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Frente al incremento y abuso de la criminalización y judicialización de líderes y lideresas sociales en todo el país, coinciden las organizaciones de abogados como el Equipo Jurídico Pueblos, la Fundación para la promoción de la justicia Javier Alberto Barriga, y los asesores jurídicos de la Corporación Sembrar y del Movimiento de Masas del Centro Oriente colombiano, entre otros, que los organismos de inteligencia como la Dijin, la Sijín, el Ejército y la Fiscalía se encargan de vigilar, interceptar, hostigar, amenazar y finalmente encuadrar en tipos penales y capturar a los líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios, los derechos humanos, y organizan a los trabajadores y a las comunidades, para sacarlos del medio y así debilitar y exterminar los procesos sociales y populares. En casi todos los casos utilizan a los desmovilizados y falsos testigos para incriminarlos y ganar beneficios legales.

Son muchas las organizaciones y procesos sociales víctimas de esta modalidad, por lo que amerita indagar e investigar a fondo la magnitud de la situación que sufren muchos líderes y lideresas en todo el territorio nacional. Por ahora trabajaremos sobre los casos, datos y fuentes que pudimos recoger.

Sur de Bolívar
En marzo 22 de 2017 fueron capturadas Nubia Gómez Jaimes, Milena Quiroz, José Lemus Jaimes, Isidro Alarcón, Manuel Sabaleta, Félix Muñoz, Joaquín Gómez Quiñones y Santos González Pimienta en el Sur de Bolívar.

Jorge Reales, quien se desempeña como abogado de la Corporación Sembrar y tiene a su cargo la defensa de la mayoría de procesos en contra de estos líderes sociales comenta que “el proceso de los ocho primeros casos es de conocimiento del Juzgado Primero Penal especializado de Cartagena… Las personas fueron capturadas y judicializadas con base en informaciones de personas desmovilizadas del ELN. Es decir, repitiendo el patrón de casos anteriores de detenciones masivas”. La precariedad de las pruebas y las irregularidades legales de las capturas obligó a los jueces a dejar libres, meses después, a los capturados, aunque siguen procesados.

En el Sur de Bolívar ya se habían presentado falsos positivos judiciales en el año 2007 y 2008. Con montajes y falsos testigos las autoridades incriminaron a Teófilo Acuña y Alirio Salgado, lo cual fue demostrado en medio de sus procesos. La estigmatización y la presión de las Fuerzas Militares y la Fiscalía sobre los líderes de la región no cesó, en 2018 cinco de los principales líderes del corregimiento de Micoahumado se vieron obligados a presentarse ante el ente investigador en la ciudad de Bogotá para exigir que se les presentaran los cargos y si era del caso fueran capturados o se les dejara en paz de una vez por todas, la Fiscalía General de la Nación certificó que no tenían orden de captura.

Suroccidente, Nariño y Valle
El 21 de abril de 2018, fueron capturados 33 líderes del Suroccidente colombiano, en especial del departamento de Nariño, la mayoría ex servidores públicos de reconocida trayectoria social entre las comunidades, lideresas indígenas y afrodescendientes. En este caso 27 de ellos tuvieron que ser dejados en libertad por la misma razón: precariedad en las pruebas e irregularidad en las capturas. Los cargos en este caso eran concierto para delinquir, narcotráfico, porte de armas, rebelión, entre otros que vinculaban a los y las lideresas con el ELN. Sin confirmar está la versión de que esas capturas estuvieron coordinadas y presionadas por la DEA.

Hoy se encuentran privadas de la libertad Sara Quiñones y Tulia Marys Valencia Quiñones, madre de Sara, las dos lideresas reconocidas del Proceso de Comunidades Negras, PCN, de la junta de gobierno del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, y defensoras de derechos humanos, quienes, según el PCN, llevan más de 257 días injustamente privadas de la libertad por vencimiento de términos, y en total cumplen más de un año en una cárcel de Cali. La lideresa Alejandra Dizú también está privada de la libertad en un centro de armonización por la jurisdicción indígena.

Nororiente de Colombia
Las conclusiones de un informe sobre judicialización del Equipo Jurídico Pueblos, con sede en Bucaramanga, pero que atiende profesionalmente toda la región norte y sur de Santander y parte del Cesar, es contundente: “una vez revisadas las zonas más afectadas con las detenciones masivas, todas ellas son regiones donde concurren intereses económicos y/o político-militares claros, que requieren ser “pacificadas” o “estabilizadas”. Tal es el caso de los pozos petroleros alrededor de Caño Limón, explotados por las empresas petroleras Oxy, Repsol-YPF y la British Petroleum (BP); o el Sur de Bolívar donde la Anglogold Ashanti está explorando minas de oro; Sabana de Torres, que hace parte del enclave petrolero, donde además existen grandes sembrados de palma y hoy en día la famosa “RUTA DEL SOL” con el proyecto “DIAMANTE CARIBE SANTANDERES”, el cual ha generado varias capturas de campesinos que reclaman derechos al Estado colombiano y Multinacionales que desarrollan estos proyectos”.

En este marco, en enero y febrero de 2014 fueron capturados tras los testimonios de desmovilizados que obtuvieron beneficios judiciales por su colaboración con la justicia, los campesinos Wilson Becerra Becerra, Alonso Serrano Arias y Jairo Ramírez, del municipio de La Gloria, Cesar. La Fiscalía renunció a las declaraciones de los desmovilizados, quienes no pudieron ser contrainterrogados por la defensa; dos y cuatro años más tarde Wilson y Jairo recuperaron su libertad, pero continúan vinculados al proceso judicial, mientras que Alonso continúa detenido. También, bajo declaraciones de desmovilizados corrieron igual suerte en agosto de 2015 el campesino Manuel Antonio Cardozo de Curumaní, Cesar, y en diciembre del mismo año los campesinos Matilde Ureña y Otoniel Caballero de El Carmen, Norte de Santander.

En junio de 2016, en Becerril, Cesar, la Sijín y el Ejército nacional (Batallón Energético y Vial, en adelante BAEV2), acompañados de cuatro personas que cubrían sus rostros y portaban armas, capturaron a los campesinos Luis Oscar Galvis Sánchez, Erasmo Galvis Sánchez, Wilson Paredes, Cristo Humberto Calderón Rozo, Cristo Pineda Castillo, Ubernel Duran Riogó, Jorge Enrique Mieles y William Paredes Aguilar. El desmovilizado que declaró contra ellos fue asesinado posteriormente por miembros del BAEV2 del Ejército, sección de inteligencia. Hoy todos los campesinos están libres, pero con un proceso abierto. Otros 17 casos, la mayoría con montajes judiciales y declaraciones de desmovilizados, bajo los mismos patrones o similares condiciones, se presentaron entre el 2012 y 2018. Todos fueron atendidos por el Equipo Jurídico Pueblos, y la mayoría de imputados están hoy en libertad, pero siguen judicializados.

También el Equipo Jurídico Pueblos representó a la joven defensora de derechos humanos Natalia Trujillo Nova, en medio de su captura y la de nueve jóvenes más acusados de actos terroristas, a través de un irregular proceso de captura, conocido mediáticamente como el caso del Centro Comercial Andino.

Bogotá
Desde el año 2015 trece líderes y lideresas estudiantiles fueron judicializados y capturados en medio de un show mediático, tres de ellos por los presuntos delitos de terrorismo, rebelión y violencia contra servidor público; los diez restantes por porte ilegal de armas (papas bombas), y violencia contra servidor público; a pesar de recobrar su libertad por la debilidad probatoria, todos siguen judicializados. Situación similar sufrió el joven estudiante y líder Mateo Gutiérrez, judicializado y llevado a la cárcel en marzo de 2017 acusado de atentados con explosivos en la capital. A Mateo también querían involucrarlo en el atentado del Centro Comercial Andino, aunque fue demostrado que no participó en estos hechos pues estuvo tras las rejas 20 meses.

El seis de junio de 2018 fue capturado el secretario técnico y líder social del Congreso de los Pueblos Julián Andrés Gil Reyes. Según su proceso organizativo local Quinua y el Congreso de los Pueblos, las autoridades judiciales utilizaron como “informante” a un excompañero de Universidad, Andrés Felipe Ospina Guarín, quien con testimonios injuriosos y calumniosos, y con el fin de obtener beneficios jurídicos, involucró a Julián en acciones bélicas con explosivos y armas, en las que jamás estuvo presente. La Fiscalía pretende propinar un “falso positivo judicial” imputando delitos que son de competencia de la justicia especializada.

Arauca, Casanare y Meta
El abogado Alex Arguello del equipo especializado de derechos humanos del Centro Oriente de Colombia, recuerda que las judicializaciones no son asunto nuevo. En noviembre de 2002 bajo el gobierno de Uribe Vélez, llevaron a la cárcel a cientos de líderes en todo el país, con casos emblemáticos como el de Arauca en donde un total de 2000 personas, incluidos menores de edad y amas de casa, fueron trasladadas al coliseo Jacinto Jerez, donde fueron encerradas mientras se verificaban las ordenes y se hacían efectivas las capturas de más de 90 personas, la mayoría líderes sociales. Fue la primera captura masiva a nivel nacional, tras la expedición del Decreto 1837 del 2002, y la realizaron personal del Ejército y el Gaula de la Policía. Pretendían según ellos desmantelar las redes de apoyo a la guerrilla del ELN. Aún varios de estos procesos siguen sin resolver. Igual sucede con el caso del líder Jorge Sanabria, de la organización juvenil Anjeco de Arauca, que fue capturado desde septiembre de 2016.

Arguello también informa que el 30 de septiembre de 2018 en Casanare y Arauca fueron detenidos cinco líderes sociales del Movimiento de Masas del Centro Oriente, pertenecientes a las organizaciones Asonalca y Asmuc; y el 20 de octubre de 2018 fue capturado en Arauquita el afiliado de Asonalca, Horacio Lizarazo Bernal. El 27 de noviembre de 2018 también fueron capturados ocho líderes comunales más y en abril de 2019 a otros trece se les inició proceso penal. En la actualidad ya suman 27 los lideres judicializados en la región, la mayoría líderes y lideresas reconocidas por su lucha contra las petroleras que explotan los recursos en esas zonas del Centro Oriente.

