Ejecuciones extrajudiciales ¿política de gobierno?

A raíz de los escándalos por las desapariciones de varios jóvenes de Soacha, Cundinamarca, el gobierno del presidente Uribe reconoció que la fuerza pública ha incurrido en ejecuciones extrajudiciales. Pero dio a entender que se trataba de hechos novedosos, de falsos positivos atribuibles individual y aisladamente a algunos oficiales indisciplinados. Varias organizaciones de derechos humanos, sin embargo, insisten en que las ejecuciones extrajudiciales son una estrategia fundamental de la política de seguridad democrática y que el principal responsable frente a estos crímenes es el propio presidente.


Precisamente CODEHESEL (Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad), una coordinación de defensores de derechos humanos en Medellín, había realizado un informe en marzo de 2007 donde documentaba 74 de casos de ejecuciones extrajudiciales con 110 víctimas en el oriente antioqueño, cometidas en su mayoría por el Ejército Nacional en el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe. Con posterioridad se difundió un informe similar al de CODHESEL en Arauca y empezaba a vislumbrarse que las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica sistemática en todo el país. Por esta razón se empieza a coordinar una estrategia que permitiera dar cuenta amplia del problema y que lograra visibilizarlo sobre todo a nivel internacional.

Esa labor la asumió la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, movimiento que agrupa diversas plataformas regionales en defensa de los derechos humanos en Colombia, articulados con organizaciones similares en Europa y Estados Unidos. La Coordinación realizó los trámites para conformar una Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales, integrada por 13 personas de distintas nacionalidades y de distintas disciplinas (juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos). Ese grupo viajó a Colombia en octubre de 2007 para observar directamente la problemática y recoger la información de viva voz de los familiares de las víctimas en 4 regiones del país.

El Informe ratifica para el ámbito nacional lo vislumbrado por CODEHESEL en la región del oriente antioqueño: “La Misión- dice en uno de los párrafos introductorios del Informe- encontró patrones comunes en la forma de realización de las ejecuciones extrajudiciales que se pudieron documentar en varias regiones de Colombia, lo que permite concluir que no se trata de hechos aislados sino de conductas sistemáticas que responden a una premeditación… En muchos de los casos fueron arbitrariamente privadas de su libertad por el Ejército, posteriormente vestidos con prendas militares. Después fueron presentados como guerrilleros 'muertos en combate'”.

Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, en los primeros cinco años del gobierno de Álvaro Uribe se puede dar cuenta de un incremento del 67% en los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, en comparación con los cinco años anteriores. Y las cifras son aún más concretas: “entre julio de 2002 y junio de 2007, por lo menos 955 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 235 fueron desaparecidas forzosamente en hechos directamente atribuibles a la Fuerza Pública colombiana”. Desde entonces, sin embargo, parece que la práctica se ha intensificado, o al menos se ha tenido mayor conocimiento de ello. Eso puede inferirse del caso de los 23 jóvenes reclutados en Soacha y luego aparecidos como guerrilleros muertos en combate y enterrados en fosas comunes en localidades distantes. También la Oficina de la Alta Comisionada Para los Derechos Humanos señala su conocimiento de 35 víctimas más entre finales de 2007 y abril de 2008.

Las cifras son subestimadas
Según la Corporación Jurídica Libertad, con toda seguridad estas cifras están muy por debajo de las reales. Sobre todo porque quienes se interesan por acopiar estadísticas con respecto a este crimen son las organizaciones defensoras de derechos humanos, con limitaciones fuertes para acceder a la información, sobre todo porque el área de cobertura de su trabajo es estrecho. Pero también porque muchos cuerpos nunca aparecen o sobre todo por la inmensa cantidad de casos que no son denunciados dado que una de las estrategias complementarias de las ejecuciones extrajudiciales es la intimidación a los familiares.

También dificulta el acopio de estadísticas la nueva modalidad de ejecuciones que consiste en reclutar a personas que tienen vínculos sociales y familiares muy débiles, por ejemplo a los habitantes de las calles en las ciudades, vendedores ambulantes, drogadictos, indigentes, etc. Estas personas generalmente no tienen quien reclame por su desaparición y en este sentido el delito se mantiene inadvertido. Todo ello permite inferir que lo que hasta el momento conocemos de las ejecuciones extrajudiciales apenas son la punta del iceberg y que en el fondo la dimensión del problema es todavía insospechada.

