Mataron al río Anchicayá

Desde 1948 la empresa Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá S.A. E.S.P. (Empresa de Servicios Públicos) – CHIDRAL, impuso la construcción de la represa del Bajo Anchicayá que inició operaciones en 1955 con el propósito de generar energía eléctrica. Su capacidad total instalada es de 64 MW (Megavatios) y su producción de energía media anual es de 360 GWh (Giga vatios hora) para abastecer completamente la demanda de Buenaventura, principal puerto marítimo colombiano. Como era de suponer, ésta represa comenzó a colmatarse de sedimentos mucho antes de lo previsto (tal como ha ocurrido con muchas de ellas en los países tropicales) debido a los procesos de deforestación que acarrean mayores cantidades de erosión y por el sistema de falla geológica del río Digua (afluente del Anchicayá) y la alta precipitación pluvial sobre la cuenca. Estos fenómenos son cada vez más impredecibles por efectos mismos del calentamiento global del planeta.

Cabe anotar que la cuenca hidrográfica del río Anchicayá se localiza en el municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, en la porción central del Litoral Pacífico de Colombia y pertenece a la provincia biogeográfica sector Chocó, una de las zonas de mayor biodiversidad en el planeta. Una parte importante de esta cuenca es, además, territorio ancestral de la comunidad anchicagüeña integrada al pueblo negro de Colombia (Convenio 169 de la O.I.T.), y aglutinada en torno a ONUIRA (Organización de Negros Unidos por la Defensa del Río Anchicayá), una de las vertientes afro-organizativas que propició la titulación colectiva de once Consejos Comunitarios en este territorio ancestral con base en la ley 70 de 1993 o ley de comunidades negras en Colombia. Estos son el territorio y la comunidad afectada en su calidad de vida por la central hidroeléctrica antes mencionada.

Como si fuera poco, en 1970 se impuso de nuevo la construcción de otra represa en el Alto Anchicayá que inició operaciones en 1974 con una capacidad instalada de 340 MW y producción de energía media anual de 1590 GWh para aportar al sistema de interconexión eléctrica del departamento del Valle del Cauca y de Colombia. Además la construcción de esta represa tenía el propósito de vender energía incluso al exterior, generando millonarias utilidades para sus propietarios-accionistas, pero ni siquiera energía eléctrica para la mayor parte de la comunidad anchicagüeña.

El veneno salió de la represa
Todo río es un cuerpo de agua y un cuerpo de sedimentos que fluyen. Lo que hacen las represas es detener ese flujo natural generando una alteración físico – química de gran impacto por parte de esos cuerpos. Los sedimentos atrapados en las represas generan un proceso natural de descomposición de su materia orgánica, acumulando y desprendiendo cantidades grandes de tóxicos como el gas metano (CH4), por ejemplo, y en algunos casos incluso metilmercurio, una potente neurotoxina. Además, al comenzar estos sedimentos a colmatar el embalse le restan volumen de agua a la misma, perdiendo entonces capacidad de producir mayor cantidad de energía eléctrica, como se amenazaba en este caso.

Otro problema es que el agua en éstas condiciones, al conducirlas por los túneles de descarga hacia las turbinas, arrastra a su vez los sedimentos más livianos (limo y arcillas), que al rozar con las aspas de las turbinas las deteriora bastante, afectándoles negativamente también su eficiencia y, por tanto, se disminuye la capacidad de producción de energía eléctrica. Esto ocasiona la parálisis de las mismas y sus respectivas reparaciones,- operaciones muy costosas para el propietario – operador de la represa. Ellos se ven urgidos a deshacerse de estos sedimentos acumulados, que contienen significativas porciones de tóxicos o elementos venenosos.

Desde que comenzó a construirse y a operarse la represa del Bajo Anchicayá, los casi 8000 habitantes de la región aguas abajo, la comunidad anchicagüeña integrada al pueblo negro de Colombia, están reportando múltiples impactos negativos en el río, en su lecho y en sus vegas, afectando en general la vida de todas las especies. Y cuando se construyó e inició operaciones la represa del Alto Anchicayá, inmediatamente se reportó que los impactos negativos aumentaron.

