca a su ser querido hoy tendría paz”.

Frente a los incumplimientos constantes, las comunidades organizadas solicitan audiencia al gobernador de Antioquia, ya que como lo expresa la carta, “la situación de incertidumbre, de crisis de las familias que lo perdieron todo, de cientos de familias que no han podido regresar a trabajar al río Cauca, de los autoalbergues, del destierro que ha significado Hidroituango, crece todos los días y poco aguas abajo y nada aguas arriba ha hecho Empresas Públicas de Medellín EPM”.

La construcción de represas, como la de Hidroituango, tiene por objeto generar electricidad para satisfacer el consumo de energía en grandes cantidades, sin la cual no podría funcionar la economía capitalista contemporánea. La producción de teléfonos celulares alcanza niveles escalofriantes, hasta el punto que ya en 2014 había más celulares que seres humanos, tanto a escala global, como en Colombia. Eso puede observarse diariamente, con la esquizofrénica utilización del celular desde que las personas se levantan de la cama, hasta que se acuestan, puesto que gran parte de ellas no puede despegarse ni un segundo de ese invasivo artefacto, una prótesis permanente que acompaña a los seres humanos hasta en los momentos más íntimos: cuando satisfacen sus necesidades fisiológicas o cuando tienen relaciones sexuales.

El Smartphone, el celular más avanzado, es una mercancía de consumo masivo a la que se le atribuye vida propia como si funcionara por sí misma en forma milagrosa, sin necesidad de recurrir a ninguna fuerza externa que lo active. Ese fetichismo se basa en la creencia de que esos aparatos son autosuficientes, máxime que pueden prenderse y apagarse en cualquier lugar, conectarse con el mundo exterior, hablar, enviar mensajes, utilizar aplicaciones, escuchar música, rebasando fronteras y superando los límites territoriales.

Esa sensación de autonomía es un espejismo, puesto que el celular funciona con energía, más concretamente con su forma más común: la electricidad. El Smartphone, por más “inteligente” que sea, opera con una batería recargable que se abastece de electricidad. De ahí que las baterías tengan que cargarse de electricidad en una forma esquizofrénica, como lo apreciamos en los aeropuertos, hospitales, universidades, viviendas, en las que todo el tiempo se enchufan sus cargadores para alimentarlos con electricidad, sin la cual no pueden funcionar.

Puede suponerse que el gasto de electricidad de un celular o un Smartphone es mínimo, porque es un pequeño dispositivo microelectrónico que, se nos dice, entre más inteligente menos electricidad consume. Esto ni siquiera es cierto para un aparato individual, porque diversas investigaciones han comprobado que un nuevo celular consume más energía eléctrica que una nevera de tamaño medio. Así, el refrigerador común y corriente consume 322 Kilovatios hora (kWh) al año, mientras que el nuevo celular consume 388 kWh en el mismo período de tiempo, en lo que se incluyen sus conexiones inalámbricas, utilización de datos, la carga de la batería y el almacenamiento de información.

Una diferencia notable radica en que un hogar cuenta en el mejor de los casos con un refrigerador, mientras que en ese mismo hogar puede haber cinco o más celulares, puesto que se ha vuelto casi normal que una persona tenga dos o tres. El problema adquiere una dimensión crítica si tenemos en cuenta que en el mundo hay unos 9 mil millones de celulares, incluyendo viejos y nuevos modelos, y en Colombia hay más de 50 millones. En pocas palabras, existen más celulares que seres humanos. Y eso origina el problema de cómo garantizar el abastecimiento de electricidad para que funcionen esos aparatejos, en apariencia mágicos.

Y aquí es donde viene el nexo con las represas que generan electricidad, porque estas son indispensables para suministrar una creciente oferta de energía, que se usa de muchas formas, pero que cada vez en mayor cantidad es destinada a los Smartphone, cuya producción es un fabuloso negocio para empresas multinacionales. Si se quiere alimentar el crecimiento exponencial en el consumo de Smartphone (del que se dice que se venden 3.7 millones de unidades por día en el mundo entero) es obvio que debe garantizarse la producción de energía eléctrica. Para hacerlo posible se construyen represas, como la de Hidroituango, las cuales suministran electricidad, una parte de la cual se destina al funcionamiento de los artefactos microelectrónicos, que en conjunto ya consumen el 10% de la generación de electricidad mundial.

Y dentro de esos cacharros microelectrónicos es el Smartphone el que más consume electricidad, por la sencilla razón que se utiliza frenéticamente durante el día y la noche por sus poseedores, en la medida en que el celular ya no se emplea solo para llamar por teléfono y hablar, sino que ahora existen múltiples aplicaciones. Eso requiere que los usuarios tengan que conectar sus equipos dos o hasta tres veces al día, con el notable incremento del consumo de electricidad. El paroxismo en el despilfarro de electricidad con el abuso de los Smartphone se encuentra en la artificial necesidad de mantener siempre cargados los aparatos, porque su descarga es considerada como una tragedia, que genera pánico entre sus usuarios.

