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No sabemos quiénes son, cuántos, cuáles son sus verdaderos nombres, qué música escuchan, dónde viven, por qué hay tanto odio en su gramática, y por eso nos generan tanto miedo; porque se comportan como la muerte: no sabemos cuándo llegarán, cómo aparecerán, ni en qué lugar.

Se autodenominan águilas –que todo lo ven– negras –el distintivo de su política terrorífica–. Escriben panfletos. Y en uno de sus panfletos, que circuló la semana pasada, prometieron exterminar a los colegas de El Macarenazo, El Turbión, Clarín Colombia, Desde Abajo y Colombia Informa. La sentencia venía firmada por el Bloque Capital, quien justificó que los amenazados son “sapos”, “informantes y voceros de la guerrilla”, “hijueputas traidores de Colombia”, entre otros adjetivos injuriosos escritos con mala ortografía.

No es la primera, ni la última vez que las águilas más negras de Colombia hacen este tipo de advertencias. El nombre de defensores de derechos humanos, líderes comunales y sindicales también ha aparecido en esos dantescos panfletos.

Según un artículo publicado en El Espectador, el vuelo mortuorio de las águilas se remonta a 2006, año en que prometieron desmovilizarse los grupos paramilitares. Desde entonces, 589 personas fueron amenazadas en un total de 282 panfletos, 67 de ellos escritos este año. Cauca con 35, Valle del Cauca con 24, Atlántico con 23, Antioquia con 21 y Cundinamarca con 19, son los departamentos donde más notificaciones fúnebres han circulado. 20 de ellas firmadas por el Bloque Occidental, 10 por el Bloque Norte, y seis por el Comando Central.

En agosto la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó las conclusiones de su investigación sobre las águilas negras. La organización determinó que “no existen como estructura criminal. No hubo ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia (…) Algunos grupos criminales cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean muy violentas, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados (…) Hay sectores en la legalidad, como supuestos empresarios, políticos o particulares, que contratan sicarios para asesinar o amedrantar personas, y se hacen colocar el nombre de Águilas Negras”.

Que sabemos muy poco de ellos –¿ellas? – es la única certeza. Su forma etérea es la prueba de su existencia. La efectividad pedagógica del miedo radica en su misterio.

Los grupos de inteligencia del Gobierno solo ofrecen respuestas a medias, cuya parte más importante es aquella que permanece oculta. En esta negra historia la institucionalidad es arte y parte. En ocasiones se han disfrazado de águilas –o han pagado a las verdaderas– para deshacerse de las piedras que tallan en sus zapatos. Sin embargo, cuantas veces sea necesario, reiteramos que su obligación es hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de aquellos que exigen lo que todos deberíamos: la defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

Es muy diciente la celeridad con la que actuó la Fiscalía cuando periodistas de Caracol y RCN Radio fueron amenazados el pasado mes de julio. Como diciente y sintomático es la falta de solidaridad y colegaje de los líderes de opinión de los grandes medios con los colegas amenazados. ¿Acaso por ser medios con agendas mediáticas alternativas no vale la pena defender su derecho a la libertad de expresión?

El desgobierno y el odio que reina en nuestro país demuestra que Colombia es más territorio que Estado. El Gobierno hace las veces de espectador mientras la sociedad hace justicia con sus propias manos. La clase política socializa su proyecto de país con una pistola en el bolsillo. La violencia se convirtió en nuestro medio y nuestro fin.

Democracia, decía Estanislao Zuleta, es el derecho del individuo a diferir contra la mayoría. La diferencia además de legítima es necesaria. Los derechos humanos no deberían tener dueño, ni color, ni ideología. Por eso, aunque las águilas negras digan lo contrario, ser líder social o periodista independiente no es –ni puede ser– un delito o una razón para justificar la muerte.

 

En medio de las dificultades que atraviesan algunos sectores agrícolas colombianos, surgen personajes que defienden la tierra y autonomía de comunidades rurales.

Era febrero de 2016. Luego de cumplir una jornada de trabajo que había iniciado a las 5:00 a.m., y acompañado de un extenuante sol de mediodía, Ismael Vásquez llegó a su casa con la satisfacción de haber organizado parte de sus cultivos de café. La inquietud rondaba en su cabeza; desde hacía año y medio esperaba una anunciada visita que podía cambiar la vida de 17 familias campesinas, pues representaba la posibilidad de apoyo económico para sus proyectos agrícolas.

