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Cerca de 317 líderes sociales asesinados en los últimos 15 meses. 134 excombatientes de las FARC asesinados, 11 desaparecidos, y 34 familiares de reinsertados también asesinados. 14 integrantes del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –solo en el departamento de Córdoba– asesinados entre enero del 2018 y julio de 2019. Este es el saldo que hasta ahora nos deja la paz que nos está costando muchas vidas.

El establecimiento que representa Iván Duque ama el dinero y los privilegios, pero odia a la gente. El presidente Duque no gobierna, cumple órdenes. Y ese servilismo amenaza con extinguir la esperanza de un país cansado de batirse a diario entre la vida o la muerte. Un país que suplica honestidad, tolerancia, y un poco de solidaridad. Un país que quiere cerrar la brechas sociales y económicas que provocaron un conflicto armado sin precedentes en el mundo. 11 meses necesitó Duque para devolvernos al país que queríamos dejar atrás: aumentaron los homicidios, el Ejército ordena asesinatos a toda costa, las instituciones persiguen y encarcelan al que piensa diferente, los grupos criminales y paramilitares controlan pueblos y regiones enteras, vuelven a tronar bombas y fusiles.

No hay peor futuro que aquel que está hecho de desesperanza. Y no hay un pueblo más fácil de oprimir que aquel que está resignado. Por eso los ataques frontales de Álvaro Uribe y el Centro Democrático a las negociaciones con las FARC y el ELN. Y por eso el empeño de Iván Duque en poner todo tipo de trabas jurídicas, burocráticas y económicas para hacer trizas el Acuerdo de Paz, tal como lo prometió Fernando Londoño en las pasadas elecciones presidenciales. Con este gobierno queda demostrado que si la implementación de la paz no avanza, el país tampoco.

Según el Instituto Kroc, entidad internacional que realiza estudios y veeduría sobre conflictos armados y condiciones para su solución pacífica y sostenible, el Acuerdo Final para la Paz contiene 578 compromisos concretos, medibles y observables. 39 de ellos, es decir el 6,5% de lo acordado, corresponden a la reincorporación política, social y económica de los excombatientes de las FARC. En abril, informes del mismo instituto advertían que hasta febrero del 2019, 35% de los compromisos habían alcanzado niveles avanzados de implementación, 34% estaban en un estado de implementación mínima, y del 31% restante no había avance alguno.

Visitando las regiones hemos comprobado que los análisis del Instituto Kroc se corresponden con la realidad. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) se quedaron en diagnósticos y promesas. Los proyectos productivos nunca llegaron a las zonas cocaleras, ni a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR's) donde se asentaron los excombatientes de las FARC. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias en la Cámara de Representantes fueron desechadas en el Congreso. El presupuesto para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –integrado por Justicia Especial para La Paz, la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda a Personas Dadas por Desaparecidas– se redujo drásticamente. Y el 10 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una carta a los embajadores y miembros de los cuerpos diplomáticos en Colombia en la que solicita que en caso de querer visitar algún ETCR deben, “con por lo menos tres semanas de anticipación”, solicitar la aprobación del Gobierno nacional, por medio de la Dirección de Cooperación Internacional de ese ministerio. En la carta también exigen que se garantice “la disponibilidad de espacios para representantes del Gobierno nacional en los arreglos logísticos”. Además fijan fechas y días para las visitas, las cuales “se desarrollarán solamente la segunda y cuarta semana de cada mes, de miércoles a viernes”.

Poco le importan a Duque el asesinato y la judicialización de líderes sociales, y el caos político, social y económico provocado, en parte, por los incumplimientos del Acuerdo. Sus prioridades son utilizar la crisis venezolana como cortina de humo e intentar ocultarle al mundo el nuevo genocidio que hoy mira por televisión el país. Ese discurso negacionista y simplista del subpresidente, es apoyado y patrocinado por una organización como la OEA que dice defender los derechos humanos y la democracia, pero que no es otra cosa que una plataforma que utiliza la derecha continental para hacer propaganda y lobby político.

Días antes de la 49ª Cumbre de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Medellín, Luis Almagro, secretario general de la OEA, aplaudía el “compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con la paz”. Las desafortunadas afirmaciones de Almagro generaron malestar entre movimientos ciudadanos y sectores que defienden con ahínco el proceso de paz, entre ellos el movimiento Defendamos la Paz quien invitó al secretario para que hiciera una “aproximación más objetiva y realista a la paz en Colombia”. Esta exigencia es demasiado ambiciosa para una institución miope que condena con todo su arsenal diplomático al gobierno de Nicolás Maduro, pero guarda silencio ante el trato inhumano que reciben los migrantes por parte de Estados Unidos, o ante la represión y la corrupción rampante que reina en países como Honduras y Guatemala.

A este desgobierno le quedan 36 meses para robarnos una oportunidad única, una de las pocas que la sociedad colombiana ha tenido en las manos. Cada líder defensor de derechos humanos muerto o encarcelado es un golpe a la moral, pero nos negamos a normalizar el asesinato y la captura de esos hombres y mujeres que el país necesita vivos y libres. Los recordaremos y los nombraremos hasta que sea necesario. Son ellos y ellas –sus ausencias, y nuestras pérdidas– quienes deben ser el centro de atención de la opinión pública, no una pelota, ni el reality show que protagonizan los funcionarios del Gobierno y los Senadores de algunos partidos. Toda la sociedad colombiana debe atender el llamado que nos hacen los movimientos sociales y ciudadanos para que este 26 de julio salgamos a las calles en defensa de nuestros líderes y de la paz. Es en las calles donde se le tuerce el brazo al poder. Es la sociedad la única que puede mantener viva su posibilidad de soñar.

La consecuencia y la causa, el antídoto y el veneno, el “pharmacko” que en griego se entiende como eso que enferma y cura. Esta es la dualidad en la que se suspende el tema de las sustancias psicoactivas (SPA), un paradigma que, en vez de esclarecerse, se dispersa a voluntad de algunos gobiernos para seguir alimentando la “cruzada contra las drogas”, un negocio oficial multimillonario justificado por los estados prohibicionistas.

La droga es toda sustancia que, al ser ingerida en el cuerpo, genera una reacción en el sistema nervioso central que afecta el “ánimo” del que la consume, potenciando momentáneamente la serenidad, la energía y la percepción, permitiendo reducir del mismo modo la aflicción, la apatía y la rutina psíquica.

Esta definición no es tan antigua como la relación del ser humano con las sustancias, que usando los sentidos y transformando las aportaciones externas por medio del cuerpo se “consume” el mundo y reacciona ante él.

Ahora bien, los fines de consumo varían dependiendo de la sustancia. El alimento, por ejemplo, se ha venido estudiando desde la nutrición para llegar a estandarizar una tasa óptima de vitaminas y minerales que necesita una persona para un desarrollo adecuado de sus funciones biológicas. Esto desde el punto de vista alimenticio.

De otro lado están las sustancias que al metabolizarse no aportan tasas proteínicas, sino que sus propiedades estimulan el sistema nervioso central y sirven de antibiótico para algún dolor o para estabilizar alguna inconsistencia psíquica que padezca el ser. En este punto es donde el usuario accede a alguna sustancia ya sea por prescripción médica o por automedicación. En cualquiera de los casos, habrá una ingesta de algún compuesto sintético o en ocasiones orgánico.

¿Cuál es la diferencia? Evidentemente el tipo de sustancia y la forma genética (orgánica o transgénica) en la que se puede transformar, es una marcada divergencia, pero en realidad las diferencias son más morales, políticas y hasta económicas. Basta pensar en el tratamiento común y normalizado de la Trazodona, medicamento de venta libre que usan las personas que padecen insomnio para poder conciliar el sueño, comparado con el mismo tratamiento para el sueño que se hace con las gotas de cannabis vía oral.

