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¿Por qué la violencia se ceba con el Cauca?

 Fotos: Ariel Arango

Mapas: Mariam Vergel 

Texto: Juan Alejandro Echeverri


El Acuerdo de Paz “fue un pequeño sueño dentro de toda esa utopía de conseguir la paz en el Cauca… y yo pienso que en Colombia también”, dice Miguel Fernández, curtido dirigente sindical del departamento y líder campesino del Comité de Integración Social del Macizo Colombiano (CIMA).


El plato duró poco. La relativa y desconocida tranquilidad que vivió el Cauca después de la desmovilización de las FARC-EP, se evaporó con la incursión de la columna móvil ‘Jaime Martínez’, la ‘Dagoberto Ramos’, y la ‘Carlos Patiño’. Las que juran recuperar el territorio que una vez fue suyo, y se autodenominan disidencias de la exguerrilla, obedecen órdenes de una numerosa facción desertora denominada ‘Frente Primero’, el cual está articulado al “Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente”, comandados, según el Ejército, por ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván mordisco’.


Las disidencias trocearon el departamento: la ‘Jaime Martínez’ copó el norte y López de Micay, uno de los tres municipios costeros del Cauca; la ‘Dagoberto Ramos’ se encargó de los municipios de la cordillera central; la ‘Carlos Patiño’ del sur, también conocido como la “bota caucana”, que es puerta de entrada a Nariño y a Putumayo, departamento por el que se llega al amazonas colomboecuatoriano.


Con el pasar de los meses, estos remanentes guerrilleros se expandieron, coparon más territorio, crecieron militarmente, y lograron arrebatarle terreno a la guerrillerada del ELN, la Defensoría del Pueblo se lo advirtió al gobierno nacional en la Alerta Temprana 019-20. El calibre de las acciones bélicas de control territorial y disciplinamiento social también incrementó. Quienes sobrevivieron al conflicto armado interno, y ahora son víctimas de estos grupos residuales, comparan la sevicia de su accionar con el de un grupo paramilitar carente de cualquier ideología política.


“Nosotros hemos dicho que no es un actuar de guerrilla, sino que es un actuar de paramilitarismo disfrazado con el brazalete de las FARC”, dice Leonor, quien lideraba iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos de coca en Huisitó, corregimiento de El Tambo, y fue obligada por las disidencias a desplazarse. Los demás compañeros de Leonor que integraban la Junta Directiva de la Asociación Campesina y del Consejo Comunitario del corregimiento también salieron desplazados, todos fueron amenazados por las disidencias y señalados de tener vínculos con el ELN.


Los primeros días de septiembre del año pasado, las disidencias asesinaron en la zona rural de Suarez a Karina García y a otras dos personas que se movilizaban con la candidata a la alcaldía de ese municipio. En los últimos meses saquearon casas y negocios; ocuparon parcelas y predios de personas desplazadas; revisaron y hurtaron los celulares de las personas que permanecen en los territorios; repartieron panfletos amenazantes; decretaron toques de queda armados como supuesta medida para contener la covid-19; intentaron convencer a los excombatientes farianos de que se rearmaran; y asesinaron personas frente a sus familiares y vecinos, tal como lo hicieron el 22 de abril con Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo, quienes se encontraban en una asamblea comunitaria en la vereda Agua Clara de El Tambo y fueron ajusticiados pese al ruego de la comunidad.


Las comunidades indígenas del departamento siempre han rechazado la presencia de actores armados en sus territorios, sin importar que sean legales o ilegales. Edwin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del Área de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), asegura que la crudeza de las disidencias impide cualquier tipo de mediación humanitaria:


“También teníamos dificultades [con las FARC-EP]. Cuando había una estructura muy local que cometía irregularidades en términos humanitarios, las comunidades de alguna forma buscaban a los mandos más altos para debatir, para exigir el respeto por la población –manifiesta el representante de la organización que agrupa 22 territorios indígenas de 8 municipios–. En ocasiones esos debates humanitarios no funcionaron, a las autoridades [indígenas] les tocó capturar a estos comandantes o guerrilleros de FARC, y fueron enviados a centros de armonización o a cárceles de la justicia ordinaria”.


Las disidencias no tienen una capacidad organizativa ni militar como la del Bloque Occidental –compuesto en su momento por 3 frentes y 7 columnas– de la exguerrilla que controló el Cauca hasta su desmovilización, pero su presencia está costando muchas vidas: desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hasta principios de mayo de 2020, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca contabilizó el asesinato de 912 líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y sus familiares, en todo el país; 215 de los asesinatos, es decir el 23.57 % del total, fueron cometidos en 37 de los 42 municipios del Cauca; de los cuales, el 69,30 %, ósea 149 de los 215 homicidios, ocurrieron durante la presidencia de Iván Duque.


Entre enero y mayo del año en curso, la red logró documentar el desplazamiento de 680 personas, y 59 amenazas individuales y colectivas contra líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y sus familiares. El Cauca también es uno de los tres territorios más hostiles para los excombatientes. De los 212 firmantes asesinados hasta la fecha, según las cifras más recientes del partido FARC, 37 excombatientes fueron asesinados en el departamento.


  • El problema no es la hoja


    Controlar el Cauca es primordial para controlar la cadena del narcotráfico. El departamento tiene tres posibilidades de salida al Océano Pacifico, limita con Nariño y Putumayo, una hora lo separa de Cali, la capital del Valle, y lo atraviesa de norte a occidente la vía Panamericana que comunica a Colombia con Ecuador.


    Quien controla el Cauca tiene control de la siembra y recolección de la hoja de coca –actividad de la que subsisten 230.000 familias en Colombia–, de su transformación y procesamiento, y de la circulación por corredores fluviales como el Naya que permiten llevar mercancías de todo tipo hasta puertos del Pacifico como Buenaventura y Tumaco, desde donde se envía una significativa parte de la droga al exterior.

  • Hasta el 31 de diciembre del año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó 154.000 hectáreas de coca en el país, una reducción del 9% con respecto al 2018. El informe detallado del 2019 aún no ha sido publicado por Naciones Unidas, pero en el del 2018 señaló que el 43,87% de la coca estaba sembrada en 10 municipios del país: Tumaco, El Charco, y Barbacoas en Nariño; Puerto Asís y Orito en Putumayo; Tibú, Sardinata, y el Tarra en Norte de Santander; Tarazá en Antioquia; y El Tambo en el Cauca, departamento que cerró el 2019 con 17.335 hectáreas de coca, 238 más que en 2018. El informe demuestra que del Suroccidente depende parte del narcotráfico colombiano, negocio que genera muchas ganancias, sobre todo cuando el precio del dólar cotiza al alza, pero que cuesta muchas vidas, entre otras cosas, por seguirlo combatiendo únicamente con una estrategia militar y guerrerista, por intentar apagar el incendio con combustible.

