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La elección de Iván Duque como presidente de la república en 2018 nos deja una conclusión demoledora, y en suma vergonzosa: a la sociedad colombiana le tiene sin cuidado las cualidades éticas, humanas, intelectuales y políticas de la persona que vaya a conducir y administrar los destinos de su patria. Honestamente, ¿quién conocía a Iván Duque?

La otra, igual de triste y desoladora, es que la gente sigue esperando que sean los medios de comunicación masivos, y los caudillos de mala reputación, o los grandes señores, empresarios y apellidos ilustres venidos a menos, los que elijan al candidato. Para ser presidenciable, se requieren cualidades poco ortodoxas: ser rico, mentiroso, perverso, hipócrita, cruel, odiar a los pobres, tener doble moral, carecer de ética, amar la plata y a los gringos por encima de todas las cosas, ser vengativo, corrupto, odiar la paz, tener amistades del bajo mundo, nadar bien, rezar, tocar guitarra, hacer veintiuna con los pies y la cabeza, protestar contra las reformas tributarias y la privatización o venta de activos del Estado cuando las promueven los demás, buscar negocios rentables para los hijos, la familia y los amigos, y por supuesto garantizar que los cargos de control del Estado sean ocupados por gente cercana, y ojalá mediocre y cínica.

Iván Duque cumple todos los requisitos. Su ineptitud está fuera de toda discusión. La economía vista como la cualidad de distribuir los bienes escasos de la mejor manera, es una asignatura reprobada. La concentración de la riqueza se incrementó al mismo tiempo que el desempleo y la corrupción. Expertas como la profesora Helena Pérez de la Universidad Tadeo Lozano, y estudios de la propia OCDE, señalan a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo y el más desigual de América. Por otro lado, medios oficialistas como Caracol televisión informaron que la revista gringa especializada U.S. News ubica a nuestro país como el más corrupto del mundo. Y el propio contralor, mejor amigo del mejor amigo del mandatario (o sea el fiscal), aseguró que al año en Colombia se roban entre 40 y 50 billones de pesos, especialmente en los sectores de salud y educación, todo en la más completa impunidad. ¿Quién se roba toda esa plata, los atenidos?

La pandemia sacó a relucir la pobrísima capacidad de Duque y su nula experiencia como administrador de crisis. Con más de 120 decretos, el presidente peló el cobre dirigiendo los recursos hacia los banqueros y los empresarios más ricos. Sacó un decreto (el 546) para disminuir el hacinamiento, y hasta el momento han salido muy pocos presos, por el contrario, se han contagiado más de mil solo en la cárcel de Villavicencio. Firmó otro (el 965) de sometimiento para enfrentar el conflicto y promover la paz, el cual fue ofrecido a paramilitares y al ELN, quien por supuesto lo rechazó. Tuvo su propio agro ingreso seguro 2.0 con el programa “Colombia Agro Produce”, cuyos recursos millonarios, manejados por Finagro, pararon en los bolsillos de empresarios como De Carbone que donaron millonarias sumas a la campaña de Duque. También Duque se auto habilitó –con el Decreto 811 del 4 de junio– para vender activos del Estado, Duque quiere vender a Ecopetrol, la gallina de los huevos de oro, bajo la falsa justificación de paliar la crisis de la salud.

Este señor no le atinó a una sola de sus metas, o tal vez les atinó a todas en materia de orden público, derechos humanos y paz. El terrorismo de Estado, la represión, el paramilitarismo y el narcotráfico se desbordó. En sus 20 meses de gobierno, según el reciente informe de Indepaz, el Estado es responsable, por acción u omisión, de 573 asesinatos de líderes y lideresas sociales, y defensores o defensoras de derechos humanos, 82 de ellos en medio del confinamiento, también de los 138 asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo y 20 de sus familiares. Casi todos los departamentos en donde el paramilitarismo había desaparecido fueron militarizados por los grupos neo paramilitares en las narices de miles de soldados.

Los escándalos que involucran a altos funcionarios del gobierno y a las fuerzas militares con la corrupción, compra de votos, narcotráfico, paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales, chuzadas y violencia sexual, tampoco paran. La ñeñe política cada vez cuenta con más pruebas, videos, y llamadas entre el propio Duque y el ñeñe. Nada sucedió por la denuncia de los laboratorios de producción de coca encontrados en la finca del embajador de Uruguay, ni por los hedonistas viajes del fiscal y su amigo el contralor en plena pandemia. Ni por los gastos desmesurados en camionetas, computadores, armas, ni por las investigaciones contra su exministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez por paramilitarismo, las de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez por negocios con el narcotraficante conocido como “El Fantasma” y el ocultamiento de su hermano preso por narcotráfico, ni por el “tape tape” de los falsos positivos, las chuzadas ilegales y las violaciones de niñas por parte de militares activos que llevaron cínicamente a la destitución del militar denunciante del crimen. Ante todos estos graves hechos no hay sanciones, responsables, ni acciones por parte del mandatario que le aprendió muy bien a su mentor el arte de evadir la responsabilidad. Impunidad total e ilegalidad caracterizan a este gobierno. El que la hace, no paga.

El que siga apoyando a Duque lo hace de porfiado, o porque simplemente tiene un alma perversa, o se beneficia de sus políticas. Duque jamás debió ser elegido, ni siquiera ser candidato. Duque renuncie.

-Esos tomaticos si me irán a pegar…

Cuando salí del colegio teniendo dieciséis años, decidí que solo me alimentaría de lo que yo cultivara, había ahorrado para alquilar una finca y así poder convertirme en agricultora orgánica. Era mi sueño. Respirar la tierra y ver crecer sus frutos con la luz de la constancia. No quería usar ningún agroquímico. Pensaba en mi inocencia que la huerta crecería al instante y que mis manos inexpertas moldearían a la perfección las hileras de tierra naranja. No había calculado que se necesitaba al menos tres meses para cosechar cualquier tubérculo.

-Don Ovideo ya tengo las semillas y tengo puesto el overol…
-Mija, ¿y overol pa qué, usted con esas manitos sí es capaz de levantar un azadón? Si quiere yo le alisto la tierra y usted le tira las semillas.
-Pues no crea, soy pequeña pero con fuerza.
-Pues empiece primero desyerbando porque esa tierra nunca ha sido sembrada, debe arrancar todo el pasto cocuy, ese verraco no deja pelechar nada.

Pasaron siete días y ese tal cocuy sí que me costó arrancarlo, ni que decir de arar la tierra. Mis manos bailaban en las ampollas. El azadón y la pica son instrumentos pesados, mientras Don Ovídeo araba una hilera en una hora, yo me demoraba dos días. Al principio salía sin protección, luego de la tunda de sol, mosquitos y ampollas de varios días. Me diseñé una vestimenta bastante particular: overol, camisa larga, guantes de soldador y casco acompañado de unas gafas gigantes que usaba en el colegio durante el laboratorio de química; Don Ovídeo se burlaba de mí y me decía la pequeña Robot.