El tabú hacia la planta ha acrecentado un imaginario de peligro por cualquier contacto con ella, pero en cambio las pastillas, que son recetadas o vendidas libremente, por el hecho de acceder a ellas formal e institucionalmente, las consideramos como eficaces y confiables. A las gotas de cannabis, por ser esta una planta señalada como nociva por el Estado, se les mira con desconfianza y recelo.

¿Quiénes son los encargados de crear el sistema de valores que determina precisamente la sanidad o el peligro de las sustancias? Desafortunadamente cae la responsabilidad, no de forma casual, en los individuos que controlan y financian la industria farmacéutica, y son ellos los que deciden qué ingieren las personas en el mundo. Aquí se relaciona esto con el tema de la alimentación con una dualidad similar en cuanto a la elección de consumir alimento orgánico o comida intervenida genéticamente en laboratorios, como los llamados transgénicos.

Se enfrenta el conocimiento ancestral, tanto de la medicina como de la agricultura, a la industria. Un ejemplo escabroso de esta última, es la alianza que hicieron Bayer (farmacéutica) y Monsanto (multinacional transgenética) para controlar todo el mercado de sustancias y así ampliar su laboratorio y las pruebas a toda la población mundial, quedando en sus manos la salud y la alimentación de la especie.

Somos los chivos expiatorios de la industria que estudia nuestras reacciones a las enfermedades biológicas y psicológicas que el mismo ente de control crea para luego ofrecer una cura parcial. Así se asegura este círculo vicioso. Es como si el dueño de un montallantas pusiera varios clavos regados por el pavimento unas cuadras atrás de su establecimiento, para después solo esperar de manera segura que llegue el trabajo que él mismo propició.

Resistirse al consumo de productos con agrotóxicos y sintéticos es un gran reto, teniendo en cuenta que las mismas multinacionales han impuesto en la cultura de nuestros pueblos la costumbre de consumir su veneno. Aun así, hay una lucha alterna que también hizo alianza: el conocimiento ancestral recuperado de la medicina y la agricultura adaptado a las prácticas de la modernidad, que se convierte en una alternativa frente a la amenaza de los grandes monopolios.

Otro elemento a tener en cuenta es que la adicción a las drogas es una enfermedad social tratada por el Ministerio de Salud en diferentes niveles. El primero es la prevención que hace gestión de riesgo, anticipándose a la posibilidad del consumo de la población que no ha consumido, para evitar que llegue a suceder un contacto de la sociedad con las SPA. Luego está la mitigación que busca reducir los efectos negativos de los riesgos, tanto antes de que se manifiesten como cuando ya lo han hecho y se han convertido en daños. Si el impacto del consumo crea dependencia y degradación social ya se trata desde la superación, que es otro eje del Gobierno para combatir el consumo de drogas en el país. Por último, está el eje de Capacidad de Respuesta que se enfoca en reducir la incidencia, la prevalencia y el impacto del consumo, a través de estrategias de respuesta técnica, institucional, financiera y de integración.

El anterior es el camino institucional impuesto para un consumidor que cae en manos del Estado. Se le denomina también el modelo transteórico del cambio, proceso por el cual se da la trasformación del individuo a su normalidad, según los estándares de las instituciones encargadas del bienestar social.

En esta perspectiva ni siquiera se tiene en cuenta la sustancia y el conocimiento de la misma, sino el efecto que crea cuando ya la persona ha accedido a consumirla. De esta manera, el usuario ya no es solo dependiente de la sustancia, sino del Estado que ejerce un control de esa relación.

Bajo esta cruzada gubernamental maquillada de iniciativa terapéutica se esconde la eterna dicotomía entre autocontrol y coacción estatal que, en definitiva, pone en peligro la supervivencia de una sociedad que tiende a delegar sus responsabilidades. Una estrategia para olvidarse del derecho a disponer de sí mismo, el derecho a la propiedad y el libre desarrollo.

Todas estas son políticas públicas impuestas y supervisadas por Estados Unidos, un país que nos recomienda, sin opción de respuesta, que se prohíba el consumo en nuestro país, mientras ellos mismos son los que reciben y legalizan de nuestra tierra muchas de las sustancias que consumen; hablan de estándares de salubridad cuando gran parte de su población es adicta a la cocaína o tiene problemas de obesidad severos. Nuestros jueces son pecadores que alzan el martillo con la bata ensangrentada.

En definitiva, la independencia y el autocontrol fundamentados en información sobre las Sustancias Psicoactivas son derechos que nos permitirán salir del círculo vicioso de las adicciones, las superaciones y las recaídas.

El pasado 9 de mayo la Fundación Forjando Futuros presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su reciente informe sobre las sentencias que condenan a la empresa ARGOS S.A. a restituir tierras a familias despojadas. La empresa ha sido condenada en 12 sentencias –desde 2016 hasta 2018–, a devolver 1023 hectáreas a familias despojadas de la región de Montes de María, en los municipios de El Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Onofre (Sucre). En total, distintos Tribunales ordenaron a Argos restituir 26 fincas a campesinos víctimas del despojo de tierras, luego de que los opositores “no probaron su buena fe exenta de culpa”.

Argos sabía lo que pasaba
La primera sentencia que castigó a Argos fue proferida el 17 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Cúcuta. En ella se lee: “Se omitió la situación de conocimiento público y notorio de conflicto armado y violencia generalizada que por más de 20 años se vivió en el municipio de Carmen de Bolívar. Circunstancia que ha de presumirse era conocida por Cementos Argos, en tanto allí desarrolla actividades relacionadas con su objeto social”.

Esta idea fue ratificada por el Tribunal Superior de Cartagena en noviembre del mismo año, al estudiar la compra de otro inmueble, también en el municipio del Carmen. Esta sentencia explica que varias empresas y personas se apropiaron de tierras (entre ellas Fiduciaria Fiducor, y Claudia María y Paula Moreno Ángel), o bien, compraron predios a los campesinos aprovechándose de su situación de desplazados, y explica, posteriormente, que Argos siguió el mismo camino. “Cementos Argos despliega la misma actuación en claro desconocimiento del principio de solidaridad con la población desplazada y la normatividad vigente en materia de protección de dicho grupo poblacional”.

Pero que Argos fuera consciente de la violencia en el pueblo no fue lo único que desvirtuó su “buena fe exenta de culpa”, pues en un segundo momento se comprobó que la empresa utilizó maniobras jurídicas para obtener los predios: “Se observa descuido, incuria e infracción de normas legales en el actuar de dicha sociedad”.

Estrategia jurídica
Las sentencias que condenaron a la empresa permitieron descubrir toda una estrategia jurídica construida para la compra y acumulación de las hectáreas. La idea fue utilizar unas empresas que compraron inicialmente y luego le traspasaron a Argos.

“Para la acumulación de tierras en Montes de María, Argos creó diferentes figuras jurídicas, dándole apariencia de legalidad en las negociaciones. Hubo unos compradores iniciales que ellos llaman terceros, que fueron los que fomentaron el interés de las personas de vender, ellos compraban la tierra, luego se las compraba Tekia o se las compraba Alianza Fiduciaria, o Fiducor y luego pasaban a manos de Argos”, explica Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, autora del informe.

Por otro lado, la buena fe de Argos, las empresas cercanas, y de las personas naturales condenadas en las 12 sentencias, se descalificó porque estas no demostraron haber investigado bien los predios que iban a adquirir, por ejemplo, no se fijaron en qué condiciones estaban quienes vendían sus tierras, qué hechos sucedían en la región, si eran desplazados, si los títulos eran legales, e incluso, si los vendedores sí eran los verdaderos dueños de los predios.

