Juan Alejandro Echeverri

Juan Alejandro Echeverri

Wednesday, 24 October 2018 00:00

Con-suma responsabilidad

Decidir es también renunciar, elegir solo una posibilidad, descartar formas distintas de hacer las cosas. Muchas veces, aunque el curso del tiempo impida comprobarlo, las decisiones tienen consecuencias significativas por aquello que se descarta más que por aquello que se elige.

Comer —ingerir las calorías necesarias para que funcionen estas cáscaras complejas rellenas de carne— es una necesidad biológica: una obligación. Hace miles de años —cuando no existían los refrigeradores, el hombre no conocía la sal, ni los conservantes— el dueño del granero donde se almacenaban los granos tenía el control sobre aquellos que necesitaban comer esos granos, porque podía decidir el valor de cada grano, podía decidir cuándo comía él y cuándo comían los demás.

Lo que hoy es normal, años atrás no lo era. Históricamente el elemento principal de la dieta humana fueron los cereales. Como estos no aportan la cantidad de proteínas necesarias, los acompañábamos de leguminosas, luego de tubérculos y, si la capacidad adquisitiva lo permitía, acudíamos a los aceites; solo cuando el nivel de vida era lo suficientemente alto se podía acompañar de un trozo de carne. Comer carne fue —y lo sigue siendo— sinónimo de poder. Comían carne no quienes querían sino quienes podían pagar o eran dueños de ella. Comer carne fue una de las primeras fronteras que separó a pobres y ricos.

No solemos darnos cuenta de que lo aparentemente normal, no es tan normal. En apariencia son muchas las posibilidades que tenemos de saciar el hambre: existen 250.000 especies de vegetales de las cuales unas 50.000 son comestibles, pero comemos 250: cereales, raíces, tubérculos, frutas, verduras, hierbas, nueces, especias… El noventa por ciento de nuestras calorías provienen de 15 especies vegetales, dos tercios de ellas producidas por tres plantas: arroz, maíz, y trigo. La mitad de toda la comida que los 7000 millones de humanos comemos cada día es arroz.

El humano fue el primer animal capaz de transformar el alimento. La perfección de la técnica de producción, recolección y preparación, con el paso de los años, encogió nuestro repertorio gastronómico.

Nunca antes fuimos capaces de producir tantos alimentos: —nunca antes fuimos capaces de producir tantos hambrientos: 821 millones— nunca antes fuimos capaces de hacerlo tan mal. Antes comíamos lo que sembrábamos, y vendíamos o intercambiábamos lo que nos sobraba con otros que también sembraban. Ahora compramos lo que comemos a multinacionales que producen alimentos a gran escala, alteran genéticamente los frutos y las semillas, sobreexplotan los suelos y destruyen los ecosistemas, especulan con los alimentos en la bolsa de Nueva York y utilizan agrotóxicos y herbicidas nocivos para la salud.

Es por culpa del uso indiscriminado de agroquímicos que lo que comemos cada vez tiene más toxinas y menos minerales. Anualmente Colombia fabrica 78.469 toneladas de plaguicidas, importa 64.000 y exporta 23.000. De estas, 119.486 toneladas son para consumo interno. Lo que quiere decir que a cada colombiano le corresponderían 2,5 kilos de plaguicidas. Los agroquímicos atracaron en el país en 1962. Actualmente existen 2490 productos con aval para ser utilizados en territorio nacional. Son 376 las empresas nacionales e internacionales que producen este tipo de venenos en Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Palmira. Las ciudades envían el veneno al campo, y los campesinos lo devuelven a la ciudad transformado en alimento. Dice el adagio que uno recibe lo que da.

Según cifras compiladas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), de los 39.709 casos de intoxicación por sustancias químicas registrados en el país en el 2017, 8423 fueron causados por plaguicidas. El informe sobre Antioquia, publicado en 2016 por la misma institución, indica que, de las 2419 intoxicaciones registradas, 501 corresponde a plaguicidas; siendo el químico con mayor número de casos después de los fármacos. En el Norte, Nordeste y Magdalena Medio la mitad de intoxicaciones fueron provocadas por plaguicidas.

Los estudios sobre las consecuencias de los pesticidas en la salud humana escasean en Colombia. Sin embargo, los pocos análisis realizados han demostrado que, por ejemplo, las mujeres expuestas a este tipo de químicos presentan menores índices de colinesterasa —la enzima que permite que una neurona se comunique con otra para que los órganos funcionen e una manera adecuada—. Tambien También se ha comprobado que los problemas respiratorios, la alteración del sistema nervioso, y la degradación de los neurotransmisores que segrega el intestino están íntimamente relacionados con los plaguicidas.

Este no solo es un problema de salud pública, también cultural y económico. La agroindustria promovida por las multinacionales reemplazó las formas ancestrales de cultivar y relacionarse con la tierra. Relegó al campesino al último eslabón de la cadena productiva, le paga poco por su trabajo y lo obliga a pagar grandes cantidades de dinero por los venenos.

El sistema obliga al campesino a resignarse y aceptar sus reglas de juego. Desde que la publicidad empezó a ser utilizada en la industria alimentaria, el primer mordisco lo damos con los ojos. Al mercado —y al consumidor— le interesa la factura —el color, el tamaño—, no los nutrientes del producto. Y la única manera de cumplir con esos estándares publicitarios, según las grandes multinacionales, es utilizando pesticidas y agrotóxicos.

Pasan los años y la agricultura sigue resumiéndose en cinco procesos básicos: seleccionar plantas utilizables, manejar el agua, renovar y enriquecer los suelos, proteger los cultivos de las pestes, usar fuerza de trabajo para recogerlos. Las actuales prácticas agrícolas cada vez utilizan menos plantas, hacen mal uso del agua, alteran los ciclos de la materia orgánica, y envenenan a quien cultiva y a quien consume para evitar las plagas.

“Como se interpreta una crisis determina como se actúa ante ella”, dice Martín Caparrós. El campesino debe replantear sus formas, y el consumidor asumir su responsabilidad en esta cadena de errores. Cuando preferimos ir a un supermercado de cadena en lugar de ir a la plaza de mercado, estamos siendo cómplices del mercado. Algunos comen lo que pueden, el resto cree que puede comer lo que quiere. Muchas veces las decisiones no dependen de nuestra voluntad y nuestro deseo, sino de los factores económicos y culturales que las condicionan. Ante una situación tan penosa, mientras encontramos una idea clara para cambiar eso, la indignación y el arrepentimiento son el primer paso que nos comprometen a inventar algo mejor. Recuperar la propiedad absoluta de nuestras decisiones —de las consecuencias— tal vez sea el norte que tanto hemos buscado: esa es la verdadera emancipación.

No sabemos quiénes son, cuántos, cuáles son sus verdaderos nombres, qué música escuchan, dónde viven, por qué hay tanto odio en su gramática, y por eso nos generan tanto miedo; porque se comportan como la muerte: no sabemos cuándo llegarán, cómo aparecerán, ni en qué lugar.

Se autodenominan águilas –que todo lo ven– negras –el distintivo de su política terrorífica–. Escriben panfletos. Y en uno de sus panfletos, que circuló la semana pasada, prometieron exterminar a los colegas de El Macarenazo, El Turbión, Clarín Colombia, Desde Abajo y Colombia Informa. La sentencia venía firmada por el Bloque Capital, quien justificó que los amenazados son “sapos”, “informantes y voceros de la guerrilla”, “hijueputas traidores de Colombia”, entre otros adjetivos injuriosos escritos con mala ortografía.

No es la primera, ni la última vez que las águilas más negras de Colombia hacen este tipo de advertencias. El nombre de defensores de derechos humanos, líderes comunales y sindicales también ha aparecido en esos dantescos panfletos.

Según un artículo publicado en El Espectador, el vuelo mortuorio de las águilas se remonta a 2006, año en que prometieron desmovilizarse los grupos paramilitares. Desde entonces, 589 personas fueron amenazadas en un total de 282 panfletos, 67 de ellos escritos este año. Cauca con 35, Valle del Cauca con 24, Atlántico con 23, Antioquia con 21 y Cundinamarca con 19, son los departamentos donde más notificaciones fúnebres han circulado. 20 de ellas firmadas por el Bloque Occidental, 10 por el Bloque Norte, y seis por el Comando Central.

En agosto la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó las conclusiones de su investigación sobre las águilas negras. La organización determinó que “no existen como estructura criminal. No hubo ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia (…) Algunos grupos criminales cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean muy violentas, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados (…) Hay sectores en la legalidad, como supuestos empresarios, políticos o particulares, que contratan sicarios para asesinar o amedrantar personas, y se hacen colocar el nombre de Águilas Negras”.

Que sabemos muy poco de ellos –¿ellas? – es la única certeza. Su forma etérea es la prueba de su existencia. La efectividad pedagógica del miedo radica en su misterio.

Los grupos de inteligencia del Gobierno solo ofrecen respuestas a medias, cuya parte más importante es aquella que permanece oculta. En esta negra historia la institucionalidad es arte y parte. En ocasiones se han disfrazado de águilas –o han pagado a las verdaderas– para deshacerse de las piedras que tallan en sus zapatos. Sin embargo, cuantas veces sea necesario, reiteramos que su obligación es hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de aquellos que exigen lo que todos deberíamos: la defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

Es muy diciente la celeridad con la que actuó la Fiscalía cuando periodistas de Caracol y RCN Radio fueron amenazados el pasado mes de julio. Como diciente y sintomático es la falta de solidaridad y colegaje de los líderes de opinión de los grandes medios con los colegas amenazados. ¿Acaso por ser medios con agendas mediáticas alternativas no vale la pena defender su derecho a la libertad de expresión?

El desgobierno y el odio que reina en nuestro país demuestra que Colombia es más territorio que Estado. El Gobierno hace las veces de espectador mientras la sociedad hace justicia con sus propias manos. La clase política socializa su proyecto de país con una pistola en el bolsillo. La violencia se convirtió en nuestro medio y nuestro fin.

Democracia, decía Estanislao Zuleta, es el derecho del individuo a diferir contra la mayoría. La diferencia además de legítima es necesaria. Los derechos humanos no deberían tener dueño, ni color, ni ideología. Por eso, aunque las águilas negras digan lo contrario, ser líder social o periodista independiente no es –ni puede ser– un delito o una razón para justificar la muerte.