La Estructura Especial de Apoyo, EDA, cuerpo especializado de la Fiscalía al servicio exclusivo de las empresas petroleras nacionales o extranjeras, pagado por estas, se encarga, como en otras regiones, de hacer seguimiento y perseguir a los líderes de las comunidades que adelantan acciones reivindicativas y de protesta social, exigiendo que respondan por sus obligaciones legales y económicas en los territorios donde explotan los hidrocarburos. La EDA se encarga de enmarcar las acciones legítimas de las comunidades en tipos penales, con el fin de vincularlos con estructuras del crimen organizado y llevarlos a la cárcel. Así ocurrió el 12 de septiembre de 2018 en Acacias, Meta, con siete líderes de las comunidades que exigían el cumplimiento de los acuerdos firmados con Ecopetrol. En este caso, aunque lograron su libertad, siguen procesados por varios delitos.

Antioquia
El 8 de marzo de 2019, fue capturado el concejal de San Francisco, Ancísar Morales, campesino oriundo de esa región del Oriente antioqueño y reconocido desde su adolescencia por el liderazgo social y popular con la Asociación Campesina de Antioquia y con el Congreso de los Pueblos. Su abogado Johan Giraldo, la comunidad, y hasta las autoridades locales, no salen del asombro porque conocen a Ancísar y lo respaldan, todos creen que es un montaje judicial o un grave error de la justicia. Ancísar es una persona dedicada de tiempo completo al bienestar de su comunidad, ha luchado frontalmente contra el flagelo de la drogadicción y el micro tráfico que afecta a los jóvenes de su comunidad, y un montaje judicial lo tiene hoy en la cárcel, presuntamente por estar implicado con delitos de distribución de droga y porte ilegal de armas porque en su residencia campesina tenía una escopeta.

Sin cubrir la totalidad de casos de judicialización que sufren las organizaciones sociales y populares en Colombia, estos procesos, que superan los cien casos de abuso del derecho penal, son apenas una muestra y estarían enmarcados en las prácticas genocidas del Estado colombiano que hoy lo tienen en la palestra internacional por los más de 702 casos de ejecuciones extrajudiciales contra líderes y lideresas.

David Berrío regresó con la caña en su mano y se detuvo antes del puente de más de cien metros sobre el río Samaná Norte.
-Primo –le gritaron–, ¿y los peces?
-En el río –respondió automático–.

Una mujer le contó que su esposo pescó una dorada de varias libras. Notó su pesimismo e intentó consolarlo, le dijo que esa tarde o al día siguiente tendría su desquite.

David no pareció reconfortarse con el comentario. Cruzó el puente con la caña en la mano y su cara desconsolada. La pregunta que escuchó desde las primeras casas no dejarían de repetirla hasta la puerta de la suya.
-¿Y los peces?

***


En 1880 el alemán Friedrich Von Schenck cruzó el río Samaná en un viaje que lo llevaría a Medellín. En su primer día de viajes le tocó cruzar “el torrentoso Samaná sobre caminos muy pendientes, parecidos a trochas para cabras”.

Ese camino al que se refiere el alemán, David Berrío lo llama Camino real. Lo recorrió por décadas hasta que los embalses, las carreteras de las hidroeléctricas y la guerra misma contribuyeron a su desaparición. David es hijo de los bosques de San Carlos, un pueblo a 113 kilómetros de Medellín. Su papá nació en Donmatías y su mamá en Guatapé. Y él, cerca del corregimiento El Jordán, de San Carlos.

Tiene 70 años y conoce el Samaná desde que tenía 8. Aprendió a pescar con machete porque no existía atarraya. Conoció Puerto Garza, el corregimiento en el que vive, cuando no era pueblo, cuando solo era monte y selva, cuando no había carretera, cuando solo había una que otra casa regada en medio de la nada. David recuerda los años en los que construyeron Jaguas, Playas y San Carlos, recuerda la carretera que abrieron para conectar con Puerto Nare y así construir más pronto la central San Carlos. Y con esa carretera y ese puente de más de cien metros que cruza todos los días, una y tantas veces, vio nacer este pueblito a principios de los 70, en donde ahora viven poco más de mil personas.

Entonces el río Samaná se volvió el patrón de todos los que construyeron su casa al lado de la carretera y al lado del río. El patrón o les daba pescado o les daba oro. Y así ha sido por décadas. El pueblo que surgió por una carretera que abrieron para construir una hidroeléctrica, hoy está sentenciado a su desaparición si sobre el patrón construyen un muro de 140 metros para generar 352 megavatios de energía (el 3% de la energía nacional).

La energía los llevó al pescado y al oro. Con más energía no habrá bagre, picuda, dorada, pataló ni bocachico.

 

 Fotografía: Fundación Yumaná

 

***


El Samaná es verde en verano, verde cuando la central San Carlos no le descarga agua oscura, verde cuando está bajo y brioso. Claro que hubo un tiempo que no era tan ancho, porque el que es hoy en Puerto Garza fue transformado por las aguas y arenas ajenas que recibe.

En épocas de lluvia es un rugido oscuro y alborotado. Sus rápidos se ven gigantes y los lancheros deben cruzarlo con pericia, recordando las piedras monumentales y acelerando en los remolinos y embestidas. Razón tiene Joanna Andrea Barrera, ingeniera en recursos hidráulicos, al decir que los ríos tienen personalidad, que laten como si tuvieran un corazón. No humano, porque el del Samaná varía con las épocas del año: la subienda, la bajanza, la mitaca, el invierno, el verano. Es lo que ella llama el hidrograma: es propio y esencial de cada río. Si este se altera significa cambiarle su personalidad y, por tanto, su flora y su fauna.

Tanto sabemos ahora del Samaná por investigadoras como Joanna, por hidrólogos, biólogos, defensores de derechos humanos, por gente del Oriente de Antioquia, por pescadores como David Berrío, e incluso por los que quieren volverlo una fábrica de energía.

La empresa Integral hizo el estudio de impacto ambiental para el proyecto Porvenir II, el que construiría un muro de 140 metros sobre el Samaná. Hablaron de bocachico, dorada, bagre y pataló, pero se olvidaron de nombrar el comelón, las sardinas, el mazorco, el bagre rayado, el blanquillo, la vizcaína, la arenca, el barbudo, el capaz, la picuda, todos esos peces que David Berrío ha pescado y comido en su casa. En 2014, Integral averiguó la producción de pescado de acuerdo con el mes: febrero es el de más pesca (11.8 toneladas), seguido por julio (1.7). Con base en esos datos identificaron el valor del negocio, quiénes son los pescadores y cuánto podrían darles como indemnización.

Fotografía: Sandra Ramírez Giraldo

Joanna Andrea Barrera concluye en un estudio sobre el Samaná, que si se construye el muro o los muros, habrá cambios en los caudales, no habría intercambio de sedimentos y nutrientes de los que viven animales y plantas, y el río perdería su conectividad con el Magdalena y los peces mismos que suben contra la corriente. Sería un aislamiento: los peces atrapados a un lado del muro y los peces que no volverían a migrar del otro lado. Y eso traería problemas sociales para las comunidades que viven del río, como Puerto Garza.

David Berrío no podría volver a pescar: no habría peces migratorios ni lo dejarían Celsia, Isagén o las empresas que se adueñen del río. El Samaná cambiaría su personalidad, cambiaría sus latidos, dejaría de ser.

 

***

Fotografía: Sandra Ramírez Giraldo


David Berrío miró el río desde el puente. Turbio, violento, crecido. Bajó hasta la orilla y sobre una roca destripó un comelón. Cortó un trocito y lo enganchó en la caña. Tiró el cebo al Samaná y no hubo pez que jalara. Lo hizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y siempre regresó con el trozo de carne encogido.

-Hoy no parece que es el día –dijo–.
Se recostó en una roca rumiando la impotencia. Miraba el agua furiosa, los rápidos alborotados.
- ¿Vio cuerpos bajar por el Samaná? –le pregunté–.
-Del puente de aquí tiraron mucha gente. Nosotros veíamos los cuerpos en los remolinos de agua. En esa violencia, tiraban gente que uno no conocía, y uno los dejaba pasar.

Los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara también hicieron del Samaná una fosa común. Los paramilitares y las guerrillas y el Ejército también hicieron desplazar a David de Puerto Garza. A sus hijos los querían reclutar, él ya sabía la historia de otros vecinos que engrosaron bandos contrarios. Prefirió perder sus cultivos de aguacate e iniciar la huida.

Pero regresó y los cultivos de coca pululaban. Tenía 100 árboles de mandarina y las avionetas también regaron sus litros de glifosato y lo dejaron sin sus arbustos.

David tiró de nuevo la cuerda, tan resistente como para soportar la fuerza de un pez de 20 libras, y siguió hablando del desplazamiento, de uno de sus hijos que a veces le gana en la pesca, de la coca, de las lanchas que se han volteado capoteando el río con sus rápidos, hasta que la cuerda se tensó. A veinte metros una dorada saltó sobre el agua, pero se llevó el trozo de comelón.

No era el día, estaba claro, por eso prefirió nombrar los concursos en los que ha ganado en las Fiestas del Bocachico, cuando la subienda es alegría en Puerto Garza. En el 2017 pescó un bagre de 8 libras y quedó primero. “Un señor se enamoró de él y se lo vendí por 70 mil pesos”, dijo.

La mañana fue una tertulia al lado del Samaná. David se encaramó entre las rocas y ascendió hasta la carretera, llegó a un extremo del puente y empezaron las preguntas por sus manos vacías. Estaba desanimado, claro, pero sabía que el río siempre da su recompensa.

