(15)

Alejado de Colombia, en 1995, Agustín Díaz Yanes dirigió esta película: Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. La historia de las invisibles, de las sin nombre, de las mujeres que han sacado adelante a sus familias y sus propias vidas frente a todas las dificultades imaginables, pero sobre todo, frente a todas aquellas grandes dificultades sobre las que nadie parece prestar atención. Es, en definitiva, el síntoma perfecto de la máxima feminista, según el cual “todo lo personal es político”.

De la misma manera, nadie habló (casi) nunca de nosotras, el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersexuales. Nuestras muertes, en cualquier parte del mundo, pasaban desapercibidas, cuando no celebradas en comunión con las instituciones represoras encargadas de liquidarnos o al menos de colaborar en ello. También en Colombia. Pero como en cualquier revolución humana, la toma de conciencia llegó, la emergencia de liderazgos y, poco a poco, la capacidad de organizarnos. Una revolución lenta, pero que avanza con paso firme. Y, de nuevo, también en Colombia.

“Si no puedo bailar, no es mi revolución”
“Aquí nunca se vio que pudieran bailar dos mujeres en una discoteca. Hoy yo lo hago con mi pareja. No puedo todavía hacerlo en cualquier lugar, pero los espacios se han de conquistar”. Con esta contundencia se expresa Laura Gutiérrez, cofundadora de la Asociación LGTBI Saravena Diversa, organización que defiende el derecho a la diversidad sexual en Saravena, una población de 43.000 habitantes del departamento de Arauca.

Su proyecto político inició hace tres años, cuando muchos de sus actuales integrantes formaban ya parte de otras asociaciones y plataformas ciudadanas: “Se empezó a hablar entonces de política, de los derechos y necesidades de la población, y entendimos que era el momento de visibilizarnos y de estar organizados para reivindicar. Así nos consolidamos como proyecto político”. Hoy en día conforman la asociación unas 25 personas que se reúnen mensualmente y tienen su espacio propio ofrecido por el Gobierno municipal, aunque siempre bajo el temor de ser cualquier día despojadas. Incluso han conseguido un altavoz en la radio comunitaria de Saravena, Sarare Stereo (en el 88.3 FM del dial sarareño), “desde el que muchos oyentes nos admiran, a pesar del ambiente a veces tan perraco”.

El ambiente al que se refiere Laura es el de los Llanos orientales. Una sociedad profundamente marcada por el machismo heredado, el conservadurismo de muchas de las iglesias allí asentadas, las heridas abiertas del conflicto y la represión latente del paramilitarismo en la zona, así como la precariedad laboral. Un cóctel que dificulta la libre expresión de la sexualidad propia. Y Laura, que ya rumbea con su novia en algunos locales, quiere poder hacerlo en cualquier sitio. Sueña con que sus compañeros hombres también lo hagan: “Las mujeres lesbianas en zonas como Saravena estamos más empoderadas que los hombres. Somos las que más salimos a las marchas, y las que vamos a rumbear juntas y bailamos. Los hombres tienen un mayor déficit de visibilidad”. Quizá porque la forzada asexualización de las mujeres en el imaginario machista las ha hecho, a medio plazo, invisibles, carentes de sexo.

Ese imaginario machista y, por ende LGTBIfóbico, es el que, desde un inicio, hay que trocar por respeto. Por eso la Asociación LGTBI Saravena Diversa tiene muy claro que el reto más inminente se halla en las aulas. La formación de las nuevas generaciones es esencial en la lucha por los derechos humanos de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales, y por ello realizan jornadas de formación y “capacitación para profesorado”, a veces más reacio a la diversidad frente a “actitudes más abiertas” del mismo estudiantado. Y el objetivo es doble porque, por supuesto, como en cualquier ámbito de la vida, entre los jóvenes a los que esta asociación forma, también hay personas LGTBI. Sus vidas dependen de encontrar un camino en el que puedan ser ellas mismas y desarrollar plenamente su identidad.

La situación se complica con la irrupción del paramilitarismo en la zona. Panfletos con amenazas se han observado periódicamente en la población. Y en la lista, más de una vez, han estado las personas LGTBI de Saravena: “Cada vez que pueden nos amenazan con que van a venir a hacer limpieza y nos van a matar”, relata Gutiérrez, quien recuerda que en un pasado bien cercano ha habido hombres gays asesinados en medio del conflicto a causa de su orientación sexual, así como mujeres en el punto de mira por querer amar a otras mujeres.

Y de ahí, también, la razón de organizarse. “Porque si ser lesbiana, gay, bi, trans o intersexual en Bogotá es difícil, ¿cómo va a ser en departamentos como Arauca?”. Y nosotras nos preguntamos, ¿cómo es, pues, en ciudades como Bogotá? ¿Se puede bailar en medio de esta revolución?

Con furia, en las calles, desde la resistencia
Bogotá, Medellín, Cali… son las grandes ciudades donde se supone que se pueden vivir con mayor libertad las sexualidades minorizadas. Simplemente eso: una suposición. Es en Bogotá donde encontramos a las integrantes de dos organizaciones llenas de ímpetu y coraje: Furia Diversa y Callejera, de un lado, y Cuerpos en Resistencia de otro.

En 2016 nace Furia Diversa y Callejera, integrada por mujeres hartas de oír que hay que “construir el país para la vida digna” sin que ello incluyera a todo el país, “porque nadie nunca pensó en las que están más debajo de lo abajo posible: areperas, machorras, maricas, trans, travestis, putas, personas cuya diversidad funcional las margina…”. Palabras llenas de realismo que expresa Edith desde la organización, en un ejercicio de reapropiación del insulto que sirve como catarsis para la autoidentificación y empoderamiento colectivo.

Las trabajadoras sexuales trans también han constituido un verdadero lugar de resistencia en esta ciudad. De ello nos habla Amaranta, la activista trans que forma parte de la organización Cuerpos en Resistencia. Lucha por un trabajo sexual digno y expande su mensaje allá donde puede, como sus compañeras de Furia Diversa y Callejera: ya sea en programas de radio, o en la escuela de formación La Coqueta. También en el seno del Congreso de los Pueblos.

Todos estos grupos, asociaciones, y activistas están dando forma a un movimiento LGTBI diverso, que lucha por el empoderamiento colectivo para frenar la nueva ola de LGTBIfobia que se espera con el ejecutivo de Iván Duque. Pretenden ser, al mismo tiempo, una voz de la conciencia en las organizaciones de clase, y tejer red con ellas, tal y como se proyecta el Congreso de los Pueblos. Porque si tal y como dice Edith “matar a una líder trans o a una trabajadora sexual parece que no importe”, la estrategia va a ser rotunda: “no queremos ser buenas y tener que demostrar que no somos peligrosas”. Así, al menos, se hablará de nosotras cuando hayamos muerto.