Una estrategia de la política de seguridad democrática
Más allá de la práctica sistemática y los patrones comunes que presenta el Informe de La Misión, son muchos los elementos que permiten inferir que las ejecuciones extrajudiciales son más que una relación de hechos aislados o desmanes de algunos militares indisciplinados. Estas se proyectan más bien como una estrategia privilegiada para el posicionamiento de la política de seguridad democrática que impulsa el gobierno de Álvaro Uribe.

Y es que parte fundamental de la política de seguridad democrática es la evidencia de resultados. Entonces las ejecuciones extrajudiciales son un mecanismo para mostrar que se han dado de baja a muchos combatientes. Lo mismo que se hace con el mecanismo de las capturas masivas. Eso deja claro que la práctica de ejecuciones extrajudiciales es funcional a la lucha contrainsurgente. Pero ahora puede advertirse un cambio, porque gracias a la recurrencia de estas acciones muchas comunidades empezaron a denunciar. “Por eso en el último año- comenta un integrante de la Corporación Jurídica- se ha evidenciado que se están reclutando por la fuerza ó bajo falsas promesas a jóvenes que son conducidos a zonas rurales, donde son asesinados y presentados en los partes militares de la fuerza pública como muertos en combate. Estos partes son replicados de manera acrítica por los grandes monopolios de la información, los mismos que, paradójicamente, publicitan hoy esta macabra práctica, aunque en realidad viene siendo denunciada desde años atrás por distintas comunidades y organizaciones sociales y populares”.

Estrategias de ocultamiento y justificación
Casi desde el principio del periodo de gobierno de Álvaro Uribe se han sucedido casos muy sonados de ejecuciones extrajudiciales. Pero, en casi todos, la actitud del gobierno, más que de enjuiciar el crimen cometido por la fuerza pública, ha sido de justificación. Uno de los casos más controvertidos fue el de los tres sindicalistas araucanos asesinados por el ejército en agosto de 2004 y reportados como insurgentes muertos en combate. Ante las denuncias de la comunidad, la primera reacción del vicepresidente Francisco Santos fue ratificar la información reportada por el Ejército. En un segundo momento reconoció que no habían muerto en combate, pero advirtió que sí eran miembros del ELN y tenían orden de captura, hechos con los que pretendía justificar el crimen a manos del Ejército.

Un caso similar fue el de la masacre de san José de Apartadó, en donde los paramilitares en acción conjunta con hombres de la VII Brigada del Ejército asesinaron a 8 personas, entre ellas dos niños. El propio presidente Álvaro Uribe, en vez de ordenar de inmediato una investigación sobre la conducta de sus militares, resbaló en los medios de comunicación la idea de que la comunidad de paz de San José se había convertido en un refugio de guerrilleros, con lo cual pretendía también justificar la masacre. En ambos casos el Estado fue condenado por la Corte Interamericana, no obstante el gobierno se mantiene en sus posiciones, sin ofrecer siquiera disculpas a los familiares de las víctimas ni a las comunidades estigmatizadas.

En términos generales, la actitud del gobierno ante las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales ha sido de una velada legitimación a tal práctica. En una de sus declaraciones frente a este tema, el presidente Uribe sostenía lo siguiente “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da de baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial”. Y esta fue precisamente la actitud que asumió el gobierno frente al grupo de profesionales que integraron la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia.

En principio este informe se iba a sacar a la luz pública el día de los derechos humanos, nueve de septiembre. Entonces el ministro de defensa, Juan Manuel Santos, se adelantó en una rueda de prensa para crear un ambiente adverso. Se refirió directamente a la investigación de la Misión, calificándola de irresponsable y de dar cifras amañadas sobre las “mal llamadas” ejecuciones extrajudiciales para dañar la imagen del país. “Y eso es una práctica que hemos descubierto- decía entonces el Ministro-, hay una política deliberada de ciertas organizaciones, que lo que quieren es que se denuncie, porque la cifra va aumentando y va aumentado y es una cifra que se utiliza para después deslegitimar la Fuerza Pública y cuando uno va a averiguar esas denuncias realmente qué significan, no se encuentran nada, encuentra que hay personas interesadas en simplemente inflar las cifras, para después denunciar esas cifras como si fuera la realidad”.

