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Volvieron a ver su tierra después de muchos años en el exilio. La curva del camino, ya reconocida hace tiempo, les indicó que estaban cerca de la parcela en donde alguna vez fueron felices. Manuel acarició la cabeza de su hijo mientras miraba los ojos melancólicos de Martha, tratando de contagiarle esa esperanza que hoy sin embargo se dibujaba solo como una promesa. Caminaban lentamente como buscando desandar los pasos que la violencia les había obligado a dar, abandonando todo lo que poseían.

Hacía ya un año que la guerra había terminado. La paz se firmó entre los aplausos de unos y la indiferencia y el escepticismo de otros. El perdón y el olvido se impusieron por decreto. Se habló mucho de víctimas y de reparación. Miles de hombres y mujeres colmaron las oficinas del gobierno buscando que el Estado les reconociera sus muertos y les devolvieran la tierra que hacía mucho tiempo los poderosos les habían arrebatado.

–Desde aquí ya queda poco para el rancho. Lo primero será acomodar la cerca, yo me acuerdo que antes se nos metían mucho los animales del compadre José y nos dañaban las matas.

–Estoy cansado y tengo hambre.

–No se preocupe Esteban, apenas lleguemos su mamá nos prepara algo, más bien súbase al caballo y ayúdenos a guiar las demás bestias.

Martha levantó los ojos y vio su antigua casa al final del sendero. Era solo una ruina. Cuatro paredes seguían en pié en medio de una tierra gris que daba testimonio de tiempos de violencia y muerte. Amarraron los caballos y las mulas, entraron respirando largamente como quien despierta de un terrible sueño y ahora solo quiere reconocerse en el mundo de los vivos.

–En esta habitación nació usted.

Martha y Manuel acariciaban las paredes y acercaban el oído como queriendo que estas les reconocieran y les dieran la bienvenida.

–Aquí en este patio mataron a su hermano Julián, le dispararon tres veces.

Se detuvieron mirando un árbol muerto, abrazándose y sabiendo que lo que seguía era lo más duro. Recuperar la tierra también es añorar a los muertos, seguir adelante a pesar de la tristeza.

En la mañana, Braulio y José saludaron desde el recodo del camino. Encontraron a la familia entre herramientas acomodando el techo y descargando las últimas cosas que traían consigo.
–Compadre, esta tierra está enferma. Ya no crece nada. Los de la oficina del Gobierno nos dicen que es mejor venderla.

Manuel miraba un puñado de ceniza que se encontraba bajo sus pies. La tomó en sus manos tratando de olerla.

–Sembraron palma los últimos quince años, el señor que compró todo esto tenía mucha plata, trajo maquinaria, trabajadores y muchos químicos. La tierra se agotó y ahora es un puñado de ceniza. Solo ceniza Manuel, solo eso nos dieron.

– ¿Y entonces que van a hacer ustedes?

–La cosa va muy mal Manuel, con otros hemos decidido vender, veníamos a decirle a usted, para ver si siendo muchos nos pagan un poco más.

– ¿Y nuestros muertos? ¿Los que nos mataron? Esta tierra es nuestra y no la vamos a dejar.

–Compadre, no es cosa de muertos, es cosa de vivos. Si nos quedamos aquí va a ser para morirnos de hambre.

Manuel sintió que el sol castigaba su cuerpo. Miraba con pena a su familia, pero con más pena y dolor a los dos hombres que ahora solo hablaban de vender todo y volver a una ciudad que no les pertenecía, que siempre los había tratado como extraños.

–Gracias compadres pero yo me quedo. Si alguien les pregunta le dicen que prefiero el hambre aquí en mi tierra que en los tugurios de la ciudad. Sí, para mi esa hambre es peor.

Las semanas que vinieron fueron terribles. Efectivamente la tierra agotada se había convertido en un puñado de ceniza y sal. Sembraron primero las semillas que les dio el Gobierno pero ni un brote hacia avizorar que la situación cambiaría. Ahora solo les quedaba el maíz, el mismo que Martha recogió en un tarro el día que mataron a su hijo, el día que abandonaron todo.

Manuel y su hijo tomaron los azadones y cavaron lo más profundo que pudieron. Al fondo la promesa de una tierra negra y fértil nunca los esperó. Todo era igual, un hollín que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. Esa tarde una camioneta lujosa se estacionó afuera del rancho. En ella un hombre obeso y una mujer joven, que a Esteban le pareció hermosa, los miraban con desprecio y lástima. No se bajaron del vehículo, no hablaron con nadie, solo esperaban como buitres a ver que la familia cayera, para apoderarse del miserable terreno que habitaban.

–Yo creo que no es la sal lo que mató esta tierra, fue la sangre de tanto muerto. La sangre de su hijo y el mío que nos mataron en este mismo patio.

Sembraron el maíz, lo regaron trayendo el agua de muy lejos porque incluso los ríos se negaban a dar su consuelo. Los días pasaron y solo se veía el mismo paisaje triste. Cuando se agotó el alimento supieron que tal vez habían vuelto a esta tierra solo para morir.

-Martha, amor, ¿qué nos queda?
-Un puñado de harina y unas cucharadas de café.
-Entonces llegó la hora, prepare la comida, después solo nos queda morirnos.

Comieron amargamente, no dijeron nada, solo se miraban pensando que la vida se había ensañado siempre con ellos, que eran los condenados de la tierra. Salieron del rancho y contemplaron las estrellas. Se acostaron en medio del campo y esperaron así que Dios cerrara sus ojos. Cuando despertaron, los primeros brotes se levantaban orgullosos. Habían vencido.

*Miembro colectivo literario Surgente. Texto ganador del primer premio del concurso cuento corto Agenda Latinoamericana 2017

Lo asesinaron de cuatro impactos de bala y luego lo degollaron. Así relataban los medios de comunicación la muerte de Nelson, así llegó aquella trágica noticia al coliseo de la Universidad de Antioquia, donde se encontraban sus compañeros de lucha. Dura, fría, sin anestesia, sin tacto, así de fuerte como se lee al inicio fue su muerte para quienes le conocieron.