Argos contra la Ley de Víctimas
El periodista Juan Diego Restrepo denunció en 2016 que Argos pretendía cambiar la regulación presente en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En concreto, la intención era modificar el artículo 94, que expresa lo siguiente:

“ACTUACIONES Y TRÁMITES INADMISIBLES. En este proceso no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el Juez o Magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso alguno”.

Para ello, Argos se habría valido, según Restrepo, de la ayuda de un abogado cercano: Maximiliano Londoño Arango, de la firma Londoño & Arango Abogados. Este fue quien presentó la demanda ante la Corte Constitucional alegando la inconstitucionalidad del artículo por ser contrario, según él, a principios como el debido proceso. Londoño pidió a la Corte revisar la constitucionalidad de la expresión “ni la conciliación”.

Según Gerardo Vega, la Ley de Víctimas no permite estas figuras porque es una ley de transición, una ley para salir del conflicto, lo que implica que las compensaciones de los involucrados no sean solo económicas ni la mera devolución de la tierra. La reparación incluye la verdad, contar qué otros delitos o hechos de violencia se cometieron y a quién se benefició. “Esto no puede ser aceptado en justicia transicional. Eso se presta para manipular a las víctimas. Decirles: “venga, yo le doy más de lo que le va a dar el juez”. ¿Pero qué pasa con la parte de la verdad, los delitos que se cometieron, los hechos de violencia?”.

El sector privado y su responsabilidad en el conflicto
Argos no es la única empresa vinculada con casos de despojo, desplazamiento, y restitución de tierras, empresas del sector financiero como Bancolombia, o multinacionales como la Continental Gold Limited y Anglo Gold Ashanti, también se han visto implicadas. En la actualidad, con la creación de la Comisión de la Verdad se abre una nueva oportunidad para dar a conocer la responsabilidad del sector privado no solo en temas de tierras y de despojo, de sino en general sobre el rol que jugó en el conflicto armado.

La Comisión de la Verdad trabajará por mostrar los patrones, en función de explicar cómo fue que tanto personas y empresas cometieron despojos y se aprovecharon de los desplazados con mecanismos aparentemente legales. Incluso, servirá para conocer qué sectores políticos, y más específicamente, qué gobiernos tienen responsabilidad en el tema de tierras.

En palabras de Gerardo Vega, “la Comisión será muy importante para comprender por qué empresas tan representativas terminaron involucradas en esto. ¿Quién las invitó? ¿Quién incitó a invertir en esas zonas y por qué razones? Muchas empresas alegan que era una política pública en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, dicen que el expresidente y el ministro los invitaban a regiones, decían ya estaban pacificadas, y ellos invirtieron de buena fe. Ahí hay otra verdad más allá de la responsabilidad de las empresas. Esa verdad es la que el país necesita, creo que la principal labor de la Comisión de la Verdad será esa”.
* Un contenido de Periferia para Periodismo de Verdad

La explicación clásica sobre la estructura del Estado dice que está compuesto por tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Las tres, según la teoría, deben caminar hacia un mismo horizonte. Un segundo postulado clásico dice que se debe respetar el debido proceso, así como las providencias judiciales, de manera que cuando no se esté de acuerdo con ellas, los mecanismos para expresar el desacuerdo sean los estipulados por la ley. Un tercer principio básico de toda democracia dice que hay instituciones que no están obligadas a funcionar siguiendo el clamor popular (sino la defensa de los derechos fundamentales), esto, que muchos tachan de antidemocrático, en realidad es una salvaguarda para el Estado de derecho. Ninguno de estos principios tiene cumplimiento en Colombia. No hay relación entre poderes, no hay respeto por las decisiones judiciales y no se acepta que haya instituciones contramayoritarias.

Hacia un mismo horizonte
Desde que se creó la Corte Constitucional, en 1991, muchas personas han debatido sobre su alcance y función. La mayoría de sus detractores han criticado que esta tome decisiones de gran impacto social, suplantando, según ellos, a los otros poderes. Hay dos ejemplos claros: lo referente al matrimonio homosexual y al aborto. En ambos casos la Corte ha tomado posturas progresistas, en defensa de las libertades individuales, y al hacerlo, se ha adelantado al trámite común que deben seguir este tipo de asuntos en una democracia, en otras palabras, ha hecho lo que los otros poderes no han podido (no han querido). Específicamente, el Congreso. En ningún momento desde que el país estrenó Constitución ha habido una legislatura que se atreva a estudiar de manera rigurosa y objetiva estos temas, básicamente por el temor de los congresistas a perder votos. La Corte, por el contrario, se ha hecho responsable de esa tarea, cargando encima el costo político que implica tomar decisiones que la mayoría no comparte.


Respetar las instituciones
La falta de madurez política y de cultura democrática se refleja en las reacciones de muchos sectores políticos cuando la justicia toma una decisión con la que no están de acuerdo. Dos casos recientes lo ejemplifican, el de Santrich y el del consumo de sustancias psicoactivas y licor en los espacios públicos.

A Santrich, que era retenido por la Fiscalía, lo ordenó liberar la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. Pero más se demoraron los magistrados de la Justicia Especial en tomar la decisión que el Presidente, el Fiscal, y los congresistas, en salir a condenarla. La única entidad que actuó de una manera adecuada fue la Procuraduría, que anunció que apelaría la decisión, en otras palabras, siguió el orden legal que exigía el proceso.

El “caso Santrich” merece mención especial. Terminó, por fortuna, donde debía: en la Corte Suprema. La Constitución dice que al ser un congresista (Santrich fue reconocido como uno por el Consejo de Estado), la entidad encargada de juzgarlo es la Corte Suprema. La llegada del caso a esta instancia garantiza un mínimo de rigurosidad en el proceso, lejos de las manipulaciones de la Fiscalía sobre jueces y funcionarios de menor rango para enlodar al exguerrillero. Esperemos que quienes creen en la inocencia de Santrich se comporten de manera respetuosa en caso de que la Corte demuestre su culpabilidad, es decir, que no cometan el mismo error que cometieron sus enemigos cuando la JEP ordenó su libertad.

El segundo ejemplo lo trae la Corte Constitucional. Esta entidad tumbó los artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos, aduciendo la defensa del derecho a la libre personalidad, y argumentando que perseguir el consumo no guarda relación directa con “proteger la tranquilidad y las relaciones respetuosas”.
Esta vez no fue solo el Presidente, sino también los partidos tradicionales, los que mostraron el poco respeto que le tienen a las instituciones. Iván Duque no vaciló en decir que el decreto que creó para confiscar sustancias en espacios públicos aún está vigente, que los policías seguirán confiscando. Un presidente puede estar en desacuerdo con las decisiones de la justicia, pero es muy dañino el mensaje que transmite a la ciudadanía cuando sale en rueda de prensa a desautorizar a los magistrados y a poner en duda sus fallos, en especial cuando aduce razones populistas como “el cuidado de los niños y de la familia colombiana” tergiversando el debate real de la problemática, y haciendo ver a la Corte Constitucional como enemiga de la ciudadanía. Esta reacción no solo es engañosa y populista, además es completamente irresponsable.

Hay principios contramayoritarios
Cuando Álvaro Uribe era presidente hizo alarde del “Estado de opinión”, este es, según él, la máxima expresión del “Estado de derecho”. Consiste en someter los poderes públicos a lo que digan las mayorías. No importa si lo que dicen viola derechos fundamentales, no importa si lo que dicen atenta contra las minorías, no importa si lo que dicen desbarata el llamado “equilibrio de poderes”. No importa.

Esta expresión está tomando fuerza últimamente, a raíz, según analistas, de las últimas dos decisiones de la Corte Constitucional: la de tumbar las objeciones a la JEP y la de permitir el uso de sustancias en espacios públicos. Aunque realmente tiene que ver con que por primera vez en décadas la Corte Suprema está cerca de juzgar al expresidente. El punto es que las providencias de la Corte Constitucional han servido para revivir el discurso sobre la “impunidad”, “la entrega del Estado”, o que la familia y los valores están siendo violentados.