-El Samaná nunca nos ha pagado mal. Es una riqueza de vida. Dios quiera que no lo vayan a represar. Nos echan con las manos vacías y eso da desconsuelo. Fuimos desplazados y esta vez, viendo toda la vida que tiene el río, lo van a privatizar, si es la cuna de nosotros.

Fotografía: Fundación Yumaná

Esta es la historia de un hombre que se hizo viejo cuando era un niño –uno de tantos–.

Mauricio García tenía 13 años. Vivía en una finca en la vereda La Estrella, cerca al corregimiento Santa Ana de Granada, municipio ubicado en el Oriente antioqueño. La suya era una típica familia campesina colombiana: su mamá era ama de casa y su papá agricultor. Cultivaban café, molían caña, y vendían panela en el pueblo.

No solo los cuerpos, las almas también envejecen. La de Mauricio empezó a aviejarse un lunes, el lunes 13 de enero de 2003. Ese día su hermano, Alejandro García, estaba en el pueblo. Sonaron varios disparos, uno impactó en la espalda y otro en la pierna de Alejandro. El Ejército echó su cuerpo en una bolsa, como algo que ya no sirve, luego en un ataúd, y después en una bóveda como si fuera un NN. Se llamaba Alejandro, tenía 16 años, y sueños, y esperanzas, tenía un futuro.

Desde 1995 todo fue horror. Las primeras masacres y amenazas se expandieron por el Oriente antioqueño desde la zona del altiplano, el corazón urbano y económico de la región. Las FARC y ELN estaban concentradas en las zonas rurales de los municipios que no integran el altiplano. A partir del 95, las Fuerzas Militares, con ayuda de grupos paramilitares, emprendieron la recuperación del territorio y el exterminio de las guerrillas. Para lograrlo, la Fuerza Pública incursionó con una consigna: todo el que viviera en esos municipios hacía parte de la guerrilla, había que sacarlos de los territorios, sin importar si era hombre o mujer, todos eran el enemigo.

Los militares y los paramilitares cercaron la población. Los campesinos quedaron sitiados, no podían ir a las cabeceras municipales. Los hombres, que acostumbraban ir los fines de semana al pueblo para hacer el mercado, dejaron de ir por miedo a que los asesinaran. Les encomendaron esa tarea a las mujeres y también las mataron. La responsabilidad recayó luego sobre niños y jóvenes que fueron retenidos por sus captores hasta que los padres no fueran por ellos. El plan era cortarle el suministro básico de subsistencia a la población. Los paramilitares se encargaron del bloqueo económico en las zonas rurales mientras los militares controlaban los cascos urbanos.

Los campesinos fueron asesinados por incluir en el mercado un medicamento, unas pilas, unas botas de caucho o un paquete de cigarrillos, en los retenes consideraban que estas eran raciones de abastecimiento para las guerrillas. Además de asesinar campesinos y campesinas, militares y paramilitares también destruyeron bienes esenciales para la permanencia de las comunidades: los puestos de salud, las escuelas, las tiendas rurales, y a los cultivos, por ejemplo, les echaban gasolina o veterina. La región vivía una crisis humanitaria, en el momento más crítico fueron en total siete batallones, dos unidades aéreas y cuatro frentes guerrilleros los que hacían presencia en el territorio.

El Oriente antioqueño empezó a reportar las ejecuciones extrajudiciales una vez las Fuerzas Militares coparon el territorio, pero los asesinatos de civiles reportados por los soldados como guerrilleros muertos en combate incrementaron con la desmovilización de los bloques paramilitares entre 2003 y 2006. Mauricio dice que creció “viendo muertos”, muertos que eran ajenos hasta que el conflicto le robó la niñez. Primero fue su hermano mayor, después su papá: Nicolás Emilio García.

Fue un lunes, el lunes 14 de junio de 2004. Mauricio estaba en la sala de la finca haciendo las tareas del colegio, cuando escuchó un estruendo “demasiado fuerte”. Se asustó, salió al patio, y vio a varios soldados apuntándole a su papá que estaba tirado en el suelo. Segundos después su madre llegó a los gritos intentando evitar el atropello. Los militares doblegaron a Mauricio y lo tiraron al piso al lado de su padre. Don Nicolás pidió clemencia, “no, él es un niño”, les dijo. Mauricio no entendía nada. Los soldados no escucharon las súplicas de su madre. A su papá le dieron una patada “súper fuerte que recuerdo perfecto”, lo amarraron y lo llevaron a la parte trasera de la casa. A él y a su mamá los metieron en un baño. “Ahí pensamos que nos iban a hacer algo –recuerda Mauricio–, esperamos unos minutos, cuando salimos no vimos a nadie”.

Luego fueron al pueblo porque sabían que allí estaba asentado el Ejército. Su mamá logró hablar con uno de los comandantes. “Si él debe algo, preséntelo ante una entidad competente que en este caso sería la justicia”, le dijo ella. “No se preocupe que a él no le va pasar nada, a él solamente le estamos haciendo unas preguntas. A él no le va pasar nada, tranquila, váyase para su casa, él va estar bien”, respondió el militar. Mamá e hijo intentaron salir de Granada, pero no había transporte y las vías estaban bloqueadas. El viernes 18 lograron llegar a Medellín en la noche y se contactaron con la Corporación Jurídica Libertad para notificarles el caso. “La primera recomendación que nos hace el abogado es visitar anfiteatros porque habían subido muertos desde la zona. Como para descartar, lo hicimos, y en el segundo anfiteatro lo encontramos, ya mi papá estaba muerto”.

Una habitante de Granada declaró que vio cuando el Ejército bajó con Nicolás hasta la parte baja del pueblo, donde quedaba el puesto de salud, y que a los cinco minutos escuchó una balacera. La mayoría de ejecuciones extrajudiciales en esta región de Antioquia compartían el mismo modus operandi. Fernando Valencia, que en aquellos años era abogado de la Corporación Jurídica Libertad y acompañó a las comunidades y organizaciones del Oriente antioqueño asediadas por el conflicto armado, recuerda que llamaban a la corporación a decirles que habían detenido un pariente, se lo habían llevado y más adelante habían escuchado un tiroteo. “Retenían la persona, la llevaban hasta un lugar apartado, simulaban un enfrentamiento, una explosión, o disparaban un largo rato, y luego la sacaban en una mula o la llevaban a un paraje muy distante de la captura para entregarla como guerrillero”. En el museo Casa de la Memoria de Medellín, durante la presentación del informe Ni descuidos ni manzanas podridas, ejecuciones extrajudiciales en Antioquia una política de Estado, Fernando afirmó también que era común encontrar los cadáveres desfigurados. A las mujeres, por ejemplo, les cortaban el cabello o se lo tinturaban, también solían cambiarle la ropa a las personas y dejarlas en lugares donde nadie las conociera o que fueran muy alejados, incluso en otros municipios, para que el sol y el agua las desfiguraran y así ni los parientes pudieran reconocerlas.

Ese procedimiento explica en parte el auge de los asesinados no identificados en el Oriente antioqueño. Sin embargo, si la justicia penal militar no hubiera ocultado pruebas para defender el comportamiento de los soldados, o los inspectores de Policía municipales hubiesen realizado con rigor los levantamientos de cadáver, o los médicos no hubiesen pasado por alto detalles importantes como tatuajes, fracturas o características de la dentadura en las historias clínicas, muchas personas habrían podido ser identificadas.

El Oriente antioqueño es una de las regiones con más desapariciones forzadas registradas, solo en San Luis, municipio ubicado a tres horas de Medellín, 180 personas permanecen desaparecidas. Según la cantidad de víctimas registradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Oriente, el Magdalena Medio y el Valle de Aburrá suman 10.377 de las 60.630 personas desaparecidas forzosamente entre 1970 y 2016. En sus informes la institución determinó que, a nivel nacional, los grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización son responsables de más de la mitad de los casos.

 

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El 27 de mayo decenas de familiares de los asesinados entregaron el informe sobre ejecuciones extrajudiciales a Catalina Díaz, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y a Max Yuri Gil, coordinador de la macro región Antioquia - Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad. El informe elaborado por la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Jurídica Yira Castro, la organización Equitas y la organización Humanidad Vigente Corporación Jurídica, da cuenta de 112 casos cometidos en el Magdalena Medio, el Oriente y el Nordeste antioqueño que dejaron 154 víctimas.

El informe está dividido en dos periodos. El primero documenta 65 hechos que arruinaron 97 vidas entre el 17 de diciembre de 2003 y el 27 de noviembre de 2004, los cuales están siendo investigados por la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, y se le atribuyen al Batallón de Artillería Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez que en aquellos años comandaba el coronel retirado Juan Carlos Barrera Jurado, quien solicitó someterse a JEP y, según los investigadores, fue contratado como asesor para el diseño de la actual doctrina militar llamada 'Damasco'. El segundo periodo de la investigación lo integran 47 casos ocurridos entre 2007 y 2008 que dejaron un saldo de 57 víctimas. De ellos, 15 casos son responsabilidad del Batallón Bomboná que operaba en Anorí, Amalfi, Vegachí, Yalí, Cisneros y San roque; 15 fueron perpetrados por el Batallón Calibío que operaba en la zona rural de Yondó, Puerto Berrío, Cimitarra y Puerto Parra; 10 son atribuidos al Batallón Especial Energético y Vial número 8 que operaba en Remedios y Segovia; 4 señalan como responsable al Batallón Bárbula que operaba en Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Boyacá y Caracolí; 1 culpa al Batallón de Servicios número 14; y de los 2 restantes aún no hay responsables identificados.