ASONARET le exige a Robinson Sánchez ser multitareas y no cumplir un horario; para combatir megaproyectos como las hidroeléctricas es necesario actuar de manera inmediata. “Nosotros vivimos haciendo cosas urgentes, sin olvidar las importantes”. Ser líder social significó dejar a un lado sus prioridades para trabajar por el bien comunitario. La identidad individual se transformó en una colectiva. El tiempo con su familia y amigos es limitado debido a viajes y trámites. Sus ingresos económicos disminuyeron. Ha sido un reto la visita a Embajadas, Ministerios, Congresos, pues son cosas nuevas. Antes no entendía el lenguaje técnico, eso lo llevó a investigar y formarse en diversos temas. En medio de los retos por la defensa del territorio, ha entendido cómo se maneja la administración pública, cómo pueden interpelar una información e identificar qué tipo de intenciones tienen las personas u organizaciones que se acercan al territorio.

La construcción de una hidroeléctrica en Oporapa, Huila, podría cambiar totalmente las dinámicas económicas, sociales y culturales que hacen parte fundamental de nosotros como oporapences, también las de municipios cercanos. Bajo este argumento, 50 campesinos de la vereda Paraguay que se enteraron del proyecto, crearon en el 2013 la Asociación no a las represas en el territorio (ASONARET) para resistir y defender su territorio.

Para los integrantes de ASONARET la clave está en defender algo con lo que se sienten identificados, pues se reconocen como parte de la naturaleza, no como seres superiores a ella. Consideran que la defensa del territorio es algo macro, va mucho más allá del espacio físico, incluye las comunidades, su cultura, el orden social, el agua y la naturaleza. “Cuando hablan del río Magdalena hablan de nuestra vida, de la vida comunitaria, en cambio para las multinacionales es solo un puente para ingresar a territorios y destruirlo todo, porque el problema va mucho más allá de las represas. Eso nos motiva a seguir resistiendo”.


La preocupación de la comunidad de Paraguay se sustenta en dos antecedentes. El tramo del río Magdalena que atraviesa el departamento del Huila ya tiene dos grandes centrales hidroeléctricas: la Represa de Betania, construida entre los municipios de Yaguará, Hobo y Campoalegre, y ubicada a 38 kilómetros de Neiva, la capital del departamento; y la Represa El Quimbo, construida por la multinacional Emgesa.

La inundación de 7400 hectáreas de tierra de uso agropecuario para la construcción la represa de Betania, que finalizó en el año 1987, dejó serios inconvenientes en la comunidad huilense: redujo la producción local de arroz y generó el desplazamiento de trabajadores agrícolas hacia otras actividades como la pesca artesanal, sin embargo, la sequía del caudal del río disminuyó el número de peces, obligando a pobladores a salir de su territorio en busca de oportunidades.

En el 2009 se repitió la historia. El Ministerio de Ambiente y Vivienda otorgó la licencia a la compañía Emgesa para la construcción de la Represa El Quimbo. Un año después iniciaron las obras civiles y el plan ambiental. Para el año 2015 se realizó el llenado de las 8586 hectáreas que componen el embalse. Una vez encendidas las turbinas hubo muerte de peces nativos debido a la poca oxigenación del agua. No a todos los campesinos se les reconoció la compra de terrenos que hoy están inundados. Tampoco se resarcieron en su totalidad los daños sociales, económicos y culturales que sufrió la región.

En el año 2012, por tercera vez en el departamento, inició la proyección de otra hidroeléctrica, esta vez en Oporapa, municipio netamente campesino y agrícola bañado por aguas del río Magdalena; cuyo motor económico es la producción de café, maíz, plátano y hortalizas.

Ante la incertidumbre de lo que puede pasar con su territorio, los campesinos de la vereda de Paraguay, organizados en ASONARET, manifiestan la importancia de hacerles entender a las personas que este proyecto no solo afecta a la comunidad de Oporapa, sino también a municipios como Elías, Pitalito, Isnos y Timaná. Aseguran que ha sido desgarrador sentir que hay sectores tan indiferentes a esta problemática que es tan real. “Con la organización hemos logrado concientizar personas que no veían la gravedad de la situación, debido a varios aspectos entre ellos la desinformación, pero es necesario crear más consciencia en el departamento”.

Uno de los hechos más representativos que ha marcado la historia de la asociación, fue la movilización del 14 de mazo de 2016. Cerca de 12.000 campesinos se reunieron en el municipio Altamira para exigir que se cumplan los acuerdos municipales que pretenden conocer el sentir de la ciudadanía a través de mecanismos como las consultas populares. Sin embargo, los proyectos de acuerdo han sido demandados debido a las políticas nacionales reguladas por el Ministerio de Minas y Energía.

La organización ha reconocido la importancia de formar a sus líderes para que puedan trascender sus luchas sociales. “Lo más importante —dicen— es educarnos para conocer respecto al tema y su gravedad, solo entendiéndolo podemos cambiar realidades”. Por eso a inicios de este año capacitaron 30 campesinos de siete municipios que conforman la zona sur del Huila con un diplomado en Liderazgo participativo con poder de decisión, que era el cierre de un proyecto cuyo objetivo fue la formación de comunidades, para contribuir a la participación en la defensa por los derechos humanos, también dar a conocer los títulos mineros que se han otorgado en el departamento y visibilizar daños de la explotación minera. Esto lo realizaron con el apoyo de la corporación PODION con sede en la ciudad de Bogotá y con red a nivel nacional.
Actualmente en el municipio de Oporapa, conocido como el pesebre del Huila, la mayoría de la población tiene conocimiento del proyecto. Desde la vereda Paraguay buscan sumar personas y organizaciones que compartan sus ideales, “porque la estrategia de las multinacionales ha sido manejar todo de manera individual para lograr indiferencia y así intervenir en los territorios”.

Llegas a aquel sitio que se ha convertido en patrimonio cultural de Cocorná, Antioquia. Nadie lo sabe, casi nadie. Encuentras un perro lamiendo una bolsa negra abandonada. Ante cualquier señal de movimiento, los gallinazos se abren para no volver, y la miseria permanece inmóvil. Allí donde solo llegan toneladas de basuras, donde se reúnen las historias a conversar, donde el ojo humano solo ve destrucción, advierto, al observar por unos minutos, el despreciable entorno que muy pocos se atreven a visitar. Concluyo enfático que lo que un día estuvo en nuestras vidas ahora muere lentamente en boca de los gusanos, los insectos y los gallinazos que se pelean por un alimento descompuesto que para ellos representa la necesidad su supervivencia.

