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Se veía venir en el mundo entero una tendencia ultraderechista y autoritaria. En algunos casos fascista como en los países ricos de Europa (Francia, Inglaterra, Suecia, Italia, Alemania), y en otros como Grecia y Austria, en donde los “fachos” ya tienen representación parlamentaria. El discurso fascista caracterizado por una retórica anticomunista, militarista, y nacionalista, ganó terreno y sus prácticas recorren ahora otras latitudes. Sus seguidores agreden a las mujeres, a expresiones LGTBI, a los negros e indígenas y a los pobres. Aunque la propuesta beneficia a las clases elitistas, viene siendo avalada por las propias capas sociales deprimidas y empobrecidas que sufren su imposición.

Su propuesta económica varía según la necesidad. Defender la producción nacional para crear empleo, o lanzarse a las fauces del mercado neoliberal, con el mismo fin, según ellos; también puede ser combinar la una y la otra, de todas formas, siempre con gran sacrificio de las clases populares, los derechos sociales y el patrimonio público. Hoy en día son varios los ejemplos de países donde se llegó a la presidencia con discursos insultantes, indignos, violentos, degradantes de la condición humana, y con los medios masivos como vehículo de estos discursos.  

Y, aunque los politólogos y analistas piden mesura en la calificación de “fascistas” que se le hace a estas expresiones políticas e ideológicas, lo que sí es cierto es que las tendencias mundiales antidemocráticas, autoritarias, racistas y abiertamente defensoras de los poderosos se vienen imponiendo en el mundo, con el auspicio de los grupos de poder y su máquina mediática.

En América, el multimillonario Donald Trump, con el eslogan “¡Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo!”, se alzó con la presidencia utilizando una retórica racista en la que ensalzaba la raza blanca y menospreciaba inmigrantes y negros; además validando la guerra contra el comunismo y la intervención en los países que considere como enemigos de los Estados Unidos.

Se notó su mano intervencionista en el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, y la detención del expresidente Lula, basados en escándalos mediáticos de corrupción; en los desórdenes, atentados y ataques permanentes contra Venezuela y su presidente, y en el inesperado giro de postura política del presidente de Ecuador Lenin Moreno. Hoy América Latina vive un giro a la derecha. Con la llegada a la presidencia de Iván Duque en Colombia y de Jair Bolsonaro en Brasil se fortaleció un bloque al que se suma Argentina, Chile y Perú.  Las principales economías de Latinoamérica están al servicio del imperio y con una aparente fuerza popular.

Este 28 de octubre las propuestas sociales y transformadoras de América Latina sufrieron una nueva derrota. La victoria de las ideas fascistas encarnadas en el nuevo presidente de Brasil Jair Bolsonaro son una bofetada más en los rostros pálidos de los pobres del continente, y una afrenta contra las luchas de los pueblos por retornar al humanismo, la democracia y la justicia social. La de Bolsonaro fue una campaña calcada de Donal Trump, sus asesores fueron los mismos; ganó a pesar de insultar a las mujeres y a los negros, y prometerle plomo al partido de los trabajadores.


Lo de Colombia es diferente en la forma más no en el fondo. Los que dominan este país desde hace más de 200 años han fortalecido en todo el mundo la idea de que Colombia es la democracia más antigua y sólida de América, por eso, aunque a la presidencia han llegado dictadores, bandidos, criminales y analfabetas políticos de toda clase, su estrategia sigue siendo la del engaño, la de prometer y jurar que se va a luchar contra la pobreza. El gobierno de Duque se enmarca en ese modelo: la renovación de las costumbres políticas, la lucha contra la corrupción, la generación de empleo, la guerra contra la inseguridad y el narcotráfico, y un largo etcétera acompañado de banderas conservadoras y moralistas como la cadena perpetua contra los violadores de niños, la prohibición de la dosis personal y el aborto, que son las delicias de la incauta clase popular.

Duque no necesita insultar, para eso cuenta con el apoyo de su partido, el Centro Democrático. Y sus extravagantes figuras como Macías, Cabal, Paloma, Rangel, José Obdulio, y el ministro Carrasquilla; ellos dicen lo que al jefe de Estado le está vedado. Ellos y ellas, sin asco, le informan al pueblo cómo es que lo van a joder. El de Duque es un gobierno de dos caras, una democrática que posa ante el mundo, y la otra autoritaria y hasta fascista que le habla claro a la Nación, y logra como en Brasil, Estados Unidos o Italia que la gente pobre lo ovacione.

No han pasado tres meses desde que el desconocido Iván Duque ganara en cuerpo ajeno la presidencia de la república, y ya nos enseñó de qué está hecho su gobierno. Como dice el refrán popular en el desayuno se sabe cómo va a estar la cena.

Su primera grosería contra los que creyeron en la renovación prometida se dio con los nombramientos en diferentes carteras, cargos y embajadas: Carrasquilla de Hacienda, Ordoñez a la OEA, Nancy Patricia Gutiérrez como ministra del Interior, Angelino Garzón a Costa Rica, entre otros. Luego sus magistrados de pacotilla del Consejo Nacional Electoral le negaron la personaría jurídica a la Colombia Humana, poniéndole zancadilla a las aspiraciones democráticas de la primera fuerza política del país; después vino la Consulta Anticorrupción en donde las dos caras del partido de gobierno y sus secuaces jugaron a las mil maravillas, los unos llamando a no apoyar la Consulta y el otro tibiamente impulsándola.

La cosa no terminó allí. Inesperadamente en el Congreso de la República se puso a consideración la prórroga de los períodos de mandatos de alcaldes y gobernadores, o sea el segundo golpe a las aspiraciones de la oposición de la Colombia Humana que disputó la presidencia con Duque. También, la penúltima semana de octubre el país recibió sin mayores aspavientos de los medios masivos el golpe mortal contra la aspiración de Gustavo Petro como presidente en 2022, con un fallo de la Corte Constitucional que lo deja muerto políticamente de por vida si no cancela una suma impagable, impuesta como multa por el contralor de Bogotá hoy procesado por corrupto. Esa misma Corte Constitucional, que venía fallando en favor de las consultas populares y los derechos de la naturaleza le asestó un golpe a la democracia fallando en contra de la jurisprudencia que ellos mismos, los jueces y otras instancias, venían apoyando.

En Colombia no hay una dictadura, ni un gobierno fascista; hay una democracia que odia a los pobres,  mata a sus líderes a plomo y a los niños de hambre.