A pesar de todas las peripecias fui feliz aprendiendo y cultivando la tierra. Observar el riego natural por las ráfagas de lluvia, sentir el olor de la yerbabuena creciendo, envarar los tomates y habichuelas con palos improvisados que encontraba durante mis caminatas, y la emoción de arrancar las zanahorias tumbándome en el suelo por la fuerza que hacía. Sin embargo me entristecía por el poco valor que les daban a los campesinos. Durante mis jornadas charlaba con varios de ellos y me contaban sus pérdidas en los cultivos, el desplazamiento que habían sufrido por la violencia, lo poco que ganaban vendiendo sus productos o arando terrenos de otras personas. Viví por tres años en el campo y exploré diferentes cultivos. Tuve que volver a la ciudad, sustentarse de la tierra no es tarea fácil.

¿Y eso de la seguridad alimentaria será lo mismo que la soberanía alimentaria?
Por varios años se han cruzado en mis andanzas conceptos que en principio eran extraños para mí: la soberanía y la seguridad alimentaria. Tuve un gran maestro que me enseñó a cultivar los hongos orellana, un hongo comestible que se puede preparar de diversas maneras y es muy rico en proteína. El Mago Fernando, como yo lo llamaba, tenía un sueño: curar el hambre con los hongos en el municipio de La Estrella. De él escuché por primera vez las palabras soberanía y seguridad alimentaria, él decía que existía una gran diferencia entre ambos conceptos:

-Vea mija, entender la diferencia es muy sencillo, los gobiernos y grandes empresas siempre hablan de seguridad, solo les importa que haya alimentos disponibles y su rentabilidad, no importa si son saludables o cuál sea su origen. En cambio, la soberanía se trata de la autonomía de los pueblos a cultivar lo que quieran, ya sea agrícola o pecuario, además de la protección a los campesinos y sus tradiciones, y sobre todo que estos alimentos se cultiven libres de agroquímicos y se cuide el medio ambiente y su biodiversidad.

Mi viejo amigo tenía mucha razón, de nada sirve tener supermercados llenos de alimentos empacados y rotulados si la gente igual se muere de hambre o de sobrepeso. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su último informe publicado en 2019 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 1 de cada 9 personas padece de hambre y, paradójicamente, 1 de cada 8 personas sufre de obesidad, lo que evidencia una profunda crisis en el sistema alimentario. Quien no se muere de hambre, se muere de obesidad, pues a pesar de tener “seguro” un plato de comida, no es un alimento sano, lo que aumenta el nivel de enfermedades como la obesidad y diabetes causadas por las bebidas azucaradas y los alimentos procesados.

Soberanía entonces es un concepto más profundo, es un vínculo que va más allá de tener la panza llena. A veces las personas no diferencian una vaina de una semilla, o desconocemos que la pitaya es una variedad diferente a la pitahaya, o que existen más de veinte variedades de frijol que podemos consumir. Soberanía alimentaria es conocer el alimento desde su origen, es un acercamiento entre la mano del campesino y sus saberes, es la preservación de las semillas nativas; este vínculo no podrá ser empacado, rotulado y vendido como un producto más en un supermercado.

¿Qué pasa con el campo en Colombia?
Estuve dos años como voluntaria en el proyecto de cultivo de orellana con mi amigo El Mago, aprendí que este hongo es un alimento muy saludable. El Mago había logrado contagiarme su sueño e inicié un viaje para enseñar a otras personas el cultivo y su preparación. Una de mis primeras “expediciones” realizada en el año 2007, fue al resguardo de la comunidad indígena Tule - Kuna, ubicada en Unguía, municipio del Chocó, departamento de paisajes exuberantes irónicamente colmados de violencia y desigualdad. Allí pude observar uno de los grandes conflictos del campo en Colombia: el desplazamiento y la ganadería extensiva. Esta comunidad presentaba un alto grado de mal nutrición por deficiencia de proteína, su dieta se basaba en carbohidratos provenientes de la papa y el ñame. Según los testimonios, la comunidad había perdido la pesca porque el río Arquía se había contaminado a causa de la ganadería practicada por terratenientes que habían llegado a invadir sus terrenos veinte años atrás. Realicé varias prácticas y experimentos de cultivo de este hongo, aprendí mucho de sus saberes y logré presentarles este alimento como una opción para integrar a su dieta. Sin embargo, un sin sabor y varios cuestionamientos me surgieron: ¿cómo es la alimentación de las diferentes comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en el país? ¿por qué la ganadería no tiene un control? ¿en manos de quién reposa este negocio? ¿por qué no se protegen a estas comunidades, si a la larga ellos llevarán la comida a nuestra mesa?

El campo en Colombia ha sido olvidado. Históricamente se han presentado diversas problemáticas como el narcotráfico en el conflicto armado, el despojo de tierras por diferentes actores, la ganadería extensiva, la minería, la deforestación indiscriminada y monocultivos como el caucho, la palma africana, el arroz y el cacao. Las políticas públicas no garantizan la preservación del agro en nuestro país, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y otras autoridades e instituciones oficiales, en Colombia actualmente se puede decir que de 40 millones de hectáreas que se tienen para el desarrollo agropecuario, apenas 7,6 millones están cultivadas. Más del 30% de los alimentos que consumimos son importados y la situación de inseguridad alimentaria y nutricional en el país alcanza una prevalencia del 42,7%, ni siquiera cubrimos las necesidades de nuestras comunidades, una ironía cuando poseemos todos los pisos térmicos y podríamos ser una de las principales despensas productoras del mundo, según la FAO.

Este escenario nos plantea la urgencia de que se cumpla la Reforma Rural Integral (RRI) contemplada en el punto uno de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC, ya que la mayoría de los proyectos productivos no han llegado a las comunidades. Con esta reforma se busca promover el desarrollo de las comunidades rurales, la distribución equitativa de la tierra y su devolución a las víctimas de desplazamiento y despojo. Esta reforma tejería una nueva colcha donde esa herida histórica con el campo Colombiano se zurza, reivindicando al campesino como sujeto de derecho.

¿Cómo la agroindustria afecta al ambiente y qué podemos hacer desde nuestro hogar?
Otra de mis inquietudes han sido las repercusiones ambientales por la producción de alimentos. Sabemos que el planeta se está calentando por el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema agroindustrial produce el 57% de estas emisiones. Son seis los principales impactos de la cadena agroindustrial:

Deforestación: la agricultura industrial ocupa terrenos fértiles para sus monocultivos acaparando millones de hectáreas, en este proceso se queman bosques y humedales dañando la materia orgánica que los sostiene, esto libera dióxido de carbono a la atmosfera. El 18% de las emisiones en el mundo se da durante estos procesos de quema.
Producción agroindustrial: durante la producción, una gran cantidad de combustible es usado en tractores, maquinarias agrícolas y en la fabricación de los agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas. El uso de estos agroquímicos produce óxido nitroso, otro potente gas de efecto invernadero. Por otro lado tenemos la liberación de gas metano debido a la acumulación de estiércol en la ganadería. Estas tres actividades generan un 15% de las emisiones del planeta.
Transporte: las materias primas y los alimentos recorren grandes distancias para su distribución. La soya, por ejemplo, viaja desde Argentina para alimentar gallinas en China, y luego estos huevos son exportados a otros lugares. El transporte es responsable del 5% de las emisiones del mundo.
Transformación: en el procesamiento de las materias primas y su posterior empacado en los productos llamativos que nos surten en los supermercados, se gastan grandes cantidades de energía generando un 8% de las emisiones globales.
Refrigeración: luego de que los alimentos estén empacados se hace indispensable su refrigeración en los grandes supermercados, lo que produce el 4% de las emisiones globales.