Corea y sus cuatro esquinas: el cementerio, el matadero viejo, el burdel y el relleno sanitario. Aquí también vive la calma, una que llegará para quedarse y terminar en otros brazos.

Pasa que en Corea nadie tiene vida, lo percibo mientras me encuentro debajo de una sombra que sale todos los días a esta misma hora como señal de acompañamiento. ¿Vida? Pero si estamos en la tierra. Hay vida cada cinco minutos cuando pasa una moto manejada por una joven, cuando don José Luis sale a la puerta con su bastón y una mujer a extender una muda de ropa al sol. De repente todo vuelve a la normalidad. Otra vez Corea se queda fúnebre.
De lejos un cúmulo de objetos decora el apartado lugar. De cerca un olor fuerte sofoca mi paciencia. Caminas y ves abandono, por momentos quisieras detenerte y morir. Me pregunto por qué llegué hasta aquí, ¿será que el destino me llevó a hablar con la soledad ahora que estoy vivo?

Todo el mundo solía evitar bajar hasta Cuatro Esquinas, donde convergen los contrastes. Los lunes, por ejemplo, se escucha la maldición de un vocabulario adaptado al machismo; los martes y los viernes la brisa despierta la intranquilidad producida por nuevos olores; los jueves los recicladores se llevan lo poco que queda, y los sábados el sepulturero se encuentra con esos que murieron para luego existir.

Relleno sanitario
Se puede considerar a Cuatro Esquinas como un terreno miserable y triste, al que le han dado la espalda y se la seguirán dando. Allí ha llegado la dignidad propia de un país injusto que solo reconoce a su gente humilde cuando está viviendo una tragedia.

Claro que ya hay una tragedia, invisible, tibia. Unos metros al oriente, hacia la vereda San Antonio, las gallinas se la pasan picoteando las hojas de guayabos, acechando a sus presas. Detrás, a unos diez metros, doña Rumelia Jaramillo coge sus dedos y los pasa por su cabello de arriba a abajo para armar una trenza. Verse bella a pesar de sus arrugas. Su marido, Manuel Giraldo, coge la radio al tiempo que pasan las motos esquivando las piedras. Hasta luego –me despido de ellos y continúo el camino–. Bueno, a la orden, que le vaya bien y vuelva.

Si me devuelvo y camino un poco más de diez minutos, ya no son las gallinas, sino el rugido de unas motos manejadas por unos niños que no sobrepasan los trece años. En un pueblo pequeño la ley se mantiene escondida, las normas no se cumplen, y los policías transitan por las calles como simples observadores.

A tan solo unos metros está el relleno sanitario. Veo partes de televisores, colchones arrugados, juguetes incompletos, todo lo que estuvo en unas manos. Cosas que terminaron abandonadas por nosotros. Aquí la justicia no existe, tal vez porque al final de cuentas el discurso del capital consiste en decirle a las personas, “consuman aceleradamente” y digan “hasta aquí llegue”.

En Colombia un relleno es un simple avatar de la vida, una palabra conjugada con los más deshonrados calificativos, un lugar que cuando llueve se desquita con los habitantes, los animales y los muertos que habitan a Cuatro Esquinas. Si eres turista, ambientalista o un curioso que quiere indagar sobre el proceder de las basuras, te dirán: Cuatro Esquinas, o Corea. Son y significan lo mismo. Solo cambian las referencias. Se llama Corea porque el padre de una de las primeras familias combatió en esa guerra y al volver quedó este apodo en alusión a su trabajo. Por su parte, el nombre de Cuatro Esquinas proviene de un antiguo prostíbulo, cuyo auge permaneció constante hasta tomar fuerza y convertirse en testigo de varias peleas.

El antiguo matadero
El verbo matar hizo parte de la idiosincrasia de Cocorná. Es un símbolo que aún guarda una estrecha relación con la mayoría de los habitantes. Y como la muerte, también el matadero es cuestión del pasado. Quizás a los cocornenses nos afectó tanto la violencia que no queremos saber nada de ella.

Según Mioriente, en el año 2017 no se presentaron víctimas por actos de intolerancia. En el 2018 ha sido distinto. En marzo acribillaron con arma blanca a una pareja de abuelitos. El pueblo marchó dos veces con banderas blancas: una el día del entierro, y la otra, el sábado 21 de abril. Somos un pueblo unido socialmente, pero dividido políticamente.

Las rejas del matadero todavía se conservan, ya no como matadero, pero sí como la feria ganadera que se realiza los lunes cada quince días. Por ser un pueblo rodeado de praderas tupidas de bosques, ganado y agricultura, y cuya población es de descendencia campesina, el lunes se viste para la ocasión: de sombrero, poncho y sogas de cuero.

Los ganaderos montan en sus caballos muy de noche. Las reses son traídas de las veredas a punta de rejo para ser intercambiadas al mejor postor. Los gallos traídos de San Francisco, Santuario y Cocorná se preparan para el círculo de rechifles. Algunas reses se devuelven con el amo, y algunos llegan al extremo de sacrificarlas en otro matadero porque el de Cocorná ya cerró sus puertas.

El cementerio
Muy pocos asimilan lo sagrado que es un cementerio para un católico. Por obligación pensaría que, así como los domingos se visita la iglesia, se debería también visitar el cementerio donde reposan los que un día estuvieron en nuestras vidas. Sería un acto para pedir por el descanso eterno de quienes ahora están en los recuerdos.
El cementerio, una negligencia convertida en abandono. El blanco del cementerio está invadido por el verde del musgo que sale por el deterioro propio de la intemperie y el olvido. Veo los dos ángeles que tocan un instrumento de viento, los reparo, no son lo mismo que antes. ¿Qué pasa con el cementerio? ¿Es ahí donde voy a parar algún día?

Sin embargo, se ven avances adaptados a la era tecnológica. Las cámaras de seguridad cuidan el entorno, aunque se mantengan apagadas. Las rejas están aseguradas por una cadena gruesa difícil de violar. A un lado, en la entrada, las ramas caen de a poquito. Ya no hay huecos disponibles. Los NN oscilan entre los 50 y 60. Nadie los reclama, unos ya pasaron los cuatro años, otros los veinte.

En la parte de atrás permanecen tres lápidas con sus respectivos cadáveres que cargan el peso de su peregrinaje por la tierra. Probablemente las familias no se acuerden de ellos. O esperan que la Fiscalía proceda a llevárselos; o que continúen allí indefinidamente.