De hecho, Herbin Hoyos está promoviendo un referendo para acabar con la JEP y revocar las Altas Cortes. Esta propuesta, que fracasará rotundamente, muestra la inconsciencia de muchos sectores políticos, que sin tener conocimientos básicos sobre la institucionalidad del país, promueven discursos de odio en contra de ella. El punto es que son propuestas alimentadas por la teoría uribista del “Estado de opinión”.

Aquí vale la pena volver al pasado, exactamente, nueve años atrás. Iniciando el 2010, la Corte Constitucional decidió declarar inexequible el referendo que buscaba que los ciudadanos dieran el aval para que Uribe se reeligiera por segunda vez. Esa decisión es realmente histórica. Uribe contaba con el respaldo del sector empresarial, el grueso de los partidos políticos, y en especial, con un apoyo de la ciudadanía que se llegó a calcular en un 80%. En resumen, si por la “opinión”, es decir por el apoyo de las mayorías se tratara, Uribe hubiera sido presidente por tercera vez. En ese entonces, los líderes sociales, los movimientos, y los juristas del país, conformaron la minoría opositora de la reelección. Este último grupo, integrado por académicos, magistrados, y constitucionalistas, le pidieron a la Corte que no diera ese aval. La razón era clara: un presidente, en un país de tradición presidencialista como este, es un funcionario con mucho poder, por ende, permitir que una persona continúe en tal cargo por varios periodos, atenta contra todos los pilares básicos de una democracia, y el poder deja de ser equilibrado. Y así lo entendió la Corte que, tomando una decisión contraria a la que el clamor popular pedía, nos salvó a todos de un daño institucional inmenso.

I


Su papá intentó convencerla de que no se fuera para la guerrilla diciéndole que la vida en la milicia era muy dura y que ella estaba muy joven, apenas tenía 16. “Dura es en toda parte. Si uno tuviera la posibilidad de estudiar, de salir adelante, de ser alguien en la vida... pero ustedes no me pueden dar el estudio, ustedes son demasiado pobres”, respondió ella. Rosmel respetó la decisión de su hija y la encomendó a la virgen.

36 años después, Gloria Emilse Padierna Cartagena no se arrepiente de alistarse en las FARC. Asegura que “las causas justas por las cuales luchamos siguen vigentes”, y deja claro que los ideales de aquella miliciana siguen intactos. Pasa sus días entre Medellín y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Dabeiba, Antioquia. Ya no usa camuflado, pero de la selva extraña “todo”. Hace unas semanas terminó octavo de bachillerato y está próxima a iniciar noveno. Quiere estudiar Derecho y no le teme a la muerte.

–¿Cuántos excombatientes estiman ustedes que están desaparecidos?
–Ah, muchos, miles –responde seca, sin emocionalidad alguna, como quien da una respuesta por todos conocida–. Porque dígame usted en un bombardeo donde mueren cinco, diez, quince, hasta veinte guerrilleros, que no queda prácticamente ni qué recoger. Usted sabe que en esos bombardeos la gente desaparece totalmente, entonces son muchos, muchos. Gloria es una detective sin cartón de bachiller. Es una de siete excombatientes que hacen parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), mecanismo extrajudicial y humanitario convenido en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Gloria coordina tareas de búsqueda en Caldas, Risaralda, parte del Chocó, parte de Córdoba, y Antioquia, departamento en el que según la Unidad de Víctimas se contabilizan 7.554 casos de desaparición forzada.

En los 20 años que dura su mandato, la UBPD aspira encontrar más de 100.000 desaparecidos; sin la ayuda de Gloria sería imposible. Parte de su vida ahora consiste en buscar y suministrar información que le permita a la Unidad de Búsqueda y a la Cruz Roja localizar el cuerpo, recuperarlo, identificarlo, y luego entregarlo a la madre, el hermano, el hijo o la viuda que lo reclama. Aunque en este caso poco importan los roles y las responsabilidades de guerra, la información que pueda proporcionar Gloria es mucho más determinante y reveladora cuando de un excombatiente se trata. Cuáles son las características físicas, de qué color tenía los ojos, cómo tenía los dientes, en qué año desapareció, qué grupo se lo llevó, a qué grupo se integró, cuáles fueron las circunstancias de la desaparición, si ocurrió en una vereda o en el casco urbano, cuál era el nombre real y el seudónimo que utilizaba en la guerrilla, a qué bloque pertenecía… son estas las preguntas que Gloria le hace a los familiares que buscan algún civil, policía, militar o guerrillero devorado por el conflicto armado. Si, por ejemplo, el desaparecido pertenecía al quinto frente de las FARC, a Gloria le corresponde indagar con los excomandantes, o exintegrantes de dicho frente, si saben en qué circunstancias murió y dónde puede estar enterrado.

–Muchos excombatientes todavía no entienden el proceso a seguir. Ese es uno de los temas que a uno le toca trabajar, la concientización, que los excombatientes entiendan que esto no va traer ningún problema jurídico, al contrario, si ellos dan las informaciones les van a rebajar las penas.

Buscar es arriesgarse a no encontrar nada, sobre todo si lo que se busca es un desaparecido. La geografía cambia y la memoria no es infalible. Lo que hace quince años era un matorral ahora puede ser un sembradío, por donde antes pasaba un río hoy puede pasar una carretera. En varias ocasiones el equipo de las FARC ha señalado puntos donde quizás puedan estar los cuerpos, pero al momento de la exhumación los forenses solo encuentran tierra. A Gloria solo le compete recopilar la información y compartírsela a la Unidad de Búsqueda y a la Cruz Roja, pero, a pesar del riesgo que eso implica, ella prefiere comprobar que en el lugar señalado efectivamente haya un cuerpo. Gracias al aporte de las FARC se han entregado aproximadamente 123 cuerpos, tres de ellos encontrados en las zonas que coordina Gloria.

–Usted sabe que el familiar del desaparecido no va entender que eso es un proceso y que eso no es cuestión de un de un día para otro. Hay muchos resentimientos por parte de la familia. Muchos dirán: “no, hay que meterle a la reconciliación, hay que botar esos rencores”, pero son heridas que no sanan fácil.

Buscar no solo es riesgoso, también costoso. La mayor dificultad que enfrenta hoy la Unidad de Búsqueda es la falta de presupuesto. Este año la UBPD solo pudo contratar 58 de los 261 funcionarios requeridos, pues recibió 33.332 millones de los 104.109 millones de pesos que solicitó para su funcionamiento. Las FARC deben financiarse con recursos propios. Gloria y sus compañeros están a la espera de recibir apoyo internacional para ejercer labores que con sus ingresos, un salario mínimo, no alcanzan a costear.

–Siempre que nos reunimos con el Gobierno le decimos que el problema de nosotros es la financiación. La Unidad no va a conseguir la información como la conseguimos nosotros, les toca aferrarse a nosotros, (…) la Cruz Roja nos ha colaborado mucho. Ellos no nos van a dar un sueldo mensual por el trabajo, pero ellos nos dan los viáticos para verificar un sitio de entierro o si hay que traer una persona para una investigación.

La gratitud del familiar que encuentra su desaparecido –dice Gloria– no tiene precio.

II


No mide más de uno con sesenta. Su espalda es ancha. Los brazos gruesos. La nariz holgada. Lleva bluyín y una camisa de mangas largas color granate. Las uñas pintadas con esmalte blanco. Una cadena con un dije rojo. Tres aretes dorados en cada oreja, uno con forma de rosa. Gafas negras que solo me dejan ver el aleteo de sus pestañas. Me mira de soslayo, y por periodos cortos. La cadencia de su voz es fría y lejana. Su lenguaje, despreocupado de la sintaxis y la gramática, reafirman sus genes rurales y campesinos.

