Juan Alejandro Echeverri

Juan Alejandro Echeverri

“Ni corrupto, ni ladrón”. Ese fue el lema de campaña que llevó a un comediante a la presidencia de Guatemala en 2015. Jimmy Morales, hizo de la lucha anticorrupción su bandera hasta que en el 2017 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por el colombiano Iván Velásquez, determinó que su hijo y su hermano estaban involucrados en casos de corrupción. Una vez salieron a la luz las investigaciones, Morales la emprendió contra la Comisión, reprimió las manifestaciones ciudadanas que la apoyaban, y el 4 de septiembre de 2018 prohibió la entrada de Iván Velásquez al país.

Los corruptos invirtieron en propaganda para desprestigiar a la CICIG, pero en las elecciones del 16 de junio de este año los guatemaltecos enviaron un mensaje: el partido del presidente saliente pasó de 32 a 8 senadores, el movimiento político ciudadano surgido de las protestas obtuvo 8 senadores, y por primera vez hubo una candidata indígena que obtuvo más de 400.000 votos. Son estas, según Velásquez, “las bases incipientes de un sueño y una misión personal”.

Velásquez, un paisa nacido en 1955, es experto en irritar al poder. En los 90's emprendió desde la Procuraduría y la Fiscalía una lucha frontal contra el crimen y el narcotráfico que reinaban en Medellín. En la primera década del 2000, siendo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, sus investigaciones mostraron los nexos entre el sector político y el paramilitarismo, por lo que fueron condenados alrededor de 50 congresistas. Iván Velásquez fue víctima de montajes y seguimientos ilegales por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Periferia Prensa Alternativa conversó con Velásquez en el décimo piso del Gran Hotel, en pleno centro de la ciudad de Medellín.

Periferia, ¿El panorama actual de Medellín es muy diferente al que le tocó enfrentar como Procurador?
Iván Velásquez: En el 91 había una presencia fuerte de bandas, de milicias, pero sobre todo el problema del narcotráfico. Pablo Escobar recién fugado de la cárcel en julio del 92 y toda esa oleada de violencia. Uno de los hechos que siempre impactaba por aquella época era que el Ejército hacia redadas en la Comuna nororiental y cerraba barrios completos, lo que impedía que los estudiantes fueran a sus colegios, o que los trabajadores fueran a sus empleos. Había un reclamo de la comunidad hacia la Procuraduría para tratar que esos encierros terminaran. No he visto que situaciones de esas hayan pasado luego. Tal vez por toda la fuerza ciudadana, pero también por el Ejército asumir un comportamiento diferente con la comunidad. Esa es una gran diferencia.

P. ¿Esa fuerza ciudadana de Medellín es comparable con lo visto en Guatemala?
I.V. La situación de Guatemala es muy particular. Ha sufrido una dura represión por mucho tiempo. Las dictaduras militares generaron en la gente un gran temor a expresarse. En 1996 los acuerdos de paz se firmaron con un optimismo muy similar al que hubo en 1991 con la constituyente porque parecía que estuviéramos volviendo a crear el mundo. Llegué a Guatemala en octubre del 2013. Había muchas publicaciones periodísticas y rumores sobre la corrupción en el país. Circulaban carros repletos de maletas con quetzales o dólares. Para mí era increíble que en la Casa Presidencial o en la Vicepresidencia se recibieran millones en efectivo. Empezamos con las investigaciones y se generó una indignación ciudadana. En abril del 2015 presentamos una investigación que vinculaba al secretario privado de la Vicepresidenta, y cinco días después organizaron la primera de 22 manifestaciones consecutivas en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, convocadas a través de redes sociales de manera espontánea. El 8 de mayo se produjo la renuncia de la Vicepresidenta. Eso generó mayor entusiasmo y empezaron a reclamar reformas del Estado. Despertaba otra vez el optimismo, porque se podía recuperar el Estado, ya que no era solo el poder ejecutivo, también el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

P.¿Qué sentía cuando las investigaciones daban resultado y los implicados eran condenados?
I.V. Siempre que hay un logro en las investigaciones, hay satisfacción. Algunas investigaciones producían también tristeza, y así lo expresaba. Por ejemplo, investigaciones en las que resultaban comprometidos funcionarios de la Rama Judicial. Genera tristeza porque uno mantiene la esperanza de que los funcionarios judiciales deben ser personas comprometidas con la justicia, transparentes, honestos. El fenómeno es muy extendido en todos los sectores, en todas las ramas del poder público. Para enfrentar la impunidad del poder el primer paso debe ser enfocarnos en el sistema de justicia. Hacer investigaciones profundas de los funcionarios judiciales que tienen cuestionamientos por prácticas corruptas o con una seguidilla de decisiones prevaricadoras.

P. ¿Por qué en Brasil, Perú y Guatemala fue posible condenar a personas vinculadas con casos de corrupción y en Colombia no?
I.V. El problema principal es el de la independencia del poder judicial, de la Fiscalía especialmente. Hay una corrupción judicial que quedó evidenciada con el cartel de la toga, con Gustavo Moreno. Hay una intención de que las investigaciones no avancen o no se profundicen. La falta de independencia es uno de los puntos principales para una acción efectiva de la justicia.

En Brasil, Perú, y Guatemala, la gente apoyó masivamente esas investigaciones y también asumió la defensa de los fiscales. Hay una pregunta en Colombia con lo de la parapolítica: ¿Por qué no se produjo ningún movimiento ciudadano para reclamar que se profundizara más en un problema que no se reducía solo a las relaciones del 50% o 70% de los congresistas como lo decían los paramilitares, sino que estaba mucho más extendido en la sociedad? ¿Por qué cuando se están revelando esos vínculos entre congresistas y paramilitares no se aprovecha la oportunidad para la desparamilitarización? No solo de organizaciones, sino también de esa conciencia paramilitar que se ha extendido tanto entre nosotros y que tuvo una aceptación en algunas comunidades. En las elecciones siguientes fueron elegidos los padres, los hijos, las esposas o los esposos de congresistas que están privados de la libertad o involucrados en investigaciones.

P. ¿Le parece que el colombiano tiene una tendencia hacia la corrupción?
I.V. No creo que haya esto de la corrupción por naturaleza. Hay una gran dificultad en la formación de una cultura de legalidad, la aceptación de las reglas de convivencia en todos los sentidos, inclusive en respetar los dineros públicos. No hay desde el poder referentes éticos hacia la ciudadanía. De allí el efecto nocivo de que si todos los grandes lo hacen y no les pasa nada, pues esa se va convirtiendo en una conducta admisible. Otro factor es la impunidad. Para una cultura de legalidad se requiere que haya una cultura de consecuencias. Esto de que el que la hace la paga, que públicamente expresa el presidente Duque, no es una realidad. En muchas ocasiones cuando se actúa frente a personajes con mucho poder que salen indemnes en las investigaciones penales, o aun saliendo afectados, no hay ningún rechazo ciudadano a su comportamiento. Un tercer elemento es la falta de voluntad para asumir la investigación penal y sus consecuencias, independientemente de quiénes sean las personas contra las que se dirigen.

P. Quienes se enriquecen con dineros públicos muchas veces gastan dinero en yates, casas en Miami, lujos, cosas que el capitalismo nos propone todo el tiempo. ¿Hay una relación entre el capitalismo y la corrupción?
I.V. Detrás de la corrupción hay un gran afán consumista, la obtención de riqueza por la vía más fácil. Pero igualmente vemos que grandes corruptos son grandes ricos. En Guatemala el Presidente anterior o la Vicepresidenta realizaron actos tan grandes de corrupción, que ese dinero no lo van a gastar ni sus nietos. 30 millones de dólares, por ejemplo, por la concesión de una terminal de contenedores, concesión dada a la misma empresa española que es propietaria de la terminal de Buenaventura. Es tal la mezquindad que la Vicepresidenta conformó un conglomerado de 30, 35 empresas, casi todas de cartón, tal vez una o dos funcionaban. Empresas legalmente constituidas para lavar el dinero que ingresaba en efectivo para pagarle a los representantes legales de esas empresas. Ni siquiera producto de la propia corrupción hacían gastos, sino que generaban otras fuentes corruptas de ingresos para pagar los gastos de funcionamiento de su red criminal de lavado.

P. ¿Tal vez usan la corrupción para blindarse en el poder?
I.V. Es otra arista del tema. Cuando se logra tener un control tal de las instituciones del Estado, todo esto no solo se obtiene para el enriquecimiento personal sino para el sostenimiento del poder. Por ejemplo, se encontró que había una empresa de telefonía celular que necesitaba instalar antenas en cualquier lugar del país sin que le pusieran problemas. Negoció con la Vicepresidenta una ley que prácticamente le daba capacidad de expropiación de terrenos, fueran públicos o privados las administraciones no podían frenarla. La empresa lo consiguió gracias a un soborno constante a la Vicepresidenta, encargada de distribuir los recursos entre los congresistas que finalmente aprobaron la ley. Los recursos que se obtienen también se distribuyen en el sostenimiento de otros que están vinculados con corrupción. Se genera un entramado de redes de tal naturaleza, que tienen la posibilidad de perpetuarse en el poder. Con una circunstancia adicional: el tema de financiamiento electoral, una de las mayores fuentes de corrupción. Este financiamiento que se hace de manera anónima o asumiendo pagos de gastos que el partido político requiere. Cuando sacamos un caso a mediados del 2016 que llamamos cooptación del Estado, aparecían grandes constructores de Guatemala vinculados al pago de sobornos por vías indirectas de aportes a campañas políticas. Creo que es uno de los puntos que debería merecer la mayor reflexión en América Latina.

P. ¿Cuál es el papel del sistema financiero y de la banca? Es por ahí que circula ese dinero.
I.V. Indudablemente hay una participación importante del sistema financiero. Tuvimos un caso que denominamos lavado y política. A través de lo que se conoce como el pitufeo, una organización criminal enviaba cantidades de dinero que son consignadas como si fueran remesas obtenidas desde el exterior, pero con una frecuencia y una cantidad de tal naturaleza que el banco tenía que enterarse. Llegamos solo hasta el nivel medio, no pudimos escalar hasta directivos del banco porque no había elementos. En el control del flujo de dinero, del lavado, tienen un papel muy importante la banca y el sector financiero.

P. ¿Cómo serían nuestros países si no hubiera corrupción?
I.V. Si se vence la impunidad del poder se puede recuperar el Estado que en la concepción clásica se conoce como protector de intereses generales y no defensor de intereses particulares, que es como desafortunadamente lo vemos cuando se tramitan leyes tributarias en el Congreso, los sectores que tienen un control del Estado resultan excluidos o se les rebajan los impuestos. Lo que tendríamos que generar en América Latina es un movimiento que esté en perspectivas de construcción de democracia. La primera piedra que se debe colocar es la de un sistema de justicia independiente, transparente, capaz, que pueda enfrentar esa gran corrupción de nuestros países.

Ahora hay una discusión fuerte en Guatemala porque sin que nadie supiera, el Presidente, en un viaje que hizo a Argentina, compró dos aviones argentinos por 30 millones de dólares. También se acaba de informar que compró un buque colombiano por 90 millones de quetzales, más de diez millones de dólares. Con los 30 millones de dólares de los dos aviones, dicen que se hubiera podido comprar 1080 ambulancias en un país en el que el sistema de salud es muy deficiente. Un país en el que el 80% de los niños indígenas menores de cinco años padece desnutrición crónica, una desnutrición que viene desde el vientre materno. ¿Cómo lograr que el poder asuma las reformas para generar un sistema de justicia independiente, sólido, frente al que se pueda decir que nadie está por encima de la ley? Es el reto que tenemos en América Latina.

P. ¿Alguna vez el poder intentó hacerlo parte de esa enfermedad?
I.V. Nunca se me ofreció dinero ni fui objeto de un intento de soborno. A mediados del 2016 encontramos a grandes empresarios involucrados en financiamiento electoral ilícito. Los empresarios me invitaron a una reunión para tratar de persuadirme, que ya estaba bien, que ya habían aprendido la lección, que si seguía iba generar un caos en el país porque todo el mundo se sentía perseguido. Era una reunión como de 30 empresarios muy importantes que se han catalogado como los dueños del país. Alguno de los empresarios me dijo: “Si va empezar con capturas, aquí estoy yo, y lo mismo puede hacer con cualquiera de nosotros porque todos hicimos eso. ¿Va ponerle cercas a Guatemala para que todos quedemos presos? ¿Hasta dónde piensa llegar? Esto tiene que parar”. Yo le dije: “Yo pienso llegar hasta donde la prueba permita llegar”. “No se puede contra todos”, me dijo. “Entonces cómo hacemos para seleccionar. Yo digo a usted no lo voy a tocar, pero a usted sí. No será que al que le estoy diciendo que sí también se va quejar. Lo que hemos planteado con la Fiscal General es que nadie está por encima de la ley, y procedemos de acuerdo con las pruebas que vamos obteniendo”. Estoy convencido de eso y lo volvería a decir. Eso generó que dos meses después asumieran grandes campañas de lobby en Estados Unidos. Salí de Guatemala desde septiembre del 2018, aun perteneciendo a la CICIG, pero sin la posibilidad de estar dentro del país.