No solo hay cifras, el informe también detalla los patrones criminales. La mitad de las víctimas fueron presentadas por los soldados como personas no identificadas para evadir la justicia y evitar que iniciaran las investigaciones. Los investigadores también encontraron que la mayoría de víctimas eran retenidas de forma ilegal en sus casas o en los lugares de trabajo frente a sus familiares. En muchos de los casos, aseguran, hubo selección previa de las víctimas y se utilizaron guías o informantes, el Batallón Calibío, por ejemplo, destinó más de 20 millones de pesos al pago de estos. La investigación es una de las tantas pruebas que pretende confirmar que las ejecuciones extrajudiciales fueron una política de Estado que contemplaba la muerte como único resultado aceptable de las Fuerzas Militares para posicionar la idea de que la Fuerza Pública estaba siendo la vencedora del conflicto armado interno.

“Este informe y las pruebas que lo acompañan tiene una finalidad: develar la responsabilidad de los comandantes en las ejecuciones extrajudiciales. Hemos tenido conocimiento de que aquí en Antioquia la justicia solo ha escalado la responsabilidad hasta los soldados rasos”, manifestó Sergio Gil, abogado de la Corporación Jurídica Libertad. Los comandantes a quienes el informe y los investigadores también responsabilizan son Wilson Hernández Cedeño, Oscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, y Mario Montoya Uribe.

Mientras muchos soldados ganaban viajes y vacaciones extras por cada inocente reportado como guerrillero muerto en combate, el miedo florecía en el alma de las comunidades. Mientras algunos comandantes eran ascendidos y recibían medallas por cada orden ejecutada por sus subalternos, el campo se quedaba sin campesinos. Mientras los guionistas de esta novela sangrienta hacen todo lo posible por destruir el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, las víctimas que han puesto los muertos les piden a los militares que digan la verdad.

Antioquia es el departamento con más ejecuciones extrajudiciales. A pesar de todo, a pesar de tanto, las víctimas confían en que la memoria, las evidencias y la Jurisdicción Especial para la Paz, acaben con una parte de su calvario. “Esto no es solo un informe, es la reivindicación de la dignidad de las víctimas, es la posibilidad de reconstruir la verdad”, manifestó Fernando Valencia en el evento de lanzamiento.

Mauricio García ahora hace parte de la organización Tejiendo Memoria. Alejandro García, su hermano, y Nicolás Emilio García, su padre, no morirán mientras él siga vivo. “Está plenamente identificado qué batallón fue el que realizó el operativo. También tenemos conocimiento de nombres y apellidos de la patrulla que hizo la visita a nuestra vivienda (…) Me he dado a la tarea de hacer visible esto porque siento que mucha gente en el país no lo conoce. En conversaciones con amigos, con gente cercana, me he dado cuenta que incluso ellos no saben que hay víctimas del Estado en el país. Nosotros como víctimas merecemos ser escuchados, reconocidos y reparados en todos los sentidos porque hay una gran afectación. Mi misión en este momento es hablar por las víctimas, perder el miedo, porque al principio no lo hacía por temor, otras veces por indiferencia, pero en estos momentos estoy comprometido plenamente con este escenario de la JEP que se abre para mostrarle la realidad al país (…) No es fácil, la política de Estado afectó mi familia y afectó mi integridad, mi futuro; no solo es el muerto que queda en el cajón y se llora, es lo que viene después, es cómo empezar a reconstruirse y seguir avanzando, porque igual la vida continúa”.

Después de escuchar a Mauricio en la rueda de prensa solo supe decirle gracias y abrazarlo. Ojalá no sea cierto –como él cree– que 15 años después, el caso de su hermano esté “durmiendo en un expediente de la Fiscalía”.

 

*Contenido realizado para la alianza de medios Periodismo de Verdad

La primera llamada la recibí en el andén de mi casa. –Ve, que te necesitan, dijo mi hermana al pasarme por la ventana el teléfono inalámbrico.


De este lado de la bocina se escuchaba la interferencia en la señal y del otro, la voz de mando de un hombre estalló:


–Bueno negra hijueputa, te callás ¿vas a seguir molestando en ese hospital o te limpiamos?
Intenté responder, pero con más fuerza insistió:
–Déjame hablar hijueputa, malparida, te callás o te vas de aquí.

Entonces me quedé en silencio y la llamada terminó, pasaron un par de minutos para que el teléfono volviera a timbrar, eran mis compañeros del sindicato; no solo me habían amenazado a mí, también habían contactado a Humberto Grueso, María Florentina Hurtado, Rubiela Libreros y Noreida Guerrero, todos hacíamos parte de la junta directiva del sindicato y para todos el mensaje era el mismo: debíamos desistir de exigir que nos pagaran el salario que el hospital nos debía desde hacía varios meses.

 

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De mis 46 años de vida, 20 los he dedicado a la salud y al sindicalismo. A estos llegué en el año 1994 como estudiante del SENA para ser auxiliar de enfermería en el Hospital Departamental San Rafael en Zarzal, un municipio que queda al norte del Valle del Cauca. Durante mi formación nos hablaron mucho de la relación entre la sociedad y nuestra profesión, de su carácter humanitario, entonces el mundo se empieza a ver de otra manera, donde el otro importa, y por eso digo que para luchar por uno mismo también hay que emprender luchas por el otro, en este caso los usuarios.

Pero de esto ya me habían hablado en la casa, mi abuelo fue sindicalista de Colpuertos y mi padre perteneció al Sindicato de Trabajadores del Ingenio Riopaila, crecí escuchando sobre reclamar los derechos porque en Colombia, aunque estén consagrados en normas y ahí se vean muy bonitos, para que se te apliquen y se cumplan tienes que exigirlos. Esto se me grabó como una veta, por eso creo que ante una injusticia siempre hay que hacer algo.

Al año siguiente de haber iniciado mis prácticas, recibí un oficio en el cual la administración me informaba que empezaba a prestar mis servicios en nombramiento provisional en el área de consulta externa, y de inmediato me afilié a ANTHOC (la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia del Hospital).

Para entonces todo era muy diferente, pero también empezaba a cambiar. Los primeros síntomas del problema comenzaron en 1997. A pesar de que la Ley 100 había entrado en rigor desde el año 1993, fue en este que se comenzaron a manifestar las consecuencias para los trabajadores del hospital.

 

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¿Qué es lo primero que uno debe garantizar en su casa? Pues las necesidades básicas satisfechas con el salario, un derecho que debe tener todo trabajador a una remuneración por la prestación de sus servicios. Pero aquí eso cambió. En enero de 1997 ocurrió un primer atraso en el pago de los salarios, fueron más de cinco días y para nosotros era una sorpresa, también había comenzado a disminuir la contratación de personal; se reestructuró la E.S.E. Así iniciaba la crisis y el enfrentamiento del sindicato con la administración del hospital.

Con el tiempo estos atrasos se volvieron constantes, en el año 2000 esto hizo metástasis: llegamos a pasar hasta ocho meses sin salario, además no nos pagaban la seguridad social, las horas extras, los recargos nocturnos ni dominicales. Imagínese ¿cómo sobrevive uno sin salario tanto tiempo? Tocaba empeñar y prestar a los prestamistas, esos que llaman “gota-gota”, ahí aparece ese otro fenómeno de violencia económica de los prestamistas que cobraban interés al 10, 15 y 20 por ciento, entonces cuando llegaba el sueldo no se veía nada de dinero, había que entregarlo a estas personas.

Empezamos entonces a movilizarnos, a hacer asambleas, derechos de petición, a solicitar reuniones, a defender nuestros derechos. Siendo de la base, empecé a hablar y liderar procesos, y al notarlo, mis compañeras auxiliares de enfermería consideraron que debían blindarme con un fuero sindical y hacerme parte de la junta del sindicato, así llegué a ocupar con otros compañeros este espacio.

Y fue allí cuando llegó la amenaza por teléfono. Nos llamaron a casi todos los miembros de la junta, que si seguíamos molestando en ese hospital nos iban a desaparecer, que nos calláramos. Hicimos las denuncias respectivas, algunos de los compañeros dijeron que eran las águilas negras porque llegó también un panfleto, pero la respuesta de las autoridades fue que ese fenómeno no existía en nuestro municipio. Yo era nueva en la junta, no entendía muy bien por qué motivo nos amenazaban, si lo que estábamos pidiendo era justo.


Sobre esto hay mucho que decir, es difícil recordar fechas exactas sin tener en la mano algunos documentos que nos refresquen la memoria. Han sido varias las amenazas que nos han hecho, muchos compañeros se tuvieron que ir: el señor Humberto Grueso, la compañera Noreida Guerrero, la psicóloga del hospital, María Florentina Hurtado. Algunos exiliados y otros asilados. A otros los mataron como a Juan Carlos Libreros, ¿y quién quería ser el próximo difunto? Nadie, ya con un muerto de por medio uno dice: aquí toca callarse. Por ejemplo, la compañera que trabajaba con él se tuvo que ir, ella se llama Libia Yaneth Mejida Ibáñez.

Luego, en el año 2002, nos amenazaron por segunda vez. Llegó una carta con letras de papel periódico, y en esa ocasión me resultó asilo. Yo sentí morir. Uno lejos de la familia, lejos de la tierra. Pensaba que los que realmente hacen algo malo están tranquilos con las puertas abiertas en sus casas y uno por pedir que le paguen el salario, que está trabajando todos los días con gusto, amor y respeto por los pacientes, a uno sí lo amenazan. Si yo me retiro ¿será que no pasa nada? –me rondaba en la mente–, si me iba pensaba en la muerte de mis padres y en que si regresaba después seguiría latente la amenaza, como le pasó hace casi tres años al compañero Robinson Rendón que, al volver del exilio en Canadá, fue desaparecido.

“Yo no estoy matando a nadie, ni soy ninguna delincuente para tenerme que retirar del sindicato o irme del país. Aquí me quedo porque no estoy cometiendo ningún ilícito por reclamar un derecho que tiene todo el que trabaja, si en otros sectores se paga ¿a nosotros por qué no?”, me dije y tomé esta decisión como un acto de supervivencia.