Nelson Giraldo Posada hacía parte de Ríos Vivos Antioquia, un movimiento social que lucha por la defensa del territorio, del agua, los ríos y la biodiversidad. Se había sumado a la defensa del río Cauca, lo amaba, y fue justo ese amor el que lo llevó a retornar a Sardinas, una de las tantas playas que están a lo largo del cañón del río Cauca y que pertenece al municipio de Ituango. Había llegado allí en busca de oportunidades para el retorno. Lideraba un grupo de más de 50 barequeros que se encontraban, desde hacía meses, alojados en el coliseo de la Universidad de Antioquia en Medellín, en espera de respuestas por parte del Gobierno frente a las afectaciones del megaproyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango – Hidroituango, el mismo que hoy se derrumba ante los ojos del país.

Desesperado por no tener soluciones y por las malas condiciones en las que se encontraba su familia, se aventuró, pese a las amenazas que habían recibido, a viajar a aquella playa. “Nelson amaba a su familia”, relata con nostalgia Stella, una de las voceras del grupo de barequeros y pescadores que hoy se encuentra en el Coliseo de Ituango afectados por el megaproyecto y su mala planeación. Stella fue compañera de Nelson, e igual que él ama el río, le hace falta. Mientras termina de coser un bolso en una vieja máquina a la que le falta el motor, va contando lo poco o mucho que se acuerda de aquel hombre de 31 años, a quien todos consideraban un líder innato y que hoy se ha convertido en un símbolo de resistencia. Ese hombre luchador aún se refleja en los ojos de Elver, un niño de más o menos 10 años, hijo de Nelson, que a veces los visita en el coliseo de Ituango.

Falta poco menos de dos meses para que se cumpla el quinto aniversario de su muerte. A eso de las 6:30 p.m., un 17 de septiembre de 2013, se escucharon los disparos. El cuerpo sin vida de Nelson cayó a orillas del río, del “mono”, como cariñosamente le llaman al Cauca quienes desde niños han vivido de lo que su arena y sus aguas les proporciona. Han pasado cinco años ya desde su muerte y los asesinatos en contra de sus compañeros y otros tantos líderes que defienden sus territorios como un día lo hizo él, no paran. Asistimos todas las semanas a ver cómo la muerte se pasea por nuestros campos y ciudades, así como un día se paseó por Sardinas.

Desde inicios de la construcción del proyecto en el 2010, barequeros, pescadores y campesinos se opusieron a que se desarrollara. Sabían que represar el río no solo iba a traer consecuencias para su economía, sino que era algo fuera de cualquier proporción. Hoy saben que tenían la razón. Más allá del silencio cómplice de los medios y de la falta de claridad en la información que EPM entrega, hoy lo que ha quedado demostrado es que la construcción de la represa cambió sus vidas, las cambió a tal punto de dejarlos en la calle, con solo la ropa que llevaban puesta el día de la inundación. Más allá de las pérdidas materiales, los cañoneros perdieron su arraigo cultural, cambiaron a la fuerza su paisaje: “es como si a uno le arrancaran un pedazo del corazón, porque el Cauca era todo para nosotros y ahora ni verlo podemos. Ahora hasta amenazados nos tienen”, dice Conrado de Jesús Correa “Chucho”, mientras revuelve unos frijoles que cocina para el almuerzo de todos.

La muerte de Nelson se pudo evitar. Eso es lo que sus compañeros mencionan, es lo que abogados y defensores de derechos humanos que acompañan a Ríos Vivos han manifestado. Días antes de que le cegaran la vida, el nueve de septiembre del mismo año, el Tribunal Superior de Medellín había emitido un fallo en el que ordenaba, en un plazo de seis días, que se solucionaran y se dieran las medidas de protección que el movimiento había solicitado. Nelson había denunciado las amenazas en su contra y el Estado no hizo nada para protegerlo. A aquel hombre alto, moreno, robusto, de cabello corto negro y gran sonrisa, que manoteaba al hablar, lo dejaron sin ver crecer a Elver y a Mariana, sus dos hijos, por los que fue capaz de arriesgarse para darles la vida digna y estabilidad que EPM les había quitado y que jamás podrá reparar.

El recuerdo de Nelson sigue vigente. Su nombre (junto al de otros compañeros y al de muchos desaparecidos, cuyos restos se cree que están en el cañón) lo han pintado en una tela por la memoria para así honrarlo. Su muerte sigue impune, como muchas de las muertes de líderes en este país del “sagrado corazón”. Nelson Giraldo sigue vivo en la memoria de Ríos Vivos; camina entre ellos en cada marcha; está en la fuerza del grito que exige con vehemencia que se detenga Hidroituango; acompaña a Elver y a Mariana en cada caminar. Nelson seguirá en nuestra memoria, como permanecen los hombres que nunca dejan de luchar.

Una de las regiones más afectadas por los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es el Pacífico colombiano. En esta región, el contraste entre la abundancia de bienes naturales y económicos de los puertos y la extrema pobreza de sus habitantes, es un paisaje habitual. Esta desigualdad que afecta a la población, la moviliza y la pone en pie de lucha por sus derechos.

Como ejemplo de la lucha de los pueblos del Pacífico está Buenaventura, una tierra que, según Arturo Grueso, docente experto en educación popular y coordinador del Nodo de Pensamientos Ancestrales de la Corporación de Educación e Investigación Intercultural para los Pueblos (CEIP), contiene una gran cantidad de imaginarios culturales que configuran a su población, en su mayoría afro, alrededor de sus raíces y de la tierra, a pesar de las difíciles situaciones que enfrentan.

Las problemáticas que afectan a esta población y por las cuales se han generado protestas y levantamientos de líderes sociales son la falta de infraestructura, la precaria atención en salud, el escaso acceso a la educación y la mala prestación de servicios públicos. Al respecto, Grueso señala que existe un abandono total del Estado y que cuando hace presencia afecta mucho más a la población. La población los reclama, pero a la vez desconfía absolutamente de sus intenciones y de su accionar.

En mayo de 2017 la comunidad, a través de diferentes organizaciones sociales, convocó a un paro cívico que mantuvo 22 días en parálisis al puerto. Con la organización de un Comité ejecutivo del Paro Cívico, que agrupaba las demandas de las organizaciones, se generó un pliego de peticiones. Después de días difíciles de negociación, problemas de orden público y desacuerdo entre las partes, se logró la sanción de la ley de diciembre de 2017, que garantiza recursos para cumplir las obras prioritarias de la ciudad: se aprobaron recursos para el desarrollo de una ciudadela hospitalaria y una Unidad de Cuidados Intensivos, inversión en acueducto, agua, saneamiento y educación. En la actualidad se mantienen los acuerdos y el Comité ejecutivo verifica su implementación.