P. Usted fue invitado al 29º Festival Internacional de Poesía de Medellín. ¿Existe alguna relación entre la poesía y la corrupción?
I.V. No digamos entre la poesía y la corrupción. Más bien entre la poesía y la transparencia, porque la poesía es transparente, la poesía es sentimiento, es relación con el mundo, es vida. En ese mismo sentido van los procesos de construcción de democracia, de igualdad ante la ley, todo ese proceso de construcción de una institucionalidad que permita tener unas condiciones de existencia admisibles. La poesía es paz. Desde ámbitos diferentes, estamos apuntando todos hacia la verdadera democracia, hacia un Estado social y democrático de derecho.

Tuesday, 09 July 2019 00:00

Gloria: la buscadora de desaparecidos

I


Su papá intentó convencerla de que no se fuera para la guerrilla diciéndole que la vida en la milicia era muy dura y que ella estaba muy joven, apenas tenía 16. “Dura es en toda parte. Si uno tuviera la posibilidad de estudiar, de salir adelante, de ser alguien en la vida... pero ustedes no me pueden dar el estudio, ustedes son demasiado pobres”, respondió ella. Rosmel respetó la decisión de su hija y la encomendó a la virgen.

36 años después, Gloria Emilse Padierna Cartagena no se arrepiente de alistarse en las FARC. Asegura que “las causas justas por las cuales luchamos siguen vigentes”, y deja claro que los ideales de aquella miliciana siguen intactos. Pasa sus días entre Medellín y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Dabeiba, Antioquia. Ya no usa camuflado, pero de la selva extraña “todo”. Hace unas semanas terminó octavo de bachillerato y está próxima a iniciar noveno. Quiere estudiar Derecho y no le teme a la muerte.

–¿Cuántos excombatientes estiman ustedes que están desaparecidos?
–Ah, muchos, miles –responde seca, sin emocionalidad alguna, como quien da una respuesta por todos conocida–. Porque dígame usted en un bombardeo donde mueren cinco, diez, quince, hasta veinte guerrilleros, que no queda prácticamente ni qué recoger. Usted sabe que en esos bombardeos la gente desaparece totalmente, entonces son muchos, muchos. Gloria es una detective sin cartón de bachiller. Es una de siete excombatientes que hacen parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), mecanismo extrajudicial y humanitario convenido en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Gloria coordina tareas de búsqueda en Caldas, Risaralda, parte del Chocó, parte de Córdoba, y Antioquia, departamento en el que según la Unidad de Víctimas se contabilizan 7.554 casos de desaparición forzada.

En los 20 años que dura su mandato, la UBPD aspira encontrar más de 100.000 desaparecidos; sin la ayuda de Gloria sería imposible. Parte de su vida ahora consiste en buscar y suministrar información que le permita a la Unidad de Búsqueda y a la Cruz Roja localizar el cuerpo, recuperarlo, identificarlo, y luego entregarlo a la madre, el hermano, el hijo o la viuda que lo reclama. Aunque en este caso poco importan los roles y las responsabilidades de guerra, la información que pueda proporcionar Gloria es mucho más determinante y reveladora cuando de un excombatiente se trata. Cuáles son las características físicas, de qué color tenía los ojos, cómo tenía los dientes, en qué año desapareció, qué grupo se lo llevó, a qué grupo se integró, cuáles fueron las circunstancias de la desaparición, si ocurrió en una vereda o en el casco urbano, cuál era el nombre real y el seudónimo que utilizaba en la guerrilla, a qué bloque pertenecía… son estas las preguntas que Gloria le hace a los familiares que buscan algún civil, policía, militar o guerrillero devorado por el conflicto armado. Si, por ejemplo, el desaparecido pertenecía al quinto frente de las FARC, a Gloria le corresponde indagar con los excomandantes, o exintegrantes de dicho frente, si saben en qué circunstancias murió y dónde puede estar enterrado.

–Muchos excombatientes todavía no entienden el proceso a seguir. Ese es uno de los temas que a uno le toca trabajar, la concientización, que los excombatientes entiendan que esto no va traer ningún problema jurídico, al contrario, si ellos dan las informaciones les van a rebajar las penas.

Buscar es arriesgarse a no encontrar nada, sobre todo si lo que se busca es un desaparecido. La geografía cambia y la memoria no es infalible. Lo que hace quince años era un matorral ahora puede ser un sembradío, por donde antes pasaba un río hoy puede pasar una carretera. En varias ocasiones el equipo de las FARC ha señalado puntos donde quizás puedan estar los cuerpos, pero al momento de la exhumación los forenses solo encuentran tierra. A Gloria solo le compete recopilar la información y compartírsela a la Unidad de Búsqueda y a la Cruz Roja, pero, a pesar del riesgo que eso implica, ella prefiere comprobar que en el lugar señalado efectivamente haya un cuerpo. Gracias al aporte de las FARC se han entregado aproximadamente 123 cuerpos, tres de ellos encontrados en las zonas que coordina Gloria.

–Usted sabe que el familiar del desaparecido no va entender que eso es un proceso y que eso no es cuestión de un de un día para otro. Hay muchos resentimientos por parte de la familia. Muchos dirán: “no, hay que meterle a la reconciliación, hay que botar esos rencores”, pero son heridas que no sanan fácil.

Buscar no solo es riesgoso, también costoso. La mayor dificultad que enfrenta hoy la Unidad de Búsqueda es la falta de presupuesto. Este año la UBPD solo pudo contratar 58 de los 261 funcionarios requeridos, pues recibió 33.332 millones de los 104.109 millones de pesos que solicitó para su funcionamiento. Las FARC deben financiarse con recursos propios. Gloria y sus compañeros están a la espera de recibir apoyo internacional para ejercer labores que con sus ingresos, un salario mínimo, no alcanzan a costear.

–Siempre que nos reunimos con el Gobierno le decimos que el problema de nosotros es la financiación. La Unidad no va a conseguir la información como la conseguimos nosotros, les toca aferrarse a nosotros, (…) la Cruz Roja nos ha colaborado mucho. Ellos no nos van a dar un sueldo mensual por el trabajo, pero ellos nos dan los viáticos para verificar un sitio de entierro o si hay que traer una persona para una investigación.

La gratitud del familiar que encuentra su desaparecido –dice Gloria– no tiene precio.

II


No mide más de uno con sesenta. Su espalda es ancha. Los brazos gruesos. La nariz holgada. Lleva bluyín y una camisa de mangas largas color granate. Las uñas pintadas con esmalte blanco. Una cadena con un dije rojo. Tres aretes dorados en cada oreja, uno con forma de rosa. Gafas negras que solo me dejan ver el aleteo de sus pestañas. Me mira de soslayo, y por periodos cortos. La cadencia de su voz es fría y lejana. Su lenguaje, despreocupado de la sintaxis y la gramática, reafirman sus genes rurales y campesinos.

A los 13 años Gloria hacía parte de las Juventudes Comunistas de Colombia (JUCO). Vivía en una vereda ubicada a cuatro horas de Currulao, corregimiento de Turbo, uno de los 11 municipios que conforman el Urabá antioqueño. En uno de los festivales organizados por la JUCO, Gloria le preguntó a una amiga qué debía hacer para ingresar a las FARC. Ella le respondió que no podía hacer parte de la guerrillerada hasta que no cumpliera los quince años. Gloria siguió vinculada a la JUCO, y poco a poco hizo de los ideales guerrilleros su proyecto de vida.

Diez años pasaron desde que Gloria le había comunicado a Rosmel sus firmes intenciones de ingresar a las FARC, no se veían desde entonces. Al momento del reencuentro, ya era madre. El papá de la niña murió cuando ella estaba en embarazo. La familia del difunto, que era tan pobre como la suya, se responsabilizó de la pequeña. Cierta vez, al volver de Apartadó, donde entonces vivía su hija, una compañera le dijo: “Gloria, la verdad es que esa niña mantiene es por la calle en meros calzoncitos”. La información despertó en Gloria el instinto maternal, y de inmediato pidió autorización a los comandantes para ir en busca de su hija.

–¿Cómo era estar embarazada en la guerrilla?
–En la época que yo la tuve no había unas directrices sobre el embarazo. Ya en la octava conferencia fue cuando se pusieron esas normas más estrictas. Sin embargo, la guerrillera que quisiera tener su bebé, lo tenía normal. No lo metían a uno a comisiones peligrosas, sino a comisioncitas muy quietas, hasta que ya lo sacaban a uno a tener el bebé. Pero yo sí cargué una pistola y cargaba mis cositas, tampoco cargaba pesado, pero sí estuve como hasta los seis, siete meses de embarazo. Uno tenía el bebé y tenía que dejarlo a la familia, uno no podía tener niños allá. A la mía me tocó dejarla de 43 días.

La última vez que la tuvo en sus brazos, su hija tenía seis meses. Preguntando, Gloria la encontró tal y como la había visto su compañera: en calzones, con un raspón en el brazo y sin la cadena de oro que le había regalado. A pesar del llanto de la abuela paterna, Gloria se llevó la niña que para entonces tenía seis años. Le pidió a su papá que se la recibiera, él aceptó y la dejó con él en la finca que tenía en Belén de Bajirá, territorio que hoy se disputan Antioquia y Chocó. A los dos años, volvió a encontrarse con su papá y su pequeña en las estribaciones del río San Jorge, en Córdoba. Tiempo después, monte adentro, un compañero le informó que a su papá lo habían asesinado en Medellín, adonde llegó huyendo de los paramilitares que lo sacaron de su finca. De no ser por el compañero, Gloria no se hubiese enterado que nunca más lo volvería a ver.

La guerra anestesia los nervios de quienes la protagonizaron, y provoca escamas y anticuerpos que repelen los sentimentalismos. Pero no puede acabar por completo con la emoción humana más potente y elemental de la cual se desprenden todas las demás: la tristeza. La congoja con la que mueve los labios, los silencios hondos y entrecortados, demuestran que a Gloria –esa mujer que parece hecha de metal– le pesa, la lastima, y la estremece algo cuando recuerda y habla de su papá.

Gloria ha visto lo más solemne y perverso de la condición humana, pero nunca olvida esa vez que los bombardearon en Santa Cecilia, un caserío situado entre Chocó y Risaralda: “Es una guerra muy degradante, muy desigual con esa tecnología de punta que llegó. Los bombardeos para mí eran muy desastrosos, uno veía los compañeros partidos, muertos. Uno sabe que la guerra es así, pero le duelen también sus compañeros, que los maten así de esa manera. No es como uno ir al combate, que sabe que se está enfrentando, y es el que más iniciativa tenga, pero así como a la bandida…”.

– ¿Extrañas algo de esa época?
–Claro, todo. La comida, la selva.
–¿La comida por qué?
–Porque la comida de la ciudad es muy maluca. Aquí que no viven comiendo sino esas comidas chatarras y todo eso. A mi esas comidas no me gustan, por ahí un perrito de vez en cuando.
–¿Y qué extrañas de la selva?
–El medio ambiente, las aguas, la gente, todo. A mí nunca me pesó haberme ido para la guerrilla, y no es que esté arrepentida de que las FARC hayan tomado la decisión de dejar las armas, lo hecho ya está hecho, pero sí digo que no se hubieran dejado las armas hasta que el Gobierno no hubiera cumplido si quiera la cuarta parte del Acuerdo.

III


La mayoría de la guerrillerada estuvo a favor del Acuerdo, Gloria también. De no ser por las impopulares negociaciones entre Santos y las FARC, tal vez yo no podría comprobar que detrás de la exguerrillera hay una mujer, una persona, una estudiante que la pasa mal con el inglés y la raíz cuadrada que le enseñan en clase de matemáticas, una madre a quien su hija de 36 años le reclama porque prefirió dedicarle su vida a la milicia y amamantar un ideal.

