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Las movilizaciones no las hace el pueblo por necedad. Los viejos problemas entre el Gobierno nacional y FECODE traen nuevos capítulos que suponen un reto para la reivindicación de la educación pública, y un motivo para que los maestros denuncien en las calles del territorio el incumplimiento de los acuerdos pactados el 16 de junio de 2017 con el demagógico y displicente gobierno de Juan Manuel Santos.

Antioquia no es ajena a esta situación, así lo demuestra el plantón llevado a cabo el primero de febrero en la plazoleta del centro administrativo La Alpujarra. En dicha protesta, los maestros reclamaron los salarios del tiempo recuperado luego del paro nacional de 2001, y las primas departamentales que no fueron pagadas durante el gobierno del fallecido Guillermo Gaviria Correa.

En principio, el secretario de educación de Antioquia, Néstor David Restrepo Bonnet, mencionó la existencia de una mesa técnica entre la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y la administración departamental con el fin de proceder al pago de estos dineros, lo que hasta ahora no ha sido posible porque las primas departamentales están demandadas por el Ministerio de Educación ante las cortes y están sujetas a los recursos del Sistema General de Participación, el cual no cuenta con presupuesto disponible.

Luis Fernando Ospina Yepes y Omar Arango Jiménez, directivos de ADIDA, manifestaron que las consultas y las mesas técnicas solo logran dilatar el compromiso con los maestros antioqueños. Además, aseguraron que Antioquia es el único departamento que ha incumplido estos pagos atrasados, y denunciaron la falta de coherencia ética por parte del gobernador Pérez Gutiérrez, pues esta problemática hace parte de sus promesas electorales incumplidas hasta hoy.

Por otra parte, el 21 de febrero tomaron fuerza las inconformidades por el deficiente servicio de salud que brinda, en la zona 8 (Antioquia-Chocó), el nuevo operador Red Vital quien reemplazó a la Fundación Médico Preventiva el 23 de noviembre de 2017.

Testimonios como el de Gerardo Antonio Gaviria Rivera explican la crítica situación: “En el papel el contrato entre Fiduprevisora y Red Vital tiene todo, pero en la práctica no hay nada porque carece de infraestructura en general. Las citas médicas y los medicamentos de control se demoran hasta ocho días, o más, cuando deberían estar en 24 o máximo 48 horas”. John Piedrahita, por ejemplo, asegura que su madre padece cáncer de seno y no ha sido atendida por un especialista porque Red Vital no se los proporciona. Y como si fuera poco, el presidente de ADIDA, Luis Fernando Ospina Yepes, agrega que existen 12.500 cirugías represadas desde que funcionaba la Fundación Médico Preventiva. A esto se suma la no atención de enfermedades crónicas y de alto costo, la no aparición de las historias clínicas, y la no firma de contratos con hospitales municipales, siendo Buriticá y Zaragoza los casos más emblemáticos.

Dicha situación, más la violación de los 23 puntos pactados entre el Ministerio de Educación y FECODE, demuestran que la protesta a nivel nacional es un llamado de atención al Gobierno nacional para que cumpla el acuerdo, en el que se destacan puntos como: la reforma estructural al Sistema General de Participación para garantizar la financiación de la educación pública; la implementación de la jornada única; la reforma conceptual al estatuto único docente, y la inclusión de una integración salarial equitativa que nivele a los maestros del 2277 con los del 1278, procurando que haya la menor afectación financiera posible; la inclusión de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF), evitando así la imposición de la Evaluación por Competencias; el mejoramiento de la infraestructura educativa, deteriorada principalmente en zonas rurales o barrios populares; y las garantías sindicales y laborales que protejan el derecho a la participación sin que haya represalias.

Carlos Rivas, presidente de FECODE, declaró que: “La educación es un derecho fundamental al igual que el derecho de asociación, aunque el Gobierno insiste en que la educación es un derecho público esencial”. Rivas agregó que si el Gobierno no cumple los 23 puntos acordados tras el paro magisterial de 2017, el gremio irá a “paro indefinido”.

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Acerca del Autor

Saúl Ignacio Peláez Arango