El profesor Arturo señala que aparte del hambre y la pobreza que sufren los bonaverenses, la población se ve afectada por diferentes máquinas de guerra que quieren el control territorial. En este sentido, además de estas condiciones sociales vinculadas con el abandono estatal, Buenaventura sufre por el narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción, la privatización del puerto, la segregación racial y el desplazamiento forzado. “En el puerto la violencia se da por oleadas. Hay momentos de letargo, de calma, en la que los actores de alguna manera están calmados o han hecho acuerdos para realizar sus acciones y de repente vuelve la violencia”, afirma Grueso.

Todas la anteriores problemáticas sociales traen violencia a la población y entran en conflicto con el trabajo social desempeñado por líderes. Entre los casos más notorios de líderes sociales afectados está el de Temístocles Machado, del Proceso de Comunidades Negras e integrante de la mesa que promovió el paro cívico, quien fue asesinado el 27 de enero de 2018 por hechos relacionados con su liderazgo, que aún se encuentran en investigación. Otro caso es el de Orlando Castillo, quien ha recibido cerca de 37 amenazas por parte de grupos armados, y desde hace cuatro años está con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque este panorama social no difiere del que se presenta en diferentes partes del país, Buenaventura es un lugar especial en el que el territorio es la vida misma, porque genera una identidad cultural a partir del imaginario de lo afro. Por esta razón, explica Grueso, hay una rebeldía en la comunidad y, aunque soporta condiciones difíciles, en su ADN está la protesta social que los impulsa a luchar por su territorio y por su identidad afro.

Por lo mismo, la ancestralidad es algo que ha sido atacado por parte de diferentes actores armados en busca de la ruptura del sistema de creencias de la población. Ejemplos documentados de este tipo de violencia son las casas de pique, en las que por medio de la desaparición de los cuerpos de los muertos se impedía a la comunidad sus ritos y así se destruía la ancestralidad. También es el caso de las “sabedoras”, mujeres con saber ritual propio de la cultura afro que, según el profesor Arturo, han sido atacadas y estigmatizadas por su saber y su papel dentro de los imaginarios que fortalecen la cultura de la población.

De esta forma, en una radiografía general de Buenaventura, es posible identificar problemáticas sociales generales que aquejan a sectores rurales y regiones apartadas de los centros de poder; pero también problemáticas específicas que pertenecen a esta comunidad en particular y que deben ser comprendidas y atendidas en su particularidad. Por esta razón, son tan importantes los enfoques diferenciales en los territorios para la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de un país en el que todos puedan vivir.

Mucho se ha hablado últimamente sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, específicamente por la gran cantidad de asesinatos, amenazas y procesos judiciales en su contra. Aunque esto no es algo nuevo, el alarmante crecimiento de estos casos está en el foco de la opinión pública. Esta visibilización es importante y necesaria para movilizar al Estado, la sociedad civil e incluso a la comunidad internacional en torno a la protección de estas personas y el apoyo a los procesos que desarrollan, pero también trae especulaciones e información contradictoria. Por esta razón, es importante establecer qué es verdad en esta situación, cuáles son los mitos a su alrededor y qué preguntas hacerse como sociedad frente a este fenómeno.

VERDADES

Entre los grupos de personas olvidados por el Estado colombiano e invisibilizados en el conflicto armado están los líderes sociales y defensores de derechos humanos. A lo largo del tiempo los gobiernos de turno han hecho poco o nada por apoyar el liderazgo social y desconocen la violencia sistemática que la afecta. De acuerdo con Carlos Guevara, coordinador del programa Somos Defensores, la tasa de homicidios focalizada en estos activistas se disparó y viene en aumento sostenido desde el inicio y la implementación del proceso de paz con las FARC.

Guevara señala que los activistas que reportan mayor número de afectados son líderes campesinos, comunitarios, de juntas de acción comunal, indígenas y afro de diferentes zonas de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó. En este sentido, se evidencia una violencia concentrada en representantes de minorías con pocas oportunidades de acceso a la ayuda estatal y en lugares donde la guerra ha sido una constante, hay algún tipo de interés económico y político o se llevan a cabo luchas de reivindicación social.

Denuncias
Organizaciones como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular, la Marcha Patriótica e Indepaz, en alianza con el instituto Heinrich Böll Stiftung Colombia, presentaron en mayo de 2018 un Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos-Situación de lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC y sus familias, ampliado y actualizado en julio del mismo año por Marcha Patriótica en su rueda de prensa sobre el tema.

En este informe se habla, hasta el cinco de julio de 2018, de 123 líderes y/o defensores de DDHH asesinados en lo que va transcurrido del año. Dicha cifra fue ampliada en el comunicado oficial de Marcha Patriótica del 17 de julio, al considerar datos desde enero de 2016 hasta julio 2018, para una cifra final de 445 líderes asesinados, de los cuales 169 pertenecían a Marcha Patriótica y 22 de estos eran mujeres.

Entre los datos relevantes presentados por el informe están: en el 2018 las organizaciones que reconocen como suyos a los asesinados son en su mayoría la Cumbre Agraria (ONIC, Marcha Patriótica, PCN, Congreso de los Pueblos y Ríos Vivos) y la Confederación Comunal de Colombia; el 81,5% de las personas afectadas pertenecen a organizaciones campesinas, étnicas o a JAC; los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 12,6%; los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los asesinatos en 2018; el 15,12% de los homicidios fueron mujeres y desde la elección presidencial el 17 de junio del presente año, hasta el cinco de julio, se han asesinado a 22 líderes y/o defensores de DDHH, y la cifra aumenta día a día.

Así mismo, el informe señala que “La presencia de grupos paramilitares, del ELN y disidencias se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente”. Con lo anterior, se pone de manifiesto el peligro en el que están los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos de paz. Además, concluye que se observa un número significativo de asesinatos de personas pertenecientes a los mismos grupos sociales o políticos ocurridos en un mismo periodo de tiempo y en los mismos espacios geográficos, evidenciando una sistematicidad en la que se destacan los actores que las ejecutan y los modos de ejecución de acuerdo con el territorio y los fines que persiguen.