–Ella todavía no ha podido entender que me tocó dejarla por las circunstancias, pero ella algún día tendrá que entender, ¿sí o qué? Ella dice que sufrió mucho, pero sufrió qué, si yo siempre estuve pendiente de ella, al tanto de lo que le faltara, de que hiciera sus estudios, colaborándole económicamente.
–¿Y ahora tenés pareja?
–Yo sí, allá en el espacio, pero él mantiene es allá, yo mantengo es trabajando. A ese sí lo han amenazado de muerte, lo han amenazado los paramilitares, dizque Otoniel. Él es líder allá en el espacio, mantiene reuniéndose con la gente y con diferentes entidades, es encargado de la seguridad. No sé realmente por qué las amenazas, qué hizo él o en contra de quién. Dizque le tienen ahí unos manes para que supuestamente lo maten. Allá hay un esquema colectivo y él cuando sale siempre se mueve en ese esquema, pero como hay tanta gente para moverse, ese esquema a veces no da abasto. Yo le digo: “no salga tanto a Dabeiba, salga a cosas a las que necesariamente tenga que bajar usted, no dé mucha papaya”.
–¿Y vos no sentís miedo?
–¿De qué, de morirme? Pues no, eso el día que uno se va morir ni siquiera se da cuenta –responde Gloria, mientras florece en su rostro una de las pocas sonrisas que se permitió durante esta conversación–. La muerte lo sorprende a uno en cualquier parte, ¿o no es así? Yo me meto pa' todas partes, y si me van a matar en mi trabajo, pues qué se va hacer.

IV


Solo permanecen 80, 70, 60, ni Gloria sabe cuántos, de los 250 excombatientes que se concentraron inicialmente en el ETCR de Dabeiba. Únicamente les han cumplido con la renta básica mensual. Los proyectos productivos no llegan. Muchos están intentando montar cooperativas piscícolas y ganaderas por cuenta propia, otros retornaron a las armas y la ilegalidad. En este momento no son dueños de nada, ni del predio donde están asentados, mucho menos de su futuro. En las mismas condiciones estaba la familia de Gloria cuando ella decidió echarse un fusil al hombro.

*Un contenido de Periferia para Periodismo de Verdad

“Yo nací en esta vereda, y no quiero una vida como la que yo tengo”, me dice la señora Marina como si no le deseara a nadie la vida vivida que tiene, ni siquiera a los responsables de que sus madrugadas sepan amargas.

Esta es solo una de las tantas denuncias hechas por campesinos y campesinas de Convención, El Carmen, Hacarí, Teorama, San Calixto y El Tarra durante la Segunda Misión de Verificación convocada y organizada por la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, escenario de unidad que articula al Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), el Movimiento Constituyente Popular (MCP), y las Juntas de Acción Comunal con el propósito de denunciar ante el país y la comunidad internacional la crisis social, política y económica que atraviesa la región desde hace más de un año debido al conflicto armado y la excesiva militarización.

365 días atrás la población estaba en medio del fuego cruzado y sufría las consecuencias humanitarias de la confrontación entre el ELN y el EPL. Los decibeles de los fusiles mermaron. Pero este año, además de algunas disidencias de las FARC, hay un actor armado que, si bien estuvo siempre en el territorio, con el pasar de los meses incrementó sus acciones bélicas. Las Fuerzas Militares quieren implementar en el Catatumbo el llamado 'Plan Candado': cercar la zona norte que colinda con Venezuela y la parte sur que limita con el departamento de Cesar, censar la población, y posicionarse en la región hasta sustituir el poder civil por el poder militar. El tejido organizativo de las comunidades, y la presencia de insurgencias, son un obstáculo para explotar el petróleo y los minerales que yacen en estas tierras. Traba que el Estado pretende eliminar con más de 14.000 pares de botas militares.

Para los catatumberos el Ejército es una amenaza, un dolor de cabeza más. En los corregimientos y veredas visitadas por la Misión de Verificación los patrones violentos son reiterativos. En todos los lugares las personas denunciaron que el Ejército hace retenes, requisa, y fotografía las cédulas. Manifestaron además que los señalan de “guerrilleros” y los maltratan verbalmente. En Honduras, un islote de casas construido en el valle que separa dos filos montañosos, denunciaron que los militares los amenazaron diciéndoles que después de las seis de la tarde nadie podía transitar por las trochas que comunican las veredas aledañas, “porque después de las seis solo anda la guerrilla. Después de las seis al que veamos lo matamos”, les advirtieron. En este corregimiento de Convención también se presentan conductas extorsivas y fraudulentas denunciadas en otros sitios. Según cuentan los afectados, las tropas del Ejército ocupan sin permiso las fincas, toman plátanos, yucas y otros productos de pancoger, en ocasiones usan la energía de las casas, y amenazan con quemar los cultivos de coca si no les dan reses o gallinas.


En Cartagenita, una mujer con más de 70 años a cuestas, vestido hasta los tobillos, y mucha indignación en su voz, denunció que “se me comieron una tienda de siete millones. Me dijeron que yo era una estratega del ELN, eso es una falta de respeto muy grande, yo lo único que he hecho en la vida es vender empanadas”. Los perjuicios no solo son económicos. Los soldados tienen la costumbre de acantonarse cerca de las bocatomas de las que se abastecen los habitantes. Una vez los militares se asientan allí, se suspende con frecuencia el suministro de agua y el líquido vital no llega en condiciones higiénicas adecuadas, a veces ha salido materia fecal o condones por las canillas.

Lo que más preocupa a los catatumberos son las detenciones arbitrarias, el dinero que le ofrecen a los jóvenes a cambio de información sobre las insurgencias, los disparos indiscriminados contra la población civil, y las torturas como las que denunció un joven en La Trinidad, corregimiento de Convención. El veinteañero relató que fue retenido por varios militares cuando se desplazaba a su lugar de trabajo. Los uniformados lo ultrajaron, lo golpearon, le cubrieron la cabeza con una bolsa de tela, intentaron ahogarlo con una sustancia líquida desconocida que según él provocaba ardor, y amenazaron con arrancarle las uñas. En el Catatumbo no pueden evitar asociar este tipo de hechos con Dimar Torres, excombatiente de las FARC y líder de la vereda Campo Alegre asesinado por miembros del Ejército el 22 de abril, un día antes de que firmara su proyecto productivo de gallinas ponedoras. Dimar está vivo, los catatumberos tienen ese nombre en la punta de la lengua. Con él permanece acechante el recuerdo de lo vivido entre el 2004 y el 2010 cuando “los paramilitares decían que hasta las gallinas eran guerrilleras”.

***


La finca de Marina Prieto –pelambre cano recogido en una cola, los años hechos pliegues en el rostro, y unos dientes que parecen de leche– se ve desde aquí. Estamos en la escuela de la vereda Piedras de Moler que pertenece a Teorama. La brisa contrarresta el bochorno despiadado que hace en estas cuchillas. Marina me dice que allá, al frente, en la montaña más próxima de todo este mantel montañoso, tras las plataneras que se ven en la mitad de la colina, está su casa. Y me dice que en la cima, en la parte tupida, están acantonados los soldados.

Cada que hay un enfrentamiento entre la insurgencia y los militares, Marina queda en medio del fuego. Semanas antes uno de los dos bandos lanzó un cilindro que quedó a medio camino y cayó en su finca. “Si hubiéramos estado afuera [de la casa] habría muerto cualquier persona. Eso afectó mucho porque mi niño, mi nietecito, siguió llorando toda la noche. A una hija que acababa de llegar le afectó mucho el oído (…) Ese día tuve que meter a mis niños debajo de la cama, y llorar muchísimo por no poder trabajar y no poder dormir por el temor de que mi casa pueda ser derribada por un artefacto. He perdido muchos animales que se me mueren del impacto”, me dice Marina presa de una tristeza más grande que ella.

Pero Marina todavía tiene sueños por cumplir. En el 2008 conoció una comisión del Cisca, y antes de morir de tristeza pudo probar el sabor de la felicidad. El Cisca la invitó a unos talleres, y le enseñaron a elaborar jabones y cremas artesanales. Los primeros jabones, dice desenvainando una sonrisa, le quedaban “feítos”. Con el pasar de los talleres perfeccionó la técnica. Desde entonces a cada reunión, a cada taller, y a cada visita al pueblo, Marina va acompañada de una pequeña canasta copada de jabones, cremas para los dolores y cremas para las quemaduras. “Antes trabajaba en el oficio doméstico. Vivía como estresada, como triste porque no tenía economía. Ahora esa economía no la gasto porque quiero montar una empresa de pomadas. El Cisca es como si hubiera bajado mi Dios de los cielos porque me ha enseñado, me ha protegido, me ha ayudado muchísimo. Para mí el Cisca es el mejor regalo que yo tengo. Cuando me llama el Cisca soy feliz, estoy triste pero en ese momento yo me vuelvo feliz”.

A pesar de lo hostil que es la realidad en la región, gracias a las propuestas y a los horizontes del Cisca muchos catatumberos pueden encontrar razones y formas para permanecer en el territorio. “Nosotros venimos adelantando propuestas económicas para resolver el tema de la coca, que genera muchos recursos, pero también muchos problemas, uno de ellos es la especulación de precios”, quien habla es Dionaid Suarez, integrante del Cisca y de Asojuntas, habitante de Cartagenita y pionero de la tienda comunitaria del corregimiento. En dos años la iniciativa ha dado frutos, el kilo de arroz que antes costaba 3000 pesos, hoy cuesta 2000 o 2300 pesos máximo. Además de combatir la especulación de precios, la tienda comunitaria ha incentivado la producción propia. Antes entraban al corregimiento muchos productos producidos por otras manos en otras tierras, Cartagenita no producía lo que consumía. Una vez la tienda empezó a funcionar, los pagos justos y estables, y el valor agregado que se le da a los productos, motivaron a los habitantes a invertir esfuerzos en una alternativa productiva distinta a la coca.

“Tenemos varios proyectos, por ejemplo, la cría de pollos. Este es un corregimiento de aproximadamente 500 habitantes. Hubo una demanda del consumo de pollo, a la tienda semanalmente venían entrando más de 200 pollos de MacPollo y Pimpollo. Hoy en día los estamos produciendo nosotros mismos, lo mismo con el cerdo, el pescado, las gallinas ponedoras, y así con muchos productos que son pequeños pero que nos han permitido organizarnos –asegura Dionaid–. La idea es seguir viviendo aquí, ojalá morir de viejitos y que no sea en otras circunstancias. Una de las propuestas es permanecer en el territorio con alternativas que surjan desde la base de las comunidades”.

Si no se organizan, los catatumberos saben que no pueden pervivir. Y sin las mujeres el Catatumbo no podría mantenerse en pie. Las catatumberas aportan valor, pero sobre todo posibilidades y creatividad. Yuliana Herrera es lideresa comunitaria de La Trinidad, corregimiento de Convención. Minutos antes de que conversáramos, Yuliana estaba anunciando los números de las balotas que sus paisanos buscaban en las tarjetas del bingo. Cada que el comité de mujeres de La Trinidad necesita fondos para alguna actividad, organiza una rifa, un bazar, una fiesta, o un bingo bailable. El dinero que se recoja hoy será destinado al alquiler de los trajes para las comparsas de las fiestas patronales. De no ser por los fondos y los jornales voluntarios de la comunidad, La Trinidad no contaría con el polideportivo donde se realizó el bingo. De no ser por un bingo, la escuela de primaria no tendría techo ni piso. De no ser por la rifa de una novilla y un bingo, tampoco hubieran comprado el lote donde quieren construir la iglesia, y el lote donde piensan construir el nuevo internado para que cada vez más niños de las veredas lejanas puedan venir a estudiar. “Eso lo llamamos gestión de las comunidades. Hemos tocado muchas puertas, pero a la hora de la verdad uno también se cansa de eso, ¿no? Entonces nosotros hemos autogestionado, con eventos, con bazares, hemos descubierto que podemos hacer cosas, podemos avanzar sin estar esperando a la Alcaldía”, dice Yuliana.

El Catatumbo no puede mirar hacia adelante sin antes mirar hacia atrás. “Los catatumberos somos gente muy dada a resistir y por eso tenemos que hacer memoria, para que se den cuenta de la capacidad de resistencia que tenemos”, dice Edinson Delgado a las afueras de la Casa de la Memoria de El Aserrío, corregimiento de Teorama. Edinson es el representante legal de la Asociación de Desplazados del Medio Catatumbo. En el 2015 fue elegido para integrar la Mesa Nacional de Víctimas. Ese año viajó a Tumaco y tras conocer la casa de la memoria del municipio ubicado en el pacífico nariñense, inició gestiones para que su corregimiento también contara con un espacio que honrara la historia de El Aserrío y el Catatumbo. Con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, los mismos habitantes pudieron construir su propia casa e inaugurarla el 2 de diciembre de 2018. Pocas regiones han padecido un conflicto de tales magnitudes. Entre 1980 y 2013 ocurrieron en el Catatumbo más de 66 masacres que desplazaron más de 110.000 personas. Resulta inevitable, asegura Edinson, “hacer memoria, recordar para no volver a repetir lo que ya vivimos”.