  • Elaborado con base en cifras del Observatorio de Drogas de Colombia

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    Henry y las familias que él representa no quieren sembrar más coca, pero eso no gusta ni conviene a las disidencias. Antes de desplazarse, Henry estaba al frente de la Asociación Campesina, Agrícola, Ambiental y Minera de Huisitó, poblado donde fueron asesinados dos campesinos por los mismos días que se desplazó Henry. 90 familias cocaleras y 30 mineros artesanales estaban afiliados a la asociación, articulada a su vez con otras familias y asociaciones de López de Micay y Argelia para proponer una estrategia de sustitución en la cordillera occidental sobre la que están asentados los tres municipios.


    El 8 de abril, una mujer y cuatro hombres de la columna ‘Jaime Martinez’, vestidos de civil y armados con sus respectivos fusiles, fueron hasta la casa de Henry y preguntaron por él y su esposa. Venimos a recoger la casa, les dijeron. Henry preguntó cuál era el motivo, a lo que respondieron que ellos estaban “liderando un tema con el que no están de acuerdo, y que nosotros éramos colaboradores del ELN e informantes del ejército”. A Henry le dieron un plazo de 12 horas para salir de la zona porque había sido declarado objetivo militar. Al día siguiente emprendió la huida sin saber cuándo podría regresar.


    Henry y Leonor no son los únicos. 7 de los 9 líderes del Consejo Comunitario Afrorenacer de López de Micay están hoy por fuera de su territorio. Uno de ellos, quien pidió omitir su nombre por cuestiones de seguridad, cuenta que los primeros días de marzo, entre 800 y 1.000 personas armadas de las disidencias coparon el municipio costero donde la mayoría de campesinos se dedican al cultivo de coca. Desde entonces, dice, iniciaron los combates con el ELN y las amenazas contra los líderes comunitarios. Según Cococauca, una articulación de diversas organizaciones afro defensoras de derechos humanos, entre enero del 2019 y mayo del 2020 han desparecido 3 personas y asesinado a 26 en la costa pacífica caucana. “Ninguno de los bienes se pudo sacar. Nada. Allá quedó todo el trabajo de una vida. Ahora estamos a merced del Estado, y lo que se hace es muy poco, son muy pocas las ayudas”, manifiesta el líder afro, cuya droguería fue saqueada por las disidencias.


    Los indígenas, campesinos y afrodescendientes caucanos tiene voluntad de sembrar otra cosa, pero con la voluntad, a veces, no basta. “Después de la firma de los acuerdos, algunos corregimientos no entramos dentro del PNIS [Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos] porque creíamos que eso no había sido concertado ni pactado con las comunidades”, asegura Leonor.


    Hasta el 31 de marzo de 2020, 99.097 familias colombianas estaban inscritas en el PNIS. Según Naciones Unidas, 5.691 de ellas viven en el Cauca, de las cuales 1.057 habían recibido la totalidad de los subsidios económicos prometidos, que en teoría debían ser complementados con inversión y proyectos productivos en los territorios.


    Las comunidades campesinas representadas por Leonor, Henry, y otros 30 líderes más sospechaban que el gobierno de Iván Duque no cumpliría con lo firmado. Además, consideran que antes de sustituir la hoja debe discutirse y darle solución a problemas estructurales relacionados con el modelo económico, por ejemplo la tenencia y el uso de la tierra. Es decir que el punto 4 del Acuerdo de Paz, donde está incluido el PNIS, debería ser el punto de llegada mas no el punto de partida. “El PNIS –manifiesta Leonor–, lo que había generado era que la ONU y el PNIS se quedaran con casi todos los recursos, y que a los campesinos no les llegara nada”.


    “Inseguridad hay en toda parte, pero en un territorio donde haya narcotráfico se genera más foco de violencia. Eso es lo que nosotros le hemos dicho a la gente. Hay gente que nos dice: estamos de acuerdo con ustedes, creemos en ustedes, pero hay un problema, quién nos garantiza que el gobierno nos va cumplir. La gente no cree en el gobierno”, explica Henry.


    A pesar de la desconfianza y las diferencias, pactaron una mesa de concertación y trabajo con el gobierno. Los cultivadores que no entraron al PNIS propusieron reducir, voluntariamente, el 5% de los cultivos ilícitos sembrados a orillas de las fuentes de agua, y suspender la tala y quema de capa boscosa necesaria para expandir los cultivos. A la par de esa sustitución, el gobierno debía comprometerse a contemplar el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, fortalecer las economías campesinas, plantear una solución a los problemas estructurales mencionados y brindar garantías humanitarias a los actores sociales.


    Esas reglas de juego no convencían del todo al gobierno, quien alegaba que aceptar la propuesta era legalizar el 95% de los cultivos restantes. Sin embargo, no dejaba de atraerle la propuesta porque “ese 5% de los 6 corregimientos que no entraron en el PNIS, daba más o menos 800 hectáreas que quitaban las familias sin que al gobierno le costara un peso”, cuenta Leonor. Los diálogos comenzaron en el segundo semestre de 2018, se logró avanzar y concertar algunos puntos durante el 2019, pero con la pandemia de coronavirus, la incursión armada de las disidencias, y el desplazamiento de los liderazgos, las comunidades quedaron huérfanas y la ruta de trabajo entró en un limbo.


    “El problema no es la mata –me dice convencido Henry–. El problema es la falta de inversión del gobierno en los territorios más marginados. No hay una fuente de ingreso diferente. La coca se acaba cuando el campesino vuelva a ser campesino, y que lo que produzca realmente se venda. Y que haya un plan de vida dentro del territorio”. La gente se queda sin otra opción que ser la mano de obra primaria, estar en la base de la pirámide del narcotráfico, y poner la sangre que derrama el lucrativo negocio.


    Víctor Collazos, integrante del CIMA, recuerda que “en una asamblea en Argelia, un campesino mostraba una hoja de coca en la mano y decía: miren, acá esta hojita de coca es el Estado; por esta hoja de coca podemos comer, podemos medio arreglar la casa, podemos enviar los hijos a estudiar, podemos contribuir para que arreglen la carretera, podemos sembrar los alimentos, podemos comprar un vestido, podemos viajar al pueblo”.


    “La gente antes de sacar su producción tiene que invertir trabajo, comida, insumos [químicos]. La gente comienza a sacar a los 7 meses su primera producción, recoge lo que ha invertido. Al año y medio, dos años, ya comienzan a quedar unas ganancias, no muchas, pero sí para que la gente resuelva sus situaciones familiares, sus gastos”, explica Henry.


