“Computadores de reyes”, evidencias de un Estado criminal

La corte Suprema de Justicia ha determinado que el contenido de los computadores de el exjefe guerrillero “Raúl Reyes”, asesinado junto con sus hombres por el ejército colombiano en los pasados bombardeos en tierra ecuatoriana, no constituyen prueba para ningún proceso. La corte ha considerado que las pruebas son ilegales pues no cumplieron con los tratados internacionales para su respectivo levantamiento. El auto inhibitorio que expidió la Corte ha causado revuelo.

 

{jcomments on}
Colombia está suscrita en la “Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal”, la cual fue desarrollada en lo que sería la Ley 636 del 2001, así como distintos acuerdos bilaterales sobre la materia. Los militares que hicieron levantamiento de pruebas no tenían función judicial, pero tampoco estaban en presencia de un fiscal que evidenciara las pruebas, violando el debido proceso, provocando así que las acciones jurídicas que se han adelantado en varios juzgados, basados en estas “pruebas”, tambaleen. Pero esto es apenas el comienzo, el inicio del debate, pues la Corte sólo se pronuncio frente al caso de Wilson Alfonso Borja, mientras que la destitución de la senadora Piedad Córdoba sigue en firme a pesar de que el origen de tal decisión del procurador es la misma. Igual suerte corren otros procesos penales abiertos a personalidades de la política colombiana, juzgados sobre la base del contenido de dichos computadores.

En el fallo de la Corte en ningún momento se reconoce el conflicto armado en Colombia, pero sí se refiere a la legalidad del operativo. Sólo se dedica a tratar el asunto de los ataques al campamento de Raúl Reyes como un golpe en contra del terrorismo en el que “los Estados hermanos deben estar comprometidos”. Es evidente que con el sólo hecho de que se haya atacado el campamento se violó la soberanía de Ecuador, el Estado colombiano lo reconoce pero lo justifica con la lucha contra el terrorismo e incrimina a Ecuador de auspiciar a las Farc.

Pero este no es el punto, acá lo importante es resaltar el manejo mediático que a su conveniencia el gobierno hace de noticias como estas. Por supuesto es más detestable la postura sumisa de los grandes medios de comunicación, que tras la decisión de la Corte frente al caso Borja guardan silencio o minimizan el impacto de los acontecimientos, seguramente porque uno de los principales responsables de esta grave situación, que incluye la persecución implacable a la oposición, es hoy el presidente de la república y también porque pondría en juego las recién recuperadas relaciones diplomáticas entre los dos países.  Si la Corte hubiese encontrado legales las acciones militares y las pruebas recaudadas, encontrando responsable penalmente a Borja, el despliegue mediático hubiese sido otro.

Mucho se ha dicho sobre el fallo de la Corte, que no es novedoso en cuanto está ajustado a las normas de derecho internacional en lo que tiene que ver con el levantamiento de pruebas en un país extranjero. Frente al tema varios funcionarios se han pronunciado; el actual presidente Santos ha dicho en los medios que las pruebas recogidas por el ejército son legales, también el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, quien presentó una petición para que se  reconsidere el auto inhibitorio a favor de Borja, aduciendo que el procedimiento fue legal, que se hizo bajo un contexto de lucha contra el terrorismo por la seguridad nacional e  internacional, bajo un conflicto armado que vive Colombia;  se remite al artículo 3 del tratado de Ginebra, que trata sobre los conflictos armados que se extiende a otros gobiernos en el que se deben respetar unas normas humanitarias. Pero estas normas no se respetaron.

El ministro del interior dice que no se manipuló la información que había allí, pero sería muy ingenuo pensar que esta información no ha sido editada, pues las pruebas fueron encontradas en archivos de word y ni pensar si en realidad a tal ataque pudieron sobrevivir los computadores o, por lo menos, que hubieran quedado en perfecto estado sus archivos.

Las pruebas del computador de Reyes han sido una estrategia del gobierno para perseguir, criminalizar y judicializar a la oposición, como ha ocurrido con Miguel Ángel Beltrán, profesor universitario, quien  actualmente se encuentra libre, tras haber estado dos años preso en la picota por supuestos nexos con las Farc. La decisión de la juez cuarta especializada de Bogotá, tras la decisión de la Corte de declarar ilegales las pruebas de los computadores, determinó que no había suficientes pruebas en contra.

Otro caso en que se ha archivado el proceso por  falta de pruebas es el de la senadora Gloria Inés Ramírez del Polo Democrático que fue acusada de vínculos con la guerrilla. Esto demuestra el ensañamiento y la persecución política bajo pruebas inventadas de un operativo totalmente ilegal.

Esto es una clara estigmatización de la izquierda, de  quienes piensan diferente, pero es también una estrategia mediática para bajarle la candela a los escándalos de parapolítica en el que se ven involucrados los altos funcionarios del gobierno. Se han inventado lo de las farcpolítica para acallar y señalar a todo aquel que se rebele y denuncie todos los crímenes de Estado. Son guerrilleros todos los que estén en contra de  las políticas imperialistas del gobierno, de quienes quieren que se haga justicia de la violación de derechos del que es responsable en mayor parte el Estado.

 

Modificado por última vez el 16/06/2012

Share this article

Acerca del Autor

Diego Martinez

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.