En Medellín hay muertos que duelen más que otros

 Por: La Liga Contra el Silencio- De la Urbe - Mutante*

Ilustraciones por: Elizabeth Builes

El mismo día en que el cantante y youtuber Fabio Andrés Legarda murió por una bala perdida, otras cuatro personas fueron asesinadas a tiros en las calles de Medellín.


Ese jueves 7 de febrero de 2019, en esa esquina del barrio El Poblado, no hubo fuego cruzado. Fueron en total seis disparos. Todos de la pistola nueve milímetros, legal, con salvoconducto, que portaba Jesús Alberto Alarcón, un escolta que esperaba el cambio de un semáforo. Dos hombres en moto se acercaron a la ventana de su carro para robarle y Alarcón reaccionó a tiros.


Cuatro de los seis disparos alcanzaron a uno de los atracadores, Jorge Hernán Ardila Valencia, de 27 años. Herido, corrió unos metros y se desplomó. Murió en la mitad de la misma calle cuando ya se formaba un grupo de curiosos atraído por el tiroteo. Otro de los disparos hirió a Juan Sebastián Ramos Duque, de 21 años, conductor de la moto, el otro atracador, quien trató de escapar y fue capturado por la policía.


La bala restante impactó en la cabeza a Legarda, quien iba como pasajero en un carro que también esperaba el cambio del semáforo. El cantante de reguetón, una celebridad con cerca de tres millones de seguidores en redes sociales, murió a las 5:15 de la tarde a sus 29 años; la Clínica León XIII lo anunció en un comunicado a las 5:40. Una hora después, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en sus redes sociales una fotografía del artista y dijo sentir “dolor profundo”.


Casi a las siete de la noche de ese jueves, Salomón Tobón Pimienta, de 19 años, se reunió con algunos de sus amigos en el Parque del Amor: una pequeña franja arborizada convertida en parque infantil, a un costado del viaducto del metro, muy cerca de la estación Floresta, en el occidente de Medellín.

La voz de Mateo Esk-lones Pimienta, su primo, reconstruye el asesinato desde el otro lado del teléfono. “Los amigos cuentan que se le acercó un man y le dijo: ‘Hoy alguien se va a morir’. Mi primo volteó y le respondió: ‘Uy, no diga eso, pito’. El man se fue y luego volvió en una moto, empezó a caminar como si no fuera para donde ellos, pero después se le arrimó, le disparó y ahí lo dejó tirado”. Ese día Salomón había tenido un altercado con un hombre que lo amenazó por haber salido la noche anterior con su hija. En medio de la discusión llegó la Policía y, según la versión de su primo, le tomaron fotos antes de dejarlo ir. “A la familia le parece mucha casualidad”, dice.


Mateo, o MC Teo, tiene 22 años y es del barrio La Pradera, en la Comuna 13. El Esk-lones que separa su nombre de su apellido se lo debe a la agrupación de hip-hop a la que pertenece desde que era un niño. La creó su hermano, Marcelo, conocido como MC Chelo, a quien también mataron a tiros como a Salomón en el Parque del Amor, el 5 de agosto de 2010.


Chelo tenía 23 años y su muerte hizo parte de una seguidilla de asesinatos cuyas víctimas fueron raperos de la Comuna 13. En ese momento, los colectivos de hip-hop de esa comuna promovieron una consigna para evidenciar que el problema no solo tenía relación con un nicho de artistas en los barrios, sino con la ciudad entera: “No están matando raperos, están matando jóvenes”.


Salomón también estaba metido en la música, le gustaba el freestyle y las batallas de rap. Dos días antes de su asesinato le envió a su primo por celular un último mensaje con una canción que Mateo le escribió a Chelo después de su asesinato.


Para Salomón no hubo canciones ni homenajes. “Mi tía dijo que no hiciéramos nada, que eso era morbo. Nos dijo que iba a dejar el cajón abierto solo cinco minutos para los que quisiéramos verlo por última vez”.


Las otras dos personas asesinadas el 7 de febrero pasado quedaron registradas sin nombre en los informes oficiales que a diario expide la Alcaldía de Medellín. Uno de ellos era un hombre de entre 35 y 40 años. Su cuerpo, con una herida de bala en el tórax, apareció en la vereda Media Luna del corregimiento de Santa Elena. Al otro hombre, de entre 20 y 25 años, lo mataron en el Morro Corazón en el corregimiento de Altavista.