A los 13 años Gloria hacía parte de las Juventudes Comunistas de Colombia (JUCO). Vivía en una vereda ubicada a cuatro horas de Currulao, corregimiento de Turbo, uno de los 11 municipios que conforman el Urabá antioqueño. En uno de los festivales organizados por la JUCO, Gloria le preguntó a una amiga qué debía hacer para ingresar a las FARC. Ella le respondió que no podía hacer parte de la guerrillerada hasta que no cumpliera los quince años. Gloria siguió vinculada a la JUCO, y poco a poco hizo de los ideales guerrilleros su proyecto de vida.

Diez años pasaron desde que Gloria le había comunicado a Rosmel sus firmes intenciones de ingresar a las FARC, no se veían desde entonces. Al momento del reencuentro, ya era madre. El papá de la niña murió cuando ella estaba en embarazo. La familia del difunto, que era tan pobre como la suya, se responsabilizó de la pequeña. Cierta vez, al volver de Apartadó, donde entonces vivía su hija, una compañera le dijo: “Gloria, la verdad es que esa niña mantiene es por la calle en meros calzoncitos”. La información despertó en Gloria el instinto maternal, y de inmediato pidió autorización a los comandantes para ir en busca de su hija.

–¿Cómo era estar embarazada en la guerrilla?
–En la época que yo la tuve no había unas directrices sobre el embarazo. Ya en la octava conferencia fue cuando se pusieron esas normas más estrictas. Sin embargo, la guerrillera que quisiera tener su bebé, lo tenía normal. No lo metían a uno a comisiones peligrosas, sino a comisioncitas muy quietas, hasta que ya lo sacaban a uno a tener el bebé. Pero yo sí cargué una pistola y cargaba mis cositas, tampoco cargaba pesado, pero sí estuve como hasta los seis, siete meses de embarazo. Uno tenía el bebé y tenía que dejarlo a la familia, uno no podía tener niños allá. A la mía me tocó dejarla de 43 días.

La última vez que la tuvo en sus brazos, su hija tenía seis meses. Preguntando, Gloria la encontró tal y como la había visto su compañera: en calzones, con un raspón en el brazo y sin la cadena de oro que le había regalado. A pesar del llanto de la abuela paterna, Gloria se llevó la niña que para entonces tenía seis años. Le pidió a su papá que se la recibiera, él aceptó y la dejó con él en la finca que tenía en Belén de Bajirá, territorio que hoy se disputan Antioquia y Chocó. A los dos años, volvió a encontrarse con su papá y su pequeña en las estribaciones del río San Jorge, en Córdoba. Tiempo después, monte adentro, un compañero le informó que a su papá lo habían asesinado en Medellín, adonde llegó huyendo de los paramilitares que lo sacaron de su finca. De no ser por el compañero, Gloria no se hubiese enterado que nunca más lo volvería a ver.

La guerra anestesia los nervios de quienes la protagonizaron, y provoca escamas y anticuerpos que repelen los sentimentalismos. Pero no puede acabar por completo con la emoción humana más potente y elemental de la cual se desprenden todas las demás: la tristeza. La congoja con la que mueve los labios, los silencios hondos y entrecortados, demuestran que a Gloria –esa mujer que parece hecha de metal– le pesa, la lastima, y la estremece algo cuando recuerda y habla de su papá.

Gloria ha visto lo más solemne y perverso de la condición humana, pero nunca olvida esa vez que los bombardearon en Santa Cecilia, un caserío situado entre Chocó y Risaralda: “Es una guerra muy degradante, muy desigual con esa tecnología de punta que llegó. Los bombardeos para mí eran muy desastrosos, uno veía los compañeros partidos, muertos. Uno sabe que la guerra es así, pero le duelen también sus compañeros, que los maten así de esa manera. No es como uno ir al combate, que sabe que se está enfrentando, y es el que más iniciativa tenga, pero así como a la bandida…”.

– ¿Extrañas algo de esa época?
–Claro, todo. La comida, la selva.
–¿La comida por qué?
–Porque la comida de la ciudad es muy maluca. Aquí que no viven comiendo sino esas comidas chatarras y todo eso. A mi esas comidas no me gustan, por ahí un perrito de vez en cuando.
–¿Y qué extrañas de la selva?
–El medio ambiente, las aguas, la gente, todo. A mí nunca me pesó haberme ido para la guerrilla, y no es que esté arrepentida de que las FARC hayan tomado la decisión de dejar las armas, lo hecho ya está hecho, pero sí digo que no se hubieran dejado las armas hasta que el Gobierno no hubiera cumplido si quiera la cuarta parte del Acuerdo.

III


La mayoría de la guerrillerada estuvo a favor del Acuerdo, Gloria también. De no ser por las impopulares negociaciones entre Santos y las FARC, tal vez yo no podría comprobar que detrás de la exguerrillera hay una mujer, una persona, una estudiante que la pasa mal con el inglés y la raíz cuadrada que le enseñan en clase de matemáticas, una madre a quien su hija de 36 años le reclama porque prefirió dedicarle su vida a la milicia y amamantar un ideal.

–Ella todavía no ha podido entender que me tocó dejarla por las circunstancias, pero ella algún día tendrá que entender, ¿sí o qué? Ella dice que sufrió mucho, pero sufrió qué, si yo siempre estuve pendiente de ella, al tanto de lo que le faltara, de que hiciera sus estudios, colaborándole económicamente.
–¿Y ahora tenés pareja?
–Yo sí, allá en el espacio, pero él mantiene es allá, yo mantengo es trabajando. A ese sí lo han amenazado de muerte, lo han amenazado los paramilitares, dizque Otoniel. Él es líder allá en el espacio, mantiene reuniéndose con la gente y con diferentes entidades, es encargado de la seguridad. No sé realmente por qué las amenazas, qué hizo él o en contra de quién. Dizque le tienen ahí unos manes para que supuestamente lo maten. Allá hay un esquema colectivo y él cuando sale siempre se mueve en ese esquema, pero como hay tanta gente para moverse, ese esquema a veces no da abasto. Yo le digo: “no salga tanto a Dabeiba, salga a cosas a las que necesariamente tenga que bajar usted, no dé mucha papaya”.
–¿Y vos no sentís miedo?
–¿De qué, de morirme? Pues no, eso el día que uno se va morir ni siquiera se da cuenta –responde Gloria, mientras florece en su rostro una de las pocas sonrisas que se permitió durante esta conversación–. La muerte lo sorprende a uno en cualquier parte, ¿o no es así? Yo me meto pa' todas partes, y si me van a matar en mi trabajo, pues qué se va hacer.

IV


Solo permanecen 80, 70, 60, ni Gloria sabe cuántos, de los 250 excombatientes que se concentraron inicialmente en el ETCR de Dabeiba. Únicamente les han cumplido con la renta básica mensual. Los proyectos productivos no llegan. Muchos están intentando montar cooperativas piscícolas y ganaderas por cuenta propia, otros retornaron a las armas y la ilegalidad. En este momento no son dueños de nada, ni del predio donde están asentados, mucho menos de su futuro. En las mismas condiciones estaba la familia de Gloria cuando ella decidió echarse un fusil al hombro.

*Un contenido de Periferia para Periodismo de Verdad

Pedro Nel Gómez

Este año se conmemoran 120 años del nacimiento de Pedro Nel Gómez, cuyo lugar de origen, Anorí, Antioquia, y su entorno familiar, fueron determinantes para la formación del futuro artista, arquitecto, pensador y humanista. Su indeclinable vocación le dejó al país uno de los valores patrimoniales de mayor riqueza, cualificada por sus propuestas estéticas, por los contenidos de corte social y político, por el tratamiento dado a temas habituales del arte como el paisaje, el retrato y el bodegón, y por su osada incursión en el muralismo. Es, a 120 años del nacimiento del artista, cuando su obra ha alcanzado mayores niveles de aceptación y cobra nuevos valores en medio del panorama mundial.