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Hace un año también vine a la Misión de Verificación, nada cambia: vías de acceso que no son vías ni accesos, corregimientos y veredas que al crecer el río o enfangarse la trocha quedan incomunicadas, escuelas con paredes de tela, hacinamiento en las aulas, baterías sanitarias inservibles, puestos de salud inundados, medicamentos vencidos, camillas podridas, equipos consumidos por los años, casas que parecen del siglo XVIII con electrodomésticos del siglo XXI, distancias inabarcables, ausencia Estatal y botas, muchas botas.

La apuesta por la vida y la permanencia también sigue intacta. En el Catatumbo solo piden que no los involucren en una guerra ajena y que el Estado no los desprecie. Ellos con sus peajes comunitarios –satanizados porque según el Ejército eran la fuente de financiamiento del ELN–, con sus normas y sus formas propias, encontrarán la manera de echar una placa huella, construir un polideportivo, comercializar su café y sus pomadas, comprar una ambulancia para transportar al enfermo, o una retroexcavadora para volver transitable la trocha.

Marina no necesitó una maestría para descubrir la simplicidad de la fórmula: “Para mí la paz es cuando ya no haya más niños con hambre, cuando ya no haya más madres llorando, esa es la paz: que tengamos una vivienda digna para todos y una comida digna, porque a veces nuestros niños padecen mucho de hambre”.

El Catatumbo y el Cisca están cansados de que el Estado proponga la guerra como proyecto de vida, como único destino posible. “Al lado de este dolor histórico ha crecido también la templanza, valentía, y resistencia de una población que se niega a doblar la cabeza, a marchitarse, a cada golpe trágico lo ha sucedido un renovado esfuerzo por organizarse, por luchar, por permanecer en el territorio”, dijo el Cisca en un comunicado publicado el 30 de julio de 2018, día en el que asesinaron a nueve personas en el casco urbano de El Tarra. La historia del Catatumbo tiene inicio, nudo, y pareciera que no tiene final, aunque yo vi a las comunidades escribiéndolo.

Ella estaba en la tribuna del frente con un pendón que honraba la memoria de Diana Cardona, “matan la flor mas no la primavera”, se leía en él. Después de que el cielo grisáceo escurriera agua sobre Medellín, supe que no había ido al Museo de Antioquia a escuchar un conversatorio sobre los retos de la verdad en Antioquia, sino para conocerla a ella.

Luz Helena Cardona es pensionada. Una habitante del Centro de Medellín. Es bajita, de carácter robusto, mirada sólida, sonrisa desinteresada y contagiosa. Los labios de color carmesí. Las uñas pintadas de rosa. Camisa blanca con visos negros. Y la sonrisa, de par en par, como si de todas fuera la prenda más importante. El último almuerzo que compartió con su hermana fue aquí, en el primer piso del Café Versalles, un día antes de que la asesinaran.

“Mi hermana no era belicosa, era más bien conciliadora. En esa época, y todavía, si usted pensaba diferente a los partidos tradicionales, usted era una piedrita en el zapato, lo mandaban a liquidar. Apartadó lamentó mucho su muerte porque ella trabajaba por la dignidad de la mujer. Ella decía que como fuera tenía que sacar a la mujer por delante. Esa era la meta, luchar por ellas. Pero le truncaron su camino en la mejor época de su vida”.

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Diana Stella Cardona Saldarriaga sentía afinidad por los principios sociales que pregonaba la Unión Patriótica, movimiento político surgido en 1985 tras las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y una fracción de la guerrilla de las FARC. Diana estudió derecho en la Universidad de Antioquia. Trabajó en la Contraloría, y la política apareció en su vida como una revelación en 1989 cuando el entonces alcalde de Apartadó, Ramón Elías Castillo, militante de la Unión Patriótica asesinado en 1996, renunció al cargo por amenazas en su contra. Diana integró la terna para suplir la vacante, y en septiembre de ese año fue nombrada alcaldesa del municipio más extenso de Urabá.

En los seis meses que duró su administración saneó los recursos, inició las obras del relleno sanitario, emprendió la actualización del catastro municipal, adelantó la instalación de redes de alcantarillado y de alumbrado público, adjudicó lotes, legalizó viviendas, e impulsó debates públicos sobre el presente y el futuro de Urabá.

El viernes 23 de febrero de 1990, después de reunirse con Helena Herrán de Montoya, la entonces gobernadora de Antioquia, Diana estuvo de visita en su casa paterna. El domingo, Luz Helena caminaba pensativa hacia el Parque Bolívar, ubicado en pleno Centro de Medellín. Venía de llevarle flores a su padre en el cementerio Jardines Montesacro. Desde una de las esquinas del Parque Bolívar Luz Helena vio una trenza. “Ve, esa es Diana”, pensó. Premisa que confirmó cuando vio la sudadera que llevaba puesta. Diana estaba con su novio. Luz Helena se acercó a ellos, escucharon juntos la retreta, una orquesta sinfónica que antaño tocaba en lugares públicos, y luego fueron a almorzar al café Versalles. Terminaron de almorzar, se despidieron, y Diana avisó que en la noche pasaría por la casa para despedirse: al otro día, bien de mañana, salía el vuelo hacia Apartadó.

Diana, recuerda Luz Helena, llegó a las siete de la noche, “muy bonita, bien puesta como ella siempre se mantenía. Era morena y alta, y con garbo. No es porque sea mi hermana, pero era muy linda. Mi hermana era muy linda de todo: de espíritu, de cuerpo, de alma, de sentimientos”. Hicieron chocolate, y compraron empanadas y parva para amenizar la despedida. La familia, casi toda, conversaba sentada en el comedor. Luz Helena aprovechó que Diana se alejó del banquete por un instante para salir de la duda:
–¿Diana, a vos te han amenazado en Apartadó? – le preguntó.
–No, a mí no me han amenazado. Pero estoy segura de que si me amenazan no me matan en Apartadó, me matan en otro lugar menos en Apartadó.

La cuestión quedó ahí. Diana había cumplido 34 años el 12 de febrero. Como le gustaban tanto las cachuchas, Luz Helena le regaló una boina roja. “Te queda bonita”, le dijo. “Mañana me la pondré, o sino esta semana”, le respondió Diana. La cuarta de los nueve hermanos empacó todos los detalles que le dieron, dio las gracias, y se despidió: “cuando llegue a Apartadó yo las llamo”, dijo.

Ese lunes 26 de febrero de 1990, el vuelo salía a las seis de la mañana. Siendo las cinco, hombres armados que aseguraron pertenecer al DAS, el organismo estatal que realizaba inteligencia y contrainteligencia en el país, llegaron al edificio donde vivía Diana. Le pareció raro que llegaran por ella tan temprano, avisó que no estaba lista, y terminó de arreglarse a las carreras. Diana abandonó el edificio con los sujetos. Minutos después llegaron al lugar los verdaderos escoltas.

A Diana la encontraron muerta en el puente de Argos, en el sector industrial de Guayabal. A las seis de la mañana ya estaba en la morgue. La Secretaria de Gobierno de Apartadó llamó a la familia, Diana no llegó a la reunión que tenían programada a las diez de la mañana. Los familiares comenzaron la búsqueda por todas las clínicas de la ciudad, hicieron varias llamadas, pero nadie daba razón de ella. A las cinco de la tarde recibieron una llamada del exesposo: había encontrado a Diana en la morgue.

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Los lineamientos políticos de la Unión Patriótica estaban resumidos en un documento de 21 puntos. Uno de sus mayores intereses era potenciar el carácter democrático de la nación eliminando el control electoral que estaba en manos de los dos partidos tradicionales, y fomentar la participación de la sociedad a través de consultas populares y referendos. También hacía parte de los mandatos políticos convocar una Asamblea Popular Constituyente; decretar un alza general de salarios; reducir los gastos militares y de la policía, de manera que no fueran superiores al presupuesto de los ministerios de salud, educación, ciencia y cultura, agricultura y obras públicas; nacionalizar la banca y las materias primas; aprobar una reforma agraria; entre otras deudas sociales que el aparataje político sigue teniendo con la nación.

El 28 de mayo de 1985, primer aniversario del acuerdo entre Belisario Betancur y las FARC, oficializaron en Bogotá la creación del partido. Ese año realizaron 572 eventos en todo el país, y en 209 municipios constituyeron 2229 organizaciones de base llamadas Juntas Patrióticas. La UP estaba conformada por las FARC, el Partido Comunista de Colombia –una de sus extremidades más importantes–, sectores independientes, organizaciones y líderes de todo el país provenientes de partidos tradicionales y fracciones de izquierda. La UP pretendía ser una propuesta política que invitara a la convergencia democrática.

Las presidenciales de 1986 fueron la primera prueba electoral. Jaime Pardo Leal, asesinado al año siguiente, fue el candidato en aquellas elecciones. 328.752 personas votaron por Pardo Leal, la mayor cantidad de votos que hasta el momento había obtenido una propuesta de izquierda en el país. En las elecciones de ese mismo año, las alianzas resultaron fundamentales para que la Unión Patriótica contara con nueve representantes a la Cámara y seis senadores. También fueron electos 24 alcaldes, y 325 concejales en 167 municipios.

El Centro Nacional de Memoria Histórica registró 1284 asesinatos y desapariciones de personas que tenían filiación con la UP, entre 1984, año del acuerdo, y 1988, año de las segundas elecciones a gobernaciones y alcaldías en las que participó el partido. Los gobiernos municipales encabezados por representantes de la Unión Patriótica se caracterizaron por ser administraciones que procuraron mantener una comunicación directa con la ciudadanía. Se valieron de convites para paliar necesidades básicas de infraestructura que los recursos públicos no permitían solventar. Y las actividades o discusiones que antes se realizaban a puerta cerrada las hacían en lugares públicos.

Las agresiones nunca cesaron, pero los picos más altos de violencia contra la Unión Patriótica fueron los años de 1988, 1996 y 1997. El aumento de las acciones violentas fue directamente proporcional a la disminución del caudal electoral. 256 concejales en 115 municipios, 23 diputados en 14 departamentos, y 17 alcaldes de la UP resultaron electos en las elecciones de 1988, mientras que en las elecciones de 1990 solo fueron elegidos 9 concejales, 11 diputados, y 11 alcaldes. El patrón volvió a repetirse años después: mientras que en las elecciones de 1994 posicionaron 173 concejales en 87 municipios, 13 diputados en 10 departamentos, y 10 alcaldes, en 1997 solo fueron elegidos 49 concejales y 5 alcaldes.

Entre 1984 y 2002, año en el que la UP perdió la personería jurídica, el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó el asesinato o desaparición de 4153 integrantes de la Unión Patriótica. Lo que quiere decir que cada 33 horas, cada día y medio, hubo un muerto o un desaparecido. En total, 1229 personas que representaban a la UP fueron elegidas para ocupar cargos públicos, 227 de ellas fueron asesinadas o desaparecidas, es decir, una de cada cinco. Además, asesinaron 32 candidatos a concejos municipales, alcaldías, asambleas, y dos aspirantes a la presidencia.

Particularmente en Urabá –zona de la que hacen parte cuatro de los 40 municipios que concentran el 63,4% las víctimas de la UP–, la agresión estuvo motivada por una suma de factores económicos, sociales y militares. En la primera fase de violencia, que abarca desde 1986 hasta 1990, hubo una alianza entre la Fuerza Pública, empresarios bananeros y grupos paramilitares provenientes del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño. En la década siguiente, el aumento de los homicidios y desapariciones coincide con la llegada y expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes declararon objetivo militar a cualquier miembro de la UP, según ellos por pertenecer a las FARC-EP, que, ante la falta de garantías, se retiraron de la UP en 1987 e hicieron un llamamiento para que sus miembros reintegraran los frentes militares.

El genocidio de la Unión Patriótica es una página singular, vergonzosa y tenebrosa del conflicto armado colombiano. Los avances en materia de justicia, verdad y reparación son insuficientes. Falta mucha parte de la historia por develar. Por eso, el 4 de marzo de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –uno de los tres organismos que integran el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR)–, abrió el caso 006, reconociendo, simbólicamente, que el genocidio de la Unión Patriótica exige atención especial.

El organismo también anunció que trece integrantes de la Fuerza Pública se habían acogido a la JEP por participar en casos de victimizaciones contra miembros de la UP; y que otros dos militares de alto rango, además de trece ex agentes del DAS, solicitaron acogerse por las mismas razones. En los informes que suministró la Fiscalía General de la Nación, la JEP encontró que había 863 procesos en investigación, 53 procesos en juicio, 246 sentencias y 67 casos declarados como crímenes de lesa humanidad.