 

Wednesday, 05 September 2018 00:00

La retoma de Caño Limón

Esta historia comenzó aproximadamente en los años 80 cuando estas tierras fueron colonizadas y la gente subsistía de la naturaleza y del trabajo de sus manos. En el 90 se vino el boom petrolero para el departamento de Arauca, que jugó con la inocencia y la ignorancia de los campesinos, que pensaron que el petróleo iba a traer prosperidad a nuestros terrenos. Nunca se imaginaron que las empresas transnacionales y el Estado iban a desplazarlos, que los campesinos iban a pasar de ser pobres a ser miserables; porque un campesino sin tierra no es campesino.

El Estado usó la Policía nacional y el Ejército contra los campesinos. Tumbaban las casas, arrancaban los cultivos, los envenenan, llevaban a la gente a la cárcel de la capital, los tenían tres meses y luego los soltaban. En el 91, cuando yo nací, mi padre estaba en la cárcel. Por ese acoso constante la gente decidió salir de los territorios, pero con una promesa del Estado. Hay un acta firmada por el Incora [extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria], la empresa Occidental Petroleum -OXY, y las comunidades, donde el Estado se comprometió a reubicar la gente en un plazo máximo de 30 días. Le pagaron unos dineros irrisorios a la gente, y esos treinta días se volvieron una eternidad. 175 familias se desplazaron de este territorio. En ese tiempo el tema de la planificación no era muy común, entonces las familias eran numerosas.
Un campesino metió una tutela para que restablecieran el derecho a la tierra. Inmediatamente el Consejo de Estado le dio la orden al Incoder [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] que reubique a los campesinos. Los campesinos pensaron que era una victoria, que todos íbamos a tener nuestro pedazo de tierra. Pero el Estado no podía titular un terreno donde existiera petróleo. Y desafortunadamente para nosotros los campesinos araucanos, estamos parados encima del petróleo. Eso se nos convirtió en un martirio y en una burla hacia nosotros. Cuando pasaban los campesinos buscando dónde comprar, decían: “ahí van los compradores de tierra”.

El ocho de octubre del 2013 decidimos recuperar el territorio. Entramos e inmediatamente nos encontramos con la Policía, el Ejército, la Sijín, y la seguridad privada de la empresa. Nosotros empezamos a talar y a sembrar, y la Policía detrás a arrancar y envenenar. Era tal la humillación que nosotros no reconocemos a la Policía y al Ejército como una institución, para nosotros son unos mercenarios. Tenemos un compañero que no hace mucho salió de una cirugía, le estaban sacando una bala del cráneo. Otro compañero tiene como veinte tiros.

Tumbaban los cambuches, botaban la comida, se repetía la historia del 95. Hasta que decidimos que si nos iban a sacar de aquí tendría que ser con los pies de pa' delante. Decidimos usar nuestras armas de trabajo y empuñarlas para defendernos. El campesino dijo: “si usted me pega un tiro, yo le pego un machetazo”. El mensaje no era agresivo, sino decirles que estábamos decididos a morirnos por el territorio.

Nos hicieron miles de propuestas. La compañía nos ofreció otros territorios, pero nosotros queríamos nuestro territorio. Muchos de nosotros nacimos aquí, o al menos aquí nos hicieron los papás. El día que mi padre me trajo acá… uno siente como una energía. Él me decía: “mire papá, aquel era el palo, se acuerda, aquí había un zorrocuco, si usted se ponía a llorar lo callábamos era con eso”; que mire, nos encontramos la piedra donde hace veinte años afilaba la rula. Era ese llamado, ese sentimiento, ese interactuar con la tierra lo que nos aferraba más al territorio.

La OXY demanda 16 campesinos por cuatro delitos: daño ambiental, hurto, daño a la propiedad privada, y amenaza a la fuerza pública; nosotros amedrentando a esos pobres señores que llegan aquí como cuando Rambo va a los otros países: fusil, pistola, un cuchillo, granada, chaleco antibalas, cascos, mira telescópica.

***


La voz es de Nixon Torres, presidente de junta de la retoma de tierras del complejo petrolero Caño Limón; el drama también.
Estamos reunidos en lo que los habitantes de la vereda El Vivero, del municipio de Arauquita, llaman escuela: aproximadamente 40 metros cuadrados de tierra pura y dura, bancas sin espaldar hechas de madera, 12 vigas también de madera y un techo formado con láminas metálicas. El bochorno anestesia el cuerpo. Un perro negro y famélico es asediado por un ejército de moscas que no lo dejan dormir. El alarido de los insectos y el canto de las aves invade la instancia como una marejada.

A metros de nosotros, al lado de una masa de agua marrón sin oxígeno, entre plataneras y árboles nativos, un cambuche que hace las veces de casa y una cocina artesanal. Según Nixon, el charco en mención es uno de los 29 esteros y ríos navegables que componían la Laguna de Lipa, un santuario de fauna y flora destruido por la OXY cuando instaló los más de 200 pozos del complejo petrolero Caño Limón.

De las más de 100.000 hectáreas que componen Caño Limón, Nixon y otras 98 familias han recuperado 4000. Allí siembran plátano, maíz, ahuyama, yuca, cacao, lechuga, maracuyá, papaya, guanábana, y cítricos. Actualmente la comunidad discute la posibilidad de declarar sus tierras como un Territorio Campesino Agroalimentario. Aunque el territorio está en proceso de división, se ha acordado que en el momento de la repartición se les dará la misma cantidad de tierra a todas las familias, sin importar si en el pasado eran dueñas de tres o de 40 hectáreas.

La vocación de Nixon y sus paisanos demuestra que Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Tanto Colombia como Arauca son territorios campesinos, agrícolas y pecuarios. Las comunidades no viven del petróleo, subsisten de lo que produce la tierra y la cría de especies menores. Lo que trajo el petróleo a las zonas donde hay reservas, oleoductos o refinerías, es crisis ambiental, social y humanitaria.

***


Primero en el vocabulario de la gente era la invasión de Caño Limón. De la invasión cambiamos a la retoma. Hoy en día se habla de la vereda El Vivero. Hemos ido progresando en el lenguaje también.
Han utilizado toda clase de estrategias. Fuimos amenazados con el paramilitarismo. En la entrada de la vereda amanecieron un día los árboles pintados con letreros de las AUC. Manipularon a la inspectora de Arauca para hacer un desalojo en un territorio que no le correspondía. También amenazaron a Jesús Hernando Mancera, personero de Arauquita, porque defendió nuestros derechos, le tocó irse del municipio. Han aparecido personas armadas con ganas de joder a los líderes de la retoma. A mi particularmente me ha tocado salir como tres veces.

En la entrada de la vereda nos pusieron una reja con candando. Después nos hicieron una manga con alambre de púa. Ellos nos tapaban un camino y nosotros nos metíamos por otro. Cuando nos ponían la seguridad ahí, nos pasábamos por los esteros, porque nosotros sí conocíamos el territorio, porque era nuestra casa.
En el trayecto entre Caño Verde y La Yuca no se podía bajar ningún pasajero (el campo petrolero está ubicado entre estos dos sectores. En cada punto existía un retén militar que hasta el día de hoy se mantiene). Era un problema para que los carros lo trajeran a uno. Se metía en líos el conductor porque allá tenía que decir cuántos pasajeros iban, y cuando usted pasaba La Yuca revisaban si se había bajado alguien. Cuando ya sabían que estábamos aquí nos hacían quitar las botas. Se llevaban las cédulas y les tomaban fotos. La compañía tenía un bloqueador de señal, la señal de los celulares y de internet se iba. En los desalojos era un problema para que pudieran entrar al territorio las personas que venían a apoyarnos jurídicamente.

Ahorita les tocó aceptar que estamos aquí, que somos una realidad. A veces se ponen cansones pero El Vivero también se ha ganado una fama de que, si me grita lo grito, y si me toca dar puño pues doy puño.

La compañía nos ha llamado para que pactemos unas reglas de convivencia. Nosotros les decimos que no tenemos nada qué pactar con ellos. Que no se metan con nosotros y nosotros no nos metemos con ellos. Nosotros lo que hacemos es labrar la tierra. Quisiéramos que no sacaran el petróleo, pero desafortunadamente ya lo están sacando. En estos días se nos viene una batalla bastante campal con la compañía. La OXY va a construir unas plataformas en unos territorios donde no hay plataformas. Esa va ser nuestra lucha ahorita: no dejar que exploten ese pozo. Yo creo que los jurídicos tienen que irse preparando.

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Esta retoma continuará…

Wednesday, 05 September 2018 00:00

El evangelio según Wacoyo

Entonces, el mundo era otra cosa: no era de nadie porque era de todos. La propiedad privada era un concepto de otro mundo. No existían las cercas ni las fronteras, tampoco los porteros 24 horas. Todo era para todos.

Los Sikuani hoy pernoctaban en Puerto López - Meta, y la próxima semana en la frontera con Venezuela. Eran nómadas, dueños de una casa que no tenía medidas claras. Así era, así se lo contaron los mayores a Sebastián Yepes, capitán de la comunidad Fundobonito del resguardo indígena Wacoyo.

Las cosas han cambiado. Ahora, cuenta Sebastián –54 años, líneas profundas en la frente que parecen surcos, celular en el bolsillo izquierdo de la camisa azul, pantaloneta negra, y croc's rojos–, la casa está parcelada.

Fueron las espadas de acento español las primeras que alteraron las leyes de ese mundo. Luego las biblias y los crucifijos que empuñaban los cristianos. Años después, las guerrillas y con ellos los cultivos de coca. Más tarde la furia paramilitar. Ahora, las multinacionales.

Wacoyo, ubicado a cuarenta minutos de Puerto Gaitán - Meta, es uno de los nueve resguardos que existen en el municipio, asociados en la organización indígena Unuma. Según resoluciones gubernamentales, los indígenas de los pueblos Sikuani, Piapoco y Saliba asentados en Puerto Gaitán, son dueños de más de 50.000 hectáreas. De estas, 8050 pertenecen al resguardo Wacoyo, una cantidad irrisoria comparada con el tamaño de la casa de sus ancestros.

Sebastián tenía 16. Eran 187 familias y tres comunidades donde actualmente hay 1730 personas repartidas en 34 comunidades. Durante un año administró una tienda familiar. Terminó quinto de primaria y su comunidad lo nombró docente bilingüe de los niños menores de diez años. Terminó bachillerato, ejerció la docencia durante 14 años, conoció a su esposa, tuvieron descendencia, y formaron hace un año la comunidad de la que hoy es la máxima autoridad.

Para Sebastián el español es una patria ajena. Un mecanismo de defensa ante la codicia de los empresarios que ofrecían dinero, falsas promesas, y objetos desconocidos para quedarse con el territorio, para hacerlos sentir extranjeros en su propia tierra. Los empresarios empezaron a llegar en bandada hace 15 años, y se convirtieron en vecinos incómodos.