Desecho de alimentos: irónicamente se desecha casi el 40% de los alimentos producidos, ya que no cumplen con las medidas y características estándares que las grandes empresas alimenticias y el marketing alimentario exigen. La descomposición de estos alimentos aporta un 4% de las emisiones globales.

Ahora bien, sabemos que el sistema alimentario actual tiene profundas fallas desde cualquier punto que queramos abarcarlo: social, ambiental o político. ¿Qué podemos hacer para luchar por una soberanía alimentaria y apoderarnos de nuestras tradiciones? Como diría mi querido Mago: “Mija, cómprele las arepitas a doña Consuelo y arranque con baldes y en su balcón pone un pequeño huerto y se hace su compostera”.

Tal vez todos no podamos realizar un huerto en casa, pero lo que sí podemos hacer es conocer las acciones que realizan las organizaciones sociales y campesinas de nuestra localidad en torno a la soberanía, al cuidado del medio ambiente, el territorio, y sumarnos a ellas. Comprar nuestros víveres en mercados y plazas campesinas. Dejar de consumir en los grandes supermercados, preguntarnos por el origen de los alimentos que preparamos a diario.

Existen diferentes organizaciones en nuestras localidades, mencionaré algunas para que las conozcan, muchas de ellas tienen portales web o presencia en redes sociales: Red de Guardadores de Semillas de la Corporación RECAR (Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento); Red Semillas Libres de Antioquia; Red de Custodios de Semillas de Cañamomo y San Lorenzo, Caldas; Red de Guardianes de Semillas del Cauca; Red de Guardianes de Semillas de Vida, Nariño; la Asociación Campesina de Antioquia (ACA); el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete); y la Corporación Grupo Semillas.

 

“Las semillas nativas y criollas son propiedad de los pueblos, deben estar en manos de los agricultores, sembradas y propagadas en los territorios, disfrutadas en las mesas y conservadas como patrimonio de la humanidad”.

“Desde hacía años se tiraban allí restos de ladrillo y cemento, tejas de asbesto, variadas estructuras de madera, tuberías de agua y gas, fieltros para techos, pedazos de acero, cobre y aluminio, cartones, papeles, y vidrios, y plásticos, y accesorios eléctricos; era como una pirámide de diferentes niveles moldeada sobre la ladera de la montaña, si se le miraba desde la distancia parecía camuflarse con una fábrica de arena; de hecho, su área se abrazaba con lo que eran varias canteras, de estas se extraía material para la edificación de casas y edificios en la ciudad, era una fuerza que hacía crecer la urbe, y resultaba curioso —por no decir paradigmático— que las canteras se abrazaran con los botaderos de escombros.

A Pedro Cadavid, esta doble circunstancia le parecía el cara y sello del verdadero Medellín: sobre una misma montaña, al occidente del Valle de Aburrá, el Estado y la empresa privada habían levantado un paraje donde confluían la destrucción y el nacimiento; al divisar La Escombrera, Pedro pensaba en una herida, un paraje montañoso que sangraba, un resquebrajamiento de la tierra, la naturaleza vilipendiada por el crecimiento desaforado de una urbe”.

Acabamos de leer un fragmento de La Escombrera, la nueva novela del escritor colombiano Pablo Montoya; lo leyó antes de terminar una entrevista en la que también habló de Pedro Cadavid, ese hombre que nos ofrece esta mirada del “verdadero Medellín”, un personaje ficticio creado por Pablo para proyectar muchas de sus ideas en la novela.

“En la medida que me fui acercando a este sitio geográfico que hay en la Comuna 13, me fui dando cuenta que era un territorio apto para la literatura, porque es un lugar simbólico de algún modo, es una especie de metáfora también de la violencia colombiana. Por un lado fue un acercamiento muy vivo, muy vivencial a este lugar de la Escombrera; pero al mismo tiempo fue un acercamiento literario, y un acercamiento donde mi imaginación, como escritor siempre estuvo como manejando este tipo de emociones, fue lo que yo quise imprimirle a la novela misma”, explica Pablo.

Ese lugar “apto para la literatura” tiene una historia que para los habitantes de la comuna antecede las seis operaciones militares del año 2002— y otras tantas que no tuvieron resonancia mediática, solo se quedaron en los relatos de quienes las vivieron—, se dice que allí hubo antes una especie de laguna, y después comenzaron los relatos de personas que aseguraban haber visto cómo camiones subían con personas que nunca más volvían a aparecer.

Luego sucedió la Operación Orión: en las primeras horas de la madrugada del 16 de octubre de 2002, se hizo el descargue de la tropa y se acordonó la zona —para impedir que los habitantes del lugar pudieran salir—. Esta operación no solo es recordada por el cubrimiento mediático que tuvo, por todas las investigaciones académicas, periodísticas y procesos artísticos y colectivos territoriales que generó, también es recordada porque más de 1.000 uniformados del Ejército, Policía, DAS, CTI, Fiscalía, Personería y Procuraduría General de la Nación, helicópteros arpía de las FAC (Fuerza Aérea Colombiana) llegaron con la consigna de pacificar la comuna y arrebatarle de las manos el control a los grupos guerrilleros asentados allí; y por aquella imagen de un encapuchado sin insignias militares que señalaba casas. Fue la entrada del paramilitarismo a la Comuna 13 de Medellín.

¿Pero qué relación tienen la Operación Orión y La Escombrera? Según informes del Tribunal de Justicia y Paz, en La Escombrera hay alrededor de 300 cuerpos, no solo de la Comuna 13, también de otros municipios.
Al respecto, Pablo dice: “Yo soy de los que cree que allí hay muchos cuerpos, y que encontrarlos va a ser muy difícil por lo que ha pasado allí, y porque ha habido remoción de escombros, porque eso pertenece a territorios de empresas privadas que se han negado rotundamente a detener sus labores. El Estado que ha tenido una presencia mínima allí, que muestra su gran vacío y su gran irresponsabilidad frente a este lugar”.

Pablo habla de una herida en la montaña, pero ese lugar no es el único con heridas; por eso mirar la dimensión espiritual y la condición humana de los habitantes de la Comuna 13 fue tan valioso:

“Lo que yo sentí es que: primero, hay una gran resistencia en ellas, en el sentido que son personas con una gran dosis de dignidad humana. Esa dimensión espiritual puede verse cuando yo conocí a estas señoras [Mujeres caminando por la verdad], yo dije: pero estas son las señoras que han logrado visibilizar el asunto de la desaparición forzada en la Comuna; son señoras humildes, sencillas, muchas de ellas no tienen una formación escolar, son amas de casa, son abuelas, son madres. Muchas de ellas escriben o están intentando escribir sus testimonios, muchas de ellas tejen, hacen trabajos con el arte, con la cultura para poder de alguna manera aligerar ese peso terrible que significa tener familiares desaparecidos hace años. Esa fortaleza la encontré particularmente en las mujeres, es un ejemplo de resistencia femenina.