Fue en los años 60 del siglo XX, época de consolidación de las vanguardias artísticas nacionales, que emergió la figura de Pedro Nel Gómez, después de que los valores incontenibles de sus propuestas estéticas rompieran el dique de contención impuesto por la crítica del momento. Ser cronista de la historia y de su época es una de las mayores virtudes de Pedro Nel Gómez; por eso, y por lo amplia de su obra, siempre será necesario revisar su producción artística con nuevos intereses y relacionándola con todas las esferas de la vida humana.

Si bien su proceso de formación tuvo origen en el insinuado panorama artístico de Medellín de comienzos de siglo, fue durante su estancia en Florencia, Italia, entre 1925 y 1930, cuando el artista inició un periodo de madurez creativa, que a su regreso al país le sirvió de soporte para enfrentar la realidad nacional, con el interés de dejar un testimonio y legarle así a Colombia una de las colecciones de mayor valor patrimonial.

El legado de Pedro Nel Gómez es un nutrido inventario de óleos, acuarelas, pasteles, dibujos, grabados, esculturas y murales al fresco, todos de sugerente contenido que, en conjunto, configuran un profuso retrato de la vida nacional colombiana, extraído de sus fenómenos sociales, políticos y culturales, de su suerte biológica y de la vida cotidiana.

Su incesante búsqueda de medios y formas para la expresión, obligaron al artista a recorrer un intrincado camino, no exento de las dificultades originadas en una crítica que durante años lo mantuvo desterrado del panorama artístico nacional, situación que, al contrario de los efectos esperados por quienes denigraron de su propuesta creativa, lo mantuvo a flote hasta lograr imponerse como uno de los mayores artistas del país.

La trascendencia de Pedro Nel Gómez tiene su comprobación en la vigencia cada vez más contundente de su obra, cuya recurrencia es indispensable en toda revisión al proceso de conformación social colombiana y a las dinámicas de consolidación de un arte nacional.

La Casa Museo Pedro Nel Gómez es la custodia de este patrimonio, entidad dotada por el mismo artista del poder y las condiciones necesarias para cumplir con su tarea divulgativa en los ámbitos local y nacional, atendiendo a las formulaciones del artista tendientes a renovar la mirada sobre el país, los postulados americanistas, las complejidades científicas y biológicas, las expresiones de la cultura popular y los hechos cotidianos.

La lucha social y el trabajo colectivo fundamentan el pensamiento creativo de Pedro Nel Gómez y, en tanto fenómenos sociales, actúan como el canal por el que se conducen las ideas del artista para proponernos, desde sus contenidos y formas, otros modos posibles de observación y reflexión sobre el acontecer humano.

Las transformaciones sociales derivadas de cada momento histórico, vistas siempre como una responsabilidad de las disciplinas social y antropológica, trascienden su campo y encuentran en el ámbito creativo otras posibilidades de recreación y análisis. Es este uno de los mayores valores contenidos en la producción artística de Pedro Nel Gómez, en la que los mayores aconteceres de la humanidad pasan por su visión, legando para la sociedad sus particulares ideas sobre el trabajo, las luchas de los pueblos, el fenómeno biológico de la maternidad, el paisaje, y la revolución de las ideas, entre otros hechos humanos.

Del acontecer histórico de la vida nacional, Pedro Nel Gómez ha sido una figura relevante por sus agudas observaciones a las dinámicas sociales del país, y por el llamado que hace a repasar, de manera permanente, episodios de la historia escrita por el conjunto social colombiano. También se le considera el iniciador de un arte moderno nacional, por sus renovadas estéticas y por los temas que motivaron sus obras. Estos son algunos de los temas esenciales en sus obras:

Maternidades
En su proceso de exploración de las ideas, Pedro Nel Gómez valora la procreación como el fenómeno biológico que mayormente determina el comportamiento humano, y exalta la maternidad como el origen de las grandes transformaciones sociales. Es este el punto de inflexión en el que el artista reconoce en lo femenino el poder que desarrollará la mujer a lo largo de la historia. El acontecer biológico de la mujer está signado por derivaciones que el ámbito social le reserva. Las luchas y el trabajo son escenarios en los que lo femenino ejerce su concurso y desarrolla su inteligencia en el proceso de supervivencia.

Sociedad y política
El reclamo colectivo expresado en las obras de conjunto social de Pedro Nel Gómez, es su abierta vinculación con las acciones reivindicatorias contadas en la historia nacional y universal, en las que se nutre la unicidad que, como un coro vigoriza el reclamo social.

El trabajo colectivo
En las ideas de Pedro Nel Gómez sobre el trabajo predomina el concepto de reunión, no tanto física, como de inquietudes, angustias y necesidades comunes a conjuntos sociales. La recurrencia sobre el tema llevó al artista a señalar esas preocupaciones comunes en muchas de sus obras.

Voces silenciadas
Por su intención ejemplarizante, el escarnio público es uno de los métodos de mayor recurrencia en los procesos de sostenimiento en el poder. A la figura de José Antonio Galán recurre Pedro Nel Gómez, por su significado histórico, en tanto configura el sacrificio de un notable defensor de los derechos sociales.

Vorágine urbana
Con la obra La Familia y la miseria en la esquina de la ciudad, Pedro Nel Gómez expresa su compromiso con el problema de las migraciones, y propone una mirada reflexiva sobre el inminente desbordamiento de los centros urbanos, en sintonía con las luchas y las manifestaciones sociales.

La revolución desde las ideas
La historia de Colombia, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX estuvo influenciada por expresiones de la inteligencia claramente manifiestas. Poetas, periodistas, políticos, escritores, pintores que habían desarrollado un agudo sentido de la crítica, dieron identidad a una generación desde la que la vida social y política del país estuvo bajo la mirada, siempre suspicaz sobre las decisiones políticas.

Pedro Nel Gómez y el urbanismo cooperativo
Uno de los aspectos que más impulsó el entusiasmo de Pedro Nel Gómez para llevar a cabo propuestas de desarrollo urbanístico para Medellín, como los barrios Laureles y San Javier, fue la esencia cooperativista y asociativa de ambos proyectos. Laureles, por ser una iniciativa de la Cooperativa de Habitaciones, denominado inicialmente como Barrio de la Cooperativa de Habitaciones, y San Javier, proyecto de vivienda para trabajadores, impulsado por la Cooperativa de la Vivienda Ltda. Se destaca, en el desarrollo de ambos proyectos, la calidad de la vivienda, de los trazados urbanos y de las reservas naturales como elemento fundamental para la vida humana.

Del concurso para el diseño del barrio Laureles fue declarado ganador el proyecto presentado por Pedro Nel Gómez y Horacio Longas; sin embargo, en el proceso de construcción, se creó un método colaborativo entre los ganadores y el urbanista belga Karl Brunner, contratado para el desarrollo total del proyecto.

El temperamento de las comunidades campesinas y organizaciones de base comunal del Cesar y El Catatumbo se reveló después de estar escondido y callado durante 18 meses de presión y ataques por parte de los militares del Ejército nacional acantonados en límites del Catatumbo y el departamento del Cesar. Las comunidades manifestaron no estar de acuerdo con las acciones represivas llevadas a cabo por el batallón número 10, quien tiene a su mando miembros de la Primera y Segunda División del Ejército nacional, olvidando completamente su compromiso y responsabilidad de proteger la vida en una zona de alta concentración de riquezas y grupos armados.

