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La casa sin sosiego es una antología de poemas que, sin necesidad de mencionar actores armados y escenas explícitas del conflicto colombiano, logra desentrañar el significado del dolor, de la experiencia de quienes vivieron el conflicto en carne viva y de muchos otros que lo sufrieron de lejos. Para Juan Manuel Roca, poeta y compilador de la antología, “el poeta es un traductor de sí mismo, y cuando logra traducirse a sí mismo, a lo mejor también logra traducir a los demás”.

Este poeta tiene una trayectoria apreciable: fue director y coordinador del Magazín Dominical de El Espectador y ha escrito más de 20 libros de poesía en los que ha logrado una representación lírica de la realidad. Representación que ha consumado desde múltiples estructuras poéticas y diferentes perspectivas de la vida misma. En una de las aristas de su obra se encuentra la búsqueda por una reflexión crítica frente a la violencia y el conflicto armado colombiano, reflejada en libros como País secreto o Temporada de estatuas, entre otros.

En el ensayo introductorio de La casa sin sosiego, titulado La poesía colombiana frente al letargo, Juan Manuel desarrolla una reflexión sobre la forma en que se ha materializado la expresión poética de la violencia en Colombia desde la época de la Independencia. De la misma forma, en la antología podemos encontrar poemas que representan desde las guerras civiles de finales del siglo XIX, pasando por la violencia bipartidista, hasta el conflicto guerrillero, paramilitar y urbano de la última mitad del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. A partir de este libro se planteó la conversación que tuvimos con Juan Manuel Roca.

Periferia: Aunque los versos sobre la violencia representen hechos atroces, no dejan de ser bellos o de tener un carácter estético. ¿Por qué la violencia engendra belleza y cuáles son los peligros de una poesía que embellece la violencia?
Juan Manuel Roca: La poesía está sucia de realidad, pero no es realista. No le interesa el inventario de cadáveres que hace la sociología, el historicismo o el cine, le importa ese carácter lírico que necesariamente está sucio de la realidad que nos ha tocado vivir, que es una realidad profundamente violenta.

Yo creo que si se logra ese carácter elusivo, del no decir diciendo, se logra una eficacia mayor que en lo otro que roza el panfleto, y a veces la exaltación o el elogio de la violencia. La narrativa de la Violencia –bipartidista– ha estado muy estudiada, hay muchos libros seculares sobre el tema de la Violencia: cuentistas, narradores. Generalmente tienen un toque realista que, de alguna manera, a mí particularmente me incomoda. Me incomoda porque para eso está la sociología, a la que también escamotea con un lenguaje tecnicista.

P: En el ensayo explicas, como metáfora, que vivimos en una comunidad de ciegos que no pueden ver el reflejo de su culpa ante el espejo. ¿La poesía podría ser ese espejo que refleja la culpa de una sociedad que permitió el conflicto?
JMR: Yo creo que, en el sentido en que es una forma de pensar, un intento de entendimiento, la poesía inevitablemente se pregunta por las circunstancias sociales, políticas, creando un registro distinto al que hacen las ciencias sociales. Hay poetas de un lirismo exacerbado, que no tocan para nada la realidad, ¿en el fondo cómo les parecerá de repugnante que no la quieren ni tocar? O sea que hasta en el fondo hay una actitud por la negación.

La frase de Cocteau me parece muy bella: “los espejos harían bien en reflexionar antes de devolver las imágenes”. Lo mismo ocurre con la poesía, debe reflexionar muy bien antes de reproducir como un espejo la realidad.

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Antes, las artes realizaban apologías a las guerras; es de resaltar la Iliada, la Odisea y la Eneida. Esta alabanza bélica fue predominante durante la Edad Media y comenzó a deteriorarse con la llegada de la Ilustración y pensadores como Voltaire, Montaigne y Kant que reprochaban las confrontaciones militares. En adelante, con la pululación de relatos de las guerras mundiales, en especial con los testimonios de las víctimas del Holocausto, las artes saltaron al reproche total de las guerras.

En Colombia, en la época de la Independencia, fuera de los escritos a favor y en contra de la separación de España, se encuentran versos claramente incendiarios escritos en contra de Bolívar, que sugerían descuartizarlo para lograr la paz, como es el caso de Luis Vargas Tejada en una de sus improvisaciones ante las juntas previas a la Conspiración Septembrina. Por otro lado, tenemos el caso de las Sixtinas escritas por indígenas paeces en las que se exalta la figura del libertador y se registra la violencia española.
Sobre la Guerra de los Mil Días, todavía con un estilo muy testimonial, Aurelio Arturo escribió la Balada de la Guerra Civil. En el poema describe el desfile de campesinos que se enlistan en las filas de uno de los bandos, y la soledad de las mujeres que se quedan en las aldeas mientras los hombres luchan en los campos. La violencia no se retrató con tanto énfasis hasta la siguiente gran confrontación bélica a mitad del siglo XX.

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P: En cuanto a la Violencia bipartidista, ¿cómo dio cuenta la poesía de este periodo?
JMR: Digamos que el expediente de ese inventario de cadáveres, lo que se decía de las novelas de la Violencia partidista, es un expediente que me resulta pobre. Por otro lado, Espuma y nada más es un cuento de Hernando Téllez que es un ejemplo de excelentísima literatura. Hay una pulsión en ese libro, porque es una violencia que ya pasó, o de una que va a pasar, no de una que está pasando.

Entonces, lo que yo creo es que la poesía sí acude a eso, inclusive poetas que nunca tuvieron una participación política, más bien evasivos de esa concepción de la poesía como un arma política, como Fernando Charry Lara, un poeta de la generación de los Cuadernícolas y el mito que escribió el poema Llanura de Tuluá. En él logra una cosa tremenda, y es que en ese espacio pequeño de la vida y la muerte alguien maneja una especie de 'necrómetro', y les cuenta las horas a las personas para ser asesinadas, que es más terrorífico que decir que los liberales mataron a los conservadores o que los conservadores mataron a los liberales.

P: Luego, en la década del 60, durante el crecimiento de las guerrillas de izquierda, así como la efervescencia política por la Guerra Fría, ¿qué desarrollo tuvo la poesía?
JMR: El registro dominante en los años 60, cuando mi generación creía, o creíamos, en una vía por la lucha armada, era a favor de esta. Recién producida la Revolución Cubana había un espíritu transgresor a partir de la lucha armada, sin embargo, es una poesía que no corresponde, en general es muy pobre, porque una verdad mal dicha se vuelve mentira.

Yo puedo leer a Benedetti, que me parece uno de los peores poetas de la humanidad y sus alrededores, y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero no como lo dice. Y ahí sí, en el qué decir, el cómo hacerlo puede influir mucho. Es que yo creo que en general esas verdades, además de ser compartibles, pueden tener un rango estético que haga que eso se pueda llamar poesía, se pueda llamar arte.

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Pasando de época, entramos en Colombia al conflicto armado interno que, con intentos de clausura como el reciente Proceso de Paz con las FARC, aún no termina. Este enfrentamiento ha mutado, añadiendo actores como los paramilitares y al narcotráfico como financiador.

Su recrudecimiento, así como la concentración de su violencia en la población civil, dio paso a que las víctimas llegarán a la poesía, para denunciar y exorcizar su dolor. De esta violencia emergen libros de poesía como El Canto de las moscas, de María Mercedes Carranza, donde la poeta se refiere a 24 masacres con versos cortos, y El vuelo del fénix, del grupo de mujeres víctimas del conflicto Ave Fénix, donde usan la escritura como catarsis.

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P: Con la degradación del conflicto armado, ¿cómo ha mutado la poesía con él?
JMR: Yo creo que hay muchos matices de la confrontación de poema con la realidad, y en el grado que tenemos todos los colombianos de disfuncionalidad con la realidad. Porque como dice Nabokov, siempre que se use la palabra realidad debe ir entre comillas, de qué realidades estamos hablando en un país donde la realidad es tan surreal.

Entonces, yo creo que se han adoptado nuevos registros, que no son puramente de denuncia, sino que hay otro grado de sutileza en muchos de los poemas. Donde, además, aparecen todas las violencias: la violencia sicarial, la violencia partidista, la violencia estatal, que es la peor, la guerrillera... Todas esas violencias aparecen en ese registro, y es lo que hace que la poesía colombiana no sea esa coral cantando la misma tonada, hay mucha diversidad de registro.

P: A raíz de esta violencia, muchas víctimas empezaron a denunciarla y hacer catarsis, ¿existe alguna licencia de quienes sufrieron para escribir sobre su dolor?
JMR: Yo creo que tanto un poeta como una víctima. Por la frase de Rimbaud de “Yo es otro”, a mí me pasan cosas como al otro y a los demás. Los que pertenecemos a un conglomerado social no nos movemos en un mundo abstracto. Muchas veces cuando yo estoy hablando de la violencia, sin que la haya sufrido directamente, logro expresar lo que otras víctimas no y viceversa. No es un problema de que haya autorización o patente de corso para escribir sobre la violencia, el que lo siente y lo necesite que lo haga. Pero la verdad nosotros sabemos mucho más por Homero y otros autores de las guerras que por los que las padecieron, siendo víctimas o victimarios.