Frente a esto, las organizaciones sociales piden al Estado, entre otras cosas, investigar el origen de las amenazas y los asesinatos para evitar más casos, y esclarecer los ya existentes; una ruta de concertación para garantizar la vida e integridad; medidas de prevención y de protección territorial y colectiva, como fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección, entre los que están las guardias indígenas, cimarronas y campesinas; pactos regionales de no violencia; cumplimiento de los acuerdos de paz, e implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial y los pactos de sustitución.

Otras organizaciones se han visto afectadas en lo que podría considerarse una ampliación de esta violencia hacia sectores sociales. Es el caso de los integrantes del movimiento político Colombia Humana asesinados y amenazados. Al respecto, Jorge Rojas, gerente de la campaña política de este movimiento señaló en varios medios de comunicación que se han recibido amenazas, en su mayoría, en zonas de interés político, y que se trata de un “plan de exterminio” aprovechando el momento de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, espacio en el que ninguno se responsabiliza sobre la problemática.

Amenazas, judicialización y otras formas de violencia
No solo se trata de asesinatos. Existen otras formas de violencia recurrentes y caracterizadas en contra de los activistas sociales que dan cuenta de una sistematicidad en las acciones. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo están las amenazas, que se presentan de manera individual y colectiva mediante panfletos, llamadas, mensajes o redes sociales y buscan intimidar y servir de advertencia. Las violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad con toma de fotografías no autorizadas y robo de información, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias, el desprestigio, las desapariciones y el desplazamiento forzado son las maneras recurrentes en las que se ataca a los líderes sociales y deben ser consideradas como parte de la problemática.

Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores, realizaron un informe para la Comisión de la Verdad, titulado Defender la Vida. En este muestran cinco patrones claros de agresión: la represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado; las ejecuciones por grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización que actuaron con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y el uso excesivo de la fuerza contra defensores de derechos humanos en protestas sociales, especialmente por el ESMAD de la Policía Nacional.

¿Qué dicen el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional?
Frente a la problemática, el Estado ha manifestado su posición de diferentes formas. A finales de 2017 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que no había una organización asesinando líderes sociales y que la “inmensa mayoría” de estos asesinatos eran producto de problemas de linderos, rentas ilícitas y líos de faldas. A esta declaración se suma la del presidente Juan Manuel Santos en octubre de ese mismo año, en la que afirma que no hay un patrón sistemático y que se trata de hechos aislados.

A julio de 2018, con el obvio incremento de las muertes, el ministro Villegas señaló que “le preocupa enormemente el asesinato de líderes” y que se están tomando las medidas necesarias. La Fiscalía General indicó que las investigaciones están en curso y el ministro del Interior informó que se empezó a implementar un modelo de “protección colectiva”. Por otro lado el presidente electo Iván Duque prometió “cero tolerancia” frente a la violencia que sufren los líderes sociales, y el presidente Santos condenó enfáticamente los hechos de violencia y pidió a la fuerza pública actuar con contundencia.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reconoció la sistematicidad en el caso de los asesinatos de líderes de tierras, afirmó que la defensa debe hacerse desde los territorios, con esquemas de protección rural, colectiva y con enfoque diferencial. En cuanto al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, este afirma que: “No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”.

La sociedad civil se ha mostrado inquieta y solidaria con la situación de los líderes sociales y se ha manifestado de diferentes formas, por medio de performances artísticos en diferentes partes del país y movilizaciones en las calles y redes sociales. Entre las diferentes manifestaciones se destaca la Velatón del pasado seis de julio, en la que miles de colombianos salieron a las plazas principales de diferentes pueblos y ciudades, tanto en Colombia como en el extranjero, para sentar su voz de protesta en contra de la violencia y por el derecho a la vida.

En cuanto a organismos internacionales, Amnistía Internacional, le ha llamado la atención al gobierno de Santos por la situación de seguridad que hay en algunos territorios y que representa un riesgo para la vida de los líderes. 38 Diputados del Parlamento Europeo dirigieron una carta a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de seguridad, Federica Mogherini, en la que manifiestan su profunda preocupación por la situación de los líderes sociales en el país y hacen un llamado urgente y de carácter humanitario para la inmediata intervención, con el fin de salvar la vida de los líderes. Por parte de la ONU, Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista a medios de comunicación expresó que: "la defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio" y que la situación es tan grave que se ha normalizado el riesgo y el miedo en la defensa de los derechos humanos.

MITOS

¿Por qué hay diferentes cifras de asesinatos?
Para muchos, la discrepancia en las cifras sobre asesinatos a líderes sociales genera dudas respecto a la credibilidad del problema, y para otros representa intereses específicos de las entidades que las presentan. Lo cierto es que la diferencia en cifras se debe a dos factores: las metodologías para verificar los casos y los periodos analizados.

Algunas organizaciones reportan solo los casos que tienen que ver con sus miembros y las diferentes denuncias que se realizan, otras tipifican la función del líder social para determinar si realmente lo era o no, y de qué forma se presentó su fallecimiento (si tuvo o no relación con su labor social), y otras tienen en cuenta de qué forma ejercía su liderazgo y qué cargo tenía.

Así mismo, en cuanto a los periodos de tiempo reportados, algunas organizaciones establecen como fecha de inicio enero de 2016, otras el día D de los acuerdos de paz, algunas reportan año a año y no un total, y otras amplían su espectro de análisis hacia el 2015 o años anteriores. La frecuencia de reporte de víctimas también es un factor, ya que organizaciones como la ONU o la Defensoría del Pueblo presentan informes oficiales cada trimestre, mientras que otras organizaciones van actualizando las cifras día a día.

Por esta razón se encuentran cifras que van desde los 200 hasta los más de 400 líderes asesinados. Lo que no se puede perder de vista es que más allá de los diferentes reportes, se trata de vidas humanas valiosas e importantes, que debieron ser respetadas y a las que se les debió dar garantías para el trabajo social que desempeñaban.

PREGUNTAS

Las dimensiones de una problemática que pudo haberse atendido con celeridad y contundencia han alcanzado los niveles de crisis humanitaria. La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es insostenible, y en este punto coyuntural en el que es tan evidente que existe un problema, vale la pena preguntarse: ¿Por qué se llegó tan lejos? ¿Qué hay detrás de las muertes sistemáticas de los líderes y defensores humanos? ¿Acaso no todos los ciudadanos son potenciales líderes sociales? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué exigirle al gobierno y cómo? ¿Qué nos dice como sociedad los alcances de esta problemática? Ahora es momento de reflexionar y de reconocer que la sociedad en su conjunto debe actuar con responsabilidad y sin indiferencia ante algo que está pasando y que afecta a todos.