  • Sin embargo, campesinos como Henry están cansados de sufrir las peores consecuencias y recibir insignificantes ganancias, son conscientes de ello, y quieren sembrar otra cosa. A muchos, ese deseo les está costando la vida: entre el 24 de noviembre de 2016 y principios de mayo del 2020, según datos de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, fueron asesinados 15 líderes que promovían la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento: 12 eran campesinos, 2 eran afro, y 1 era indígena.


    Es probable que eso haya motivado el asesinato de Teodomiro Sotelo Anacona el 17 de abril. Teodomiro era el líder de la mesa de sustitución de cultivos de la cordillera occidental caucana. “Era una persona que llevaba viviendo en el territorio más de 20 años. Cuando llegó allá, era arriero. Llegó y le gustó mucho el trabajo organizativo. Trabajaba en la Junta [de Acción Comunal], en el comité de conciliación y convivencia. Luego trabajó en el comité pro-carretera; con el impulsaron toda la creación de la carretera. Era muy entregado a trabajar con la comunidad para el desarrollo. Pegó muy duro [su asesinato] en la comunidad”, recuerda Leonor.


    Ella soñó y trabajó junto a Teodomiro por una vida sin coca. Llegó al Cauca hace 17 años desde Cundinamarca. No había escuela en la vereda, entonces Leonor les enseñó a leer y a escribir a los niños en su casa. Forjó un liderazgo espontaneo, y luego promovió la conformación de la Junta de Acción Comunal, la que después se convertiría en Consejo Comunitario para incluir a la población afro del territorio.


    “Salir así, con las manos vacías… porque te quitan todo, te roban todo, es muy triste, y duele mucho; porque deja uno sueños allá, deja esperanzas, no se sabe qué va pasar […] Psicológicamente me siento mal, he entrado en un estado de ansiedad, de nerviosismo”, dice Leonor al borde del llanto, desde un lugar que, por seguridad, no puede revelar.


    Sin cultivos –sin quien cultive, recoja, y procese la hoja– no hay negocio. Sin negocio, no hay lavado de activos. Y sin lavado de activos, no hay flujo de dinero. Para Miguel Fernández, parte de la economía lícita del departamento, y del país, depende de los dividendos ilegales que genera el narcotráfico. Poco a poco, dice, la violencia y el consumo naturalizan y adaptan la economía subterránea. Municipios como Santander de Quilichao y corregimientos como El Plateado de Argelia, o Playa Rica y Huisitó en el caso de El Tambo, son puntos de abastecimiento, de flujo comercial y circulación de dinero, oxígeno para cualquier economía ilícita. “Se vuelven como pequeños puertos secos”, dice Miguel. El negocio además precisa de la complicidad de funcionarios estatales e integrantes de la fuerza pública. El 20 de junio la Policía capturó a un intendente y un subintendente de la Policía Metropolitana de Popayán que transportaban 600 kilos de cocaína en una camioneta.


    El líder sindical y campesino agrega que “lo clandestino cuando se vuelve consuetudinario deja de serlo, y se convierte en una cosa culturalmente aceptada, aceptable. Ya no es tapado ante nadie, se va volviendo normal, incluso ante los ojos de los actores armados legales, en este caso la Policía y el Ejército, que poco a poco también se van integrando a la economía ilegal. Se va volviendo normal que ellos también reciban plata para quedarse callados. Por eso mucho policía se pelea por estar en esa zona, porque eso les conviene a futuro. Ahí se están ganando otra plata, y más alta que la que se ganarían con los sueldos que les paguen a ellos como soldados o policías. Obviamente cuando hay actores ilegales en la zona, también conversan y negocian con ellos […] Los liderazgos sociales y políticos conviven con toda esa situación. Y el Estado sabe eso. Y el gobierno sabe que ahí hay negocios ilícitos, pero no tiene una solución efectiva para contrarrestar eso porque todo ese flujo de capital se descartaría. Descartando eso van a haber problemas económicos.


    Por ejemplo la industria de la construcción en Popayán [ciudad capital del departamento]: ¿Cuál es el mejor negocio en Popayán?, tener una ferretería, eso no tiene pierde por ningún lado. ¿Por qué? Porque la economía de la construcción es una economía que fluye, que no está quieta, y menos en Popayán. Popayán se expandió mucho. Pero si Popayán no tiene fuentes de empleo, de dónde saca la plata, se pregunta uno. Precisamente de ahí, todo lo que viene de la costa pacífica fundamentalmente, y del sur del Cauca. Mucha gente que está en esas zonas, que va a ganarse la vida allá, después viene y va adquiriendo sus propiedades acá. Es una cosa que no se queda quieta, y eso para la economía es bueno, por eso las autoridades comen calladas”.


    En la sesión de control político realizada el 6 de mayo por la comisión segunda del Senado, los senadores Feliciano Valencia y Antonio Sanguino aseguraron que en el Cauca hacen presencia 7.686 militares: 7.160 de dominio terrestre, 418 de dominio marítimo, y 108 de dominio aéreo; batallones de alta montaña, fuerzas especializadas, inteligencia y artillería pesada. A pesar de la presencia militar y el amplio presupuesto destinado para combatir el narcotráfico, los asesinatos y la violencia no merman: el año pasado el departamento registró una tasa de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio a nivel nacional no superó los 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

    Todas las personas consultadas para este reportaje, unas con más contundencia que otras, sospechan que existe un pacto de no agresión entre el ejército y las disidencias. Los enfrentamientos y las acciones militares, aseguran, solo se dan contra el ELN, por lo que pareciera que existe una alianza para derrotar y desterrar a los frentes ‘José María Becerra’ y ‘Manuel Vásquez Castaño’ que operan en el noroccidente y sur del departamento respectivamente.


  • Con la típica altivez castrense, Wilson Chawez Mahecha, mayor general y comandante de la Tercera División del Ejército, dijo en la sesión del senado que consideraba muy graves ese tipo de insinuaciones, pues las tropas tienen la orden de combatir a todos los grupos armados por igual. En su intervención el mayor anunció que sus hombres habían capturado a 11 guerrilleros del ELN, 36 se presentaron ante ellos voluntariamente, y 1 fue abatido; de las tres disidencias lograron capturar 40 integrantes, 9 más murieron en combates. El 2 de junio, la Tercera División anunció la captura de ‘alias Cabezas’, acusado de ser uno de los cabecillas de la columna residual ‘Carlos Patiño’.


    En el mapeo criminal del Ejército hay seis zonas críticas en el departamento, y “para combatir esas estructuras nos hemos alineado con el plan de guerra de nuestro Comando General de las Fuerzas Militares: el plan de campaña bicentenario-héroes de la libertad. Este plan de campaña es un plan alineado totalmente con el Plan Nacional de Desarrollo, y con las políticas de seguridad y defensa nacional de nuestro señor Presidente y comandante en jefe”, manifestó el superior de la división encargada de imponer la ley y el orden en Valle del Cauca, Nariño y Cauca.