No sé bien qué decirte. Apenas puedo imaginarte en un sofá de tu casa en Buenos Aires mirando por la ventana. Es otoño y la ciudad está cubierta por una luz láctea que cae sobre edificios y árboles como un manto, sé que ya no ves ni escuchas bien y que esa ventana se ha convertido en una forma de entender el mundo, de salir al mundo. Joaquín Salvador Lavado Tejón es tu nombre completo, Joaquín como tu tío, el primero que te mostró una tira cómica y quien te inoculó el amor por el dibujo.

Para que no te confundieran con él, tu mamá te dijo Quino cuando tenías cinco años, o sea que no tuviste la oportunidad de decir si te gustaba o no. Sin embargo, tu nombre se convirtió en una marca, una insignia en algunas de las tiras más famosas de América Latina. Pero eso ya lo sabés, Quino. Sabés de tu paso por el mundo, de tus huellas en la cultura popular. De lo que tus creaciones hicieron en millones de niñas. A pesar de eso no sabés lo que me pasó a mí.

Cuando estaba niña le preguntaba todo a mi mamá: las palabras desconocidas, los países y sus capitales, el nombre de las canciones, el color de las estrellas cuando amanece. Todo. Pensaba —pienso— que ella tenía el poder para resolverme cualquier duda. Un día, cuando tenía quince años y estaba leyendo una tira de Mafalda, le pregunté cuándo iríamos a Buenos Aires a conocerla. A Mafalda, a Susanita, en San Telmo. Mi mamá, sabiendo que ya era grande para entenderlo, pero sin querer herirme, me dijo: “Hazte la promesa. Uno se debe prometer cosas que luego las use como metas. Cuando cumples una promesa a ti mismo, significa que te estás queriendo. Promételo, prométete que irás tú sola a conocer a Mafalda y sus amigos".

Yo me quedé callada, no me gustó la respuesta de mi mamá porque en el fondo sentía que lo que decía era un artilugio para ocultar nuestra falta de dinero. Sin embargo, sabía que tenía que hacerlo: tarde o temprano conocería la cuadra en la que Quino puso a un grupo de niños a dialogar con la imaginación y pensar que ese mundo creado a partir de sus sueños o frustraciones no está tan alejado del mundo real.

Pasaron todavía muchos años hasta que pude conocer el sitio.

Cuando llegué, caía una lluvia helada. Tenía el abrigo, la bufanda y el gorro tan fríos que parecían tener alfileres clavándose en cada centímetro de mi piel. Las calles estaban desiertas, los árboles esqueléticos y el cielo ácido. Me quedé de frente a un edificio de San Telmo. El edificio de la Calle Chile 371. La casa de Raquel, “un rubio gordito” y Mafalda. Giré y en la banca, mirando hacia la placa, estaban Susanita, Manolito y ella, la chica que me mantuvo de pie cuando en el colegio me gritaban insultos por no ser igual a las otras niñas. El primer libro que me dio mi mamá. Mi marca personal de heroína. El corazón se me subió a la garganta.

El llanto fue inevitable. La calle estaba desierta y solo atiné a sentarme en la banca y decirle, como si estuviera viva, como si sirviera de algo, “gracias, niña”. Querido Quino, estas palabras que no llegarás a leer, las escribo igual porque es justo que sepas cómo le cambiaste la vida a una mujer que apenas estaba creando su identidad en un pueblo de Antioquia, Colombia.

Supongo que, en algún momento, tendremos que dejar de venderle a cada niña del mundo la idea de que lo único que tiene que hacer para conseguir algo es ser bella y delgada, fina y amorosa. Y cuando leí a Mafalda entendí un poco de eso, la voz de ella, a pesar, es la voz tuya, Quino, la de un hombre. Y sin embargo.

Lograste meterte en la psiquis de una mujer feminista, de una que disfruta de su sexualidad y su pensamiento, de su sentir y su dolor. Nunca has reconocido que Mafalda sea feminista, pero yo quiero creerlo así. Entiendo por qué las mujeres reniegan y se distancian del feminismo. Lo sé porque yo también me alejé de él. Nunca serví para los colectivos, no fui niña scout ni participé en obras de teatro. Yo también renegaba, porque cuando me llamaban feminista la etiqueta me sonaba a insulto. De hecho, generalmente esa era la intención subyacente.

No hace muchos años que me resistía al feminismo porque me preocupaba que no me permitiera ser el desastre de mujer que sabía que era. Pero creo que eso ya no me preocupa. Y cuando lo descubrí me encontré a Mafalda entre mis primeras heroínas. Aprendí a separar el feminismo de los feminismos, de las feministas, de la idea del feminismo. Supongo que por eso todavía no dices que Mafalda es feminista.
Espero que algún día vivamos en una cultura en la que no tengamos por qué distanciarnos de la etiqueta feminista, en la que la etiqueta no nos haga tener miedo de quedarnos solas, de ser demasiado diferentes o de querer demasiado. Vos entendés.

Quino, ¿qué estás viendo a través de la ventana?

El 19 de julio de este año, en medio de las movilizaciones en Argentina por la legalización del aborto, publicaste: “Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”.

¿Las viste marchar? ¿Las escuchaste gritar? Espero que así sea.

Gracias por dejarme claro lo poco que sé de mí: que solo soy una mujer que trata de darle sentido a este mundo en el que vivimos. Que alzo mi voz para mostrar todas las formas con las que podemos querer más y hacerlo mejor. Y que no me gusta la sopa.

*Algunos apartados de este artículo fueron publicados por la autora en El Espectador

Imaginémonos que la educación pública es un reloj, un gran reloj de cuerda, de esos que parecen escaparates y están llenos de polvo en la casa de nuestros abuelos, o expuestos como grandes obras en los museos. Nuestro reloj es un derecho público administrado por un Gobierno que lo ha comercializado, que incluso pretende venderlo y privatizarlo. Actualmente está agrietado, corroído y a punto de paralizarse. Ha logrado sobrevivir dándose cuerda él solo, tensionando sus manijas, a punto de romperse, haciendo mil maromas para seguir funcionando. Su caja está llena de abolladuras, está rayada y resquebrajada. Además, sus tres grandes engranajes: profesores, estudiantes y rectores, debido a la falta de mantenimiento, están oxidados y rajados. Es posible que se derrumbe a pedazos antes de finalizar el año.