Las excavaciones que se hicieron en 2015 obedecieron al trabajo de protesta del colectivo Mujeres Caminando por la verdad, si esas señoras no salen a denunciar lo que sucedió en la Escombrera jamás la Alcaldía de Medellín hubiera atendido estas reclamaciones, que terminaron durante la alcaldía de Aníbal Gaviria.

Pero por otro lado, hay un gran resentimiento, porque uno se da cuenta que el Estado no ha hecho nada, el Estado no ha reparado a esas víctimas; entonces hay una sensación de orfandad que desemboca inevitablemente en una especie de resentimiento sobre todo hacia las élites que han gobernado este país y sobre todo hacia esas élites que son las que han fundado eso que llamamos Estado colombiano, que es una cosa completamente anómala. Y eso está presente en la novela, el estado en La Escombrera es una entidad a la que se le fustiga constantemente”.

Cómo fue posible que un escritor colombiano radicado en la comuna francesa de Saint-Nazaire por una beca para escribir otra novela, la Escuela de música, sintiera el deseo de escribir sobre la Escombrera y la Operación Orión, ¿Cómo llegó a esa historia? ¿Qué fue lo que lo inquietó?

“Te lo voy a decir sinceramente: yo sentí que los fantasmas de los desaparecidos tocaban a mi casa, tocaban la puerta de mi casa. La primera llamada fue de esa índole, fue una llamada metafísica. Fue una llamada que obedece al mundo de los sueños, no sé, al mundo onírico; porque me despertaba a toda hora, ¡No me dejaban dormir!

Entonces ahí surgió el primer deseo de escribir esta novela, en el 2015, pero yo desde antes estaba pensando en ella continuamente, pensando en la ciudad de Medellín, pensando en ese enredo social que siempre hemos tenido, y que particularmente se ha agudizado desde los años 70´s que continúa hasta nuestros días. Viene del deseo de dar una especie de espacio en la literatura a esos desaparecidos que pertenecen especialmente a los sectores más bajos, más humildes, más desfavorecidos de la sociedad colombiana, particularmente de la sociedad de Medellín”.

Pablo termina su novela con un hecho muy importante para las Mujeres caminando por la verdad: el inicio de las excavaciones en La Escombrera.

“Entonces se cuenta un poco la historia de estas comunas desde los años cuarenta del siglo 20, y la novela termina cronológicamente hablando de las primeras excavaciones que se hacen ahí en la Escombrera, excavaciones que se hicieron en 2015, y que fueron completamente fallidas porque excavaron donde no era. Hubo un gasto inoficioso, porque se basaron en unos testimonios de un solo líder paramilitar que es 'Móvil 8', y con base en esos testimonios de este señor pues decidieron excavar en unos lugares donde evidentemente no iban a encontrar absolutamente nada”.

Esa inoperancia y errores a la hora de realizar las búsquedas por parte del Estado es algo que las víctimas de la desaparición forzada en la comuna llevan años demostrando. En un conversatorio que fue parte de la conmemoración Orión Nunca Más en el año 2015, una integrante del Grupo interdisciplinario de Derechos Humanos contó que “las organizaciones sociales comenzaron a decirle a la Fiscalía: hay que parar de tirar escombros, hay que hacer una buena investigación antes de que empiecen a cavar, pero ellos no lo hacen”.

Uno de los jóvenes asistentes habló de un foro en el que convocaron a la Alcaldía de Medellín, y le cuestionaron “por qué estaban buscando justamente allí, donde 'Móvil 8' les dijo que estaban, si 'Móvil 8' llegó mucho después de las grandes operaciones militares, ese pedazo de la escombrera era más nuevo que esas operaciones”.

Por su parte, Luz Elena Galeano, integrante de Mujeres caminando por la verdad, agregó: “Desde que se construyó el Plan Integral de Búsqueda nosotros sabíamos que no era específicamente para encontrar los desaparecidos de Comuna 13, precisamente se creó para buscar también a desaparecidos de otras comunas o veredas o subregiones. Para nosotros el solo hecho de encontrar un cuerpo, así no fuera los de nosotros, era una luz de que sí había personas enterradas ahí, y como poderle mostrar al Estado que había sido negligente por tanto tiempo; no teníamos certeza de que hubiera cuerpos ahí, pero como acá le creen más a los desmovilizados que a las propias víctimas. Nosotros sí sabíamos que ahí en la laguna hay personas enterradas”.

A la fecha no han iniciado las excavaciones en el segundo de los tres polígonos y a La Escombrera se siguen arrojando escombros. La continuidad de las excavaciones quedó perdida entre la poca claridad en cuanto al presupuesto y la ruta para continuar.

En muchas entrevistas, conversatorios y textos, he visto la fe de Pablo por la palabra, por tal motivo le pregunté ¿Con qué conjunto de palabras y símbolos salió de la Comuna 13?

“Yo como escritor creo en el poder de la palabra, pero también siento que antes las dimensiones de la crueldad y la violencia humana la palabra a veces se queda cortica. Eso está muy presente en la novela, el escritor, el protagonista, siente que se llega a un límite, la palabra de la literatura —Pablo sonríe perplejo, como si nunca hubiese esperado que algo pudiera superar la capacidad de la palabra— no puede llegar al meollo de la crueldad humana, y sobre todo no puede resarcirla. Entonces en mi novela hay una sensación ambigua: es un escritor que está tratando de nombrar todo esto a través de la palabra literaria, y al mismo tiempo siente que no logra, que no logra exorcizar la violencia”.

Así sale Pablo Montoya de este territorio y de esta historia, pero hay otro ser del cual es importante saber cómo salió de esta historia. Después de contarme que Pedro Cadavid comienza a conocer la historia de la comuna, las operaciones militares, habla con las víctimas de la desaparición forzada; después de eso hizo una reflexión que podría ser un poema, una metáfora de este país, de usted que me lee, del que no está leyendo, del que murió, de esta tierra nuestra: “Entonces Pedro Cadavid termina enfermándose de violencia, se vuelve una especie de fosa común en sí mismo”.

El sistema de salud colombiano vive en crisis permanente desde la aprobación de la ley 100 de 1993, por medio de la cual se crearon las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) como administradoras de recursos y como intermediarias entre el Estado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (hospitales, clínicas, centros de salud y de emergencias, entre otros).

Según la exposición de motivos de la ley 100, ésta se crea para hacer frente a un sistema de salud inequitativo y con problemas de acceso y calidad para la mayoría de la población. Con esta ilusión, aparecen las EPS “como salvadoras”, no obstante, casi tres décadas después, las condiciones perduran y la corrupción y el mal manejo de los recursos se ha profundizado.

A nivel nacional, los trabajadores y las trabajadoras de la salud se han visto obligadas a protestar para exigir el pago de salarios que se retienen por meses, el promedio nacional de la deuda con los trabajadores de la salud es de 4 meses. Por otro lado, los hospitales permanecen sin elementos básicos y los medicamentos han sido suplantados por acetaminofén.