Estas cinco personas tienen varias cosas en común: murieron todos el mismo día, por heridas de bala, todas de sexo masculino. Hacen parte de la lista de 350 personas asesinadas en Medellín hasta el 3 de julio, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). De ellas, 215 eran menores de 30 años, 207 eran hombres y ocho mujeres, y 169 murieron por disparos de armas de fuego. Estas coincidencias refuerzan la idea de que en la ciudad se mata más a tiros, se matan más los hombres y se matan más los jóvenes.

Pero también hay diferencias: solo Legarda, el único famoso entre las víctimas, mereció las condolencias del alcalde de Medellín y un masivo duelo con la utilización de recursos públicos.


“¿Por qué no salió en Q’hubo?”


Fabio Legarda subió a la tarima, tomó el micrófono y durante varios minutos les agradeció a las personas que llenaron el Centro de Espectáculos La Macarena para despedir a su hijo. Fue el domingo 10 de febrero. En tan solo un par de días, familiares y amigos del cantante convocaron un homenaje de cerca de quince mil personas.


El dolor de los allegados y de los miles de seguidores del cantante tuvo un gran despliegue en los medios. Por ejemplo Telemedellín, el canal institucional de la Alcaldía, emitió por lo menos ocho notas sobre el caso en sus noticieros entre el 7 y el 10 de febrero, y en su sitio web le dedicó una transmisión de dos horas y 43 minutos. Entre tanto, la Secretaría de Seguridad, a través de un contrato interadministrativo con Metroparques, entidad adscrita a la Alcaldía de Medellín y encargada de la administración de varios centros recreativos municipales, suscribió el 8 de febrero de 2019 una orden de compra por 374 millones de pesos con la empresa organizadora de eventos D’groupe. En respuesta a un derecho de petición que radicamos, Metroparques aseguró que el destino de esos recursos fue la vinculación al evento en homenaje a Legarda, bajo el lema “Más sueños, menos balas”.


Durante casi dos meses buscamos infructuosamente que el secretario de Seguridad Andrés Tobón Villada nos diera explicaciones sobre la destinación de recursos públicos a ese homenaje y sentara su posición frente al aumento de homicidios en la ciudad. Frente a las evasivas de su despacho, radicamos un derecho de petición que a la fecha seguía sin responder.

Pese a lo sentido, el homenaje a Legarda dejó la sensación de que en Medellín hay víctimas que merecen ser honradas y otras que no, que en la ciudad hay muertos que se lloran e incluso muertos que se celebran. Un fenómeno que ha venido siguiendo de cerca Luz María Tobón, directora del periódico El Mundo. Desde hace varios meses, la periodista dedica un espacio diario en sus redes sociales a hacer un recuento de las personas asesinadas en la ciudad. A veces utiliza un “nos” que resume su postura: “12
de julio, este día nos mataron a dos hombres. Este año la violencia nos ha arrebatado a 363 conciudadanos”.


La directora de El Mundo dice que le preocupa que en la ciudad se esté construyendo la idea de que existen buenos y malos, y que los malos sean catalogados así por ser jóvenes, por andar en moto o por fumar marihuana. Dice ella que el gobierno actual ha creado un enemigo común con estos estereotipos y que, a su vez, tiene un discurso que promueve que “hay gente que es mejor muerta que viva”.


Ocasionalmente, las autoridades de la ciudad han dejado entrever esta narrativa. El 19 de junio de 2016 el secretario privado de la Alcaldía de Medellín, Manuel Villa Mejía, compartió en su cuenta de Facebook una nota de Minuto 30 que informaba sobre la muerte de un supuesto atracador cuando intentaba robar a un ciudadano. “Para que sepan que cuando salen a trabajar ya no es seguro que vuelvan a casa: Dado de baja por policía cuando robaba”, escribió Villa. En una entrevista publicada el 7 de agosto de 2017 en el periódico El Colombiano, el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Óscar Gómez Heredia, fue citado diciendo: “Aquí a la gente de bien no la asesinan. A los que están matando son aquellos que tienen problemas judiciales”. Y el 30 de abril de 2018, en referencia a una ofensiva policial en el occidente de la ciudad, el alcalde Gutiérrez dijo ante los micrófonos de varios medios: “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno y también van cayendo”, y repitió una frase casi idéntica en su cuenta de Twitter.

