Centro Oriente de Colombia “siembra esperanza y cosecha país”

Desde la perspectiva de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la paz va más allá del silenciamiento de los fusiles. Pese que la Cumbre apoya la solución política al conflicto social y armado, y en consecuencia reconoce la importancia de los diálogos que se realizan en la Habana entre el gobierno y las FARC-EP y llama a la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y el ELN, considera que estos no abordan todas las problemáticas sociales y territoriales que afrontan en la cotidianidad las comunidades.

En este sentido, desde la Cumbre Agraria, se ha promovido la realización de Cumbres de Paz: 13 regionales, 3 sectoriales y una de carácter nacional. Bajo el lema 'Sembramos Esperanza, Cosechamos País' los gremios y sectores organizados se vienen encontrando en un diálogo que contribuye a la construcción y desarrollo de una paz con justicia social desde los territorios, que articula y fortalece el conjunto de iniciativas que impulsa el movimiento social y popular.

En Arauca, la Cumbre de Paz se desarrolló los días 3, 4 y 5 de marzo, con la participación de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos que integran la Cumbre, junto a otras expresiones e iniciativas que trabajan por la paz. Al menos 350 personas llegaron desde veredas, corregimientos y comunas de los departamentos del Meta, Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Cundinamarca y Boyacá, con el propósito de comprometer esfuerzos en la construcción de Paz con justicia social y un país para la vida digna, asumiendo la unidad como camino para avanzar en ese gran sueño.

En el evento también participaron varios líderes políticos del departamento de Arauca, entre ellos las alcaldesas de Puerto Rondón y Arauca capital, el alcalde de Tame, varios diputados y concejales, y el gobernador Ricardo Alvarado. Éste último manifestó su apoyo a las iniciativas emanadas de la Cumbre y su apuesta por una paz en la que la garantía de derechos fundamentales sea una realidad.

Teniendo como base que el pliego unificado de la Cumbre Agraria es la agenda de paz de los procesos comprometidos en ella, luego de hacer un análisis del contexto nacional e internacional, se discutieron los principales temas que conforman tal pliego. Así, se debatió la política minero-energética, los enfoques territoriales desde las visiones indígenas, afro y campesina, las propuestas de Zonas de Reserva Campesina y Territorios Agroalimentarios, la participación y la Justicia como pilar fundamental en la construcción de Paz.

Sobre el contexto nacional e internacional, la Cumbre enfatizó en la afectación del modelo capitalista que ha destruido los territorios y la vida, bajo el discurso del 'desarrollo'. Los asistentes ratificaron su compromiso con un proyecto de sociedad armónico con la naturaleza a la vez que denunciaron “las Zidres porque violentan los derechos de campesinos, afros e indígenas y la autodeterminación, preparando los territorios al servicio de la acumulación del capital”, así como “la existencia de una nueva reconfiguración del paramilitarismo como estrategia para el despojo y control territorial”.


En materia de Política Minero energética presentada por el Gobierno Nacional como “locomotora”, se planteó que para enfrentarla es necesario actuar conjuntamente a fin de defender los territorios puesto que esta política busca entregarlos a las multinacionales. Como alternativa se reafirmó el compromiso de “construir una propuesta minero energética sobre la base de la soberanía nacional, la autosuficiencia energética y la participación directa de las comunidades en las decisiones sobre la explotación de los recursos naturales” y se exigió la “revisión de la renta minero energética en beneficio de los intereses del Pueblo”.

En cuanto a Territorio y territorialidad, se partió de reconocer que existe diversidad de visiones en las comunidades en cuanto a su historia, su cultura, sus ancestros y sus formas de organización sociopolíticas. En ese sentido, se planteó “la defensa de los territorios autónomos ancestrales como un reconocimiento a la posesión y apropiación histórica de los pueblos indígenas”, “los concejos comunitarios como un derecho conquistado para salvaguardar el territorio colectivo y la cultura”, “ los territorios campesinos agroalimentarios para reivindicar el derecho al territorio por parte del campesinado colombiano, entendiendo el campesinado como un sujeto social transformador y el territorio como una construcción social e histórica que va más allá de lo productivo, como escenario para consolidar un proyecto del bien vivir para los pueblos”.

También se reconoció que las Zonas de Reserva Campesina constituyen una oportunidad para blindar los territorios frente a los intereses del gran capital transnacional y de los terratenientes que mediante la violencia imponen el despojo bajo “el silencio del Gobierno Nacional”, lo cual implica según los participantes “unir esfuerzos para la liberación de la Madre tierra y construir en conjunto un pacto de convivencia en los territorios, para consolidar posibilidades reales de relacionamiento respetuoso y recíproco entre pueblos” que conlleve a la construcción de territorios interétnicos, con gobiernos autónomos definidos por los pueblos, un ordenamiento propio del territorio que converse con la cultura y los procesos de las luchas de los pueblos. Señalaron además que para ello “un paso fundamental es avanzar en rutas autónomas para la resolución de los conflictos territoriales que en gran medida han sido promovidos históricamente por el Estado nacional”.

Con respecto al punto de Justicia, los asistentes a la Cumbre por la Paz indicaron que ésta “históricamente ha respondido al interés de la clase dominante” e instan a que “en los acuerdos de terminación del conflicto armado exista un real proceso de justicia frente a los crímenes de Estado y de Lesa Humanidad, se haga pública la verdad sobre los diversos hechos, se repare integralmente a las víctimas y se planteen garantías para la no repetición”. Sin embargo queda la gran preocupación por el recrudecimiento del paramilitarismo y la criminalización de la protesta social, lo cual conllevó a exigir el desmonte de este aparato criminal y la exigencia de garantías reales para la lucha social y “la libertad inmediata a los prisioneros políticos porque son perseguidos por el régimen”.

En cuanto a la Participación respaldaron “las diversas iniciativas de la sociedad en el marco de un proceso constituyente popular y democrático, como las constituyentes populares y democráticas por la paz, la Mesa Social para la Paz, la comisión étnica para la paz y otras propuestas, para que de manera articulada fortalezcamos un proceso de construcción y participación directa y decisoria desde los movimientos sociales, políticos y populares”. A la vez que se exigió que las comunidades sean las protagonistas en la implementación de los acuerdos en los territorios para garantizar una paz sostenible y con justicia social.

Por último, y teniendo en cuenta el contexto actual de vulneración de derechos fundamentales, los participantes en la Cumbre Regional decidieron participar en las jornadas de movilización convocadas para el 17 de marzo y a la vez ratificaron la convocatoria al gran paro nacional indefinido, aprobado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular a finales del primer semestre de 2016.

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