Aunque la tasa de cobertura ha mejorado a nivel nacional, debido a la afiliación de gran parte de la población, departamentos como el Caquetá continúan con una cobertura del 78%, lo que lo ubica como el quinto departamento con mayor índice de barreras de acceso a servicios de salud con 11,27% de los hogares desprotegidos, y noveno departamento en barreras de acceso a salud para cuidado de la primera infancia con el 24,14%.

En suma, las Instituciones prestadoras de salud han sido categorizadas en tres niveles y solo las grandes ciudades cuentan con entidades de tercer nivel en las cuales se prestan la mayoría de especialidades, como si los departamentos más alejados de la capital o con menor población pudieran contraer únicamente enfermedades comunes.

En el departamento del Caquetá solamente hay hospitales de segundo nivel en las cabeceras municipales de Florencia, La Montañita y Morelia, en los demás municipios hay hospitales o puestos de salud de primer nivel, con personal limitado y las especialidades básicas. En lo que respecta al sector rural, la red de salud es casi inexistente y las pocas instituciones presentan problemas de infraestructura, problemas de dotación y mínima o nula presencia de personal.

Sistema de salud y covid-19
Desde la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC), se realizó [en mayo] el foro “Sector salud y territorios en medio de la crisis actual”, en el que participaron Yesid Camacho, expresidente del sindicato de trabajadores de la salud ANTHOC; Yahira Granados, funcionaria de la ESE Sor Teresa de Adelle del municipio de Cartagena del Chairá; María Gonzáles, funcionaria de la ESE sor Teresa de Adelle del municipio de El Doncello; y Carlos Garay, coordinador indígena del tema de salud de ASCAINCA y miembro de la OPIAC.

Los cuatro panelistas fueron enfáticos en señalar que la principal problemática del sistema de salud es la ley 100 de 1993, debido a que su accionar convirtió los hospitales en puestos de salud con miles de problemáticas porque los dineros quedan en la intermediación de las EPS. Además, la ley fomenta la violación de las condiciones laborales y la integridad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud.

La ley 100 ha generado barreras geográficas, financieras y administrativas que quebranta el derecho a la salud de la población en general. A ello hay que sumar las malas administraciones que perduran en las entidades prestadoras de salud debido a las redes de corrupción y la politiquería local.

La mayoría de departamentos carecen de camas de Unidad de Cuidados Intensivos suficientes para enfrentar una emergencia. La precariedad del sistema de salud rural motivó a las comunidades a establecer puestos de control y desinfección para evitar la propagación del virus en los territorios.

Adicional a esto, quedó demostrada la dificultad para dar atención a problemas psicológicos que se han agudizado durante la pandemia, en muchos casos, potenciados por el manejo que los medios de comunicación han dado a la situación. También el abandono en el que viven los pueblos indígenas, quienes han denunciado el etnocidio por el que atraviesan. En los últimos días, el coronavirus cegó la vida de Camilo Suárez, diputado del departamento de Amazonas e importante igura para los pueblos indígenas de la Amazonia.
El Gobierno Nacional anunció la inyección de recursos al sistema de salud, acción que no implica que los dineros lleguen a hospitales o puestos de salud, como debería ser. Los recursos llegarán a las EPS, que en el mejor de los casos usarán los dineros para pagar las deudas que tienen con los hospitales desde hace años.

Propuestas
Es necesario cambiar la lógica con la que se viene manejando el sistema de salud en Colombia. Abolir la intermediación y potenciar la salud rural. Esto implica mejorar la conectividad de los territorios y la red de comunicaciones que permita a las comunidades indígenas y campesinas acceder al servicio de salud.

De igual manera es indispensable restituir los derechos que perdieron los y las trabajadoras de la salud con la ley 100. A finales del 2019 se presentó el proyecto de ley 291 con el que se pretende garantizar que el Estado les pague de manera directa. Dotarlos permanente de elementos de bioseguridad, teniendo en cuenta que el covid-19 no es la única enfermedad contagiosa, existen otras como la tuberculosis.

Por otra parte, urge avanzar en la creación del sistema de salud indígena, fortalecer los procesos de trasferencia de conocimientos y reconocer el valor de la salud tradicional y ancestral que pueden curar enfermedades que no cura la medicina occidental.

Medio ambiente y PDET´s
Vale la pena mencionar que los problemas ambientales como la contaminación de las cuencas hídricas, el aire y los alimentos causada por la minería y aspersiones de glifosato, amenazan la salud de los pobladores del Caquetá. La salud empieza por la prevención, por ello son indispensables unas condiciones ambientales óptimas y un fomento de la soberanía alimentaria.

Uno de los pilares de la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fue la salud. Las comunidades fueron enfáticas en manifestar que la salud rural debe estar a cargo del Estado y no puede depender de agentes privados nacionales o internacionales. Entre las iniciativas para mejorarla se contempla asegurar la comunicación y la conectividad de los territorios, fortalecer los procesos de veeduría ciudadana y consolidar escuelas interculturales que involucren la medicina ancestral para construir una Salud Rural con enfoque comunitario y amazónico.

*Este artículo fue publicado inicialmente en el medio amigo recsur.com.co

“Las revoluciones en este continente requieren de cuerpos que buscan rehacerse en libertad, para poder enfrentar las opresiones de todos los sistemas de dominación: el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado”
Claudia Korol

Hace unos meses en el mundo se hizo eco el himno de las compañeras chilenas un violador en tu camino, el cual, desde diferentes idiomas, denunciaba la responsabilidad del Estado frente a las violencias que sufrimos las mujeres, desmentía por completo que son hechos aislados, asunto de faldas o casos esporádicos, y revelaba que las violencias son la respuesta y consecuencia de un estado incapaz de garantizar la vida de las mujeres. Para hablar de violencias hay lana pa' hilar, pero uno de los aprendizajes del aislamiento es que aquello que vivimos a diario no es una cuestión echada a la suerte, sino que da cuenta de los sistemas opresores que recaen sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos.

Hablar de des-pa-triar-ca-li-zar-nos –una palabra hasta compleja en su pronunciación– es una cuestión que no da espera, pues el patriarcado ha cobrado la vida de millones de mujeres y disidencias de género, y con ello no me refiero únicamente al feminicidio, sino a todas las expresiones y formas de violencia que vivimos a diario, que nos mantienen subordinadas e invisibilizadas, y que están ligadas al sexo, la clase, raza y orientación sexual.

¿Cómo hacer para empezar ese proceso de deconstrucción patriarcal?, siendo fundamental para responder esta pregunta hablar de las violencias como un asunto estructural, reconocer que las paredes que sostienen nuestra realidad como sociedad están soportadas en la violencia, y nosotras nos vemos obligadas a habitar allí. La emancipación significa para nosotras tumbar esos cimientos patriarcales que naturalizan, legitiman y promueven la misoginia, el racismo, el clasismo, la transfobia, la homofobia, y construir junto al pueblo un nuevo lugar donde vivir dignamente, tan amplio y libre como lo imaginemos.

