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“La guerra contra las drogas es también una guerra contra la gente”. Con esta sentencia, el representante de Estados Unidos cerraba su intervención en la asamblea general extraordinaria que convocó Naciones Unidas para abordar el problema mundial de las drogas en el 2016.

Cada que la ONU publica su informe anual sobre el tema, se escucha decir en Colombia y en el mundo que la lucha contras las drogas “la estamos perdiendo”; los expertos saben, aunque no lo digan, que si no se modifica la actual política antidrogas la guerra estará perdida, y solo se podrá escalar el problema a proporciones manejables –aunque no haya consenso sobre dónde empieza y dónde termina el termino manejable–.

Históricamente Colombia ha combatido las drogas, en especial la siembra y producción de coca, con un enfoque prohibicionista y punitivo. Las cifras de kilos incautados, la cantidad de áreas cultivadas y el número de personas judicializadas permiten determinar avances o retrocesos y justificar dicho enfoque, pero impiden abordarlo de forma integral y atacarlo con medidas a largo plazo que erradiquen el problema de raíz.

Los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno nacional y la desmovilizada guerrilla de las FARC planteaban la posibilidad de resolver conflictos históricos con la ayuda de las comunidades, sin necesidad de recurrir a medidas represivas ni militares. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), consignado en el punto cuatro de los acuerdos, pretendía ofrecer alternativas productivas para que de manera voluntaria los campesinos reemplazaran la coca por otra actividad agrícola que les permitiera tener condiciones de vida digna y los integrara a la economía formal del país.

Pero una firma resuelve poco y nada. Por culpa de las trabas burocráticas y la incapacidad del gobierno Santos para poner en marcha lo pactado, los cultivos de coca se multiplicaron y la aspersión aérea de glifosato se consolidó como medida coyuntural ante la presión del norte. Según cifras del gobierno estadounidense, las hectáreas de coca pasaron de 188.000 en 2016 a 209.000 en 2017, un incremento del 11%. Análisis de la fundación Paz y Reconciliación determinaron que 10 municipios concentran el 50% de la coca sembrada en el país. En el listado de territorios con mayor cantidad de hectáreas aparecen ranqueados Tumaco, en Nariño, Tibú, en Norte de Santander, El Tambo, en Cauca, Valle del Guamuez, en Putuyamo, entre otros municipios de estos cuatro departamentos que tienen altos índices de violencia, desempleo y necesidades básicas insatisfechas.

En octubre del 2015, sin haberse firmado el acuerdo de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la aspersión del glifosato acatando el fallo de la Corte Constitucional que prohibió la erradicación de cultivos ilícitos con este método, tras estudiar una tutela de la comunidad indígena de Carijona, del resguardo de Puerto Nare en Guaviare, que alegaba estar siendo afectada por el uso del herbicida, que según estudios de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer tiene efectos cancerígenos en el cuerpo humano.

El rechazo a las soluciones caídas del cielo no es nuevo. En 1978 el extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) alertó al gobierno de turno por las consecuencias negativas para la salud humana y los recursos naturales que provocaría fumigar 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, tal como lo proponía Estados Unidos. La presión estadounidense aumentó con los años influenciando negativamente nuestra política anti-drogas. Entre 1984 y 1987 más de 30.000 hectáreas de marihuana fueron fumigadas con glifosato.

El cultivo neto de marihuana aumentó más de 150% entre 1985 y 1987. Desde el gobierno de Ernesto Samper, cuyo mandato terminó en 1998, se han fumigado cerca de dos millones de hectáreas en el país. Entre 2003 y 2007 las hectáreas de coca se mantuvieron entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Los años posteriores, sobre el Putumayo las lluvias de glifosato fueron las mismas durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En 2014, disminuyó un 30% la aspersión en Meta y Guaviare, y las hectáreas sembradas disminuyeron un 3%.

Aunque las cifras demuestran que además de cancerígeno, el glifosato es costoso y poco efectivo, el 26 de junio del presente año el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprobó el uso de drones de baja altura para que las Fuerzas Militares y la Policía fumigaran con este químico los cultivos ilícitos. Cabe señalar que en septiembre del año pasado Trump amenazó con descertificar al país debido al aumento de hectáreas cultivadas. Santos justificó la medida del CNE afirmando que: “Son avioncitos no tripulados y por su altura se asimilan a una aspersión terrestre”.

Los cultivos ilícitos engrosan la larga lista de fracasos y promesas incumplidas del gobierno Santos: hoy el país tiene 140.000 hectáreas de coca más que las que tenía en 2010 cuando se posesionó el Presidente saliente. En estos ocho año,s Santos le allanó el camino al uribismo. Durante la campaña presidencial el Centro Democrático, Álvaro Uribe y su alfil Iván Duque prometieron enfrentar con todo el rigor necesario los cultivos de coca, considerando las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada como las soluciones más viables al problema, pues la estrategia de erradicación voluntaria la consideran una concesión a las FARC.