El maestro luchando, también está enseñando
El 23 de agosto, una fisura prendió las alarmas del inminente derrumbe. Los profesores de la Universidad de Antioquia se pronunciaron ante las consecuencias de la reforma tributaria del 2016. Al profesorado le fue vulnerada su dignidad con la derogación de la exención tributaria del 50% de su salario por gastos de representación, pasando a un aumento de sus impuestos de por lo menos el 500%.

Igualmente, denunciaron la inviabilidad de la planta docente, que cuenta con alrededor del 75% como profesores de cátedra, y el restante 15% de planta. En palabras de Carlos Duque, profesor de la Universidad de Antioquia: “No es lo mismo para un profesor de tiempo completo de una universidad pública que, independiente de si está en Asamblea Permanente o está dando clase, cada 15 días está recibiendo su salario, a un profesor de cátedra que si mañana no va a clase tiene el temor –y bien fundado– de que posiblemente cuando llegue el momento del pago no tenga sus ingresos”.

A partir de este pronunciamiento se comenzaron a develar una serie de hechos estructurales que dejaron en evidencia cómo nuestro reloj, abandonado por el Estado, sufre un atraso de 16 billones, o de 16 horas de funcionamiento.

Luego de esta señal de alarma se despertó una profunda certeza de que en la unión de diferentes sectores y estamentos está la clave de los grandes procesos de reivindicación, por esto los estudiantes comenzaron a incrementar sus mecanismos de presión y movilización. Así, dos engranajes empezaron a entrar en sincronía en favor de la lucha por la educación.

Se activa la maquinaria
Este ha sido el camino: primero en cada una de las Asambleas de las Instituciones de Educación Superior (IES) se generó un análisis y una postura ante la crisis que vive la educación y su impacto en cada institución. Después todos los estudiantes recorrieron la geografía del país hasta una misma universidad y se articularon en Encuentros de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), donde se juntaron las propuestas de cada una de las regiones. Se generó una declaración política y un pliego de exigencias general que nutrió las consignas en cada una de las movilizaciones.
Y así, a partir del ENEES 2.0 que se realizó en la Universidad de la Amazonía del 13 al 16 de septiembre, se creó la UNEES (Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior), plataforma amplia donde se recogieron los procesos asamblearios de cada una de las IES privadas y públicas del país.

La UNEES, lápiz en mano y pies en la calle, se consolidó como el espacio que alberga al movimiento estudiantil y que sueña con que el reloj siga marchando. ¿Hay un mejor escenario que las calles para mover a toda la opinión pública? Precisamente ese es el fuerte de la UNEES, la capacidad de movilizar a todo el país para exigir una educación del tamaño de sus exigencias. Por ejemplo, el 10 de octubre, en una marcha sin precedente histórico en el movimiento estudiantil, cerca de 100.000 personas en la ciudad de Medellín gritaban: “¡Ser pilo no paga si lo público se acaba!”, y en Bogotá más de 300.000 arengaban: “La educación es un derecho, para el gobierno un privilegio”.



El engranaje que ha hecho falta
Si bien la educación superior está desfinanciada, no solo el dinero resuelve el problema. El lío fundamental radica en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, los cuales congelan los recursos de las instituciones, obligándolas a autofinanciarse vendiendo servicios, limitando los servicios de bienestar estudiantil y alzando indiscriminadamente las matrículas. De esta manera, el Gobierno se deshace de la responsabilidad y le deja la problemática a cada una de las instituciones.

Por estos motivos, los rectores de todas las universidades públicas, recogidos en el Sistema Universitario Estatal (SUE), enfrentándose a la institucionalidad, acrecentaron sus denuncias en el Senado y ante el Ministerio de Educación sobre la situación de desfinanciamiento que vive la educación superior pública. Desde entonces, los tres engranajes comenzaron a virar conjuntamente; con sus dinámicas particulares se articularon en un frente amplio por la educación y persiguen el mismo objetivo: construir una Ley Nacional de Educación Superior que trascienda a los gobiernos de turno.

Así como los estudiantes han velado por un mejor futuro para el país en diferentes momentos, como cuando se movilizaron en contra de la dictadura de Rojas Pinilla, frente a la creación del SENA, ante la posibilidad de las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional, hacia la reestructuración de los Consejos Superiores Universitarios, en pro de la séptima papeleta, en la oposición a la reforma de la Ley 30, en el apoyo a los Paros Nacionales Agrarios y tantos otros hitos históricos nacionales e internacionales, esta vez buscan darle el impulso necesario que creará un futuro al tamaño de sus sueños.

Este reloj que tanto defendemos por todo lo que nos aporta, nos abrió los ojos, la mente, nos permitió convivir y amar a la diversidad, nos dio el privilegio de ver todas las caras de Colombia. Por él luchamos y lucharemos, buscando su reivindicación por lo que es y deberá ser: un derecho fundamental para todos los colombianos.

A Hermes José Burgos le arrebataron la libertad por algo que no hizo. El domingo 30 de septiembre, a eso de las 2:30 de la tarde, lo capturaron en el municipio de Arauquita porque la Fiscalía General de la Nación lo acusa de concierto para delinquir y rebelión.

Hermes hace parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca). Lideró proyectos productivos, organizativos y políticos en el departamento de Arauca y en el Centro Oriente de Colombia. Y defendió los intereses del campesinado en las mesas de interlocución con el Gobierno nacional.  Esos son, para el Estado, sus verdaderos delitos.


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No hay cifra exacta de cuántos líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido capturados por delitos que nunca cometieron. En los primeros meses del año fueron judicializados 12 integrantes de asociaciones campesinas, mineras y pesqueras del Sur de Bolívar. En el Suroccidente, región que comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, llegaron a registrarse 20 líderes judicializados, entre los que se encontraban alcaldes, concejales y personeros. De zonas como la Costa Caribe o los santanderes no hay registro, pero existe la certeza de que hay casos de montajes judiciales.

Defensores de derechos humanos plantean que el sistema culpa a las personas y desconoce la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la fuerza pública, instituciones encargadas de investigar mas no de condenar, hacen un juzgamiento a priori. La persecución judicial en el Centro Oriente y en Colombia es una estrategia tan vieja como la democracia. Liderazgos como los de Hermes Burgos son una piedra en el zapato para el Estado y las empresas que negocian los territorios como si fueran una mercancía.