Seguramente, o eso anhelo, hemos visto como en las últimas semanas se han hecho públicos algunos casos de violencias por parte de la fuerza pública, la institucionalidad o al interior de los hogares. ¡Vamos a traer a la memoria algunas compañeras!, –porque como aprendí de una amiga, si para el Estado somos cifras, para nosotras nombrarnos es una apuesta política–.

Hace unas semanas, mientras nos encontrábamos con un nudo en la garganta y el corazón en la mano por el feminicidio de Heidy y su hija Celeste en la localidad de Kennedy, Bogotá, a manos de su compañero sentimental, la comunidad indígena Embera de Risaralda denunciaba el abuso sexual a una niña de 13 años por parte de siete militares. Luego estalló la noticia de que se encontraban en investigación más de 100 casos de violencia sexual por parte de las fuerzas militares.

Esa misma semana salíamos a las calles a exigir justicia por Alejandra, una trabajadora sexual trans que dejó morir este sistema de salud por ser prostituta, tener VIH y ser trans. En las horas posteriores a esta movilización, asesinaron a Salomé en Garzón, Huila, una niña de cuatro años que antes de morir fue abusada sexualmente. Con la devastadora realidad que nos trajo el mes de junio, es más que evidente y necesario decir que ¡no son hechos aislados, es toda una estructura la que tenemos en contra! En todas estas historias hay algo en común: el estado no hizo nada por garantizar sus vidas sino que fue el causante de sus muertes.

Muchas feministas decimos, ¡el patriarcado no se va a caer, lo vamos a tumbar! pues en esta larga lucha por la defensa de los Derechos Humanos algo tenemos claro: ninguna estructura se caerá por sí sola por más grietas que tenga, y menos si se sostiene la una de la otra; como engranajes, uno funciona al ritmo del otro, así se conectan el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo.

Al inicio surgió esa palabra larguísima: DES-PA-TRIAR-CA-LI-ZA-CIÓN, que, siendo sincera, me cuesta muchísimo pronunciar, pero es necesario interiorizar. Esa palabra me arroja una pregunta, ¿en nuestros proyectos por la emancipación y liberación de los pueblos, actuamos como engranajes?, es decir, ¿hemos logrado pensarnos la transformación reconociendo que el anticapitalismo no va sin el antirracismo, antipatriarcado, anticolonialismo?, o, ¿seguimos viendo estás últimas como una adición, una alianza, o como lo que trabajaremos una vez hagamos la “revolución”?

Este “carreto” no fue escrito sólo para decir que la responsabilidad única de las violencias y opresiones la tiene el Estado, sino también para asumir la responsabilidad de quienes nos enunciamos desde un proyecto que tiene como consigna la vida digna, la liberación de los pueblos y nuestros cuerpos, la emancipación de todas las formas de opresión. La liberación de las mujeres y disidencias de género no es un asunto netamente personal y privado, sino que pasa por tumbar esas vigas y barrotes que nos han sometido a estar bajo las estructuras de este sistema de muerte.

Despatriarcalizar la vida requiere, necesariamente, comprendernos desde una lucha integral, un proyecto político transformador en todas sus estructuras, nada a medias, y así poder hacer frente a un Estado que odia nuestras vidas. Nuestro triunfo será mantenernos vivas, al calor de la manada y la colectividad, porque el Estado no nos cuida, nos cuidamos entre nosotras.

Fabián Arturo Palacios Pulido, de 48 años, padre de cinco hijos, desde hace diez años auxiliar de enfermería en el CARI (Hospital Mental de Barranquilla) y miembro del comité nacional de reclamos del sindicato de trabajadores de la salud, Anthoc, falleció por coronavirus el martes 2 de junio. Exactamente 40 días después del mitin de protesta que él mismo lideró para exigir medidas y elementos de bioseguridad, con pancartas, tapabocas y distanciamiento social, como toca en estos tiempos de pandemia.

Lo primero que hay que decir es que –vaya a saberse por qué– el virus no tuvo ninguna clemencia con Fabián. Se lo llevó en un santiamén, en diez días; a él, un hombre fuerte, sano, cero fumador, nada bebedor, bien plantado todavía para los 48 años que tenía; algo pasado de kilos, eso sí tal vez su pecado. En todo caso, estadísticamente el covid-19 no se amaña mucho en organismos sanos como el de Fabián, no se esperaban los estragos.

El mitin de protesta lo hicieron el 1 de mayo, y su objetivo, como se dijo, fue denunciar las precarias condiciones laborales y la carencia de elementos necesarios para tener algún margen de seguridad en el trabajo. Que no es cualquier trabajo. Su riesgo de infección es tan alto como el que pueden tener los soldados que marchan en la primera línea de un combate. Y más en una ciudad como Barranquilla, que tiene una de las curvas de contagiados más altas del país. El 22 de julio superaba las 1.000 muertes y más de 26.054 contagiados.

En el mitin del 1 de mayo, Fabián Palacios estuvo muy activo y fogoso, como siempre, al pie de las pancartas y con su tapabocas. Recordó que si bien la atención del CARI se centra en la atención de enfermedades mentales, en esta época todo hospital, de cualquier especialidad, es territorio apache del coronavirus. La posibilidad de contagio es más alta que en cualquier otro lugar porque los cuidados de la salud son de toma y dame, no se hacen por los laditos, ni de lejos, tienen que ser de frente y de cerquita.

Pero el plantón no solo fue por el coronavirus, también se hizo para protestar por el retraso de los pagos de quincenas a los trabajadores vinculados al hospital por prestación de servicios como Fabián. Todos ellos asistieron al mitin para exigir el pago de los salarios atrasados y su vinculación directa a la nómina del hospital.

“Fue como si Fabián hubiera adivinado lo que se venía. Lo prueba es que a las pocas semanas él y siete compañeros se infectaron por un paciente que llegó al hospital con coronavirus. Él fue el único que falleció, los demás están bien y aislados”, señaló Ángel Salas, empleado administrativo del CARI, secretario nacional de Anthoc, amigo personal de Fabián Palacios y compañero de luchas sindicales desde hace cinco lustros. Ambos empezaron en la dirigencia sindical de Anthoc desde muy jóvenes, en 1994.

Técnicamente hablando, podemos afirmar que la causa del contagio y muerte de Fabián, que él mismo –¡vaya ironía!– previó con un mes de anticipación, fue la ausencia de elementos de bioseguridad. No hay que cargarla toda al coronavirus, que al fin de cuentas es un elemento más de la naturaleza, el más simple incluso; feroz y devastador, sí, pero evanescente, con agua, jabón y buenos elementos de bioseguridad se mantiene a raya. Elementos que no han tenido completos, ni tienen aún, los trabajadores del CARI de Barranquilla, denunció Ángel Salas.

Y a eso agréguele la inestabilidad laboral y los malos salarios, que también hacen mella en la mente y el cuerpo del trabajador, bajando sus defensas.

Así las cosas, ésta viene siendo entonces otra crónica de una muerte anunciada, una más en la larga lista de muertes anunciadas en Colombia.