Tras la detención de cédulas por más de dos horas con fines de empadronamiento, la retención de vehículos particulares y públicos, el hurto de bienes personales, el ingreso a las casas sin autorización, los continuos tiros al aire cerca de las casas, escuelas y la tienda comunitaria, los controles de mercados y ofrecimientos económicos a campesinos, especialmente menores de edad, para que se vinculen o hagan parte de la red de cooperantes, la única alternativa que encontraron las comunidades fue manifestarse frente a la base militar ubicada en la vereda El Tigre del municipio de Chimichagua, departamento de Cesar, la cual limita con la vereda El Edén del municipio de El Carmen, en Norte de Santander, y refugiarse en la palabra como medio para llegar a un acuerdo y exigir la desmilitarización del terreno perteneciente a las Juntas de Acción Comunal que tiene fines comunitarios.

Aproximadamente 500 campesinos y campesinas integrantes del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), el Movimiento Comunal, el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras, Campesinos y Campesinas del Cesar (MTCC) y la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), se encontraron en esta zona conocida como el Alto Bobalí acompañados de representantes de los indígenas Barí, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER) y profesionales del Equipo Jurídico Pueblos para realizar durante una semana un plantón, denominado Asentamiento Humanitario Alto Bobalí, y de ser necesario darle un carácter indefinido hasta obtener una clara respuesta de un superior del Ejército nacional.

“El pasado y el presente nos puso los pies aquí”
En esta región, el modelo de desarrollo extractivista ha hecho que los campesinos se acostumbren a convivir con los intentos de sabotaje por parte del Ejército para desplazarlos. Por eso, estaban preparados ante cualquier irregularidad que se presentara durante esta movilización.
Desde la firma del Acuerdo de Paz se han presentado múltiples atropellos contra los Derechos Humanos y contra el Derecho Internacional Humanitario que cobija a los campesinos. Por eso con el Asentamiento Humanitario, este pueblo, que ha sido asesinado, silenciado y judicializado, pretendía reclamar la protección de sus vidas y el desmonte de la base militar.

Muchos no salían a una movilización desde hacía ocho meses por el miedo esculpido a causa de las insurgencias y las armas del Estado, aunque eso no impidió su presencia en el plantón. Otros aún tienen miedo de reclamar sus derechos y no asistieron. Alguien dice que en el Catatumbo naturalizaron la guerra, en otras palabras, les robaron el miedo.
Y cómo no perder el miedo si la guerra ha degradado esta región y su entorno. Un campesino cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad, denunció que el pasado mes de marzo casi lo pierde todo luego de que un helicóptero del Ejército despegara tras entregarle las raciones a la tropa. “Por lo general los helicópteros del Ejército aterrizan en una zona alta y plana. Estratégicamente en mi finca se presentan estas dos condiciones y ese día tipo seis de la tarde, una vez se levanta el helicóptero, el potrero se prende, casi hasta se queman ellos mismos. De la vereda fui el único afectado. Me quemaron el cercado, las mangueras, acabaron con los nacimientos de agua, quemaron una parte de la montaña equivalente a 30 hectáreas de bosque, me dejaron sin pasto para el ganado, afortunadamente se me salvaron mis dos mulas y un caballo. A un campesino por rescatar unas mulas se le quemó el celular. Imagínese el daño que me hicieron y hasta el momento nadie me ha respondido”.

***


El Catatumbo es un imponente despliegue montañoso que a la distancia forma un nudo verde cobijado de nubes grisáceas que se precipitan tras los fuertes vientos, en una altura promedio de 1500 metros sobre el nivel del mar. El martes, primer día del Asentamiento, los campesinos y campesinas que llegaban representaban una figura de valentía, sus rostros rodeados de sudor marcaban el inicio de una jornada histórica, definitiva y trascendental.

Poco a poco el lugar se transformaba en un asentamiento humanitario rodeado de carpas negras hechas con troncos húmedos arados a punta de azadón y machete y clavados firmemente a la tierra. A lado y lado de la pantanosa carretera se formaban círculos de conversación y se propiciaban los reencuentros. Tres líderes sociales templaban varios pendones del MTCC. En su fondo se leía: “Por la defensa del territorio y la vida, MTCC presente”, “los derechos del pueblo se arrancan al calor de la lucha organizada, MTCC”, y “el departamento del Cesar avanza a través del MTCC”.

Según Elías Nahum Quintero, el orden de las frases tiene un trasfondo: “Nuestro proceso propende por la defensa de la vida, cuando nosotros hablamos de la defensa de la vida tenemos que hablar de la defensa del agua, de los ríos, de las ciénagas, de los caños, de las montañas y de la vida de quienes habitamos el territorio. Es una palabra plural e incluyente. Primero se defiende la vida, luchando en la organización, luchando por los derechos del pueblo y creemos que aquí ya venimos avanzando, organizando las mujeres y organizando los jóvenes. Luego de eso exigimos nuestros derechos”, explica Nahum con un conocimiento impecable.
En la vereda Maicitos, municipio de La Gloria, departamento del Cesar, la tranquilidad de uno de sus habitantes dejó de ser la misma desde el día que apareció con otros seis compañeros en un intimidante listado donde lo tildan de guerrillero y lo amenazan con quitarle la vida. “Por medio de los abogados que trabajan en el territorio me di cuenta que estaba en esa lista. Allí aparece mi nombre y también el nombre de mi yerno y unos vecinos, no sabemos cuál grupo armado nos amenazó, solo sé que de la vereda aparecemos seis o siete. Por ejemplo, a mi yerno lo señalan de ser el cabecilla de la guerrilla… somos personas que trabajamos en la agricultura, no obstante, eso nos llena de mucho pánico –dice mientras piensa por unos segundos cómo proseguir en medio de un silencio extraño–. Hoy en día como campesinos no vamos a tener una vida digna, el Estado nos quiere acabar”.

Él todavía desconoce las razones por las cuales apareció en ese papel, y sostiene que nunca en su vida le han gustado las armas, y durante el conflicto les huyó varias veces a los grupos armados. Esto lo obligó a protestar con mucha dignidad en el Alto de Bobalí, aunque corriera el riesgo de morir en el momento menos esperado.

La tienda comunitaria
A pico y pala las comunidades mantienen transitables las vías de acceso; a punta de autogestión en el Catatumbo pueden pagar una retroexcavadora, una motoniveladora y una volqueta; gracias a las ventas de paletas y otros productos los habitantes pueden solventar el olvido del Estado que solo aparece una vez al año por medio de la Gobernación o las Alcaldías. Allí no saben qué es un ingeniero civil, un arquitecto ni un topógrafo. Ellos mismos han planificado sus vías, sus escuelas y han utilizado las tiendas comunitarias como puestos de salud y a la vez como droguerías.

Los puestos de salud que había en el Alto Bobalí se cerraron desde el 2000 y actualmente no hay personal médico, pero los campesinos han aprendido a ser sus propios enfermeros. Además, en cinco veredas no hay escuela primaria. En el Catatumbo solo el 1% puede acceder a una educación superior, esto quiere decir que el 99% termina trabajando el campo.

Sin embargo, la recursividad es la única mirada para enfrentar esta problemática. Desde que está la tienda comunitaria llamada La Sierra en el Alto Bobalí, 24 comunidades se benefician de ella, “la idea surgió del Comité de Integración Social del Catatumbo, de cómo inventar las tiendas de economía solidaria. Entonces se recogieron unos fondos de las mismas comunidades y poco a poco comenzó su funcionamiento. Esto lo hacemos para regular precios y evitar la especulación de algunos campesinos. Tratamos de que los precios sean justos y equitativos, buscamos que la administración sea propia y que todo nos salga más económico que comprarles a los comerciantes que vienen a la región. Consideramos que es un modelo de economía solidaria donde representamos el cooperativismo, la justicia y la solidaridad entre las mismas comunidades. En definitiva, cambiamos ese modelo mercantil que busca la acumulación del capital para generar posibilidades comunitarias de vida digna”, plantea Pedro Duarte, líder social de la vereda Dos Quebradas.

