Nuevo código de policía: “como Pedro por tu casa”

 

Por Anyela Heredia

 

Ocurrió hace poco tiempo. Había viajado toda la noche desde Urabá y esperaba en la Terminal del Sur del Medellín un bus que me llevara hasta Cali. Eran poco más de las cinco y media de la mañana y aún no aclaraba del todo el día. La terminal estaba casi vacía, apenas comenzaban a llegar los empleados y, excepto dos locales en los que vendían comidas y bebidas, todo estaba cerrado. Como era tan temprano cogí mis motetes y me acomodé en una de esas bancas de cemento que hay por todos lados en la Terminal; como no era capaz de dormir, apoyé la cabeza sobre la maleta, saqué un libro y me dispuse a leer. A eso de las seis, cuando ya reinaba el sol en el firmamento se me acercó un vigilante con cara de malo y me dijo: “señora, tenga la bondad y se levanta de ahí. Ese no es sitio para acostarse”.

Tranquilamente, y sin levantarme, le respondí que no veía por qué, si no estaba incomodando a nadie. El tipo, inquieto, me repitió varias veces que me levantara y yo, terca, insistí en que en todos los aeropuertos y terminales del mundo el viajero tiene derecho a descansar. Ya irritado, el vigilante amenazó con llamar a la policía si no le obedecía. “Llame a quien tenga que llamar, señor, porque yo no estoy haciendo nada malo”, respondí haciendo como si nada y volví la mirada a mi libro.

A los cinco minutos llegaron los refuerzos y tuve en frente mío a dos policías interpelándome dizque por hacer  mal uso del espacio público. “¡Pero señor, si esta es una butaca de concreto y aquí hasta hace muy poco no había un alma!, alegaba yo en vano. Saqué la cámara para tomarle la foto a la banca y, en caso necesario, tener cómo comprobar que no había forma de dañar el tan preciado bien público solo por estar recostada leyendo un libro. Uno de los policías me la arrebató. Me enojé y en señal de protesta levanté la voz para que las pocas personas que pasaban por allí se dieran cuenta de lo que estaba pasando. “Ahora sí muéstreme la ley donde dice que yo no puedo estar aquí y que usted me puede quitar la cámara. O lléveme a donde me tenga que llevar porque voy es a poner una queja por sus abusos”.

Uno de ellos me cogió por el hombro. “No me toque, yo voy a donde haya que ir, pero usted a mí no me toca”. Entonces comenzó la acusadera: que si estaba drogada, o sino por qué me alteraba tanto, que esos ojos enrojecidos (como si no hubieran visto el cansancio de alguien que ha viajado en bus toda la noche). Me requisaron el maletín y llamaron a una mujer policía para que me requisara a mí, porque, a su juicio, yo tenía que estar drogada, de lo contrario no tendría porque alterarme de esa manera... El caso es que después de todo tuve que ir con ellos a la estación de policía más cercana y desde allí llamé a una amiga abogada para ver qué alcances tenía el incidente, ella pidió que pasara el policía al teléfono, le dijo unas palabras mágicas y entonces me dejaron ir, sin más.

Antes y después de eso he sido, digamos, muy propensa a alegar con los tombos por cualquier cosa, cada vez que hay una batida o veo que están maltratando a un muchacho en la calle, cuando molestan a los vendedores ambulantes, cuando no te dejan tomar cerveza en un parque, y en otros numerosos casos de injusticia muchos más graves que esos; y la mayoría de las veces me han acusado de estar drogada.

¿A qué viene toda esta historia? Pues a que con la reforma al Código de Policía, cuyo proyecto acaba de pasar el primer debate en el Senado, la Policía tiene la facultad de entrar a la casa de cualquier ciudadano sin la orden escrita de un juez, en casos de “alteración de la conciencia por sustancias alcohólicas o psicoactivas, por riñas, en persecución de una persona o en casos en los que se altere la convivencia”  (artículo 85). Todos esos son casos en los que se considera que se debe preservar la seguridad. La experiencia me da para pensar que aprobada la reforma, los policías podrán pasearse como Pedro por mi casa, cada vez que a alguno le dé por juzgar que estoy drogada. Peor aún, en esos casos la policía tendrá la facultad de efectuar un “traslado por protección” o retención preventiva, hasta por doce horas (artículo 78), con miras a preservar mi integridad y la de terceros, y está habilitada, además, para “hacer uso de la fuerza” si es necesario; no se define exactamente a qué hace referencia el uso de la fuerza, pero en el caso, por ejemplo, de hacer uso de los “medios técnicos” que sean necesarios con el fin de controlar a las personas, se  abre la posibilidad de usar pistolas de descargas eléctricas y quien sabe qué otros artefactos.

Dado que en Colombia existen demasiados antecedentes, no solo de corrupción sino de abuso de autoridad de las fuerzas armadas en su conjunto, se prevé que estas y otras medidas de la reforma se presten para todo tipo de abusos, toda vez que atentan contra la presunción de inocencia, contra el libre ejercicio de la protesta, contra el principio de inviolabilidad del domicilio, entre otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del país.

Otra de las propuestas que ha generado polémica está en el artículo 25: ninguna reunión, marcha o desfile público podrá realizarse sin permiso previo de las autoridades municipales. Este artículo tiene, además, un parágrafo que reza: “toda reunión o desfile público que atente contra la libre movilidad o los derechos fundamentales principalmente de los menores de edad, será disuelto por la Policía Nacional”.

Pese a las buenas intenciones de preservar la seguridad de los ciudadanos por encima de todo, la polémica gira en torno a que se le otorgan demasiadas atribuciones a la Policía. De 9 tipos de policías se pasa a 19, que regulan todo tipo de comportamiento. Pero ya no se trata solo de llamados de atención, sino que se contemplan sanciones penales y multas para controlar situaciones como el ruido excesivo de fiestas y reuniones, el consumo de alcohol en lugares públicos no autorizados para ello (adiós cervecita en el parque), el manejo inadecuado de las basuras, los comportamientos morbosos en sitios y medios de transporte público (si pienso por ejemplo en todas las veces en que a mis amigas lesbianas las han hostigado en bares o centros comerciales por darse un beso ¿qué sanción les aplicarán esta vez?).

Todavía quedan tres debates, uno en el senado y dos en la cámara de representantes, antes de ser aprobado el proyecto, y  queda también mucha tela por cortar. Este es un tema que hay que examinar con lupa y no podemos dejar pasar desapercibido, pues es una de las principales herramientas de control social y de criminalización del Estado, principalmente contra sus opositores. 

Modificado por última vez el 01/07/2015

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Antonio Molina

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