Almorzó, se puso su sombrero suaceño que lo acompaña en los momentos especiales, y luego caminando se dirigió al sitio de encuentro acordado con los funcionarios, quienes traerían consigo la respuesta sobre el proyecto presentado a la Cumbre Agraria. En medio de algunos de sus vecinos, una temperatura cálida, y un ambiente de intriga, les confirmaron que su proyecto había sido aprobado, y que en adelante tendrían un año para su ejecución. Ese día, Ismael reafirmó que la mejor sensación era esa, la de poder servirle a su comunidad. 

Ismael es un agricultor de 55 años, amante de la naturaleza, del trabajo y de la producción agrícola, natal de la inspección de San Pedro de Florencia Caquetá, de padres campesinos oriundos del mismo departamento. Es el mayor en una familia de ocho hijos conformada por tres hombres y cinco mujeres. Desde los 17 años ha estado relacionado con el liderazgo; muestra de ello es su participación en la Unión de Jóvenes Patriotas, donde el propósito era la instrucción y capacitación política; fue presidente de juntas de acción comunal y debido a muchas circunstancias llegó en el año 2000 al municipio de Timaná.

Unos de los sucesos sociales que más han marcado a Ismael, fueron los paros realizados en 2013 y 2014 por gremios cafeteros del Huila, de los que él fue partícipe. Estas movilizaciones campesinas se llevaron a cabo, según narra el mismo Ismael, debido a la carencia de apoyo estatal para el sector cafetero que cruzaba dificultades respecto a los precios de insumos para la producción, bajos pagos en la venta de café y labradores endeudados con entidades bancarias, porque los resultados económicos  debido a la crisis no eran los esperados.

Luego de estas y varias manifestaciones, y el sinsabor por un Gobierno que poco atendió las peticiones, se promovió la organización comunitaria para lograr mejores proyectos y garantizar el cumplimiento de los mismos. A través de la invitación voz a voz con vecinos y conocidos, se reunieron 18 campesinos y campesinas pertenecientes a veredas del municipio de Timaná y crearon en el año 2014 la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila (ATCH) seccional Timaná

En la junta directiva estaba Ismael Vásquez como presidente, además Hernán Darío Herrera como secretario, Diego Marín como tesorero y Mildreth Caviedes Mejía como representante de Derechos Humanos. Entre las prioridades de la organización, Ismael destaca la defensa del territorio campesino, el fortalecimiento político - económico del sector, la exigencia al gobierno departamental y local para el acompañamiento técnico, productivo y de comercialización de productos agrarios.

Por eso, uno de los logros más representativos de la organización ha sido la inclusión al proyecto nacional Cumbre Agraria, que surgió precisamente de los paros campesinos de 2013 y 2014, pues este permitió que 17 familias de ATCH seccional Timaná recibieran capacitaciones, herramientas agrícolas, semillas y acompañamiento. En la actualidad, los cultivos de café, banano y caña que surgieron de este proyecto están en etapa productiva.

“Representamos posibilidades para el mejoramiento de la calidad de vida, hay representación y credibilidad en lo que hemos logrado, eso me impulsa porque siempre hay alguna problemática por la cual trabajar”

Ismael cuenta que desde la asociación han posibilitado el mejoramiento de la calidad de vida, hay una representación y credibilidad en lo que han logrado, y esta es su motivación pues considera que siempre hay alguna problemática por la cual trabajar. Se han financiado y mantenido en la lucha a través de la venta de novillas, pollos, bazares, tamales y otras actividades. Consideran que recibir algún tipo de financiación de partidos políticos podría cambiar los intereses de la organización o ser utilizados negativamente.

En cuanto a decisiones electorales manifiesta que “la afinidad política es individual. Somos liberales, conservadores de cualquier partido, siempre buscamos ponernos de acuerdo, hablamos, debatimos y cada uno da su punto de vista frente al suceso político, la mayoría de votos gana; dentro de la asociación se maneja la democracia y pluralismo y cuando apoyamos algún candidato lo hacemos por acuerdo”.