 


Pablo Montoya, escritor y profesor de literatura de la Universidad de Antioquia, dice que en la década del cincuenta, el “malo” se asociaba con el robo, luego con el narcotráfico, después con las milicias o con los paramilitares, respondiendo a distintos fenómenos que atravesaron la ciudad. “Como supuestamente hemos superado esos estigmas, ahora los malos son los chicos de los barrios —solo por ser jóvenes y pertenecer a los barrios populares—. El discurso del enemigo cambia según el momento histórico”.


Esos chicos son los mismos que menciona Luz María Tobón y los mismos que son asesinados por decenas, semana a semana, sin que la institucionalidad invierta en homenajes. “En Medellín somos elitistas en la recordación de ciertos muertos —dice Montoya—. Mira por ejemplo el caso de Héctor Abad Gómez, un humanista del estrato seis, padre de un famoso escritor del estrato seis, Héctor Abad Faciolince. Estas condiciones lo han convertido en el gran crimen de la ciudad, mientras la otra cantidad de asesinados y desaparecidos está borrada”.


Ángela Chaverra es profesora de Teatro de la Universidad de Antioquia, doctora en Artes y directora del grupo de investigación El Cuerpo Habla, que se enfoca en las relaciones entre el cuerpo, la ciudad y el arte. Dice que los estereotipos tienen en parte la responsabilidad por el poco valor que tiene la vida en Medellín.


La imagen del sicario de Medellín, el de la moto, el de las películas, es una imagen reiterada. “Los sicarios son de esta manera —dice Ángela—, escuchan esta música, se ponen esta ropa, se dejan el pelo así, tienen estas novias. Uno mismo va multiplicando ese estereotipo y uno mismo lo va oralizando. Entonces, claro, cuando los matan: ‘Mírelo, mírele la pinta’. Seguramente fue por algo".


Rodrigo Morales es el director de Q’hubo Medellín. El periódico que dirige es el de mayor circulación en la ciudad, pero al mismo tiempo es, quizá, el medio de comunicación más criticado. A fin de cuentas, ofrece una radiografía de Medellín que atrae tanto como duele. Esas víctimas, las olvidadas y las recordadas, suelen tener un lugar en sus páginas, aunque no quepan todas. “¿Si en no existiera Q'hubo, ¿cómo se enterarían esta ciudad de todos los muertos que hay?”, se pregunta.

En su oficina, en el edificio del periódico El Colombiano, en Envigado, nos planteó una comparación que ejemplifica que, en Medellín, morir también es un asunto de clase: “Te voy a poner un ejemplo: si yo soy estrato seis y mi hijo muere ahogado en una piscina, y llega alguien del Q'hubo a pedirme una foto de mi hijo, le voy a decir al periodista que es un hijueputa, que cómo se atreve a venir e irrespetar mi dolor”, explica Morales. “Pero si pasa exactamente lo mismo en un barrio popular, te reciben, te dan la foto, te invitan a tomar jugo. Yo recibí una vez una llamada de una señora de Bello que me dijo: ‘Es que a mi hijo lo mataron en un mirador, ¿por qué no salió en Q'hubo?".

Que sea en ese periódico donde tengan lugar los muertos que no salen en otros medios se explica, quizá, por la naturalización del homicidio que hace que un muerto cualquiera no sea noticia. Esta pérdida de sensibilidad también podría ser consecuencia de nuestro pasado: la ciudad de hoy es mucho menos violenta que la de hace ya casi 30 años. En 2019, según el informe del SISC del 8 de agosto, las autoridades contabilizaban 401 homicidios, mientras en 1991, el año más violento de la confrontación entre el Estado y el narcotráfico en la ciudad, la cifra llegó a 6349 asesinatos, según estadísticas de la Secretaría de Gobierno de Medellín.


“Si el niño es como lo están revelando, no es rehabilitable”


M. se paró en una esquina del barrio Santa Lucía y por unos segundos siguió con la mirada los movimientos de Darío Alexis Atehortúa, de 43 años, comerciante. Su cuerpo escuálido se veía minúsculo al lado de su víctima. Las miradas apenas se cruzaron hasta que M. sacó un revólver y disparó. Seis tiros, dos muertos. El segundo, Mateo Cuesta Prieto, de 20 años, mensajero.


En la noche del 27 de marzo el video se regó por grupos de WhatsApp y llegó a los medios. En él se ve a M. correr hasta donde puede. Los vecinos lo acorralan en un callejón, pero antes de que lo linchen llega la policía. Pronto se supo que M. tenía 14 años. Después, la Fiscalía aseguró que había cometido por lo menos otros 10 asesinatos y que era integrante de una de las bandas criminales que operan en la ciudad.