El informe, finalmente no pudo ser presentado hasta el pasado 29 de octubre. Y en ese momento de nuevo hubo una estrategia de sabotaje e invisibilización por parte del gobierno. “Sin duda alguna- comenta el integrante de la Corporación Jurídica- la consistencia de la investigación de la Misión y la presión internacional llevaron a que casi de manera simultanea a la presentación del informe, el Presidente de la República en uno de sus públicos e histriónicos actos de contrición anunciara la destitución de algunos de los militares, a los cuales, a pesar de su responsabilidad evidente en estos criminales hechos, no se les ha vinculado hasta el momento a ninguna investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación”.

Pero sobre todo, la postura de la presidencia de la república puede entenderse también como una estrategia mediática para limitar la resonancia del informe sobre ejecuciones extrajudiciales, porque logró que todos los medios se enfocaran en su actuación. “Con ello- dice el integrante de la Corporación Jurídica- se desestimaba ante la opinión pública una de las conclusiones fundamentales que se infiere del Informe: que estas acciones criminales de la fuerza pública son sistemáticas y corresponden al desarrollo de la seguridad democrática.

Reelección o renuncia
Según la Corporación Jurídica, el supuesto remezón en la cúpula militar no es garantía de sustanciales cambios en la política de seguridad democrática. Prueba de ello, según esta organización, es el nombramiento del General Oscar Gonzáles Peña como nuevo comandante del Ejército, en reemplazo del general Montoya. Gonzáles fue el comandante de la IV brigada, con sede en Medellín, entre diciembre de 2003 y julio de 2005; posteriormente pasó a comandar la VII División, también con sede en Medellín, hasta octubre de 2006; justo en el tiempo en que se presentaba el incremento más dramático de ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército en Antioquia.

Lo que está en entredicho entonces, según la Corporación, es la continuidad de la política de seguridad democrática de este gobierno, pues su implementación es la que ha generalizado las capturas masivas y ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Y esto cobra especial interés cuando se repara en la insistencia de la reelección del presidente a nombre del éxito de su política de seguridad democrática. Él mismo ha dicho que lo que busca realmente es la reelección de la seguridad democrática. Pero ¿cuál es el éxito de esta política? ¿El incremento alarmante de las ejecuciones extrajudiciales?

“En un país con otras condiciones, con una oposición más fortalecida, con verdadera vocación de poder- insiste el integrante de la Corporación-, esta situación tendría que llevar a hacer un cuestionamiento más fuerte al actual gobierno. A exigir incluso su renuncia, no sólo la del Ministro de Defensa como hace la oposición. Y es que los resultados de esta política parecen medirse en vidas humanas, tasadas incluso a precios irrisorios como los 3 millones de pesos que paga el gobierno por el reporte de un guerrillero raso muerto en combate”.

No obstante, tal y como lo ven algunas organizaciones de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, es posible que la situación esté cambiando para el gobierno a raíz de la visibilización lograda de esta problemática, sobre todo a nivel internacional. Por ejemplo, en alguna editorial el periódico El Colombiano ya se atreve a decir que Uribe sí es un buen presidente, pero que no es el único. Cambio Radical definió que ya no le caminaba a otra reelección; y el Partido Conservador empieza a decir que no cree que otra reelección sea benéfica para el país.

Sin embargo, estos cambios de opinión todavía no atacan a la política de seguridad democrática. Al parecer eso sólo será producto de las movilizaciones de los sectores populares que la han sufrido y que por lo tanto no sólo aspiran a un cambio de gobierno, sino también de política. “Sin embargo, y por ahora, el presidente, que ha sido tan frentero, y ha empujado a sus militares a acciones tan temerarias bajo la consigna de “hágale que yo respondo”, debería responder en este caso por los resultados de sus militares y renunciar. Al fin de cuentas él es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas”.

Share this article

Más en esta categoría: « La sociedad del "Desarrollo"

Acerca del Autor

Ruben Darío Zapata

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.