Los primeros propietarios – operadores (CIDHRAL S.A. E.S.P.) y la Corporación Autónoma del Valle del Cauca – CVC (entidad del Estado) de represas en la del Bajo Anchicayá realizaban dragado de los sedimentos, depositándolos aguas abajo del embalse, ocasionando impactos negativos debido al tipo de sustancias tóxicas que contenía. Las comunidades negras reportaban año tras año la gradual pérdida productiva y saludable del río en toda la cuenca aguas abajo de la represa. Poco a poco se estaba envenenando el río y sus vegas, además de las alteraciones de su lecho con las implicaciones para todos los tipos de vida conectados con aquellos elementos naturales.

Mataron al río
Entre 1995 y el 2000, por efecto de ajustes normativos en Colombia y en correspondencia con el proceso de privatizaciones de bienes del Estado, las represas del Bajo y Alto Anchicayá dejáron de ser propiedad mayoritaria de la CVC – CHIDRAL S.A. E.S.P. y pasáron a ser de la EPSA E.S.P. (Empresa de Energía del Pacífico S.A.), en la que el capital español de la multinacional Unión FENOSA, quedó con la propiedad del mayor porcentaje de acciones (64.23%), haciéndose cargo de la gestión de la EPSA desde noviembre del 2000. Coincidió este “traspaso” con una acumulación excesiva de sedimentos, que hacia mediados del 2001 por poco llevó a colapsar la represa del Bajo Anchicayá al albergar dos millones ochocientos mil metros cúbicos de sedimentos y reducir la capacidad de agua en el embalse en un 40%.

El 21 de julio de ese año, el operador, sin permiso alguno de la autoridad ambiental respectiva, abrió la compuerta de desarene y expulsó medio millón de metros cúbicos de lodo altamente contaminado, hediondo, nauseabundo y nombrado por la comunidad como vite. La expresión 'Mataron al río', de la comunidad anchicagüeña integrada al pueblo negro aguas abajo, condensa el grave impacto ocasionado por esa abrupta y voluminosa descarga de sedimentos muy contaminados vertidos sobre el río. Como consecuencia de ello se taponaron los pozos o sitios sobre el lecho del río que eran sus criaderos naturales de peces; prácticamente la totalidad de éstos perecieron y el plancton que no murió absorbió mucha toxina, afectando toda la cadena trófica acuática; con el aumento también del nivel de las aguas el lodo inundó orillas, vegas y zanjas, contaminando y haciendo perecer cultivos de pan coger (papachina, maíz, caña, chontaduro, plátanos, banano, frutales, etc.).

El agua mezclada con el lodo envenenado quedó imposibilitada para el consumo humano y para las especies de avifauna y flora de la cuenca, disminuyendo además notoriamente los insumos naturales para la medicina ancestral; la salud humana se deterioró drásticamente, tanto física como síquicamente, dado el carácter de eje cultural e identitario del río; se produjo desplazamiento forzado y bloqueo al retorno que estaba programado para el segundo semestre del 2001 de otros desplazamientos anteriores por el conflicto social y armado en la región; los ecosistemas de humedales de las bocanas del río (guandales y manglares reconocidos por el Estado como ecosistemas estratégicos) fueron inundados también por esos lodos tóxicos, liquidando infinidad de moluscos (piangua, almejas, etc.) a su vez, base económica y alimentaria principal de la comunidad negra de esa porción de la cuenca. Para rematar, la cantidad de víboras o diversidad de serpientes venenosas se incrementó inusitadamente.

El Estado no hizo nada
Con mucha lentitud, parsimonia y negligencia, el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, emitió una Resolución (No. 0556 del 19 de junio del 2002) de sanciones a la EPSA y un Fallo de Tutela (Sentencia Consejo de Estado-29 de abril de 2004) a favor de la comunidad negra de la cuenca y en contra de la EPSA, por la descarga de lodos ilegal del 21 de julio del 2001 y los graves impactos ocasionados. Como estos fallos no se encontraban en correspondencia o proporcionalidad con los perjuicios o daños ocasionados por tal descarga, los once Consejos Comunitarios (autoridades étnicas de comunidades negras) de la cuenca entablaron otra demanda a la EPSA, sin que hasta la fecha haya un fallo definitivo al respecto por parte del Consejo de Estado.