–Ahora las multinacionales nos obligan a pedir permiso para movernos por el resguardo.

Cuando Sebastián dice multinacionales, se refiere a empresas como Ecopetrol y Fazenda. La primera realiza exploraciones petroleras en el territorio, y la segunda tiene 22.000 hectáreas sembradas con maíz y soya para alimentar los más de 70.000 cerdos de su megacriadero.

El auge de la agroindustria agudizó un problema histórico en los Llanos, y especialmente en el Meta: la concentración de la tierra. Gente de la región cuenta que Víctor Carranza, esmeraldero y patrocinador de grupos paramilitares, hizo una celebración monumental cuando se supo dueño de un millón de hectáreas entre los departamentos de Meta y Vichada.

Los pastizales infinitos del paisaje llanero, vacíos y estáticos, cada tanto se convierten en miles de hectáreas de caña –que la empresa Bioenergy utiliza para producir etanol y biocombustible–, de maíz, arroz, caucho, palma de aceite y árboles maderables.

–Estamos cultivando 1.000 hectáreas de maíz (…) Hemos logrado algunos ingresos económicos para seguir mejorando el bienestar nuestro –dice Sebastián sentado en una silla plástica, con un cigarrillo en la mano, escoltado por un cielo estrellado. De fondo, el gemido monocorde de la planta eléctrica.

Después de tortuosas negociaciones, los Sikuani le arrendaron algunas tierras a Fazenda con el compromiso de que el 78% de las ganancias sean para ellos, y las personas de la zona representen el 70% de la mano de obra no calificada. Con ese dinero, asegura Sebastián, han puesto en marcha proyectos y convenios educativos, sanitarios, y alimentarios. Sin embargo, la empresa es sinónimo de problemas:

–A través de esos marranos han llegado las afectaciones ambientales como la mosca y el olor. Aquí vivimos con epidemias, se nos han muerto niños, mayores de la tercera edad (…) El río Muco lo taponó el estiércol de los cerdos. Era un río donde nosotros salíamos a pescar. Hoy en día no se puede. Los chigüiros, los cachicamos, los animales se fueron…

***


Las cinco y media marca el reloj. El cielo opaco parece disolverse. Perros y patos vagan por la tierra ácida y húmeda como si todo aquello que pisan fuera suyo. Sopla, el frío es liviano, apenas perceptible. Alrededor, diez chozas hechas con madera y láminas de metal, todas con la misma forma, todas con los mismos metros de largo y de ancho. La niebla fugaz convierte los pastizales infinitos, y todo el horizonte, en siluetas.

Horas más tarde, Edwin Sarmiento me dirá que: “Culturalmente ha sido una etnia muy guerrera que ha defendido principalmente su tradición oral y esto les ha permitido pervivir. A pesar de la presencia de empresas petroleras, de la agroindustria, se han mantenido y siguen practicando sus rituales. Uno de ellos es el rezo del pescado, se les hace a las muchachas apenas les baja su primera menstruación, en su creencia esto permite la reproducción y el mantenimiento de la comunidad. Pero esta cultura se ha visto afectada principalmente por el narcotráfico. Es muy difícil combatir el dinero, la mafia… digamos que se han venido acercando más hacia el consumo. Cuando no había petroleras, cuando no había coca, los líderes, capitanes, y autoridades, caminaban diez, ocho horas, dos, tres días para ir a una reunión. En estos momentos si no tienen una moto, si no les colocan una camioneta, si no les dan viáticos hay dificultades y nace el rechazo. Otra cuestión que ha debilitado la cultura es la perdida de…”.

Edwin interrumpe el relato. En ese instante se acerca Onorio Ruiz, el médico ancestral de la comunidad que tiene 120 años y una corona hecha con plumas de guacamaya. Onorio pregunta dónde está el baño.

–Allá donde está la lona, al fondo, al lado de la mata de plátano–, le responde Edwin.
Onorio Ruiz mira hacia la parte señalada, duda, y vuelve a preguntar, en un español apenas audible y entendible, dónde está el baño.
–Allá en esa lona verde hay un hueco. Hace popó y tapa, como los gatos.

Edwin –un joven fumador que debe pesar más de 120 kilos– es el representante legal de la Corporación Choapo, organización que desde el 2009 estrechó lazos con los Sikuani, Piapoco y Saliba de Puerto Gaitán para realizarle un “juicio ético” a las empresas petroleras. El hecho de que los pueblos indígenas sean dueños de grandes extensiones, convivan con empresas que generan sumas millonarias explotando las tierras, y sus condiciones de vida no sean dignas, es una contradicción que aviva la llama filantrópica de Choapo.

–Otro tema muy complejo es la religión. La religión, sobre todo la evangélica, ha cautivado mucho con el mensaje de que se les va a acabar el mundo y que tienen que irse para el reino de Dios. Los líderes que se vuelven religiosos no van a las reuniones porque es del mundo, así lo dicen.

La misión evangelizadora inició hace diez años y desde entonces nada volvió a ser igual. Cuenta Edwin que prácticas nunca antes vistas, como la imposición del diezmo y el bautizo, ahora son comunes. No me queda claro si se justifica destruir una cultura para salvar una vida, lo cierto es que la religión entorpece los procesos de soberanía y permanencia promovidos por Edwin y Choapo.

–¿Cuando dicen que eso es del mundo, a qué se refieren? – Edwin balbucea, luego se ríe.
–Cuando dicen que es del mundo es porque produce pecado y los puede condenar. Una reunión para discutir que se mantenga la cultura de los payés [médicos ancestrales], ellos la relacionan con brujería.
–¿Con qué interés entra la religión a los territorios?
–Con el interés de… pongamos el ejemplo del resguardo El Tigre que queda a seis horas o siete horas de Puerto Gaitán. Muy difícilmente una persona va a venir desde allá a un culto, entonces hacen brigadas de evangelización, van cautivando los líderes y establecen iglesias dentro de los territorios. El líder se va convirtiendo en el pastor. Líderes que proponían ir a la minga a pelear por sus derechos, ahora dicen “Dios lo quiso así”.

Los indígenas encabezan el ranking de poblaciones sobre diagnosticadas. Las oenegés nacionales e internacionales, las instituciones gubernamentales, y la sociedad en general que mira al indígena con lástima y morbo, inocularon entre los pueblos originarios el asistencialismo. Siempre fue más popular ante los ojos de Dios un “pobre” sumiso dependiente de la limosna, de las migajas del que tiene de sobra, que un pobre que se pregunta por las causas de su pobreza y se revela contra ellas.

El mensaje de Edwin y Choapo –autonomía, vida digna, movilización– es impopular. Romántico, anacrónico si se quiere. Para el indígena, con justa razón, el blanco es y será un agente invasor que ante todo genera desconfianza. Resulta llamativo que, sin ofrecer cosas materiales o dinero, Edwin pueda neutralizar las profundas diferencias y parecer un indígena más, al punto de pedir agua, saludar, y despedirse en lengua Sikuani, ser convidado a sorber yopo o mascar una planta sagrada como el capi, o ser recibido con la cabeza de un araguato –un mico– en cada comunidad que visita. Edwin no es un blanco cualquiera. Esa camaradería no es fruto de la típica superioridad académica y moral que destila el occidental, sino del respeto y la admiración por una cultura que nos puede demostrar que todo este tiempo estuvimos equivocados.

–Una cuestión que me ha llamado mucho la atención es lo espiritual, sus rituales, sus rezos, sus armonizaciones; cosas que uno dentro de toda esa teoría del materialismo desconoce. Es muy sorprendente mirar que está a punto de llover y el payé reza y se va el agua, o necesita que llueva y hace llover.

Aún quedan humanos así, de esos que lo dan todo por nada. Que lo dan todo por otros sin esperar nada a cambio. Edwin no suele preguntarse por qué hace lo que hace. Proyectos de vida como estos –pienso mientras lo escucho– pierden el encanto cuando uno trata de explicarlos, porque –como decía Piglia cuando le preguntaban cómo se convierte alguien en escritor– “no es una vocación, no es una decisión tampoco, se parecen más bien a una manía, un hábito, una adicción, si uno deja de hacerlo se siente peor, pero tener que hacerlo es ridículo, y al final se convierte en un modo de vivir (como cualquier otro)”.

Dirá luego que su única retribución es sentir que la comunidad también es su casa: venir a chinchorrear, que lo inviten a pescar, compartir, hablar, estar en el territorio, ver los amaneceres y los atardeceres salvajemente coloridos, aprender qué dicen las estrellas… Dirá, luego, que con eso es suficiente.

–¿Han cambiado ideológicamente desde que trabajas con ellos?
–Decir que han cambiado ideológicamente su forma de pensar y concebir la realidad es muy difícil asegurarlo. Sí se ha sembrado una semilla, y la semilla es venga no pidamos tanto, no mendiguemos, no esperemos que la petrolera nos dé, no esperemos que Fazenda nos dé, sino que es al calor de la lucha, al calor de la movilización, al calor de la organización que se logra. Ellos llevan 39 años organizados. Y se han dado cuenta que la petrolera fue un engaño (…) Que hoy se atrevan a denunciar y decir el nombre de Pacific Rubiales, de Ecopetrol, de Frontera Energy, es un adelanto, es una ganancia. Porque antes era la empresa que les daba, hoy es la empresa la que les está quitando el territorio.
–¿Son muy tensas las reuniones con la empresa?
–A la empresa no le gusta reunirse dentro del territorio. Siempre es lejitos, por allá en una vereda porque temen que les hagan algo, que los secuestren. Pero son tensas. Y como el indígena no maneja ni leyes ni normas, entonces fácilmente se burlan y dicen “no, es que la ley no lo permite”. Además, les ponen camionetas, bufets, platos deliciosos, y los hacen firmar cosas mientras están comiendo. Son todas las artimañas de estos empresarios para no brindarles garantías de vida digna a los indígenas, y sacar el mayor usufructo del territorio.
Los violentos terminan siendo otros.

***


Participó en la fundación de la asociación indígena Unuma. Fue Presidente del Concejo municipal de Puerto Gaitán. Fundó una IPS. Su papá era oficial del Ejército venezolano. Ahora representa los nueve resguardos, es líder, es cacique; y dice que vive aquí “hace 398 años”.