Actualmente en ATCH hay 140 asociados, 60 mujeres y 80 hombres en edades de 14 y 78 años, la población es jornalera, pequeños o medianos agricultores. “Nuestro distintivo es un escudo que representa la tierra, la familia campesina y nuestros cultivos. Hemos organizado para tener manillas tejidas, chalecos y busos con los cuales nos identificamos como ATCH seccional Timaná”

“El dinero es importante pero no lo es todo, porque sin dinero he ido a muchas partes, he conocido muchas personas y gozo de tranquilidad. Valiosas son las personas y el trabajo por  sus necesidades”

La prioridad de Ismael dentro de la organización es ubicar agricultores en terrenos propios para garantizar calidad de vida a ellos y sus familias, también continuar la gestión para la baja de tasas de créditos en el Banco Agrario. Ellos se reúnen en asambleas cada tres o cuatro meses, y si hay algún proyecto cercano o en ejecución cada mes o cada 20 días. Han proyectado la celebración del día del campesino como  muestra y reconocimiento a su labor; así mismo, educar en siembra y aprovechamiento de terrenos para varios cultivos, porque el monocultivo cafetero, a pesar de brindar estabilidad económica en ciertas épocas, ha hecho que muchos labradores dejen a un lado la práctica de policultivos.

Ismael pretende que el poco dinero que da el café no se gaste en las tiendas o en el “Fruver”, que en las parcelas haya un poco de café, plátano, cebolla, cilantro, guayaba, zanahoria, naranja, mandarina… que aprovechen los terrenos y cada día aprendan más sobre la linda labor de ser labradores de su tierra.

Visita y análisis de terrenos para siembra de café, banano o caña.

Entrega de abonos a beneficiario del proyecto Cumbre Agraria.

Agricultor Timanense en su proceso de siembra cafetera

Agricultor timanense e ingeniero agricola, acompañante del proceso de siembra y producción.

Acompañamiento en proyecto productivo a mujeres.

 

 

Resultados de la convocatoria Agenda 2019

Estos son los fotógrafos que hacen parte de la selección “los juegos de la periferia”

Agradecemos a las y los fotógrafos que participaron de la convocatoria de este año. Continuamos reconociendo la labor tan importante que realizan junto a las comunidades y los invitamos a seguir apostándole a retratar la periferia de nuestro país.

La selección final recorre diferentes lugares de la geografía de Colombia, del campo y la ciudad, y muestra la importante relación entre la niñez – principalmente- y el juego.  El resultado de la selección final para la agenda “Los juegos de la periferia” se podrán apreciar en noviembre. A través del correo electrónico estaremos contactando a cada uno de los fotógrafos seleccionados para coordinar la entrega del reconocimiento.

A continuación el nombre de quienes hacen parte de esta selección:

  1. Camilo Ríos
  2. Deivy Leandro Zuluaga
  3. Edison Andrés Cano Ocampo
  4. German Bedoya
  5. José Alejandro Restrepo
  6. Juan José Restrepo
  7. Laura Cardona
  8. Sebas Yarce
  9. Sebastián Arias
  10. Natalia Pineda

Este espacio, construido hace un siglo por la familia Flórez Correa, ha permitido desde hace cuatro años un reencuentro con el arte y la arqueología del sur del país, reflejadas en sus coloridos cuadros, máscaras de rostros indígenas y plantas que brindan un ambiente de tranquilidad.

Al sur del departamento del Huila se encuentra Pitalito o el ‘Valle de Laboyos’. Este municipio de economía agrícola, destacado por su calidad en producción cafetera, gente amable y territorio bañado por aguas del río Magdalena, está ubicado a solo 45 minutos de San Agustín, Capital Arqueológica de Colombia. Además, es un centro de conexión entre departamentos ricos culturalmente como Caquetá, Putumayo y Cauca.

Allí, en medio de la rutina, el afán por lo cotidiano y lo habitual, surgió un espacio inspirador para artistas, un punto de encuentro para aquellos amantes del arte y que ven en él la posibilidad de transformar la sociedad: Pitalandia, residencia para artistas y espacio independiente (Pita: alusivo a la planta / Landia: relacionado con un programa de televisión llamado animalandia que mostraba la fauna y flora del mundo).

