Estado de excepción: formalización del control social y olvido de otras pandemias

Texto: Sergio Alejandro Calderón Vergara

Ilustración: Valentina González

 

Es cierto que la pandemia ocasionada por el covid-19 nos pone en un lugar difícil como sociedad. El encierro –o también llamado aislamiento preventivo obligatorio– saca al sujeto de su escenario cotidiano de socialización y lo pone en uno totalmente diferente. La reducción de la movilidad social y el estado de excepción son legitimados por las grandes mayorías sociales bajo el argumento de “salvaguardar la vida”.

En este contexto, los estados–nación, en diferentes regiones del mundo –con menos fuerza en Asia–, han declarado los estados de excepción para atender efectivamente la crisis sanitaria global que se manifiesta en sus territorios. Colombia es uno de los países que apela a esta vía y le apuesta, con cierta celeridad, al fortalecimiento de los mecanismos formales de control social a través de la institución militar.

Desde una perspectiva geopolítica, la participación de las fuerzas militares en el modelo de intervención que han venido utilizando los estados-nación, en razón de prevenir la propagación del también llamado “nuevo coronavirus”, no dista mucho entre regiones. La fórmula es la misma: crear pánico y vender seguridad. Mientras se niegan variables socioeconómicas.

Según Giorgio Agamben en su artículo La invención de una pandemia, los decretos y leyes –en el marco de esta contingencia global– aprobados por el gobierno italiano “por razones de salud y seguridad”, “da lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas donde se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que haya un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus”. Argumenta además que “una fórmula tan vaga e indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción en todas las regiones, ya que es casi imposible que otros casos no se produzcan en otras partes". En Colombia el escalamiento de las medidas militares se dio de forma precipitada.

En un contexto de desempleo y trabajo informal, con grandes indicadores de injusticia social, la militarización de los territorios en razón de mantener el orden social poco o nada aporta al mejoramiento de la crisis. Escalar el control social formal por la vía de las fuerzas militares sin tomar medidas estructurales que mejoren las condiciones materiales de existencia y garanticen la seguridad humana, el bienestar social, y el cubrimiento de las necesidades básicas, agudiza e intensifica la crisis socioeconómica. Al mismo tiempo que configura un panorama social donde impera el pánico y la histeria colectiva, donde las grandes mayorías sociales –sumidas en el miedo y la ignorancia– no se percatarán de que el estado está dando un tratamiento de guerra a una crisis sanitaria que implica un tratamiento humanista.

La diferencia entre control social formal e informal radica en que el control formal propende por el cumplimiento obligatorio de las leyes, normas o mandatos sociales por parte de la población en general, y dispone de instituciones que despliegan diferentes mecanismos de castigo cuando un sujeto incurre en una conducta “desviada”, es decir, incumple la norma. Generalmente lo ejerce el estado. Por control social informal se puede entender el cumplimiento de las leyes, normas, o mandatos sociales sin acudir a mecanismos de pena o castigo. Lo ejerce la sociedad sin necesidad de que haya vigilancia oficial. Se manifiesta a través de la vergüenza, el sarcasmo, la crítica, el ridículo y la desaprobación.

El gran objetivo del control social es el mantenimiento del orden social, por tanto se hace efectivo cuando el sujeto lo interioriza y se auto-controla en razón de no afectar el orden social en el que vive y se desarrolla.

En consecuencia, lo que está en discusión no es el acatamiento del estado de excepción o no. Sino cómo y en qué contexto se da. Se coincide en que la medida más efectiva para prevenir el contagio y la propagación del virus es el aislamiento. Sin embargo, como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, no todas las personas tienen las condiciones materiales básicas necesarias para la subsistencia digna, por tanto se ven forzadas a salir de sus casas –si es que tienen casa– a buscar el mínimo vital. El estado, por tanto, no puede responder a esta situación con la imposición del control social formal para evitar el desorden –como lo ha venido haciendo con la militarización de los territorios–. Ese es un tratamiento violento e inhumano.

La situación ideal sería una donde la seguridad humana se convierta en prioridad. Es decir, en la que esté asegurado el mínimo vital y las personas no se vean forzadas a incumplir la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Donde el control social informal impere. Osea, donde se tengan todas las garantías para utilizar –entre las mismas personas– mecanismos de control social informal (la vergüenza, el sarcasmo, la crítica, el ridículo y la desaprobación) contra la persona que esté incumpliendo la norma porque quiere y no porque le toca. Para ello el estado tendría que replantear su modelo de intervención de la crisis. Tendría que humanizar sus políticas, aumentar el gasto social, ampliar la cobertura pública de derechos básicos (salud, alimentación, vivienda), regular sectores económicos privados, y bajarle a la militarización. El control social formal, inhumano y violento, no sería necesario en una sociedad postcapitalista.

Otras pandemias que se olvidan

Nunca el gobierno colombiano había estado tan preocupado por proteger la vida de los ciudadanos. Como tampoco se había evidenciado tal nivel de exigibilidad social por el derecho a la vida y a la salud. El covid-19 se presentó en nuestra realidad –de forma espontánea– como una amenaza de muerte. Espontanea en el sentido de que no dio chance de preparación. Muy similar a lo que ocurre en los territorios donde ingresan de repente actores armados a realizar “limpiezas sociales”. La gente entra en un estado de pánico colectivo al sufrir un trastocamiento abrupto de su realidad social.

En Colombia hemos vivido pandemias similares. El asesinato sistemático de líderes sociales que ya supera los 70 homicidios en lo corrido del año, es, sin duda, una “pandemia” de las más atroces que vive nuestro país. Hasta ahora, ha matado más personas que el covid-19. Si bien estas dos realidades no son equiparables, sí permiten avizorar hacia donde se inclina la balanza de prioridades estatales y sociales en lo referente a la protección de la vida. El estado no está presente, ni previniendo ni erradicando el virus de la matanza de líderes y lideresas sociales. Como tampoco las grandes mayorías sociales están exigiendo el derecho a la vida de estas personas y sus comunidades.

En este contexto queda claro que unas vidas valen más que otras; que el estado no pudo desentenderse de la pandemia por covid-19 –que no es menor– tan fácilmente como sí lo hizo con el asesinato de líderes sociales –que tampoco es menor–; y finalmente queda claro que el discurso de la empatía tan sonado por estos tiempos, se agota en tanto una realidad no afecte al “yo” directamente. Es decir, la empatía funciona –y se promueve– cuando el yo está en peligro constante, como con el coronavirus, que se sabe que las posibilidades de contagio son simples y se pueden dar en cualquier lugar. Ahí la empatía es efectiva, pero es egoísta.                                                                                

Con el asunto de los líderes sociales funciona a la inversa. Como el liderazgo social no se contagia y mata únicamente a los que lo ejercen, no hay lugar para la empatía, por tanto no se promueve. Los líderes sociales abandonados por punta y punta.

 

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