Las comunidades del Catatumbo, de Antioquia y del Cauca han manifestado públicamente su voluntad de erradicar de manera voluntaria los cultivos de coca. El pasado cinco de julio, Eduardo Díaz, director del PNIS, aseguró que hasta la fecha 124.745 familias se habían acogido al programa. Sin embargo, a principios de marzo, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) manifestó que la judicialización y los incumplimientos del gobierno los obligaba a reconsiderar su participación y su confianza en el PNIS. Además, entre el primero de junio del 2017 y el 26 de junio de 2018, asesinaron 36 cultivadores y líderes que apoyaban iniciativas de sustitución voluntaria, 12 de ellos en el Cauca, 11 en Nariño, y seis en Antioquia.

La coca nunca ha sido un proyecto de vida para el campesinado colombiano; sí un método de supervivencia. Allí donde el Estado solo hace presencia con fusiles y metralletas, donde sembrar café o plátano genera más perdidas que ganancias, donde el puesto de salud y la comercializadora más próxima está a tres horas de camino, las comunidades no tienen otra alternativa que insertarse en la cadena productiva del narcotráfico.

En zonas remotas del Catatumbo y el Putumayo siguen esperando el alumbrado público, la maquinaria, y las vías terciarias que les prometieron hace veinte años para conformar un mercado local que sea productivo y legal. Los campesinos siembran la coca, raspan la hoja, la mezclan con cal, cemento, y gasolina, la cristalizan, la filtran con ácido sulfúrico y amoniaco, la secan hasta que quede la pasta, la escurren, la presan, la secan, y la empacan al vacío. Son ellos los que hacen el trabajo sucio, los que son fumigados con veneno, los que son estigmatizados, perseguidos y judicializados. Son ellos los que reciben la porción más pequeña del negocio.

Hace veinte años el periodismo le demostró a la sociedad colombiana que el narcotráfico —el cartel de Cali— financió la campaña presidencial de Ernesto Samper. Mientas Samper presidía la secretaría general de UNASUR, viajaba muy majo por todo el continente y daba clases de moral en Universidades, los cocaleros de la periferia temían ser envenenados, arrestados o asesinados: la guerra contra la coca es, sobre todo, una guerra contra la gente.

Las comunidades del Catatumbo

Para las comunidades del Catatumbo, Norte de Santander, el 2018 llegó con el incremento de la confrontación militar y política entre actores armados en distintos municipios de la región, que trae como consecuencia la incertidumbre y zozobra en las comunidades. La situación, sin embargo, se ha estado gestando desde hace varios años a raíz del abandono estatal, causa principal de la violencia en el Catatumbo. En el marco de este escenario, se encuentran la guerra entre insurgencias, el silencio del Estado y una comunidad que ha generado propuestas sociales que buscan, entre tanto, una paz estable y duradera, y un territorio en el que se respeten sus derechos y en el que se viva dignamente.

Para quienes la guerra ha cambiado sus prácticas cotidianas, las razones del conflicto no han sido del todo claras. El desconocimiento acerca de los orígenes de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), deja a la población a la expectativa de un cese armado. “Las gentes del Catatumbo no vivimos como se vivía anteriormente; hemos vivido entre pobreza, hemos vivido entre abandono estatal, pero vivíamos tranquilos”, dice un líder social del municipio de San Calixto.

En correspondencia con lo anterior, las mismas comunidades han sido partícipes activas en la construcción de la paz, creando escenarios de participación social e institucional, como lo son el gran Encuentro de El Tarra, que hizo un llamado a no involucrar a la población civil en la confrontación armada, y que tuvo como resultado la creación de la Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo. Dicho escenario está conformado por el Comité de Integración Social del Catatumbo-CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT, El Movimiento por la Constituyente Popular-MCP y el Movimiento Comunal de la región.

La Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo desarrolló desde su creación la Misión de verificación, acompañada por el Gobierno nacional, organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales y medios de comunicación, quienes reconocieron la crisis humanitaria ocasionada por el conflicto. Igualmente, se conformó la Comisión mediadora para generar una interlocución, respaldada institucionalmente, con los actores del conflicto. Esto dio paso a la instalación de la Mesa Humanitaria, que tiene el propósito de articular un trabajo con la institucionalidad, además de generar un escenario de seguimiento a los acuerdos pactados con el Gobierno y las comunidades en las movilizaciones campesinas.

La Mesa Humanitaria y su apuesta por la paz
La Mesa Humanitaria, originada por la preocupación social frente al conflicto armado, busca realizar un balance de las situaciones que han ocurrido en la región como resultado de la confrontación entre el ELN y el EPL. Del mismo modo, tiene como prioridad atender asuntos de orden estructural con la institucionalidad, detonante de la crisis social de la región, y a su vez, ratificar el compromiso de esta con las comunidades del Catatumbo.