 

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Con las amenazas de muerte le cambia la vida a uno. Al salir de mi casa todos se quedaban preocupados sin saber si volvía o no, afuera sentía que me perseguían. Para entonces en Zarzal la violencia estaba en su auge, era un estado de zozobra y después de que los compañeros se fueron exiliados, siempre se estaba a la espera del momento en que arremeterían contra uno.
A nivel familiar siempre ha sido difícil combinar la actividad sindical con el rol de madre soltera y en este contexto de amenazas mucho más, porque a uno le cambia el panorama al no poder salir con sus hijos a caminar y compartir con normalidad. El solo hecho de estar dedicada al sindicalismo ha marcado también la vida de mis hijos y aunque siempre he tenido el apoyo de mi familia, no pude estar presente en muchos momentos de ellos por el hecho de que en ocasiones significaba riesgos. Como madre nunca pude enseñarles a mis tres hijos a montar bicicletica, por temor a que les pasara algo al estar cerca de mí, y mi hermana tenía que cubrirme en las reuniones de la escuela. Alguna vez mi hijo, que hoy tiene 22 años, me hizo el reclamo por no estar en la reunión de padres de familia y me dijo frente a su profesor:
–No pues siga dedicando el tiempo a su sindicato.

Estos sacrificios muchas veces no son valorados dentro del movimiento sindical y a veces venía sobre mí la pregunta: ¿será que sí vamos por el camino correcto? Pasa un gerente, llega otro, pasa un gobernador, llega otro, y todo es lo mismo. En ocasiones uno dice, bueno, y con tanta lucha usted qué consigue, cuando poco o nada cambia.

Pero para mí nada es difícil. Yo considero que uno está en lo correcto, si el que te doblega tiene unos derechos hasta de mandarte a amenazar y joderte la vida, no los va a tener uno que trabaja juicioso, cumple un horario, hace el trabajo con amor y entrega lo mejor de sí, así no me estén pagando y no pueda llevar en condiciones normales y dignas el sustento a mi casa, sino que me toque fiar, prestar o empeñar.

Aquí hay un problema que es estructural: a un soldado o policía no le pagan por producción, a él le pagan por una necesidad social, por prestar su servicio, pero a nosotros nos quieren pagar por número de enfermos atendidos y tenemos que emitir una factura que dice que se presta un servicio, pero tenemos que estar funcionando como hospital con personal las 24 horas.

 

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Si tú construyes sobre cimientos débiles, esa estructura tiende a caerse. La verdad se debe construir para poder que en Colombia se respeten los derechos de las personas, y pienso que ahora hay una gran oportunidad para que se escuchen nuestras voces.

Si se logra construir verdad, que nuestros testimonios puedan servir y llegar a todos los rincones, que todas las personas puedan contribuir para construir esa verdad, va a ser importante. Cuando a mí me dicen la verdad, se puede sanar el alma, saber quién nos amenazó y por qué motivo, quién asesinó a nuestro compañero y por qué motivo, quién desapareció a nuestro compañero y por qué motivo, construir esa verdad pero que no se sigan enmascarando más situaciones de los trabajadores, de los líderes sociales que reclamamos lo justo.
A partir de eso se pueden cambiar procesos en el país y llegar a una verdadera democracia, si los colombianos en su mayoría lo quieren hacer, porque llegar a la verdad nos va a permitir, primero, calmar esa sed de justicia y que haya cambios estructurales, que es lo más importante para poder que se descubra y se materialice la corrupción como un fenómeno terrible. ¡Esa sí es una rueda en la estaca! No son los sindicalistas, porque a la corrupción le ofende que uno señale: vea, se están llevando tanto y estos se están oponiendo, porque en ocasiones no se pagan salarios, porque hay que pagarle al proveedor y el proveedor da tanto para los bolsillos de no sé quién. Conocer la verdad va a permitir que haya cambios de fondo.


*Este testimonio fue construido con el relato de una lideresa sindical, cuyo nombre se modifica por motivos de seguridad.
*El presente artículo es la primera entrega de la alianza entre la Escuela Nacional Sindical y Periferia con el propósito de visibilizar la violencia antisindical en el país y las apuestas del sindicalismo ante el SIVJRN.

“Yo nací en esta vereda, y no quiero una vida como la que yo tengo”, me dice la señora Marina como si no le deseara a nadie la vida vivida que tiene, ni siquiera a los responsables de que sus madrugadas sepan amargas.

Esta es solo una de las tantas denuncias hechas por campesinos y campesinas de Convención, El Carmen, Hacarí, Teorama, San Calixto y El Tarra durante la Segunda Misión de Verificación convocada y organizada por la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, escenario de unidad que articula al Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), el Movimiento Constituyente Popular (MCP), y las Juntas de Acción Comunal con el propósito de denunciar ante el país y la comunidad internacional la crisis social, política y económica que atraviesa la región desde hace más de un año debido al conflicto armado y la excesiva militarización.

365 días atrás la población estaba en medio del fuego cruzado y sufría las consecuencias humanitarias de la confrontación entre el ELN y el EPL. Los decibeles de los fusiles mermaron. Pero este año, además de algunas disidencias de las FARC, hay un actor armado que, si bien estuvo siempre en el territorio, con el pasar de los meses incrementó sus acciones bélicas. Las Fuerzas Militares quieren implementar en el Catatumbo el llamado 'Plan Candado': cercar la zona norte que colinda con Venezuela y la parte sur que limita con el departamento de Cesar, censar la población, y posicionarse en la región hasta sustituir el poder civil por el poder militar. El tejido organizativo de las comunidades, y la presencia de insurgencias, son un obstáculo para explotar el petróleo y los minerales que yacen en estas tierras. Traba que el Estado pretende eliminar con más de 14.000 pares de botas militares.

Para los catatumberos el Ejército es una amenaza, un dolor de cabeza más. En los corregimientos y veredas visitadas por la Misión de Verificación los patrones violentos son reiterativos. En todos los lugares las personas denunciaron que el Ejército hace retenes, requisa, y fotografía las cédulas. Manifestaron además que los señalan de “guerrilleros” y los maltratan verbalmente. En Honduras, un islote de casas construido en el valle que separa dos filos montañosos, denunciaron que los militares los amenazaron diciéndoles que después de las seis de la tarde nadie podía transitar por las trochas que comunican las veredas aledañas, “porque después de las seis solo anda la guerrilla. Después de las seis al que veamos lo matamos”, les advirtieron. En este corregimiento de Convención también se presentan conductas extorsivas y fraudulentas denunciadas en otros sitios. Según cuentan los afectados, las tropas del Ejército ocupan sin permiso las fincas, toman plátanos, yucas y otros productos de pancoger, en ocasiones usan la energía de las casas, y amenazan con quemar los cultivos de coca si no les dan reses o gallinas.


En Cartagenita, una mujer con más de 70 años a cuestas, vestido hasta los tobillos, y mucha indignación en su voz, denunció que “se me comieron una tienda de siete millones. Me dijeron que yo era una estratega del ELN, eso es una falta de respeto muy grande, yo lo único que he hecho en la vida es vender empanadas”. Los perjuicios no solo son económicos. Los soldados tienen la costumbre de acantonarse cerca de las bocatomas de las que se abastecen los habitantes. Una vez los militares se asientan allí, se suspende con frecuencia el suministro de agua y el líquido vital no llega en condiciones higiénicas adecuadas, a veces ha salido materia fecal o condones por las canillas.

Lo que más preocupa a los catatumberos son las detenciones arbitrarias, el dinero que le ofrecen a los jóvenes a cambio de información sobre las insurgencias, los disparos indiscriminados contra la población civil, y las torturas como las que denunció un joven en La Trinidad, corregimiento de Convención. El veinteañero relató que fue retenido por varios militares cuando se desplazaba a su lugar de trabajo. Los uniformados lo ultrajaron, lo golpearon, le cubrieron la cabeza con una bolsa de tela, intentaron ahogarlo con una sustancia líquida desconocida que según él provocaba ardor, y amenazaron con arrancarle las uñas. En el Catatumbo no pueden evitar asociar este tipo de hechos con Dimar Torres, excombatiente de las FARC y líder de la vereda Campo Alegre asesinado por miembros del Ejército el 22 de abril, un día antes de que firmara su proyecto productivo de gallinas ponedoras. Dimar está vivo, los catatumberos tienen ese nombre en la punta de la lengua. Con él permanece acechante el recuerdo de lo vivido entre el 2004 y el 2010 cuando “los paramilitares decían que hasta las gallinas eran guerrilleras”.

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La finca de Marina Prieto –pelambre cano recogido en una cola, los años hechos pliegues en el rostro, y unos dientes que parecen de leche– se ve desde aquí. Estamos en la escuela de la vereda Piedras de Moler que pertenece a Teorama. La brisa contrarresta el bochorno despiadado que hace en estas cuchillas. Marina me dice que allá, al frente, en la montaña más próxima de todo este mantel montañoso, tras las plataneras que se ven en la mitad de la colina, está su casa. Y me dice que en la cima, en la parte tupida, están acantonados los soldados.

Cada que hay un enfrentamiento entre la insurgencia y los militares, Marina queda en medio del fuego. Semanas antes uno de los dos bandos lanzó un cilindro que quedó a medio camino y cayó en su finca. “Si hubiéramos estado afuera [de la casa] habría muerto cualquier persona. Eso afectó mucho porque mi niño, mi nietecito, siguió llorando toda la noche. A una hija que acababa de llegar le afectó mucho el oído (…) Ese día tuve que meter a mis niños debajo de la cama, y llorar muchísimo por no poder trabajar y no poder dormir por el temor de que mi casa pueda ser derribada por un artefacto. He perdido muchos animales que se me mueren del impacto”, me dice Marina presa de una tristeza más grande que ella.