Esa es la belleza de este asunto, porque el poeta es un traductor de sí mismo, y cuando logra traducirse a lo mejor logra traducir a los demás. La poesía meramente autorreferencial, a partir de sentimientos y de vivencias, realmente ha sido una poesía muy efímera.

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La violencia urbana en Colombia llegó a su punto más sanguinario con los carteles de narcotráfico y la presencia de actores guerrilleros o paramilitares en la ciudad. En el poema Los que tienen por oficio lavar las calles, de José Manuel Arango, se expresa lo simple y terrorífico que puede ser tal actividad cuando lo que se limpia de las calles son regueros de sangre.

Frente a una violencia sin fin se ha generado una poesía de emergencia, que llega a partir del mandato individual o colectivo con que el poeta se siente obligado a expresar las atrocidades que ocurren ante sus ojos y le indignan.

En muchos de estos casos no media el reposo o una reflexión constructiva al respecto. El ánimo de denuncia desde la poesía en medio de situaciones de conflicto, cuando se elabora sin una meditación adecuada, termina por opacar el carácter estético y poético de una obra.

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P: ¿Cómo lograr una obra espontánea que aborde temas como el conflicto armado sin caer en una mercantilización de este?
JMR: Eso tiene un problema, hay una cosa que dice Kafka en Carta al padre, si lo recuerdo más o menos sin tergiversarlo es: “un leopardo aparece en un templo y eso es un milagro, pero si eso se empieza a controlar deja de ser milagro para ser rito, ritual”. Lo mismo pasa con la producción artística, estética. Es tan maravillosa y milagrosa la aparición de una obra de arte que es como un leopardo que aparece en el templo, pero eso se puede controlar, y al controlarlo se puede volver pragmático, utilitarista, de hecho, pasa con muchos artistas plásticos, pasa con la novela, pasa con el cine. La exhibición de la llaga también da dinero.

Los carriles por los que se mueve la poesía son otros. Hay quien se vive quejando de que no se lee, siempre ha sido así. Una vez me decía un muchacho: “yo voy a ser poeta, ¿qué me aconseja?”, “lo primero es que elija el desierto en que va a predicar, porque si está esperando el aplauso, dedíquese a otra cosa”.

P: Para finalizar, ¿cómo se puede producir una obra reflexiva sobre la violencia, si no hay un descanso de ella?
JMR: Eso es una cosa muy compleja. Hay un cuento de João Guimarães Rosa que se llama La tercera orilla del río. Los ríos no tienen sino dos orillas, lo mismo pasa con esto, existe la orilla de la creación y la orilla de la realidad inmediata. Hay que crear otra orilla. Qué hacer con una realidad tan cruda, tan burda, tan terrible, en un país donde la guerra viene después de la posguerra, aquí no ha habido tregua. No es fácil, pero yo creo que hay que intentar por lo menos, de la manera más honesta posible, aunque la honestidad no es una categoría estética, conjugar esos dos climas, el de la creación y el de nuestra infame, barata, sórdida realidad.

Al sur el río San Juan, al occidente las plantas que proveen el alimento y sanan las dolencias, al este la educación de los niños, niñas y jóvenes, y al norte la titulación colectiva de un territorio de comunidad negra que ha sido la casa de cuatro generaciones en la vereda Villa del Río. Aunque esta rosa de los vientos no indica la complejidad de una comunidad que habita la vereda desde los años 60, cuando Rosendo Rúa y Romelia Iles llegaron desde Barbacoas a Putumayo para construir un mejor futuro para ellos y para María, su primera hija, sí representa las columnas vertebrales de una comunidad que tiene un vínculo con la naturaleza, que se preocupa por el bienestar de las generaciones futuras y por la defensa del territorio que se ha convertido en el espacio para ser sujeto colectivo negro.

María, la pequeña hija de los Rua Iles, es la sabedora que conoce este cuento al derecho y al revés, y es quien relata que se ha construido comunidad en el río San Juan, en el bosque frondoso que lo rodea, y las generaciones seguirán poblando de vida un territorio adentrado en Putumayo, donde no solo habitan comunidades indígenas y campesinas, sino también comunidades negras cuyas historias resistieron y se continúan escribiendo hasta en la espesura de la Amazonía.

Del territorio y otros espacios de lucha
Hay 30 minutos en lancha desde Puerto Caicedo hasta la vereda Villa del Río. Minutos suficientes para sentirse resguardado en la vegetación que posee la entrada a este territorio. A la orilla del río, Nandy, Luis y Sandra están bañándose y jugando con una canoa que ya no sirve como transporte ni para pescar (no con todas las de la ley), pero que se ha convertido en el medio para ir al punto hondo del río y lanzarse en clavado, costado o “como caiga”.

Salen del río empapados en risas y caminan unos 10 minutos por trocha hasta llegar a la escuela primaria de la vereda. Detrás de la escuela, se encuentra el salón principal del Consejo Comunitario Villa del Río: la sede principal de la fiesta de blancos y negros, de las novenas, de la navidad y de las fiestas del agua. Allí mismo, 32 familias que conforman la comunidad realizaron su primera asamblea en la que decidieron constituirse como un consejo comunitario que exigiría la titulación de su territorio, para conservar y fortalecer sus formas de vivir como pueblo negro.

La comunidad de Villa del Río se dedica a la agricultura, la pesca y la caza. María recuerda que “antes había muchos cultivos de maíz, arroz, plátano, copoazú, chontaduro, cacao; criaban marranos y cacería de gurre, venado, cerillo, hasta tigre, pero mucho de esto se ha perdido porque no hay a quien venderle”. Actualmente, la mayor parte de cultivos colectivos son el maíz, la caña y el arroz, y la pesca es otra de sus actividades productivas. Todas ellas deben ser potenciadas para el buen vivir de la comunidad, según Marta Rua, presidenta del Consejo Comunitario.
Además, en las huertas de las casas se siembran frutas, palmas y pancogeres, así lo hacer también José Aníbal Barrientos, el médico tradicional de la comunidad, quien riega la semilla para recoger la planta que sana al paciente de alguna enfermedad. Porque si hay alguien en Villa del Río que sabe la cura para muchos males del cuerpo es José Aníbal. Con voz enérgica, José explica que solo se debe hervir en agua una planta de hierrita de la virgen para el corazón, cocinar el cristal de la sábila para el dolor en las amígdalas, o yerbabuena para el útero, entre otros secretos que esconden las plantas que han sido revelados a él, porque ha construido, igual que su mamá, un puente espiritual con la naturaleza.

“Nos organizamos para defendernos”
Así como el caso del Consejo Comunitario Villa del Río, que presentó en el 2013 su solicitud de titulación sobre 550 hectáreas aproximadamente, hay otras 271 solicitudes de comunidades negras en el país que no han recibido respuesta de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad encargada de otorgar el título colectivo. Por tal razón, en el 2018 nació el proyecto de Titulación Colectiva de Territorios Ancestrales Afrodescendientes en Colombia como un convenio liderado por el Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) y la Agencia Nacional de Tierras, asistido por el Observatorio de Territorios Étnicos (OTEC) y con el apoyo financiero del Fondo de Tenencia (TF), con el objetivo es agilizar las acciones para la seguridad jurídica de los territorios de las comunidades negras, tal como lo explica Astolfo Aramburo, coordinador del proyecto.

Villa del Río es uno de los 50 consejos comunitarios que se espera sean titulados en el marco del proyecto, y cada vez está más cerca de que el Estado le reconozca su territorio como ancestral y colectivo. De acuerdo a la Ley 70 de 1993, se debe realizar la visita técnica en la que se verifica la información jurídica, social, histórica, ambiental y topográfica del Consejo Comunitario.

Por esta razón, y con el objetivo de precisar la información descrita en la solicitud, 10 personas del equipo técnico de PCN y OTEC, acompañados por la ANT, recorrieron el territorio del 4 al 10 de octubre del presente año. El equipo técnico del convenio entregará un informe con los requerimientos técnicos que exige la normatividad, el cual relatará la información verificada en la visita y será evaluado por la Comisión técnica de la Ley 70. Tal como avanza el proceso, se espera que en febrero del 2020 la comunidad tenga una respuesta definitiva de su solicitud de titulación.