Gracias a los informes de la Corporación Renacer, la JEP identificó que de 1984 a 1986 hubo mayor participación de los agentes del Estado en los hechos victimizantes. Mientras que de 1996 a 1998 se presentó un aumento significativo de las acciones conjuntas entre estructuras paramilitares y agentes de Estado. Para la JEP el genocidio de la Unión Patriótica resulta un caso primordial, entre otras razones, porque al parecer la persecución sistemática estuvo enmarcada en una operación anticomunista ejecutada por las Fuerzas Armadas.

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Fueron 34 crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica, entre ellos el de Diana Cardona, los declarados crímenes de lesa humanidad por la Corte Constitucional en 2014, pero para Luz Helena con eso no basta. La Comisión de la Verdad representa una oportunidad para que las víctimas puedan cerrar el ciclo de dolor e incertidumbre que con tanta dignidad llevan a cuestas todos los días. Esta entidad, que también hace parte del SIVJRNR, tiene la misión de ofrecerle al país una verdad histórica que esclarezca qué ocurrió, por qué ocurrió, y quién se benefició de lo ocurrido.

Para ello, la Comisión dividió el país en nueve macroregiones: Caribe e Insular, Pacífico, Surandina, Orinoquía y Amazonía, Nororiente, Magdalena Medio, Centro Andina, y Antioquia-Eje Cafetero. El año pasado, los 11 comisionados que hacen parte del organismo recorrieron el territorio para hacer pedagogía y entablar vínculos con procesos y organizaciones que tienen un acumulado en términos de memoria.

Este año se han inaugurado las 19 casas de la verdad. Espacios permanentes a los que cualquier colombiano podrá acudir para ofrecer su testimonio y aportar a la construcción de una memoria plural del conflicto armado. En Antioquia –departamento con el 17% de las víctimas registradas por la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas–, se estipularon dos casas de la verdad: una en Apartadó, y otra en Medellín, que fue inaugurada el 10 de abril –el día que conocí a Luz Helena–.

–A mi hermana no me la van a devolver. A nosotros no nos van a devolver la tranquilidad. Nosotros no somos familia de rencores, pero sí quisiéramos saber la verdad. Aun siendo conscientes de lo que pasó y quién lo patrocinó, es bueno saberlo por boca de quien lo hizo.

Cuando vi a Luz Helena me pregunté durante cuántos años y a cuántos sitios habrá ido ese pendón con ella. Tal vez –porque quizás no–, ese pendón quedará guardado el día que conozca la verdadera verdad.

—Toda mala vida en el fondo tiene su gozo— dice alguien que es importante, pero no en esta historia.
—No, esto es bueno –responde Areiza–, pero sí hay que mejorar algunas cosas que se hacen difíciles aun siendo uno de este territorio. Con decirte que en este tiempo de verano, que los ríos están secos, hay que caminar una, dos, tres horas hasta la tapa para cobrar el sueldo. Y si no tienes alguien en Turbo que te haga el favor no puedes hasta que… las urgencias, que si se enfermó alguien... y así.

Luz Areiza Salazar es licenciada en etnoeducación con énfasis en antropología. De lunes a viernes Areiza enseña español, matemáticas, biología, química y demás materias a los grupos de básica primaria de Quebrada del Medio, comunidad cercana a la zona humanitaria Nueva Esperanza en Dios, adonde Areiza viene todos los fines de semana; al origen, su lugar en el mundo, ubicado en el medio Atrato, en el Valle del Cacarica, Chocó.

—A mí esto me gusta y siento que lo hago bien. Pero hay necesidades que tenemos que satisfacer para que la educación sea más eficiente, y también para que los chicos se sientan mejor. Yo trabajo en una comunidad donde apenas tengo los marcadores, el tablero y ya. Los niños no tienen un balón de futbol, no hay un hula hula, no hay una bolita, no hay nada para jugar, entonces se hace un poco rutinario y eso hace que uno hasta se desilusione del trabajo.

Cuando Areiza sonríe, se ilumina y se enternece todo el valle cuarteado por el Atrato y sus afluentes. La sonrisa de Areiza parece indestructible, es inconmensurable, contundente, indescriptible, negrísima y, sobre todo, emocionante.

Nueva Esperanza en Dios es un mundo sin alcantarillado, sin agua potable, sin tendido eléctrico… sin tantas cosas, pero este mundo tiene “jaladera”, dice Areiza sin dejar de sonreír, “porque uno se va de este monte, y a uno le hace falta esta mala vida”. Tan fuerte es la “jaladera” que fueron desplazados en 1997, y regresaron tres años después.

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Una tras otra llegaban las pangas al puerto de Turbo. La policía registraba a las personas que descendían de ellas. Las que no tenían familiares en el municipio eran llevadas en volquetas y carros al coliseo. Huían del Cacarica por las bombas que arrojaron los aviones de la Fuerza Pública entre el 24 y 26 de febrero de 1997.

El 27, en la mañana, la zona fue ocupada por militares e integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, quienes dieron un plazo de tres días para desocupar el territorio. Además de las agresiones y las amenazas, los ocupas establecieron un retén donde detenían los botes y decomisaban los alimentos y víveres. Los líderes comunitarios se trasladaron a un sitio llamado La Balsa para pedirle explicaciones al jefe paramilitar y al comandante de la Brigada 17 del Ejército, liderada por Rito Alejo del Río, y procurar que fuera otro el desenlace. “Yo no puedo tomar ninguna decisión, debe hablar con el comandante paramilitar”, dicen que dijo el titular de la Brigada 17. Abandonar el territorio fue la orden del jefe paramilitar. El 20 de noviembre de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la operación Génesis ejecutada por el Ejército y los paramilitares, cuyo saldó fue 86 personas asesinadas y/o desaparecidas, y 3850 desplazados.


Fueron tres años en el coliseo, el lugar más parecido al infierno. Los primeros dos meses desayunaron Bienestarina, almorzaron Bienestarina, y comieron Bienestarina. A las cinco de la tarde comenzaba la pelea por un metro cuadrado de cemento donde dormir. Algunos dormían en colchonetas que regalaba la Cruz Roja, otros en alguna sábana que lograron sacar de su casa, otros en cajas de cartón. Las farolas del coliseo, a pesar del tamaño y el voltaje, permanecían prendidas desde que se ocultaba, hasta que volvía a salir el sol. A muchos empezaba a quemárseles la piel, pero esa era la manera de evitar que un desconocido entrara. Como no había agua en el coliseo, las mujeres dependían de la generosidad ajena para hacerse con un balde de agua y bañar a los niños. Estando hacinados allí, murieron niños y ancianos.

Con la violencia física no bastó, también sufrieron violencia psicológica. Dolía no tener qué comer cuando en Cacarica sobraba la comida, pero dolía más ver a los victimarios caminando orondos por las cercanías del coliseo. Dolía pensar en Marino López y la sádica forma como lo desmembraron, pero nada dolía tanto como la discriminación de los habitantes de Turbo que les decían colaboradores de la guerrilla, que decían que las chanclas se habían acabado por culpa de los desplazados, que decían que los desplazados habían llevado la fiebre, la gripa y otras cuantas enfermedades.

Los colegios también les cerraron las puertas a los hijos desplazados. 750 niños quedaron desescolarizados. 13 jóvenes bachilleres se encargaron de ser los profesores sustitutos y voluntarios de los niños a los que el Estado les dio la espalda. Esa educación casera fue complementada con actividades lúdicas los fines de semana.

Mientras los pequeños estudiaban, o bailaban, los adultos y los patriarcas, como les llaman a los ancianos, denunciaban los hechos y discutían la manera de reconquistar su territorio. Poco a poco, sin ellos mismos darse cuenta, se gestó una organización llamada CAVIDA, un ser colectivo potenciado con la llegada de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, recibida con desconfianza y recelo al principio porque sus integrantes eran blancos como los victimarios.

“Estábamos convencidos de que la ciudad no era donde debíamos estar como campesinos. Porque no teníamos una formación académica para ocupar un puesto en las grandes ciudades. Y había otro problema más coyuntural: estábamos viendo que nuestros hijos e hijas podían adoptar otras costumbres, otras culturas; y la falta del quehacer del día a día. Nosotros no estamos acostumbrados a estar solamente de brazos cruzados esperando que nos dieran una imposición de alimento que no estábamos enseñados a consumir”, asegura Bernardo Vivas, representante legal de las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA), al tiempo que pasa por detrás suyo una gallina negra como su piel y las gafas anchas que casi nunca se quita.

A los tres años, la organización, cuyo sostén era un proyecto de vida elaborado con base en cinco valores: verdad, libertad, justicia, fraternidad y solidaridad, decidió que al momento de retornar todos debían asentarse en un mismo territorio. Luego construyó una ruta de diálogo con el Gobierno basada en cinco puntos. Lo pactado, como casi todo lo que se pacta con el Gobierno, se cumplió parcialmente. Tras lograr la titulación colectiva de 103.024 hectáreas, se consumó el acto de valentía.

En un inicio se asentaron en la que hoy en día es conocida como la comunidad El Limón. Cuando Álvaro Uribe Vélez puso en marcha su plan de seguridad democrática, los militares y paramilitares volvieron a incursionar en el territorio. El Estado pagó informantes que se infiltraron en la comunidad. Varios líderes, señalados de ser narcotraficantes de las FARC, fueron víctimas de un montaje judicial, algunos tuvieron que exiliarse de nuevo. Regresó la militarización, y regresaron las agresiones. Intentaron violar a las mujeres y clausuraron la emisora comunitaria.

El Estado violaba, una vez más, el mandato central de CAVIDA: “no queremos actores armados en el territorio”. Decidieron entonces penetrar la selva y construir su proyecto de vida a cinco minutos de El Limón. Para evitar futuras agresiones declararon el territorio como Zona Humanitaria, desarrollaron un cordón humanitario y un sistema de alertas tempranas para denunciar ante organizaciones nacionales e internacionales la violación a la soberanía comunitaria.

Los hostigamientos de todos los actores cesaron parcialmente. La aparente calma permitió a CAVIDA reconstruir el tejido social y fortalecer sus dos pilares fundamentales: verdad y justicia. En el 2007 las comunidades del Cacarica, gracias al apoyo de la Comisión de Justicia y Paz, participaron en un compartir de experiencias con la línea fundadora de las Madres de La Plaza de Mayo de Argentina, el Comité Ético Contra la Tortura de Chile, ex detenidos políticos y el pueblo Mapuche también de Chile, organizaciones civiles de México, El Salvador, Nicaragua y Sudáfrica, y organizaciones de todo Colombia. Al escuchar las diversas iniciativas de verdad y memoria emprendidas contra la impunidad, las comunidades del Cacarica concluyeron que necesitaban construir una propuesta de derecho restaurador, pues la cárcel no era sinónimo de justicia. Mucho antes de que Santos y las FARC-EP firmaran un documento que prometía una dosis de paz, Cacarica imaginaba y materializaba el país del futuro.

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Tres horas largas en lancha, más una o dos horas de caminata por una selva espesa si es época de verano, separan la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios de Turbo, la capital económica de Urabá, el puerto por donde entran y salen todos los males de la patria.

Una vez el mar Caribe se encuentra con el río Atrato, todo se vuelve selva. Conforme el motor devora kilómetros, aparecen súbitamente asentamientos hechos de madera donde brotan niños que juegan con un cangrejo como si fuera un juguete de goma, niños de cinco años que reman un bote, con la experticia de quien se ha enfrentado a las tormentas de cinco mares, sin más protección alguna que el mismísimo cuero. Caseríos poblados por pieles tinturadas en el río, y tostadas y refinadas al sol. Gentes de sonrisas genuinas y tropicales que lograron estabilizar su vida sobre la inestabilidad cíclica del agua, que conocen sus resabios y saben patinar sobre ella montados en una panga. Gentes que generaron los anticuerpos necesarios para tomar agua sucia, descartar la higiene, caminar el mundo descalzo, saber dónde está el sur y el norte, aunque para donde uno mire toda sea igual: pura infinitud. Gente que naturalizó lo que para el que mira por primera vez es poco natural.

Hace cuatro meses que no llueve. La tierra está agrietada, tan dura, tan deshidratada, que pareciera que aquí ya hubiera empezado o ya hubiera pasado el fin biológico del mundo. En la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios la estética vital es simple, básica: casas de madera con techos de madera sostenidos por pisos de madera; chiquillos que corren por aquí y por allá, que crecen como criaturas silvestres; mucha silla plástica, y mucho tiempo para sentarse a ver cómo lo único que pasa es el tiempo; una fraternidad manifestada en una mirada, en el desparpajado, en esta aparente calma que invade el cuerpo amenizada por la sinfonía animal; y en la noche, solo la oscuridad.