Esta propuesta ha sido estigmatizada por la Fuerza Pública que hace presencia en la zona. Estas iniciativas comunitarias, autóctonas y de autodeterminación de los pueblos tienden a ser señaladas por el Ejército de ser financiadas por los grupos armados y las insurgencias.

En los últimos meses, la tienda ha quedado en medio de los fusiles. El Ejército se ha burlado de la población al ver sus reacciones de miedo después de disparar al aire a menos de 50 metros de la residencia de una familia que tiene dos niños de dos y nueve años de edad.


Objetivo cumplido o la palabra cumplida
Por ese espíritu de sacrificio en medio de la brisa, la niebla, el frío, el calor, la lluvia, el hambre y el desvelo de la noche, fue que las comunidades lograron reclamar los derechos que les han quitado. Por esos rostros agotados, por esos pies descompensados tras el cansancio acumulado de la semana fue como los catatumberos ganaron legitimidad y recuperaron un poco de su dignidad. En medio de la última asamblea, un líder social dijo que por creer en el diálogo como la principal arma para llegar a una solución fue que el Estado y las Fuerzas Militares tuvieron que someterse a las exigencias de las 24 comunidades movilizadas en el Asentamiento Humanitario, y anunciaron su traslado de la zona.

Una de esas reivindicaciones la ha dado Miguel Quintero, líder social e integrante del MTCC, satisfecho con la actitud de todos y todas durante los seis días de movilización: “El tiempo es una gran victoria y por eso nos llevamos en las manos ese honor, esa la lucha y esa la valentía de que en el primer encuentro hayamos logrado hacer salir a la fuerza militar del territorio. A nosotros nos obligaron a hacer esto, felicitamos a cada comunidad por su aguante y perseverancia”, agradece Miguel con una inigualable emoción en su voz. “El territorio no se vende, el territorio se defiende”, finaliza en medio de la euforia del pueblo.

Recuerda y repite resplandeciente el gran triunfo que se llevan a casa y la posibilidad de revivir y hacer creer a los que no fueron, que vale la pena buscar la unidad del pueblo catatumbero. La militarización ha sido una forma de represión que el Estado ha utilizado para desplazar el campesinado y condenarlo a un abandono que no parece tener fin. Por años, a ellos los han querido acabar viendo cómo se llevan los mejores hombres de sus manos. De todas maneras, estas comunidades se aferran a permanecer en este territorio donde la gente es la gran riqueza.

Las imágenes diarias y cotidianas son contundentes: en cualquier lugar del mundo y a toda hora hombres y mujeres son atropellados por automóviles, caen en los huecos de las calles, se estrellan contra postes o contra otros seres humanos. Diariamente perecen (¿o se suicidan?) decenas o centenas de seres humanos como resultado de estos “accidentes”, normalmente evitables. El motivo es idéntico, ya que las personas que mueren o quedan heridas, segundos antes estaban ensimismadas mirando el Smartphone e iban cabizbajos sin tener la más elemental precaución sobre lo que sucedía en el mundo exterior.

Esto no es algo anecdótico, sino que marca un verdadero salto atrás en el proceso de evolución humana, puesto que ha surgido una variante de nuestra especie, que puede ser bautizada como Homo absortus, que se caracteriza por andar siempre mirando en dirección al suelo, o más exactamente al infaltable teléfono móvil. Como lo hubiera dicho Pierre Paolo Pasolini, estamos viviendo una mutación antropológica, por la generalización de ese insoportable aparatejo que supuestamente fue hecho para comunicar, pero que en realidad produce una incomunicación total y la completa desconexión de la realidad, que los sujetos que solo están conectados confunden con la realidad virtual.

El retroceso evolutivo es notable si se recuerda que Homo erectus, en sentido estricto, fue un género de la familia de los Homínidos que nos antecedió, un antiguo pariente nuestro, que surgió hace unos dos millones y medio de años. Usaba instrumentos, dominaba el fuego, tenía una estatura de 1.80 metros y una capacidad craneana de 1200 centímetros cúbicos. Caminaba imponente con su cuerpo erguido, mirando con cautela a su alrededor, era cazador y se alimentaba de animales como el mamut. Homo erectus fue el primero en desplazarse durante largos trechos y el primero de nuestros antecesores que abandonó su lugar de origen, el norte de África. Como ha dicho el biólogo Daniel Lieberman: “fue el primer antepasado que podemos caracterizar como significativamente humano”.

En sentido amplio nosotros somos, o lo habíamos sido hasta ahora, Homo erectus, denominación usada para destacar nuestra posición bípeda al andar, como uno de los atributos físico evolutivos que nos distinguen como Homo Sapiens. Caminar en nuestra historia evolutiva se ha relacionado con pensar, trabajar y ver el mundo exterior con nuestros ojos. Por eso, los primeros seres humanos que existieron se extasiaban mirando el cielo, las estrellas, los árboles, el mundo circundante, lo cual era a la vez una cuestión de supervivencia y de admiración de las maravillas del mundo.

Se hizo tan famoso el mirar las estrellas como parte de la reflexión humana que se cuenta que Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos de la antigüedad griega, se encontraba concentrado en observar el firmamento y de repente cayó en un pozo de su jardín, por no divisar el suelo por el que caminaba. Tracia, la esclava y cocinera del filósofo, al verlo caído en el pozo se burló de él y, según Platón, le dijo: “Tanto preocuparse por conocer las cosas del cielo, que se te ha quedado oculto lo que está bajo tus pies”.

Ahora no caemos al suelo por mirar las estrellas o meditar, sino por estar pegados fijamente en el celular, algo más trivial para nada relacionado con la grandeza del pensamiento y de la reflexión filosófica. Se ha perdido el sentido profundo de la contemplación y de la observación para quedar sumidos y sometidos a la dictadura omnipresente del móvil, al que se debe mirar cada instante, como si de ello dependiera la vida misma, y en muchos casos así es, porque, por ejemplo, se muere en el intento, atropellado por un automóvil, cuyo conductor también está pegado al celular. El capitalismo y sus tecnologías de la incomunicación han creado un ejército de zombis, especie de muertos vivientes, que caminan como simios en las atascadas ciudades del mundo.

Charles Darwin había dicho en 1871 que el bipedalismo fue la característica que nos situó por encima de otros simios (y tuvo más importancia que el tamaño cerebral, el lenguaje o el uso de herramientas), porque nos liberó las manos para hacer diversas cosas, como tomar un fruto, escarbar la tierra, cargar cosas… Si eso fue así, hoy estamos en el camino de regreso, porque no solamente se está abandonando la posición erguida, sino que además las manos se han limitado a desempeñar solo una actividad rutinaria y mecánica: chatear en el celular.

De tal manera que el cuerpo humano adopta posiciones simiescas al caminar por la utilización del móvil en el desplazamiento cotidiano, y la mano se le ha convertido en un simple instrumento que activa las teclas de un celular, con cuyo accionar esquizofrénico también se daña, como se evidencia con la generalización de nuevas enfermedades, tales como la tendinitis y el síndrome del túnel carpiano. El uso compulsivo del celular no solo afecta a los pulgares sino a toda la mano, la parte media del antebrazo, el cuello, la nuca, la parte trasera de los hombros y puede producir lesiones en las terminaciones nerviosas que salen de la columna vertebral. Que más puede esperarse cuando el pulgar, un extraordinario y exclusivo órgano nuestro que contribuye a diferenciarnos anatómica y socialmente de los demás animales, ha sido reducido a un simple instrumento para chatear y wasapear. Esto es una prueba más de nuestra preocupante involución que, como van las cosas, nos puede llevar a caminar como los gorilas y a andar con las manos vendadas de manera permanente.

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