Nació en el año 2015 como iniciativa de Rafael Flórez, egresado de la facultad de artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y quien ha dispuesto su trabajo como una incubadora de artistas preocupados por la innovación y el rescate de la cultura desde el arte contemporáneo. Rafael es un hombre alto, de piel clara, enérgico, cordial, y su gesto representativo es una sonrisa. En sus narraciones refleja un profundo amor por el arte, sentimiento que heredó de su madre, profesora de español y psicóloga. A pesar de vivir quince años en la ciudad de Bogotá, en la que se formó académicamente, sus experiencias y conocimientos artísticos lo llevaron a creer que Pitalito era un lugar de artistas de cuna, y que era necesario crear un espacio en el que se ayudara a concebir oportunidades para niños y jóvenes, y que permitiera ver otra cara del municipio.

Desde hace cuatro años se han construido tejidos culturales, y con ellos nuevos espacios de integración que trascienden las barreras locales; una de las iniciativas es traer artistas con proyección nacional e internacional como Miguel Kuán, Wilson Díaz Polanco y María Isabel Rueda. Un ejemplo fue el Primer Encuentro del Alto Magdalena, Arte Contemporáneo y Arqueología (ARCA) realizado en abril del 2018, en el que se exhibieron piezas arqueológicas coleccionadas por la docente y coleccionista Fabiola Peña, y las cerámicas de Cecilia Vargas, una mujer aguerrida por la cultura del municipio con la creación de piezas artísticas de la chiva y la danta de montaña.

A su labor se han unido curiosos jóvenes y docentes de distintas instituciones educativas como la Winnipeg, San Juan de Laboyos y el Humberto Muñoz Ordoñez, quienes con el deseo de cultivar una semilla de creatividad participan en talleres de apreciación del paisaje y construcción de identidad colectiva; así se forman las futuras generaciones en espacios alternativos desde pequeños territorios y que se figuran como una apuesta por destacar el arte contemporáneo y arqueología de la región Surcolombiana.

Aura Cristina, joven de 18 años, laboyana, estudiante del Sena y fiel admiradora del arte, ha sido muy inquieta, desde pequeña se ha interesado por las expresiones artísticas. Inicialmente relacionaba el arte únicamente con pintura y dibujos, con el tiempo se relacionó con personas que le permitieron crear una amplia visión, luego hizo parte de talleres realizados por artistas de la mano de Pitalandia y asegura que este lugar “ha dejado en mí la semilla de reconocer lo nuestro, ver la historia y entender cómo todo está conectado con el presente, es ver el arte como algo tangible y un sueño posible de alcanzar. Somos ricos porque tenemos prehistoria, lo que falta es potencializar y crear cultura de valor y reconocimiento. Pitalandia es encontrar un lugar en el que moldeo ese ser artístico dentro de mí, es mi sinónimo de no conformismo, es ir más allá en búsqueda de las máximas expresiones”.

A pesar de las limitaciones económicas que oscurecen el panorama artístico, Pitalandia es un lugar especial para visitar. De manera voluntaria ha recibido aportes para salir adelante con el proyecto que carga en sus hombros el sueño de artistas que muestren al país y al mundo la riqueza histórica del territorio, para así lograr convertirse en la “Puerta Arqueológica del Sur”, como lo expresa Rafael.

Como ejemplo de apoyo está Silvia Vásquez, diseñadora gráfica y catedrática universitaria, quien se ha incorporado con el propósito de contribuir al reconocimiento de espacios que fomentan los talentos y el potencial de la región. “Es muy importante que los procesos educativos estén de la mano siempre del arte y Pitalandia es un espacio de reencuentro con nuestra identidad y que nos permite hacer región desde nuestro escenario”, afirma Silvia.

Pitalandia busca seguir aportando socialmente en la formación cultural del municipio, quiere romper la centralización del arte a nivel nacional que se queda en las élites de las grandes capitales, y sobre todo crear la visión que el arte hace parte de las comunidades. Buscan que niños y jóvenes de clases populares sean protagonistas de la transformación social y puedan conocer, entender y enamorarse de su contexto y representarlo artísticamente, para mostrar su identidad cultural a nivel nacional e internacional.

 

El cine nos une

Pocas formas artísticas logran combinar la literatura, la música y la fotografía en un solo lenguaje tan potente y poderoso, que es capaz de romper barreras y congregar a diferentes sectores sociales a su alrededor. Este es el caso del cine, el cual, a través de sus posibilidades estéticas, proporciona un espacio para la visibilización de diferentes historias: algunas felices, otras tristes y muchas otras esperanzadoras y con algo humor; pero sobre todo historias desde y hacia la sensibilidad humana. Esta sensibilidad se relaciona con la necesidad del hombre por contar sus vivencias, dar sus testimonios de vida y contribuir con estos a la reflexión y la construcción de una mejor sociedad. A esto, precisamente, le apunta el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, que en agosto de este año cumplió con su quinta versión.