    La desconfianza hacia el ejército es evidente. No existe compatibilidad entre la filosofía de las organizaciones sociales y la filosofía de las Fuerzas Militares. En repetidas ocasiones, los militares han dicho que la autonomía territorial indígena no permite combatir el narcotráfico. El comandante Mahecha lamentó que los acuerdos colectivos y la resistencia de las comunidades impidan a las tropas erradicar de manera forzada los cultivos de uso ilícito tal como lo ordenan las directrices gubernamentales. También denunció que en los operativos de erradicación habían “secuestrado soldados”; que hay comunidades en Corinto y Caloto que roban energía para sus cultivos hidropónicos de marihuana; que ven “con preocupación, nosotros los militares, toda esa gente que hace parte de las economías ilícitas, especialmente de narcotráfico, pues se asocian en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana” (COCCAM), organización que ha estado al frente de la sustitución voluntaria de cultivos y hace veeduría al cumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz. Esa macartización de los liderazgos y las comunidades, poco y nada ayuda a solucionar el problema, por el contrario convierte al Ejército en otro factor de riesgo.

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    Desde 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon embarcó al mundo en una guerra contra las drogas, los países involucrados insisten en una cura que resulta peor que la enfermedad. Los Estados no puedan dar una guerra por perdida, o tal vez no puedan vivir sin una. Por eso, Edwin Lectamo no cree que por lo pronto mengüe la tormenta: “Yo no sé hasta dónde el Estado colombiano y quienes lo dirigen tengan esa voluntad, pero también la capacidad. Podríamos tener gobiernos atrapados en otros intereses que no son los intereses de las regiones, de los territorios, del Cauca en particular. Nosotros vemos un Estado como atrapado por este problema del narcotráfico, en el que de manera intencional se mantienen políticas pese al fracaso de ellas”.


    Posesión, concentración, uso y gestión de la tierra


    En el 2018, último año del que hay reporte, el DANE encontró que el 62,1% de los habitantes del Cauca vivían en la pobreza extrema, 54,9 puntos porcentuales más que la cifra nacional. El 50.5% de la población subsistía con 213.930 pesos, y un núcleo familiar de 4 personas no percibía más de 855.720 pesos, es decir 22.083 pesos menos que el salario mínimo establecido para el 2020, sin incluir el “subsidio” de transporte.


    La cantidad de cultivos ilícitos y la magnitud de la violencia relacionada con el narcotráfico son directamente proporcionales a la concentración de la pobreza y a los altos índices de necesidades básicas insatisfechas. En 2018 el Cauca sembró el 50% de la marihuana producida en el país, y tuvo el cuarto municipio con más hectáreas de coca.


    Los cultivos de uso ilícito son una consecuencia. No basta, entonces, con arrancar matas, si no se combaten también las plagas socioeconómicas que las provocan. Para Carlos Duarte, coordinador de la línea de investigación aplicada en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, la violencia que azota al Cauca desde los años cincuenta tiene estrecha relación con la concentración y distribución de la tierra.


    “A diferencia de otros lugares del país donde la concentración de la propiedad es un efecto colateral del conflicto armado, sobre todo en las últimas décadas, en el departamento del Cauca es difícil encontrar esa asociación. La concentración es histórica. Antecede incluso a la misma constitución del departamento y de la nación”. Esa concentración, plantea el profesor Duarte, es herencia de los sistemas coloniales de poblamiento y ordenamiento territorial, tal como lo fueron las haciendas coloniales, una técnica o “dispositivo” de administración de un grupo de individuos, en este caso indígenas.


    Lo que hoy conocemos como latifundios agroindustriales son una mutación económica y administrativa de esas haciendas coloniales. Latifundios que en el caso del Cauca están localizados en los valles y zonas llanas que separan una cordillera de otra, especialmente en los municipios del norte que limitan con el sur del Valle del Cauca. Precisamente las zonas más productivas, las que más dinero producen por su fertilidad, localización, infraestructura y el tipo de tecnología que utilizan, están dedicadas a la ganadería, el cultivo agroforestal de pino, y, mayoritariamente, a los cultivos de caña con la que se produce azúcar y también etanol, compuesto químico que puede transformarse en combustible.


    La industria de la caña está enraizada en Puerto Tejada, Miranda, Guachené, Padilla, Villa Rica, Santander de Quilichao, Corinto y Caloto. Según una medición del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, de las 209.466hectáreas que suman esos 8 municipios caucanos, casi la cuarta parte, es decir 44.578‬‬, estaban sembradas de caña en 2019.


    Sin el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, probablemente el monocultivo de caña no hubiera echado raíces en el Cauca. Colombia fue encargada de suplir parte de las 300.000 toneladas de azúcar que la isla caribeña no pudo ofertar al comercio internacional por las sanciones estadounidenses en 1964. Los cañaduzales sureños del Valle del Cauca no bastaban para producir la cantidad demandada, la industria entonces se expandió al norte del Cauca. En 1974 Colombia producía casi el triple de azúcar que en los años cincuenta. La rentabilidad consolidó la industria, concentró tierras y provocó cambios en el uso del suelo, aspectos que motivan los conflictos territoriales actuales.


    La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) agrupa 12 grandes ingenios azucareros procesadores de caña, 4 están en el Cauca. Después del café, las flores, el banano y el aceite de palma, el sector azucarero fue el que más divisas generó en 2018. Hace dos años se molieron 25 millones de toneladas de caña, fue la molienda más grande de la historia según Asocaña. Ese año, la asociación produjo 2,3 millones de toneladas de azúcar, 467 millones de litros de bioetanol, 196.000 toneladas de miel, y 6,5 millones de toneladas de bagazo de caña fueron destinados a la producción de papel y energía eléctrica, térmica y mecánica.


    En el departamento, asegura Carlos Duarte, hay muchas familias que poseen predios menores a una hectárea, mientras que los cañaduzales utilizados por la industria tienen una extensión promedio de 63 hectáreas. El sector azucarero colombiano usa más de 230.000 hectáreas del valle geográfico del río Cauca, el cual abarca 47 municipios de Cauca, Valle y Risaralda. El 25% de las hectáreas son propiedad de Asocaña y el resto pertenecen a proveedores suyos. Asocaña, además, se ufana de generar aproximadamente 290.000 empleos directos e indirectos, y pagarles a sus trabajadores una retribución “muy superior a los del promedio del agro nacional”.


    La industria de la caña es una economía boyante que logra mantenerse a flote a pesar de los vaivenes del mercado internacional. Sin embargo, para el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) su lógica productiva incentiva la acumulación de las ganancias en pocas manos y no contribuye a reducir la pobreza multidimensional del departamento.