Para la Mesa Humanitaria, la salida a la crisis actual se materializa con el diálogo entre las partes, por lo que es prioritario exigir a las entidades gubernamentales una intervención social, no militar, a través de la creación de una Comisión Mediadora, garante, para resolver problemáticas netamente humanitarias. “La salida de este conflicto no son las armas. La confrontación la resuelve el diálogo”, afirma el presidente de una Junta de Acción Comunal, quien tiene la confianza puesta en la Comisión.

Exigencias para el cese de la guerra en el Catatumbo
Parar la guerra representa la máxima tarea de la Mesa Humanitaria. Para ello, las comunidades exigen a los principales actores –Gobierno nacional y grupos armados– ser escuchadas a través del escenario validado por la población civil del Catatumbo: la Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo.

El Catatumbo ha exigido, por muchos años, salud, educación y vida digna. La garantía de los derechos básicos posibilita a las comunidades el crecimiento social, económico y cultural; sin embargo, la escasa inversión social ha obstaculizado el desarrollo comunitario en el territorio catatumbero. El levantamiento armado en el territorio colombiano es, según la historia y las voces de quienes han tenido que hacerle frente, la consecuencia de estos hechos. Por esta razón, las comunidades de base, representadas por las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones sociales, exigen al Gobierno nacional detener las agresiones al territorio, consecuencia de la deuda histórica reflejada en la falta de garantía de los derechos y en los problemas de orden estructural.

Pese a que “la región tiene su plan de vida, su plan de desarrollo y su gobierno local construido, el Gobierno ha hecho oídos sordos a la región y ha demostrado poco interés en escuchar”, manifiesta un líder social. La población, que conoce la situación porque la está viviendo, sabe que las declaraciones del Ministerio de Defensa representan la negación de la crisis humanitaria que envuelve al Catatumbo.

La guerra ha implicado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), manifestadas en las afectaciones a la población civil, como el sembradío de minas antipersona, confrontaciones en viviendas, desplazamientos y amenazas a los líderes y lideresas sociales y comunales. La población civil hace un llamado urgente a los grupos armados en cuestión, a resolver, con voluntad, sus diferencias a través del diálogo y a excluir de la guerra a las comunidades, respetando los Derechos Humanos.

Las comunidades en medio del conflicto
La gente del Catatumbo se ha caracterizado por su resistencia, por la capacidad de organizarse, social y comunitariamente, para buscar salida a los problemas y recomponer el tejido social que las diferentes olas de violencia han querido eliminar. Hoy, mientas hay un silenciamiento selectivo de quienes se atreven a defender la vida de las comunidades, convirtiéndose en un estorbo para los enemigos de la paz, la posición del Estado se acentúa en la indiferencia.

La guerra en el Catatumbo ha puesto de manifiesto la crisis social, mostrando un panorama desalentador en un territorio de riqueza. La crisis se está reflejando en la salud, en los caminos y vías ahora poco transitadas, en la cotidianidad de la población, lo que genera desesperanza en un territorio que ve lejos la paz. En la Mesa Humanitaria se recalca que “no hay médicos, se necesita un plan de contingencia de salud, […] hay atentados, hay amenazados, no hay tranquilidad”.

En consecuencia, se hace un importante llamado a la protección y garantía del derecho a la vida y a la integridad de las y los habitantes de la región de Catatumbo.

“La comunidad sabe que la presencia institucional ha sido siempre de carácter militar, reflejando una mayor vulneración de los DDHH”, cuentan las comunidades que están sumergidas en la confrontación y afectadas en términos económicos, políticos y sociales.

Los Congresos mandatan. Moldean, reforman y avalan normas que ordena la sociedad: los Congresos determinan el por-venir de millones. El Parlamento colombiano ha estado compuesto por amigos de paramilitares, hijos y sobrinos de políticos, de ricos, de terratenientes, de empresarios, de almas déspotas, ambiciosas, individualistas, cínicas y clasistas. La mayoría de Parlamentarios colombianos han mandatado para una minoría rica, déspota, ambiciosa, individualista, cínica y clasista, idéntica a ellos.

La minoría enquistada en el poder deambula por los salones del Estado y saquea los territorios, con el consentimiento de ese Congreso que mandata en contra de los intereses y las exigencias de esa mayoría oprimida.

Pero los pueblos son soberanos, son el verdadero gobierno. Hace ocho años el Congreso de los Pueblos se consolidó como un entramado de sectores, fuerzas políticas, movimientos sociales, y procesos organizativos diversos y singulares que no se sienten representados por la clase política tradicional. Mandatar y construir una propuesta de país que privilegie la vida digna antes que la acumulación y la explotación, es y sigue siendo la razón fundamental que moviliza al Congreso de los Pueblos.