Retrato del actuar de la Policía en la Comuna 13

 

El miércoles cuatro de julio un joven fue asesinado en la Comuna 13, al parecer, por miembros de la Policía. La muerte del muchacho, llamado Arley Steven Zuluaga, no se dio en medio de uno de los enfrentamientos entre bandas que ocurren en la Comuna, sino que hace parte de un conjunto de irregularidades que involucran directamente a la Policía del sector.

“Casi que no matamos ese delincuente”
Iban siendo las dos de la tarde cuando Arley Zuluaga, padre del joven, recibió la noticia. A su hijo, Arley Steven Zuluaga, un barbero de 23 años que trataba de terminar sus estudios secundarios, lo habían asesinado. Cuando llegó al lugar –en la vereda Corazón-El Morro, en el corregimiento de Altavista, cerca de Belencito–, a reconocer el cuerpo, fue recibido por un grupo de policías que señalaron a su hijo. “Casi que no matamos ese delincuente”, dijo uno, que no solo tachaba a su hijo de delincuente, sino que admitía haberlo matado. Arley no ocultó la rabia que sintió en aquel momento: “al que mataron es al hijo mío, a mí me duele lo que están diciendo, eso demuestra una complicidad en el hecho”.

James Zuluaga, reconocido líder de derechos humanos de la Comuna 13, hermano de Arley y tío de Steven, tampoco ocultó su molestia con los comentarios. James, que había llegado con Arley al lugar, le preguntó al policía que si de verdad era un delincuente por qué no lo había capturado. Un sargento que estaba presente intervino al ver que los ánimos estaban exaltados, y que varios de los policías se sentían culpados por el asesinato de Steven. “Nos están metiendo a nosotros”, decían. Y justo cuando el policía que hizo el comentario se retiraba de la zona, un amigo de Steven intervino diciendo que la semana anterior ese policía los había individualizado y los había amenazado, diciendo que los iba a matar y que él mismo les iba a hacer el levantamiento.

¿Todo empezó con un juego?
Antes del asesinato, Steven ya había tenido problemas con la Policía del sector, que no solo lo perseguía, sino que lo llegó a agredir en varias ocasiones. Para el padre de Steven, la persecución de los oficiales hacia su hijo tiene origen en un juego callejero. Steven vivía con su abuela materna cerca de la vivienda de un cabo de la Policía del sector, y un día un hijo de este, que jugaba en la calle con un balón, golpeó las rejas de la casa de Steven, y la abuela de este salió y lo regañó, a lo que el muchacho, hijo del policía, respondió insultándola.

“El muchacho la trató mal, y a esa señora la estiman mucho porque ha sido muy servicial. A los días, lo cogieron saliendo del colegio, lo golpearon, y le dijeron que respetara a la gente. Luego dijeron que el hijo mío le había mandado a pegar”, cuenta Arley. Lo malo vino unos días después. Steven llegaba a su casa de madrugada después de una fiesta, y lo cogieron varios hombres por detrás, lo derribaron y lo golpearon. “Eran policías que estaban de turno mandados por el cabo Montero. Lo dejaron como un monstruo, le dañaron toda la cara”, cuenta.

Así empezó la persecución hacia Steven. Varias veces lo retuvieron y le quitaron sus documentos sin motivo. El último problema que tuvo con la Policía fue un par de semanas antes de su asesinato, el día que un uniformado lo amenazó de muerte. El cabo que vivía cerca de la casa de Steven fue trasladado y al lugar llegó a vivir otro oficial, “un agente Morales”, precisa Arley. Este “agente” lo retuvo, le quitó los documentos, y le reclamó por un dinero que llevaba, por lo que salió la abuela y le explicó al oficial que el dinero se lo había dado ella, y que era producto de unos arriendos. Pero el oficial, molesto con Steven, lo golpeó, lo insultó, y profirió contra él la amenaza que recordó su amigo el día del asesinato: “Le dijo que él se iba a morir y que ocho días le ponía como máximo”.

“Quédese ahí que la vuelta está cuadrada”
En la comunidad han circulado varios rumores que involucran tanto a los oficiales de la Policía como a los soldados del Ejército que trabajan en la zona. Uno de los testimonios que llegó a oídos de la familia de Steven asegura que a pesar de que el asesinato fue cerca de la base del Ejército que hay en el barrio, de esta no salió nadie cuando se escucharon los disparos. “Incluso alguien me comentó que cuando sonaron los tiros, un soldado iba a salir, pero un compañero le dijo: no, no, quédese ahí que la vuelta está cuadrada. Eso escuchó alguien de la comunidad que pasó por ahí, pero la gente no declara porque le da miedo”.

Ahora, tanto Arley como James están llevando a cabo todo el proceso para realizar las denuncias y procedimientos legales con los que buscarán justicia por la muerte de Steven. “Espero que los policías y soldados que estuvieron involucrados sean destituidos de su cargo mientras se hace la investigación. Que se esclarezcan los hechos y sean castigados los culpables”.

No es un hecho aislado
El asesinato de Steven ocurrió un día después de que oficiales de la Policía y miembros de una banda del sector patrullaron juntos zonas de la Comuna 13, amenazando ciudadanos, ingresando a viviendas sin órdenes legales, y sacando jóvenes de sus casas, como sucedió en el 2002 en la Operación Orión. Al día siguiente, por la presión de los periodistas y de la ciudadanía que pedía explicaciones, se realizó una rueda de prensa en la que el secretario de seguridad de Medellín, Andrés Tobón, “explicó” que se estaban realizando operativos en la zona, que había aumentado el pie de fuerza, y que “estaban trabajando de la mano de la comunidad”, lo que contrasta con los testimonios de los ciudadanos que aseguraron –incluso en la misma rueda de prensa–, que desconfían del actuar de los uniformados y que no es la primera vez que pasa algo así.
La Comuna está viviendo una guerra entre bandas –como La Agonía, La Torre, El Coco y Betania–, que explica el alza en un 100% de los homicidios, en comparación con el mismo periodo del año anterior: pasaron de 23 a 46.

