En Colombia sí existe la pena de muerte

El 19 de agosto del 2011 en Bogotá el policía Wilmer Antonio Alarcón Vargas asesinó a Diego Felipe Becerra, de 16 años, que se encontraba con otros amigos haciendo un grafiti. Ante el intento del joven por escapar de la policía, el patrullero le disparó por la espalda. El policia y la institución policial, en cabeza del comandante de la policía metropolitana de Bogotá han ensayado varias versiones (no siempre concordantes) para justificar el hecho de que el policía disparara, como si el joven no le hubiera dejado otra opción. Pero analizados bien los hechos que se han logrado conocer, todo parece indicar que no había ningún motivo que explique el homicidio.{jcomments on}


Luego de ocurrido el homicidio de Diego a manos del agente de policía, se montó toda la película donde  la policía pretende justificar el crimen, echando mano del testimonio de un conductor que aseguraba que Diego y sus amigos acababan de atracar su bus mientras estaba en circulación y que le habían robado a él y a los pasajeros todo lo que llevaban. Para dramatizar más la escena y hacerla creíble el policía declaró que el joven había intentado dispararle y por eso tuvo que asesinarlo. Sin embargo, no sólo es imposible de creer esta declaración por el hecho de que el disparo lo recibió el joven por la espalda sino porque según el mismo informe de Medicina Legal después de la necropsia, Diego no había utilizado armas. Aún así la polémica ha girado en torno a la confusión de los hechos y el interés de la policía en respaldar la impunidad del  homicidio.

A ello se suma que, aun sin haberse corroborado los hechos, los medios de comunicación masiva han servido para orquestar la tergiversación hecha por la policía y, luego, cuando se hizo evidente la patraña, sin mostrar ningún interés por la verdad, han hundido los acontecimientos en el olvido.

Y es que en medio de la crisis social, la prepotencia de la fuerza civil indelicada y criminal  respalda y hace todo porque sus crímenes queden impunes, pues cuentan con el apoyo incondicional del Estado y de los medios masivos y oficiales de comunicación. Estos han logrado que toda la sociedad pida a gritos la muerte del raponero o vil atracador. ¿pero qué tal si un policía o miembro de la seguridad del Estado hubiera “dado de baja” a uno de los miembros del clan Nule, cuando aún no se entregaban a las autoridades, y hubiera argumentado que le tocó dispararle porque ese ladrón se le había hurtado miles de millones a los bogotanos y en ese momento huía de la justicia?

No me cabe en la cabeza las razones que tuvo el agente de policía para dispararle por la espalda al joven. ¿Acaso se sintió amenazado por el mensaje del grafiti, o sufría de “grafitifobia” o simplemente le dio pereza arrestarlo?

Lo peor, sin embargo, es que la policía como institución de protección civil respalde y oculte el homicidio, además de buscar testimonios falsos. En todo caso, hacer grafiti tal vez se considere como una contravención, es quizás un signo de rebeldía y el producto de una pasión por el arte de la calle; como quieran que lo miren, ni siquiera el arresto se merece. 

Con todo lo sucedido lo menos importante es lo que se encontraba haciendo Diego, aunque  hubiera estado atracando el bus, el deber del policía es arrestarlo no matarlo, su función es proteger a los civiles, no de asesinarlos; por su calidad especial de servidor público se hace inadmisible su conducta y por tanto deberá sancionársele más fuerte penalmente.

Pero la política en este Estado es, en realidad, de pena de muerte. Las órdenes a las fuerzas armadas, por ejemplo, ya no son capturar a los guerrilleros sino bombardear sus campamentos y no dejar nada vivo. Desde ahí, las fuerzas armadas ya no se ven en la obligación de llevar los presuntos violadores de la ley ante un juez y seguirles el debido proceso, sino que son sentenciados a muerte y luego tergiversan los hechos para ocultar la verdad, están los mal llamados falsos positivos, encumbrados por las recompensas que ofrece el gobierno por entregar las cabecillas de la guerrilla vivas o muertas, y ni hablar de los ataques del ejército a los campamentos de la guerrilla. Esto lo legitima el gobierno, siguiendo la política bélica de los Estados Unidos que, por medio de las  guerras preventivas, han querido adueñarse de medio mundo justificando sus genocidios y la violación de la soberanía para el robo y saqueo de los recursos de los pueblos, afirmando velar por la seguridad mundial. A este respecto el Estado colombiano es su fiel seguidor, y su más adepto alumno a la hora de violar los derechos humanos y matar a diestra y siniestra a su pueblo.

Está el caso de Iván Ríos, guerrillero que fue asesinado por uno de sus hombres de confianza, quien luego le cortó la mano para presentarla como evidencia ante las autoridades. Eso hizo que se desatara una leve polémica a propósito de si el guerrillero debía ser condenado por el asesinato confeso o premiado por hacerle el favor al gobierno. Este último optó por la segunda opción y la polémica se silenció, como si con ello el debate quedara saldado.

Lo claro aquí, sin embargo, es la violación de la “democracia” en un tal Estado Social de Derecho, que contempla también la igualdad de la ley penal. En ese caso, los guerrilleros, considerados criminales por el Estado, también tienen que ser sometidos a la ley, probados sus delitos ante un juez y con base en las pruebas condenados, respetando en todo caso el debido proceso. 

Pero en Colombia la oposición, y no sólo la armada, es un objetivo militar: asesinar, desterrar, desaparecer se ha vuelto común en el país como práctica de las fuerzas armadas en su conveniencia ya histórica con el paramilitarismo. Los movimientos políticos y sociales que se resisten son golpeados por las amenazas y homicidios de sus dirigentes a manos de la autoridad pública o los paramilitares, igual para todo lo que sea una piedra en el zapato de este régimen. En la medida en que esto se vuelve normal, se hace también normal las prácticas de los miembros de la fuerza pública de asesinar por motivos personales, por capricho o por lo que sea y después montar toda la película de inculpación a la víctima.

Como consecuencia la ley se estratifica y no es lo mismo una sanción penal para un policía que asesina un niño, que un delincuente que mate a un político corrupto. Y ya en el caso de un presunto delincuente, este no tiene presunción de inocencia, como reza en la Constitución de 1991, sino que es culpable mientras él no demuestre lo contrario. Esto, claro está, en el caso de que el policía o el soldado gatillo loco le de tiempo de demostrarlo.

 

Modificado por última vez el 16/06/2012

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