Cada sílaba que pronuncia Mauricio Rosales está llena de pasión. Habla con fervor. Habla como hablan los que están convencidos de ser dueños de la verdad, y la repiten cada que pueden. Habla español, y cuando habla –como todos los Sikuani aquí citados– pone conjunciones, a veces preposiciones, en el lugar equivocado. Habla de cosas que para él son sencillas, pero muchos no entienden. Habla como si pensara todo el día en lo que va decir. Habla.

Mauricio cree tener una idea, una luz, una forma distinta de hacer las cosas, un destino. La esperanza de que el mundo sea otra cosa: menos irritante, menos vulgar. La certeza de que la ausencia permite el deterioro de la tradición.
–El mundo occidental al indígena no nos va matar con plomo, ni a cuchillo, ni a espada, es con elementos, con inteligencia que nos va acabar. Sobre eso es que tenemos que despertarnos, es ahí donde está la necesidad de elaborar el plan de vida.

El plan de vida que predica Mauricio prioriza cuatro ejes: unidad, tierra, cultura y autonomía. Da cuenta de las principales necesidades indígenas, y está compuesto de tres momentos: el pasado: analizar qué elementos culturales se han perdido; el presente: determinar qué prácticas siguen vivas y cuáles corren el riesgo de perderse; el futuro: trazar una meta y multiplicar aquello que vale la pena ser rescatado.

–De lo que vale la pena rescatar, ¿qué sería prioritario?
–La parte intelectual es lo primordial. O sea, la formación, la educación, la lengua, el pensamiento: transcripción de pensamiento en la escritura. Es primera necesidad para que no se pierda la etnia, el pensamiento indígena. En segundo lugar, están los elementos materiales. La yuca amarga, por ejemplo; alimento propio de la tradición indígena porque tiene una historia, tiene un origen. Es el elemento primordial de alimento para el pueblo para que no haya etnocidio.

Mauricio afirma, convencido de sí, que los planes de vida elaborados por las alcaldías y gobernaciones son colecciones de información que carecen de tres ingredientes: las concepciones socioeconómicas, socioculturales, y sociopolíticas. Ingredientes que solo pueden aportar las comunidades. Si el plan de vida no incluye las normas, los usos y costumbres de los indígenas, no sirve, no funciona.

–Nuestras normas son consuetudinarias, cosmovisionales, tradicionales, ágrafas, colectivas y espirituales. Viene una avalancha más grande, más rara, que es la evangelización. La secta religiosa acaba con la parte espiritual, acaba con la etnia, diciendo “no ame a esta tierra porque es del diablo, ame a dios que es del cielo”, pero cuándo él va a llegar al cielo, me pregunto yo, o quién vino del cielo para contar la historia. No hay, simplemente es un engaño para ellos apropiarse de su territorio. También es una manera de tomar el poder, porque el indígena aplica justicia no como toma de poder, sino como decisión para acabar con el mal. Ustedes los blancos utilizan leyes artificiales, nosotros utilizamos leyes naturales. Los usos y las costumbres son una manera de gobernarse. El gobierno propio ya no existe. Hay es propio gobierno que es distinto. Lo único que existe en el Unuma, aquí en lo Sikuani, es la justicia propia.

Está en un hilito, llega a reventarse ese hilito… adiós pueblo indígena, se acabó. La justicia la manejan los médicos tradicionales. Voy a poner un ejemplo contundente y claro. A usted le hicieron un mal, lo mataron por x o y razón. Materialmente o espiritualmente lo matan. Usted dice: “médico mataron a mi pariente, vengo a que usted le devuelva el mal”. Él dice: “bueno, si usted dice eso voy hacerle, yo no soy el que voy a matar, espiritualmente el que la hace la paga”. Esa persona que mató a la otra persona, vaya donde vaya, se muere. Esa es la justicia que aplica.

–El que la hace la paga.
–En tierra, vaya donde vaya, en el país que quiera allá le llega. Esa es la justicia que maneja el indígena. Eso es lo que quiere el evangélico, acabar con eso, ese es el reto del evangelismo: la espiritualidad. Porque si el hombre indígena no tiene la espiritualidad se acabó como indio, no tiene defensa.

Se acabó el gobierno propio. Y el evangelio según Wacoyo dicta que el responsable debe pagar las consecuencias. De esa condena no lo salva ni el más poderoso de los todopoderosos –aunque su Dios diga lo contrario.

Wednesday, 08 August 2018 00:00

La unidad es el mandato

Los Congresos mandatan. Moldean, reforman y avalan normas que ordena la sociedad: los Congresos determinan el por-venir de millones. El Parlamento colombiano ha estado compuesto por amigos de paramilitares, hijos y sobrinos de políticos, de ricos, de terratenientes, de empresarios, de almas déspotas, ambiciosas, individualistas, cínicas y clasistas. La mayoría de Parlamentarios colombianos han mandatado para una minoría rica, déspota, ambiciosa, individualista, cínica y clasista, idéntica a ellos.

La minoría enquistada en el poder deambula por los salones del Estado y saquea los territorios, con el consentimiento de ese Congreso que mandata en contra de los intereses y las exigencias de esa mayoría oprimida.

Pero los pueblos son soberanos, son el verdadero gobierno. Hace ocho años el Congreso de los Pueblos se consolidó como un entramado de sectores, fuerzas políticas, movimientos sociales, y procesos organizativos diversos y singulares que no se sienten representados por la clase política tradicional. Mandatar y construir una propuesta de país que privilegie la vida digna antes que la acumulación y la explotación, es y sigue siendo la razón fundamental que moviliza al Congreso de los Pueblos.

Los tiempos han sido adversos, y lo seguirán siendo estos próximos cuatro años. La crisis ambiental, alimentaria, energética y territorial que atraviesa el mundo desató una lucha de rapiña entre capitalistas –Estados Unidos, Rusia, China, entre otros países árabes y europeos– que se disputan los alimentos, el agua, la energía, el territorio, la fuerza de trabajo, el capital y la ganancia. La solución de una crisis –¿inevitablemente? – genera otras crisis; unos casi siempre ganan, otros casi siempre pierden: así es la matemática infalible del capitalismo.
El capitalismo es la empresa transnacional con más sedes en el mundo, Colombia es una de ellas. La llegada de Ivan Duque al poder –del uribismo, del capitalismo más ortodoxo– perpetúa un modelo que amplía la brecha entre ricos muy ricos y pobres muy pobres, que se apropia de los territorios y los sobreexplota, que ejerce violencia política a través de la judicialización, los asesinatos y las amenazas, que financia y aplaude grupos armados paraestatales, que instrumentaliza el rol de la mujer en la política, que asocia el disenso y la desobediencia con el delito. La reforma pensional, laboral y tributaria, más la privatización de la industria petrolera, la continuación del extractivismo, las zancadillas al acuerdo de paz y la regulación del derecho a la protesta social que pretende implementar el próximo gobierno, lo confirma.

Cada día trae su afán y cada gobierno sus intereses. El modelo opresor no se derrota con fórmulas mágicas ni con saludos a la bandera. El momento histórico nos exige volvernos a encontrar, con nuestras diferencias y nuestros anhelos comunes, para deliberar y construir una propuesta de país.

Hemos demostrado que no somos salvajes. Podemos autogobernarnos. Las guardias indígenas, afros y campesinas, los territorios campesinos agroalimentarios, las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas, los territorios colectivos afros, entre otras figuras, son experiencias exitosas que nos han permitido avanzar en la construcción de poder popular, autoprotegernos, ejercer soberanía, cuidar los bienes de uso colectivo, establecer normas de convivencia, ordenar colectivamente el territorio y la economía. Construyamos sobre lo construido. Hemos sentado precedente con las mingas, los paros y las movilizaciones. En las calles reclamamos lo que nos niega el Estado burgués, y nos han tenido que escuchar. Aunque no quieran, nos han tenido que escuchar.

Sabemos que necesitamos precisar agendas, saldar debates y diferencias. Expandir la fuerza social y política. Convertir la expectativa en proyecto, en propuesta y en ejercicio de poder. Atrevernos a teorizar, aprovechar el saber y la filosofía populares para combatir la deslegitimación del pensamiento. Empoderar a nuestras mujeres y nuestros jóvenes, reconocer su necesidad y su importancia en esta lucha. Defender la paz, no como mercancía política sino como un derecho fundamental y emancipador de la sociedad. Establecer un diálogo, una comunión, entre el campo y la ciudad, entre el obrero y el campesino. Incidir en la opinión pública, pujar en la lucha de sentidos y defender el derecho a comunicar e informarse. Superar la brecha entre la democracia formal y la democracia real. Movilizar las bases y las voluntades desde las causas, no desde los nombres ni los colores. Y aunque la muerte y el terror acechen en cada esquina, es hora de recurrir a la valentía, a las convicciones, que al fin y al cabo también son esperanzas.

Es momento de la madurez. Mientras la derecha se une en torno a lo fundamental –la riqueza, el cristo, la mentira, la muerte, y el poder–, la izquierda pelea entre ella. La Asamblea Legislativa de los Pueblos es la oportunidad para reivindicar lo que nos une –la soberanía, la equidad, la justicia, la dignidad, la diversidad, la vida– y discutir aquello que nos divide. Estamos gobernados por el “futuro más antiguo: el que no cambia”. Un escritor argentino contemporáneo dijo que “lo difícil no es conseguir algo que parece imposible; lo difícil es definir ese algo”. Nosotros mandatamos porque tenemos nociones de ese algo. Somos muchos, más de los que creemos, pero solo seremos juntos.

Wednesday, 08 August 2018 00:00

Contra la coca, contra la gente

“La guerra contra las drogas es también una guerra contra la gente”. Con esta sentencia, el representante de Estados Unidos cerraba su intervención en la asamblea general extraordinaria que convocó Naciones Unidas para abordar el problema mundial de las drogas en el 2016.

Cada que la ONU publica su informe anual sobre el tema, se escucha decir en Colombia y en el mundo que la lucha contras las drogas “la estamos perdiendo”; los expertos saben, aunque no lo digan, que si no se modifica la actual política antidrogas la guerra estará perdida, y solo se podrá escalar el problema a proporciones manejables –aunque no haya consenso sobre dónde empieza y dónde termina el termino manejable–.

Históricamente Colombia ha combatido las drogas, en especial la siembra y producción de coca, con un enfoque prohibicionista y punitivo. Las cifras de kilos incautados, la cantidad de áreas cultivadas y el número de personas judicializadas permiten determinar avances o retrocesos y justificar dicho enfoque, pero impiden abordarlo de forma integral y atacarlo con medidas a largo plazo que erradiquen el problema de raíz.