Los tiempos han sido adversos, y lo seguirán siendo estos próximos cuatro años. La crisis ambiental, alimentaria, energética y territorial que atraviesa el mundo desató una lucha de rapiña entre capitalistas –Estados Unidos, Rusia, China, entre otros países árabes y europeos– que se disputan los alimentos, el agua, la energía, el territorio, la fuerza de trabajo, el capital y la ganancia. La solución de una crisis –¿inevitablemente? – genera otras crisis; unos casi siempre ganan, otros casi siempre pierden: así es la matemática infalible del capitalismo.
El capitalismo es la empresa transnacional con más sedes en el mundo, Colombia es una de ellas. La llegada de Ivan Duque al poder –del uribismo, del capitalismo más ortodoxo– perpetúa un modelo que amplía la brecha entre ricos muy ricos y pobres muy pobres, que se apropia de los territorios y los sobreexplota, que ejerce violencia política a través de la judicialización, los asesinatos y las amenazas, que financia y aplaude grupos armados paraestatales, que instrumentaliza el rol de la mujer en la política, que asocia el disenso y la desobediencia con el delito. La reforma pensional, laboral y tributaria, más la privatización de la industria petrolera, la continuación del extractivismo, las zancadillas al acuerdo de paz y la regulación del derecho a la protesta social que pretende implementar el próximo gobierno, lo confirma.

Cada día trae su afán y cada gobierno sus intereses. El modelo opresor no se derrota con fórmulas mágicas ni con saludos a la bandera. El momento histórico nos exige volvernos a encontrar, con nuestras diferencias y nuestros anhelos comunes, para deliberar y construir una propuesta de país.

Hemos demostrado que no somos salvajes. Podemos autogobernarnos. Las guardias indígenas, afros y campesinas, los territorios campesinos agroalimentarios, las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas, los territorios colectivos afros, entre otras figuras, son experiencias exitosas que nos han permitido avanzar en la construcción de poder popular, autoprotegernos, ejercer soberanía, cuidar los bienes de uso colectivo, establecer normas de convivencia, ordenar colectivamente el territorio y la economía. Construyamos sobre lo construido. Hemos sentado precedente con las mingas, los paros y las movilizaciones. En las calles reclamamos lo que nos niega el Estado burgués, y nos han tenido que escuchar. Aunque no quieran, nos han tenido que escuchar.

Sabemos que necesitamos precisar agendas, saldar debates y diferencias. Expandir la fuerza social y política. Convertir la expectativa en proyecto, en propuesta y en ejercicio de poder. Atrevernos a teorizar, aprovechar el saber y la filosofía populares para combatir la deslegitimación del pensamiento. Empoderar a nuestras mujeres y nuestros jóvenes, reconocer su necesidad y su importancia en esta lucha. Defender la paz, no como mercancía política sino como un derecho fundamental y emancipador de la sociedad. Establecer un diálogo, una comunión, entre el campo y la ciudad, entre el obrero y el campesino. Incidir en la opinión pública, pujar en la lucha de sentidos y defender el derecho a comunicar e informarse. Superar la brecha entre la democracia formal y la democracia real. Movilizar las bases y las voluntades desde las causas, no desde los nombres ni los colores. Y aunque la muerte y el terror acechen en cada esquina, es hora de recurrir a la valentía, a las convicciones, que al fin y al cabo también son esperanzas.

Es momento de la madurez. Mientras la derecha se une en torno a lo fundamental –la riqueza, el cristo, la mentira, la muerte, y el poder–, la izquierda pelea entre ella. La Asamblea Legislativa de los Pueblos es la oportunidad para reivindicar lo que nos une –la soberanía, la equidad, la justicia, la dignidad, la diversidad, la vida– y discutir aquello que nos divide. Estamos gobernados por el “futuro más antiguo: el que no cambia”. Un escritor argentino contemporáneo dijo que “lo difícil no es conseguir algo que parece imposible; lo difícil es definir ese algo”. Nosotros mandatamos porque tenemos nociones de ese algo. Somos muchos, más de los que creemos, pero solo seremos juntos.

Sin duda es la chicha una tradición muy antigua que nos une con nuestros ancestros, en la alegría de juntarse, de compartir lo místico-natural y lo político. Lo uno porque son verduras, frutas o granos que, con panela y tiempo, fermentan las ideas e impulsan un estado de conciencia diferente al cotidiano, y lo otro porque aparte de la resistencia que se genera al hacer, el hecho de tomarse un totumado de chicha, en lugar de una cerveza u otro licor, nos recuerda que en la cotidianidad se deben asumir posturas.

La modernidad hace mirar lo artesanal con miedo, desconfiando siempre de eso que no tiene códigos de barra, fórmulas o ingenieros tras su elaboración. Y es que si bien se ha querido acostumbrar a las personas a un sabor siempre igual, la monotonía de sabores y las seguridades que se creen tener al comprar, ahogan definitivamente las posibles diversidades alcohólicas que la ancestralidad propone.