Pero Marina todavía tiene sueños por cumplir. En el 2008 conoció una comisión del Cisca, y antes de morir de tristeza pudo probar el sabor de la felicidad. El Cisca la invitó a unos talleres, y le enseñaron a elaborar jabones y cremas artesanales. Los primeros jabones, dice desenvainando una sonrisa, le quedaban “feítos”. Con el pasar de los talleres perfeccionó la técnica. Desde entonces a cada reunión, a cada taller, y a cada visita al pueblo, Marina va acompañada de una pequeña canasta copada de jabones, cremas para los dolores y cremas para las quemaduras. “Antes trabajaba en el oficio doméstico. Vivía como estresada, como triste porque no tenía economía. Ahora esa economía no la gasto porque quiero montar una empresa de pomadas. El Cisca es como si hubiera bajado mi Dios de los cielos porque me ha enseñado, me ha protegido, me ha ayudado muchísimo. Para mí el Cisca es el mejor regalo que yo tengo. Cuando me llama el Cisca soy feliz, estoy triste pero en ese momento yo me vuelvo feliz”.

A pesar de lo hostil que es la realidad en la región, gracias a las propuestas y a los horizontes del Cisca muchos catatumberos pueden encontrar razones y formas para permanecer en el territorio. “Nosotros venimos adelantando propuestas económicas para resolver el tema de la coca, que genera muchos recursos, pero también muchos problemas, uno de ellos es la especulación de precios”, quien habla es Dionaid Suarez, integrante del Cisca y de Asojuntas, habitante de Cartagenita y pionero de la tienda comunitaria del corregimiento. En dos años la iniciativa ha dado frutos, el kilo de arroz que antes costaba 3000 pesos, hoy cuesta 2000 o 2300 pesos máximo. Además de combatir la especulación de precios, la tienda comunitaria ha incentivado la producción propia. Antes entraban al corregimiento muchos productos producidos por otras manos en otras tierras, Cartagenita no producía lo que consumía. Una vez la tienda empezó a funcionar, los pagos justos y estables, y el valor agregado que se le da a los productos, motivaron a los habitantes a invertir esfuerzos en una alternativa productiva distinta a la coca.

“Tenemos varios proyectos, por ejemplo, la cría de pollos. Este es un corregimiento de aproximadamente 500 habitantes. Hubo una demanda del consumo de pollo, a la tienda semanalmente venían entrando más de 200 pollos de MacPollo y Pimpollo. Hoy en día los estamos produciendo nosotros mismos, lo mismo con el cerdo, el pescado, las gallinas ponedoras, y así con muchos productos que son pequeños pero que nos han permitido organizarnos –asegura Dionaid–. La idea es seguir viviendo aquí, ojalá morir de viejitos y que no sea en otras circunstancias. Una de las propuestas es permanecer en el territorio con alternativas que surjan desde la base de las comunidades”.

Si no se organizan, los catatumberos saben que no pueden pervivir. Y sin las mujeres el Catatumbo no podría mantenerse en pie. Las catatumberas aportan valor, pero sobre todo posibilidades y creatividad. Yuliana Herrera es lideresa comunitaria de La Trinidad, corregimiento de Convención. Minutos antes de que conversáramos, Yuliana estaba anunciando los números de las balotas que sus paisanos buscaban en las tarjetas del bingo. Cada que el comité de mujeres de La Trinidad necesita fondos para alguna actividad, organiza una rifa, un bazar, una fiesta, o un bingo bailable. El dinero que se recoja hoy será destinado al alquiler de los trajes para las comparsas de las fiestas patronales. De no ser por los fondos y los jornales voluntarios de la comunidad, La Trinidad no contaría con el polideportivo donde se realizó el bingo. De no ser por un bingo, la escuela de primaria no tendría techo ni piso. De no ser por la rifa de una novilla y un bingo, tampoco hubieran comprado el lote donde quieren construir la iglesia, y el lote donde piensan construir el nuevo internado para que cada vez más niños de las veredas lejanas puedan venir a estudiar. “Eso lo llamamos gestión de las comunidades. Hemos tocado muchas puertas, pero a la hora de la verdad uno también se cansa de eso, ¿no? Entonces nosotros hemos autogestionado, con eventos, con bazares, hemos descubierto que podemos hacer cosas, podemos avanzar sin estar esperando a la Alcaldía”, dice Yuliana.

El Catatumbo no puede mirar hacia adelante sin antes mirar hacia atrás. “Los catatumberos somos gente muy dada a resistir y por eso tenemos que hacer memoria, para que se den cuenta de la capacidad de resistencia que tenemos”, dice Edinson Delgado a las afueras de la Casa de la Memoria de El Aserrío, corregimiento de Teorama. Edinson es el representante legal de la Asociación de Desplazados del Medio Catatumbo. En el 2015 fue elegido para integrar la Mesa Nacional de Víctimas. Ese año viajó a Tumaco y tras conocer la casa de la memoria del municipio ubicado en el pacífico nariñense, inició gestiones para que su corregimiento también contara con un espacio que honrara la historia de El Aserrío y el Catatumbo. Con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, los mismos habitantes pudieron construir su propia casa e inaugurarla el 2 de diciembre de 2018. Pocas regiones han padecido un conflicto de tales magnitudes. Entre 1980 y 2013 ocurrieron en el Catatumbo más de 66 masacres que desplazaron más de 110.000 personas. Resulta inevitable, asegura Edinson, “hacer memoria, recordar para no volver a repetir lo que ya vivimos”.

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Hace un año también vine a la Misión de Verificación, nada cambia: vías de acceso que no son vías ni accesos, corregimientos y veredas que al crecer el río o enfangarse la trocha quedan incomunicadas, escuelas con paredes de tela, hacinamiento en las aulas, baterías sanitarias inservibles, puestos de salud inundados, medicamentos vencidos, camillas podridas, equipos consumidos por los años, casas que parecen del siglo XVIII con electrodomésticos del siglo XXI, distancias inabarcables, ausencia Estatal y botas, muchas botas.

La apuesta por la vida y la permanencia también sigue intacta. En el Catatumbo solo piden que no los involucren en una guerra ajena y que el Estado no los desprecie. Ellos con sus peajes comunitarios –satanizados porque según el Ejército eran la fuente de financiamiento del ELN–, con sus normas y sus formas propias, encontrarán la manera de echar una placa huella, construir un polideportivo, comercializar su café y sus pomadas, comprar una ambulancia para transportar al enfermo, o una retroexcavadora para volver transitable la trocha.

Marina no necesitó una maestría para descubrir la simplicidad de la fórmula: “Para mí la paz es cuando ya no haya más niños con hambre, cuando ya no haya más madres llorando, esa es la paz: que tengamos una vivienda digna para todos y una comida digna, porque a veces nuestros niños padecen mucho de hambre”.

El Catatumbo y el Cisca están cansados de que el Estado proponga la guerra como proyecto de vida, como único destino posible. “Al lado de este dolor histórico ha crecido también la templanza, valentía, y resistencia de una población que se niega a doblar la cabeza, a marchitarse, a cada golpe trágico lo ha sucedido un renovado esfuerzo por organizarse, por luchar, por permanecer en el territorio”, dijo el Cisca en un comunicado publicado el 30 de julio de 2018, día en el que asesinaron a nueve personas en el casco urbano de El Tarra. La historia del Catatumbo tiene inicio, nudo, y pareciera que no tiene final, aunque yo vi a las comunidades escribiéndolo.

Distintos funcionarios del régimen del sub presidente Iván Duque se han destacado en los últimos meses por sus grandiosas contribuciones a la cultura universal, como muestra fehaciente de su basto (no vasto, por supuesto) saber y de la sólida educación humanística, artística y científica del equipo gobernante que dirige al país más feliz del mundo.

El que da ejemplo de brillantez intelectual, como cabeza pensante de este gran equipo de gobierno, es el propio sub-presidente, quien ha hecho dos declaraciones memorables. La primera en París en plena sede de la Unesco, cuando disertando sobre las bondades de la economía naranja dijo con plena seguridad: “Y nos remontamos a lo que llamamos las siete íes. ¿Y por qué siete? Porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales, las siete artes, los siete enanitos. Mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por siete”. Este fabuloso descubrimiento conceptual merece un doble Premio Nobel de Economía y de Literatura, ya que demuestra su amplio conocimiento de la narrativa universal.

Este importante hallazgo fue complementado en enero de este año al recibir a ese demócrata de los Estados Unidos, Mike Pompeo, humanista experto en recomendar caricias a los amigos de los Estados Unidos que disfrutan de vacaciones en sus hoteles de cinco estrellas, como el de la base de Guantánamo. En esa ocasión Duque dijo: “Hace 200 años el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial y hoy recibir este segundo día de 2019 con su visita nos llena de alegría y de honor, esta relación bilateral la tenemos que seguir fortaleciendo todos los días”. Con esta afirmación Duque ha hecho una decisiva contribución a la reinterpretación de la historia de Colombia, que muestra que, como complemento a sus dotes innatos de estadista, es un investigador social de renombre internacional.

Pero quien encabeza el listado de luminarias del gobierno de Iván Duque es de lejos su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien ha descollado en los últimos meses por una serie de rutilantes afirmaciones que, aparte de mostrar a la luz pública su incomparable inteligencia (propia de la inteligencia superior de los uribeños), se constituyen en unos extraordinarios aportes al conocimiento no solo de los colombianos sino con toda seguridad de la humanidad en su conjunto. Una de sus contribuciones más notables fue anunciada en su visita a Washington, ante los amos imperiales, y se refiere al fabuloso descubrimiento de que el glifosato es una sustancia alimenticia.

Este, sin duda alguna, puede considerarse como el mayor descubrimiento que haya hecho la ciencia colombiana en todos los tiempos. Ese descubrimiento ha probado, sin ningún manto de duda, que el glifosato, un producto químico que se usa en la agricultura y la ganadería para destruir plagas, es en verdad un nutritivo alimento, lleno de proteínas y de virtudes dietéticas, que alimenta a gentes de todas las clases, edades y razas. Ahí estriba la sustancia de este descubrimiento, puesto que hasta ahora los críticos (comunistas y ecologistas) decían sin pruebas de ninguna clase que el glifosato era un producto contaminante, que genera cáncer y otras enfermedades. Esas son mentiras y calumnias de resentidos que solo buscan hacerle daño a la libre empresa, y para ello se apoyan en científicos e investigadores de quinta categoría que se han dejado manipular para enlodar a empresas de tanta ética y compromiso humano y social como lo son Bayer y Monsanto.