Desde hace unos años, la comunidad ha luchado por organizarse colectivamente y vivir en armonía con su territorio. En palabras de Noralba Barrientos, agricultora, el Consejo Comunitario ha sido olvidado por el Estado y es tiempo de que sus actividades productivas sean impulsadas y que su historia como pueblo no se muera.
Las comunidades negras tienen derecho a que se les reconozca la autonomía y la seguridad de las tierras que han habitado y cuidado ancestralmente. Para José, María, Noralba, Marta, Nandy, Sandra, Luis y toda la comunidad, el territorio no es el suelo por donde caminan, sino que es la casa donde seguirán construyéndose como pueblo, porque como dice la insignia del proyecto de titulación, el territorio es vida y la vida no se vende, se ama y se defiende.

Desde que empezó su campaña presidencial, Iván Duque anunció la que sería la gran apuesta económica de su gobierno: disminuir los impuestos a las empresas para que estas generen crecimiento económico y empleen más personas. Antes de cumplir seis meses en el mandato, Duque presentó ante el Congreso la Ley de Financiamiento que tumbó la Corte Constitucional y que el Gobierno quiere revivir antes de que acabe 2019. Esta norma le ha permitido a las empresas bajar sus impuestos en lo referente al IVA, el impuesto de renta, y en sus inversiones en bienes de capital, así mismo, la economía naranja, es decir, las llamadas industrias creativas, tienen una exención de impuestos por siete años.

En total, la Ley de Financiamiento otorga beneficios por más de 20 billones a las empresas. Aquí empieza el primer problema. Colombia necesitaba tapar un hueco de 15 billones en el presupuesto pero entregó beneficios por más de 20. El principal problema es que con la generosa lista de beneficios que el Gobierno le regaló a las empresas, no están produciendo más empleo ni oportunidades. Y como si fuera poco, la economía del país se enreda por cuenta de un dólar caro, un complicado entorno económico global y una reducción en las exportaciones del país. El panorama es oscuro.

Desempleo
El principal problema que tiene el país en materia de crecimiento económico es el desempleo. Según el informe del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en agosto se registraron 562.000 empleos menos que en el mismo período de 2018. La cifra de personas ocupadas es de 22,1 millones. La tasa de desempleo que registra el país en este momento es del 10,8%.

Lo anterior constituye un preocupante panorama, teniendo en cuenta que entre 2012 y 2018, el desempleo no registró más del 10%, lo que era motivo de orgullo para el anterior gobierno. Bajo este mandato, en cambio, la tasa de desempleo lleva siete meses con más de dos dígitos.

Según las cifras oficiales, distintos sectores económicos presentaron reducciones. “La disminución de la población ocupada está asociada principalmente al comportamiento del sector de Industria manufacturera al presentar una reducción de la población ocupada de 288 mil personas y contribuir con -1,3 puntos porcentuales a la variación total; seguido de agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura (-281 mil personas)”, afirmó el DANE.

Petróleo y extractivismo
El aumento del desempleo tiene raíz en algo mucho más estructural que la Ley de Financiamiento. Colombia cayó desde los años 90 en una moda adictiva y destructiva: la exportación de carbón y petróleo. Estos dos bienes encabezan el listado de productos comerciales de Colombia, seguidos del café, el banano, el oro y las flores. La producción de oro, carbón y sobre todo petróleo, destruyen el aparato productivo del país, es decir, el sector industrial, manufacturero, y hasta la agricultura, que son los que más empleo generan. Las cifras del DANE confirman esta idea.

Además, el modelo de dependencia a la renta petrolera y al extractivismo no es sostenible: los precios pueden bajar estruendosamente de un momento para otro, son tarifas reguladas por el mercado internacional y por las grandes potencias (Estados Unidos, China, la OPEP). Aunque pocos lo crean, el país le apostó al mismo modelo económico que causó un descalabro en el continente por cuenta de la violenta caída del precio del barril de petróleo hace pocos años. Los gobiernos de Colombia, que han sido históricamente de derecha, se han vuelto adictos al mismo modelo de dependencia al extractivismo que llevó a la revolución bolivariana de Venezuela al fracaso.

Así lo confirma Mauricio Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia: “En gran medida exportamos productos minero energéticos, petróleo, carbón, níquel, ferroníquel. ¿Qué está pasando con los productos industriales, químicos, farmacéuticos y agropecuarios? Seguimos exportando los mismos bienes primarios”. Según el profesor, impulsar el sector productivo del país es fundamental: “La industria es la que mejores empleos genera, empleos formales, a diferencia de los empleos del sector agropecuario, o del sector de comercio, minorista y hoteles. La producción de la actividad industrial es adecuada porque participan en el PIB, pagan impuestos, se genera más valor agregado a la producción nacional y se crean empleos”.

También lo confirma el último informe de la Escuela Nacional Sindical, titulado Trabajo decente y los Tratados de Libre Comercio: “Los sectores minero y petrolero están entre los que menos empleo generan. De 2011 a 2018 el promedio de personas ocupadas en el subsector de minas y canteras fue de 212.340, menos del 1% de todos los puestos de trabajo del país”.

Lo anterior no quiere decir que la solución al problema sea ofrecerle gabelas a las empresas. La Ley de Financiamiento solo genera acumulación en pocas manos. Las grandes corporaciones de Colombia tendrán que pagar menos al Estado, el dinero extra que les quedará se convertirá en dividendos y ganancias que no pasarán de los dueños y principales inversores; incluso, si el dinero se reinvierte de manera juiciosa para generar una mayor producción, ello no equivale necesariamente a que las empresas generan más empleo y oportunidades para las personas. Además, el sistema tributario sigue igualando a las pequeñas empresas con las grandes y poderosas compañías del país.

La culpa es de los TLC
La dependencia de la economía nacional hacia productos como el petróleo afecta la industria por cuanto desvía más recursos hacia el sector extractivista, y porque para el Estado estas rentas representan una manera fácil y rápida de atraer divisas. Esta situación se ve reforzada con una política de apertura económica que se ha implementado desde 1990 en el país, y que debilitó por completo la producción nacional.

Según Carmen Tangarife, investigadora de la Escuela Nacional Sindical, “nos vendieron la idea de que íbamos a crecer más, e íbamos a generar más empleo, pero por ejemplo en el tema de crecimiento, si miramos el producto interno bruto antes del TLC con Estados Unidos, nos encontramos con que era del 5% anual, ahora, desde 2012 al 2018, el promedio de crecimiento es del 3.2%”.

“Nos prometieron mayores empleos, pero mientras en el periodo 2005-2011 se generaron 2.971.000 nuevos empleos, en el periodo 2012-2018, es decir, con la vigencia del TLC, se generaron solo 1.761.000 empleos. Cerca de un 1.200.000 nuevos empleos que no se generaron en este último periodo. Sectores como la industria y la agricultura mermaron su participación en la generación de empleo”, complementa.

Deuda externa por las nubes
Además del desempleo, otro problema económico de Colombia es la deuda externa. La deuda actual, calculada por el Banco de la República, es de 134.972 millones de dólares. Solo entre enero y julio de 2019 el país se ha endeudado 803 millones de dólares más. Vale aclarar que el dinero que le debe Colombia a las entidades del exterior no es solo por los préstamos que han hecho los gobiernos (deuda pública), los otros sectores también se endeudan (deuda privada).

Según el emisor, la deuda del sector público es de 73.211 millones de dólares y la del sector privado de 61.761. Por todo ello, Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar en el listado de los países del continente que más se han endeudado en los últimos 10 años, después de República Dominicana y Costa Rica (según el Banco Mundial).

Un factor que influye directamente en el aumento de la deuda es la tasa de cambio. Según el Banco de la República, “en nuestro caso se toma como base el dólar porque es la divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con el exterior”. Mientras más caro esté el dólar, más difícil será para el Estado y para las empresas pagar sus deudas.

“Se nos encareció la deuda por cuenta de la devaluación. El Gobierno cada año cuando hace el presupuesto, saca una tajada muy grande para pagar los intereses y amortizar la deuda. Si la devaluación es muy grande y tu deuda se encarece, la tajada del presupuesto que tienes que sacar cada año va a ser más grande. Hay un daño en las finanzas del Estado”, afirmó Mauricio Gómez.

Crecimiento económico
El panorama negativo a nivel internacional, el desempleo, el precio del dólar, y la constante desindustrialización del país, contrasta con el positivismo del Gobierno y de algunos sectores económicos. El presidente Iván Duque ha hecho eco de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que llevó a Ecuador a un gran estado de represión oficial y cuya responsabilidad en la crisis económica de Argentina es incalculable. El punto es que según este organismo, Colombia será el segundo país que más crecerá en este y en el próximo año, después de Bolivia. El listado elaborado por el FMI pone a Venezuela y a Argentina de últimos en materia de crecimiento, y coloca a Bolivia de primero, con un crecimiento económico de 3,9 para este año y de 3,8 para el próximo; en el caso de Colombia, la proyección es de 3,4 para 2019, y 3,6 para 2020.