Mientras tanto, el sepulturero –de gorra, chaqueta reflectora, y botas cafés–, transita conmigo al tiempo que el frío se asienta y los pájaros comienzan a cantar.
–Un día me tocó venir a las seis y media de la tarde. Tenía que cerrar la llave del agua que estaba abierta. Miraba de reojo hacia mi espalda, pero no vi nada raro. Al cabo de unos días, mi otro compañero me dijo que se le había aparecido una mujer con una bata blanca. Se salía y se metía del hueco donde estaba su cadáver.

El burdel
Los envases de cerveza se convirtieron en la fiel compañía. Cuando la gente parte de Cuatro Esquinas deja el recuerdo abandonado. Por el calor que está haciendo me dan ganas de comprar una cerveza y dejar mi recuerdo. Nada de eso. Prefiero limpiar que ensuciar. Proteger que contaminar. No todo es paupérrimo como muchos creen. Cuando hay muerte, también hay espacio para la vida. En Cuatro Esquinas han crecido familias numerosas. Solo don José Luis levantó a dieciséis hijos: cuatro mujeres y el resto hombres. Ahora las familias oscilan entre los tres y cuatro hijos.

En el año 2000 el ruido lo promovía el intercambio de disparos, en medio de un conflicto que nos arrebató el derecho a dormir en paz. Ahora la bulla proviene de dos cantinas.

–Yo no le paraba bolas a la bulla. Llevo treinta y cinco años viviendo en Cuatro Esquinas–, dice José Luis. Me mira y remata: -Vea estas canas, mire el pie como lo tengo, detalle la casa en la que vivo, la gente de Cocorná es como si nada. Solo tengo un par de panela, media caja de huevos y un machete encima del escaparate. ¿Podés decirle al Alcalde que me regale unos cuantos bulticos de cemento para cuadrar la entrada?- Creo que la vejez es el reflejo de los actos que uno construye con el paso de los días.

Decidir es también renunciar, elegir solo una posibilidad, descartar formas distintas de hacer las cosas. Muchas veces, aunque el curso del tiempo impida comprobarlo, las decisiones tienen consecuencias significativas por aquello que se descarta más que por aquello que se elige.

Comer —ingerir las calorías necesarias para que funcionen estas cáscaras complejas rellenas de carne— es una necesidad biológica: una obligación. Hace miles de años —cuando no existían los refrigeradores, el hombre no conocía la sal, ni los conservantes— el dueño del granero donde se almacenaban los granos tenía el control sobre aquellos que necesitaban comer esos granos, porque podía decidir el valor de cada grano, podía decidir cuándo comía él y cuándo comían los demás.

Lo que hoy es normal, años atrás no lo era. Históricamente el elemento principal de la dieta humana fueron los cereales. Como estos no aportan la cantidad de proteínas necesarias, los acompañábamos de leguminosas, luego de tubérculos y, si la capacidad adquisitiva lo permitía, acudíamos a los aceites; solo cuando el nivel de vida era lo suficientemente alto se podía acompañar de un trozo de carne. Comer carne fue —y lo sigue siendo— sinónimo de poder. Comían carne no quienes querían sino quienes podían pagar o eran dueños de ella. Comer carne fue una de las primeras fronteras que separó a pobres y ricos.

No solemos darnos cuenta de que lo aparentemente normal, no es tan normal. En apariencia son muchas las posibilidades que tenemos de saciar el hambre: existen 250.000 especies de vegetales de las cuales unas 50.000 son comestibles, pero comemos 250: cereales, raíces, tubérculos, frutas, verduras, hierbas, nueces, especias… El noventa por ciento de nuestras calorías provienen de 15 especies vegetales, dos tercios de ellas producidas por tres plantas: arroz, maíz, y trigo. La mitad de toda la comida que los 7000 millones de humanos comemos cada día es arroz.

El humano fue el primer animal capaz de transformar el alimento. La perfección de la técnica de producción, recolección y preparación, con el paso de los años, encogió nuestro repertorio gastronómico.

Nunca antes fuimos capaces de producir tantos alimentos: —nunca antes fuimos capaces de producir tantos hambrientos: 821 millones— nunca antes fuimos capaces de hacerlo tan mal. Antes comíamos lo que sembrábamos, y vendíamos o intercambiábamos lo que nos sobraba con otros que también sembraban. Ahora compramos lo que comemos a multinacionales que producen alimentos a gran escala, alteran genéticamente los frutos y las semillas, sobreexplotan los suelos y destruyen los ecosistemas, especulan con los alimentos en la bolsa de Nueva York y utilizan agrotóxicos y herbicidas nocivos para la salud.

Es por culpa del uso indiscriminado de agroquímicos que lo que comemos cada vez tiene más toxinas y menos minerales. Anualmente Colombia fabrica 78.469 toneladas de plaguicidas, importa 64.000 y exporta 23.000. De estas, 119.486 toneladas son para consumo interno. Lo que quiere decir que a cada colombiano le corresponderían 2,5 kilos de plaguicidas. Los agroquímicos atracaron en el país en 1962. Actualmente existen 2490 productos con aval para ser utilizados en territorio nacional. Son 376 las empresas nacionales e internacionales que producen este tipo de venenos en Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Palmira. Las ciudades envían el veneno al campo, y los campesinos lo devuelven a la ciudad transformado en alimento. Dice el adagio que uno recibe lo que da.

Según cifras compiladas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), de los 39.709 casos de intoxicación por sustancias químicas registrados en el país en el 2017, 8423 fueron causados por plaguicidas. El informe sobre Antioquia, publicado en 2016 por la misma institución, indica que, de las 2419 intoxicaciones registradas, 501 corresponde a plaguicidas; siendo el químico con mayor número de casos después de los fármacos. En el Norte, Nordeste y Magdalena Medio la mitad de intoxicaciones fueron provocadas por plaguicidas.

Los estudios sobre las consecuencias de los pesticidas en la salud humana escasean en Colombia. Sin embargo, los pocos análisis realizados han demostrado que, por ejemplo, las mujeres expuestas a este tipo de químicos presentan menores índices de colinesterasa —la enzima que permite que una neurona se comunique con otra para que los órganos funcionen e una manera adecuada—. Tambien También se ha comprobado que los problemas respiratorios, la alteración del sistema nervioso, y la degradación de los neurotransmisores que segrega el intestino están íntimamente relacionados con los plaguicidas.

Este no solo es un problema de salud pública, también cultural y económico. La agroindustria promovida por las multinacionales reemplazó las formas ancestrales de cultivar y relacionarse con la tierra. Relegó al campesino al último eslabón de la cadena productiva, le paga poco por su trabajo y lo obliga a pagar grandes cantidades de dinero por los venenos.

