slider

FLAKO PANDEMIA

10/03/2020 0 comment
El patriarcado ha sido la forma de organización social que nos da la autoridad ...
10/03/2020 0 comment
Tenía 17 años, estaba a punto de terminar el bachillerato, quería estudiar ...
10/03/2020 0 comment
Cuando la misión espacial rusa Vostok 6 fue lanzada en 1963, en plena Guerra ...

"Somos una sociedad indolente y legitimadora del exterminio social", Max Yuri Gil, coordinador de la Comisión de la verdad

Por Escuela Nacional Sindical

Max Yuri Gil es el coordinador de la Comisión de la verdad para la Macro Región Antioquia – Eje Cafetero. Pero además es un estudioso de la violencia en esas regiones y el país. Conoce como pocos la minucia del trabajo que realiza la Comisión de la Verdad y los órganos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR).

Conversamos con él sobre violencias coyunturales como el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC. También le preguntamos por los imprevistos efectos que tiene la pandemia en el cronograma y la metodología de trabajo de la Comisión, cuyo mandato culmina el próximo año. Max Yuri nos contó que el propósito de la Comisión es entregar el informe final en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Paz:   

¿Cómo ha sido el trabajo de la Comisión en medio de la crisis por el coronavirus?

Nos tocó adaptarnos y eso ha implicado un alto componente de virtualidad. Desde mediados de marzo no hemos podido realizar el trabajo de campo que teníamos previsto. Ya hicimos una reorganización, para poder realizar en el segundo semestre algunas de estas actividades de manera virtual; entrevistas individuales, entrevistas a profundidad, y organizar protocolos para que las personas se acerquen a las oficinas y a nuestros equipos, y puedan dar cuenta de sus expectativas de aportar la verdad a la Comisión. También en el tema de diálogo social estamos pensando hacer muchas cosas a través de redes sociales, internet y comunicación pública. Nos hemos adaptado, pero no es el escenario más favorable.

¿Esta crisis cambia en algo los objetivos de la Comisión?

Nosotros tenemos tres ámbitos que deberían estar relacionándose, teníamos dos y llegó un tercero: primero, la agenda de la democracia en el país. Las discusiones sobre participación política, equidad, reconocimiento, derechos, etc. Segundo, la agenda de la paz que tiene que ver con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, los seis puntos que se establecieron. Nosotros estábamos en ese punto de la paz, de la transición, pero ahora se nos viene encima la agenda de la atención de las victimas del coronavirus, no solamente las victimas del contagio sino las del impacto económico que todo esto está teniendo.

¿Cuál es el problema? Cómo hacemos para que esas tres agendas en vez de competir se articulen, que podamos encontrar las intersecciones de esas agendas para que no terminemos sacrificando una cosa en aras de la otra. En esa medida nosotros hemos expresado, como entidades del SIVJRNR, y como Comisión de la Verdad, nuestra preocupación porque la agenda de la transición termine hundiéndose en el marco de la agenda de la atención a las víctimas de la covid-19.

Teniendo en cuenta esa eventualidad, ¿será necesario ampliar el plazo de trabajo de la Comisión?

Esto tiene una dimensión normativa y una práctica. La dimensión normativa implica que para ampliar el periodo se requiere una reforma constitucional, se necesitarían 8 debates en el parlamento en dos legislaturas, nosotros lo vemos muy difícil. La otra opción sería una demanda ante la Corte Constitucional de un grupo de organizaciones sociales que, dados los efectos sobrevinientes del Coronavirus, pidan una ampliación del mandato de la Comisión. Eso requeriría que las organizaciones se pusieran de acuerdo, lo presentaran ante la Corte y que la Corte declarara exequible [constitucional] ampliar el periodo.

Desde el punto de vista fáctico, creemos que en el Congreso las prioridades son otras, no creemos que sea fácil sacarlo adelante, esto requiere una mayoría parlamentaria, y tampoco tenemos certeza de que la Corte acepte una posible demanda para ampliar el plazo de la Comisión.

Además, esta es la postura unánime en el pleno de comisionados y comisionadas, la decisión es terminar en noviembre del 2021. Se pretende que el informe de la Comisión sea un insumo para el debate público de cara a los debates electorales del 2022. No nos queremos meter en la coyuntura presidencial del 2022 arriesgando ser objeto de rapiña política-electoral. Esa es la decisión, es muy difícil que ese periodo se amplié.  