Los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno nacional y la desmovilizada guerrilla de las FARC planteaban la posibilidad de resolver conflictos históricos con la ayuda de las comunidades, sin necesidad de recurrir a medidas represivas ni militares. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), consignado en el punto cuatro de los acuerdos, pretendía ofrecer alternativas productivas para que de manera voluntaria los campesinos reemplazaran la coca por otra actividad agrícola que les permitiera tener condiciones de vida digna y los integrara a la economía formal del país.

Pero una firma resuelve poco y nada. Por culpa de las trabas burocráticas y la incapacidad del gobierno Santos para poner en marcha lo pactado, los cultivos de coca se multiplicaron y la aspersión aérea de glifosato se consolidó como medida coyuntural ante la presión del norte. Según cifras del gobierno estadounidense, las hectáreas de coca pasaron de 188.000 en 2016 a 209.000 en 2017, un incremento del 11%. Análisis de la fundación Paz y Reconciliación determinaron que 10 municipios concentran el 50% de la coca sembrada en el país. En el listado de territorios con mayor cantidad de hectáreas aparecen ranqueados Tumaco, en Nariño, Tibú, en Norte de Santander, El Tambo, en Cauca, Valle del Guamuez, en Putuyamo, entre otros municipios de estos cuatro departamentos que tienen altos índices de violencia, desempleo y necesidades básicas insatisfechas.

En octubre del 2015, sin haberse firmado el acuerdo de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la aspersión del glifosato acatando el fallo de la Corte Constitucional que prohibió la erradicación de cultivos ilícitos con este método, tras estudiar una tutela de la comunidad indígena de Carijona, del resguardo de Puerto Nare en Guaviare, que alegaba estar siendo afectada por el uso del herbicida, que según estudios de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer tiene efectos cancerígenos en el cuerpo humano.

El rechazo a las soluciones caídas del cielo no es nuevo. En 1978 el extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) alertó al gobierno de turno por las consecuencias negativas para la salud humana y los recursos naturales que provocaría fumigar 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, tal como lo proponía Estados Unidos. La presión estadounidense aumentó con los años influenciando negativamente nuestra política anti-drogas. Entre 1984 y 1987 más de 30.000 hectáreas de marihuana fueron fumigadas con glifosato.

El cultivo neto de marihuana aumentó más de 150% entre 1985 y 1987. Desde el gobierno de Ernesto Samper, cuyo mandato terminó en 1998, se han fumigado cerca de dos millones de hectáreas en el país. Entre 2003 y 2007 las hectáreas de coca se mantuvieron entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Los años posteriores, sobre el Putumayo las lluvias de glifosato fueron las mismas durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En 2014, disminuyó un 30% la aspersión en Meta y Guaviare, y las hectáreas sembradas disminuyeron un 3%.

Aunque las cifras demuestran que además de cancerígeno, el glifosato es costoso y poco efectivo, el 26 de junio del presente año el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprobó el uso de drones de baja altura para que las Fuerzas Militares y la Policía fumigaran con este químico los cultivos ilícitos. Cabe señalar que en septiembre del año pasado Trump amenazó con descertificar al país debido al aumento de hectáreas cultivadas. Santos justificó la medida del CNE afirmando que: “Son avioncitos no tripulados y por su altura se asimilan a una aspersión terrestre”.

Los cultivos ilícitos engrosan la larga lista de fracasos y promesas incumplidas del gobierno Santos: hoy el país tiene 140.000 hectáreas de coca más que las que tenía en 2010 cuando se posesionó el Presidente saliente. En estos ocho año,s Santos le allanó el camino al uribismo. Durante la campaña presidencial el Centro Democrático, Álvaro Uribe y su alfil Iván Duque prometieron enfrentar con todo el rigor necesario los cultivos de coca, considerando las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada como las soluciones más viables al problema, pues la estrategia de erradicación voluntaria la consideran una concesión a las FARC.

Las comunidades del Catatumbo, de Antioquia y del Cauca han manifestado públicamente su voluntad de erradicar de manera voluntaria los cultivos de coca. El pasado cinco de julio, Eduardo Díaz, director del PNIS, aseguró que hasta la fecha 124.745 familias se habían acogido al programa. Sin embargo, a principios de marzo, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) manifestó que la judicialización y los incumplimientos del gobierno los obligaba a reconsiderar su participación y su confianza en el PNIS. Además, entre el primero de junio del 2017 y el 26 de junio de 2018, asesinaron 36 cultivadores y líderes que apoyaban iniciativas de sustitución voluntaria, 12 de ellos en el Cauca, 11 en Nariño, y seis en Antioquia.

La coca nunca ha sido un proyecto de vida para el campesinado colombiano; sí un método de supervivencia. Allí donde el Estado solo hace presencia con fusiles y metralletas, donde sembrar café o plátano genera más perdidas que ganancias, donde el puesto de salud y la comercializadora más próxima está a tres horas de camino, las comunidades no tienen otra alternativa que insertarse en la cadena productiva del narcotráfico.

En zonas remotas del Catatumbo y el Putumayo siguen esperando el alumbrado público, la maquinaria, y las vías terciarias que les prometieron hace veinte años para conformar un mercado local que sea productivo y legal. Los campesinos siembran la coca, raspan la hoja, la mezclan con cal, cemento, y gasolina, la cristalizan, la filtran con ácido sulfúrico y amoniaco, la secan hasta que quede la pasta, la escurren, la presan, la secan, y la empacan al vacío. Son ellos los que hacen el trabajo sucio, los que son fumigados con veneno, los que son estigmatizados, perseguidos y judicializados. Son ellos los que reciben la porción más pequeña del negocio.

Hace veinte años el periodismo le demostró a la sociedad colombiana que el narcotráfico —el cartel de Cali— financió la campaña presidencial de Ernesto Samper. Mientas Samper presidía la secretaría general de UNASUR, viajaba muy majo por todo el continente y daba clases de moral en Universidades, los cocaleros de la periferia temían ser envenenados, arrestados o asesinados: la guerra contra la coca es, sobre todo, una guerra contra la gente.

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 136 MARZO 2018)

Eras un hombre pero tenías la determinación de una catástrofe. Nervios y voluntad de acero. Te llamabas Temístocles, pero tu hermana Eloísa te bautizó ‘Temis’ porque a sus compañeras de colegio les parecía muy largo tu nombre, y los bonaverenses tienen la costumbre de acortarlos para hablar más rápido. En el Barrio Oriente, donde fuiste presidente de la Junta de Acción Comunal, creían que eras un desocupado por ir de casa en casa preguntando si las tarifas del agua y la luz habían subido, por recoger los recibos y traerlos de nuevo con las tarifas normalizadas, “ya viene don ‘Temis’ a cansar, dele lo que sea”, decían. Gracias a Maricel Murgueitio te graduaste como Administrador de Empresas, tú estudiabas y trabajabas en Acuavalle al mismo tiempo, ella te hacía las tareas.

Era normal que a las cinco de la tarde aún no hubieras almorzado. Entrabas a las oficinas de la Alcaldía sin necesidad de pedir cita. Lograste intervenir en un consejo comunitario organizado por el ex presidente Álvaro Uribe, cosa que –dicen– era tan difícil de hacer. Tenías un archivo de más de 90.000 folios que contenía leyes, fallos, derechos de petición, y otros documentos que fuiste reuniendo en casi 30 años de lucha. Te lanzaste varias veces al Concejo Distrital, pero las comunidades por las que tanto luchaste no te respaldaron. Trataron de amedrentarte echándole pintura roja a las pancartas de tu candidatura. Estabas convencido de que sin territorio no había vida y que no valía la pena tener vida sin territorio, eso te trajo problemas.

A Luis Bravo y a ti los amenazaron más de seis veces. “Ese man como que tiene algún santo que lo cuida, yo he venido dos veces a matarlo y no lo he encontrado”, respondían los malos cuando iban a tu casa y tu mujer les decía que no estabas. Te ofrecieron un esquema de seguridad pero pediste protección colectiva, “yo necesito que toda la comunidad sea cuidada”, decías. INVÍAS te llevó a hoteles cinco estrellas en Cali y te ofreció cinco mil millones para que “dejaras de joder”. También te ofrecieron puestos en la Alcaldía. Nunca aceptaste. Para muchos –tal vez para ti también– era muy extraño que no te hubieran asesinado antes. Ese sábado 27 de enero, cuando Dionicia Rocendo le dio a su nieta la noticia del asesinato, la niña de seis años respondió: “Ay abuela, ¿por qué mataron a ese señor tan bueno?”.

–Yo creo que a ‘Temis’ no lo vamos a dejar de llorar. A una persona como ‘Temis’ no la deberían de asesinar porque era una persona útil para la sociedad que defendía los derechos de las comunidades. Los barrios por los que él transitaba, y Buenaventura, hoy están como un barco sin timón porque al capitán le quitaron la vida–, asegura Dionicia, líder de la Comuna 2.

***

Temístocles Machado nació en Bagadó, Chocó, el 12 de diciembre de 1958.  Fue –algunos dicen que todavía es– uno de los nueve hijos de Juan Evangelista Machado y Raquel Rentería. Estando Temístocles muy chico, su papá vendió sus pertenencias y se trasladó con su familia a Buenaventura, Valle del Cauca.  Los Machado se instalaron en la Comuna 6, que para ese entonces era una zona selvática donde Juan Evangelista les enseñó a sus hijos a cultivar guama, yuca, sandía, coco, cacao y otros productos.

Además de padre, Temístocles también fue madre, pues según cuenta Rodrigo Machado, uno de sus hijos, su mamá abandonó el hogar cuando él y su hermano estaban muy pequeños.

—Él nos cambiaba y nos peinaba para ir a la guardería. No le gustaba que andáramos descalzos ni con los pies sucios–, recuerda Rodrigo.

 

***

Nadie sabe cómo nace una vocación, al parecer don ‘Temis’ heredó el liderazgo de su padre, quien fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Isla de La Paz.

Como líder de la Comuna 6 Temístocles logró que los barrios Isla de la Paz, Oriente y La Cima tuvieran acceso al agua y al alumbrado público. Se reunió con los victimarios que asesinaban a los jóvenes de la comuna. Y también gestionó casetas comunales, vías de acceso, y lugares de esparcimiento.

—Gracias a nuestras travesuras [con ‘Temis’], hoy contamos con 3 o 4 horas de agua—, dice Dionicia Rocendo.

—¿Diarias?

—No, cada tres días. Aquí usted abre la llave y se asusta, es más probable que le salga una culebra que una gota de agua.