Aproximadamente 40 familias viven aquí. Sobre este corredor estratégico que comunica la ilegalidad colombiana con el pacífico y con Panamá. Región apetecida por proyectos de infraestructura como la Transversal de las Américas, proyectos energéticos, proyectos extractivos, y agro negocios como los cultivos de palma aceitera y bananera. Territorio donde actualmente hay un laboratorio de paz, a pesar de que ahora, con el vacío de poder dejado por las desmovilizadas milicias de las FARC, el 90% de la zona y de la población estén bajo el control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

La tranquilidad es el anhelo, pero las certezas espantan los miedos. CAVIDA lleva muchos duelos y mucho tiempo de ventaja. Saben que la paz no se hace con leyes ni con términos teóricos, la paz comienza y termina en la consciencia, reconciliándose consigo mismo, que es también reconciliarse con el otro.

Según Bernardo “la reparación moral le permitiría a la gente dar un respiro hondo. (…) Esa reparación parte de una palabra: ya no más. Y que los victimarios o inculpados pidan perdón a las víctimas (…) Pueden las Cortes institucionales o los Congresos dictar las leyes habidas y por haber, pero si no hay perdón, si no hay arrepentimiento, no habrá paz en este país (…) Esa es una de las apuestas de CAVIDA. Es un error pensar que con la cárcel se va a pagar todo. Con la cárcel no se paga nada porque el victimario o el inculpado sigue viviendo, y cuando salga de allá cómo va salir, ¿será que sale mejor? A esa persona hay que llamarla, venga, vamos a trabajar juntos, vamos a recomponer lo que se dañó. Este país necesita es eso”.

Las comunidades de Cacarica quieren que los victimarios cuenten qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y quién ordenó que hicieran lo que hicieron. Y que sean condenados a cumplir castigos morales como pilar arroz, girar la canilla de los baños de la escuela y experimentar una impotente desazón porque no sale agua, tirar el balde al pozo y cargarlo los metros que sean necesarios si quieren bañarse, pagar los 50mil pesos que vale el trayecto hasta Turbo en caso de necesitar atención médica, o radicar un derecho de petición y correr el riesgo de perder la cita o encontrar la oficina cerrada porque puede dañarse el motor en el camino, o caminar dos horas bajo un sol cruel con una mochila al hombro y después de cierto tiempo sentir que llevan en la espalda el peso de toda la maldad del mundo.

Ese país imaginado es un país muy distinto al nuestro. ¿Por qué los políticos-intelectuales-revolucionarios que planean y escriben el futuro de la patria no escuchan las propuestas que construyen las comunidades en las profundidades de la patria? ¿Si nuestro modelo de sociedad fracasó –y nos dejó 8.771.850 víctimas– por qué no implementamos el de ellos? El de ellos que hace mucho rato entendieron que “habitar es reconstruir lo cotidiano".

Más de diez días completa la minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz. Más de 12.000 indígenas, campesinos, y representantes de diversos sectores sociales y populares permanecen concentrados en cinco municipios del Cauca: Santander de Quilichao, Cajibio, Piendamó, Caldono, y Puracé. En El Hobo, Huila, hay otro grupo respaldando y apoyando la minga del suroccidente.

Organizaciones sociales e indígenas de Huila, Caldas, Valle y Cauca reclaman la presencia de Iván Duque en este último departamento, en el que más líderes sociales han asesinado hasta la fecha, para que aclare cuándo y cómo va cumplir los acuerdos que pactaron con el Gobierno.

Aunque los indígenas del Cauca han entablado conversaciones en 14 oportunidades con varios funcionarios, se quejan porque aún no se materializa el Plan Cuatrianual que hace parte del decreto 1811 expedido el 2017, el cual recoge más de 1.200 acuerdos, establece una Comisión Mixta y contempla Planes de Acción para cada año.

Los pueblos indígenas se sienten excluidos del país que planifica Duque, pues el capítulo especial sobre la consulta previa, pactado el año pasado, fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como un anexo. Además, los sectores étnicos no fueron tenidos en cuenta en las líneas primordiales del PND, ni hacen parte del artículo 4 que define las metas e indicadores sobre asuntos presupuestales. Hay sospecha de que los 10 billones de pesos que Duque aseguró destinar a las comunidades indígenas los próximos cuatro años, son una falsa promesa como las que repitió cuando era candidato presidencial.

Respetar la autonomía y formas de gobierno propio, cumplir los acuerdos de paz firmados con las FARC, retomar la mesa de dialogo con el ELN, implementar políticas categóricas para acabar con el paramilitarismo y detener el asesinato de líderes sociales, reconocer al campesinado como sujeto político de derechos, proteger paramos y zonas estratégicas de conservación ambiental en los territorios étnicos, expedir el decreto de autoridad ambiental indígena pactado el año pasado en Monterilla, son las banderas del pliego de exigencias de la minga del suroccidente.

Foto tomada del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

Hasta ahora Iván Duque solo ha enviado mensajeros al Cauca. El Alto Comisionado Para la Paz, el Viceministro de Educación Superior, el Viceministro del Interior, el Director Nacional de Gestión de Riesgo, la Procuradora delegada para el diálogo social, y la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que estuvo el 12 de marzo en El Pital, municipio de Caldono.

El Presidente, después de reunirse con los Gobernadores de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, reiteró este lunes que por ahora no atenderá el llamado de la minga: “El gobierno va a seguir enviando delegados para propiciar una conversación clara que parta de la base que nos es a través de las vías de hecho como se construye un mejor país”.

Quien sí hace presencia en el departamento es la violencia estatal encabezada por el ESMAD. El viernes 15 de marzo, fueron detenidos siete buses donde se desplazaban delegaciones universitarias hacia Popayán, capital del departamento y sede del Tercer Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior. El sábado 16, el ESMAD y la fuerza pública invadieron los puntos de concentración ubicados en Cajbio, agredieron a los campesinos que se encontraban allí, les destruyeron los refugios y les quemaron los alimentos y las pertenencias. El domingo 17 resultaron heridas tres personas y otras tres fueron detenidas en Kokonuko, municipio de Puracé. Este lunes 18 de marzo, fueron hostigados los mingueros concentrados entre San Miguel y Asnazu en el municipio de Suarez. Y hoy al medio día, una persona resultó herida luego de que el ejército disparara en el punto de concentración de La Agustina en Santander de Quilichao.

Desde el territorio varias fuentes denuncian la militarización del departamento y se rumora que se prepara una arremetida terrestre y aérea; mas tanquetas, más gas lacrimógeno, más drones, más balas, más disparos. A pesar de las agresiones, los indígenas y campesinos no retroceden. La duración de la minga dependerá del Presidente.

 

500 personas afectadas que se oponen al proyecto Hidroituango protestan en Valdivia. Alguien recibe una llamada. Del otro lado del teléfono, una voz se presenta como alias 'Alejandro', líder paramilitar de la zona. 'Alejandro' les prohíbe gritar consignas en contra de EPM y del proyecto. Y les ordena que se vayan inmediatamente porque le están calentando la zona, y si no se van los matarán a todos.

La megaobra –su muro de contención, sus toneladas de concreto, sus costosas máquinas compradas en Europa– es una mínima parte. La punta que vemos del iceberg. Hidroituango es un acertijo de violencia, vicios, mentiras, secretismo, coincidencias, intereses, modificaciones, opiniones encontradas.

Libros como Colombia Nunca Más: Extractivismo – Graves violaciones a los derechos humanos. Caso Hidroituango, una lucha por la memoria y contra la impunidad, dan pistas para resolver el misterio. La investigación realizada por la Corporación Jurídica Libertad (CJL), presentada a finales de febrero, revela que el mayor orgullo de los antioqueños huele feo, como huele un cadáver putrefacto.

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La publicación de la CJL documentó 255 casos –de masacres, homicidios, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamiento– que involucran a 604 víctimas de seis municipios del Occidente y seis municipios del Norte de Antioquia. Su columna vertebral es una hipótesis: el extractivismo y la violación a los derechos humanos son una pareja inseparable.

Históricamente los territorios ricos en recursos han sufrido acciones violentas planificadas, cuyo propósito es preservar un modelo económico lucrativo como lo es el extractivismo. En los últimos 25 años, la mayoría de violaciones a los derechos humanos en el Occidente y el Norte de Antioquia, regiones de influencia de Hidroituango, fueron perpetradas por los paramilitares y con la complicidad de la Fuerza Pública.

En 1995 el proyecto paramilitar gestado en el Magdalena Medio comenzó a colonizar Antioquia. Llegó primero a Urabá y luego se expandió por el Norte. Actualmente, 180.000 personas habitan los 12 municipios donde la CJL realizó su investigación. Entre el 1996 y 2006, década en la que el paramilitarismo se afianzó en el departamento, fueron desplazadas más de 80.000 personas de esos territorios.

El paramilitarismo logró derramarse por el departamento gracias a las Convivir promovidas por el gobernador de la época. Uno de esos primeros grupos de civiles alzados en armas fue conformado por comerciantes, ganaderos, civiles, entre ellos un sacerdote, en los Llanos de Cuivá, corregimiento ubicado al Norte de Antioquia, entre los municipios de Yarumal, Santa Rosa de Osos y Angostura. Otra Convivir que fomentó la expansión paramilitar, fue fundada también en Yarumal y estaba integrada, entre otros nombres, por Julián Bolívar, quien años después sería el comandante del Bloque Central Bolívar.

Años después, la zona del Bajo Cauca y parte del Norte fue copada por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia comandadas por 'Cuco Vanoy'. Mientras que el Occidente fue ocupado por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que más tarde formaron el Bloque Noroccidental comandado por Luis Arnulfo Tuberquia, alias 'Memín'.

El brote paramilitar asesinó a 3500 personas entre 1990 y 2016. El 80% de los casos ocurrieron entre 1995 y 2006. Astrid Torres, quien participó activamente en la investigación, aseguró que después de cruzar cifras, contabilizaron 48 masacres que dejaron 290 víctimas. 39 de ellas perpetradas en su mayoría por el Bloque Mineros entre 1996 y 2005.

Los investigadores también pudieron comprobar que los grupos paramilitares del Norte y el Occidente pasaban de una región a otra y participaban en acciones conjuntas. El Bloque Noroccidente, por ejemplo, apoyó al Bloque Mineros en la masacre cometida en el corregimiento El Aro de Ituango, el 22 de octubre de 1997. A la masacre de El Aro, le siguieron, entre otras tantas, las masacres de Orobajo en el municipio de Sabanalarga el 12 de julio de 1998, y la masacre de Peque en 2001, que provocó el desplazamiento de 3500 personas en menos de tres días.

La violencia de esa década se focalizó en los líderes y presidentes de las juntas de acción comunal, puesto que el nivel organizativo era de carácter primario y no había grandes plataformas sociales y políticas. Astrid Torres contó que en las audiencias de Justicia y Paz el comandante del Bloque Mineros en Briceño, José Higinio Arroyo Ojeda, dijo que la orden era clara: “las mujeres no tienen que estar haciendo nada en colectivo, eso es para chismiar. Esos procesos organizativos se tienen que acabar”.

En el Occidente, en Yarumal y en Ituango, los profesores denunciaron las tomas de los colegios, el reclutamiento y el accionar paramilitar en los territorios, convirtiéndose así en objetivo militar. En Ituango, por ejemplo, fueron capturados tres profesores. Asesinaron dos y al tercero lo lanzaron desde un helicóptero.

Es casi imposible hablar de Hidroituango y no mencionar la palabra desaparecido. La desaparición forzada fue una práctica utilizada para generar terror. “'Cuco Vanoy' expresaba: “yo nunca le dije a mis subalternos que desaparecieran la gente. Lo que pasa es que a ellos les daba pereza, entonces preferían tirarlos al río que hacer el hueco”. Eso no es cierto. Las víctimas han sido contundentes en decir que a sus hijos, a sus madres, a sus padres se los llevaban porque los paramilitares querían desaparecer y querían bajar el número de homicidios en el territorio (…) Se dice que en la zona solo hay desparecidas 682 personas, pero al Bloque Mineros se le imputan 1150 desapariciones forzadas en el Bajo Cauca y parte del Norte”, aseguró Astrid.

Los paramilitares usaron el río Cauca como cementerio. Las laderas del Patrón Mono se convirtieron en fosas donde enterraban los muertos que no eran lanzados al río. Ni EPM ni el Estado se han interesado en buscar los cuerpos y determinar cuántas son las víctimas de desaparición forzada en la zona.

Mientras los paramilitares negociaban su desmovilización en Ralito, la Fiscalía solicitó a 'Cuco Vanoy' que le permitiera ingresar al cementerio que tenían en el Guáimaro, corregimiento de Tarazá, para exhumar los cuerpos. 'Cuco Vanoy' aceptó y dio la orden de permitir la entrada. Cuando la Fiscalía llegó, encontró que las fosas habían sido abiertas. “Cuando se les pregunta a los comandantes de medio rango, ellos dicen: “sí, nosotros abrimos las fosas, sacamos los cadáveres y los tiramos al río porque nos dijeron que nos metían a la cárcel”. Revictimizan a las familias con un mecanismo que sí es planificado”.