La chicha medicinal, por ejemplo, es una conexión profunda que se hace desde el pensamiento individual y se propone a la conciencia colectiva de quienes participan del ritual, para sanar e intencionar la preparación del remedio. Diferentes personas y planos de conciencia se dan cita en el hacer, para cuando sea servida y tomada, logre el propósito que fue sembrado al revolver, en la espesura del calor desde las imágenes y senti-pensares.


Como en el ll Festival de la Chicha y la Cultura…
El 30 de junio, en El Santuario, Antioquia, se celebró un evento que pasó por su segunda entrega. Allí, entre el dar y recibir totumas, con inimaginables combinaciones de frutas con especias, de sabores y olores –¡uff, qué sabor! ¿Qué tiene esa de mora? ¿Canela?, ¿cardamomo? – se enchichó por un momento la realidad entre los árboles que se podían adoptar, las luchas que resurgen púrpuras, las abuelas sabedoras y sanadoras, vasijas sonoras, artesanías, libros, semillas, chichas y risas, cantares y danzares.


Arrancó el viernes 29 en una finca amiga con la batida de una chicha medicinal, guiada por la abuela Amtokatlnesli, donde muchas personas que acudieron al llamado se dispusieron a revolver sentipensares, fermentados colectivamente, siempre en busca de una intención sanadora, que se repartiría en la mañana del 30.

Así como se danzaba, la palabra iba y venía al igual que la chicha, con alrededor de 160 personas que llegaron a la Casa de la Cultura para aliviarse, hablando y tomando.

Ya en la tarde y por los diferentes estantes, las chichas más fermentadas amenizaron el encuentro, procurando la diversidad y la unidad, “porque eso es lo bueno de los que fermentan en Santuario, cada uno tiene su toque, que hace particular el sabor”, afirma un chichero, mientras acaba las últimas gotas que había en la totuma que recién recibía.

Por lo visto, al presidente Duque no le dio ni cinco de vergüenza nombrar en su gabinete a personajes como Alberto Carrasquilla, Nancy Patricia Gutiérrez, María Victoria Angulo González, entre otros, a pesar de haber estado involucrados en escándalos de corrupción o procesos penales por paramilitarismo. El cinismo afloró muy rápido; en tan solo semanas el joven Iván Duque olvidó los compromisos que hizo ante el país el 27 de mayo, cuando ganó las elecciones: combatir la corrupción, renovar la política y acabar con la práctica de repartir mermelada.

Sin embargo, ya el tarro de mermelada está casi vacío: los empresarios, los corruptos, los militares implicados en falsos positivos, y los representantes de gremios como Guillermo Botero, recibieron su untada. Botero, reconocido empresario de las flores y hasta ahora presidente de Fenalco, fue nombrado ministro de Defensa, y como buen godo, lo primero que ofreció fue represión y control hacia la protesta social, un anuncio muy particular en un país que espera que alguien con autoridad haga algo para detener el genocidio contra líderes y lideresas sociales, cifra que supera 400 asesinatos en los últimos 30 meses.

Alberto Carrasquilla fue nombrado ministro de Hacienda. Este señor es un conservador ortodoxo, según lo definen en el diario El Tiempo, o un godo, como nosotros le diríamos, que se caracteriza como todos ellos por practicar la doble moral. Por un lado, lanzan a los cuatro vientos lecciones de moral y de comportamiento para los demás, pero aplican para sí mismos otras reglas, más flexibles, para beneficiarse de su poder y su cargo con los grandes contratos, o practicar la corrupción y el arribismo abiertamente contra los pobres. Carrasquilla estaría vinculado, por lo menos por omisión como ministro de Hacienda de Uribe, en el caso de contratación de la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar, en la que se robaron más de ocho mil quinientos millones de dólares.

Su nombre se encontró en la lista de los papeles de Panamá, eufemismo usado para referirse a los paraísos fiscales en donde personajes como él esconden el dinero que se roban del erario público, o la plata que perciben por facilitar o recomendar meganegocios, práctica muy desarrollada y aplicada por los ricos de todo el mundo, casi siempre respetadísimos empresarios. Recientemente, y como si tuviera las manos y la imagen limpia, el polémico señor Carrasquilla manifestó en el diario económico La República, que el salario mínimo era “ridículamente alto” por lo que habría que rebajarlo. Carrasquilla además lidera el equipo de 295 personas que están haciendo el empalme con el saliente gobierno de Santos. Los multimillonarios, los godos, y las mafias que se apoderaron del Estado en los dos periodos de Uribe, manejarán la línea política y económica del gobierno de Duque. Más mano dura para los pobres.