En Casanare, Meta y Arauca, zona de trabajo de Hermes, la ley Zidres perpetúa el histórico problema de concentración de la tierra en estos departamentos. El Estado, legalizando lo ilegal, permite que conglomerados económicos se apropien de vastas extensiones de tierra que le pertenecen a medianos y pequeños productores, y además les entrega terrenos baldíos para la producción agroindustrial de celulosa, etanol, o para la producción de cárnicos como es el caso de Fazenda.
 
Las comunidades en sus diferentes formas organizativas le han hecho resistencia a este modelo de país, y han construido un plan de vida propio que privilegia la dignidad, la solidaridad, la equidad y el buen vivir. Intereses que van en contravía de la concentración de la riqueza y de la explotación de los recursos naturales por parte de la industria petrolera. Son dos interpretaciones del mismo territorio que se oponen. Mientras Hermes intentaba imponer la suya a través del trabajo comunitario, el Estado y el sector privado trata de salvaguardar la suya rompiendo el tejido social con los falsos positivos judiciales.

“El blanco objetivo ya no son las FARC. Entonces [el Estado] tiene que cambiar de enemigo, y ha identificado al movimiento social como su enemigo interno (…) [Hermes] está siendo señalado de pertenecer a las guerrillas. Ese es un discurso viejo que siempre han utilizado para encartar cualquier persona, sobre todo a los líderes sociales”, aseguró uno de los defensores entrevistados para este artículo.



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Arauquita, finales de los 90.
Hermes José Burgos termina sus estudios secundarios en el bachillerato agrario de Arauca. Estudia, trabaja su finca, y al mismo tiempo lidera los comités de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en las veredas Las Gaviotas y San Isidro. Ese liderazgo lo catapulta a la Inspección de Panamá de Arauca que tiene a su cargo 24 veredas. En el 2000, estalla un carrobomba puesto por las FARC en la ye de Pueblo Nuevo, jurisdicción de Arauquita. Diez soldados muertos, varios civiles heridos, entre ellos Hermes, es el saldo que deja la explosión.

El ecosistema hostil no logra amedrentarlo. Años después, Hermes abandona la ANUC y se integra a Asonalca. Vende su finca en Arauquita, y se asienta en Fortul. Participa activamente en el trabajo comunitario y en las asambleas de Asonalca. Poco a poco la suya comienza a ser una voz relevante en la región. Por ello, más tarde, le encargan responsabilidades en la conducción regional y departamental de la asociación campesina.

2007. Año bisagra para Arauca.
Los campesinos deciden erradicar voluntariamente las 2.116 hectáreas de coca que hay en el departamento. Tanto la coca como la marihuana, explican quienes están a la cabeza de la iniciativa, son una amenaza para la vocación agrícola de la zona. Si bien resulta más fácil producir coca, porque para cultivar plátano o yuca es necesario ciencia, tecnología e infraestructura, los campesinos son los que menos se benefician de la cadena productiva del narcotráfico.

(“Nosotros teníamos un plan de vida, y decíamos que la coca no era posible; porque la coca era utilizada como un sofisma del Estado para perseguirnos, para estigmatizarnos, entonces el campesino sufría mucho”, recuerda Carlos Núñez, compañero de Hermes en el bachillerato agrario y en los diferentes procesos organizativos; testigo del exitoso proceso de erradicación gracias al cual Arauca pasó de tener 2.116 hectáreas de coca en el 2007, a tener nueve en el año 2016).

Los gremios productivos, las cooperativas agrícolas y, sobre todo, la pedagogía política, logran que la coca pase de ser una rentable e ilegal opción de vida a ser una amenaza para la tranquilidad de las comunidades. Y, por supuesto, la contribución de Hermes es fundamental en ese cambio de paradigma.

No contento con esto, años más tarde, se empeña en dinamizar la actividad comunitaria y política de Asonalca en el Casanare. Allí encuentra un departamento dependiente de la economía petrolera con graves problemas de vivienda, salud, educación e infraestructura.

Junto a Miriam Aguilar –que también fue su compañera en el bachillerato agrario y también fue capturada en Yopal el mismo día que capturaron a Hermes– entablan relación con las lideresas de los asentamientos urbanos La Bendición y Mi Nueva Esperanza de Yopal. El 19 de febrero de 2015, representantes de Asonalca, líderes y lideresas de diferentes barrios construyen un pliego compuesto por cuatro puntos: el rechazo a los intentos de desalojo efectuados por la fuerza pública, la exigencia de proyectos de reubicación, el seguimiento de las violaciones a los derechos humanos, y el aumento de la cobertura y calidad de los servicios públicos.

A eso: a exigir condiciones de vida digna para los campesinos de Arauca y los habitantes de Yopal se dedicaron Hermes y Miriam hasta el día que los capturaron.

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En la mitología griega Hermes es el dios de los viajeros, del ingenio, de la astucia, de la prudencia, era el único dios que tenía permitido entrar al inframundo porque les ayudaba a los difuntos a encontrar su camino al más allá. Por su elocuencia, se le atribuía una habilidad especial para hacer uso de la palabra, por ello hacía las veces de mensajero de los demás dioses.

En el Centro Oriente colombiano, Hermes también era la voz de muchas voces. Fue formador de formadores. La palabra fue la única arma que utilizó en su lucha: “Siempre trabajaba al lado de la olla. En las mingas y movilizaciones nos contaba las luchas que había dado. Él cuenta con orgullo cómo en ese momento [año 2003] lograron que la cartera de educación nacional fuera al departamento y reconociera la deuda que tenían con el Arauca. En ese momento se sentía en las veredas la crisis de la canasta educativa (…) Don Hermes era una persona que enseñaba con el ejemplo. No era de tanta carreta. Era más de cumplir los acuerdos. De ser muy cumplido con su palabra”, dice Carlos Roa, joven integrante de Asonalca que conoció a Hermes Burgos mientras trabajaba con las comunidades de Yopal.

Hermes, el griego, era el dios de las ganancias y las riquezas. Era el responsable de fertilizar la tierra. Personificaba el intercambio: de bienes, de información, de palabras. Por su pericia para el canje también se le conoce como el dios del comercio. Hermes, el araucano integrante de la Federación de Cacaoteros, demostró que si a lo político se le agregan practicas productivas, puede germinar algo rentable que dignifique la vida campesina: “Hermes es un líder campesino integral. Porque una cosa es ser líder, y otra cosa es ser líder y tener finca. Él tiene finca y tiene la experiencia de los aciertos y los desaciertos en la producción. Una cosa es la teoría y otra la práctica –dice Carlos Núñez–.  Eso ha sido Hermes, un campesino con tesón, muy aferrado al trabajo campesino, y con mucha experiencia en el tema agrario”.