Sin el consentimiento de la Fuerza Pública y las autoridades civiles, el paramilitarismo no hubiese podido llevar a cabo su terrorífica expansión. El libro de la CJL demuestra los nexos, ya fueran deliberados o por omisión, de los diferentes bloques con los batallones Girardot y Pedro Nel Ospina del Ejército, las brigadas móviles de Ituango, las comandancias locales de Policía, los alcaldes de Valdivia y Yarumal, notarios, e Inspectores de Policía que en aquellos años eran los encargados de realizar el levantamiento de los cadáveres.

Del 2006 al 2016, último periodo del cual da cuenta el libro, bajaron sustancialmente las cifras de desplazamiento, homicidios y masacres en el Norte y el Occidente. Esto no quiere decir que hayan desaparecido los efectos o hayan dejado de ocurrir hechos violentos. Entre 2010 y 2017 se contabilizaron más de 2500 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia, especialmente en el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y el Occidente, la subregión que después de Urabá reconcentró más tierras en pocas manos entre 1996 y 2006.

Saber –comprobar una hipótesis– sirve para darse cuenta de que sabemos muy poco –que faltan hipótesis por comprobar–. ¿Sin esta campaña violenta hubiera podido construirse Hidroituango? En las guerras no hay vencedores, pero sí personas que se benefician de ella.

Quizás por eso en el 2011 el Tribunal de Justicia y Paz compulsó copias a la Fiscalía para que investigará quiénes son los socios de Hidroituango en su primera conformación. Para la magistratura de Justicia y Paz resulta coincidencial y sospechoso que, a partir del año 98, cuando se realiza la primera asamblea de socios de Hidroituango, se desaten la mayor cantidad de masacres en el territorio. Es primordial para la magistratura que la Fiscalía determine si hubo relación entre los socios y el Bloque Mineros.
Los investigadores de la CJL identificaron dos socios de dudosa procedencia. El primero de ellos es William Vélez Sierra, que ha sido accionista de la empresa Proyectos S.A, accionista minoritaria que estuvo en la primera asamblea de socios de Hidroituango y se mantiene hasta la fecha. Vélez Sierra además fue presidente de Odinsa, filial de Argos, que también hace parte de los socios minoritarios del proyecto. Vélez Sierra, a quien Iván Cepeda denunció por acaparar baldíos del Estado en Córdoba. Vélez Sierra, señalado por paramilitares de tener jugosos negocios de basura en la Costa Atlántica.

El otro socio rastreado por los investigadores es la empresa Cobaco Limitada. Una de las 60 empresas que aparecían en los documentos contables de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá encontrados en 1997 por la Fiscalía después de allanar un parqueadero en Medellín. Entre los documentos estaba el registro de los cheques girados por las empresas al grupo paramilitar.

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Son 27 los impactos que componen el estudio de impacto ambiental de Hidroituango. De los tres positivos, uno de ellos remarca que por la crudeza del conflicto no hay comunidades a las que fuera necesario reubicar, por lo tanto, Hidroituango produciría el megavatio más barato del continente.

“¿Cómo vamos a demostrar que sí estamos ahí? Esa fue nuestra primera batalla. Incluso gente de la sociedad civil quiso anularnos. La voz particular ha querido ser opacada por la voz de los profesionales, de los geólogos, de los expertos. Cuando queremos enunciar las cosas con nuestras palabras la voz es arrebatada. No es un derrumbe o un volcán, es un movimiento en masa”, manifestó Isabel Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos, en la presentación del libro de la CJL.

Las comunidades estaban ahí, los opositores también. De entrada, cuando comenzó la obra en el 2008, EPM dijo que no negociaría con Ríos Vivos. La empresa, ayudada por las instituciones locales, departamentales y nacionales, impulsó una campaña de difamación que creó un ambiente para que el Movimiento fuera blanco de ataques. En el 2015 Ríos Vivos denunció a EPM por arrojar material de excavación al Cauca. La obra quedó suspendida durante ocho meses. “Por culpa de Ríos Vivos tuvimos que despedir 3000 obreros”, dijo la empresa. “Por ustedes me quedé sin trabajo”, decían los vecinos y los familiares de los integrantes del Movimiento que trabajaban en el proyecto. A esto se sumó la prohibición de entrar a las instalaciones de la Alcaldía de Valdivia, y la amenaza de que a ningún integrante le darían ayudas o trabajo en las administraciones locales.

“Nuestro interés no es crecer. Por una sencilla razón: el Movimiento es de afectados. Y lo que queremos es que no hayan afectados. El Movimiento lo que quiere es desaparecer desde que se funda, no quiere crecer ni llegar al poder”, sostuvo Isabel Zuleta.

El progreso verde jamás llegó, Hidroituango institucionalizó la violencia en el Norte y el Occidente. EPM utilizó a menores, sin el consentimiento de sus padres, para hacer campañas publicitarias. En 2012, durante una protesta, fueron capturadas 80 personas, 13 de ellas judicializadas. Ese día detuvieron a Isabel y la montaron a un helicóptero de EPM. La Policía hizo una reunión y amenazó a los demás manifestantes. “Van a llegar por ustedes. Los van a matar los paramilitares. Ustedes son muy verraquitos con la Fuerza Pública, pero nosotros sí sabemos de quién les da miedo”, cuenta Isabel que dijeron los policías.

No con la misma crueldad, pero los paramilitares siguen en el territorio. Una vez iniciaron las obras, los paramilitares hicieron paros armados durante varios días, quemaron varias máquinas y un helicóptero. Sin un acuerdo tácito entre ellos y la empresa, la obra no hubiera podido continuar. Aunque en la zona hay cuatro bases militares, en ningún momento hubo un operativo militar. “Los militares solo salían cuando nosotros estábamos protestando”, advirtió Isabel.

Desde un principio estaba pronosticado que a las comunidades les correspondía sacrificarse, resignarse y asumir los perjuicios. No fueron pensados para ellos los beneficios. Una de las tres grandes líneas de transmisión que salen de Hidroituango van dirigidas a Cerro Matoso, una de las minas a cielo abierto más grande de Colombia; otra a la represa de Hidrosogamoso, que a su vez se dirige al Páramo de Santurbán, un manantial de minerales; y la tercera a Medellín. Además, hay 20 títulos mineros en Briceño, en Toledo y en Ituango que atraviesan el embalse, la mayoría propiedad de la empresa Continental, quien ya tiene una mina en Buriticá. Todo indica que Hidroituango fue hecho para que la empresa canadiense tuviera el agua y la energía necesaria para extraer oro.

Alguna vez funcionarios de EPM le dijeron a Ríos Vivos que el proyecto era ambiental y técnicamente inviable, pero la presión política y los intereses empresariales impusieron su terquedad y su avaricia.

En la mayor hidroeléctrica del país –el gran orgullo paisa– depositaron dinero el banco francés BNP Paribas, el banco alemán KFW, bancos chinos y brasileños. “Nos reunimos la semanada pasada con ellos –manifestó Isabel–. Y nos dijeron de frente: nosotros no vamos a perder. La banca extranjera nunca pierde, primero se quiebra EPM. El problema no es de nosotros, es de ustedes los colombianos”.

Si Hidroituango no funciona el problema es de nosotros. De nosotros que nos quedamos sin río Cauca, sin el bosque nativo, sin la fauna, sin la mayor fuente de empleo, sin los caminos de herradura y sin los pasos de quienes los transitaron durante 120 años. De nosotros que nos quedamos endeudados y con el cadáver, porque desmontar la obra “vale otro montón de dinero” y EPM no va querer prestar plata para eso.

La estrategia de criminalizar la protesta y los liderazgos sociales llegó al Oriente antioqueño. El viernes 8 de marzo integrantes del C.T.I de la Fiscalía detuvieron a Ancísar de Jesús Morales en el parque principal de San Francisco, municipio ubicado en la subregión bosques del Oriente de Antioquia.

Ancísar es concejal del municipio, hace parte de la junta directiva de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), organización que a su vez hace parte del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete).

Todo indica que Ancísar seria víctima de un montaje judicial. La Fiscalía le imputó cargos por tráfico de estupefacientes, utilización de menores y tenencia de armas, pues en el allanamiento realizado a su casa, en la zona rural, fue encontrada una escopeta que culturalmente es utilizada para cazar. Son extraños los señalamientos puesto que las denuncias fueron realizadas por una fuente que no se identificó, y corroboradas por una persona que Ancísar había denunciado ante la Policía por vender sustancias ilícitas.

La captura fue motivo de sorpresa y de repudio al interior de la ACA y demás organizaciones y procesos sociales del Oriente antioqueño. Meses atrás Ancísar había manifestado a las autoridades del municipio su preocupación por el aumento del micrótrafico en San Francisco y la participación de los jóvenes en la venta y el consumo. El Alcalde del municipio, el Comandante de Policía, el Presidente del Concejo, el Párroco y el Coordinador del colegio certificaron que Ancísar promovió campañas de prevención en favor de los menores de edad, sin embargo, el juez de control de garantías desestimó tales afirmaciones.

En una carta, los jóvenes del área de comunicaciones de la Asociación Campesina de Antioquia ratificaron el liderazgo de Ancísar, quien desde el 2008 impulsa “el proceso de formación y capacitación audiovisual con jóvenes campesinos en el municipio de San Francisco”. Su principal motivación, manifiestan los jóvenes en la carta, “siempre ha sido propiciar en los demás jóvenes arraigo y sentido de pertenencia por el campo, desde el desarrollo de semilleros artísticos y creativos con niños, niñas y jóvenes de veredas en su municipio y en otros de la región. Buscando generar procesos de permanencia en el territorio, mediados por la comunicación y el arte. Damos fe de la transparencia y del trabajo comprometido de Ancísar, de su sensibilidad, liderazgo y constante preocupación por las problemáticas ambientales y sociales en el municipio”.

José Ariel Rueda, representante de la Asociación Campesina de Antioquia, definió a Ancísar como un constructor de comunidad y sociedad que lleva 14 años desarrollando y apoyando estrategias de producción agrícola orgánica. Ancísar, aseguró Ariel, también participó en la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio, y hace parte de la asociación productora de chocolate ASOFAGUA. “Sabemos que es un falso positivo que busca apagar el liderazgo que lleva en el municipio, porque hay algunos grupos que se perjudican con esto que él ha venido haciendo”.

Tal parece que los únicos que se benefician con la captura de Ancísar son los verdaderos criminales. Por eso la ACA y el Movete exigen su libertad inmediata: porque ser líder social no puede seguir siendo un delito. 

Friday, 15 February 2019 00:00

Que no muera la esperanza

De nada sirve tener vida si no hay esperanza. 22 años después la llama de la esperanza sigue viva. La esperanza de que volverán, que les dirán por qué se los llevaron, y quién ordenó que se los llevaran. La esperanza de que algo así no vuelva a suceder nunca más.

Entre el 21 de junio de 1996 y el 27 de diciembre del mismo año, paramilitares del Magdalena Medio comandados por Ramón Isaza y un grupo de soldados que integraban la Fuerza de Tarea Águila incursionaron en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral y apresaron a Aníbal de Jesús Castaño, Oscar Hemel Zuluaga, Juan Crisóstomo, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Irene de Jesús Gallego, Juan Carlos Gallego, Jaime Alonso Mejía, Javier de Jesús Giraldo, Hernando de Jesús Castaño, Octavio de Jesús Gallego, Orlando de Jesús Muñoz, Leonidas Cardona Giraldo y a Andrés Gallego Castaño. Desde entonces nadie los volvió a ver.

En 1996 un tramo de aproximadamente 60 kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá, que iniciaba en el sector Alto Bonito del municipio del Santuario y finalizaba en el sector Montebello de San Luis, fue catalogado por las autoridades departamentales como un punto crítico por la presencia de grupos guerrilleros. El Ejército creó entonces la Fuerza de Tarea Águila para recuperar y ejercer control en la autopista. La unidad especial, actuando de manera conjunta con los paramilitares del Magdalena Medio, cometió graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición de 12 personas y el asesinato de un campesino de la vereda La Esperanza, ubicada al borde la autopista.

Los esperanzados de La Esperanza denunciaron los hechos ante las autoridades. El personero del Carmen de Viboral, Helí Gómez Osorio, asumió el caso y de manera valerosa denunció la participación del Ejército. Helí fue asesinado el 26 de noviembre de 1996.