Pareciera ser que el país está transitando el mismo camino de privatización y dependencia económica que llevó a Chile a encabezar los listados de crecimiento económico, mientras las clases medias y bajas se empobrecían y vivían un proceso de pérdida constante de sus derechos más básicos. Un crecimiento empujado por una inversión extranjera amante de la explotación irracional de los recursos naturales, la minería a gran escala y la extracción de combustibles fósiles. Es la producción de un modelo económico que pone en el centro la acumulación, la explotación de la tierra, la reducción de los derechos de la sociedad y el deterioro de las clases trabajadoras.

¿Para dónde vamos?
Tienen sentido las propuestas elaboradas recientemente por las centrales obreras del país. Entre otras, defienden el freno a las importaciones, el estímulo al sector de la construcción con un enfoque social, el acompañamiento a las empresas que más generen empleo digno, la creación de un Fondo Nacional para la Generación de Empleo, y la creación de programas especiales de empleo para mujeres cabeza de familia y para jóvenes de hogares pobres.

Hay que repensar y transformar el modelo productivo del país, sin cometer los errores de Venezuela, cuya economía mono-dependiente es hoy un desastre, o de Bolivia, cuyo crecimiento económico está jalonado por la nacionalización de un extractivismo violento; sin cometer tampoco los errores de Argentina, cuyo gasto público irresponsable en el mandato de Cristina sentó las bases de la crisis que Mauricio Macri agudizó y que produjo inimaginables casos de corrupción; valdría la pena también investigar qué tan responsable fue Rafael Correa en el manejo de la deuda de su país. El debate para Colombia apenas comienza. Muchos sectores se han dado cuenta de lo que está mal. Pero hay que ir más allá. Hay que crear un sistema tributario que cumpla los principios de progresividad y equidad prometidos en la Constitución. Y hay que acabar con el modelo extractivista que tanta violencia y destrucción ha causado en las regiones.

Desde que tuve uso de razón, los campesinos de la vereda estaban peleándose para que subiera la trocha. Yo me volví vieja en este ejercicio y la carretera sigue igual, no ha caminado más de ahí.

En los 80's éramos muchos jóvenes vinculados a la Unión Patriótica. Eso fue como un sueño. Pensábamos que con ese proyecto político iba a haber mejoría en las regiones, Y en nuestra vereda Campoalegre del municipio El Castillo. Pensábamos que iban a llegar las carreteras, la luz, las escuelas, los colegios, lo que no teníamos; pero no lo hemos logrado, mi municipio sigue igual, en mi vereda la escuela está ahí porque la gente la sostiene y la carretera aún no ha llegado.

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Mi nombre es Aidee Moreno Ibagué, vicepresidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim) y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Fensuagro. Soy responsable de la Secretaría Nacional de Educación y Formación Agraria y sobreviviente del genocidio contra la UP.

Mis padres nacieron en Mesitas del Colegio (Cundinamarca), de allí fueron desplazados por la violencia antisindical de la época; mi papá era sindicalista, uno de los campesinos esclavizados por las grandes empresas del boom cafetero. Él es muy rebelde, tiene 80 años y todavía se defiende, por eso estuvo en la cárcel. Producto de esa persecución ninguna hacienda le daba trabajo, lo aislaron y entonces fue a parar a los Llanos orientales. Allí mi papá ayudó a fundar el sindicato a finales de los setenta.

Mi mamá se llamaba Tránsito Ibagué de Moreno, fue asesinada en el año 2000 en Villavicencio, hacía parte del sindicato, de la Unión de Mujeres Demócratas, y militante del Partido Comunista. Cuando nació la UP también se vinculó al proyecto político.

Soy campesina, nacida y criada en el campo, y así me identifico. Aunque las circunstancias me han llevado a vivir mucho tiempo en la ciudad, yo tengo mi parcela allá en mi territorio, amo el campo y me enorgullece.

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En el campo, para poder ir a la escuela, nos levantábamos por la mañana muy temprano, porque mi mamá hacía de comer para los trabajadores durante la cosecha y de seis a ocho de la mañana atendíamos las gallinas, los marranos, molíamos el maíz de las arepas, mis hermanos ordeñaban, había responsabilidades para cada uno, lo que no pasa en la ciudad. Mi mami, mujer muy sabia, un día me dijo que tenía que ir a otro lugar a estudiar para superarme.

En 1984 me fui para Villavicencio. Allí me encontré con otros jóvenes campesinos y nos vinculamos a los Jóvenes Patriotas en el departamento, empezamos a hacer todo un trabajo. En esa época no hacíamos parte del sindicato, mi papá sí era del sindicato y andábamos de su mano siempre.

Para mí fue muy doloroso que me sacaran del campo y me pusieran en la ciudad. No me pude adaptar, fue muy difícil porque el ritmo de la ciudad también era diferente. En el campo somos muy disciplinados para la lectura, para las reuniones. Cuando llegué a la ciudad me encontré unos jóvenes relajados, aunque comprometidos… ellos tomando cerveza, aguardiente y a mí no me gustaba eso. Hacíamos actividades, por ejemplo, salíamos a hacer pintas en la calle, a escribir que no estábamos de acuerdo con alguna cosa. En el campo era diferente, nos encontrábamos los sábados para estudiar los documentos políticos de Marx, de Lenín, el periódico Voz, discutir las noticias, hacer propuestas y después jugar fútbol.

De la Juventud Comunista, muy joven, pasé a militar en el Partido Comunista y terminé mi estudio de primaria. Viajaba a las regiones como delegada del Partido y de la UP para hacer trabajo, desde muy joven.

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El sindicato fue supremamente aporreado por la violencia, teníamos muy buena dirigencia en el departamento de Meta y todos se vincularon al proyecto político Unión Patriótica, era una opción de vida, una opción política.

Me casé con Evaristo Amaya Morales, dirigente de la UP, y quedé embarazada de mi hijo mayor. Nos fuimos a vivir a Granada, Meta, para estar más cerquita del trabajo regional, y después nos fuimos a vivir al municipio de Uribe, del mismo departamento. Allá llegué y me vinculé al proceso organizativo con las comunidades, no había todavía sindicato en el municipio entonces empezamos a ver cómo se organizaba, mi esposo era el Personero del municipio.

Allá viví hasta 1993, después me vine para Villavicencio porque tenía que estudiar, ese fue el compromiso, terminar el bachillerato. En 1994 entré a trabajar a la Asamblea Departamental, y estaba Pedro Malagón de diputado por la UP, él era un campesino de pura cepa, brillante, presidente del sindicato. Por esos días asesinaron a mi esposo y luego en 1996 fue asesinado Pedro Malagón, ya habían asesinado a muchísimos campesinos dirigentes y militantes de la Unión Patriótica.

Poco a poco nos fuimos quedando huérfanos, no se podía ir a la región. Fue una persecución tremenda a mi familia. A mi mami la asesinaron en el año 2000, ella además venía vinculada con Provivienda, y no estaba amenazada. En el 2001 salí desplazada de Villavicencio para Bogotá.

Antes el sindicato tenía muchas seccionales, estaba en El Castillo, Mesetas, Lejanías, Puente de Oro, Cumaral, Restrepo, Uribe, pero hubo un momento en el que el sindicato dejó de funcionar, fueron muchos los asesinados en las regiones. Y ya para el 2000 el sindicato no estaba en el departamento, no había dirigentes, todos estaban muertos.

Arrastré a mi familia hacia Bogotá. Mi hermano Oswall se quedó en Villavicencio, era defensor de derechos humanos y lo mataron en el 2002, una tragedia terrible, no lo esperábamos porque él tampoco estaba amenazado.

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Lo que nos tocó vivir a nosotros fue traumático. El campesino llegaba a la ciudad con sus botas de caucho, corriendo, si acaso con el sombrero y su poncho para meterse a los tugurios de Bogotá, sin un trabajo, sin con qué comer.

A mi casa llegaron mis hermanos desplazados, había que buscar una solución. Yo estaba trabajando en Bogotá y un día dije: no puedo trabajar viendo a toda la gente del departamento del Meta desplazada. Renuncié y me puse a organizar la gente en Bogotá. Así comenzaron las reuniones por localidad, llegamos a tener reuniones donde nos encontrábamos 400 personas del departamento del Meta. Empezamos con nuestros compañeros que eran los hijos de la dirigencia de esa época, nos dimos a la tarea de ver cómo activábamos el sindicato.

Así que sacamos delegados por localidad, y de esos delegados asistieron 84 compañeros a la asamblea. Después nos tocó irnos a Villavicencio de manera clandestina, por seguridad, a legalizarnos ante el Ministerio de Trabajo, porque no lo podíamos hacer en Bogotá.

Aquí hicimos un trabajo con los campesinos desplazados, nosotros llorábamos con ellos al ver que no había con qué, que les tocaba pedir en las calles. Hicimos muchas acciones como organización agraria acá en Bogotá. Nos tomamos un barrio que se llama Riveras de Occidente, nos metimos a esas casas buscando soluciones. Ahí el Gobierno había abandonado unas casas de interés social y con la lucha se logró que les diera la ayuda humanitaria hasta por seis meses y se consiguieron cosas.