Ahora Marta Lucía Ramírez ha comunicado al mundo, con la modestia que caracteriza a los verdaderos sabios, que el glifosato es una bebida sana y un alimento nutritivo, al decir que “si usted se toma 500 vasos de agua al día, le aseguro que también se enferma”, con lo que enfatizó que el glifosato es benigno, una bebida apetitosa que puede tomarse varias veces al día para mejorar el funcionamiento de los sistemas digestivo e inmunológico. El glifosato puede consumirse en forma de bebida, rociando una cierta cantidad (entre más amplia más alimenticia resulta) en un poco de agua, preparándola en forma de batido, ya que puede combinarse con apio, manzana, zanahoria, mango, papaya o la fruta que a mano se tenga. El glifosato también puede usarse para preparar galletas, panes, colaciones, lo cual le confiere un sabor y un gusto especial, que es muy atractivo sobre todo para los niños y mujeres embarazadas. Puede servir de aliño en amasijos, tamales, envueltos, ayacos de mazorca y otros productos de la gastronomía colombiana.

Prueben su amplio radio de acción alimenticia, que no se arrepentirán, porque está confirmado que el glifosato nutre más que cualquiera de las sustancias hasta ahora conocidas en el mundo entero. Hasta tal punto es indiscutible que entre los comensales que aseguran que consumen glifosato diario se encuentran el embajador de los Estados Unidos y el personal de esa embajada en Colombia, los embajadores criollos ante Donald Trump, Francisco Santos y Alejandro Ordoñez

(este en la OEA), y el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo. Incluso, las malas lenguas comentan que un consumidor asiduo del glifosato es el ex Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien a veces invitaba a sus amigos a saborearlo, con una formula especial de su propia cosecha, que incluía entre los ingredientes de su pócima secreta, al cianuro. Y si los ricos y poderosos degustan el glifosato, ¿por qué se quejan los pobres de que se les vierta en grandes cantidades?

Ahora que gozan de tanta fama los batidos, la Vicepresidenta recomienda que todos los colombianos disfrutemos todos los días en las primeras horas de la mañana de un nutritivo néctar de glifosato, que puede combinarse con muchas cosas, puesto que es un producto muy versátil. La misma Marta Lucía Ramírez con plena seguridad bebe sin falta unos cuantos vasos rociados con glifosato, con lo que mantiene la cordura y sobre todo ese equilibrio mental que tanto la caracteriza.

De tal manera que los gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia, al fumigar con glifosato los campos colombianos durante dos décadas, no solo buscaban erradicar la “mata que mata” (la hoja de coca), como reza la propaganda corporativa, sino que además estaban proporcionándole nutrientes, proteínas y minerales sanos a los ignorantes campesinos criollos, que son tan malagradecidos que no entienden lo que significa este tipo de ayuda alimentaria.

No se crea que lo que dice la Vicepresidenta son ocurrencias, sino resultado de exhaustivas, profundas y rigurosas investigaciones, que la llevaron a presentar en público el gran descubrimiento de su vida, y que de seguro la catapultará por los siglos de los siglos en el panteón de los grandes científicos y sabios de todos los tiempos.

Es por eso que, como complemento alimenticio de la equilibrada dieta de los colombianos pobres, de ahora en adelante a comer y beber glifosato, con lo cual se garantiza que pasaremos a estar entre los países más nutritivos del planeta, si tenemos en cuenta que Estados Unidos y su súbdito, Iván Duque, están haciendo hasta lo imposible para que se vuelva a esparcir el glifosato sobre los campos colombianos.

Debido a los altos índices de violencia de género, el tema se ha puesto en tela de juicio desde diferentes ámbitos, evidenciando la urgencia de tratarlo desde cada uno de ellos. Esta se ve reflejada a través de las denuncias que se han interpuesto en los espacios académicos, lo que ha presionado a profundizar más en las rutas y prevenciones para tratar la violencia de género.

 

El pasado 28 de marzo en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, Juliana Yepes Ayala colgó una cartelera la cual se buscaba conocer el concepto que tiene la comunidad académica respecto al acoso sexual. Sin embargo, la situación condujo a que algunas mujeres denunciaran públicamente y con nombre propio a sus presuntos agresores. “El objetivo era poner el tema en los pasillos de la facultad; se tenía mucho miedo de hablar porque se les puede coartar con la nota, por el señalamiento, entre otras cosas. Y ante la necesidad de aclararlo fue que pegamos el cartel con la pregunta: ¿Para usted qué es acoso? Pero, precisamente, por el silencio ante todas estas situaciones, cuando se colocó el cartel, la 'caja de pandora' se abrió y se empezaron a dar todas estas denuncias públicas”, expresa Yepes, quien también es representante estudiantil integral de Comunicaciones ante el Comité de carrera.

Según el Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista en febrero del 2019, se registraron en Colombia 110 casos que se inscriben en la categoría de violencia de género. El mayor índice es el feminicidio, el cual cuenta con 51 casos que representa el 46%, 20 registros de tentativa de feminicidio (18%), 15 casos de mujeres maltratadas físicamente por la pareja (14%), 5 por desconocidos y una niña víctima de acceso carnal violento.

La tasa de violencia de género que se registra en Colombia alerta a muchas mujeres que deciden pronunciarse sobre el asunto, y toma importancia en el ámbito académico puesto que allí se “replica el orden patriarcal y al hacerlo estamos hablando de esas inequidades, que son finalmente violentas, y de esas brechas que impiden a las mujeres estar en la sociedad en condiciones de igualdad”, argumenta Dora Cecilia Saldarriaga, profesora de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana.

A partir de la necesidad de analizar la violencia de género en las universidades, el colectivo Desde el 12 realizó una encuesta virtual en la cual se encontró que el 36% de las personas encuestadas admite haber sido víctima de este tipo de violencia y que el 44% afirma haber sido acosada. Frente a estos casos, solo el 2% de las víctimas han denunciado ante las rutas universitarias. El resto de la población encuestada argumenta no haber puesto la denuncia principalmente por el desconocimiento sobre dichas rutas y la desconfianza que genera la institución ante dicha problemática.

Al preguntarle a Juan David Rodas Patiño, Jefe de departamento de la Facultad de Comunicaciones, acerca de las rutas que establece la Universidad de Antioquia en caso de ser víctima de violencia de género respondió presentando un folleto, que “en la Universidad existen las rutas de violencia de género, las cuales son dirigidas principalmente por Bienestar Universitario, sin embargo desde las facultades se manejan de la manera que se cree pertinente, pero no siempre todas estas rutas llegan a ser conocidas por toda la comunidad o realmente funcionan como deberían”.

La encuesta, además, evidencia el descontento de la comunidad académica ante las rutas universitarias, debido a que algunas personas expresan que al interponer la respectiva denuncia se les cuestionó, o los administrativos a los que acudían desconocían el proceso que se debe seguir, por lo que finalmente decidían no apelar a dicha instancia u olvidar el caso; además, un requisito para hacer la denuncia efectiva es presentar pruebas del acontecimiento, que en su mayoría estas personas manifiestan no tener y no estar dispuestas a someterse nuevamente a tal violencia para conseguirlas.

Frente a esto, María Eugenia Osorio Soto, profesora titular de la Facultad de Comunicaciones manifiesta: “Yo creo que la Universidad no tiene una política consolidada ante el tema, me parece que los tropiezos tienen que ver con que la mayor parte de la dirección de la Universidad es masculina y creo que ellos finalmente no sienten la urgencia de tratar estos asuntos, porque todo lo que se ha logrado en la sociedad, respecto a esto, lo han logrado las mujeres luchando”.

El hecho de que la institución no tome cartas en el asunto conlleva a que algunas mujeres tomen vías alternas para denunciar a sus agresores, visibilizando el tema y presionando a las instituciones para crear rutas que ofrezcan soluciones ante la violencia de género, según explica la profesora Dora Saldarriaga.

Dichas denuncias se han realizado de diferentes maneras, pero lo más común es que se realicen a través de las redes sociales. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado a través de estos medios por el colectivo feminista Bolívar en Falda, que nació a causa de la situación ocurrida en febrero del 2018, cuando la Universidad Pontificia Bolivariana publicó una guía sobre cómo vestirse para la universidad donde sugería a las mujeres no asistir con falda, shorts, o escotes muy profundos puesto que “no hay nada más incómodo que distraer la atención de tus compañeros de clase y profesores”.

Margarita Restrepo, estudiante de Comunicación social y periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, y cofundadora de Bolívar en Falda, explica que llevan más de un año exigiendo a su universidad que implemente rutas para tratar los casos de violencia de género; ante la constante negativa, Bolívar en Falda busca visibilizar y denunciar estas situaciones que se dan dentro del entorno universitario.

Según la profesora Dora Saldarriaga, “la importancia de los medios acá es que construyen realidades; las violencias basadas en género no solamente son las directas como golpes, acoso o económica; sino también las violencias estructurales y simbólicas. Por ejemplo, asesinan a una mujer y su titular es “Crimen pasional”. De entrada están justificando su asesinato, además de reducirlo políticamente y catalogarlo como homicidio y no como feminicidio". Por eso, iniciativas como Bolívar en Falda son importantes para visibilizar e incentivar la violencia de género para prevenirla, y porque incentivan la formación y sensibilización sobre el tema.

La mayoría de fuentes coincidieron en la necesidad de conceptualizar, ya que es a través de la descripción que se construyen y conocen las realidades que muchas veces se invisibilizan por el desconocimiento de dichos términos.

Entonces ¿qué es violencia de género?