El día señalado en la vida de Fabián Palacios
La maluquera en el cuerpo le empezó a Fabián Placios desde la tarde del jueves 28 de mayo, pero no lo tomó con alarma porque pensó que era efecto del estrés que manejaba esos días, por las dificultades en su trabajo y en su bolsillo. Ya estaba hasta prestando plata.

El viernes 29 no amaneció mejor. Todo lo contrario, no pudo levantarse a hacer lo del diario: salir temprano a tomar el transporte público hasta el hospital. En la mañana la fiebre le aumentó y le empezó una tos pertinaz, de esas que no paran. Entonces no la pensó más y arrancó de una para la clínica Murillo, donde por el protocolo del gobierno local debe dirigirse todo caso de sospecha de covid-19. Lo vieron tan mal, que lo dejaron en observación.

Al día siguiente, sábado 30, su estado empeoró. Lo cogió una tos de tísico y una asfixia apremiante, que ya para el domingo en la mañana obligó a entubarlo a un respirador artificial en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Con su vida pegada a ese respirador, Fabián Palacios estuvo diez días más, sin ninguna mejoría. El lunes 8 de junio fue crítico, su cuadro clínico se complicó, ya era necesario trasladarlo a un hospital de nivel cuatro, de mayor complejidad, que tuvieran los aparatos de respiración artificial que su estado requería. Pero cuando lo intentaron trasladar advirtieron que no había forma de hacerlo, estaba tan mal que no resistiría el traslado.
Horas después entró en paro cardio-respiratorio y el martes por la tarde Fabián falleció.

Adiós entre aplausos
El cadáver de Fabián Palacios fue cremado el miércoles 10 de junio, tal como lo dispone la norma sobre muertes por Covid-19, que en su caso se hizo oficial el lunes, cuando se conoció el resultado de la prueba que le hicieron cuando ingresó a la clínica.

Pero antes de que lo cremaran, sus compañeros de trabajo quisieron hacerle un homenaje póstumo. Pidieron que el coche fúnebre pasara por el frente del CARI Mental para, entre lágrimas, canciones y aplausos, hacerle calle de honor y despedir al compañero que se va.

“Como lo merecía –comentó Ángel Salas–. Porque Fabián fue un hombre bueno, honesto y leal a los amigos. Muy apreciado en el sector de la salud. Por eso hoy es el símbolo del sector en el Atlántico y en el país. Murió exigiendo elementos de bioseguridad y mejores condiciones laborales para los tercerizados, pidiendo que les pagaran lo que les deben”.

La otra arista del problema es Ana Contreras Berrío, la segunda mujer de Fabián, con quien éste vivía desde hacía diez años, los mismos que llevaba de enfermero en el CARI Mental. La mujer quedó con su hijo de ocho años en el aire, con el inmediato futuro completamente envolatado, pues Fabián era el único sustento económico del hogar.

Ana recibirá una ayuda solidaria de parte de Anthoc y del movimiento sindical, anticipó Ángel Salas.

Nuestra administración de justicia viene enferma; desde hace varias generaciones padece de males que se volvieron endémicos, algunos de ellos agravados por otras dolencias mayúsculas que aquejan al país con repercusión inmediata sobre ella. Fernando Hinestrosa, Estado actual de la justicia colombiana: diagnóstico y soluciones.

Los males que hoy padece la justicia colombiana no son nada nuevos. Como consecuencia de la crisis económica que perturbó a Colombia en 1930 surgieron varias corrientes renovadoras conformadas por quienes propugnaban por unas transformaciones estructurales a nuestra rama judicial y poder así responder a las verdaderas necesidades de la nación.

En 1965, los abogados y catedráticos Jorge Enrique Gutiérrez Anzola y Gabriel Gutiérrez Tovar, en su obra La reforma judicial en Colombia, señalaron como “desde hace mucho tiempo captamos cuán honda e intensa inconformidad existía en el país por su sistema judicial, aquejado de lentitud e ineficacia y cómo –infortunadamente– cada día descendía el aprecio y veneración que un pueblo organizado debe a sus jueces”.

En 1986, el entonces Presidente Virgilio Barco advertía que “sin justicia oportuna que aplique la ley en los casos particulares sometidos a su consideración (…) no habrá paz ni orden social”. En 2007, en su análisis La problemática de la Administración de Justicia en Colombia, Eduardo Fierro y Martha Cecilia Manrique identificaron que la duración de los procesos judiciales en Colombia era el mayor de toda América Latina.

En el año 2016, el Rule of Law Index del World Justice Project, organización internacional de la sociedad civil que trabaja “para extender el imperio de la ley en el mundo”, ubicó a Colombia en el puesto 70, entre 113 países, en un ranking sobre la efectividad de la justicia civil, y en el puesto 91 respecto a la justicia penal.

El Doing Business que proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190 economías y ciudades seleccionadas, nos ha posicionado en el puesto 174 entre los 190 países analizados, concluyendo que el tiempo promedio de solución de los procesos judiciales en el país es de 1.288 días (735 más que la media de los países de la OCDE).

A juicio de esta última organización, nuestra justicia es incompetente, carente de conocimientos técnicos y de gestión. Existe complejidad normativa: desde 1991 se han expedido 2.010 leyes. La impunidad es del 97.7%, pues apenas el 2.3% de los casos penales son juzgados. Predomina el yo te elijo, tú me elijes, incentivado por la corrupción y el clientelismo. Campea la inseguridad jurídica aupada por múltiples interpretaciones de las normas por carencia de precedente judicial.

Ahora bien, uno de los problemas identificados de forma más recurrente es la congestión judicial, que se define de distintas maneras y que usualmente se asocia con la acumulación o no tramitación de una cantidad superior al 35% de los procesos que tuvo a su cargo un despacho judicial durante los últimos 12 meses. Según Fierro y Manrique, algunas de las mayores causas son la morosidad de algunos funcionarios y empleados de la rama judicial, la inconveniente distribución de personal, las deficiencias tecnológicas, los procedimientos excesivamente formalistas y la excesiva litigiosidad.

Otra de las problemáticas que ha tratado de resolver desde hace décadas nuestro país, tiene que ver con el esquema de gobierno y de administración de la rama judicial. A pesar de las múltiples reformas que se impulsaron bajo la Constitución de 1886, no se logró encontrar un esquema que mantuviera un equilibrio en la rama, una estructura que permitiera un correcto direccionamiento técnico y estratégico, y asegurara la autonomía y la independencia de los jueces.


En cuanto a las soluciones, si bien los diferentes gobiernos al menos han manifestado no ser indiferentes ante la problemática, transcurren los años y no se han aplicado verdaderas soluciones. Es así como en los últimos 20 años, los intentos de reformar la justicia no han pasado de ser eso, simples intentos. Veamos:

Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2002, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia. Proyecto de Ley Estatutaria 112 de 2004, por el cual se reforma la Ley 270 de 1996. Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2008, por el cual se reforman unos artículos de la Constitución Política de Colombia. Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo 09, 11, 12, 13 y 143 de 2011, por medio del cual se reforma la Constitución Política en asuntos relacionados con la justicia

Proyecto de Acto Legislativo 11 de 2011, por medio del cual se reforman los artículos 78, 86, 116, 179 a 181, 183, 184, 228, 230 a 232, 237, 238, 241, 254 a 257, 264 y 265 de la Constitución Política de Colombia; acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011. Proyecto de Ley 137 de 2013, por el cual se consulta al pueblo para convocar una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución Política en lo relacionado con la Justicia y la elección de sus delegatarios. Proyecto de Acto Legislativo 18 de 2014, por medio del cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional, fue aprobado y se convirtió en el Acto Legislativo 02 de 2015. Sin embargo, la estructura básica de dicha reforma constitucional, en lo relacionado con el Gobierno Judicial y la Comisión de Aforados, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en la sentencia C-285 de 2016 y otras decisiones complementarias (C-053, C-230 y C-373 de 2016 y C-094, C112 y C-290 de 2017).