    “Estas zonas cañeras están sacando el agua subterránea y toman parte del cauce del río Cauca. Eso pone en riesgo no solo la supervivencia de nosotros como indígenas, sino de muchas comunidades que a lo largo del río Cauca sobreviven de la pesca, o lo utilizan para transporte. Con la quema de los cultivos de caña, el efecto ecológico también es muy grande”, asegura Jhoe Nilsón Sauca, Coordinador del Programa de Defensa de la Vida y Derechos Humanos del (CRIC), organización en la que convergen 10 pueblos indígenas del departamento que representan casi la tercera parte de la población.


    Una de las principales banderas del CRIC, y especialmente del pueblo Nasa de Corinto y Caloto, son la toma y recuperación de grandes extensiones de tierras que pertenecen o están arrendadas por Asocaña o Procaña, el otro gremio cañero del país. “Liberación de la Madre Tierra”, así han bautizado los Nasa las retomas con las que reivindican la propiedad ancestral colectiva de la tierra, y aprovechan para sembrar cultivos de pancoger. La liberación es un acto simbólico desde donde se lo mire, pues cuestiona categorías jurídicas, políticas, económicas, ecológicas y alimentarias que componen el ADN del neoliberalismo occidental.

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    “Los ingenios le están generando un daño devastador a la madre tierra, ese efecto invernadero que producen está causando temperaturas que antes no se presentaban […] La justificación de la Liberación de la Madre Tierra tiene que ver con el sentido cosmogónico. La parte espiritual también ha sido afectada porque coloca en riesgo la cultura del pueblo Nasa”, dice Jhoe.


    Cada metro liberado es una oportunidad de expandir los resguardos indígenas, pero también un argumento que utiliza la institucionalidad para demostrar su fuerza y capacidad de dispersión. Año tras año, el Escuadro Móvil Antidisturbios (ESMAD) y tropas del Ejército chocan con los comuneros en los puntos de liberación, muchas veces el desenlace es fatal. Este año no ha sido la excepción, Jhoe y Edwin ya perdieron la cuenta de las veces que los puntos de liberación han sido atacados y amenazados por las fuerzas regulares, las disidencias y otros actores desconocidos. El año pasado, el CRIC contabilizó 6 masacres, 148 amenazas y el asesinato de 68 guardias, autoridades espirituales, y comuneros indígenas en el departamento. En lo corrido del 2020, van más de 20 indígenas asesinados, un gran porcentaje de ellos en el norte del departamento.

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    El Cauca es víctima de una disputa de intereses y preconcepciones. Esos 29.308 kilómetros cuadrados son de una gran riqueza y funcionalidad ambiental. Además de ser retaguardia de los grupos armados, de las montañas del macizo caucano nacen dos de los ríos más importantes del país: el Magdalena y el Cauca. El 8,1% del departamento son ecosistemas de paramo. También hay 7 parques nacionales naturales, entre otros corredores biológicos.


    Sobre la mesa hay dos visiones. Una entiende el territorio como la posibilidad de generar utilidades mediante la intervención industrial y la extracción de sus bienes naturales. Del otro lado, se lo concibe como el pilar fundamental del buen vivir y la pervivencia cultural y cosmogónica. “La particularidad nuestra es que nosotros hablamos de la ley natural. Eso nos permite identificar que la relación del hombre vs naturaleza, debe ser una relación armónica, una relación de respeto el uno por el otro”, afirma Jhoe Sauca, indígena del CRIC.


    Los desencuentros entre el Estado y las comunidades caucanas también son producto de las prioridades de unos y otros. En los últimos 20 años, los actores sociales han rechazado con vehemencia el apoyo de los diferentes gobiernos a la explotación a gran escala de los recursos naturales.


  • “Si usted mira el mapa geológico y todas las estadísticas de la Agencia Nacional Minera, el Cauca es un departamento que de norte a sur, y de oriente a occidente, está solicitado para minería, construcción de grandes hidroeléctricas, y zonas francas. El departamento cuenta con más de 3 millones de hectáreas, y alrededor de un millón y medio de hectáreas están solicitadas para extracción de oro, carbón y otros minerales”, afirma Guido Rivera, integrante del Comité de Integración Social del Macizo Colombiano (CIMA).


    Para Óscar Salazar Muñoz, integrante del Proceso Campesino y Popular (PUPSOC) del municipio de La Vega, el impulso estatal de la llamada “locomotora mineroenergética” es un despropósito ambiental y social: “La entrega de estos territorios a la depredación extractivista es algo que sorprende. Qué es lo que piensa esta gente, porque se están defecando en la cama. Querámoslo o no, el macizo colombiano es fundamental no solo para los caucanos, es fundamental para toda Colombia”.

    La situación del norte del cauca es un caso ilustrativo para comprender el impacto de la extracción fraudulenta que, a sangre y fuego, suplanta las lógicas ancestrales de actividades como la minería. Armando Caracas Carabalí cuenta que hace unos años la Universidad del Valle encontró concentraciones de mercurio y cianuro en el río Cauca. Otros afluentes como el río San Agustín, el río Ovejas, y el río Quinamayo también están contaminados. “Quedaron muchos pozos contaminados. Ahora en los tiempos de lluvia se han crecido y todos los días caen a los afluentes hídricos”, manifiesta el coordinador nacional de la Guardia Cimarrona que sólo en el Cauca tiene más de 1.200 integrantes, y además miembro de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), organización compuesta por 42 consejos comunitarios de 13 municipios.

  •  Actividades extractivas en el Cauca. Tomado del informe Norte del Cauca: gobernanza territorial rural y heterogeneidad insurgente. Dinámicas históricas y territoriales del conflicto político, social y armado 1958-2016. Publicado por la Universidad Javeriana de Cali

     

    Los dolores de cabeza vienen de 7 años atrás: “Hubo un momento en que llegaron a haber más de 300 retroexcavadoras haciendo minería a cielo abierto, pasando por todos los controles de la fuerza pública, y nunca hicieron lo pertinente –dice Armando–. Llegó mucha gente de otros territorios, de Antioquia, de Tumaco, del Chocó, llegaron con otras culturas, con otras costumbres. Cuando llegaron, empezaron a sacar al minero ancestral. Ahora son los dueños del 70, 80% de las boca minas. El solo hecho de dañar el paisaje, dañar la cultura, las tradiciones, nos ha generado situaciones complejas en nuestros territorios”.