El sistema obliga al campesino a resignarse y aceptar sus reglas de juego. Desde que la publicidad empezó a ser utilizada en la industria alimentaria, el primer mordisco lo damos con los ojos. Al mercado —y al consumidor— le interesa la factura —el color, el tamaño—, no los nutrientes del producto. Y la única manera de cumplir con esos estándares publicitarios, según las grandes multinacionales, es utilizando pesticidas y agrotóxicos.

Pasan los años y la agricultura sigue resumiéndose en cinco procesos básicos: seleccionar plantas utilizables, manejar el agua, renovar y enriquecer los suelos, proteger los cultivos de las pestes, usar fuerza de trabajo para recogerlos. Las actuales prácticas agrícolas cada vez utilizan menos plantas, hacen mal uso del agua, alteran los ciclos de la materia orgánica, y envenenan a quien cultiva y a quien consume para evitar las plagas.

“Como se interpreta una crisis determina como se actúa ante ella”, dice Martín Caparrós. El campesino debe replantear sus formas, y el consumidor asumir su responsabilidad en esta cadena de errores. Cuando preferimos ir a un supermercado de cadena en lugar de ir a la plaza de mercado, estamos siendo cómplices del mercado. Algunos comen lo que pueden, el resto cree que puede comer lo que quiere. Muchas veces las decisiones no dependen de nuestra voluntad y nuestro deseo, sino de los factores económicos y culturales que las condicionan. Ante una situación tan penosa, mientras encontramos una idea clara para cambiar eso, la indignación y el arrepentimiento son el primer paso que nos comprometen a inventar algo mejor. Recuperar la propiedad absoluta de nuestras decisiones —de las consecuencias— tal vez sea el norte que tanto hemos buscado: esa es la verdadera emancipación.

“A mí me rescataron de la playa Guayacán, jurisdicción del municipio de Ituango, porque estábamos barequeando en el momento que el río empezó a subir, y las montañas empezaron a venirse, las piedras, una cosa impresionante. Ya no teníamos por dónde salir, y nos metimos por una cañada arriba, hasta que cinco días después arrimó un plan de contingencia y nos sacaron de allá en lancha. Sin embargo, después de la emergencia, a las personas que estamos aguas arriba no nos han brindado ninguna garantía. Ni el Alcalde, ni la Gobernación, ni EPM. Estamos es a lo que las buenas personas nos quieran brindar”.

De esta manera explica María Mendoza*, lideresa articulada al movimiento Ríos Vivos Antioquia, la situación de los afectados por la tragedia ocurrida hace cinco meses, producto de una cadena de irregularidades en la construcción del megaproyecto Hidroituango. Su denuncia es más grave si se tiene en cuenta que desde que la emergencia inició, el 28 de abril del presente año, la respuesta a la pregunta de quién debe responder por las afectaciones, tanto como por las fallas de la obra, no es del todo clara.

Víctimas y afectados a la deriva
Para el caso de las comunidades aguas arriba, refugiadas en Sabanalarga y en Ituango, la situación ha sido particularmente compleja. “La verdad es que después, cuando lo de la emergencia, aguas arriba nunca nos mencionaron. Para EPM nunca hubo damnificados aguas arriba, siempre se concentraron aguas abajo, pero fue un maquillaje, porque tampoco hicieron lo que debieron hacer correctamente con todas las comunidades. Ni siquiera nos han hecho un censo de damnificados. En Ituango no lo hicieron, en Sabanalarga tampoco, a pesar de que cuando salimos de allá fuimos rescatados por el mismo EPM”, explica María.

Es por esto que a finales de septiembre la Alcaldía de Ituango ordenó desalojar a 22 familias que estaban refugiadas en el coliseo Jaidukamá de este municipio, argumentando que allí no habían damnificados, y que su presencia en el lugar afectaba el derecho a los niños a recrearse, razón por la cual estaban siendo reclutados por los grupos armados. En el caso de Sabanalarga, las comunidades que se albergaron en las oficinas de EPM, debido a que nunca recibieron ayuda humanitaria de emergencia ni les fueron brindados albergues, también corren el riesgo de ser desalojados de allí en cualquier momento.

Según explica Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos Antioquia, en situaciones de emergencia son las entidades municipales las primeras que deben garantizar la atención; y los dueños de la amenaza, según la ley de emergencias, son los que deben responder en las siguientes etapas, que son de estabilización y reconstrucción. En este caso, Empresas Públicas de Medellín – EPM. A pesar de esto, ante la falta de respuesta y garantías para los afectados, explica Isabel que “la manera como se han sostenido es por la campaña de solidaridad que tenemos como movimiento Ríos Vivos, y eso es lo que ha hecho posible que hasta el momento se hayan dado alimentos, medicinas, algunos traslados, porque hay personas que están sufriendo mucho con el tema, y tienen crisis postraumáticas, y estrés postraumático relacionado con la pérdida del río, de su fuente de vida”.

A la compleja situación humanitaria, se suman las amenazas y asesinatos que han venido sufriendo líderes de Ríos Vivos, así como sus familiares. También el aumento de pie de fuerza y de control territorial por parte de EPM, pues en el caso de Ituango, por ejemplo, los horarios de entrada y salida del pueblo están siendo regulados.

Con el pasar de los días, sus exigencias siguen siendo “un albergue digno y dónde trabajar, también exigimos una reubicación a EPM, porque ya nosotros sabemos que el río no lo vamos a recuperar nunca más, entonces que nos reubiquen, una indemnización digna”, puntualiza María, quien además manifiesta que su principal exigencia como movimiento es que desmantelen Hidroituango de manera controlada, debido a las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que han estado detrás de la construcción de la megaobra.


Hidroituango en la mira
Mientras esto sucede con los afectados, los directivos de Hidroituango intentan a capa y espada salvar este megaproyecto, aunque tengan todos los ojos puestos encima. A las denuncias hechas desde hace años por las comunidades y movimientos sociales, se sumó un informe de la Contraloría General de la Nación el pasado mes de agosto, en el que registró 35 hallazgos administrativos sobre irregularidades en el licenciamiento, y donde cuestionó además las actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla. Esta, por su parte, manifestó que el informe de la Contraloría era inexacto, pero días después, a principios de septiembre, interpuso una multa de 2419 millones de pesos a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango por hechos anteriores a la emergencia.