Proyecto de Acto Legislativo 19 de 2014, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de Administración de Justicia y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos. Proyecto de Ley Estatutaria 130 de 2015, por el cual se desarrolla parcialmente el Acto Legislativo número 2 de 2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de Acto Legislativo de 2018, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia.

Iniciativas todas que han fracasado. Mientras tanto los colombianos seguimos aquejados por la falta de seguridad jurídica que ha sido definida por la Corte Constitucional como “aquella cualidad que tiene el ordenamiento jurídico relativo a la certeza del Derecho cuando el mismo se aplica”, y, en este sentido, constituye un componente esencial de un Estado de Derecho y del funcionamiento ordenado de las instituciones. Sin embargo, la complejidad del ordenamiento jurídico colombiano y la excesiva litigiosidad ha hecho que este principio del derecho sea frecuentemente desconocido frente a las decisiones judiciales. Esta situación ha generado que los colombianos no tengamos nunca certeza sobre las decisiones judiciales que se profieren en cada uno de nuestros casos en particular, pues, por regla general, existen más de siete recursos o acciones contra una sentencia (reposición, apelación, impugnación, queja, revisión, casación y tutela contra la decisión de casación).

Caso aparte de la variopinta gama de recursos y de la inseguridad jurídica que hoy padecemos, lo constituyen la tutela contra decisiones judiciales en firme, y la tutela contra sentencias de tutela. Estas dos figuras, aparte de acrecentar la inseguridad jurídica, han desatado los denominados choques de trenes, pues las decisiones ejecutoriadas, en firme, son revocadas, anuladas por otros jueces o magistrados que lastiman el henchido ego de sus pares desencadenando arduas disputas que trascienden del ámbito académico y laboral, al personal, y que solo perjudican al ciudadano de a pie esperanzado en obtener pronta y cumplida justicia.

Quien lo creyera, a pesar de conocer suficientemente sus padecimientos, el panorama de nuestra justicia es peor hoy que hace noventa años. Se encuentra maniatada por los corruptos, la ineficiencia, el burocratismo, la improvisación y, hoy más que en el siglo XX, por la politización de las altas cortes.

La reforma a la justicia no da espera, verdadera trasformación integral debe comprender, en lo administrativo, una política pública de administración de justicia que fortalezca la independencia y autonomía en su gobierno, que establezca un servicio planeado, con tecnología de punta, con una gestión y ejecución del presupuesto controlables. Para la eficiencia de los procesos se requiere que cuanto antes se implemente la meritocracia, sin excepción. Hoy el 44% de los cargos de jueces y de magistrados, y el 50% del personal de auxiliares, son provisionales.

Todos los cargos deben proveerse por concurso de méritos y no a dedo. No hay razón valedera para someter a las normas de carrera la escogencia a un citador de un juzgado municipal, mientras que la elección de un magistrado se hace a través del ejercicio de prácticas clientelistas cual proceso de elección de un mandatario local; el atraso en la adopción integral de la meritocracia judicial es evidente, con ello se impediría el clientelismo y se facilitaría el acceso de los más idóneos para desempeñar tan esencial tarea.

En materia de virtualización se debe superar la fase del discurso. La justicia debe dotar con conectividad efectiva y eficiente a los despachos judiciales, de métodos eficientes de archivo, de sistemas rápidos de copiado y reproducción de las audiencias, contar con salas de audiencias dotadas con excelentes equipos, con ello se facilitan las audiencias, sobre todo en lugares de acceso complejo, como cárceles de mediana y alta seguridad, facilitar el acceso a personas con discapacidad, etc.

En lo relacionado con el aspecto propiamente jurídico y normativo, debe establecerse un verdadero proceso de formación a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que hoy no tiene cobertura territorial, este centro de enseñanza requiere urgentemente incrementar su presupuesto para poder ampliar sus programas y llegar a todos los rincones de la patria.

Dada la múltiple expedición de leyes, inflación o proliferación legislativa, se ha propuesto dotar al gobierno de precisas facultades para que compile las normas de orden legal por materias. Con base en esa compilación, le corresponderá al Congreso el deber de proferir la nueva legislación de manera ordenada por sectores, identificando la normativa que modifica de manera precisa, dando con ello mayor claridad a los operadores jurídicos y al ciudadano en general.

Nuestro país evidencia una falta absoluta de política anticriminal del Estado, esta debe convertirse en otra verdadera política pública. Ese será el inicio de una auténtica reforma de la justicia. Se parte del errático supuesto de que todos los problemas de la justicia penal encuentren solución en nuevas leyes, esa es la razón por la cual hoy coexisten múltiples sistemas de enjuiciamiento criminal: la Ley 600 del 2000, la Ley 1826 del 2017, el Código de Infancia y la Adolescencia, el Código de Justicia Penal Militar, el Código de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la Ley 906 que ha tenido 20 reformas en 17 años de vigencia.

Con el fin de dar solución definitiva a la grave crisis detectada, se ha dado a conocer un nuevo proyecto de acto legislativo propuesto por el Ministerio de la Justicia y del Derecho que algunos expertos consideran un revoltijo sin columna vertebral, pensado para resolver problemas coyunturales y no de fondo. Paños de agua tibia para un enfermo terminal y que resultarán peor que la enfermedad. Se pretende, con el fin de obtener el apoyo de los actuales magistrados, por un lado, garantizar su pensión extendiendo su período de ocho a doce años y, por el otro, darles un mayor control sobre el Consejo Superior de la Judicatura, es decir, se va a robustecer el detestable carrusel o el yo te elijo, tú me eliges.

Otras de las críticas al proyecto de reforma se fundamenta en que definitivamente se perpetua el mecanismo de cooptación, que es un sistema de selección de nuevos magistrados por nominación interna de los magistrados antiguos, sin dependencia de criterios externos; lo que tira por la borda cualquier intento de que el ascenso por méritos, propio de la carrera judicial, se implemente en las altas cortes.

Esta propuesta de reforma, al igual que las anteriores se hace sin consultar las necesidades del país, sin escuchar las voces de la ciudadanía y sobre todo ignorando el concepto de los directos interesados: abogados litigantes, empleados judiciales operativos, las facultades de derecho, asociaciones de abogados, etc.

Oscuro panorama el de la Justicia colombiana. Como en un verdadero Macondo o lugar de lo imposible seguiremos padeciendo de carteles de la toga, puertas giratorias, carruseles de las pensiones, ineficiencia rampante y congestión en aumento.

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