De otra parte, y a través de otra Resolución (No. 0862 del 22 de julio del 2004), el Minambiente autorizó a la EPSA a realizar Pruebas Pilotos de Descarga de Fondo para la represa del Bajo Anchicayá, supuestamente de modo regulado o minimizando sus impactos. La primera de éstas pruebas la realizó el 2 de diciembre del 2004, sin que los delegados de  los Consejos Comunitarios hubiesen tenido acceso a la veeduría de la misma por un coincidencial derrumbe en la vía de acceso a ésta represa. Cuando regresaron aguas abajo se percataron de la excesiva turbidez y hediondez del río.

El 15 de febrero de 2005 la EPSA les anunció a los delegados de los Consejos Comunitarios de la cuenca que tenía programada una II Prueba Piloto Descarga de Fondo Bajo Anchicayá para ocho días después. Los líderes y las lideresas de la comunidad anchicagüeña integrada al pueblo negro de la cuenca se opusieron a suscribir el aval para esa acción y formalmente mediante un documento firmado por ellos le exigieron a la EPSA su derecho étnico a la consulta previa, libre e informada por la nueva acción de descarga de lodos que proyectaba acometer. La EPSA no ejecutó formalmente la II Prueba Piloto que tenía programada para aquel 22 y 23 de febrero de 2005 y tampoco dio respuesta formal a la aplicación del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.

En los últimos meses del 2010 la Unión FENOSA vendió sus acciones mayoritarias en EPSA a COLINVERSIONES S.A., del grupo empresarial antioqueño. Durante el 2011 este nuevo propietario y los Consejos Comunitarios anchicagüeños integrados al pueblo negro acometieron una primera fase de formulación y definición del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá o, El Gran Verrugoso, con la aplicación de los derechos fundamentales a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Uno de los principales retos de dicho PMA será precisamente el manejo que deberá hacerse a los sedimentos o lodos venenosos acumulados en esta represa.          

La masacre ambiental sigue en la impunidad
Luego de diez años y medio de ésta masacre ambiental o ecocidio, a su vez caso ilustrativo de racismo ambiental, la recuperación del río ha sido casi nula, pues no ha habido reintegración plena del recurso ictiológico, la producción del pan coger es ínfima y menos vigorosa que antes, el agua del río sigue siendo nociva para el consumo humano y de otras especies vivas, la comunidad anchicagüeña ocupante aguas abajo de la represa tiene que realizar esfuerzos extraordinarios para mantenerse en esta porción de su territorio ancestral. La recuperación de los frágiles ecosistemas de humedales en las bocanas sigue siendo lo más difícil y de un impacto altísimo por ser las fuentes principales de la economía y vida socio cultural en esa porción de la cuenca y, además, el recurso ictiológico marino en las bocanas y la avifauna que alberga aún revela evidencias serias de deterioro y limitaciones de sobrevivencia.

Para las comunidades de los once Consejos Comunitarios de la cuenca del Anchicayá integrados al pueblo negro es inaceptable que le sigan descargando al río lodos altamente contaminados. Ellos insisten en que la EPSA regularmente hace éstas descargas durante la noche o en momentos de crecientes del río, pues observan los cambios súbitos de turbidez y hediondez de sus aguas y no existen veedores de dichos Consejos en la misma presa. Consideran, además, que luego de prácticamente sesenta años de operación de ésta represa, de descargas permanentes de lodos contaminados es absolutamente improcedente la continuidad de estas acciones, pues se haría irreversible o mucho más prolongada la recuperación del río cuya jurisdicción en once territorialidades étnicas les obliga a la conservación y sostenibilidad del mismo.

Por todo ello y por la excesiva y sospechosa dilación actual del fallo definitivo del Consejo de Estado por la demanda interpuesta a la EPSA, es necesaria una ACCIÓN URGENTE de SOLIDARIDAD con la comunidad anchicagüeña integrada al pueblo negro, que durante enero del año en curso realizará acciones de presión al respecto en conjunto con el Paro Regional del Huila en marcha, que rechazan, entre otros aspectos, el modo como se quiere imponer la repesa hidroeléctrica de El Quimbo. Todas estas acciones se encuentran apoyadas por el Movimiento Colombiano por la Defensa del Territorio y de Afectados por las Represas - RÍOS VIVOS y, de la cual ONUIRA es una de las organizaciones fundadoras.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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