La noticia del “niño sicario” —bautizado por algún medio— se multiplicó en cuestión de horas y el linchamiento que la policía impidió en la calle continuó en las redes sociales. El periódico El Tiempo publicó varias notas de seguimiento. En una de ellas, la Unidad Investigativa citó a dos fuentes para que analizaran el video. Carlos Francisco Fernández, “asesor médico” de este medio de comunicación, resaltó la “mirada fría” de M., “descontextualizada del efecto [de sus acciones]”. Y añadió: “Sus héroes son los delincuentes que lo metieron en el mundo de las armas y beneficios materiales. No existen referentes familiares o filiales. Mata por unas zapatillas, un teléfono de alta gama. Cosas imposibles de tener en el ambiente de carencia y pobreza en el que nació”. Olga Albornoz, psiquiatra infantil, complementó: “Si el
niño es como lo están revelando, no es rehabilitable y debería ser juzgado con todo el rigor de la ley […], ha mostrado que es supremamente peligroso”.

Juan Esteban Patiño es psicólogo y hasta noviembre de 2016 trabajó en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, conocido en Medellín como La Pola. Era uno de los encargados del proceso pedagógico y terapéutico de los menores de edad, principalmente de Antioquia y Chocó, que son sancionados con medidas de detención por su responsabilidad en delitos. Es el lugar donde M. se encuentra recluido.


Patiño se ríe cuando comentamos los conceptos de los expertos consultados por El Tiempo. Asegura que es imposible generalizar sobre las posibilidades de rehabilitación y cuestiona que esos profesionales asuman el lugar de jueces, y que sean capaces, con la secuencia de un video, de concluir que una persona “no tiene referentes familiares o filiales”.


En su experiencia con los jóvenes de La Pola encontró que es cierto que en la mayoría de los casos se trata de personas con carencias económicas, pero que de fondo existen condiciones estructurales que facilitan el ejercicio de la violencia. Y en Medellín, dice, poco se ha hecho por atacar esos factores.


Al contrario, el imaginario local pareciera asignarle a los jóvenes de la ciudad la condición de “violentos por naturaleza”, quizá reforzada por la literatura y el cine sobre la Medellín de pillos y sicarios que se hizo famosa en la década del noventa, gracias a obras como La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo o Rosario Tijeras de Jorge Franco. “Si vos crecés en un medio hostil, sea en Medellín o en cualquier otro lugar del mundo, la hostilidad se te vuelve un recurso permanente”, dice Patiño.

“La alcaldía no tiene un discurso orientador”


“La doble moral de nosotros los policías es salir a los medios y decir que la gente no puede tomar la justicia en sus propias manos. Pero nos bajan los micrófonos y decimos: ¿cómo es que no mataron a estos hijueputas?”. Son palabras de un alto oficial retirado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Conversamos con él con la condición de no revelar su identidad. “Es que ustedes los
jóvenes no entienden”, dice varias veces. No entendemos qué es ver morir a un compañero, no entendemos lo que era este país, insiste. Cuando llegamos al tema de los homicidios en Medellín, dice que esa “es una cuestión de imagen”, es decir, un asunto que se gestiona en función de la popularidad de la policía, del alcalde y su administración, y que, por eso, en los escenarios de decisión a veces se invierten las prioridades. “El homicidio es el delito que más preocupa, pero tiene más impacto si se roban un celular. Si matan a tres manes la gente dice que algo debían, entonces no es tan grave”.


Esa idea —anteponer el robo de un celular a un homicidio— también tiene que ver con las prioridades de los ciudadanos.


En 2018, la Secretaría de Seguridad de Medellín llevó a cabo la “Encuesta de percepción sobre victimización, seguridad y convivencia”, que consultó a 4000 personas en las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad. Al preguntarles a los encuestados por las problemáticas que hacen que se sientan inseguros, en los tres primeros lugares figuran los atracos, el consumo de drogas y la existencia de grupos delincuenciales. El homicidio se ubicó en el séptimo lugar. En síntesis, un atraco o que alguien consuma drogas genera mayor sensación de inseguridad que un asesinato.


El oficial retirado, quien participó en muchas ocasiones del Consejo de Seguridad de Medellín, la instancia presidida por el alcalde que reúne a los comandantes de la Policía Metropolitana y de la Cuarta Brigada del Ejército, al secretario de Seguridad municipal, a la dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, a representantes del Ministerio Público y de otras entidades del Estado, asegura que ahí “se toman las decisiones importantes”, pero que también hay asuntos que desbordan esos escenarios formales. “La pregunta que nos hacíamos era: ¿qué podemos controlar y qué no podemos dejar que se desborde?”.