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Un día cualquiera de 2006 hicimos una asamblea grandísima. Ahí dijimos vamos a hacer una consulta: ¿Quiénes quieren volver a la región y quiénes quieren quedarse en la ciudad de Bogotá? Porque nosotros consideramos que era la hora de volver, había bajado un poco la situación en el Meta. La mayoría decidió retornar y Fensuagro fue un resorte muy importante, porque teníamos muy buen relacionamiento con organizaciones. Recuerdo que una vez mi hermano Raúl me dijo:
–Vea mamita, si me van a matar que me maten, yo me voy para la finca.
–Pero si en la finca no hay nada, le respondí-, porque la finca estaba tomada por los paramilitares.
–Yo no resisto esta ciudad, me he enfermado tanto que tengo dizque el colesterol subido, los triglicéridos subidos, se me está subiendo el azúcar. Yo me voy, si me van a matar que me maten. Cogió su maleta y se fue.

Él logró meterse a la finca de mi papá y la rescató, se puso la tarea de organizar el sindicato allá.

 

Luego el viejo también se devolvió. Cuando llegamos a la región eran solo hombres, muchas mujeres se quedaron en las ciudades, hubo mucha separación de los hogares. Un día llegué a la finca y encontré a mi papá, que tenía para la época 71 años, sembrando plátano, tenía un semillero de café, había sembrado en un pedacito maíz, en otro frijol. Entonces me dije: si mi papá todavía mira opciones de vida, cómo es que nosotros no vamos a hacer estas cosas, vamos a hacerle.

Mandamos a limpiar una loma y sembramos. Los vecinos nos decían, pero para qué joden con eso, pero nosotros teníamos que dar ejemplo, del ejemplo es que se construyen las cosas. Sembramos una maicera y les dimos semilla a vecinos de la vereda. Hoy en día la gente siembra su maíz y su frijol, ninguna casa campesina de ese sector sufre por comida. Así el sindicato comenzó a coger fuerza, hoy tenemos 668 afiliados en todo el departamento.

Yo no he regresado de tiempo completo, pero trabajo en todas las regiones. A pesar de que me enfermé hace siete años, voy y por allá no siento nada, la ciudad es más pesada para mi salud. Así que viviendo en Bogotá contribuyo al trabajo organizativo en el departamento del Meta.

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Hemos gritado a garganta abierta y en las calles para que se conozca quiénes fueron los que orientaron y pagaron los crímenes de tanta dirigencia en el país, porque formar un dirigente lleva muchos años y acabarlo de la noche a la mañana es una cosa bastante lamentable, también sabemos que se actuó en el país con el contubernio de las Fuerzas Militares y el apoyo de los grandes grupos económicos, industriales, ganaderos, terratenientes y políticos en cabeza del Gobierno nacional.

Además, en este país se crearon pactos como el de Chicoral para acabar con los campesinos, quitarles las tierras. Por eso para nosotros es muy importante el tema de la verdad que nace del Acuerdo de La Habana, porque nos va a permitir esclarecer un poco lo que sucedió. Creo que este proceso que estamos llevando, de hacer encuentros, de conversarlo, de contarnos y conocernos, de saber qué le pasó al sindicato de industria, al bananero, al de los profes, qué le pasó a los campesinos, de contarnos esa historia para que otros puedan recogerla e investigar, es muy significativo, es la tarea que tenemos que seguir haciendo.

*Este artículo hace parte de la alianza entre la Escuela Nacional Sindical y Periferia con el propósito de visibilizar la violencia antisindical en el país y las apuestas del sindicalismo ante el SIVJRN.

Los migrantes se convierten en noticia mundial, de efímera duración, cuando mueren decenas o cientos de seres humanos tratando de alcanzar una frontera esquiva en cualquier lugar del mundo, como en el mediterráneo europeo, en el norte de México o en Turquía… Son imágenes de dolor las de los niños ahogados, solos o junto con sus padres, o las de niños enjaulados en el “país de la libertad” (Estados Unidos), o las de familias enteras que marchan con lo que llevan puesto y unos pocos enseres, dejando atrás el territorio donde nacieron y vivieron, y al que no volverán a ver en mucho tiempo o quizás nunca más.

Esas imágenes, que de vez en cuando circulan en los medios de desinformación mundiales, parecieran no responder a ninguna lógica, ser producto de la mala suerte, no estar relacionadas entre sí, como si fueran resultado de hechos aislados y fortuitos. Esto es lo que se nos quiere hacer creer, porque la desgracia de las migraciones sí tiene explicación, la que se encuentra relacionada con el accionar del capitalismo, cuya lógica destructiva y desigual en el plano mundial origina la movilidad forzada de millones de seres humanos en el planeta entero, en la que predomina la tendencia a que los pobres busquen escapar de los lugares en que viven (inhabitables, contaminados, asolados por la guerra y la muerte y donde no existe ninguna perspectiva de que la situación vaya a mejorar), para dirigirse a los paraísos capitalistas, donde esperan encontrar una vida mejor y asegurar su subsistencia. Esta utopía en general no se corresponde con la dura realidad, pues tendrán que soportar nuevas y viejas formas de opresión y explotación.

En los países capitalistas centrales (de Europa y Estados Unidos) y en países rentistas (como Arabia Saudita) sí que se sabe qué puede hacerse con esos millones de trabajadores expulsados por las buenas o por las malas de sus hogares, puesto que esa es la reserva laboral (abundante y barata) que requieren para mantener sus economías y para realizar los trabajados domésticos y de cuidados, indispensables para garantizar la reproducción de esas sociedades.

Las mujeres migrantes desempeñan un papel esencial en las actividades de cuidados, por lo que puede hablarse de un intercambio desigual de afectos que se complementa con el intercambio económico (y ecológico) desigual que resulta de la relación entre los países capitalistas centrales y los países periféricos. Las mujeres y sus familias son las que soportan esta dura realidad poco nombrada, pero que hace parte del “costo oculto” de las migraciones y que vale la pena examinar. Sin las mujeres, literalmente, la economía capitalista mundial no podría funcionar.

Trabajo de cuidados y cadenas globales de cuidados
En el capitalismo de nuestros días es primordial el trabajo de cuidados que se desempeña principalmente en el hogar, y que involucra actividades como cocinar, planchar, lavar la ropa y la loza, servir alimentos, limpiar espacios y objetos, y atender a niños, ancianos, enfermos, discapacitados o mascotas. Gran parte de ese trabajo es realizado por mujeres, tanto el de su propio hogar como el de otros hogares o sitios de trabajo en los cuales se ha implantado la lógica del servicio doméstico, como sucede en escuelas, colegios y centros geriátricos…

Aunque cada país tiene un mercado laboral interno de los cuidados, el capitalismo ha construido cadenas globales de cuidados. Estas cadenas podrían definirse en forma escueta como el establecimiento de vínculos personales y afectivos de tipo laboral (sea o no remunerado) entre personas pertenecientes a distintos países (a menudo situados en diversos continentes), para desempeñar labores de cuidado, principalmente de tipo doméstico, y servir a quienes en esta relación cuentan con los recursos económicos y cierto tipo de poder para hacerse a dichos servicios (prestados por mujeres en su abrumadora mayoría).

La constitución de las cadenas globales de cuidados está relacionada con varias modificaciones en la economía capitalista mundial. Por una parte, la incorporación de grandes cantidades de mujeres en los países centrales al mercado laboral, lo que implica que muchas familias puedan contratar a mujeres provenientes del extranjero para que realicen las labores domésticas; asimismo, se destaca el envejecimiento de la población, lo cual requiere una gran cantidad de trabajadoras para atender a ese segmento de la población, que se incrementa en forma sostenida. Por otra parte, ha cambiado la configuración de las migraciones internacionales con el aumento de mujeres jóvenes que se trasladan de un país a otro, de un continente a otro. Adicionalmente, estas mujeres, que generalmente son madres jóvenes sin compañero sentimental, se ven obligadas a migrar fuera de su país por las difíciles condiciones de trabajo y de vida que soportan.

La paradoja del dar afecto a otros y no a los suyos
Las mujeres jóvenes parten fuera con diversos rumbos, algo que se da tanto de Sur a Norte como de Sur a Sur. Mujeres sudamericanas viajan a Estados Unidos o a los países europeos; peruanas y bolivianas se van para la Argentina; filipinas se van a trabajar a Arabia Saudita; o centroamericanas terminan como empleadas domésticas en el sur de México.