Mientras avanzan investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría para determinar los responsables de las irregularidades, EPM, socio y encargado de la construcción del proyecto debe responder por los costos extraordinarios que han surgido tras la emergencia, tal como lo determinó la junta directiva de Hidroituango. Por su parte, EPM declaró problemas de liquidez para solventar la crisis y el retraso de tres años que tendría la obra, por lo cual el pasado 31 de julio, con el aval de su junta directiva, pidió al Concejo de Medellín la autorización para vender algunos de sus activos que suman alrededor de $4 billones, y que incluyen acciones en ISA y en algunas empresas colombianas, así como la totalidad de las empresas Aguas de Antofagasta y el parque eólico Los Cururos, ubicadas en Chile.

Esta propuesta, consignada en el proyecto de acuerdo 150 de 2018, será debatida por el Concejo en el mes de octubre, pero ha generado múltiples preocupaciones por tratarse de una de las empresas públicas más importantes del país. Así mismo quedó de manifiesto en el Debate de Control Político, realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 26 de septiembre, en el que además los congresistas León Fredy Muñoz, David Racero y María José Pizarro, citantes al debate, enfatizaron en que la crisis ha sido producto de malas decisiones y falencias en la planeación, e instaron al Gobierno a atender esta emergencia, que sigue generando el desplazamiento de familias que perdieron sus formas de vida y de subsistencia.

*El nombre fue cambiado por solicitud de la entrevistada.

Cada familia afectada aportó diez mil pesos. Gracias a la colecta, el 10 de septiembre seis mujeres y dos hombres se desplazaron desde el extremo sur del país a Bogotá. ¿Por qué un grupo de voceros ha de realizar un recorrido de más de 600 kilómetros para que pueda ser escuchada la voz de miles de familias que lo han perdido todo?

En primer lugar, los habitantes de Mocoa vienen sufriendo las consecuencias de una tragedia silenciosa. Hay un total desconocimiento en el país y en el mundo entero de la verdadera situación que sufren quienes después de un año y medio no han podido volver a reconstruir sus vidas y se encuentran en el olvido mediático y humanitario.

La avalancha de tierra y agua era una tragedia anunciada. Diferentes administraciones municipales y departamentales permitieron y auspiciaron el poblamiento de zonas catalogadas de alto riesgo. Miles de desplazados, indígenas, inmigrantes pobres, fueron vistos como botín electoral, lo que llevó a las autoridades a incumplir su labor de prevención y diseñar propuestas para construir viviendas seguras. La avalancha nocturna del 31 de marzo del año pasado encontró a una población durmiendo confiada, indefensa ante un fenómeno natural que ya había ocurrido en varias oportunidades. En esta ocasión la avalancha acabó con la vida de 336 personas, destruyó más de 10 barrios y afectó otros 18.

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para la reconstrucción de la capital del Putumayo se han hecho a espaldas de la población: las donaciones nacionales e internacionales fueron invertidas sin consultar a los damnificados. A la hora de construir las viviendas, pavimentar las calles, reconstruir puentes y disponer de jarillones de arena y piedra, no se tuvieron en cuenta las necesidades reales de los afectados directos por la tragedia, tampoco las condiciones topográficas y naturales de Mocoa. Esta manera de proceder permitió que el 12 de agosto la tragedia se volviera a repetir. Una nueva lluvia torrencial destruyó totalmente cientos de viviendas, derrumbó varios puentes, y arruinó los bienes y negocios de las personas damnificadas que con mucho esfuerzo hicieron lo posible por restaurar su proyecto de vida.

Las constantes inundaciones y avalanchas demuestran que las medidas de reconstrucción de Mocoa tienen que ser proyectadas a largo plazo y con la perspectiva de atención social, pues hasta el día de hoy se han hecho de forma improvisada. Mocoa ni siquiera cuenta con un Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente. La firma de súper expertos contratada por más de 4.800 millones de pesos para que hiciera el POT, ha postergado los resultados progresivamente.

Cuando haya una definición clara, concertada, justa y equitativa de qué va a pasar con la reubicación de las miles de familias damnificadas, cuando se sepa dónde podrán construir sus viviendas, dónde podrán establecer sus pequeñas empresas y negocios, qué programas sociales y económicos les ayudarán a rehacer sus vínculos familiares y comunitarios, podrán dormir tranquilamente sin temor a que una nueva desgracia les impida despertarse al lado de sus seres queridos.

Conscientes de que la solución debe involucrar a todos los estamentos de la sociedad colombiana, la delegación tocó diversas puertas. Del 10 al 15 de septiembre visitaron a funcionarios de la Vicepresidencia de la República, de los ministerios de Vivienda y de Comercio, se reunieron con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, acudieron a entes de control como la Superintendencia Financiera y la Contraloría General de la Nación, y a miembros del Congreso de la República.

La presencia de las mujeres damnificadas despertó la sensibilidad de todos los funcionarios visitados, los cuales se comprometieron a dialogar y abrir canales de participación. Cabe destacar el compromiso de los Representantes a la Cámara y Senadores de los diferentes partidos políticos, quienes dejando a un lado las posturas ideológicas se reunieron conjuntamente con la delegación y se comprometieron a impulsar proyectos de ley, audiencias públicas de control político y ciudadano, y conformar una comisión accidental tanto en el Senado como en la Cámara que haga posible estas acciones.

La delegación hizo énfasis en la necesidad de tejer lazos con los movimientos sociales, y unir esfuerzos con otras poblaciones afectadas por desastres, por ejemplo los damnificados por la construcción de Hidroituango.

Es importante poner en conocimiento del pueblo colombiano varias afectaciones que deben solucionarse con la reconstrucción de Mocoa y que hasta el momento han sido ignoradas: antes que nada, las deudas bancarias que ahogan a los sobrevivientes. Después de haber perdido familiares, todos sus enseres y propiedades, sus negocios y sus casas, no es justo que la banca termine de empobrecer a los damnificados; no les perdone un solo peso de los intereses y los acose diariamente con amenazas de embargo y procesos judiciales. A la banca, que hace veinte años quebró y que fue auxiliada con más de veinte billones de pesos por el pueblo colombiano, que desde entonces viene pagando el impuesto del 4 por 1000 gracias a ese salvamento, se le exige la condonación total de las deudas de los damnificados.

También es necesario que, al ser víctimas del conflicto armado, las familias desplazadas reciban las ayudas que hasta el momento no han sido otorgadas. A los comerciantes informales, que por no estar registrados en Cámara de Comercio no han recibido ayuda en capital de trabajo y equipamiento, se les debe brindar las mismas ayudas que recibieron los comerciantes formales. Y, en lugar de contratar profesionales de otras regiones, deben implementarse medidas para sacar provecho del talento humano de cientos de profesionales que se encuentran sin trabajo y con la amenaza de que el ICETEX embargue las propiedades de sus fiadores. Por último, las veredas afectadas deben tener planes de reconstrucción de sus viviendas y unidades productivas. No pueden continuar en el olvido.

