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¿Por qué volver a las aulas tras un año de educación por pantalla?

La situación actual de la atención desde el sistema educativo oficial a nivel nacional tiene hoy una de sus mayores tensiones de los últimos tiempos. Por la vía del distanciamiento social, se ha logrado develar y desmitificar algunas tramas de la argumentación administrativa del sistema educativo que lo hacían ver omnipotente, como lo ha sido la adecuación del propio sistema a las tecnologías de la educación en el marco de las ideas del desarrollismo ilustrado y el ofrecimiento del profesionalismo con la ilusión de la movilidad social. Las perspectivas críticas han profundizado hace ya más de medio siglo en el asunto y el listado de enunciaciones esta hoy a flor de piel, la alienación ideológica eclesial que heredó el aparato opresivo estatal y que hoy delega a la máquina de producción en serie, tomando prestadas algunas palabras del Freire profundo, podemos sumar hoy a ese listado de enunciaciones, el negocio de la “burocracia de la mente”, que por lo menos en Colombia va creciendo en clientela.

El entorno protector del sector económico que vive de la contratación
Desde finales del año que pasó se viene hablado de lo necesario o lo conveniente que es para la ciudad, que los estudiantes de la básica vuelvan a las aulas presencialmente, ya que el último año el sistema educativo en Colombia, en modo pandemia, se efectuó desde la virtualidad y según parece, el experimento no fue satisfactorio. Las preguntas que surgen de tal situación tienen que ver con: ¿será que la presencialidad en el sistema educativo es más efectiva? ¿cómo entender esa efectividad en términos del para qué y para quién? ¿será que la virtualidad pone en crisis la sensación de atención por parte del establecimiento?

Al escuchar las declaraciones de la Secretaría de Educación del municipio de Medellín en enero del 2021, semanas antes de iniciar el año escolar, en su idea de “entorno protector escolar”, estereotipo internacional de atención educativa en tiempos neoliberales, deja en el ambiente su real preocupación con la presencialidad y al parecer ese afán por llevar al estudiantado a las aulas tiene mucho más que ver con la protección del entorno de los sectores que se benefician económicamente de la dinámica educativa, que con lo que pueda pasar con la salubridad de los reales actores del escenario escolar.

Según parece, los afanes con la presencialidad o en su defecto la alternancia, pretenden responder a las clientelas políticas patrocinadoras, evitando la quiebra de los contratistas alrededor del funcionamiento de la educación. Es preocupante que la funcionaria en sus declaraciones no haga alusión a la parte académica y las posibles afectaciones a los desempeños o a las situaciones cognitivas que puedan generarse. Aunque no es extraño, este tipo de énfasis, habitual cuando la tecnocracia aborda la educación pública, no deja de ser inquietante, pues la preocupación por mantener los empleos de los operadores logísticos, ya acomodados a las maneras del sistema oficial, que entre otras aportan muy poco a la superación de las adversas condiciones en las que estudiantes y docentes afrontan la salubridad, la vida social y la cultura académica , deja ver que la crisis en el sistema educativo y su funcionamiento es exacerbada por las políticas y abordajes de los administradores.

A los espíritus críticos, las preguntas nos seguirán rondando, pues no terminaremos de comprender el entorno protector de la contratación de la dinámica educativa en Medellín en términos de ¿cómo es la presión o el lobby de los mercaderistas del sistema educativo local sobre los funcionarios para que se vuelva a las aulas? y ¿de qué modo las asignaciones presupuestales, en época de educación vía digital, afectan los bolsillos de la oficialidad de turno?

Decadencia de los discursos de calidad y eficiencia del sistema educativo
Otra arista que aparece en la tensión de volver o no a las aulas tiene que ver con los esquemas mentales de algunos directivos docentes, que deja ver la pre-modernización que habita la gerencia educativa y la administración curricular en la localidad, pues dichos directivos, con la virtualidad, parece que pierden poder de control de los cuerpos y los espacios de la dinámica de la atención educativa oficial. Hace aproximadamente tres décadas el sistema educativo plantea el soliloquio de la calidad y la innovación tecnológica y bajo ese discurso, prioriza la inversión en supuesta modernización y tecnologización. Hoy esas asignaciones suman al despilfarro del erario público. No queda más que preguntarse ¿qué sentido tiene seguir sosteniendo los discursos tecnicistas de la calidad y la innovación exitosa de la educación oficial? y ¿quiénes institucionalmente se benefician el mantenimiento de tales eufemismos?

Lo real es que el paso del panóptico análogo a su versión digital fue abrupto. Aún las sociedades latinoamericanas no están tan modernizadas para la atención básica en la educación, como se hacen ver ante la opinión pública, incluso no han podido responder al pedido de la OCDE, quien se supone marca el avance educativo neoliberal de los últimos años. Entonces ¿para qué ha servido el dinero de la supuesta modernización y la propaganda de la tecnologización educativa?, hasta ahora no hay otra respuesta que enriquecer a la firma de turno, manteniendo una clientela politiquera, convirtiéndose en nómina paralela de carácter privado, que desempeña funciones que tendrían que desempeñar los funcionarios oficiales. Hasta los potentados del neoliberalismo internacional debe estar sorprendidos, por el grado de despilfarro y corrupción de los impulsadores de los discursos tecnocráticos en la fracasada condición virtual del sistema educativo regional. Una jugada maestra, que se deja ver como imprevisto, la pandemia, devela las reales situaciones sociales desde uno de sus aspectos más claves para la manipulación doctrinaria del sistema educativo: el dogma del desarrollismo.

La idea defectuosa de implementación de un sistema de atención digital, que hoy se usa como dispositivo remedial que, aunque no ha sido evaluado sistemáticamente mediante una investigación a rigor, realza las versiones de las “comunidades educativas”, que dejan ver que la oferta digital no será apropiada en el corto plazo y se convierte en el argumento para plantear el retorno a las aulas y mantener el cartel burocrático de la mente. La falacia está en creer que el sistema de educación presencial es el adecuado, ya que no les es conveniente implementar la digitalidad.

Ante el por qué de la insistencia con la alternancia, parece ser que el Ministerio de Educación tiene claro que no está en condiciones de transformar sus formas de operar el establecimiento, ofreciendo un sistema educativo digital y haciendo creer a la mayoría de la población, que el mamertismo resentido no tiene razones de peso para preguntar ¿por qué en 200 años de vida republicana, tampoco se ha estado en condiciones de ofrecer un sistema adecuado presencialmente?

Los contratistas de la educación o los “burócratas de la mente” en cambio, siguen convenciendo al incauto poblador de estas comarcas, que con el esquema de digitalización de la oferta educativa se vulneran los derechos del estudiantado y se aumentan las brechas de inequidad. Lo paradójico es que en los 150 años de instrucción pública presencial en Colombia, son soportables los daños provocados por el sistema, que ha ahondado las brechas entre los que pueden y los que tienen menos posibilidades, así como la lógica del capital lo ha predispuesto hasta el final de los tiempos.

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