Por otro lado, la nueva ministra del Interior es ni más ni menos que Nancy Patricia Gutiérrez, excongresista uribista, acusada e investigada por parapolítica y tráfico de influencias. Gutiérrez fue señalada de haber recibido apoyo de los paramilitares en su campaña, por personajes como Andrés Vélez del bloque centauros, Luis Alberto Medina alias “Cristo Malo”, y por la polémica Rocío Arias, ex representante a la cámara, uribista hasta los tuétanos, también condenada por parapolítica. El delito de tráfico de influencias fue por recibir información confidencial del DAS con la que Gutiérrez desprestigió a Piedad Córdoba. Todas estas ilegalidades fueron respaldadas por Uribe y la famosa exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Aunque la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia inhibitoria en favor de Gutiérrez, el expediente y el proceso siguen vivos, pues aunque el asunto jurídico tiene debilidad probatoria, podría activarse con nuevas pruebas.
María Victoria Angulo González, nueva ministra de Educación, aunque no es tan conocida se desempeñó en la Secretaría de Educación de Bogotá. Es una mujer muy estudiada, economista de la Universidad de los Andes, que desde 2011 dirigió la fundación Empresarios por la Educación. Según La Silla Vacía, esta fundación “promueve la vinculación activa del sector privado en el mejoramiento de la educación y tiene o ha tenido en su junta directiva a empresarios superpoderosos como David Bojanini, presidente de Suramericana, Antonio Celia de Promigas, Alberto Espinosa de Alpina y Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, entre otros”.

Nada de esto es ilegal, el problema es que cuando se presentaron los escándalos de corrupción por los carteles de los alimentos escolares, se pudo observar que la entonces secretaria de Educación del distrito firmó contratos con la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, la misma empresa que con otro nombre le vendía las pechugas de pollo más caras del país a los cartageneros, platica destinada para alimentar a los niños y las niñas más humildes de esa ciudad.

Pero las acciones del nuevo gobierno y sus bancadas en el Congreso también han mostrado, con rapidez, el objetivo central de hacer trizas los acuerdos de paz, como lo había prometido uno de sus máximos voceros, el corrupto Londoño Hoyos. Para ello han atacado con virulencia la Justicia Especial para la Paz - JEP. En realidad a nadie le cabe duda que el fin primordial es la protección de Álvaro Uribe, ya que reconocidos y altos mandos militares se han acogido a la JEP, y allí tendrán que contar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos y ordenados por el expresidente, o por lo menos con su complicidad o su omisión, y con el apoyo de importantes empresarios. Interesante observar el enredo y los conflictos que van a tener entre sí los áulicos del uribismo. Tal vez en esta oportunidad algunos no querrán pagar los crímenes del patrón.

Por otro lado, tampoco está tan fácil para Duque hacer trizas lo que queda de los acuerdos con las FARC, o patear la mesa con el ELN, pues la directora del FMI, Christine Legarde, advirtió a Duque que la inversión y el crédito dependen de la paz de Colombia. Y como el presidente electo se fue a recibir instrucciones, seguramente se devolvió con preocupaciones al respecto.

No se puede negar que se ha consolidado un gobierno tirano y cruel en contra de los más necesitados, uno con mano de hierro para atacar a la oposición social y política; así lo demuestran los más de 400 asesinatos y los cientos de judicializaciones y acciones de intimidación y amenazas contra los líderes sociales y sus organizaciones. Sin embargo, el viernes seis de julio cientos de miles de personas en Colombia, en más de 50 plazas públicas y en otros países, se congregaron para rechazar los asesinatos y la violencia contra los líderes y lideresas en una velatón por la defensa de la vida. Con esta acción de humanismo dijeron al movimiento social que no estaban solos.

Esta iniciativa democrática provocó el impulso de un pacto por la vida y la paz, que suscribió incluso el nuevo presidente Duque. Pero como desde entonces la violencia no ha parado, diferentes organizaciones sociales y populares, la bancada alternativa del Congreso de la república y la Colombia Humana reaccionaron con una propuesta de carnaval por la vida y la paz: una monumental movilización de millones de personas que se llevará a cabo el siete de agosto en Colombia y en todo el mundo, un mensaje claro para el uribismo y para los asesinos encubiertos. La vida, la democracia y la paz se disputarán y se ganarán en las calles.

No hay un cine tan necesario en este momento como el de Duni, ni un cine tan invisible en el pasado como el mismo. Sus películas son reflejo de esa realidad turbada y negada en Colombia, y su vida es una epopeya que raya a veces con la ficción, y es sustentada en el testimonio de sus pupilos y amigos, que, tras su muerte, reconstruyen su aporte al cine de un país sin aparente interés en él.