Cine y derechos humanos

Desde el 2013 el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos es una iniciativa apoyada por diferentes organizaciones culturales nacionales e internacionales, universidades y compañías dedicadas a la industria cinematográfica. Esta propuesta de cine, enfocado en la promoción y defensa de los derechos humanos, tiene como objetivo formar audiencias en torno al arte audiovisual, la generación de cultura y trabajar por la construcción de la paz y la reconciliación. Así mismo, busca ser una plataforma para la producción, distribución y exhibición de trabajos audiovisuales, tanto de Colombia como de diversas partes del mundo, con enfoque particular en derechos humanos y que por esta temática no sean comercializados masivamente.

Cada año, el festival ofrece una amplia muestra audiovisual que se complementa con una agenda cultural y académica de libre acceso en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira y en poblaciones aledañas, de acuerdo con las gestiones realizadas por las corporaciones culturales aliadas con el festival.

La muestra audiovisual comprende una clasificación de diversos productos audiovisuales en las categorías de Largometraje, Documental nacional, Documental internacional, Cortometraje nacional, Cortometraje internacional y Animación. La condición fundamental de las obras es su narrativa puesta al servicio de las historias con sentido social, en las que sus enfoques y personajes muestran a partir de su experiencia la importancia de la promoción y defensa de los derechos humanos. En cuanto a la agenda cultural y académica que acompaña el festival, su objetivo es la creación de espacios de diálogo sobre la paz, la reivindicación de derechos, la reconciliación, coyunturas sociales vigentes, arte y cine como instrumentos políticos, entre otros temas. En el aspecto académico, se trabaja en la formación de diversas comunidades en temas como teatro, actuación, guion, fotografía, producción cinematográfica entre otros aspectos técnicos que ayudan al fortalecimiento de las industrias cinematográficas independientes o con enfoque social.

Por otro lado, el festival abre sus puertas a nuevos realizadores que tengan historias para contar. Esta convocatoria invita a productores, directores y activistas que trabajan temas sociales con enfoque en derechos humanos y les interese mostrarlo en productos audiovisuales, a presentar una producción original bajo el concepto propuesto por el festival. Cada año la convocatoria tiene un enfoque especial y premia al realizador con la financiación de la producción documental de su iniciativa, además de la valoración del alcance del proyecto, para apoyarlo en otros escenarios.

Arte en defensa de los Derechos Humanos

Para nadie es un secreto que la situación mundial de los Derechos Humanos está muy lejos de alcanzar los ideales propuestos, y que día a día se enfrentan grandes retos en la reivindicación de estos. De acuerdo con la organización internacional Unidos por los Derechos Humanos (UHR), los tratados internacionales no son suficientes para proporcionar una protección adecuada a estos derechos, y realizar una queja puede llevar años y gran cantidad de esfuerzo y dinero. También señala que persiste la discriminación, la tortura, el encarcelamiento por libre expresión y motivos políticos, la esclavitud, el analfabetismo y la desigualdad, entre otras problemáticas.

Además, existe un desconocimiento generalizado sobre cuáles son derechos inherentes a la condición humana y el deber de las instituciones de garantizarlos, razón por la cual, las personas no los exigen ni buscan su reivindicación. Es por esto que el arte, específicamente el cine, se ha convertido en un medio de difusión eficaz y democrático. Por medio de espacios como este festival se pone el cine al alcance de todos, no solo para apreciarlo como espectadores, sino para construirlo desde lo colectivo a partir del nacimiento mismo de las historias y convirtiendo a todos sus participantes en precursores de los derechos humanos.

De esta manera, queda demostrado que el cine, desde los diferentes universos de expresión que posibilita, nos une, nos empodera y nos motiva a participar activamente en la sociedad luchando a través del arte. La invitación a contar historias, a compartir experiencias, a mostrar lo maravilloso de la cotidianidad, la construcción de sociedad a partir del campo, del pueblo, del barrio, de la calle, así como de los saberes ancestrales y culturales de la diversidad colombiana está abierta para todos. Desde el arte también podemos ser líderes y defensores de los derechos humanos.