Hay hombres que se convierten en dioses. Y hay dictaduras disfrazadas de democracias.

Por Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia - Redher

Este fue el grito de protesta que resonó en el auditorio de Pelaya - Cesar, cuando se instaló el Segundo Encuentro-Movilización contra la criminalización de la pobreza, el movimiento social y la situación carcelaria, realizado el 19 y 20 de octubre de 2018. Al evento se convocó a personas de base que cotidianamente enfrentan las agresiones de la fuerza pública y la militarización de sus territorios. Muchos de ellos han vivido la judicialización arbitraria de la Fiscalía y la imposición de medidas intramurales. En un instante, espontáneo, pudimos dimensionar el impacto de dicha judicialización. La mitad de los asistentes levantó la mano cuando se preguntó por quiénes han estado en una cárcel, ya sea como preso o visitante. Y muchas más alzaron la mano cuando se preguntó quién había sido víctima de despojo en su territorio.

Los asistentes provenían del campo de Colombia, territorio asediado por los grupos armados que no solo intimidan a las comunidades, sino que además limitan y persiguen la movilización social. Precisamente por esta razón las organizaciones convocantes se le midieron al reto de realizar el evento en este territorio. “Es uno de los municipios más golpeados por el paramilitarismo y por las estrategias más brutales del Estado para reprimir y destruir el movimiento popular”, explicó Gloria Silva, una de las organizadoras del encuentro, perteneciente al Equipo Jurídico Pueblos (EJP).

Por ello, aparte de compartir experiencias de defensa de los derechos de los pueblos y construir recomendaciones para hacer frente a la criminalización del movimiento social, uno de los objetivos fue mantener viva la memoria de las masacres paramilitares que tuvieron lugar en pueblos cercanos. Los dirigentes sociales de la zona, presentes en el encuentro, son sobrevivientes de una matanza sistemática. De hecho, aún hay paramilitares en los alrededores de Pelaya y la Serranía de Perijá. Luego del evento supimos que por amenazas algunas comunidades de la parte alta de las montañas no pudieron participar en el Encuentro.

A esto se suma la represión del Estado contra el movimiento popular, que busca desarticular y destruir la identidad del pueblo en resistencia. “En los últimos cuatro años hemos encontrado que más de 40 personas han sido detenidas en esta región. Decidimos hacer el evento este año en Pelaya, porque es un territorio donde se estigmatiza, persigue y judicializa al movimiento social que está en defensa del territorio en contraparte de los intereses de terratenientes y multinacionales”, dijo Rommel Durán, integrante de EJP.

De hecho, no faltaron los ataques del Estado contra el evento. Unas semanas antes la policía presionó al dueño del auditorio para que no se hiciera el encuentro en sus instalaciones. Por ello, su realización es una demostración de que la voluntad política sí puede contrarrestar las intimidaciones de la fuerza pública.

Ahora bien, a pesar de estos retos, hemos demostrado que se puede construir poder popular a través de un intercambio de saberes. Partimos de la experiencia de algunos líderes sociales de la región que fueron judicializados y privados de la libertad, como le pasó a José Ángel Lindarte, campesino y padre de familia, de 53 años de edad, que era el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Singararé de Pelaya. A José lo capturaron el 24 de diciembre de 2016 cuando bajó desde su finca al casco urbano. Fue trasladado al Centro Penitenciario de Valledupar, uno de los peores centros de tortura del país. Su madre, de casi 80 años, sufría cada vez que lo iba a visitar.  

Sin prueba alguna, la Fiscalía le sindicó de formar parte de la guerrilla del ELN. Lo señaló de extorsionar a los ganaderos del pueblo y de suministrar comida al grupo. “Absurdo. A veces ni yo mismo tengo suficiente comida para mi familia y me toca salir de la casa con el estómago vacío”, comenta.

Después de 22 meses en el infierno de la cárcel, salió por vencimiento de términos, pero con un juicio pendiente. El caso de José Ángel es uno de tantos montajes judiciales en los que las garantías resultan vulneradas, los procedimientos son lentos, y no se respeta el principio de presunción de inocencia. Gracias al apoyo de su familia, la comunidad y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos del Cesar (MTCC), regresó fortalecido a su vereda. Ante el público del evento dejó claro su mensaje: “La captura de los líderes y las lideresas sociales no quiere condenar a la persona, sino callarnos la boca y acabar con el movimiento social.”

Las intervenciones sirvieron para pensar mecanismos para que la comunidad se defienda de las capturas y detenciones arbitrarias. Los resultados fueron presentados con pequeñas obras de teatro, una forma lúdica que facilitó la participación de cada integrante de los grupos (y un ejemplo de educación popular). Luego hubo diferentes actos culturales como parte de la resistencia y la identidad cultural del pueblo. “Que el amor, la música, el baile, el teatro, la poesía, y el circo, nos sigan brindando herramientas para resistir e incidir en todos los territorios”, comentó Mariana Galvis, de la Universidad Industrial de Santander.

Pero más allá de la prevención y reacción a las detenciones arbitrarias, los movimientos presentes se comprometieron con un plan de trabajo conjunto para seguir con la formación de derechos humanos en sus respectivas comunidades y atenuar la crítica situación humanitaria de los presos políticos, cuya voz escuchamos a través de audios en el auditorio.

Al final del encuentro Gloria Silva concluyó: “La organización y movilización de las comunidades son una alternativa que tienen los movimientos populares para revertir los efectos de la política criminal del Estado”. Una muestra de movilización se dio con el bloqueo de los participantes a la Ruta del Sol, columna vertebral del transporte entre la costa y el interior del país. Que le sigan muchas movilizaciones más para que en un futuro cercano los presos políticos estén de nuevo entre nosotros.  en los territorios”.

Al tiempo que el país se enfrenta más que nunca al drama sobre la producción de energía y extracción de recursos naturales, se moviliza en las ciudades, pueblos y veredas una masa de conciencia colectiva que hoy dice no al extractivismo salvaje ocasionado por las ansias de dinero y poder que caracterizan al sistema capitalista neoliberal, ampliamente apoyado por gobiernos y agentes internacionales.