 

Finalizaba la década del 60 cuando Dunav Kuzmanich –o Duni– trabajaba en la producción del noticiero “Chile en marcha”, el cual se grababa en formato cine y se proyectaba cada semana en teatros antes del inicio de las películas del momento. En este noticiero quedó registrado ese país en tránsito hacia la unidad popular, que luego sería gobierno con Salvador Allende. Durante esta época, Duni terminó trabajando en el Ministerio de Comunicaciones, luego de su experiencia en varias producciones televisivas y cinematográficas.

Pero pronto estalló la tragedia que acabó con el proyecto democrático de Allende y con la vida de miles de personas que le apostaron a este, y que cambió también la de otros miles, que en el exilio tuvieron que dejar lo que hacían en su país. Sin embargo, aunque el destino de Duni cambiaría de patria, continuó por los caminos del cine. Después del golpe de Pinochet, Duni fue capturado en Antofagasta por agentes de la DINA, pero afortunadamente consiguió que diplomáticos cercanos a amigos intercedieran por él, y así terminaría por aterrizar en Colombia para el año de 1974.

Este otro país del sur no era extraño para él. Conocía parte de su historia, gracias a su amistad con el escritor y director Pepe Sánchez. Ambos habían participado anteriormente, en 1965, del rodaje de “Riochiquito”, el emblemático documental de Jean-Pierre Sergent y Bruno Muel que retrató aquel germen de resistencia de las autodefensas campesinas en territorios autónomos, que darían paso a las guerrillas colombianas como las conocemos. Durante este rodaje, Duni asistió la realización, y desde entonces se interesó por el perfil de estos hombres que tomaron las armas, pero específicamente quien llamaba su atención era la figura del guerrillero liberal de un par de décadas atrás, Guadalupe Salcedo, con su gesta durante el periodo de la Violencia.

Fue así como, al radicarse en Bogotá, apostó todas sus energías en retratar el conflicto y violencia, y entonces comenzó a rodar la historia que retomaría su inquietud por Guadalupe Salcedo y por las negociaciones de paz entre la guerrilla y el Estado. De esta manera en 1981, vería la luz de los cinematógrafos “Canaguaro”, la historia dirigida por Duni sobre el viaje de un grupo de guerrilleros liberales por los llanos orientales, que en medio de un proceso de negociación de las élites resultan traicionados.

En pleno Estatuto de Seguridad, solo 15 días bastaron para que el entonces presidente, Julio César Turbay Ayala, comprara la conciencia del productor, y a su vez protagonista de esta película, Alberto Jiménez, quien terminaría por sacarla de circulación y archivarla en el olvido para el beneplácito de Turbay. Durante muchos años se habló de Canaguaro como una película que partió la historia del cine colombiano y de la cual solo existía una copia desgastada, que alguien consiguió grabar con una betacam mientras duró su exhibición en cines, la cual fue compartida clandestinamente de generación en generación.

Así fue como se inscribió el destino trágico en la vida de Duni en Colombia: ser un director no visto, y vivir la paradoja de ser talentoso y meticuloso en la producción cinematográfica, pero sin suerte para los negocios, menos con una clase empresarial como la colombiana. "Duni era un loco que no sabía hacer negocios, sabía hacer cine, era un soñador", afirma Rafael Escobar, quien fue su pupilo y ahora hace parte de la corporación Dunav Kuzmanich, encargada de recoger y difundir su legado. Para Rafael, Duni era un hombre adelantado a la época que tenía una visión 30 años en el futuro, y por esto considera que sus películas son de especial importancia en este momento que atraviesa el país.

Un maestro de la coherencia
Si bien a la delgada figura de Duni hay que seguirle el rastro en diferentes momentos de la historia colombiana y de su cine, del relato de Rafael toma mucha más fuerza su personalidad a partir de su traslado a Medellín a mediados de los 80's. Y es que en esa ciudad es que lo conoce un par de años después, cuando Duni llega ante una camada de realizadores rebeldes como profesor en un curso de vacaciones de la UPB.

Como maestro pasó por varias instituciones con su propuesta “De la idea a la realización”, en la cual se apreciaba todo el conocimiento y experiencia que construyó en torno a la realización audiovisual. Su apuesta era aprender haciendo, y a partir de un tema construir una idea. De allí nació una nueva generación de cineastas antioqueños alentados en sus enseñanzas.
El grupo de estudiantes del que hizo parte Rafael pronto se convirtió en su círculo de amigos, y luego, cuando Duni se pasó a vivir a un parqueadero en el occidente de la ciudad, lo acompañarían constantemente en la que llamaron “La Dunicueva”, en donde se hablaba de cine, de política y de fútbol. A modo de anécdota, Rafael cuenta que curiosamente solo vio una vez una película de Duni con él en vida, y es que, para él, el maestro más que el cineasta, fue el hombre. "Duni era un tipo absolutamente consecuente, con un sentido de la dignidad, pero muy grande y coherente", dice.

