EDITORIAL 64:Suficientes motivos para indignarnos

Sucedió un día reciente, de mañana. Unos compañeros de la Corporación Cahucopana (Corporacion Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño) caminaban por Prado Centro, barrio histórico y céntrico de Medellín, y les dio por tomar algunas fotos, posiblemente de los afiches que hay pegados en los muros y columnas de la ciudad con la foto de algún desaparecido. Más tardaron ellos en desenfundar su cámara, que un grupo de muchachos en encañonarlos. Aunque luego les dijeron que los habían confundido, los compañeros pudieron percatarse en ese mismo instante de otro tipo que desde un lugar estratégico parecía indicarles a sus hombres que tomaran posición. Por eso no se fueron y como pudieron se tiraron adentro de uno de los grandes y lujosos edificios del sector, una clínica privada, para pedir protección; desde allí llamaron a una organización internacional defensora de derechos humanos para que los recogiera. Sólo así lograron salvar sus vidas.

 

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Esta es una práctica ya común en las principales ciudades de Colombia, de lo cual ha dado cuenta Periferia en sus más recientes ediciones donde se le dedica una sección especial al fenómeno del control social. En las regiones el control social lo ejerce también la fuerza pública, quien no ha dejado de recurrir a los asesinatos (mal llamados falsos positivos) y judicialización de los líderes sociales y populares; caso ejemplar, el asesinato a manos del ejército del líder indígena Humberto Peroza Wampiare, en Arauca, quien fue presentado como guerrillero dado de baja en combate. 

Por mucho menos se indignaron recientemente los españoles, y se abocaron a una movilización que se irradió por varios países de la Unión Europea, incendiando el viejo continente como en un reguero de pólvora que todavía mantiene la mecha prendida y mantiene a la burocracia neoliberal bajo amenaza de explosión de la rebeldía popular. Ellos, los rebeldes, engloban en su protesta contra el modelo económico su inconformidad con “un sistema electoral injusto; la incredulidad en la democracia actual; la desesperanza ante el creciente desempleo, la impotencia ante las situaciones laborales de precariedad con salarios raquíticos, inestabilidad en los contratos y desaparición de derechos laborales históricos; la inaccesibilidad de gran parte de la población a una vivienda; la corrupción política, los recortes en gastos sociales, la privatización de los servicios públicos como la sanidad y los servicios sociales, entre otros.

Todas son reclamaciones justas y la dimensión de la movilización se corresponde con la gravedad de la situación. Pero uno podría decir que ante las prácticas históricas de la oligarquía colombiana, asesina y despiadada, todas estas situaciones por las que se levanta la población europea parecieran cosas nimias. Aquí, donde el modelo neoliberal y en general el capitalismo salvaje se ha aplicado con mayor crudeza e inclemencia, la mayor amenaza, sin embargo, es que el propio Estado nos asesine (sobre todo a quienes nos organizamos para confrontarlo y resistirlo), bien a través de su fuerza pública, cuyo carácter asesino se ha confirmado con creces en la historia, o con sus fuerzas paramilitares, que en última instancia bien poco se distinguen. Es decir, nos aplican su modelo económico de injusticia, hambre y corrupción, y si reaccionamos nos matan.

En lo que va corrido del año podemos evidenciar una disparada no sólo del control social en las ciudades, las regiones y establecimientos públicos (sobre todo en las universidades públicas), sino de los asesinatos selectivos y las masacres. De enero a hoy se registran 17 masacres, que dejan 170 víctimas. Una de ellas ocurrió el sábado 25 de Junio, en el corregimiento de Villa Nueva, municipio de Colón de Génova, al norte de Nariño. Allí fueron asesinados ocho campesinos y cuatro más quedaron heridos. El crimen lo realizó un grupo de hombres que se movilizaban en un campero, vestían de camuflado y tenían sus rostros encapuchados.