Entre las principales denuncias que hacen los líderes de la Comuna está que en ocasiones los policías retienen a los jóvenes, les quitan sus documentos, y los llaman desde el CAI pidiendo entre cien mil y doscientos mil pesos por devolverlos. Otras veces, según el líder James Zuluaga, los oficiales detienen a los jóvenes que van en moto y les piden dinero, si no tienen llaman al Tránsito para inmovilizar las motos, o golpean a los muchachos y les quitan los documentos.

Otra denuncia, más grave que las anteriores, es que ha pasado que los oficiales cogen a los muchachos y los llevan en sus motos o en las camionetas oficiales a otros sectores para que “los que mandan” los identifiquen. “Cogen un pelao de este sector, se lo llevan y lo pasean donde está la otra banda enemiga. Los enemigos están ahí porque ya tienen todo cuadrado. Los llevan en la moto o los montan atrás en las camionetas. Los bandidos están por ahí pilas viendo cuándo bajan a alguien, para mirarles la cara y después asesinarlo”, afirma un habitante de la Comuna.

“Son los uniformados que por lo general llevan aquí de cinco a diez años. También conocemos casos concretos de policías que viven aquí mismo en la zona, y la esposa termina siendo hermana o prima de uno de los duros del combo, lo que se presta para esas connivencias”, complementa James.

El 24 de julio se produjo una actuación judicial sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Si bien este hecho es producto de un proceso por manipulación de testigos que tiene el expresidente encima, la verdad es que su origen se encuentra en un debate que le hizo el congresista Iván Cepeda para esclarecer su responsabilidad, participación, y connivencia con grupos paramilitares. Cepeda había conversado con varios exparamilitares que trabajaron para la familia Uribe Vélez, y que han revelado hechos muy delicados que lo involucran.

El principal testigo contra Uribe es Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, el administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe. En los noventa, luego de un conflicto que hubo con la guerrilla en esta finca, Santiago Uribe ordenó, según Monsalve, regresar a sus trabajadores para recuperar un ganado robado, lo que desencadenó en una masacre, la masacre de San Roque. Como si eso fuera poco, Monsalve ha expresado en distintas ocasiones que Álvaro Uribe es “el fundador del Bloque Metro”, junto con su hermano Santiago (actualmente juzgado por su participación en el también grupo paramilitar los Doce Apóstoles), Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, y Santiago Gallón Henao.

Monsalve ha sufrido varios intentos de asesinato –una vez atacado en la cárcel a cuchillo, y otra vez encontró veneno en su celda– y su esposa está fuera del país por amenazas a su vida.

Cronología

2011: El representante a la Cámara del Polo Democrático, Iván Cepeda, visita y entrevista a Pablo Hernán Sierra y a Juan Guillermo Monsalve, dos exparamilitares que relacionaron a Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares, más exactamente con el Bloque Metro. Este bloque, según los exparamilitares, fue creado por Álvaro Uribe, su hermano Santiago, y otros ganaderos de Antioquia.

2014: Iván Cepeda realiza un debate de control político en el Congreso por la responsabilidad del senador Álvaro Uribe con el paramilitarismo en Antioquia.

A raíz de esto, Álvaro Uribe interpone una denuncia en la Corte Suprema contra Iván Cepeda. Le endilga los delitos de fraude procesal, calumnia, y abuso de la función pública. Uribe y sus abogados dicen que Cepeda, supuestamente, le prometió beneficios jurídicos, económicos, y hasta sacar del país a estos y otros paramilitares, con la condición de que relacionaran a Uribe con el paramilitarismo.

16 de febrero de 2018: La Corte, después de tres años y dos meses de investigación, y a través de un documento de 218 páginas, toma una decisión que le da una vuelta al proceso. Decide no investigar a Cepeda y, por el contrario, empezar un proceso contra Uribe. Para el Tribunal, Cepeda no se excedió en sus funciones, mucho menos sobornó o manipuló testigos. Además, descubre en su investigación que es realmente alrededor de Uribe que se creó una red para cometer los delitos por los que este denunció a Iván Cepeda. Quien denunció la manipulación de testigos, resultó ser el verdadero manipulador.

22 de febrero: Un día después de esta relevante decisión, llegaron a la Corte anónimos y mensajes que advirtieron a los magistrados lo que confirmó Reynaldo Villalba –abogado de Iván Cepeda–, el

22 de febrero: al exparamilitar Monsalve y a su familia los buscaban para que este se retractara y Uribe pudiera, a través de un recurso legal, revertir la decisión de la Corte.

24 de julio: La Corte Suprema llama a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. Fueron cinco meses de una silenciosa investigación, con interceptaciones telefónicas, análisis de audios, fotos, y con la participación activa de Monsalve, quien grabó con un reloj especial el momento en que Diego Cadena (abogado de narcotraficantes y de Uribe) le pide que firme un documento retractándose de sus declaraciones contra Uribe.


La persona con más investigaciones

Según la Misión de Observación Electoral, la persona con más investigaciones en la Comisión de Acusación del Congreso es Álvaro Uribe, con 276. Además de ellas, en la Corte Suprema tiene 28 procesos, entre los que destaca uno sobre falsos positivos, uno sobre el sabotaje informático al proceso de paz, y otros más por disputas que terminan en procesos por injuria y calumnia. Entre todas estas investigaciones resaltan varias por su gravedad, en especial las relacionadas con las masacres, que han perseguido al expresidente en varias ocasiones.

Hace unos años el Tribunal de Justicia y Paz pidió investigarlo por la presunta participación de su gobernación en la masacre de El Aro, en 1996, luego de que se dijera que esta tenía suficiente información sobre los acontecimientos y que el helicóptero oficial había sobrevolado la zona “durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según informó (…) Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”. Este mismo año, de nuevo, se sumó una nueva compulsa de copias en su contra por este mismo hecho: el Tribunal Superior de Medellín pidió que se le investigara, argumentando que existen elementos de juicio que comprometen directamente la “responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez”.

La Consulta Anticorrupción, impulsada por la senadora Claudia López, ha levantado ampollas en varios sectores, que han respondido con una serie de argumentos en contra de la efectividad de este. En este espacio intentaré desmentirlos y dejaré dos puntos más para nutrir el debate.