Este hombre que hizo de Colombia su hogar era de izquierda, pero se definía como uno del pueblo. Odiaba la burocracia, la tramitología, que le robaran la comida al pobre; tenía como filosofía que un Estado debía responder por los derechos básicos, y fue consecuente al punto de que su vejez la pasó sin poder contratar como profesor por no renovar la cédula, ya que consideraba que un ciudadano no tendría que pagar por esto. También sin salud, porque creía que el Estado debía cubrir este derecho y no podía ser un negocio de privados.

Y esta consecuencia le generó todo tipo de problemas. Una vez diagnosticado de cáncer en 2007, comenzó a enfermar, y en una ocasión que tuvo una decaída física, al no tener servicio de salud, un grupo de amigos lo ingresaron al hospital con el único poder que ostentó alguna vez Duni: el de una cámara en la mano. Así lo recibieron bajo el nombre de “Daniel Guzmán”. Pero los vicios del oficio de contar historias nunca los perdió, y mientras estuvo en el hospital todo el tiempo planeó su fuga, cual película, haciendo cómplice de esta a todo quien lo visitaba.

Tampoco perdió la disciplina, por esto al saber de su enfermedad comenzó a escribir las últimas escenas de su obra. Entonces dejó la Cartilla de Narrativa Audiovisual, donde intentó condesar su propuesta para el proceso de realización de una historia, y el guion, según Rafael, del posconflicto titulado “Vuelta a Colombia”.

“El cine es el mensaje, no la estética”
A pesar de los problemas en la realización de cine propios del contexto, sus películas se concretaron. Aunque según cuenta Rafael, no faltaron las ocasiones en que algunas de las personas que participaron del rodaje, o inversores del mismo, se llevaban las latas con el material filmado creyendo que con esto no se terminaría la película. Por esto, algunas de ellas salieron con problemas de montaje, pero Duni con su conocimiento logró llevar a cabo sus historias. La experiencia de Duni en la realización y su método fue un importante aporte a la siempre naciente industria cinematográfica colombiana ya que, como él, pocos cineastas han conseguido dirigir cinco películas en un corto periodo de cinco años, y muchos ni siquiera durante toda su vida.

De esta forma, en la década del ochenta y con la existencia de FOCINE, Duni consiguió sacar adelante, con algunos tropiezos, cinco películas que le hablan a Colombia de sí misma: después de “Canaguaro” (1981) realizó “La agonía del difunto” (1982), la historia de la triquiñuela de un latifundista para burlar la toma de tierras de un grupo de campesinos en la costa; luego sacaría “Ajuste de cuentas”, sobre la terrible relación entre el poder político y el narcotráfico; posteriormente “El día de las mercedes”, sobre un pueblo que vive bajo el control militar y que un día decide rebelarse; y finalmente realizó “Mariposas SAS”, sobre unas prostitutas que llegan a un pueblo y sus confrontaciones al llegar a este. Estas historias suceden en cualquier pueblo de Latinoamérica, pero retratan en específico la violencia que ha afrontado y aún afronta Colombia. Para Duni, el cine tenía ese quehacer, el de contar una historia para mostrarle al espectador una realidad, hacia dónde se dirigía la sociedad.

La media vida de Duni en Colombia la entregó también a otros proyectos, como la realización del conocido programa televisivo Don Chinche; a la escritura de guiones de otras producciones cinematográficas como “Cóndores no entierran todos los días” (1984), “La nave de los sueños” (1996), “San Antoñito” (1986), y a la producción de otras como “Apocalipsur” (2007).

El cine de Duni es un compromiso con mostrar la realidad social. En palabras del crítico de cine Oswaldo Osorio, escritas en el marco de un homenaje que se le realizó a Duni en el 12° Festival de Cine Colombiano de Medellín, para él “hacer películas es apenas una parte y la consecuencia de una visión mayor, ante la vida, ante sus obsesiones o preocupaciones y ante la historia del cine en general y el poder de la imagen en movimiento en particular. Dunav Kuzmanich era este tipo de cineasta, así como un misterioso personaje de cuyas contradicciones emanaba el talante de su obra y la mística de su personalidad: era librepensador y radical, comprometido ideológicamente y escéptico, generoso con todo aquel que se le acercaba y huidizo de las convenciones sociales e institucionales”.

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El pasado 10 de julio, la plazoleta de San Ignacio, en el centro de Medellín, se llenó de sillas plásticas en fila y de una pantalla, que hicieron las veces de teatro. Allí se proyectó Canaguaro, la cual tomó por sorpresa a varios de los asistentes por lo actual que parece en este momento la historia de traición del Estado. Duni murió sabiendo que su cine no era visto, pero convencido de que este tendría su momento. Ahora Rafael, y un grupo de amigos, están en la tarea de que aquel hombre tenga un lugar en la memoria del cine de este país, que también fue el suyo, y a pesar del olvido, ahí están sus películas para retarnos como colombianos a mirarnos en el espejo del cine.

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