Mientras vamos marchando, marchando a través del hermoso día
Un millón de cocinas oscuras y miles de grises hilanderías
Son tocados por un radiante sol que asoma repentinamente
Ya que el pueblo nos oye cantar: ¡Pan y rosas! ¡Pan y rosas!

A medida que vamos marchando, marchando, traemos con nosotras días mejores
El levantamiento de las mujeres significa el levantamiento de la humanidad
Ya basta del agobio del trabajo y del holgazán: diez que trabajan para que uno repose
¡Sí, es por el pan que peleamos, pero también peleamos por rosas!

Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte
Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos
¡Pan y rosas, pan y rosas!

Las luces de colores, las fachadas de pueblo y los ruidos estridentes de las discotecas de Itagüí, dan vuelta a una callejuela en la que la pujanza empresarial paisa se desmorona a pedazos. Tras empinadas paredes de ladrillo blanco, las obreras se amontonan frente a sus viejas máquinas: la fábrica devora sus días con pávida indiferencia. El sereno paisaje es interrumpido al fondo del corredor, sobre una reja amarilla se suceden carteles rojinegros que llaman a la huelga, tras ella, el mundo al revés: un grupo de mujeres ocupa la fábrica a la que hace 92 días el patrón no entra.

Desde el pasado 27 de junio las obreras de IAS –Integrated Apparel Solutions, en español Soluciones Integrales de Indumentaria– empresa del sector textil manufacturero, que contrata con marcas como Leonisa y Zumba, tienen tomada la fábrica a la que dedicaron 30 años de sus vidas. Hace aproximadamente 10 años, el patrón (Federico Arriola Moreno, primo segundo de Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe) dejó de pagarles oportuna y cabalmente sus salarios; solo la tercera parte de este era entregado a las operarias en fechas cada vez más distantes. La liquidación de las cesantías tampoco llegó, igual suerte corrieron las primas de junio y diciembre y la indemnización de una vida de labor. A esto se sumó el no pago de los meses de abril y mayo de este año, y el proceso de liquidación de la empresa, declarada en bancarrota.

Este es un cierre planificado, conscientemente ejecutado por la administración de IAS, para deshacerse de sus obreras vinculadas sin reconocer sus acreencias laborales. Arriola Moreno, dueño, Francisco Díaz, contador, Joaquín Cabrera, jefe de producción, y Gloria Álvarez, jefe de planta, intentan desde 2009 desangrar la empresa y justificar una masacre laboral desobligante. En 2008, IAS se llamaba Codintex, 1400 obreros hacían mover sus máquinas y los contratos llovían a granel. Un año más tarde, 900 empleados fueron despedidos y la empresa cambió su nombre en una sustitución patronal. Los rumores de crisis fueron ampliamente difundidos entre el personal; cada 30 días las obreras recibían un salario equivalente a 10 días de labor; los objetivos de producción aumentaron en cantidades drásticas; las jornadas se prolongaron, y las horas extras fueron pagadas ilegalmente según el número de prendas producidas.

Mientras el salario de las obreras desaparecía, las producciones eran ejecutadas cabal y puntualmente para las marcas contratistas; a la par, la administración compraba fincas en el Oriente antioqueño y montaba una comercializadora de aguacates para exportación. En los 10 años siguientes, las condiciones de explotación se agudizaron y los recortes de personal se sucedieron. Los patrones montaron nuevas empresas a las que trasladaron los activos de IAS; máquinas, insumos, contratos y trabajadores temporales, fueron traspasados a fábricas vecinas con evidente argucia. Si bien estas empresas emergieron con una razón social y un dueño diferente, fue abiertamente sabido que pertenecían a los propietarios de IAS, incluso hoy, utilizan la misma planta energética que usaba la fábrica.

Me matan si no trabajo y si trabajo me matan
Eran las cinco de la mañana y un rechinado timbre anunciaba la entrada. Las mujeres avanzaban en multitud pasmosa hacia el inmenso salón repleto de máquinas. Del cielo de zinc resbalaban infinitas luminarias que envolvían el lugar en un aire lúgubre y sofocante. Oxidados ventiladores botaban más ruido que aire. En la planta, las obreras se agrupaban por zonas: pantys, conjuntos, resortes. Un tablerito por sector comparaba las expectativas de producción con las unidades ejecutadas, en un inhumano índice de eficiencia. 1200 cinturas en un día: con 200 cinturas se hacían el día las siete compañeras del módulo ¿Lo otro? Se lo apropiaba el patrón. Los turnos para el desayuno comenzaban a las 7:00 a.m., 15 minutos para comer, ir al baño y lavarse los dientes. Las llamadas estaban prohibidas. Los permisos, rotundamente negados. Las jornadas llegaron a extenderse por 24 horas, y hubo meses en los que se les obligó a trabajar los domingos a cambio de los pasajes de la semana. El sueldo de los demás días nunca llegó.

La fatiga de años se apoltronó en sus músculos, un falso e infundado amor a la empresa nubló sus conciencias, la servidumbre se materializó en sus cuerpos y la fábrica devoró sus vidas. Con llanto en los ojos recuerdan a los niños dejados en casa, tres años y tres teteros envueltos en una toalla, o al esposo y la hermana que murieron solos porque no les dieron permiso. Recuerdan la vida que se escurrió entre las manos para construir un futuro. Y eso que el futuro es ahora. “Si no trabajaba me moría de hambre, y si lo hacía, también me moría”, manifestó una operaria.

Cuando muere el miedo nace la libertad
Dice así un cartel al interior de la fábrica. Ante una vida de abusos y explotación, las mujeres de IAS decidieron organizarse en sindicato el pasado 18 de mayo, dos días después, a las 5:00 a.m., 18 trabajadoras fueron despedidas, 14 pertenecían al sindicato. Sin embargo, resisten y pelean por lo que les pertenece. La vida las hizo hermanas de lucha y así se reconocen. La solidaridad sindical, estudiantil, barrial y popular no se hizo esperar. La toma de IAS es una llama que se enciende ante un capitalismo cada vez más cruel e inhumanizante.