Costo de la consulta
Una buena parte de las críticas a esta consulta ha surgido a partir del costo que amerita una jornada electoral de esta proporción. Los 300 mil millones que costaría realizarla han dejado un sinsabor, reflejado en las declaraciones y columnas de opinión de diferentes figuras públicas, pues aseguran que este gasto sería un despropósito en términos de presupuestales que dejaría un enorme hueco fiscal en los fondos nacionales. Pero vale preguntarse si estos temores están justificados. Y para saber si es así, hablemos de plata:

El referendo que prohibiría la adopción por parte de parejas del mismo sexo, impulsado por Vivian Morales, hubiese costado 280 mil millones, de no ser porque la Cámara de Representantes lo tumbó en tercer debate; por otra parte, el Plebiscito por la Paz, donde se refrendaron los Acuerdos de Paz, costó esos mismos 280 mil millones, y fue realizado en el 2016 en medio de numerosos contradictores.

Ahora, si hablamos de presupuestos de la Nación destinados a sus carteras, sabemos, según informes del Ministerio de Hacienda, que para el 2018 los ministerios de Cultura y Ciencia y Tecnología recibieron respectivamente 396 mil millones y 339 mil millones. Para financiar proyectos sociales de varias de estas carteras, en el 2018 el Gobierno nacional pidió 400 mil millones al Fondo Nacional del Ahorro, lo que se traduce en descapitalización de dinero que proviene de aportes de afiliados a través de cesantías o ahorro voluntario.

A la hora de hablar de obras que se podrían realizar con este mismo presupuesto, la Autopista Bicentenario sería un buen ejemplo: esta carretera que atravesaría de sur a norte la capital del Valle del Cauca en sus 14,7 kilómetros de largo, tendría un costo aproximado de 350 mil millones.

En este orden de ideas, quienes se oponen a la consulta argumentan que esos 300 mil millones de pesos podrían ser invertidos en otros proyectos de gran envergadura y que requieren estos fondos con mayor urgencia, como los presupuestos presentados anteriormente. Pero no tienen en cuenta dos puntos importantes en la discusión: primero, la Ley 134 de 1994, en sus artículos 99 y 100, exigen un “Fondo para la Participación Ciudadana” que garantiza la realización anual de procesos de participación ciudadana, por lo que esos fondos están destinados desde la distribución de presupuestos realizado a comienzos de cada año por parte del Ministerio de Hacienda, y por ello, esta consulta no generaría un hueco fiscal. En resumen, ya hay plata para realizarla, y no descabezará ningún otro presupuesto nacional para consolidar la misma.

Y si les parece poco en término de ahorro presupuestal, la aprobación del punto que disminuiría el salario de los congresistas y altos cargos nos permitiría ahorrar al año 213 mil millones de pesos. Y si fuésemos más optimistas y los siete puntos de la consulta fueran votados positivamente, mitigarían en gran medida el desfalco anual de entre 40 y 50 billones de pesos que se lleva cada año el fenómeno de la corrupción en Colombia.

Alcance jurídico
Otro de los argumentos de los que se han apropiado los contradictores de esta jornada de participación ciudadana, es que ya existe todo un aparataje jurídico-político que ha sido reglamentado desde hace un par de décadas y que tiene como propósito combatir, en sus diferentes niveles, la corrupción. Pero la pregunta que nos merece este argumento es si estas disposiciones normativas han servido para algo.

Desde la constitución del 91 se han dictado unas 38 normas en materia de contratación pública, regulación fiscal y disciplinaria, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública, todas enmarcadas en la lucha contra la corrupción en los ámbitos de lo público y privado. Entre este aparataje de leyes, existen algunas que resaltan frente a las demás por ser integrales en la lucha contra este flagelo:

Por ejemplo, está la Ley 1778 del 2016, que dicta una serie de normas sobre la responsabilidad de personas jurídicas en actos de corrupción y las disposiciones en la lucha contra este fenómeno; o desde el ámbito de la administración pública, la Ley 1474 del 2011, que constituye un aparato normativo que busca fortalecer mecanismo de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en la gestión pública. Y la Ley 1828 del 2017 que crea el código de ética de los congresistas, que tiene un carácter disciplinario frente a conductas de dudosa moralidad en el ejercicio de su función.
Si bien existen esta serie de normativas que mitigan los impactos de este fenómeno, parece que no han sido lo suficientemente eficientes en su labor. En el informe del CPI (Índice de Percepción de Corrupción) publicado en el 2016, Colombia ha seguido con una calificación desfavorable desde hace por lo menos 15 años, teniendo un promedio de 37 puntos en una escala de 0 a 100, donde 0 es mayor percepción de corrupción, y 100 es menor, sin haber cambios significativos en estos puntos. Y por si esto fuera poco, el país empeoró en su posición respecto a los 176 países que hacen parte del estudio, pasando de un año al otro del puesto 83 al puesto 90.

Agregado a esto, en una encuesta realizada por Transparencia Internacional en el 2017, la misma firma que realizó el informe del CPI, 61% de los colombianos encuestados creen que la corrupción en nuestro país ha aumentado con respecto a los anteriores años y, asimismo, el 59% asegura que las acciones por parte del Gobierno no han mitigado en gran medida los impactos de este fenómeno.

¿Qué trae de nuevo la Consulta?
Además de los 213 mil millones anuales que ahorraríamos con la reducción de salarios a congresistas y altos funcionarios que propone el primer punto, los siguientes seis que configuran la consulta tendrían impactos positivos en términos punitivos: por ejemplo, lo que dicta la segunda pregunta, que exigirá que los corruptos paguen la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidad de una reclusión especial, además de prohibirle a estos contratar con el Estado. Esto permitiría que el peso de la ley caiga con el mismo rasero a estos altos funcionarios sin distinción de colores políticos.

También fortalecería los procesos de veeduría ciudadana y de apropiación de espacios de decisión política, en puntos como el cuarto, que obligará a realizar audiencias públicas para que, de forma mancomunada, los ciudadanos y entidades encargadas decidan en qué se invierten los presupuestos nacional, departamental y municipal. Así mismo con el punto cinco, que obligaría a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión y asistencia; o el punto seis que también les obliga a declarar sus bienes, patrimonio, rentas, entre otros. Si bien estos puntos no atacan de forma integral el fenómeno, representa un precedente en la articulación entre la ciudadanía y las entidades gubernamentales en la lucha conjunta contra la corrupción en nuestro país.