 

Los días 13, 14 y 15 de agosto se reunieron en Chinauta, Fusagasugá, los procesos agrarios Fensuagro, Anzorc, Comosoc, Mesa de Unidad Agraria (MUA), Federeación Agrominera del Sur de Bolívar, Centro y Sur del César, Asociación de Familias Agromineras del Sur de Bolívar, y la Asociación Agroambiental Colombiana Camilo Rodríguez Restrepo –Asacol. Todas estas organizaciones, aunque se encuentran en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en los territorios han tenido diferencias entre ellas, por lo que el encuentro tuvo como objetivo hacer el diagnóstico y acordar rutas que solucionen dichos conflictos.

Los territorios donde se focalizaron estos conflictos fueron el Norte del Tolima, Sur de Bolívar, Arauca, Putumayo, Guaviare y Santander, al reconocer tensiones en la convivencia de estos procesos por razones históricas y otras más recientes por diferencias entre las propuestas y metodologías de trabajo con las comunidades. Entre el respeto y diálogo, las partes expusieron sus argumentos y perspectivas de los conflictos, generando un clima de reconocimiento entre las organizaciones, y facilitando así la búsqueda conjunta de soluciones.

Dentro de las actividades creativas que ayudaron a identificar causas y actores de los conflictos estuvo el juego de roles. También se realizaron mesas de trabajo para crear cartografías sociales del territorio y socialización de la situación regional. Cada participante aportó su conocimiento de la región, el estado de las comunidades y percepción del conflicto para cumplir con la meta del encuentro.

Se resaltó, entre todos los involucrados, que existe un actor común cuyo conflicto histórico todavía afecta a estos procesos agrarios y a las comunidades. Se trata del Estado y las políticas extractivas que por años han desterrado al campesinado, robado los bienes comunes y permitido la invasión de las multinacionales minero-energéticas agravando la vida de las personas y destruyendo la naturaleza.

Este es el primer paso del camino de resolución de conflictos territoriales entre las comunidades que participan activamente de la Cumbre Agraria. Estaremos en Santander de Quilichao (Cauca), Tumaco (Nariño), Catatumbo (Norte de Santander) junto a los procesos que comparten el territorio, para seguir con el objetivo de encontrar soluciones a las tensiones generados por diversas razones.

 

Campesinos y campesinas de los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Huila, y la Nación U´WA, que defienden los páramos de Cocuy, Santurbán, Pisba, Almorzadero, Tota Bijagual Mamapacha, Guántiva – La Rusia, y Sumapaz, se reunieron del 17 al 19 de agosto del presente año  en el municipio de Mutiscua y Silos del departamento de Norte de Santander, en el primer Encuentro Regional de campesinos de páramos del Centro Oriente, con el objetivo de seguir fortaleciendo la organización campesina y su lucha por la defensa de los páramos, la economía campesina, la permanencia en el territorio y la vida misma.

Teniendo en cuenta los intereses de privatizar y delimitar los páramos que han tenido los gobiernos nacionales, con el más reciente caso de la aprobación de la ley 233, impulsada por el expresidente Juan Manuel Santos, el pasado mes de junio, los habitantes de los páramos de la región del Centro Oriente acordaron impulsar una reforma agraria integral que garantice el acceso a la tierra, el mejoramiento técnico, el acceso a mercados y subsidios de producción junto a la sustitución de alimentos que suman actualmente 14 millones de toneladas anuales.

Además, según los participantes, también se debe reconocer al campesinado como sujeto político de derechos para que se formulen políticas públicas que protejan de manera efectiva los páramos. Pero señalan que este tipo de reconocimiento no ha tenido eco en el Gobierno nacional, pues aseguran que solo beneficia al sector agroindustrial y multinacional.

¿Qué acciones del Estado rechazan estos campesinos que viven y cuidan los páramos?

Se han impuesto resoluciones de delimitación en estos sistemas naturales que prohíben las actividades agropecuarias, como también propuestas de zonificación ambiental que no permiten la discusión de fondo con el campesinado acerca de continuar o no con su actividad campesina. Además, desde el Ministerio de Ambiente se ha estipulado la ley 1930 que restringe no solo la actividad agropecuaria sino también la construcción de vías y casas nuevas.