Esa idea conecta con una de las lecturas que se ha hecho constante en los análisis más actuales sobre este tema en Medellín: una funcionario de la Secretaría de Seguridad consultado con el compromiso de no revelar su nombre asegura que hay un margen de maniobra limitado para las instituciones locales y que, por tanto, en algunos escenarios es preferible no intervenir y dejar que se equilibren por su cuenta
las tensiones entre organizaciones ilegales.


Según esa interpretación, la gobernabilidad y la política de seguridad en Medellín depende de la capacidad que tenga la administración de promover acuerdos de no agresión entre las bandas criminales, para recoger los réditos políticos que deja un menor nivel de confrontación y, en consecuencia, de homicidios.


No obstante, las estadísticas plantean un escenario distinto en la administración actual. De los 496 homicidios con que cerró 2015 —el último año de la alcaldía de Aníbal Gaviria— la ciudad pasó a 544 en 2016, 582 en 2017 y 634 en 2018. Según Andrés Tobón, actual secretario de Seguridad de Gutiérrez, este incremento es consecuencia de confrontar de manera directa a las estructuras criminales y de remover y perseguir a sus mandos, como se lo dijo a W Radio el 25 de octubre de 2018.


Con esa interpretación coincide la fiscal Adriana Villegas Arango. El 4 de julio, cuando conversamos con ella en el búnker de la Fiscalía, estaba encargada de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín. Villegas nos dijo que “las capturas llevan a una reorganización de los combos. Cuando se captura un cabecilla y la estructura se debilita, otra estructura que está más fuerte busca ganarle territorio”.


Lo cierto es que, frente a la problemática de los homicidios, la política de seguridad de la administración de Federico Gutiérrez fracasó. En 2016 la administración recibió la ciudad con una tasa de 20.1 homicidios por cada 100.000 habitantes y el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” se trazó la meta de reducir la cifra a 15 al finalizar su periodo de gobierno, es decir, en diciembre de este año. Hasta el 20 de julio, las proyecciones del SISC indicaban que 2019 terminará con una tasa de 26.5.


El incremento además es notable cuando se le compara con otras capitales. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz estableció a finales del año pasado que Medellín fue la única de las cinco ciudades más grandes del país en la que aumentó este fenómeno entre enero y agosto del 2018.


A esto se suma lo que significó la captura y posterior condena de quien fuera su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas Restrepo, a tan solo un año de iniciada esta administración. A Villegas la Fiscalía lo investigó por supuestos nexos con integrantes de la Oficina de Envigado y lo acusó de concierto para delinquir, pero finalmente logró un polémico acuerdo con la justicia y fue condenado por el delito de
abuso de función pública.

En cuanto a la percepción de seguridad, esta administración también se encuentra muy lejos de las metas. Para el momento en que Gutiérrez asumió, el 57 % de los ciudadanos se sentía seguro o relativamente seguro de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad. El propósito del Plan de Desarrollo era más que ambicioso: llevar esa cifra al 100 %. Sin embargo, para 2018 apenas llegaba al 50 %, de acuerdo con los datos de la mencionada encuesta de percepción.

Daniel Yepes es politólogo y fue, hasta junio, el director del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín. Tiene una visión opuesta a la del oficial retirado en relación con el impacto político del homicidio. Nos dijo que ese es el delito por el que se mide la gestión en seguridad de cualquier administración municipal en Medellín. “Usted puede estar bajando todos los indicadores de seguridad, y la percepción de seguridad puede ser mayor porque está bajando el hurto, que es el delito que más afecta a la gente, pero si los ciudadanos ven que los indicadores de homicidio van subiendo, evalúan mal a una administración”.


Desde su punto de vista, la estrategia de capturas promovida por Gutiérrez se quedó corta por la falta de condenas efectivas por homicidio. “Así volvemos mucho más caro ese delito. Si no hacemos las dos cosas, capturas y condenas, nos pasa lo de ahora, que las capturas suben como suben los homicidios”.


Yepes es crítico con la administración de la que hizo parte. Primero, por atribuirse funciones que no le corresponden: “Pudo haber pasado que quienes asesoraban al alcalde desconocían cómo comunicar cuáles son las competencias de cada institución o las conocían y el alcalde no les paró bolas”.