Al margen de esos variados destinos geográficos, una cosa sí es clara, siempre sucede lo mismo: las mujeres que migran como trabajadoras domésticas y de cuidados en el extranjero, abandonan de manera forzosa a sus hijos y parientes, para ir a cuidar a los hijos y parientes de otros. Esto puede hacerse en condiciones de trabajo asalariado, usualmente mal remunerado, o incluso pueden terminar convertidas en esclavas o semi-esclavas de sus “civilizados patrones”. Y quienes las reemplazan en la labor de cuidar a sus hijos son otras mujeres, más pobres que las que partieron, que son sus hermanas, madres, tías o primas. Estas, a su vez, asumen el cuidado de los que no son sus hijos. Tal es el brutal costo de la migración de las mujeres: abandonar la labor de acompañar, formar y educar a sus propios hijos, a los cuales verán tiempo después, solamente a través de internet (como si el afecto corporal de una madre pudiera sustituirse con relaciones virtuales), o no volverán a ver nunca.

Un aspecto importante en este intercambio desigual de afectos, radica en que los cuidados no desaparecen, simplemente se transfieren, lo que tiene consecuencias para toda la vida, tanto para las madres que migran como para los hijos que quedan. Es un hueco imposible de llenar, por más que las madres sustitutas hagan su mejor esfuerzo.

Por su parte, los hogares donde se emplean a las mujeres migrantes tienen una doble “ganancia”: siguen manteniendo la unidad maternal, puesto que la madre natural regresa en las horas de la noche, luego de trabajar, y acompaña a sus hijos los fines de semana, con lo que eso implica en términos filiales y afectivos; y, para completar, bebés, niños y jóvenes reciben el afecto de la mujer migrante, afecto del que ya no gozan ni podrán disfrutar sus propios hijos. Esto es lo que podemos caracterizar como el intercambio desigual de afectos, un rasgo detestable del capitalismo contemporáneo.

“Es como una invasión extranjera, alienígena […] vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”, sentenció en la conversación que se filtró el 22 de octubre Cecilia Morel, primera dama de Chile, quien en 2017, según la declaración patrimonial del presidente Sebastián Piñera, contaba con un patrimonio de 160 millones de dólares, cifra que sumada al patrimonio de su esposo superaba los 800 millones.

El testimonio es una manifestación verbal del subconsciente clasista que habita en quienes están en lo más alto de un sistema que, en palabras del periodista Joaquín Estefanía, presenta evidentes síntomas de fatiga. La democracia en Latinoamérica cada vez es más vieja y menos democrática en sus decisiones y en sus beneficios. Y al mercado, ese santo que sería capaz de regularlo todo, cada vez le cuesta más regular al millonario que se enriquece gracias a la pobreza de cientos de millones. El matrimonio entre la democracia y el mercado es una bomba de tiempo. La pregunta es si existe una solución práctica e ideológica a esa mezcla radioactiva.
Basta con mirar a Chile. El más neoliberal de los sures neoliberales que incendió la furia contenida de los jóvenes aumentándole 30 pesos al boleto del metro. El oasis neoliberal latinoamericano que el viernes 8 de octubre, dos días después de la medida, ya ardía y era incapaz de contener la cólera que inundaba las calles de su capital. “El metro [chileno] es la empresa pública más eficiente y democrática, transversal, modelo de servicio público. El usuario vive en toda una “cultura metro”. El metro es limpio. Es bello. Es ejemplo. Es lo que está bien. Hasta este viernes lo era”, escribió el periodista Cristian Alarcón después de viajar a Santiago de Chile y ver la erupción ciudadana.

30 pesos colmaron el civismo y la paciencia de un país en donde el salario mínimo equivale a 301.000 pesos chilenos –es decir 1.348.775 pesos colombianos–, y en el que las familias de menores ingresos gastan aproximadamente 30% de sus sueldos en transporte. El salario mínimo en Chile es uno de los más altos de América Latina, pero no lo suficiente en un país que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), concentra el 26,5% de la riqueza en el 1% de sus ciudadanos; la población más rica de Chile percibe ingresos 11 veces más altos que la población más pobre.

Resulta fácil justificar la legitimidad de las protestas encabezadas por los jóvenes que tienen que recurrir a préstamos bancarios, quedando muchas veces con una deuda vitalicia, para pagar una carrera universitaria que cuesta entre 25.000 y 50.000 dólares. Ningún otro país de Sudamérica tiene un ingreso per cápita como el de Chile. Pocos tienen un crecimiento económico como el suyo, y una taza de pobreza que no supere el 8%. Pero la chilena es una clase media precarizada, con altos gastos de vida, y que no puede vivir sin hipotecarle su futuro a los bancos.

Por eso, a pesar del toque de queda, la militarización, la represión, las torturas, y los asesinatos que evocaron las épocas de la sangrienta dictadura de Pinochet, los chilenos, especialmente los jóvenes, salieron a las calles a quemar ese espejismo capitalista. Cuando Cristian Alarcón le preguntó cuáles son las similitudes entre estos furiosos jóvenes veinteañeros y ellos, su amigo chileno, que ya supera los 40, le respondió que “la pasión por la ideología, la política y tratar de salvar el mundo”, pero que a diferencia de ellos, los de ahora “se radicalizaron, una suerte de fatalismo, que ya nada es tan importante, y por eso les da lo mismo ponerse en riesgo ellos mismos. No tienen miedo”.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, reza el refrán. Los jóvenes a quienes la democracia mercantil solo les ofrece la catástrofe, la frustración, y la deuda como único futuro posible, hoy tienen en jaque el proyecto neoliberal que representa Piñera. De los 36 países que integran la OCDE, Chile es el segundo con la mayor tasa de suicidio adolescente. El suicidio es la segunda causa de muerte en Chile; un niño, niña o adolescente se suicida cada dos días. Uno de esos suicidas en potencia podría ser ese joven que Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, vio marchar el 28 de octubre mientras sostenía “un pedazo de cartón en que había escrito: “El crédito de estudio me tiene tan endeudado que no les conviene dispararme”. Ese joven, ese cartón, ese rector viendo al que podría ser su alumno, son la síntesis más cruda de la generación tragada por ese agujero negro llamado democracia capitalista.

Vivimos tiempos de vacas flacas para la iglesia católica y para la democracia. Ambos credos pierden fieles a granel. El año pasado, Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, dijo que fue un annus horribilis –un año terrible– para la democracia en la región. Cifras de la organización indicaban que en 2010 el 61% de los latinoamericanos confiaban en la democracia. Cifra que en 2018 se redujo al 48%. Además, el 28% de los ciudadanos de los 18 países encuestados por el Latinobarómetro se declararon indiferentes ante la forma de gobierno.

El problema es de forma, también de fondo. La democracia ya no inspira la esperanza que despertaba a finales del siglo XX cuando Suramérica pasaba la página de las dictaduras militares. Tampoco parece ser el medio para satisfacer las demandas de la clase pobre y la clase media que quiere seguir escalando. Las ciudadanías parecen haber encontrado en las calles el escenario político más efectivo y democrático de todo el andamiaje estatal. “Eso demuestra que los espacios tradicionales, el parlamento, las mesas de concertación social, están desgastadas. Hay un problema grave de comunicación entre la ciudadanía y los Estados de cualquier tipo de filiación política”, aseguró el analista político Víctor de Currea Lugo en entrevista con Cablenoticias.

En octubre las protestas masivas paralizaron Ecuador debido al alza del precio del combustible y las medidas económicas incluidas en el programa financiero firmado con el Fondo Monetario Internacional. El 24 de octubre los uruguayos marcharon en contra del plebiscito que pretende reformar la Constitución e implantar reformas en materia de seguridad. Desde febrero una insurrección ciudadana en Haití exige la renuncia del presidente Jovenel Moise. En enero de este año se registraron multitudinarias marchas en Perú en contra de la corrupción y en apoyo a los fiscales que investigaban a los involucrados en el caso Odebrecht. El año pasado los estudiantes colombianos marcharon y clamaron por una reforma educativa. En julio los puertorriqueños colmaron las calles de San Juan después de que se filtraran las conversaciones en las que Ricardo Rosselló y sus colaboradores hacían comentarios homofóbicos, discriminatorios y se burlaban de las víctimas del huracán María. En octubre del año pasado, los chalecos amarillos paralizaron la capital francesa por el alza del precio de los combustibles y la injusticia fiscal. 22 semanas completan las marchas en Hong Kong contra la ley de extradición a China. El 14 de octubre, horas después de conocerse la sentencia contra los líderes del proyecto independentista, los catalanes salieron en masa a las calles de Barcelona. Y la última semana de octubre, las calles del Líbano y de Irak estuvieron llenas de personas que protestaban por la corrupción y la crisis económica.