Por otro lado, debe recordarse que estos aparatos están untados de sangre por varias vías: por los materiales y minerales necesarios para su producción, que generan esclavitud y guerras por los recursos como la del Congo, con millones de muertos en los últimos años, pero también los asesinados (campesinos y pescadores) en los lugares donde se construyen las represas. Y ese es el caso de Hidroituango. De manera que cada vez que el lector de este artículo utilice su Smartphone debería pensar en la sangre virtual contenida en el pequeño aparato que opera hábilmente con sus manos, porque esa sangre ha sido necesaria para impulsar los faraónicos proyectos de “desarrollo” que como el localizado en el Bajo Cauca antioqueño, finalmente se hacen para generar suficiente electricidad para que el Smartphone suene y suene en forma ininterrumpida, aunque su uso enfermizo también contribuya a recalentar nuestro sufrido planeta.

Durante los últimos tres años, el Gobierno nacional y algunos empresarios en Colombia parecen estar muy interesados en que se potencie el cultivo de aguacate Hass y se convierta en uno de los mayores productos de exportación, pero las posibles desventajas que podría traer consigo para un sector de la población ya se están evidenciando. El boom productivo de este fruto oculta tras sus cifras la compra y venta de predios en las zonas rurales del país, en especial en el Eje Cafetero. Esto ayuda a agudizar un fenómeno social, reconocido por el desarraigo y desplazamiento del campesino a la ciudad, luego de verse obligado a vender su tierra porque las dinámicas del mercado para el sector agrario no brindan garantías y protección al pequeño productor. Esto sumado al costo ambiental.

Históricamente, este boom se presentó con mayor intensidad luego de que los precios del café cayeran en el mercado internacional para 1989, y se intentara con otros productos como el plátano, los cítricos y la ganadería extensiva para recuperarse de la mala racha, pero hasta ahora no parece que se haya logrado. Se reforzó, sin embargo, al modelo latifundista en el país, dejando al campesino una vez más sin tierra y sin posibilidades de mejorar su calidad de vida.

Desde el año 2016 la ganancia ha sido cerca US$35 millones, luego de que se produjeran cerca de 78.547 toneladas de aguacate Hass y la tendencia al aumento es continua. Hombres como Ricardo Uribe Lalinde, gerente de Cartama, empresarios dedicados a la producción y comercialización del fruto, o Pedro Aguilar, gerente general de Westsole, una comercializadora internacional que fue creada por un exfuncionario de Proexport (hoy ProColombia), han pasado de pequeños propietarios, a grandes propietarios, luego de comprar más de 1.000 hectáreas en el departamento de Risaralda, según documentó la Revista Dinero en 2017.

Pero el problema no es el aguacate Hass en sí; es su producción expansiva a nivel internacional y el impacto sobre las economías locales. Colombia no está exenta de las repercusiones. De acuerdo al informe Colombia Siembra, en los últimos cinco años se presentó un aumento del 125% en la producción del fruto, modificando el uso del suelo del país, cambiando la propiedad y el uso de la tierra, y privilegiando grandes firmas comerciales por encima del campesinado. La implicación real es la afectación a la economía campesina como la base de la economía nacional, porque la producción del sector agrícola es del 8,7 % del PIB (Producto Interno Bruto). Lo anterior frente al aumento acelerado de la inversión extranjera de países como China, Japón, México, entre otros.

El país carece de una política agraria amplia, democrática y pluralista, porque dentro de esta el campesino de base no es reconocido como tal, sino que son grandes propietarios e inversionistas los que se ven beneficiados y más aún con la expedición de la Ley Zidres (Zonas Francas para el Agro) en el 2016, que sirvió de marco para la puesta en marcha de estos grandes proyectos privados de inversión productiva, siempre sustentados en los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Con esto se genera desigualdad socioeconómica, debido al abandono por parte del Estado al campesino y pequeño productor, que necesita que el Gobierno nacional lo reconozca como sujeto de derecho y lo asista para ser competitivo en el mercado nacional y global, con condiciones mínimas que le permitan ser propietario de su tierra, ser autogestor de su economía y no ser simplemente un jornalero. Es problemático que un campesino deba vender su producción a precio de huevo, que sean los intermediarios quienes se queden con la mejor parte de la producción y luego la vendan en el mercado internacional a precios tres veces superiores a los que le pagaron al campesino.

Vale la pena revisar cuál será la cuota ambiental que trae consigo la implementación del monocultivo de Aguacate Hass para la población campesina y demás comunidades que residen en territorios aptos para la producción. Ya hemos conocido ejemplos cercanos como los de la provincia de Petorca en Chile, o Michoacán en México, donde el costo ha sido alto: la deforestación de cientos de hectáreas de bosque, incendios forestales para luego plantar sobre el terreno devastado y el desabastecimiento de agua. El acceso al recurso hídrico se termina priorizando para el privado y se le restringe a la población, violando indirectamente uno de sus derechos fundamentales y constitucionales.

Ahora bien, el Gobierno nacional debe tomar medidas frente a la inminente producción expansiva del monocultivo; la solución podría ser una política pública para su implementación y regularización, además de una política de Estado que blinde al campesino y al mercado al interior del país, y se cumpla a cabalidad.

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