A raíz de fenómenos como el fracking y la catástrofe de Hidroituango, la movilización se intensificó, y para responder a esta dinámica es que se celebró en Barrancabermeja, Santander, entre el 8 y el 12 de octubre, el segundo encuentro nacional del Movimiento Ríos Vivos. Fabio Muñoz, integrante del movimiento en el norte de Antioquia, habla un poco acerca de este encuentro: “El tema principal que nos trae acá tiene que ver con la transición minero-energética de nuestro país y nuestros territorios. La idea es mirar cómo le vamos a hacer para que no sigan los abusos y el saqueo de nuestras riquezas naturales”, y aclara que el primer día fue de ajustes, de acomodación logística y reafirmación de los principios del movimiento.

“Trabajamos con base en las tesis que se han creado en construcciones colectivas del movimiento. Es partir de los aportes de todas las personas y asociaciones que estamos vinculados al Movimiento Ríos Vivos”, destaca Muñoz, quien resalta además que entre las principales expectativas que se tuvieron fue la integración exitosa de regiones, de culturas, y de toda la riqueza que tiene el país. “A partir de eso, el segundo día en la noche hicimos una feria gastronómica, probamos muchas de las cosas sabrosas de nuestro país compartidas por las organizaciones, y tuvimos también el encuentro con las semillas, que es importantísimo porque muchos estamos en esa transición energética y la primera transición que tenemos que vivir es comernos nuestros propios alimentos con las semillas nativas”.


Un tejido de resistencias
El encuentro de Ríos Vivos contó con el acompañamiento de delegaciones de más de diez departamentos del país y de varios países del mundo. Cuba, Brasil, Alemania y Chile, hicieron parte de esta lista. Las situaciones particulares de las personas y organizaciones nacionales e internacionales que participaron hacen que se teja una red de resistencia que, apoyada por el arte y la simbología, va arando un nuevo rumbo para esta tierra sagrada.  

Mientras Elver Calderón escucha la poesía que una negra de Córdoba le canta a su territorio, cuenta un poco su historia. Elver es de la Asociación de afectados por la hidroeléctrica El Quimbo en Zuluaga, Huila. “Nosotros fuimos unos desplazados más de la multinacional que hizo este proyecto. Nos quitaron el trabajadero, la pesca, la minería artesanal y todos los derechos que teníamos sobre el río Magdalena. Ni siquiera podemos ir al paseo de olla porque privatizaron el río”.

Elver relata que se opusieron desde que empezaron las construcciones del megaproyecto. En el 2011 hicieron una movilización que hizo parar la construcción por cerca de 15 días y la multinacional, con ayuda del Gobierno, les echó el ESMAD. “Hubo varios heridos, entre ellos un niño de siete años que perdió un ojo”. Han hecho varias manifestaciones y tomas de tierra, reclamando lo que les pertenece.

“Reclamamos tierra para poder trabajar y nos volvieron a echar el ESMAD. En este momento hemos estado hablando con EMGESA para que vuelvan a realizar el censo de la población afectada y reconozcan sus derechos. No queremos más represas en el Huila, porque la energía no es para nosotros, la energía se la llevan para otros países. Lo nuestro vale más que una basada de petróleo o un kilovatio de energía”, atina Calderón.

Así, esta resistencia en Huila se conecta con la de La Patagonia en Chile. Pamela Díaz, cofundadora del movimiento Patagonia sin represas que lleva 12 años de lucha, relata que su trabajo consiste en impedir que los dos ríos más importantes de la región sean represados: “El Baquer y el Pascua, con tres y dos proyectos de represas respectivamente”.

“La lucha se convirtió sin querer en un hito a nivel chileno y logró frenar el que sería uno de los tendidos eléctricos más grandes del mundo. Nos empezamos a autoeducar; la campaña empezó muy incipiente, pero tomó un nivel de importancia enorme por lo que significa La Patagonia, al ser una de las reservas más grandes de agua dulce del planeta”, anota la chilena destacando que les ayudó mucho haber actuado frente a un proyecto que no se había consumado.

Por su parte, Carlos Rivera llegó desde El Salvador y es integrante del Movimiento Latinoamericano contra las Represas. Quisiera que todos los países se pudieran unir “para ser un solo frente de lucha contra las represas que tanto daño han hecho a la humanidad”. Carlos también es integrante del Frente Nacional Agrario de su país, y comenta que “hay una constante problemática con la privatización del agua que se expande por todo el mundo. Los capitalistas la ven con fines de lucro, no como bien común. A la lucha en nuestro país se han unido organizaciones como universidades y religiones, esperamos que la lucha no pare”. A Rivera le llama atención el afán de lucha alrededor de la energía en Colombia. “Acá veo que luchan mucho, se están dando pasos y se ve el avance en la defensa de la vida”, concluye.

Repensar el modelo energético
Álvaro Restrepo Gaviria, integrante de la Red de Acción Frente al Extractivismo (RAFE), presente en Medellín, cuenta a modo de reflexión que los seres humanos somos energía y necesitamos de ella, pero la forma en la que se genera y se distribuye es inequitativa, injusta y violenta. “Alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo han sido desplazadas por proyectos de generación de energía hidroeléctrica, nuestro caso más reciente es el de Hidroituango. En Colombia tenemos un potencial importante en la generación de energía solar, esos son caminos que debemos empezar a explorar más”.

Varios paneles y conversatorios con expertos y con comunidades, una audiencia pública a la que asistieron varios congresistas de la oposición y una movilización por las calles de Barrancabermeja, fueron otras de las acciones realizadas en el encuentro. “De aquí salimos con unas bases y unos planes para cada una de las organizaciones”, afirma Fabio Muñoz de Ríos Vivos y añade que “como movimiento es placentero saber que recibimos varias delegaciones del país interesadas en conocer sobre el tema y aquí también están como veedores y acompañantes de este proceso que es importantísimo, porque no es hacer solos sino articulados”.

Álvaro, de la RAFE, concluye que “esencialmente la vida y la energía son una, todos somos parte de ese tejido, entonces cuando se rompe un nudo, todo se desarticula. Grandes ecosistemas se ven afectados por ese modelo capitalista. La idea no es chocar y crear más caos, sino fluir por otros rumbos y buscar mejores alternativas.”