En Latinoamérica y en el mundo las calles se han convertido en la forma de comunicar y canalizar el desencanto y la frustración de los hijos de la democracia, la inflación, y la desigualdad. Son cándidas las lecturas de aquellos que piensan que este es el inicio de una primavera latinoamericana. Hay que darle las justas proporciones a lo que pasó en Ecuador y a lo que está pasando en Chile. Aunque se lograron revertir las medidas, las movilizaciones no logran generar cambios estructurales en el contrato social que rige la región. Lenín Moreno sigue al frente de la presidencia y con las intenciones intactas de dejar la economía ecuatoriana en manos del FMI. En Chile cambiaron ocho ministros, pero Piñera no parece estar dispuesto a dejar su cargo ni apoyar la asamblea constituyente propuesta por algunos sectores. Sí deberíamos agradecerles a los ecuatorianos y a los chilenos por recordarle a la clase política las palabras que pronunció Salvador Allende en su último discurso: “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

En el corto y mediano plazo, al menos en América Latina, es muy probable que la efervescencia social continúe. En el carácter reivindicativo de las movilizaciones radica su capacidad –y necesidad– de propagación. Más aún si la gestión económica así lo exige. Latinoamérica es una torre de babel cuyo único dialecto común es la desigualdad. El último informe de la Cepal indica que el 30,2% de la región vive en la pobreza, y 62 millones, es decir uno de cada diez latinoamericanos, viven en la extrema pobreza. El informe también expresa que el 40% de la población empleada recibe ingresos inferiores al salario mínimo establecido por su país, y que el 48,7% de las mujeres reciben pagos laborales inferiores al salario mínimo establecido.

El panorama es preocupante, pero cada cifra lo hace más desalentador. Latinoamérica completa seis años de estancamiento económico. Anualmente la región ha crecido menos de 1%. La economía y el comercio interno no crecen al mismo ritmo que crece la población. La región invierte el 1,8% de su Producto Interno Bruto en infraestructura y servicios, mientras que la Cepal asegura que es necesario destinar el 6% a estos rubros. El organismo también proyecta que en 2019 el valor de las exportaciones disminuirá 2% y el de las importaciones 3%. El precio de 26 de las 30 principales exportaciones de la región ha bajado: el azúcar de palma 33%, el carbón 22%, y el petróleo 10%.

Hoy Latinoamérica paga las consecuencias de no aprovechar la bonanza económica que dejaron las materias primas entre 2003 y 2011, época en la que la región creció un 5,4% anual. En 2008 América Latina aportaba el 8,8% de la producción mundial y el 12,3% del crecimiento económico global. Esa bonanza económica no se tradujo en una industria local fortalecida, ni en creación de capacidades. Los millones de personas que salieron de la pobreza gracias a los programas sociales no fueron insertadas a la macroeconomía. Nuestra lógica no evolucionó, nuestra vocación económica siguió –y sigue– siendo subsidiaria y extractiva. El año pasado un artículo de la revista Opera publicado en estas páginas ilustraba el mal proceder brasileño, antecedente de la bancarrota actual de la primera economía sudamericana: “Los bienes más relevantes para el desarrollo del país eran aquellos que Brasil más importaba. Para pagar la cuenta, producía y exportaba productos básicos que, para un proyecto de desarrollo nacional, no tienen gran relevancia. Tal vez el esfuerzo pudiera dar resultados en 30 o 40 años, pero en este continente el mundo político parece siempre girar más rápido que el económico”. El caso brasileño es aplicable a cualquier país de la región.

La economía es un factor determinante en la salud de una democracia. Y pocas cosas determinan tanto la gestión económica como la ideología política. El año cerrará con un nuevo mapa político. La llegada de Alberto Fernández a la presidencia de Argentina equilibrará un poco el discurso, y menguará al raquítico Grupo de Lima creado para “liberar” a Venezuela de Nicolás Maduro. Se esperaba que México abanderara la voz del progresismo, rol que no está en los planes de López Obrador. La izquierda seguirá siendo minoría. Después de 15 años de ser gobernado por la izquierda, todo indica que Uruguay se alineará a la derecha junto a Bolsonaro en Brasil, Lenín Moreno en Ecuador, Piñera en Chile, y Duque en Colombia. Sin embargo, a la derecha dura le costará recuperar la legitimidad lastrada por sus malas gestiones, deberá preocuparse por ordenar la casa antes de querer solucionar los problemas de Venezuela, y le será difícil mantener el poder conforme sucedan las elecciones.

Latinoamérica necesita una izquierda –de momento dividida y algo desorientada– capaz de capitalizar la crisis de la derecha y de la democracia. Una izquierda y un movimiento social que sigan apostándole a lo que saben hacer: oposición; y que refine su discurso, su propuesta de futuro y su manera de llevarlo a la práctica. Una izquierda que una vez vuelva a ser poder acate el llamado del expresidente chileno Ricardo Lagos, quien en una entrevista con El País de España aseguró que quienes salen hoy a las calles de su país demandan que “el Estado provea más bienes gratuitos que permitan tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vejez. En otras palabras, que la sociedad empiece a avanzar para que todos seamos iguales en dignidad. Es lo que el filósofo Norberto Bobbio llamaba un mínimo civilizatorio. Toda sociedad, dice él, tiene que tener algo en que todos los ciudadanos seamos iguales”.

Dicen que el filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla decía que “aunque el espejo negro esté empañado, el reflejo que está ahí somos nosotros”. Eso somos, una región que ha parido buenísimos candidatos, pero muy malos gobernantes; una región que poco aprovecha sus atributos. No es necesario sobre diagnosticarnos. El escritor mexicano Emiliano Monge, cual taita mesoamericano, explicó en una columna cuál es nuestro sino: “Los zapatistas lo dejaron claro hace ya casi veinticinco años: este sistema está en contra de la vida y de la comunidad. Y estos dos aspectos –la vida y la comunidad, en sus más amplias acepciones– han sido, son y seguirán siendo el centro de todo aquello que en América Latina, durante muchos, demasiados siglos, hemos sido”.

Todos recordamos al niño Alan Kurdi, nacido en la ciudad kurdo-siria de Kobane, pero poco sabemos de su pueblo: los kurdos. Son una comunidad distribuida principalmente entre Turquía, Siria, Irak e Irán. A ellos, la comunidad internacional les prometió un Estado en 1920, pero nunca les cumplieron. En esos mismos años, Turquía fue creada a partir de las ruinas del imperio Otomano y bajo el ideal de tener una sociedad homogénea, con una sola cultura y lengua.

Por esto, los kurdos nunca fueron aceptados como parte de Turquía, sus nombres fueron prohibidos, sus costumbres perseguidas y su identidad negada. En 1978, los kurdos decidieron crear una organización política llamada el PKK: Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Esta organización intentó por varios años generar acciones políticas de reconocimiento, pero se estrellaron con una gran represión por parte de Turquía, con lo cual optaron, en 1984, por la lucha armada. Así me lo explicaron sus líderes hace pocos meses.

Luego de la caída de la Unión Soviética, el PKK replanteó sus paradigmas y optó por un modelo que no busca ya tener un Estado propio sino por hacerse un lugar digno dentro de los países donde los kurdos viven. Así las cosas, los kurdos le han apuntado a un modelo llamado “confederalismo democrático” que podemos resumir en una mezcla de democracia directa, feminismo y ecologismo, sin poner en duda las fronteras actuales. En Turquía, a pesar de las restricciones y la represión, se hicieron con más de 100 alcaldías.

La situación de los kurdos en los países vecinos tampoco era la mejor. En Siria, a los kurdos se les fue retirada la nacionalidad en 1962, perdiendo sus derechos. En Irak, en 1988, Sadam Husein asesinó a más de 180.000 kurdos, usando armas químicas entregadas por Estados Unidos. De hecho, en la ciudad de Suleymania hay un museo que recuerda a las víctimas mediante 180.000 pedacitos de espejo en los que, me decían, uno se puede mirar para ver si su alma es pura.

En el caso iraquí, la dirigencia kurda está bajo el control de dos apellidos: Talabani y Barzani, ambos acusados de corrupción y clientelismo. Ellos no ven con buenos ojos al PKK, ni tampoco a las fuerzas de resistencia de Siria, conocidas como Unidades de Protección Popular. Allí en Irak, luego de la caída de Sadam Husein, se estableció un gobierno federal para la zona kurda, con cierto grado de autonomía, pero en el cual los líderes mencionados han reproducido los mismos vicios de poder del pasado.

En Siria, la más frágil de las zonas, los kurdos se enfrentaron a la discriminación del gobierno de Bashar Al-Asad y a las atrocidades del Estado Islámico. Contrario a todo pronóstico, los kurdos no solo resistieron, sino que triunfaron en batallas épicas como la librada en la ciudad de Kobane. En esa zona, los kurdos y otros pueblos han venido construyendo en los últimos años un modelo de administración autónoma, que ha traído la tranquilidad al norte de Siria, e incluso ha alojado miles de refugiados de Irak y de desplazados de otras partes del país.

Hoy la guerra de Siria tiene tres zonas: una bajo control del gobierno, el norte bajo control de los kurdos, y una tercera zona donde continúan los enfrentamientos entre diferentes actores, entre ellos los residuos de los grupos radicales islamistas.