¿Con qué dificultades se ha encontrado hasta ahora la Comisión?

Nosotros nos imaginábamos un escenario mucho más favorable cuando empezamos nuestra labor. Teníamos la expectativa que, con la firma del acuerdo de paz en 2016, íbamos a tener un periodo realmente post conflicto, más estable, más tranquilo. Somos conscientes de que ese no era el fin de todas las violencias, que había un conjunto de violencias que no obedecían a las dinámicas del conflicto armado, pero creíamos que sí íbamos a tener una transformación del ambiente político como consecuencia del acuerdo de paz logrado con las FARC. Pero eso rápidamente comenzó a mostrar sus debilidades, por ejemplo el proceso con el ELN se rompió, luego el incumplimiento, justificado o no, hace aparecer las disidencia de las FARC.

Además de eso, se le había advertido al estado colombiano la importancia de una presencia integral en el territorio para evitar que otras organizaciones delincuenciales cooptaran el espacio dejado por las FARC, eso no se hizo, de tal manera que terminamos teniendo un escenario muy violento.  Hay unos territorios a lo largo y ancho del país donde el conflicto armado no terminó, sino que se reconfiguró.

En muchas de esas regiones se dificulta la labor de la Comisión, no nos podemos ir para Caucasia a obtener testimonios, ni a Ituango, ni a Briceño, ni a Toledo. También hay dificultades en Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí

Hay otro tema que tiene que ver con la opinión pública y la política. Obviamente el triunfo del Centro Democrático en las elecciones presidenciales es un golpe muy duro a la implementación. Aunque los acuerdos de paz son de Estado, en la práctica funcionan como acuerdos de gobierno. El hecho de que llegara un gobierno que no cree en el Acuerdo de Paz, quita mucho respaldo político a la transición y al funcionamiento de las instituciones de la transición. Hay una falta de respaldo político y esto nos genera problemas de legitimidad, nos pone en serias dificultades.

¿Y los recursos económicos?

Nosotros en el pasado tuvimos algunas dificultades de recursos, este año ha sido más normal, pero desde ya sabemos que el problema de los recursos va a golpear muy duro el año entrante. Calculamos un recorte mínimo del 50%, no solo en gastos de inversión y actividades, sino también en funcionamiento y nómina. Y tenemos un agravante: nosotros habíamos podido contar con el colchón de la cooperación internacional. Tenemos mucha inquietud sobre si ese colchón es lo suficientemente grueso para que podamos caer tranquilos. La cooperación va a tener que dedicar plata a todo el mundo, incluyendo países de Europa, y el mismo Norteamérica, que van a requerir altos flujos de inversión para la reactivación económica y la atención a las víctimas. Estamos en un panorama bastante complicado.

¿Cómo ven desde la Comisión el asesinato de líderes sociales?

Es un tema muy grave, muy preocupante. La Comisión se ha expresado de manera permanente sobre este tema porque nos preocupa profundamente.  

Nos preocupa mucho y es una pregunta de fondo que nosotros tenemos en nuestra labor: ¿cuáles son las razones para que el conflicto armado en Colombia no termine a pesar de los sucesivos acuerdos de paz? En muchos países los conflictos armados terminan con la negociación, aunque sean malas negociaciones y aunque el fin del conflicto armado sea más complejo. Nosotros hemos tenido acuerdos de paz toda la vida, los del 89, 90 con las guerrillas, luego los del 94, los del 2006 y 2007 con paramilitares, y ahora este con las FARC. Lo que encontramos es una constante reconfiguración de los ciclos de violencia y esa reconfiguración incluye el asesinato de líderes sociales o de líderes políticos, y el asesinato de excombatientes.

En una nación que no le cumple los acuerdos a las personas que se someten a ellos, es muy difícil que el Acuerdo de Paz funcione como un acto de refrendación y consenso, porque el consenso no se forma sobre los muertos.

¿Qué debería hacer la sociedad para proteger más a los líderes sociales?  