De domingo a domingo, las 24 horas del día, estas mujeres se organizan para proteger los activos que garanticen su indemnización. En turnos de ocho horas, y con responsabilidades como la seguridad, la cocina, las finanzas y los procesos legales, dan muestra de disciplina y convicción. Hoy, celebran la organización y celebran la unión, reconocen que el sindicato les permitió conocerse como compañeras y que a partir de la toma pudieron habitar la fábrica como un espacio de encuentro, para conversar y reír, para llorar y luchar. “Gracias a dios por 92 días de bendiciones y lucha”, reza otro cartel. Si bien el camino es largo, estas valientes mujeres tienen claro que ya han ganado, les ha quedado lo más importante: su dignidad.

La historia de explotación hacia el campesinado, y su experiencia de resistencia a través de los años, se ha reflejado en los procesos organizativos que este sector ha impulsado con creatividad y astucia, y que han nacido como reacción a distintas políticas de los gobiernos en contra de los campesinos. Un ejemplo es la Guardia Campesina, una expresión que impulsan los sectores reunidos en el Coordinador Nacional Agrario, y que tiene como objetivo defender los derechos humanos y el territorio.

Aquella persona que hace parte de la Guardia Campesina (de aquí en adelante GC) sufre una transformación en sí misma, guiada por los principios de igualdad y solidaridad. Es la construcción constante de un líder o lideresa. Es una persona que sacrifica la vida por defender su comunidad.

Una simbología
Este espíritu de resistencia política se expresa en la simbología de la vestimenta propia de la GC. Un primer distintivo es el chaleco, que dice Guardia Campesina, y que tiene el respectivo escudo; escudo que, actualmente, está en reelaboración, en pro de hallar uno que represente los sectores agrarios, étnicos y urbanos o populares. Se ha invitado a las comunidades a que participen en este proceso creativo. No se discrimina el campo o la ciudad, pues la idea es que todos los actores aporten a la simbología del guardia algo propio de su territorio.

Sigue el berraquillo o garrote, que simboliza la forma como el guardia orienta las actividades en la comunidad. No hay que olvidar la herramienta histórica del campesino: el machete o peinilla que se usa para distintas actividades, en especial la agricultura, y que representa el trabajo incansable y guerrero del campesino. Además, hay comunidades que incorporan el sombrero o la gorra, así como botas, linterna, ruana o cualquier otro elemento propio de la región.

Una autoridad para la paz
Todo en su conjunto es un referente simbólico, pero también un referente de respeto y autoridad. No una autoridad impuesta como la de las fuerzas militares o policiales del Estado; su reconocimiento se gana a través del ejemplo, trabajo colectivo y entrega voluntaria.
En la GC no se habla ni ejerce la violencia, lo que se pone en práctica es la defensa de los derechos humanos y de la movilización. Este proceso pone por encima la autoprotección de todas las expresiones de vida que confluyen en los territorios. Es por eso que la GC se prepara para ayudar a solucionar los conflictos en la comunidad, tanto los derivados de asuntos cotidianos o familiares, como aquellos propios del conflicto armado. El guardia tiene la potestad de conversar con los actores armados para que estos no violen el Derecho Internacional Humanitario ni los derechos humanos, para que no irrespeten el territorio, ni tengan alguna intromisión con las personas. La GC tiene la función de acordar normas de juego entre la comunidad para que los conflictos se resuelvan y no se repitan.

Todo esto tiene su raíz en uno de los motivos fundacionales del movimiento. La GC surge por la necesidad de defender la comunidad de la delincuencia, para resolver problemas familiares y defender los bienes comunes del territorio, teniendo como referencia el plan de vida de la comunidad y el plan de trabajo de las organizaciones sociales de las cuales la GC hace parte.
Por ejemplo, ante un problema ambiental, la comunidad se organizó para realizar trámites en las instituciones y poder limpiar un río cercano, pero no se obtuvo ayuda. Por ello crearon el grupo de la GC, de carácter campesino y ambiental. Al recorrer el río descubrieron un proyecto para sacar arena, la GC reunió a la comunidad y exigieron la salida de este proyecto de extracción, aplicando el principio de defensa de los bienes comunes de la naturaleza.

En cuanto a la delincuencia común, se han presentado los típicos casos de robo a los habitantes en el camino a los caseríos. La GC empezó a caminar por las rutas con su simbología, como una forma de hacer notar su existencia y funcionalidad de protección. La GC no está para cazar ladrones, está para ahuyentar este tipo de personas sin necesidad de pelear con el otro. Su presencia misma hace respetar la comunidad porque su existencia es una muestra de organización. Ahora bien, si se presenta el caso de captura de un ladrón, este se retiene hasta que se le entrega a las autoridades competentes para que ejerzan la ley, más no se ejecuta un castigo a la persona.

Una lucha distinta
Cada guardia tiene sus propias iniciativas y normas de funcionamiento. La indígena tiene cientos de años de experiencia y conocimiento, pues hace parte de la historia de lucha de este pueblo. Por otro lado, las diferencias son notables de una a otra, porque la Guardia Indígena implementa el castigo, en cambio la Guardia Campesina controla. Además, su guía política es la cosmovisión étnica.

Otra diferencia es la forma de concebir el territorio y ordenarlo popularmente. El campesinado no posee una figura de ordenamiento territorial propio como el resguardo o cabildo del pueblo indígena, o el título colectivo del pueblo afro. El campesinado tiene la Junta de Acción Comunal (JAC) que se rige bajo la normatividad estatal, pero no delimita el territorio campesino, lo que denota la ausencia de reconocimiento del campesinado como sujeto político. Por ello, la GC contribuye a la conformación de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECA) que buscan ser la figura territorial de ordenamiento y gobierno propio del campesinado para potenciar su cultura, su quehacer y su condición de sujeto político de cara al Estado.

Ahora bien, un punto de encuentro con estos dos pueblos es el control territorial contra las violencias en las comunidades. Otro es la resolución colectiva de conflictos cuando un indígena o campesino viole alguna norma de otra comunidad.

Un reto
La consolidación del proyecto de la GC es posible si las familias y la comunidad se articulan en pro de su reconocimiento. Otra tarea a realizar es la creación de unos estatutos que guíen el trabajo a nivel nacional, para ello la base social campesina se debe ver reunida en espacios asamblearios, donde se redacte y acuerde cómo será el paquete normativo que regule las actividades de la Guardia, en pro de poder continuar el camino con solidez, y poder seguir la historia de lucha y resistencia social de los campesinos, que desde la insurrección popular de José Antonio Galán se vieron obligados a organizarse y luchar por sus derechos. La articulación con las comunidades y la creación del estatuto servirán para continuar el apoyo de la Guardia Campesina a la lucha social que impulsan los pueblos explotados de Colombia y el mundo.

*Secretaría de Formación y Comunicación. Coordinador Nacional Agrario

Page 1 of 2

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.