Como pude verlo hace pocos meses, hay decenas de campos de refugiados y desplazados, cuya administración kurda es bastante satisfactoria. Además, allí están las familias del Estado Islámico, mujeres y niños que no pueden ser acusados de lo que hayan hecho sus padres. También hay prisiones donde están bajo custodia miles de prisioneros del Estado Islámico.

Esa administración kurda en Siria es un “mal ejemplo” para los kurdos de otros Estados de la región y una gran preocupación para Turquía. Los turcos han bombardeado a los kurdos más allá de su territorio. Por ejemplo, en Irak, en el campo de refugiados de Makhmour, están vivas las huellas de las incursiones turcas.

Ahora, Turquía decide atacar el experimento kurdo de autonomía en Siria. No es cierto que allí haya bases terroristas; de hecho, fueron los kurdos los que derrotaron al terrorismo islamista para beneficio de toda la humanidad. Tampoco es cierto que desde allí se amenace a Turquía. Pero el odio turco a los kurdos, especialmente del actual presidente Erdogan, lo lleva a golpearlos en Siria.

La ofensiva empezó hace pocos días. Aunque, en rigor, es una ocupación de territorio sirio y un crimen de agresión, se dice que hubo una reunión entre servicios de inteligencia turcos y sirios, ya que ambos se benefician de una derrota kurda. De hecho, las mayores reservas de petróleo de Siria están en el norte, donde están los kurdos.

La zona ya es receptora de miles de desplazados y refugiados, por tanto, la propuesta de Erdogan de crear una “zona para que retornen los refugiados sirios” es una excusa. Cuando enfrentaron al Estado Islámico, muchos civiles kurdos y de otras comunidades fueron evacuados. Hoy, muchos de ellos piden armas. En caso de un caos en esa zona, se facilitaría la liberación de los miles de prisioneros del Estado Islámico y, por tanto, del reverdecer de este grupo.

Parece que la táctica kurda será llevar la guerra a Turquía, con la vieja fórmula de que la mejor defensa es el ataque. Por eso, hay unidades que han cruzado para atacar territorio turco y es de esperar que las tropas del PKK en Turquía hagan otro tanto.

Las protestas regionales y mundiales no son tanto a favor de los kurdos, como en contra de Turquía, quien juega a recuperar su liderazgo regional guiado por su nostalgia del imperio Otomano. Una parte de la izquierda mundial, que ha defendido al genocida gobierno de Siria, mira a los kurdos con desconfianza. Su argumento de que “los kurdos están con Estados Unidos” tiene varios errores: son algunos líderes kurdos de Irak los que tienen vínculos con Washington, no todos los kurdos. Además, en una guerra como la de Siria, donde estaba en juego su supervivencia, estos entraron en la coalición contra el Estado Islámico, como Bolívar, en su época, recibió apoyo del imperio británico.

Después de visitar los pueblos y cementerios del norte de Siria, es insostenible acusarlos de terrorismo. El sueño kurdo ya no pasa por un Estado independiente sino por nuevas relaciones sociales al interior de los Estados que habitan. Al igual que ante otras minorías, la comunidad internacional mide, estudia, espera y solo dará pasos para salvaguardar sus propios intereses.

Sobre la disolución del Congreso del Perú
El 30 de septiembre del 2019, Perú marcó un hito en la política de América Latina. Por exigencia del pueblo, y amparado en la Constitución Política, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.

En Perú, como en muchos países latinoamericanos, existe una corrupción endémica que abarca desde los estratos más altos (funcionarios que se lucran con los proyectos), hasta los más bajos (sobornos a los policías de tránsito). El parlamento peruano tenía 130 congresistas, que representaban a 24 departamentos; en su mayoría eran congresistas de la derecha, del APRA y Fuerza Popular. Estos partidos tienen serias investigaciones por corrupción, y sus líderes han sido procesados por el caso Odebrecht.

Hasta antes de julio del 2018 la corrupción era motivo de comentarios, la gente sabía que con un poco de billetes se puede hacer lo que sea; pero otra cosa distinta es cuando la información estalla, salpica a todos, cuando las personas se dan cuenta de la magnitud del problema. Ahí es cuando la población dice: ¡Basta!

¿Qué tuvo que pasar para que se diera ese estallido? Pues una de las investigaciones periodísticas más importantes sobre corrupción en Perú reveló la información. Todo inició con la investigación denominada “Los audios de la vergüenza” o “La desarticulación de los cuellos blancos del Puerto” del Instituto de Defensa Legal (IDL – Reporteros). Cada domingo, a partir del 7 de julio del 2018, se difundía por internet un audio nuevo donde se podía escuchar cómo jueces importantes negociaban casos o hacían favores, como la reducción de una pena o la libertad de un violador de una niña de 11 años. En uno de los audios se reveló cómo se escogían a dedo a los jueces más importantes del país para favorecer determinados casos. Cada audio era más escandaloso que el anterior. A partir de ese 7 de julio se conoció la putrefacta corrupción peruana, ensuciando a varios miembros de las grandes instancias de poder.

Ante esta situación, la población no pudo más, se indignó. Miles de personas salieron a marchar en diferentes ciudades, comerciantes, universitarios, taxistas, gremios y hasta estudiantes de colegios. Por un día el Perú se detuvo y alzó su voz contra la corrupción. Exigían que se fueran todos; la población peruana ya no creía en nadie, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, mucho menos en el sistema judicial. Fue en ese contexto que su presidente dio un mensaje a la nación, por el clamor popular, y planteó realizar un referéndum con cuatro reformas constitucionales para hacer frente a la corrupción.

En ese referéndum se aprobaron tres reformas: Reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, que radica en hacer la elección de los altos mandos del poder judicial de forma transparente y monitoreados por el Defensor del Pueblo. La segunda reforma se planteó para fiscalizar la financiación de los partidos políticos, y evitar casos como el de Odebrech. La tercera busca evitar la reelección de parlamentarios.

Fue así que empezó a generarse un clima tenso entre el Ejecutivo y el Legislativo peruano. El presidente Martín Vizcarra proponía otras reformas importantes para luchar contra la corrupción, pero al Congreso no le importaron mucho; echaron a la basura todos los esfuerzos del pueblo y del Ejecutivo.

Mientras el Congreso creía que podía hacer lo que quería por tener la mayoría congresal, la población se iba dando cuenta de la crisis política del Gobierno. En cada ciudad que visitaba el presidente, la población manifestaba su descontento: ¡Presidente cierre el Congreso! ¡Que se vayan todos! Esto sumado a la campaña por redes sociales de diferentes colectivos sociales y hasta páginas de humor (memes). El pueblo peruano estaba asqueado de la corrupción, harto de ver que los que deben proteger la constitución, los parlamentarios, son los que más se aprovechan de su cargo. Era hora de hacer cambios drásticos.

En julio del 2019, el presidente Vizcarra, ante la negativa del Congreso de acatar las reformas contra la corrupción, presentó un Proyecto de Ley cuyo objetivo era adelantar las elecciones presidenciales y congresales. Esto no era de agrado para dichos congresistas, pues equivale a quedarse un año sin su jugoso sueldo, un aproximado de 30 millones de pesos colombianos mensuales, y quedarse sin sus beneficios, incluyendo la inmunidad parlamentaria que los cubre para que sigan desfalcando al Estado.

En septiembre, el Congreso eligió a varios miembros del Tribunal Constitucional, es decir, a los jueces que estarían a cargo del caso Odebrecht, en el que muchos congresistas están implicados por sobornos. Los congresistas escogieron a sus jueces.

Por ello, el 30 de septiembre el presidente le dio un ultimátum al Congreso, y presentó una cuestión de confianza; los congresistas no podían elegir a los altos mandos del poder judicial. Ellos negaron la propuesta sin imaginar que, como respuesta, el presidente anunciaría la disolución del Congreso.

La población quedó extasiada con la noticia, era como si Perú ganara un mundial de fútbol. Por fin estaban sacando a toda la sarta de mantenidos estatales; la gente corrió al Congreso, salieron con banderas, camisetas de Perú, era una oportunidad única para disfrutar la caída de la tiranía y escribir una nueva página con tinta de esperanza para su nación.

Posteriormente, instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) ampararon esta disolución del Congreso peruano. Los entes peruanos encargados de estructurar las elecciones del parlamento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se encuentran realizando gestiones para que en enero del 2020 se den las elecciones congresales.

Actualmente algunos ex congresistas peruanos están siendo investigados y procesados por diferentes delitos, esto a razón de que el 30 de octubre se acabó su inmunidad parlamentaria. A finales de octubre salieron los famosos Codinombres (códigos de los nombres de aquellos que fueron sobornados por ODEBRECHT). Varios congresistas peruanos –como la congresista Luciana León del APRA, partido del Ex Presidente Alan García– están empezando a ser procesados, y esto solo es el inicio de una investigación judicial que pretende sacar a la luz a todos los involucrados en estos vergonzosos sobornos.

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