    La violencia parece ser el precio que pagan los negros, los indígenas y los campesinos del Cauca por vivir sobre tesoros naturales. La hipótesis de varios entrevistados es que el interés de construir el proyecto hidroeléctrico Arrieros del Micay alimenta la sangría que vive López de Micay, de donde fue desplazada toda la guardia cimarrona que coordina Armando. La gran hidroeléctrica está proyectada a 13 kilómetros de la cabecera municipal y sería capaz de producir 3.340 gigavatios de energía. En 1997 el Ministerio de Ambiente le negó la licencia ambiental por el impacto ecológico de la obra, pero el gobierno de Juan Manuel Santos volvió a darle alas al proyecto por su supuesto carácter estratégico para las reservas energéticas colombianas.


    Además de insistir en la importancia existencial de preservar el cauce natural de la naturaleza, las diversas organizaciones sociales se sienten capaces de administrar políticamente el territorio. Sin tener la propiedad de la tierra, sin poder decidir sobre ella, esa gestión propia resulta imposible, sobre todo en un departamento donde más del 60% de la población vive en la ruralidad.


    Si algo destaca del Cauca es su multiculturalidad, y las distintas formas de organizar el territorio. Los indígenas conforman resguardos, los afro consejos comunitarios y capitanías, y los campesinos zonas de reserva campesina o territorios campesinos agroalimentarios. Gracias a las montoneras, las asambleas, los congresos, las mingas y las marchas, los grupos étnicos han logrado el reconocimiento jurídico de esas figuras administrativas, y la titulación colectiva de tierras para poner sus postulados en marcha.


    En el 2019, el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali documentó la existencia de tres zonas de reserva campesina que sumaban alrededor de 19.792 hectáreas, y serias intenciones de crear 12 más. 

  •  Aspiraciones territoriales y presencia organizativa campesina en el Cauca 

     

    También cinco titulaciones colectivas afrocolombianas que sumaban 125.249 hectáreas, y 28 solicitudes de nuevas titulaciones.

  •  Presencia organizativa afrocolombiana en el Cauca 

     

    Y 64 resguardos indígenas que sumaban 99.594 hectáreas, solicitudes para constituir 19 más, y 111 predios del Fondo Nacional Agrario (FNA) en posesión de comunidades indígenas que sumaban 12.147 hectáreas.

  •  Presencia organizativa indígena en el Cauca 

     

    En ocasiones el dueño de la tierra no tiene la potestad absoluta para determinar el uso que le quiere dar a ella. En el marco jurídico colombiano existen figuras de protección ambiental como las Zonas de Reserva Forestal, los Parques Nacionales y Regionales Naturales, las Áreas Protegidas, y las zonas Paramo; figuras que limitan y regulan la intervención agrícola o industrial sobre la tierra.


    Teniendo en cuenta los cálculos hechos por el instituto de la Universidad Javeriana, son más de un millón las hectáreas del Cauca que están blindadas bajo alguna de estas figuras, de las cuales, una porción significativa se traslapa con las titulaciones colectivas de los indígenas, afros y campesinos. La norma y el loable discurso de la conservación ambiental generan tensiones y son argumentos que el Estado puede utilizar para justificar la no implementación de proyectos económicos y sociales.

  •  Figuras de ordenamiento ambiental en el Cauca


    Así como en el departamento faltan hospitales, colegios, y servicios públicos esenciales, también hace falta presencia de instituciones civiles diferentes a la fuerza pública: fiscalía, procuraduría, Bienestar Familiar, sedes descentralizadas de los ministerios, por mencionar algunas. El Cauca ha sido dejado a su suerte, y a cargo de militares y policías. Tal es el abandono estatal, que en un conversatorio virtual organizado por la Comisión de la Verdad, Valeria Mosquera, vocera de la Mesa Territorial de Garantías para la defensa de los Derechos Humanos en el Cauca, contó que en cierta ocasión la organización de mujeres de un municipio, cuyo nombre prefirió reservarse, tuvo que pagar un vehículo y transportar al responsable de un feminicidio, porque el Fiscal se negaba a ir hasta el lugar de los hechos por miedo a poner en riesgo su vida.


    Como el Estado no es capaz o no le interesa hacerse cargo de lo que le corresponde, las comunidades recurren al autogobierno, a la autogestión de la justicia, la economía, la convivencia, y la velocidad de la vida. Leonor me explica que en su comunidad cuando una persona roba a otra, esa persona es sancionada con un trabajo comunitario: por ejemplo cargar o descargar cierta cantidad de arena o construir una cuneta. “Si es un homicidio, en asamblea se decide si se entrega a la justicia ordinaria. Pero muchas veces se entregaban personas que cometían homicidios y la Fiscalía los soltaba. Entonces se decidió que por homicidio se le condenaba a 5 o 6 años de trabajo en una finca, y que lo que trabajara era para indemnizar a la familia. Durante ese tiempo no recibía dinero, solo su alimentación, y cuando estuviese enfermo se le podía ayudar para que saliera al médico”.


    Las Juntas de Acción Comunal son el núcleo de ese autogobierno, la primera puntada de un tejido social mucho más grande, el escenario democrático más primario, pero no por ello menos importante y necesario. En las juntas se resuelven conflictos, se acuerdan normas, se discute, se interpreta la realidad, se buscan soluciones, se gestiona el alcantarillado o la red de alumbrado público, se colectivizan sueños y demandas que luego son expresados en escenarios municipales, departamentales y nacionales de interlocución con la institucionalidad.


    Al frente de las juntas están ellas y ellos: líderes y lideresas sociales y comunales que con sus manos labran las únicas esperanzas de muchas personas, y que hace muchos años están asesinando a una velocidad imposible de contabilizar:


    “Esos líderes son la neurona de la comunidad –asegura Óscar Salazar–. Esos son el verdadero faro de la comunidad. Esos son los realmente valiosos. El que trabaja y construye con la comunidad allá en la vereda, ese es el verdadero faro”. El integrante del PUPSOC recalca además que perder un líder es perder una vía de comunicación con los territorios. Cada que asesinan un líder, el cuerpo social y organizativo pierde para siempre un estímulo nervioso.


    “Cuando una comunidad pierde un líder, pierde parte de la esencia, porque es un motor. En la ciudad poco se visibiliza el trabajo tan arduo que tiene el líder en la comunidad: enfrentarse a la institucionalidad, hacer exigencia de algo para su comunidad, muchas veces toca puertas y no consigue nada; entonces muchas veces tiene que cranearse mecanismos para llegar con algo a la comunidad. Usted sabe que si hace 99 buenas y 1 mala, todas las 99 son borradas. El líder siempre está en el ojo del huracán. El líder nunca es remunerado económicamente, por el contrario, el que se mete a ser líder muchas veces pierde la familia, pierde su economía porque se dedica casi que el 100% al trabajo organizativo de la comunidad”, dice Leonor.