Yo creo que hay un tema que tiene que ver con la necesaria sensibilidad de la sociedad frente a esto. Desafortunadamente, para la inmensa mayoría de la población colombiana o no importa, o, peor aún, justifican los asesinatos de líderes sociales.

El principal problema es que esta es una sociedad indolente, una sociedad que ha materializado, ha legitimado y ha justificado el asesinato de unos por cualquier razón. Todo lo que nos ha pasado ha sido delante de nuestros ojos, no nos pueden decir que eso es pasado, eso pasó hace muy poco tiempo. El 60 o 70% de la población ya estaba viva cuando nos pasaron la mayoría de las cosas como sociedad. El periodo más intenso de la guerra en Colombia es del 95 al 2007, y para ese entonces la inmensa mayoría de los colombianos ya habíamos nacido. No estamos hablando de cosas que pasaron en las selvas más profundas, el conflicto se vivió en La Comuna 13 [Medellín], en Ciudad Bolívar [Bogotá], en Agua Blanca [Cali] y obviamente en las zonas rurales.

Es evidente que somos una sociedad indolente y legitimadora del exterminio social, y eso tiene que ver con la cultura, con la prolongación del conflicto y su degradación, con la formulación de discursos justificando la violencia y una violencia buena, como necesaria.

En segundo lugar, la institucionalidad se ha resignado o considera que este no es un tema central y que no merece una atención especial. Desde la firma del Acuerdo de Paz, hace menos de 4 años, la cifra de líderes sociales asesinados oscila entre 700 y 900, dependiendo de quién dé los datos. Estoy seguro que si fuera otro sector social que hubiera puesto esa cantidad de muertos en 4 años, estaríamos preocupados, si fueran periodistas, dirigentes económicos, empresariales, integrantes de un partido político de derecha o extrema derecha. El hecho de que sean líderes sociales los hace ver como seres grises para la institucionalidad, realmente no representa un tema central de preocupación, además hay un negacionismo del fenómeno; lo minimiza, lo banaliza cuando lo compara con otras dinámicas de violencia, eso no ayuda. 

¿Y qué debemos hacer frente al asesinato de excombatientes?

Con respecto al tema de los excombatientes pasa una cosa similar, agravada. De alguna manera el estigma negativo sobre el desmovilizado y el reinsertado es una cosa constante en la historia colombiana, aún con paramilitares. Es una sociedad que no le da una segunda oportunidad a este tipo de personas, que siempre justifica el hecho de lo que les pasa. Se les aplica el proverbio bíblico de que “el que a hierro mata, a hierro muere”, y todos terminamos justificando.  Yo creo que es una muestra más de la decadencia moral que tiene la sociedad colombiana.

Para la Comisión el asesinato, tanto de líderes sociales como de excombatientes, es un pésimo mensaje, le resta credibilidad al momento de implementación del acuerdo, debilita la voluntad de los excombatientes de cumplir lo mínimamente acordado. Es un desangre para la democracia colombiana, –la muy precaria y maltrecha democracia colombiana–.

¿En que ha trabajado la Comisión de la Verdad en Antioquia y el Eje Cafetero?

Nosotros tenemos una visión muy clara: trabajar con la fecha del cierre de la Comisión, que es el 29 de noviembre del 2021. En ese sentido avanzamos en los dos grandes objetivos que nos hemos propuesto: de un lado el informe de esclarecimiento, y del otro lo que hemos llamado diálogo social, que incluye el reconocimiento, la convivencia y la no repetición.

¿Cómo estaba planeado el trabajo de la Comisión para este año?

En la Comisión teníamos previsto, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, que en el primer semestre terminábamos la labor de escucha, el trabajo de campo. Para el segundo semestre teníamos planeado avanzar en la profundización de las hipótesis y en la documentación de unos casos específicos que nos interesan en relación de patrones y contextos explicativos. Y pensábamos que el año entrante era de escritura y ajuste para tener el informe a tiempo.

En el tema de diálogo social teníamos la pretensión de avanzar en el reconocimiento de responsabilidades, en el fortalecimiento de procesos de convivencia alrededor de la verdad, y en la identificación de las garantías de no repetición como esas reformas que la sociedad debería hacer, tanto institucionales como en la educación para que el conflicto armado termine y no se repita.

 

Share this article

Acerca del Autor

Periferia

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.