Otro tema que afecta a estas comunidades campesinas es la militarización y agresión contra los líderes sociales, y contra quienes hacen parte de campañas de defensa del agua y los páramos. Frente a esa problemática de derechos humanos, se acordó en este encuentro continuar la movilización y organización social por medio de un pliego nacional de exigencias para permanecer y defender el territorio. Así mismo, existen las iniciativas de crear la figura territorial conocida Territorio Campesino Agroalimentario, las Guardias Interétnicas, Campesinas y Populares para proteger los bienes comunes y la vida de las comunidades.

En ese sentido, se seguirán creando espacios de socialización y diálogo entre las comunidades campesinas que viven en los páramos de Colombia con el objetivo de fortalecer redes de protección y permanencia en estos territorios.

Vea la declaración política del primer encuentro regional de campesinos de páramos del Centro Oriente de Colombia.

 

 

 

“Eso no es una delimitación, yo a eso lo llamo un robo”, dice doña Tránsito Leal con efervescencia. “Como no pueden sacarnos a garrotazos, se inventan esas leyes. No estamos en contra del turismo. Queremos que se regule el turismo, nos hemos sentado a pactar acuerdos que al otro día incumplen”, afirma luego un cocuyano indignado.

El páramo del El Cocuy es uno de los 37 paramos que el gobierno de Juan Manuel Santos prometió delimitar. En el Norte de Santander, por ejemplo, se determinó que la zona páramo comienza a partir de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. En el municipio El Cocuy de Boyacá, el Instituto Von Humbold definió en 2016 que la cota del páramo ubicado en este territorio comienza a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y comprende una zona de 300 metros de amortiguación.

Esta delimitación ha despertado el rechazo de los cocuyanos, puesto que aproximadamente el 95% del municipio se encuentra por encima de la cota y la legislación prohíbe cualquier tipo de prácticas agrícolas en el páramo.

Tránsito Leal

Los habitantes, las organizaciones sociales del municipio, representantes de diversos sectores y otras instituciones gubernamentales pudieron manifestarles su malestar y preocupación a los integrantes de la Caravana por el Territorio y la Dignidad de los Pueblos del centro oriente.

En el Teatro Boyacá de El Cocuy, municipio enmarcado por montañas, calles empedradas, ruanas, sombreros de ala redonda, y campesinos de piel café como la madera fina, se realizó un encuentro comunitario al que asistieron más de 100 personas para exponer el sentir de la comunidad sobre la delimitación de páramos y la problemática de parques naturales.

–Los campesinos del páramo ahora somos delincuentes. Nos están diciendo que sembrar papa es ilegal. Nos han comparado con la minería, con el narcotráfico –, manifestó uno de los asistentes.

Participación de campesinos durante el evento

Para la población de El Cocuy la delimitación del páramo representa una amenaza, pues para el Gobierno y las instituciones los campesinos son un agente destructor del ecosistema, aunque son ellos quienes ancestralmente han contribuido a su conservación.

La legislación sobre el tema prohíbe y castiga actividades realizadas por décadas para el sostenimiento de muchas familias, todo con la intención de venderle bonos de carbono a las potencias industriales del mundo. Si bien el Estado propone una sustitución de las prácticas agrícolas por pago de servicios ambientales y otras figuras, en el municipio son conscientes de que ni siquiera el Gobierno sabe de dónde va sacar el dinero para poner en marcha esa reconversión. La propuesta de ecoturismo tampoco es vista con buenos ojos, pues la llegada de visitantes ha traído más contaminación que beneficios económicos.

A raíz de esta problemática, de forma orgánica en el municipio se conformó un comité ambiental de páramo que hace constante veeduría al proceso de delimitación y otras determinaciones que se toman sobre el ecosistema. No solo con el propósito de preservar el páramo y  el nevado, sino de promover el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

En El Cocuy los campesinos se sientes atropellados. Interpretan la ley ambiental de delimitación como una forma de despojo que utiliza el Estado para aburrirlos y desplazarlos. La medida intenta equiparar el daño ambiental causado por la explotación de hidrocarburos y la producción agrícola. No son los campesinos los culpables del cambio climático, causado por la matriz extractivista impulsada por los últimos cuatro gobiernos, sin embargo son los que deben pagar las consecuencias.

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