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Editorial 163: ¿ENTRAMPAMIENTO?

Néstor Humberto Martínez, el venenoso personaje que representa los intereses de la oligarquía criminal colombiana, utilizó esa palabreja como Fiscal General de la Nación, para ponerle un nombre sofisticado al ataque que emprendió contra el acuerdo de La Habana y contra dos figuras del proceso de paz, a las que desprestigió y pretendía extraditar. Detrás de este eufemismo se esconde una perversa práctica genocida del Estado colombiano, una trampa, una estrategia de persecución y exterminio, que le sirve al régimen, principalmente, para meter a la cárcel sin formula de juicio a quienes denuncian al Estado por sus actos criminales y corruptos, a los que luchan por la paz y defienden el acuerdo de La Habana y los diálogos con el ELN, a los que ejercen el liderazgo social, a los que defienden el territorio y a los que desde la oposición política proponen una transición hacia la democracia.

Existen Innumerables ejemplos para demostrar que en Colombia la justicia es para los de ruana, como se dice coloquialmente. A un líder o lideresa social implicado, o “entrampado” por la Fiscalía en la comisión de un delito, casi nunca se le niega una medida de aseguramiento de carácter intramural, ósea la cárcel. Además, los medios de comunicación corporativos, chiviados por las autoridades, presentan en vivo y en directo las espectaculares escenas de allanamiento y captura de supuestos terroristas, cuando en realidad se trata de estudiantes de la universidad pública o líderes sociales entrampados por agentes de inteligencia militar, como ocurrió en el caso del Centro Comercial Andino en Bogotá. Años después, y de manera oculta, salen en libertad los supuestos implicados sin que nadie repare su imagen, ni los graves daños materiales y sicológicos causados por el encierro y el escarnio público. Pero hay algo que casi nadie analiza: el demoledor daño simbólico causado contra la propuesta social transformadora, y el debate político que encarnaban esas personas que fueron injustamente privadas de la libertad y señaladas como peligrosos criminales.

Organizaciones sociales como el Congreso de los Pueblos han sido incansablemente perseguidas con esta práctica genocida de la judicialización. Más de 200 casos se han presentado en los últimos veinte años. Uribe inauguró la práctica de las capturas masivas en Arauca, y desde entonces campesinos y campesinas del Sur de Bolívar, Cesar, Sucre, y todo el Sur Occidente colombiano han sido perseguidos sin formula de juicio. La mayoría han tenido que ser liberados meses o años más tarde, sin que los responsables de practicar los montajes judiciales paguen por su crimen.

Uno de los casos emblemáticos es el de Julián Gil, secretario técnico del Congreso de Los Pueblos, ex seminarista y destacado líder comunitario de la localidad de Bosa. A Julián lo venían siguiendo sin que él se percatara, y sin que hasta hoy sepamos en realidad la razón. El 6 de junio de 2018, hacia las 2:30 de la tarde, cuando salió a la puerta de la sede de su organización, fue abordado y capturado por hombres de civil que lo condujeron sin mayor explicación en un carro particular. En el ágil desarrollo del proceso, Julián y su abogado conocieron los graves delitos por los que lo sindicaban: homicidio agravado en grado de tentativa, porte de explosivos, armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, y el delito de receptación. A pesar de que la Fiscalía no presentó ninguna prueba, ni indicios conducentes a demostrar los delitos que le imputaban, a Julián le impusieron la medida de aseguramiento de privación de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.

Durante 900 días, casi tres años de encierro injusto, Julián, sus abogados, familia, compañeros y compañeras de trabajo y de lucha social se empeñaron en demostrar que “Juli” nada tenía que ver con los delitos que se le imputaban. La Fiscal, que más que una funcionaria del ente acusador se comportaba como una enemiga de Julián, aseguraba sin pruebas que los movimientos sociales hacían parte de la insurgencia, un señalamiento que gracias a la doctrina del enemigo interno y la seguridad nacional difundida ampliamente por las fuerzas militares y los organismos de seguridad e inteligencia, se convirtió para la sociedad en una verdad incontrovertible que mantiene en medio del odio, el repudio y el riesgo a millones de luchadores sociales.

El 24 de noviembre de 2020, la Juez Primera Penal del Circuito Especializada de Cundinamarca concedió la libertad inmediata para Julián, y lo encontró inocente de todos los delitos por los que fue acusado. Para la funcionaria, el único testigo de cargos presentado por la Fiscalía no tenía ninguna credibilidad porque tuvo varias versiones contradictorias con relación a Julián y el conocimiento de los hechos. Durante los casi tres años de encierro, los daños son incalculables para su familia, su comunidad, su organización social y para el proceso social y popular al que ha dedicado su vida. Nadie conoce las verdaderas razones de esta injusticia, y menos quien es el determinador de estas prácticas genocidas, pero ya es hora de que el país y la humanidad se sacudan de estas mafias que controlan todos los poderes del Estado y manejan hasta el último detalle de la tecnología del poder para poner fuera de combate a sus opositores y seguir manejando a sus anchas un modelo de muerte y un sistema de miseria e injusticia social.

Jorge Gómez Pinilla, en su más reciente columna Atentado al Centro Andino: ¿otro “entrampamiento”?, pone en tela de juicio los procedimientos y detalles que se presentaron en este hecho grave que les costó la vida a tres mujeres en 2017, y en donde el ente investigativo también estaba dirigido por Néstor Humberto Martínez. El columnista nos recuerda que en los magnicidios de Luis Carlos Galán y Jaime Garzón, hubo una extraordinaria y sospechosa eficacia del DAS para capturar a unos falsos culpables. Jorge Gómez se pregunta, “¿…no será que desde tiempo atrás a Colombia la gobierna la “mano negra?” Reflexión dolorosa que va acompañada de un dato de la Silla Vacía sobre los asesinatos que presuntamente cometieron agentes de la Policía en las protestas de septiembre en Bogotá: existen “7.491 denuncias contra la Policía en cinco años y, aunque usted no lo crea, no ha habido una sola condena”. ¿La Fiscalía persigue criminales o a los hombres y mujeres que son el futuro del país?

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