Segundo, por la forma como se definieron los objetivos en materia de seguridad y las metas del Plan de Desarrollo: “Es que la cagamos. El SISC recomendó una tasa de homicidios cercana a 19, bajar un punto frente a lo que encontramos y ni Planeación ni el alcalde lo tuvieron en cuenta”.


Tercero, por la postura frente al homicidio. Yepes recuerda que a principios de 2019 recibió del secretario de Seguridad, Andrés Tobón, que a su vez seguía una directriz del alcalde Gutiérrez, la orden de dejar de contabilizar como homicidios los casos de personas muertas por procedimientos de la fuerza pública.


Esa determinación, afirma —y su versión coincide con la de otro funcionario de la Secretaría de Seguridad consultado bajo reserva—, fue el resultado de la presión que durante los tres años anteriores ejerció la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. La decisión finalmente fue reversada por el alcalde luego de que varias organizaciones sociales y grupos de activistas en contra del homicidio se manifestaran.


Finalmente, el balance de la política de homicidios de la administración de Gutiérrez está marcado por sus contradictorias declaraciones a la hora de referirse a algunos homicidios ocurridos en la ciudad.


En marzo de 2018, luego de que un hombre arrolló con su camioneta a dos atracadores que acababan de robarle, Gutiérrez publicó un trino en el que afirmó que quienes debían ir a la cárcel eran los victimarios y no las víctimas, en referencia a la posibilidad de que el conductor fuera judicializado. El colectivo No Copio envió al alcalde una carta en la que le pidió rectificar y no legitimar la justicia por mano propia y, en su respuesta, Gutiérrez escribió: “Lo he dicho en diferentes escenarios y lo repetiré las veces que sea necesario: nada justifica el homicidio”.


Las palabras de uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad corroboran que al interior de la administración ha existido siempre una contradicción: “La Alcaldía tiene declaraciones, pero no tiene un discurso orientador que guíe sus acciones. Entonces un día decimos que ‘toda vida es sagrada’ y al otro día decimos ‘que van a caer uno a uno’. Mientras tanto, estamos pensando en el enfrentamiento directo con las estructuras y en la captura de cabecillas. ¿Qué más les estamos ofreciendo a los jóvenes además de ‘entréguense o los cogemos’?"


“Un montón de personas dormidas, hipnotizadas”


A Henry Arteaga le dicen el JKE. Es fundador, la cara más visible y una de las voces detrás de Crew Peligrosos, una agrupación de hip hop que también tiene una academia gratuita y colaborativa: 4 Elementos Skuela. Ahora, 20 años después de haberse convertido en uno de los raperos más reconocidos del país, nos recibió en una casa que funciona como estudio de grabación en el barrio Aranjuez, en la zona nororiental de Medellín.


Hablamos de la violencia de la ciudad y de lo que significa resistirse a ella, de su postura frente a la idea de seguridad basada en la vigilancia, la presencia de policía, las cámaras y la tecnología para enfrentar el crimen. También de “seguramente algo debía”, esa frase de la cultura popular que explica uno, dos o cientos de asesinatos.

“Existe un prototipo del buen muerto. Mucha gente dirá: ‘¿Por qué no habrá parado?’ Algo llevaría". El JKE se refiere a un episodio de hace ya más de ocho meses en Envigado, al sur del Valle de Aburrá. El 11 de noviembre de 2018, Gonzalo Montoya, de 21 años, iba en una moto, no atendió una señal de pare y un patrullero de la Policía reaccionó a tiros.


La noticia de la muerte de un “fletero” se regó en internet hasta que un video de alguien que se acercó al sitio donde murió el joven dejó ver su morral con libros y la presión de varias personas para que los agentes no manipularan la escena. Y ahí está el papel de la ciudadanía que reclama el JKE. Dice que Medellín “es como un montón de personas dormidas, hipnotizadas” por los discursos de seguridad que simplifican el problema a una guerra de buenos y malos. “Lo que han hecho los políticos es generar miedo para dar seguridad. Se muestran en sus redes sociales venciendo la delincuencia y muchos se tragan eso”, dice.


Su hija, de unos tres años, aparece en la sala cubierta de grafitis donde conversamos. Él interrumpe, dice que ella es su proyecto frente a esos discursos. Que cuando cumpla 15 años entenderá si sirvió para algo promover el cuidado de la vida.

 

Este reportaje fue escrito por Juan David Ortíz, Elisa Castrillón y Santiago
Rodríguez, del laboratorio periodístico de De La Urbe, para Mutante y con apoyo
de La Liga Contra El Silencio.

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