Desde el municipio de San Lorenzo, Nariño, llegaron delegados y delegadas a la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos para poner un granito de arena junto al resto de pueblo que también participó. En un ratico del evento conversé con uno de los delegados de ese municipio, Antonio Alvarado, quien pertenece al Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA–. Lo cogí en turno de guardia, en uno de los bloques de salones del colegio donde sesionaba la Asamblea.

Lo abordé para que me hablara de la Consulta Popular Legítima programada para el 25 de noviembre, una iniciativa impulsada por las comunidades de San Lorenzo a punta de autogestión y convicción de defender el territorio. La iniciativa hace parte de la construcción del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ya que en esa lucha se identifica una debilidad: la desarticulación territorial entre los municipios, que se da mientras los problemas estructurales del país continúan. Bajo este análisis, llegaron a la conclusión de que el territorio es el techo que garantiza la protección de la vida, y que también impulsa la conquista de los derechos.  

Para Antonio, un tema de articulación en el norte de Nariño y el sur del Cauca es el problema minero-energético y del agua, por lo que surgió la necesidad de formar un lenguaje común e integrador. Y para materializar ese lenguaje, decidieron acudir a una herramienta constitucional: la consulta popular. Parten del aprendizaje que dejó la consulta contra el Tratado de Libre Comercio, hecha en los municipios de Toribío, Jambaló, Caldono, Silvia, Inzá y Belalcázar, ubicados al norte y oriente caucano. Esta fue realizada en el 2005, y arrojó un resultado de 3000 votos, lo que evidencia la fuerza que tiene la gente para votar en contra de las políticas que los afectan. “No nos consultaron para hacer las leyes, vamos a desobedecerlas democráticamente acudiendo al constituyente primario”, expresa Antonio.    

Cuenta, además, que el Ministerio de Hacienda dijo que no hay plata para la consulta, y que en la Alcaldía tampoco. “La haremos nosotros mismos. Estamos en minga consiguiendo los recursos, para ir construyendo elementos que creen poder en la gente. Y esta pregunta me puso a pensar… si Hacienda dice sí, la hacemos. ¿Y si dice no? ¿No la hacemos? ¿Dónde está la autoridad?”.

El tema de los recursos está siendo solucionado, como lo dijo Antonio, a través de la minga. ¿Pero de cara al Estado, cómo se posicionarán los resultados de la consulta? Al respecto, nuestro amigo de Nariño hizo énfasis en que la consulta popular legítima potencia la articulación de la comunidad, e incide políticamente entre las personas bajo el tema del agua por ser un bien común que no distingue colores políticos. Todos necesitamos del agua, sea cual sea su forma de ver el mundo. Además, la voluntad de los votantes en la consulta se traducirá en propuestas políticas para la Alcaldía y el Consejo municipal el próximo año.

Con respecto al reconocimiento gubernamental de este proceso, los habitantes de San Lorenzo argumentan que son los constituyentes primarios y ese carácter está por encima de la posición de un ingeniero, doctor, ministro, o la Corte Constitucional. Dicen que no dependen de lo que ellos digan. La idea es ir de una manera legítima y enseñarle al departamento de Nariño, al sur-occidente y al mundo con este tipo de mecanismos populares.   

Hay que recordar que la Ley de Presupuesto General de la Nación, propuesta en octubre, contempla que las administraciones locales, como alcaldías, departamentos, o distritos, deben contar con los recursos para realizar las consultas populares, lo cual tiene una clara intención de asfixiar por el lado económico este mecanismo de participación ciudadana. Por eso la consulta popular legítima también será una acción de protesta contra el gobierno de Duque. Sin embargo, explica Antonio, si el presidente hubiera sido Petro la consulta legítima se haría. Dice que un presidente necesita de la acción de las comunidades para legitimarse: “Hay que hacer las cosas así haya un alcalde o presidente amigo, para que afine. Ese individuo no podrá cambiar el sistema, solo las comunidades podrán hacerlo”.

En este proceso han surgido cuestionamientos de parte de otros actores sociales por el hecho de que esta consulta popular legítima no está “dentro de la Constitución”, a lo que Antonio responde que “la Constitución hace parte de un sistema y si nosotros no paramos el sistema, el sistema sigue siendo el mismo. Los que tenemos que transformar el sistema somos nosotros. Si no, ellos van a seguir haciendo leyes y nosotros calladitos. Hay que enseñarles así; hacen una ley, tenga papá, nosotros no la aceptamos. Hacia allá queremos avanzar”.

Cuenta Antonio que hay gente al interior del movimiento nacional ambiental que está de acuerdo con la parte legal-constitucionalista, y que no acepta el carácter legítimo de la consulta en San Lorenzo. Sin embargo, la postura de sus impulsores es que el amarrar estas acciones comunitarias con la Constitución limita la construcción del verdadero poder local legítimo. Las consultas legítimas empoderan más los procesos.

El otro trabajo que adelantan las comunidades de San Lorenzo es tener el acompañamiento internacional, incluyendo a medios de comunicación alternativos y no alternativos que acompañen el proceso, con el ánimo de blindarlo, y de difundir esta experiencia en otras partes. Mientras se va logrando este acompañamiento, Antonio Alvarado nos invita a participar este 25 de noviembre en la Consulta Popular Legítima de San Lorenzo, Nariño, y a votar “NO” contra la mega-minería.

*Secretaría de Formación y Comunicación. Coordinador Nacional Agrario.

Han pasado ya más de dos años desde la puesta en marcha del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. Si bien es cierto que se evidencian algunos avances y que la construcción de la paz es un reto proyectado a 15 años, el cumplimiento de los aspectos más importantes contenidos en dicho acuerdo ha sido lento y genera muchas dudas frente a la necesidad de concretar el ideal de paz estable y duradera.

Por eso, es necesario que el Gobierno fortalezca sus acciones para avanzar en la efectiva aplicación de los acuerdos en el territorio. Esta es la conclusión a la que llegan diferentes organizaciones, universidades y entes garantes en sus informes de seguimiento de la implementación, entre estos, el más reciente entregado para la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final por el Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP– y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –CERAC–, en el que se llama la atención sobre los retrasos que tiene su cumplimiento, particularmente, en el desarrollo territorial y tierras, proyectos colectivos y protección a líderes sociales.