De aquellos cultivos y matorrales donde trabajaba el papá de Temístocles nada más queda el recuerdo. Hoy en la Comuna 6 truenan las carrocerías y roncan los motores de las tractomulas que transitan día y noche por la zona.

A finales de los 90’s, cuando el INVÍAS propuso construir una arteria vial que atravesaría la Comuna 6 por la mitad, los tres barrios por los que luchaba don ‘Temis’ se convirtieron en territorios estratégicos para dinamizar y expandir la actividad portuaria de la ciudad. Desde entonces –y hasta el día de hoy– los habitantes de Isla de la Paz, Oriente y La Cima han sido hostigados por personas ajenas a la comunidad que alegan ser herederas de los predios donde están construidos los barrios.

Temístocles, indómito y valiente como su padre, asumió la defensa del territorio. De forma empírica se volvió un experto en jurisprudencia. Logró demostrar que el título de propiedad que poseía uno de los reclamantes había sido expedido por el INCODER cuando este organismo aún no existía. Y demostró que la cédula de la abuela –que supuestamente le había sucedido los predios al despojador– era falsa.

—‘Temis’ le podía hablar a usted dos días de leyes y normas –asevera Dionicia.

Para cada alegato Temístocles tenía un documento que lo respaldaba. Durante 18 años viajó un sinfín de veces a Bogotá para exigir la titulación de los predios que les pertenecían y demostrarles a los diferentes organismos estatales que su comunidad estaba enfrentando un intento de despojo.

—Él siempre andaba con tres maletines. Sabía exactamente en qué sitio y en qué maletín estaba la prueba. Y se sabía de memoria el texto. Tenía una memoria fotográfica (…) Hablaba mucho. Era un hombre que necesitaba ser escuchado —dice Daneyi Estupiñán, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), movimiento político que acompañó de cerca la lucha de don ‘Temis’.

***

“Irme sería como olvidarme de mí mismo, de mi historia. Las necesidades las he padecido desde niño, no se lo niego. Así también le tocó a mi papá y él nunca se fue, siempre estuvo en el territorio, no le dio miedo. Si yo me llego a ir, los jóvenes que me escuchan dirán que me ganó el miedo a las amenazas, a los grupos armados. Nunca lo haría”, le dijo don ‘Temis’ a un reportero de Pacifista el diciembre pasado.

***

Más de 400.000 personas viven en Buenaventura. Esta ciudad –de caos meticuloso, en cuyo firmamento sobresalen grúas gigantes como si fuese atacada por un pulpo de acero, construida con mucho ímpetu y poca planeación, rodeada de mar y esteros, y donde al parecer hay más comercio que capacidad adquisitiva– es un triunfo del hombre sobre la naturaleza.

La mayor parte de lo que hoy es Buenaventura hace siglos fue mar. Con basura, tierra, barro, y piedras los colonos fueron ganándole terreno hasta convertir una selva llena de zancudos en un hervidero humano.

—Eso lo hicimos lo más de fácil. Nosotros le dábamos el voto al político de turno, y él nos daba la basura (…) En el trabajo de relleno nosotros peleábamos, nos enamorábamos…  la mamá le decía a uno: “hoy viene fulanito, póngalo a tirar pala a ver si sirve”. ¿Y el muchacho por visitar la muchacha qué no hacía? –, comenta Dionicia Rocendo entre risas.

Buenaventura también ha sido teatro del crimen y el horror. Según el Centro de Memoria Histórica “entre 1990 y 2012 se cometieron 4.799 homicidios, y entre 1990 y 2014 un total de 152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado”.

—Creemos [como PCN] que nosotros no somos víctimas del conflicto armado, sino que somos víctimas del desarrollo; porque el conflicto armado no es un fin, sino un medio para consolidar la plataforma económica del enclave portuario—, argumenta Daneyi.

Este recodo del pacífico está incluido en 17 Tratados de Libre Comercio. Y cuenta con cuatro plataformas portuarias a las cuales el Gobierno nacional pretende añadirle 14 más. A pesar de los miles de millones que circulan a diario por el puerto de Buenaventura –tal como lo explica Víctor Vidal, integrante del Comité del Paro Cívico y del PCN–, este frenesí económico ha consolidado la desigualdad y la pobreza:

—Nosotros vivimos en conexión con el mundo. Por su ubicación estratégica, en Buenaventura hay dinámicas formales y hay dinámicas informales que mueven gente, mueven droga, mueven armas, etc. Somos conscientes que eso es un potencial y a la vez un riesgo; todo el mundo quiere controlar lo que genera riqueza, y Buenaventura genera mucha riqueza. El tema de Buenaventura no es una cosa de riñas callejeras, ni de pandillas. Aquí hay un control armado que intenta controlar el territorio y la comunidad para controlar negocios. Nosotros insistimos que el problema no es de los grupos armados, el problema es del modelo económico que ve a Buenaventura, simplemente, como un potencial económico.

—¿Proponen algún modelo para evitar esa maldición armada? – le pregunto.

—En un puerto como el de Buenaventura por donde solo pasa la carga –aquí no hay fábricas, aquí no hay nada– es totalmente inequitativa la relación producción portuaria-calidad de vida. Hay un puerto público, pero en concesión a un privado, entonces la actividad portuaria es privada. Toda esa riqueza se genera para unas 20 familias. Controlar a Buenaventura territorialmente es controlar la actividad portuaria, el mercado local, el mercado regional, controlar la política. Por otra parte, cuando usted hace estudios sobre la violencia en Buenaventura, se da cuenta que los barrios con más violencia son aquellos donde hay o se va desarrollar un megaproyecto. Para solucionar la problemática hay que tomar medidas muy grandes: concientizar al Estado, y a los llamados empresarios, de que la vida debe estar por encima de la producción. Nosotros no decimos que no haya actividad económica, pero necesitamos que eso compense a todos. La actividad portuaria no se hace si no hay territorio, si no hay bahía, si no hay canal, y eso es de todos los bonaverenses, no es de la empresa. Para que pueda existir la actividad portuaria los ciudadanos tenemos que sacrificar nuestro medio ambiente, nuestra movilidad, nuestra tranquilidad, nuestra salud. Todos nos sacrificamos para que funcione pero no todos nos beneficiamos. Necesitamos disminuir los impactos pero potenciar los beneficios.

***

Estoy reunido en una de las casetas comunales de la Comuna 6 con varios líderes que conocieron a don ‘Temis’. La humedad y el calor se pegan silenciosos por todo el cuerpo. Miradas marchitas, silencio sepulcral y músculos tensos reinan en el salón.

Don ‘Temis’ siempre le aconsejó a doña Ana Campaz que dejara de fumar. Ella lo veía e inmediatamente botaba el cigarrillo. Doña Ana –piel tostada, pelo pajizo, camisa rosada, poseída por el llanto y el dolor– es la primera en invocarlo: “No era un amigo trásfuga. No hemos tenido un líder como él, ni lo conseguiremos así: honesto, respetable, y verdadero”.

Luego interviene Armando Torres: “Por él fue que no nos sacaron del barrio. Este líder no solamente lo perdió Buenaventura sino Colombia. No hay otro líder que lo reemplace. No creo que alguien más dedique el tiempo, y disponga de su capital, para servirle a la comunidad como Temístocles Machado”.

Hablar de don ‘Temis’ duele tanto como escuchar hablar de él. Luis Bravo no recuerda cómo lo conoció, pero asegura que no pasaba más de 15 días sin hablar con él: “He perdido hijos, enterré a mis abuelos –dice tembloroso y preso del llanto–. Pero no sé qué me pasa con ‘Temis’. Creo que no voy a ser capaz de superarlo. Hay mucho que hablar de ‘Temis’, es una cosa infinita”.

***

Tu historia con Leila Andrea Arroyo –cofundadora del PCN– comenzó con un regaño. Ella te llamó para proponerte unas capacitaciones sobre jurisprudencia y derechos humanos en la Comuna 6, tú la “vaciaste”. Te molestó que contrataran gente externa para realizar una tarea que tú tenías la capacidad de asumir.

–Después de escuchar a Leila me queda claro que miles de lágrimas, miles de palabras, nunca serán demasiadas–.

—El que se haya concretado el asesinato es demasiado duro. Aunque uno espera que pueda ocurrir por el contexto tan complejo, no perdemos la esperanza de vivir por lo que hemos luchado, y verlo. Los ojos de don ‘Temis’ no lo van a ver; pero creo que era suficiente lo que había hecho. Había días que se sentía extremadamente solo y frustrado. Había que sacar valor, y hablarle muy fuerte, y decirle que no era tiempo de desmoronarse (…) No se fue de cualquier manera. Ese mismo sábado estaba programando una reunión en la Comuna 6 para el día jueves. Murió en su ley. No les dio el gusto a los demás de retroceder. Nunca se vendió. Por sus principios se mantuvo firme y eso solo lo hacen personas honestas. No se llevaron solo al líder, se llevaron a esa persona humana. La mejor forma de honrarlo es promoviendo que haya más gente como él: personas íntegras y de valores, no perfectas. Personas convencidas de que hay que luchar por lo que se es, sin dejarse pisotear por nadie.

 

 

 

 

 

Saturday, 07 July 2018 00:00

Ser líder social no es un delito

“¿Cuántas veces no habremos visto, de [Simón] Bolívar a [Salvador] Allende, la interrupción de la vida por una macabra pantomima que, en nombre de la defensa de la vida, impone la desolación de la muerte? ¿Cuántas veces en nombre de la defensa de la democracia, no se han impuesto dictaduras nugatorias de la misma libertad que decían proteger? ¿Cuántas veces en nombre del orden autoritario, no se ha establecido el desorden desautorizado del secuestro, la cárcel, la tortura, el asesinato?”.

Si el mexicano Carlos Fuentes nos hubiera hecho esas preguntas a los líderes y lideresas sociales, le habríamos respondido que desde hace más de doscientos años la política en Colombia no es un trato —una disputa— entre iguales, sino la humillación del débil por el fuerte.

Durante doscientos años nos negaron la palabra, nos ignoraron, nos satanizaron, nos tergiversaron, nos persiguieron, nos condenaron, nos mintieron, nos torturaron, nos amenazaron, nos volvieron a amenazar, y nos mataron. Doscientos años llevamos viviendo como si fuera el ultimo día, el último año, de nuestras trágicas vidas. Doscientos años —73.000 días— gobernados por el miedo y los prejuicios, por un futuro que nunca cambia, por verdades metafísicas innegables e indemostrables.