La Amazonía: tierra de indígenas, afrodescendientes, campesinos y mestizos, de chagras y bosques; territorio propio de la gran diversidad pluriétnica y multicultural que la habita; región cosmogónicamente libre aun cuando está siendo usurpada por ajenos que buscan dominarla. Resiste desde sus pueblos los embates de la expoliación, el control económico, sociopolítico y cultural marcado hoy por las políticas militaristas, la exclusión y un profundo centralismo, que han perpetuado las élites de los países que la conforman: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa, esta última aún colonia de Francia.

Como sostén del marginamiento intencionado de la Amazonía, las políticas sociales han sido precarias, y la colonización además de militar y cultural se complejiza en torno a un colonialismo voraz sobre los bienes de la naturaleza. La estrategia de control territorial se manifiesta como una forma de ocupación en una zona biodiversa, compleja y rica en agua, evidenciando que la disputa por la Amazonía es geopolítica y geoestratégica, e impacta no solo a Colombia, sino a todos los países de la cuenca que se ven inmersos en esta estrategia de acumulación/
expropiación.

Los gobiernos de esta región siguen siendo proclives a los intereses del extractivismo y a las pretensiones de control hemisférico de Estados Unidos, reafirmadas tras el anuncio en 2017 de la realización de operaciones militares conjuntas en la llamada “Triple Frontera”, en las localidades de Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú). Esto, en lo que será un centro de “logística internacional” por parte de EEUU en alianza estos tres países, cuyos gobiernos –abiertamente subordinados– lideran en la actualidad la estrategia de invasión y ocupación de la Amazonía, profundizando la lógica militarista y colonial.

Esta operación, “América Unida”, liderada por la Fuerza Armada Brasileña, estableció una base militar multinacional temporal en Tabatinga, lo que implica una ampliación de las acciones de control territorial y geoestratégico de la región frente a los recursos minero energéticos, hídricos y biológicos de la Amazonía. Incluso podría leerse como parte de la avanzada en contra de Venezuela, que tenía ya en Perú y Colombia importantes aliados, y que con la llegada al poder de Temer en Brasil consolida una estrategia de dominio territorial y político.

De otro lado, Bolivia con proyectos como la carretera sobre el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), Venezuela cuya economía se basa en el petróleo y la minería, y Ecuador con proyectos extractivos como el de Yasuní, dan continuidad a un modelo de desarrollo rentista que termina afectando a la Amazonía y a sus pueblos originarios. Guyana por su parte, con una economía frágil, intenta preservar la selva “con ayuda” de su antiguo colonizador Inglaterra y mantiene un diferendo territorial con Venezuela; Surinam se enfrenta a la crisis económica y social derivada de la caída de los precios del petróleo y el oro, a la contaminación y a la dependencia económica de Holanda, mientras la Guayana Francesa, desde su crisis interna con indicadores sociales en declive y constituida como la base militar en territorio suramericano de Francia y la OTAN, sigue luchando por su independencia política y por el reconocimiento de sus pueblos indígenas.

Pero no solo la militarización permea la Amazonía. Las mafias, la expansión de cultivos de uso ilícito, las economías ilegales, el tráfico de armas, el narcotráfico, la explotación ilegal de madera y fauna silvestre, así como la minería ilegal, son fenómenos constantes en la región. Sumado a ello, la voracidad sobre la naturaleza es combinada en los discursos y planes de desarrollo con la mirada de la economía verde, otra expresión neoliberal ligada a la apropiación de los conocimientos y saberes ancestrales, y a la expropiación del control cultural y autónomo sobre las semillas, las plantas, los bosques y el agua, ahora mercantilizados y convertidos en bonos, servicios ambientales y turismo trasnacional.

Sin embargo, ante esta realidad apabullante, este territorio y quienes lo habitan, resisten. Lo hacen mediante la articulación y unidad de acciones en defensa de la vida y permanencia en la Amazonía, entendiendo que de ella depende la vida de la humanidad. Lo hacen ante la continuidad del modelo extractivo en todos los países de la cuenca, la difícil situación social y política por la que atraviesan, la profundización de la neolatifundización, la desregulación ambiental y los paquetes legislativos que amenazan la pervivencia de los pueblos originarios. Esto último se demuestra en casos emblemáticos como la entrega de la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (RENCA) por parte del gobierno de Brasil, así como el proyecto "Corazón Amazonía” y la ampliación de la industria petrolera y minera en los departamentos colombianos de Putumayo, Caquetá y Vaupés, afectando zonas como la Serranía del Taraira.

Esa resistencia de los distintos pueblos que habitan los nueve países de este territorio, se materializa desde el año 2002 en el Foro Social Panamazónico –FOSPA–, que en su más reciente encuentro bianual, celebrado en Tarapoto –Perú, con la participación de alrededor de 1500 delegados, reafirmó la concepción integral de la Amazonía, determinante para la preservación del tejido de la vida, que en todas sus manifestaciones se extiende e interconecta con ella desde los Andes al Atlántico, y rechazó cada una de las amenazas ya expuestas, las cuales son base de las economías de los Estados ubicados en esta región.

El FOSPA, que en su IX versión llega a Colombia para realizarse en el mes de noviembre de 2019 en la ciudad de Mocoa, ha venido creciendo con la participación de organizaciones, comunidades y procesos sociales y comunitarios de los departamentos andinoamazónicos de Putumayo, Caquetá, Nariño, Huila, Guaviare, Amazonas, Arauca, Vichada y Meta, y de procesos nacionales como la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, el Gobierno Mayor, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana - OPIAC, la Red Eclesial Panamazónica - REPAM, la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE, CENSAT Agua Viva, el Grupo Comunicarte- Aler y la Asociación MINGA, entre otros.

Con la participación e interlocución activa de los comités nacionales de los distintos países de la cuenca, este espacio busca fortalecer las identidades y las culturas andinoamazónicas, y detener las políticas y proyectos que constituyen falsas soluciones al cambio climático, como las planteadas desde la economía verde. Así mismo, hacen veeduría y monitoreo ambiental participativo a las empresas transnacionales que generan actividades nocivas en la Amazonía, y a las inversiones que representan una amenaza, y visibilizan la preocupación generalizada ante la existencia, en pleno siglo XXI, de territorios en condición de colonia.

Bajo el eslogan “Por la vida, defendemos la Amazonía”, el Foro Social Panamazónico continúa su andar abrazando a quienes compartan el ánimo en la defensa de este territorio, mediante iniciativas de cambio y reflexiones colectivas. La Amazonía necesita del compromiso de todos y todas con la defensa de su vida, para que pueda continuar siendo el pulmón del mundo.

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