Antioquia es uno de los departamentos donde la violencia oficial, aunque enmascarada siempre, se ha ensañado. Ya contamos 14 líderes indígenas asesinados durante este primer semestre del año, de un total de 36 en todo el país, según la OIA, seis de ellos en menos de 10 días. Cabe destacar, además, que la mayoría de esos indígenas eran líderes que adelantaban procesos de restitución de tierras, y muchos de ellos tenían el cargo de gobernadores. También hay que recordar la masacre realizada el pasado 24 de junio en el municipio del Peñol, oriente antioqueño, donde varios hombres armados entraron a una vivienda campesina, sacaron a cinco integrantes de la familia, a quienes torturaron y luego asesinaron. Uno de ellos se salvó porque fingió estar muerto. Ya el pasado 21 de mayo de 2011 habían sido asesinados cuatro personas, dos hombres y dos mujeres en zona rural del Municipio de Cocorná. También en los límites de Antioquia y Córdoba los paramilitares han asesinado en estos últimos días a varios líderes y mantienen un toque de queda desde las seis de la tarde.

Sin embargo, ante esta situación recurrente e intolerable, los medios masivos o guardan silencio o minimizan los fenómenos, mientras se ocupan de refaccionar permanentemente la imagen de gran estadista del presidente Santos, ocultando la verdadera cara de su régimen asesino.

Un dato de por sí escalofriante es el de los asesinados en Medellín en lo que va corrido del 2011: nada más y nada menos que 800 personas. Esto nos habla de Medellín como una bomba de tiempo, donde las estructuras paramilitares no desmovilizadas y ahora rebautizadas como Bacrim se disputan el control del territorio y de los negocios y las plazas de vicio en la ciudad. Pero esta no es sólo una guerra entre bandas, que configura un escenario caótico en la ciudad, como nos quieren hacer creer los medios masivos de información. Detrás de este aparente caos se esconde también una estrategia de exterminio de los líderes sociales y populares. Este año se han encarnizado con los jóvenes artistas de las comunas periféricas de la ciudad, que escriben sus letras libertarias y divulgan con el Hip Hop una crítica al sistema y a las escasas oportunidades que éste deja abiertas para el arte popular. Ya van más de 10 de estos jóvenes artistas asesinados este año.

Pero los medios masivos hacen sus comedias, y aseguran que estas son las víctimas de una violencia indiscriminada que no respeta a los que no están inmersos en la guerra; como si, de hecho, el sistema y el Estado no nos hubieran metido a todos desde hace ya mucho tiempo en ella. Y además se apresuran a corroborar esto con la información oficial, como hace el Espectador en su edición del cinco de mayo: “Al igual que Yhiel (uno de los jóvenes asesinados), las autoridades aseguran que no se trata de una persecución en contra de los jóvenes que participan de actividades culturales, sino que es el resultado de la situación de orden público de la ciudad”. Así mismo han acallado la realidad de los más de 12 líderes del proceso de restitución de tierras que han sido asesinados en lo que va de este gobierno, entre los cuales se cuenta la compañera Ana Fabricia Córdoba.

Encubrir la violencia política, el asesinato de líderes políticos, sociales y populares con otras formas de violencia que la envuelven y distorsionan ha sido una estrategia recurrente por parte de la oligarquía criolla. Por otra parte, reconocer un escenario de violencia caótica es ya el primer paso para legitimar una estrategia de limpieza social por parte del mismo Estado, que aprovechará, como lo ha hecho siempre, para eliminar a sus opositores y desarticular el movimiento social y político que nuevamente parece tomar aliento y fuerza en el país. Ahora se ha filtrado la información, salida del último consejo de seguridad departamental realizado en Antioquia, según la cual el Estado reconoce que las Bacrim se le han salido de las manos. La decisión parece ser utilizar una fuerza élite bien entrenada para empezar a eliminar uno por uno, sin mucha bulla, a estos delincuentes. Otra vez Medellín se anuncia como modelo de pacificación para el país, como en la Operación Orión en el 2002. Ojalá esto encendiera la mecha de nuestra indignación e hiciera explotar nuestra rebeldía para romper esta historia de sometimiento, miedo y horror. Y ojalá explote antes de que estalle el terror oficial que ya se anuncia, disfrazado como siempre de delincuencia común, y que de seguro será silenciado por los grandes medios de comunicación.

 

Modificado por última vez el 16/06/2012

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