Pasaban los años y con ellos el silencio y la impunidad. Los familiares continuaron reclamando justicia. Buscaron el apoyo de organizaciones de derechos humanos y en 1999 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Nunca dejaron de acudir a las instancias judiciales colombianas, y lograron obtener la versión de los responsables en las audiencias de Justicia y Paz, luego de que los paramilitares se desmovilizaran entre el 2003 y 2006. Quienes testificaron aceptaron su responsabilidad y admitieron que actuaron conjuntamente con el Ejército. La verdad fue una verdad a medias. Ocultaron los nombres de los militares que participaron y ordenaron las acciones, y tampoco dieron luces sobre el paradero de los desaparecidos. 

El 31 de agosto de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia donderesponsabiliza al Estado colombiano por violar el derecho a la vida y el derecho a las garantías judiciales. La Corte también ordenó al Estado “continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso que correspondan a efectos de determinar los hechos y las responsabilidades correspondientes”; y “efectuar una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las doce víctimas”.

No son más de 12 los casos colombianos que cuentan con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, hasta el día de hoy, el Estado no manifiesta intenciones de cumplir la sentencia.

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Cada año las familias de La Esperanza le recuerdan al Carmen de Viboral, al Estado y a sus desaparecidos, que para ellas siguen y seguirán vivos; “que la memoria es el alma de los que no están”. En el primer memorial el Ejército realizó varios disparos cerca al lugar donde estaban congregados. En la conmemoración de los diez años pintaron los rostros de cada desaparecido, celebraron una eucaristía y construyeron un monumento. En 2008 depositaron en las aguas del río Cocorná sus anhelos de encontrarlos. Y en 2011 realizaron una caminata.

El año pasado, en el casco urbano del municipio, también realizaron el acto de memoria característico. Además de la carga emotiva, el acto contó con el respaldo de la Comisión de la Verdad representada por Alejandro Valencia. “Estoy aquí como una muestra de reconocimiento a ellas y ellos. Lo que más me sorprende es su capacidad de resistencia, de organización, su capacidad de estar juntos, de caminar y también de recordar”, manifestó al inicio de su intervención el comisionado.

Valencia también aprovechó para recordarles a los que ya lo sabían, y aclararles a quienes no, cuál es la razón de ser de la Comisión de la Verdad, organismo incluido en los acuerdos firmados con las FARC cuyo funcionamiento empezó a finales de noviembre del año pasado. Uno de los propósitos centrales, dijo el comisionado, es promover los ejercicios de memoria que enaltezcan la dignidad y el valor de las víctimas. La Comisión además aspira promover la convivencia en los territorios, y ofrecer una verdad histórica que explique qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y a quién benefició lo ocurrido en el conflicto armado.

Consciente del manto de impunidad que cobija a Colombia, el abogado defensor de derechos humanos, quien ha participado en iniciativas nacionales e internacionales de verdad y memoria, explicó que la Comisión de la Verdad no posee facultades penales ni judiciales, ambos temas son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

La intervención dejó claro que la Comisión no escuchará las más de ocho millones de víctimas. “Imposible que una entidad como la nuestra, que tiene un mandato de tres años y bastantes limitaciones humanas y financieras, pueda esclarecer todos los casos. Por eso la Comisión ha decidido que se va dedicar al esclarecimiento de ciertas dinámicas de violencia que se presentaron en épocas determinadas, en regiones determinadas, perpetradas por unos actores armados específicos, y así arropar un número significativo de casos”.

Para identificar tales dinámicas, los 11 integrantes de la Comisión visitarán los territorios e instalarán 26 Casas de la Verdad donde “todos y todas, de manera voluntaria, pueden ir a dar su relato”. En Antioquia habrá tres: una en Medellín, otra en Urabá, y la tercera fue proyectada en Caucasia pero por las condiciones de seguridad que se viven en el Bajo Cauca su instalación fue postergada. “Queremos proponer un gran ejercicio de habla y de escucha. Tenemos un gran desafío porque no solo debemos escuchar a las víctimas, también a los responsables. La única forma de completar la verdad es hablar con empresarios, paramilitares, políticos, policías, militares, y guerrilleros de diversas organizaciones”, finalizó el comisionado.

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El meridiano de la violencia pasa por el Oriente antioqueño. Bombas, masacres, tomas, homicidios, desapariciones, reclutamiento, desplazamiento y campos minados dejaron cicatrices y conmoción a lo largo y ancho del territorio.

Las comunidades han construido una rica memoria del conflicto en la región después de enfrentarse con su pasado. Fue tan cruda y tan compleja la violencia que quedan muchos dolores y voces por documentar.

Fernando Valencia, director de Conciudadanía, aprovechó la presencia del comisionado de la verdad en la conmemoración para hacerle un llamado a tener en cuenta las memorias de las comunidades en el momento de buscar el esclarecimiento de la verdad, y para pedirle a él y a su equipo de trabajo que estudien el calvario que los conductores de servicio público, conocidos en la región como 'chiveros', sufrieron durante el conflicto. Según Fernando, Conciudadanía logró registrar el asesinato de 55 conductores entre 1996 y 2003 en el Carmen de Viboral.

La principal puerta de acceso al Carmen es la carretera que comunica el municipio con Rionegro, la capital industrial y el centro de servicios del Oriente antioqueño. Su zona rural es muy extensa: se extiende al sur hacia la parte más montañosa de la región, la cual fue retaguardia estratégica de las FARC y el ELN. El municipio limita con Cocorná, territorio rico en agua ubicado a un costado de la autopista Medellín-Bogotá, y con Sonsón, el corredor que comunica al Oriente antioqueño con el Magdalena Medio.

Los chiveros fueron, y en algunas partes siguen siéndolo, el único transporte público en las zonas rurales. Los conductores de esos jeeps cuadrados, trompones, capaces de soportar el peso de un remordimiento y serpentear cualquier trocha, fueron involucrados en una guerra ajena. 

Hace 20 años todos encontraban utilidad en ellos. Las rutas que conducían a la cabecera urbana les servían a las guerrillas como línea de abastecimiento y de logística para el desplazamiento. Para no entrar en zona de guerra, quienes necesitaban hablar con las guerrillas encontraban en los chiveros el mejor canal de comunicación. Y para los campesinos era la única forma de mantener viva su economía y acceder a diferentes servicios.

En el Carmen y en toda la región hubo una agresión contra este sector. La guerra paró el transporte, bloqueó veredas, acabó con la vida de los conductores y de las flotas. Las culpas recayeron sobre el gremio. Los administradores públicos y la Fuerza Pública los presionaban para que no suspendieran el transporte cuando había un paro armado o para que interrumpieran sus actividades cuando querían bloquear una zona. Los paramilitares los señalaban por colaborar con la guerrilla, y la guerrilla los señalaba por colaborar con los paramilitares.

“Quisiéramos estudiar la situación de los chiveros en el Carmen. Hacer una conversación de territorio: ¿qué pasó en el territorio con los conductores de servicio rural? ¿Qué pasó en el territorio con el servicio de transporte? Aquí hubo un patrón particular que valdría la pena tener en cuenta en la construcción de los ejercicios de memoria”, manifestó Fernando Valencia.

La zona rural del Carmen y del Oriente antioqueño, al igual que cualquier zona rural del país, se caracterizaba por la ausencia estatal. Las veces de Estado las hacían las guerrillas encargadas de tomar decisiones logísticas o de solucionar conflictos. Contra su propia voluntad los chiveros tenían que relacionarse con los grupos insurgentes. 

Otro factor que complejizó los hechos fue la llegada de un grupo residual del EPL. Aunque esa guerrilla se desmovilizó parcialmente en Urabá en 1991, la fracción que no se desmovilizó fue hostigada y se vio obligada a migrar al Oriente antioqueño. El frente Elkin González del EPL se instaló en la zona rural del Carmen. Intensificó el secuestro y la extorsión sobre la autopista, y emprendió el reclutamiento de campesinos que ocasionaría varios muertos entre la población por culpa de los señalamientos. El EPL duró poco tiempo en el territorio. Algunos se desmovilizaron, otros se enrolaron en las filas paramilitares y el resto se convirtió en informante del Ejército.

Todas las expresiones armadas hicieron presencia en el territorio: las FARC que ejercían presión sobre los grupos residuales, el ELN caracterizado por sus campañas de reclutamiento, el sobrante del EPL que debía cumplir con cuotas de señalamiento, las Autodefensas del Magdalena Medio, el Cacique Nutibara y varios batallones del Ejército.

Las autoridades departamentales también participaron de la maraña bélica. Uno de los gobernadores de la época afirmó que había varios municipios guerrilleros gobernados por administraciones guerrilleras, entre ellas la del Carmen de Viboral. La estigmatización fracturó los territorios. Se hizo evidente la división y la desconfianza entre las cabeceras municipales, controladas por los paramilitares, y la zona rural, plagada de presencia guerrillera. Se multiplicaron los bloqueos y las amenazas al transporte y al comercio. La población entró en estado de zozobra, “en el silencio profundo”. 

Analizar la afectación a los chiveros, aseguró Fernando, permitiría esclarecer hechos que perjudicaron a toda la sociedad. Por ello, reiteró la necesidad y la voluntad de trabajar de la mano con la Comisión de la Verdad. “Cuesta mucho que ese tipo de víctimas silenciosas se reconozcan como gremio en una afectación colectiva. Hay muchas ganas de hacer cosas para comprender estos contextos del conflicto”.

***

Colombia se acostumbró a hacer memoria en medio de las balas. Las memorias construidas y las que faltan por construir están en disputa. Hay igual número de personas que anhelan verdad como personas interesadas en enterrar y adulterar el pasado.

Las fechas son una combinación de números, no son motivos. Los que quedaron construyen las memorias todos los días, porque ni el dolor ni los muertos que están vivos dan descanso. Las palabras de Flor Gallego, bandera de persistencia y dignidad en el Oriente antioqueño, demuestran que el fin de la lucha de una víctima es el comienzo de otra: “El día que yo encuentre a mis hermanos y a mi esposo, ese día me voy caminar para buscar a todos los desaparecidos que tiene Colombia. Es que no solo es mi dolor, son miles y miles que tenemos el mismo dolor”

Buenaventura grita que don Temis sigue vivo, carajo 

Muerte es una palabra que sabe a piedra. Pronunciar la palabra muerto es sentir que se desencaja un hueso o tratar de tragarse un cuchillo. 

Hace un año lo esperaban en una reunión a la que nunca llegó. Él sabía que el nudo de esta historia solo podría tener este desenlace. Pero nunca retrocedió. Hace un año dos personas que se desplazaban en una moto asesinaron a Temístocles Machado. Apagaron el alma negra que más brillaba en Buenaventura, el puerto por el que entran y salen el 50% de las importaciones y las exportaciones del país.

Don Temis era un cartógrafo social empírico. Un memorioso. Un padre, hermano y esposo noble que “tuvo la habilidad y la sabiduría de tejer lazos. Sabía qué quería, cómo lo quería y quién le podría ayudar (...) Iba por cada barrio buscando a los líderes para recordarnos que nosotros no podemos interiorizar un discurso de afuera, que no somos una cuna de delincuentes”, recuerda emocionada una lideresa que lo conoció.

Defender los esteros en los que quieren construir plataformas portuarias, denunciar la ocupación ilegal de terrenos, exigir la garantía de servicios básicos y la titulación de tierras para los habitantes de las comunas 5 y 6, denunciar los vicios de corrupción, politizar los vecindarios, entutelar y radicar cuanto derecho de petición fuera necesario, exponer las penurias y las demandas de los bonaverenses en Bogotá, afirmar que “esta tierra es nuestra, totalmente nuestra, y de aquí no nos vamos” le costó la vida a Don Temis.

Buenaventura tiene a Temístocles en la punta de la lengua. A un año del asesinato, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Comité del paro cívico, la asociación Nomadesc y las juntas de acción comunal realizaron del 25 al 27 de enero varias actividades para honrar su memoria. Entre ellas torneos deportivos, presentaciones culturales y un recorrido territorial por lo esteros del puerto que demostró la degradación natural y los impactos socio ambientales causados por las plataformas comerciales.

Se avecina un año clave para Buenaventura. Las elecciones regionales serán la oportunidad de dejar atrás una estela de malas administraciones, y arriesgarse a tomar un camino distinto para materializar todo lo que soñó don Temis. Quienes los asesinaron solo hacían el trabajo por el cual les pagaron. Esas personas sin nombre ni rostro que dieron la orden lamentarán que después del 27 de enero del 2018, el legado de Temístocles Machado vive y arde en los corazones de los bonaverenses.

Sin negros –sin su memoria, sin su cosmovisión–, no habrá paz. Por el puerto entran y salen las esperanzas del país. Buenaventura vibra. Es digna, recursiva y creativa ante la adversidad. Buenaventura reclama la atención que merece. Él ya no está, pero enseñó el camino, por eso Buenaventura grita que “Don Temis sigue vivo, carajo”.

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