    La ministra del interior, Alicia Arango, afirmó en la mencionada sesión virtual del Congreso que el 70% de los esquemas de seguridad que brinda la Unidad Nacional de Protección están destinados a los líderes sociales. 534 líderes y lideresas del Cauca, dijo la ministra el 12 de mayo, cuenta con medidas de protección. “Seguramente nos falta mucho. El departamento del Cauca es una prioridad”, manifestó. Aparte de los esquemas de seguridad, el gobierno dice haber creado un cuerpo elite de la policía exclusivo para proteger los liderazgos sociales, construir un plan de autoprotección, y ofrecer talleres y asistencia técnica a las alcaldías. Pero aun así, los siguen matando, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), hasta el 17 mayo habían asesinado 100 líderes sociales en el país.


    Un líder no nace todos los días. Funciona igual que la agricultura: de tres semillas que se siembran, a veces, solo nace una. “Un líder no nace. Nosotros hemos aprendido que los líderes se hacen en un trajinar de años, en aprender de los otros, en estudiar la vida. Un líder se va preparando paso a paso, se va preparando día a día, semana a semana, para conocer y entender cómo es que funciona este entramado institucional, cuáles son los derechos. Un líder en una etapa madura tiene mucho conocimiento, es difícil de convencerlo o declinarlo para otro lado, y por eso se convierte en un peligro para muchos intereses. Cuando ese líder desaparece o es desterrado, no solo desaparece una cabeza visible de una organización, sino que desaparece todo el cuerpo. El vacío que deja un líder en una comunidad es enorme”, dice el campesino del CIMA, Guido Rivera.


    Pero las implicaciones, manifiesta Jhoe Sauca, no son solo políticas: el asesinato de un líder tiene “una connotación muy grande. Eso se analiza primero desde la familia. Es una de las desarmonías más grandes que sucede cuando desaparece un dirigente o una compañera. Esa afectación inicial se traduce en una pérdida de una persona con esa sabiduría de orientar, de dirigir a la comunidad. Y se desarmoniza el territorio, desde lo natural, desde lo espiritual. Eso también genera temores de otros compañeros o compañeras para asumir estos espacios. Afecta esos tres pilares fundamentales bajo los cuales se rigen las comunidades”.


    Mis sospechas sobre las consecuencias se confirmaron, pero Óscar me hizo caer en la cuenta de algo: “Ahora hemos posicionado que son defensores de Derechos Humanos, que son líderes sociales, antes no, hace 20 años ni si quiera eso (…) El paramilitarismo aquí era rampante. Entre el 1999 y diciembre del 2002, se señalaban por más de 1.000 los líderes veredales asesinados. Eso era una sangría la verraca”.


    ¿Qué sería de Colombia y de las comunidades si no hubieran asesinado a todos esos liderazgos sociales que nunca lloramos?


    Un acuerdo por cumplir 


    Desde 1986 hasta hoy, el gobierno nacional ha firmado 2.000 acuerdos con organizaciones sociales del Cauca, la mayoría de ellos incumplidos según el senador indígena Feliciano Valencia. Lo negociado y pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, de momento, también hace parte de la amplia lista de incumplimientos.


    El Proceso de Paz no era, ni será la solución, en el Cauca lo han tenido claro. Pero su contenido traza una ruta para empezar a solucionar ese estado de cosas en el que anida la violencia. La implementación del acuerdo avanza poco y avanza lento, sobre todo lo que tiene que ver con la reformar rural integral y la recolonización institucional del territorio, dos aspectos fundamentales para un departamento en el que 235.219 personas votaron por el Sí en el plebiscito de 2016.


    Al profesor Carlos Duarte no le sorprende el reciclaje de la violencia: “En el análisis comparado de todos los procesos de postconflicto contemporáneo en el mundo, en los siguientes dos años después de la firma de un acuerdo de paz, siempre hay un proceso de reacomodamiento y de disputa de un vacío que deja un actor armado, sobre todo cuando otros actores armados siguen en conflicto. Lo que no esperábamos que pudiera pasar era que la implementación de los acuerdos fuera tan pobre”.


    Transcurridos 42 meses desde la firma del acuerdo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son el aspecto de la reforma rural integral que reporta mayor nivel de implementación. Los 16 PDET fueron concebidos como una estrategia participativa que en un plazo de 10 años transformarían las condiciones de vida de ciertos municipios priorizados por el nivel de afectación del conflicto armado, los índices de pobreza, la débil presencia institucional y la incidencia de cultivos de uso ilícito.


    El PDET Alto Patía Norte del Cauca es el más grande y ambicioso del país. Está proyectado para transformar 24 municipios: 17 del Cauca, 5 de Nariño, y 2 del Valle del Cauca. La planeación participativa y consensuada entre ciudadanía e institucionalidad se desarrolló con éxito, pero su materialización aún no empieza, no en los términos y velocidades que las comunidades y organizaciones sociales desean. 



  • Víctor Collazos participó en la elaboración del PDET, conoce sus minucias, y vigila permanente su progreso. Según Víctor, el PDET está construido sobre ocho pilares y en él aparecen 4.364 iniciativas comunitarias. “De las 4.364 iniciativas solamente se han priorizado 50 que se vienen ejecutando. Pero esas 50 iniciativas no fueron priorizadas por las comunidades, ni por los actores sociales y comunitarios participantes en la construcción de ese acuerdo, sino que fueron priorizadas en Bogotá por la Agencia de Renovación Territorial con criterios técnicos y económicos, y no con criterios comunitarios que realmente permitan transformaciones en los territorios”.


    Ese no es el único pero. Víctor asegura que “las reglas de juego” de la implementación no están claras. “El PDET se viene implementando más por oferta institucional que por un dialogo con las comunidades. El otro problema que tiene el PDET es que no hay la suficiente cantidad de recursos. Algunas iniciativas, la Agencia de Renovación Territorial las viene negociando con los alcaldes, eso está bien, pero no está hablando con las comunidades y actores sociales”. Eso, a juicio del integrante del CIMA, profana el espíritu del Acuerdo de Paz y limita sus efectos.


    La mitad del departamento fue excluida de los PDET’S, aunque Víctor considera que todos los municipios del departamento debieron incluidos y priorizados. En el Cauca preocupan los otros 22 municipios que también necesitan atención e inversión. El Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo en la Comisión Segunda del Senado que su oficina tiene a disposición más de un billón de pesos para invertirlos en todo el departamento, además de otros proyectos e inversiones que suman 12.000 millones, los cuales están en ejecución.


    Al territorio la inversión todavía no llega, al menos no como la plantea el comisionado. Víctor asegura que para los municipios que no fueron incluidos en el PDET se destinan recursos del ZOMAC: “El ZOMAC son procesos de oferta de inversión privada a la que el estado le disminuye impuestos. Esa es la herramienta que podría funcionar. Pero aún en esos municipios no hay una experiencia exitosa, porque se supone que un privado invierte según sus intereses. Por ejemplo yo invierto en esta carretera porque me permite acceder a una zona de concesión minera. Eso pone en complicaciones a la comunidad porque en algunos territorios están en contra de la minería, y no van a permitir que les construyan la carretera”.