La violencia es entendida como el uso de la fuerza y el abuso de ella en razón de una relación de poder y subordinación. La docente de la Universidad de Antioquia, Sara Yaneth Fernández, ahonda en el concepto de violencia de género: “Hay un tránsito de violencia contra las mujeres, violencias basadas en género y violencia de género, esto va de la mano con los corpus jurídicos de cada territorio. Género es una categoría muy amplia que incluye a hombres y mujeres, una categoría histórica, relacional. Para yo poder hablar de género necesito hablar de esa dialéctica, hombres y mujeres; necesito hablar de aquella relación de subordinación que históricamente se ha construido sobre el hecho de ser hombre o ser mujer, en un patrón además muy heteronormativo, racializado y occidentalizado, donde justamente se impone una verdad hegemónica, el dominio masculino, androcéntrico y patriarcal sobre el orden de las cosas”.

Fernández también explica que ese orden patriarcal somete por igual a hombres y mujeres, dándole un impulso a esas relaciones de poder y subordinación que son injustificadas y están basadas en la violencia de género, “tiene unas connotaciones que incluso van más allá, condenando, por ejemplo, las secciones no heteronormativas. Es ahí donde se da la fobia, la homofobia y todas las formas de discriminación a lo que no es heteronormativo, racial y occidental. Todo ello llegando a las formas de violencia, de abuso de poder que producen lesiones físicas, psicológicas y económicas sobre una persona por el solo hecho de tener una orientación sexual y/o identidad diferente a la que imponen los estereotipos. Vemos cómo en razón del género, su orientación sexual y su identidad se marca a esa persona, se somete, se excluye, se domina y se aniquila”, explica.

¿Cómo prevenir la violencia de género?

Esta problemática suele ser sutil, subjetiva y perceptual. Fernández anuncia entonces la urgencia de trabajar formativamente, aprender a poner límites, eliminando así la concepción de la mujer como sumisa y obediente, “empoderarnos para poder lograr un cambio”.

Para mejorar las rutas universitarias en cuanto a violencia de género, según la misma docente, las personas que manejan el tema deben tener formación, en el mejor de los casos feminista o sino en cuanto a derecho; que posea todos los elementos; creerle a la persona, no revictimizar; conocer completamente la Ley 1257 del 2008; y no confrontar a la víctima con el agresor. En esta última recomendación, Sara enfatiza en la insistencia de algunos funcionarios para realizar una reconciliación. “¿Yo qué voy a reconciliar con un violador?”.

Ella resalta diversos problemas que poseen las rutas universitarias, “estas tienen que atraer, no expulsar”, no deben ocasionar temor a las víctimas, deben realizar un acompañamiento profesional con enfoque, incluso cuando se sale de las instancias académicas y queda en manos de las rutas de ciudad o de las autoridades correspondientes. La Universidad tiene la responsabilidad de formar a sus funcionarios, porque como servidores públicos tienen justificación para cuestionar y abusar de los demás. Otro problema de la institución es que el hecho se minimiza y se lleva a instancias psicológicas que, si bien son importantes, se quedan allí y no se hace nada más por resolverlo.

Sara apela a que en la Universidad no basta solo con activar la ruta, también es necesario formar en género y feminismo a todas las áreas e implementar una política de género. Para terminar Sara expresa que “la transformación de esta sociedad quiéralo o no, tiene que ser entre hombres y mujeres; tiene que ser pareja, los hombres se tienen que ocupar de sus problemas, que ciertamente los tienen, preocuparse de su papel y responsabilidad al formar parte de este mundo. Hay que considerar los derechos de ambas partes, puesto que podemos exterminar a todos los agresores pero seguiríamos con problemas de violencia, el problema es toda una estructura que hemos naturalizado, por eso debemos mirarnos a nosotros mismos y corregir, es una labor conjunta”.

En este especial sobre agroecología hemos reseñado algunos hitos históricos de esta manifestación (Edición 148), luego repasamos el contexto latinoamericano y sus luchas populares por defender sus tradiciones y costumbres (Edición 149). Para finalizar, la protagonista es nuestra querida Colombia.

Aunque la historia de la agroecología en Colombia no es lineal y se ha desarrollado de manera particular en varias zonas del país, se puede señalar que entre 1970 y 1980, la conciencia ambiental se consolidó como un hecho social que permeó a Latinoamérica y permitió conformar numerosas organizaciones en Colombia. Algunas de ellas se orientaron a la producción agrícola, manejando prácticas campesinas tradicionales y conceptos y métodos de la ecología, un objeto de estudio que para la época apenas iniciaba su propagación desde la academia.

La degradación ambiental y los efectos de la agricultura industrializada (Revolución Verde) fueron las razones por las que se empezó a gestar un pensamiento alternativo que se nutría de tradiciones ancestrales para proteger las costumbres arraigadas en nuestra memoria agraria. La situación que nos arrastró hacia el desequilibrio ambiental fue la que parió el antídoto para esta enfermedad verde.

Una nueva ola de conciencia social que está reconciliando al humano con el territorio y de la que germinó la semilla de las agriculturas alternativas, llevó el debate del movimiento ambiental a las esferas políticas, económicas, individuales, biofísicas, culturales, mejor dicho, unió todo un movimiento en una amalgama de disciplinas que enfrentaron las ideologías dominantes sobre el aprovechamiento del recurso, ideas de afuera que eran impuestas y adaptadas por hijos que no querían su patria.

Los agroecólogos, médicos veterinarios y antropólogos, entre otros, hacen parte de los profesionales que se encargaron de evidenciar los movimientos agroecológicos de Colombia, asesorando y trabajando de la mano de los campesinos, aquellos que no se sometieron al modelo general de la Revolución Verde, ya sea porque no tenían los recursos para adquirir los paquetes tecnológicos, o porque las propuestas chocaban con sus intereses y las formas de manejo de la tierra.

Considerado como el padre de la agroecología colombiana, Mario Mejía ha sacado la cara por generar una propuesta agroecológica de respeto al patrimonio ambiental y cultural, el rescate de semillas y las formas pacíficas de relacionarnos unos con otros. Lo más noble de su ejemplo es que expone la sensibilidad que necesita el tema, pues no solo es cuidar la tierra por las repercusiones que puedan darse, sino por una consciencia de amor y de vida innata.

Al haber tantas agriculturas como agricultores, las nociones de agroecología en Colombia se fueron consolidando con el análisis de las características de las agriculturas alternativas que se gestaron en el momento, puesto que algunas de ellas no estaban siendo coherentes con el pensamiento ecológico y solo usaban como escudo el término, mientras eran flexibles al uso de químicos sintéticos, justificando sus prácticas con el argumento de contaminar pero de una forma “sostenible”.

Estas inconsistencias llevaron a que el Ministerio de Agricultura diseñara la Resolución 544 de 1955, la cual reconoce como ecológicos todos los productos “orgánicos”, “biológicos” y “ecológicos”, caracterizados por ser productos agrícolas primarios o elaborados sin utilizar sustancias químicas. También especifica que el agua con la que se tratan no debe estar contaminada con residuos químicos, ni debe contener metales pesados. La agricultura ecológica es tratada como tema exclusivo de exportaciones, a la vez que el poder se le entrega a los certificadores. Es decir que se busca privilegiar una agricultura apta para un mercado “verde” internacional. No una agricultura que repare lo cultural y tampoco lo ecosistémico.

La agroecología y sus diferentes acepciones –agricultura biológica, ecológica, orgánica, biodinámica, sostenible, conservacionista y/o agroecológica– involucran al campesinado como una categoría activa, pero encubren un interés que es más económico que social, ya que todas esas precauciones y cuidados tomadas en cuenta en los cultivos, son impulsadas para alcanzar estándares de exportación, no porque se piense en la salud y la nutrición interna del país.

A esta hipocresía se someten muchos productores que al no tener asistencia técnica de un agroecólogo brindado por el Estado, se asocian con un comercializador independiente, que en la mayoría de los casos es extranjero, para que este financie los estudios de suelo y haga las proyecciones del cultivo, transporte su cosecha y la comercialice fuera del continente. La certificación como instrumento de dominación.

El tratado de libre comercio ha promovido estas rutas de exportación e importación que a fin de cuentas resultan encareciendo nuestro producto interno bruto y acumulando productos que nosotros mismos podríamos producir y usar si no fuera por el compromiso “diplomático” que nos impusieron como camino de desarrollo para nuestro país.

Los programas de desarrollo rural del Estado deben brindar la asistencia profesional técnica para que todos los campesinos productores se vean como un sistema articulado que depende uno del otro, y no compitan por seducir a empresas extranjeras. El desarrollo endógeno, desde lo propio, evitaría en gran medida que adquiriéramos problemas ambientales ajenos a nuestra cultura. Sembrar para la Vida y no para los bancos.

Esta lucha que traspasa todas las dimensiones humanas no es solo un estilo de vida, una tendencia o una ideología política, entendamos que es cuestión de supervivencia humana, es la armonía del territorio que va más allá de las fronteras imaginarias del mapamundi, es un entramado de raíces que nos abraza a todo el mundo por igual.

La esperanza la alimentan los campesinos a diario con la Agricultura Familiar, con la pala y el azadón, la forma más digna de la revolución, labrando con amor el útero que nos da de comer: la tierra. Los mercados agroecológicos son el escenario en donde todos esos héroes se reúnen a proporcionarnos alimentos producidos con la intención digna del corazón campesino y es un derecho y un deber de todos los ciudadanos participar de estos entramados sociales.

¿Cómo vamos a decir todas estas verdades y participar en las decisiones que siempre terminan tomándose a puerta cerrada en los fríos estrados del congreso? La movilización social es la respuesta. El papel no es la ley, la ley está inscrita en la ética de la vida por la vida. Esto no traduce violencia, es la celebración de nuestra diversidad y la protección de la Madre tierra, es un grito por nuestros indígenas amedrentados, por los líderes sociales caídos, por los que ignoran el sentido. Es la reunión en un mismo corazón, el corazón de la Tierra.

 

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