Así va la implementación
Punto 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)
Para garantizar la implementación de la reforma, se proyectó un conjunto de medidas que reflejen las apuestas de transformación del campo y permitan mejorar el acceso y el uso de la tierra. Sin embargo, el período legislativo anterior concluyó sin que se aprobaran leyes importantes para la creación del Sistema de Catastro Multipropósito, de Adecuación de Tierras, de reforma a la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo y de creación de la Jurisdicción Agraria. De acuerdo con el informe “La falta de aprobación de estas leyes ha retrasado el avance de la Reforma Rural Integral, comprometiendo su integralidad y generando incertidumbre sobre su desarrollo”.


En cuanto a la implementación de las políticas, se logró la conformación del Fondo de Tierras, pero no se reportan acciones específicas de asignación de predios, ni de formalización. Al respecto, la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional hizo un llamado al nuevo gobierno “para que aborden sin dilación los aspectos normativos faltantes de la RRI, en especial en lo relacionado con la creación del Sistema de Catastro Multipropósito y la Jurisdicción Agraria, como mecanismos de protección de los derechos de propiedad, de planificación del territorio y de resolución de conflictos en las zonas rurales del país”.

Finalmente, el informe señala que el tema más atrasado en este punto es el diseño e implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, que son la apuesta por el cierre de brechas entre territorios rurales y urbanos y por el desarrollo de infraestructura económica y social de los territorios. Esta lentitud implica un retraso en la implementación de la reforma del campo, ya que al no iniciar la planeación de la forma en que se hará la dotación de bienes públicos y el acceso a los derechos sociales, se corre el riesgo de continuar ahondando la desigualdad, la vulnerabilidad y la brecha social existente.

Punto 2. Participación política: apertura democrática para construir la paz
A pesar del desarrollo de algunas acciones orientadas hacia la activación del Estatuto de la Oposición, programas encaminados a brindar mayores garantías de seguridad y la expedición de un protocolo para la atención de la protesta pacífica, persiste la problemática de la violencia en contra de líderes sociales y excombatientes, lo cual muestra que los avances en esta materia son insuficientes y siguen pendientes de cumplimiento. En este sentido, se le pide al Gobierno fortalecer las capacidades institucionales de las entidades territoriales para que puedan responder a las exigencias de seguridad y protección que se les demanda.   

En temas de participación, es destacado el rol desempeñado por las organizaciones de mujeres y de los pueblos étnicos en el desarrollo de los Consejos Territoriales de Paz y en las jornadas de construcción de los primeros lineamientos de política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización. Pero la escasa implementación de estos enfoques en la participación e inclusión de estos actores en la política electoral, hace que los anteriores esfuerzos continúen siendo insuficientes.

Punto 3. Fin del conflicto
Para este punto se tienen en cuenta un conjunto de medidas adoptadas por las partes negociadoras, para el cese al fuego definitivo y bilateral, la dejación de armas, la reincorporación socioeconómica y política de los exintegrantes de las FARC y las medidas necesarias para crear las garantías de seguridad que se requieren para la construcción de una paz estable y duradera. Al respecto, el informe muestra que, si bien se ha cumplido en aspectos como dejación de armas y protocolos para la reinserción, las acciones puntuales para la reincorporación se han quedado cortas en garantizar la seguridad y los programas de desarrollo económico.

Ante esto, el partido Farc ha denunciado fallas en esquemas de seguridad, desatención estatal a la situación del asesinato de desmovilizados y una desconfianza que ha causado disidencias al proceso. Por lo tanto, el informe pide definir procedimientos operativos de la ruta de reincorporación y mecanismos jurídicos que garanticen los derechos de las víctimas y los derechos a los excombatientes asociados a la reincorporación.

Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas
Los principales avances se dan en relación con los programas de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito, mientras que la gran mayoría de compromisos en materia de consumo y lucha contra el narcotráfico aún no presentan avances. Además, la reactivación de la fumigación con glifosato para la erradicación es una grave afrenta a lo acordado y afecta la confianza y credibilidad de las partes.

Punto 5 - Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición
Aún persisten grandes dificultades para su pleno desarrollo, no solo políticas sino institucionales y presupuestales influenciadas por un contexto de cambio de gobierno y alta polarización política, que aumentan la incertidumbre en algunos temas. Las constantes trabas puestas a la JEP y las disputas con la Fiscalía han generado retrasos en el cumplimiento de lo acordado para este punto y desencadenado serias dudas frente al proceso tanto de los actores, como de la opinión pública.

Según el informe, no se ha hecho realidad el compromiso de adecuación y modificación de la política de asistencia y reparación integral a víctimas. Ya que es un tema de gran importancia para las víctimas, la misión internacional pide al Gobierno avanzar en el fortalecimiento de esta Política Pública, haciendo los ajustes requeridos para ampliar su impacto reparador.

Punto 6. Implementación, verificación y refrendación
El informe muestra una desaceleración e incluso etapas frenadas en la implementación, lo que impacta negativamente la calidad del proceso. Por ejemplo, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación atraviesa un momento de incertidumbre en relación a su continuidad, pues el Gobierno del presidente Iván Duque no se ha pronunciado al respecto ni ha establecido públicamente un canal de comunicación con representantes del partido Farc. También se han registrado dificultades en la coordinación y debilidad institucional en el proceso de implementación debido a la inexistencia de una entidad de Gobierno responsable y que considere estrategias pedagógicas y comunicativas para los acuerdos.

Los acuerdos en peligro
En términos generales, las controversias de opinión generadas por la transición de gobierno, las promesas de campaña enfocadas en la modificación del acuerdo (desconociendo lo acordado), las trabas en el Senado para la JEP, las disputas de poder con la Fiscalía, la polarización alrededor de los beneficios políticos para el partido Farc, las denuncias de malversación de los recursos destinados para el posconflicto, el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la inseguridad jurídica, así como la incapacidad del Estado para llevar la institucionalidad a las zonas más afectadas por el conflicto de forma real y honesta, con programas que tengan en cuenta las necesidades y propuestas de las comunidades, entre otros factores, ponen en riesgo la implementación y el desarrollo adecuado de los acuerdos.

Siendo este el panorama, es indiscutible el peligro en el que se encuentra el acuerdo y la fragilidad que puede hacer que se vaya agrietando hasta que logre romperse. Por lo tanto, es importante rodear el acuerdo y exigir de las partes la voluntad política necesaria para sacar adelante el trabajo realizado por tanto tiempo para la consecución de la paz.

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