    De momento la oferta institucional ha priorizado inversión en infraestructura. Infraestructura que de nada sirve si no hay destinación presupuestal para otros aspectos, por ejemplo mejorar la calidad y la cobertura educativa. De aproximadamente 6.000 bachilleres que cada semestre quieren ingresar a la Universidad del Cauca, la única universidad pública del departamento, solo son admitidos alrededor de 800.


    Los estudiantes de las zonas rurales tienen pocos incentivos para ir a la escuela: son mínimas las posibilidades de acceder a la educación superior, las escuelas están a horas de camino, la infraestructura es precaria, y el modelo pedagógico no es acorde a sus necesidades y realidades: “Existen colegios agropecuarios que deberían ser fuertes en infraestructura para producir, para transformar, y esa experiencia transmitirla a las comunidades rurales como un aporte técnico a las situaciones problemáticas. Los colegios agropecuarios no tienen el suficiente personal docente calificado, y no cuentan con los currículos necesarios para abordar eso. Tampoco disponen de tecnologías que les permitan hacer lecturas permanentes de flujos de mercado. Son instituciones que deberían tener mucho apoyo estatal para mejorar su tarea. Esos colegios son muy necesarios en las localidades, pero son poco pertinentes para las demandas locales porque no tienen las herramientas”, manifiesta Víctor.


    Los caucanos tienen la disposición y la sabiduría necesaria, necesitan que las condiciones no sean tan adversas. Por ejemplo en Lerma, corregimiento del municipio de Bolívar, la escuela de agrosembradores Arraigo hizo un estudio comunitario para transformar la hoja de coca y rediseñar su cadena de producción y comercialización. Esta escuela del CIMA hoy tiene tres tipos de abonos hechos con hoja de coca certificados por el SENA. También elaboran pan, galletas e insumos médicos con el cultivo que tantas vidas le ha costado a Colombia.


    Poco a poco la esperanza se transforma en zozobra, pero el país y el Cauca no encuentran de donde más aferrarse, por eso insisten en la importancia de implementar el Acuerdo de Paz, y en que la solución al conflicto y a la guerra contra la coca, o contra cualquier otra plaga, sea política, negociada, y en condiciones humanitarias. “Se está volviendo al camino azaroso y cruento de la guerra –dice Víctor–. Acá las organizaciones siempre han dicho: cuenten con nosotros para la paz y no para la guerra”.


    Malos presentimientos


    En las condiciones actuales, las cosas solo pueden empeorar. Al gobierno de turno no le gusta el acuerdo y quiere modificarlo; en Estados Unidos no merma el consumo y la demanda de cocaína; está descartado cualquier escenario de dialogo con la guerrilla del ELN, y por lo tanto el desescalamiento de sus acciones; hay una pandemia de por medio; el tamaño del presupuesto estatal se encogerá drásticamente, también la cantidad de dinero que quieran y puedan prestarnos otros países; mientras tanto los grupos armados crecen en número, probablemente ocurra lo mismo con su capacidad de daño y de control.


    Además del Ejército, el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, y las panfletarias ‘águilas negras’, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) reveló hace unos días que en el Cauca hay presencia de carteles de droga mexicanos. En abril del 2019 fue capturado un mexicano, 6 costarricenses, y 4 nicaragüenses en la zona rural de López de Micay. A los extranjeros les incautaron 2 fusiles R15, 1 pistola Glock, 1 revolver calibre 38, dos proveedores de fusil M16, un proveedor de pistola, 106 cartuchos 5.56, 1.000 gramos de marihuana, 902 GPS, y 3 cartas de navegación.


    En el estudio publicado, la fundación concluye que los carteles están presentes en zonas con alta densidad de cultivos de uso ilícito y en corredores estratégicos para la cadena comercial de la droga. En algunos territorios se presentan a través de narcotraficantes mexicanos o centroamericanos, y en otros por medio de grupos armados colombianos que ellos financian. La hipótesis de Pares es que los carteles quieren regular el mercado y así evitar que el vacío dejado por las FARC-EP provoque una anárquica guerra ilícita en el país. La de Colombia, y la del Cauca, es ya una guerra trasnacional. Una guerra que se regula con más guerra.


    A medida que la violencia y los negocios ilícitos se arraigan en el departamento, merman las probabilidades de que los habitantes encuentren salidas legales y productivas, y que los liderazgos sociales puedan guiar a sus comunidades.


    Las armas no hacen parte de los planes de vida de las comunidades. El profesor Carlos Duarte plantea que para restarle fuerzas a la violencia, y a los actores que la provocan, el gobierno debería atacar a quienes se lucran y están detrás del negocio con la misma determinación que enfrenta la parte más débil de la cadena. Además, dice él, las organizaciones sociales deberían hilar un tejido organizativo intercultural que conecte y unifique sus reivindicaciones.


    Aunque ya lo hayan dicho, Duarte también recomienda que las organizaciones sociales rechacen enérgicamente a todos los actores armados y desmientan cualquier vínculo con ellos. “Lo tercero –manifiesta el profesor– es que debería avanzarse en estrategias de acceso a la tierra y de ordenamiento social de la propiedad con un enfoque participativo. ¿Cómo se va hacer para formalizar a esos campesinos que están en zonas de reserva forestal desde un punto ambientalmente sostenible? Hoy no hay ninguna salida para eso. Ese acceso a tierras, ese ordenamiento territorial, debe ir acompañado de un desarrollo integral. Si la gente tiene acceso a tierras, pero no tiene como ponerla a producir de una manera eficaz, sostenible, se termina volviendo en una tierra improductiva, y no improductiva solamente para el comercio y el mercado, sino para la misma producción de alimentos de las comunidades”.


    Un trabajo de este tipo siempre quedara incompleto sin escuchar a los cerebros del narcotráfico, a los que dan las órdenes, a los sicarios que accionan el gatillo, a los exguerrilleros que vuelven a tomar las armas, a los guerrilleros que prefieren no dejarlas, al funcionario o el soldado cómplice. Sin su testimonio, la caucana es una realidad inaprehensible llena de sombras.


    La mucha o poca luz tiene forma de presentimiento: “Si no hay un giro, si no hay un cambio sobre las fórmulas, podríamos tener una expansión de estos fenómenos de violencia a otras zonas del país –advierte Mauricio Capaz, indígena del CRIC–. Y podría costarle mucho a las organizaciones sociales. A nosotros no está costando harto”.

     

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