Este país sigue prescindiendo de sus mejores hombres y mujeres —de sus colombianos más necesarios—. De colegas que renuncian a sus familias, a los placeres, a sus proyectos de vida para exigir lo que todos deberíamos exigir para todos: una vivienda, un puesto de salud con médicos, un colegio con profesores, un trabajo bien remunerado, agua, luz, alcantarillado, una carretera transitable… oportunidades: condiciones de vida digna.

Nadie nos paga por ser líderes, la mayoría de veces tenemos que destinar parte de nuestro escaso patrimonio para sacar las fotocopias, radicar el derecho de petición, o pagar la chalupa, la moto o el chivero y poder asistir a la reunión con nuestros colectivos, organizaciones o asociaciones, o con los delegados enviados por el Gobierno nacional. Ninguno de nosotros tiene la obligación de evitar que nuestras comunidades, que solo aparecen en el radar de la sociedad y el Gobierno cuando ocurre una tragedia, naufraguen en las inseguras aguas del Estado colombiano, sin embargo, lo hacemos porque el barco necesita un capitán capaz de dar su vida por su tripulación.

Muchos jamás asistimos a un salón de clase, no tenemos un cartón que nos avale como profesionales, conocimos primero el azadón, la escoba, o la atarraya antes que un cuaderno o un libro. De forma empírica nos volvemos expertos en las leyes que nuestra gente desconoce, y que el Gobierno viola; nadie nos paga por eso, pero decidimos renunciar a la tranquilidad que produce aceptar el mundo tal cual es —aceptar que lo que fue es lo que debió ser—.

Aunque lo único que hacemos es trabajar por el bien común y exigir lo que merecemos, sentimos miedo. Miedo de que a la vuelta de la esquina un arma acabe nuestra vida o alguien nos condene a estar muertos en vida en una cárcel. En este país anestesiado que naturaliza y justifica la muerte del prójimo, donde los políticos de rapiña se alían con el diablo para desangrar la nación, ser líder social es cargar con un ataúd a cuestas.

Casos como los de Juli, frustran, desaniman, nos hacen sentir como criminales. Desde el 2006 Juli participó y fomentó escenarios para soñar y construir otro país. Ese año, vinculado a la Corporación Claretiana, acompañó comunidades de Boyacá y Casanare. Mientras estudiaba filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional participó en la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (ANJECO), y fue cofundador del Movimiento Juvenil y Popular Quinua. El pasado 6 de junio cinco hombres de civil y otros dos uniformados, que al parecer pertenecen a la Policía Nacional, detuvieron a Juli en Bogotá.

Un testigo que recibe beneficios de la justicia por sus declaraciones, aseguró que Juli pertenecía al ELN por lo que el juez encargado del caso decidió dictar medida de aseguramiento intramural. Hasta el momento de su detención, Juli era responsable de la Secretaría Técnica del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, participaba también en la Comisión de Formación, en la Comisión de Economía Propia y en la Comisión Internacional. Yo conozco a Julián Gil, y estoy seguro que si lo privaron de la libertad fue por decir lo que pensaba y hacer lo que decía, mas no porque sea un delincuente. A sus 31 años, Juli se perfilaba como un pilar fundamental en el Congreso de los Pueblos y otros espacios políticos de movilización. El vacío que ha dejado así lo demuestra. No solo lo recordamos por su compromiso y sus aportes metodológicos; también por su sonrisa silvestre y su fraternidad.

El montaje judicial contra Juli fue un golpe certero que nos tiene abatidos. Aunque sabemos que este tipo de hechos pueden suceder en cualquier momento, nunca vamos a estar preparados para recibir ese tipo de noticias. También nos atormenta la constante persecución a los líderes del Sur de Bolívar o del Suroccidente colombiano, el asesinato de Héctor Santiago Anteliz, líder del municipio Teorama y de la Asociación Campesina del Catatumbo, los casi 400 líderes asesinados entre 2016 y los primeros seis meses de 2018... Cada homicidio, cada trampa jurídica, es una oportunidad de cambio perdida.

Nos hemos convertido en cifras que solo importan por lo que niegan. Entre enero y marzo de 2018, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores de derechos humanos Colombia (SIADDHH), hecho por el Programa Somos Defensores, registró 132 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. De esas agresiones 66 fueron amenazas, 12 atentados, seis hurtos de información, una desaparición forzada, una judicialización, y 46 asesinatos —26 más que el año anterior, un incremento del 130%—. ¿Hasta cuándo van a permitir que nos maten? ¿Hasta cuándo ser líder social va ser un delito, una amenaza?

Los verdugos del pueblo suelen recurrir a la trampa y la violencia cuando se sienten derrotados, cuando sienten amenazada su indigna victoria. La brecha entre la democracia formal y la democracia real tardará en cerrarse, pero tarde que temprano la cerraremos. No es con soluciones fáciles que se resuelven problemas complejos, T. W. Adorno nos lo advirtió: “Un mundo justo sería intolerable para cualquier ciudadano de nuestro mundo fallido”. De momento, mientras materializamos ese mundo plural, incluyente, participativo y equitativo, nos aferramos a la tolerancia, la imaginación, la convivencia, la creación y la solidaridad. Recurrir al rencor y a la venganza sería parecernos a ellos.

Si las convicciones son esperanzas, como dicen que decía Bertol Brecht, la nuestra es la más noble de las utopías. Seguiremos “reprehendiendo los vicios ajenos con la virtud propia”. Seguiremos al frente del barco hasta que todo ese desprecio que nos tienen se transforme en admiración.

Hay muchos países en el país que funcionarios y citadinos no conocen ni quieren conocer. Los malos padres como Colombia son así: engendran huérfanos que luego la selva del olvido devora.

En el Catatumbo —país atravesado por un río del mismo nombre, conformado por 10 municipios campesinos del nororiente del departamento de Norte de Santander— el 90% de las prácticas económicas son informales —no pagan impuestos ni están insertas en la macroeconomía del país—; las montañas, monumentales e inmarcesibles, son una colcha hecha de retazos verdes y marrones; los periódicos y el maní son bienes escasos, y el pavimento es tecnología futurista; se pesca, se crían animales, y se siembra tomate, cebolla, pepino, frijol, café, pimentón —no en las mismas proporciones de antes—; la gasolina se empaca en tarros plásticos y se vende en los corredores de las casas; hay un oleoducto, circula mucho dinero, y sobra la pobreza; los conductores enredan cadenas en las llantas de los camiones para sortear las trochas imposibles, abismales, inciertas, peligrosas, que en épocas de invierno dejan veredas y corregimientos incomunicados por quince o más días; izan banderas blancas en casas e iglesias cual manto tutelar; la gente lava la ropa en las quebradas; hay un médico y una enfermera por cada tantos millares de personas; el liderazgo, la pujanza, y la participación en las juntas de acción comunal y otros escenarios organizativos se heredan de padres a hijos; el miedo y los fusiles hacen las veces de ley y Estado; predios cercanos a casas y escuelas están contaminados con minas —soldados perfectos que “no necesitan comida ni agua, no tienen sueldo ni descanso, y esperan a su víctima por treinta años o más”—; no existen los centros comerciales, poco importa la marca de la ropa, y las casas están decoradas con pintas del ELN, el EPL y las FARC. El Catatumbo —que significa casa del trueno en lengua Barí— es más territorio que Estado.

Del Gobierno central y local los catatumberos solo han recibido muestras de indiferencia y soberbia, sin embargo son conscientes que sin la institucionalidad es imposible solucionar las disputas territoriales entre indígenas y campesinos, diseñar y poner en marcha los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y encontrar una alternativa rentable a los cultivos coca, ese enemigo fecundo que entorpece la paz en la región:

—Si aquí no hay inversión social no va a haber paz; en el Catatumbo siempre va a haber guerra. Hoy hay unos armados, pueden entregarse, puede que se acaben, pero mañana se vuelven a armar porque las raíces siguen vigentes, y cuando la raíz queda en la tierra por algún lado retoña nuevamente —asegura Ismael López, integrante de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo.

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La violencia fue una plaga extranjera que llegó al Catatumbo en las primeras décadas del siglo XX. Hacia 1930 la empresa COLPET llegó a Tibú, municipio que limita con Venezuela, para explotar la riqueza petrolera de la zona. El 90% de los indígenas Barí, ocupantes ancestrales del municipio más pobre de la región, fueron exterminados por la fiebre del oro negro.

Cinco décadas después, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, grupos como la Sociedad de Amigos de Ocaña y La Mano Negra asesinaron y estigmatizaron a campesinos señalados de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), cuya presencia en el Catatumbo se remonta a los años setenta.

A partir de 1998, los paramilitares asediaron la región con el propósito de erradicar cualquier átomo guerrillero. El profundo desprecio por la vida que sentían el Bloque Catatumbo y el Frente Fronteras sembró el terror hasta el 2004. A lo que se sumaron los abusos y las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y la Policía.

La línea de tiempo pegada en el salón comunal del corregimiento Filo Gringo, municipio de El Tarra, demuestra que la guerra deja miles de víctimas y pocos vencedores. Allí están consignados los momentos más significativos acaecidos entre 1903 y 2013. Hechos puntuales como la masacre de 1985 perpetrada por las FARC en Campo Yuca donde murieron siete personas, la toma del corregimiento San Pablo por parte del ELN y el EPL en 1987, o la toma de los paramilitares que incendiaron el corregimiento de Filo Gringo en el 2000, son solo algunos sucesos. Una línea de tiempo que honre la memoria de cada víctima sería igual o más larga que el río Catatumbo.

Nadie dice conocer las razones específicas, pero todos coinciden en que la confrontación entre el ELN y el EPL se veía venir. Los combates que empezaron después de las elecciones del 11 de marzo y continúan hasta el día de hoy, aunque el Gobierno asegure lo contrario, provocó un desplazamiento interno de más de seis mil personas que se concentraron en 37 refugios humanitarios, de los cuales quedan aproximadamente nueve.

De momento el conflicto tiene pocas probabilidades de acabarse. La coca y las armas son resultado de las carencias educativas, sanitarias, culturales y económicas. Tal abandono es un ecosistema ideal para perpetuar la guerra: por más que ellos no vayan a la guerra, la guerra vendrá hacia ellos. Mientras siga siendo más rentable cultivar coca que sembrar cacao, el control por la comercialización de los insumos para procesar la droga, y las rutas estratégicas para transportarla, seguirá derramando sangre y multiplicando viudas.


(¿Habrá alguien realmente interesado en cosechar los frutos de estas guerras que primero matan y luego preguntan?)

 

***


Blanca Ortiz lleva 22 años atendiendo pacientes en este puesto de salud que parece un cascarón hueco. El lugar, compuesto por una sala, tres piezas y paredes impolutas, es amplio, oscuro y subutilizado. Las camillas y los instrumentos médicos son los mismos que Blanca encontró cuando llegó al corregimiento La Vega de San Antonio procedente de Ocaña, municipio ubicado a tres horas en moto y más de cinco horas en bus.

—A mí me toca ser enfermera, ginecóloga y nutricionista al tiempo —dice.

Entre una respuesta y otra, esta madre soltera de 50 años que viste un saco de lana morado, tiene las cejas finas, la papada generosa, mirada escéptica y las piernas llenas de bellos finos que se filtran por las medias veladas como tunas, aprovecha para insistir que el puesto de salud necesita con urgencia un médico y otra enfermera.

El contrato de Blanca no especifica cuántas horas debe trabajar a la semana ni a cuántos días de descanso tiene derecho por año. Durante 22 años ha cargado con abnegación de cristiano su cruz. Sabe que el suyo es un trabajo de 24 horas, pues nadie, por más que quiera, escoge a qué horas enfermarse. Puede que el papá traiga al hijo en la mañana porque lo mordió un perro o que a las doce de la noche una joven llame a su puerta porque a la abuela se le alteró la presión.

A Blanca le sobra voluntad pero sus poderes curativos son limitados. Aparte de que la dotación es escasa, como enfermera no está autorizada para recetar medicamentos, y aquellos que son de venta libre muchas veces no se consiguen en el corregimiento. En caso de que el cuadro médico del paciente sea grave, Blanca no tiene otra alternativa que remitirlo al hospital de La Playa, a dos horas en moto de aquí, siempre y cuando la carretera y el clima lo permitan. Si allí consideran que no es una urgencia, el paciente debe devolverse y pagar los setenta mil pesos que cobra la ambulancia. Por eso, insiste Blanca de nuevo, necesitan un médico de tiempo completo. Las brigadas de salud, asegura, sirven de poco y nada.

—Hicieron una brigada por el refugio humanitario que hubo, pero hace seis meses no venían. Están viniendo cada seis, cada tres meses. Mucha gente pierde el viaje porque ellos no los van atender a todos. Cuando hay brigadas es como arriando mulas. Llegan a las ocho de la mañana y se van a las tres de la tarde, solo atienden a 50 personas —dice, y al instante descarga una catarata de lamentos—. El puesto de salud no es solo esto. De aquí para adentro es inmenso, hay espacio para urgencias, partos, laboratorio… No funciona porque no hay dotación. No hay oxígeno que es algo tan elemental, toca utilizar el oxígeno de la ambulancia. Me tocó conseguir un minutero para estar llamando a La Playa y facturar lo que se va haciendo todos los días. Mira los escritorios que tenemos. A mí no me interesa tanto la dotación, una mesa se consigue, a mi lo que me interesa es que hubiera un médico.

 

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Nunca antes había tenido conciencia de la proximidad de la muerte. Sucedió en la Vereda Mesitas, un caserío del tamaño de una cuadra alargada construido sobre una montaña de Hacarí. Eran las 12:55 del mediodía. Estábamos prestos a almorzar para continuar con la reunión entre los integrantes de la misión humanitaria de verificación, y la comunidad de Mesitas y de otras veredas aledañas.

Cuatro explosiones sucesivas, una de ellas cerca a la escuela donde recibían clase 46 niños, estremecieron el espacio, el tiempo y los nervios. Las detonaciones vinieron acompañadas de ráfagas que chocaban contra las latas de los techos y silbaban en los oídos. Descartado cualquier síntoma de peligro, la reunión se reanudó según lo establecido. La misión fue despedida con otra detonación y más ráfagas que retrasaron la salida de la vereda. Minutos más tarde, la ONU ordenó encender motores y pisar el acelerador si escuchábamos disparos. Finalmente salí de Mesitas con el temor de que en cualquier curva podría estar esperándonos la muerte.

El hecho no le arrebató la vida a nadie. La guerra mata —despacio y en silencio— la capacidad de asombro. No sé si sentí más pavor por el hostigamiento o por lo naturalizados que están los pobladores con la guerra, por la gracia que les producía nuestro miedo, por los chistes ácidos, por preferir grabar un video con el celular antes que refugiarse. Cuando la guerra se va queda el miedo, que es como si la guerra no se fuera nunca. La guerra se enquista como una bacteria, las balas se vuelven otra ave más del paisaje, la noticia no es el tiroteo sino el silencio de los fusiles, los hombres tutean a la muerte, y la vida deja de ser un milagro para convertirse en una casualidad.

 

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Como en casi todos los poblados del Catatumbo, la vía principal es el punto neurálgico de San Pablo, corregimiento de Teorama. Allí se consiguen los condimentos para el almuerzo, el alambre para cercar la finca y el último chisme de la vecina.

Pasado el mediodía el sol reverbera sin misericordia. Luz Marina Rueda nos guía hasta la escuela que lleva el nombre de Henry García Bohórquez, en homenaje al comandante de policía asesinado por la guerrilla. Las instalaciones, sostiene la profesora, son inapropiadas para educar aproximadamente a 300 niños. Hay ocho salones para nueve grupos, el grupo que no tiene salón recibe clases en el corredor central.

—Tenemos hacinamiento. En recreo esto parece la Cárcel Modelo —dice Luz Marina mientras se mueve con agilidad por la escuela.
El salón de preescolar, además de ser estrecho, tiene dos boquetes en el techo y los ventiladores carcomidos por los años. La escuela cuenta con kiosco digital pero faltan computadores. El televisor plasma, el servidor y la impresora son adornos cubiertos de polvo. En estas condiciones se educan las futuras generaciones.

Así mismo se encuentra el colegio del corregimiento. El inmueble está deteriorado y la planta de administrativos y docentes no da abasto para brindarle educación de calidad a 1400 estudiantes. Debido al contexto, Carlos Samuel Rodríguez, rector de la institución, afirma que necesitan con urgencia un psicoorientador capaz de mitigar los efectos inmateriales del conflicto.

—Los niños en primaria son muy agresivos por el ambiente de discordia que se vive entre la misma comunidad y por el conflicto entre los grupos al margen de la ley. Desde muy pequeñitos ellos hacen la parodia de ser narcotraficantes. O dicen yo quiero meterme a tal organización o al ejército para vengar la muerte de mi papá, de mi mamá, de mi hermano.

Le pregunto al rector quién les brinda ayuda psicosocial a ellos, a los profesores que invierten su vida en una batalla que parece perdida cada que un estudiante deja el colegio para dedicarse a raspar coca. Samuel responde que no hay mejor psicólogo que la costumbre, pero advierto que su único apoyo es la esperanza de que todo esto puede y debe cambiar.

—Fuera elegante que no hubiese conflicto en esta zona. Que hubiese tranquilidad para hacer salidas de campo, que los niños pudieran salir a cualquier hora y hacer prácticas pedagógicas por fuera del corregimiento, sin ningún temor de que nos vamos a encontrar con un artefacto explosivo o una mina antipersonal. Fuera lo más elegante tener este pueblo en paz.

 

***


30 años después este país llamado Catatumbo sigue reclamando lo mismo que reclamaba en aquel paro de 1987: vías de acceso, servicios públicos, soberanía territorial, proyectos productivos, adecuación de las instalaciones educativas y médicas: condiciones de vida digna. El Gobierno responde a las exigencias con ayudas míseras y escuadrones militares que convierten a la población en escudo y trinchera. Ante tal orfandad el Catatumbo se labra su propio destino: instala peajes comunitarios para recaudar dinero y hacerles mantenimiento a las carreteras; forma cooperativas y asociaciones para comercializar sus productos; hace memoria; otorga el rol protagónico que corresponde a la mujer; establece normas de convivencia; y reclama instancias legales de diálogo con la institucionalidad y las insurgencias.

El Catatumbo abruma, hiela la sangre, inspira, y desvela el lado más humano de ese instinto que nos aferra a lo único valioso que tenemos los colombianos: las ganas de vivir la vida.

La pregunta que queda adherida en la conciencia, como un pegote hecho de remordimiento, es la que nos hizo un campesino en el refugio humanitario de la vereda Tarra Sur a todos los que participamos de la misión humanitaria que recorrió este país durante cinco días, en especial a los representantes de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Departamental de Víctimas y el Ministerio del Interior:
—¿Ustedes cuándo van a volver?

Cinco detonaciones ambientaron el segundo día de verificación de la Misión Humanitaria por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo. A las explosiones ocurridas a menos de 20 metros de la población civil, entre ellos estudiantes que salían de la escuela, se sumaron ráfagas de fusil que desataron el temor en la vereda Mesitas del municipio de Hacarí.

El hostigamiento que confirma la vigencia del conflicto en la zona, comenzó a las 12:55 del medio día justo cuando más de 150 personas compartían un almuerzo comunitario. Aún no hay certeza de las intenciones, ni los involucrados en el hecho, lo que aumenta la zozobra adherida a los integrantes de la misión y la comunidad que se encuentra en medio del conflicto armado entre el ELN y el EPL; en medio de un conflicto que no le pertenece.  

Horas antes del hecho, la misión visitó el refugio humanitario de la vereda Villanueva donde confluyen alrededor de 33 familias de esta y otras veredas de San Calixto. Los voceros de la comunidad manifestaron varias preocupaciones, entre ellas la proliferación de enfermedades estomacales, la escasez de alimentos, las afectaciones psicosociales, la presencia de minas cerca a las escuelas, y, por supuesto, las pesadillas por el trueno de los fusiles.

¨No sabemos porque se están enfrentando ellos. No somos culpables pero estamos llevando del bulto. No vamos a levantar el refugio porque tenemos miedo de caer entre la confrontación o pisar una mina¨, declaró uno de los lideres.

Las necesidades y exigencias en el refugio de Mesitas, donde están ubicadas alrededor de 100  personas, son similares. En el momento que la misión se disponía a continuar su camino rumbo a Teorama, ocurrió otra explosión que anunció la llegada de nuevas ráfagas. Aunque la tensión llegó a su punto más álgido, sorprende la naturalización del conflicto entre los habitantes. Los cuales manifestaron que este es el pan de cada día.

La comisión por la Vida, la Reconciliación, y la Paz del Catatumbo ha exigido que tanto el ELN como el EPL se pronuncien sobre lo sucedido. A pesar del condenable suceso la misión mantiene la convicción de continuar su recorrido y recoger propuestas para lograr de una vez por todas el silencio de los fusiles en el Catatumbo.

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