Sobre-explotación laboral en Puerto de Buenaventura (I parte)

Los trabajadores portuarios en los muelles marítimos del Distrito de Buenaventura en el Pacífico central colombiano son los que hacen posible la movilización de más del 60% del comercio marítimo de Colombia. La ley 01 de 1991 privatizó la empresa Puertos de Colombia – COLPUERTOS- que era en Buenaventura su principal fuente de empleo. El proceso efectivo de privatización comenzó en 1993 y el 17 de marzo de 1994 el presidente César Gaviria Trujillo entregó el Terminal Marítimo de este puerto a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, propiedad de grandes inversionistas del Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, los Santanderes -entre los cuales se encuentra el Grupo Santodomingo y la familia Lleras de La Fuente – y otros nacionales y extranjeros que representan intereses de trasnacionales.

 

 

Los impactos sociales, económicos, ambientales y culturales de esta privatización han sido muy grandes y muy negativos para la principal ciudad del Pacífico colombiano. Desde un inicio se hicieron evidentes y cada vez se han acrecentado más en esta ciudad las acciones delictivas y violentas, las relaciones de prostitución, el deterioro ambiental y, en general, mayor miseria para amplios sectores de su población. Por lo demás, entre 1993 y el 2010 han fallecido cincuenta compañeros por accidentes laborales en los muelles de Buenaventura.

 

Entre los antecedentes de resistencia a esa situación en los últimos quince años se registra un paro de SINTRAMARÍTIMOS en 1997, que llevó a un acuerdo con intermediarias que en su mayoría eran las cooperativas de trabajo asociado – CTA. Después de esto, los grandes operadores portuarios intermediarios les rebajaron las tarifas a las primeras y dejaron a los trabajadores sin seguridad social y a muchos de ellos con quincenas de sólo cincuenta mil pesos.

Luego del fracaso del paro de 1997, quedó en el imaginario de la obrería portuaria que los dirigentes de SINTRAMARÍTIMOS se habían vendido y derechizado, pues algunos de ellos eran a su vez intermediarios portuarios en las CTA. Como reacción a esta situación, que también se estaba presentando en otros puertos marítimos del país, se creó en los puertos del Caribe la Unión Portuaria de Colombia en el 2002; su capítulo en Buenaventura se constituyó sólo hasta el 2009.

La obrería de la Unión Portuaria no se encuentra vinculada sólo a una empresa u operadora portuaria y su objetivo básico y primordial es la defensa del trabajador y trabajadora de puertos. De este modo y con procesos de capacitación comenzaron a recuperar la confianza y también se afiliaron a la CUT en Colombia y a la AFL-CIO (por su sigla en inglés que significa Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales).

El gobierno colombiano promulgó el Decreto 2025 del 8 de Junio de 2011, en el que elimina la intermediación laboral que hacen las CTA, tanto por ser parte del Plan de Acción Laboral para poder firmar el Tratado de Libre Comercio-TLC entre Estados Unidos y Colombia, como porque unos escasos días antes de aquella fecha, una delegación de sindicalistas, y entre ellos de la Unión Portuaria de Colombia, denunciaran en Washington ante senadores Demócratas las violaciones laborales de que estaban siendo víctimas.

Sin embargo, en puertos como el de Buenaventura, tal Decreto ha sido letra muerta. A diferencia de lo ocurrido en el sector del comercio (hipermercados) en otras partes del país, donde los asociados a las CTA fueron contratados directamente por las respectivas empresas. Por eso, el pasado 16 de enero de 2012 ciento treinta trabajadores de la operadora portuaria TECSA -Terminal Especializado de Contenedores S.A- (hay más de cien intermediarias acá) estallaron en paro en este puerto, solicitando aumento salarial y descanso dominical. Entre ellos había trabajadores calificados de varios años de antigüedad y con muchos hijos. Pues, pese a haber suscrito contratos por ochocientos mil pesos mensuales, sólo les reconocían horas trabajadas, y cuando el ritmo de cargue y descargue disminuía, quedaban devengando sólo ciento cincuenta mil pesos.

La seccional de la Unión Portuaria de Buenaventura les propuso mejor que priorizaran o enfocaran, como reivindicación principal, la aplicación del Decreto 2025. Los parados de TECSA lo aceptaron, le dieron la representación a la Unión Portuaria y lograron romper la intermediación laboral en aquella empresa al noveno día del paro y acordaron, además, unas Mesas para abordar esta misma problemática con las demás operadoras portuarias intermediarias y la obrería portuaria.

A la fecha, de entre 110 'operadores de equipo' participantes del paro de TECSA, van casi noventa ya contratados directamente por esta. Sin embargo, las Mesas no han dado resultado y su penúltima sesión (la tercera), precipitó el retiro de la Unión Portuaria y de toda la obrería participante. Tanto las delegaciones de la seccional del Valle del Cauca del Ministerio de Protección Social como la delegación de cinco sindicatos de SINTRAMARÍTIMOS se opusieron a que el objetivo de dicha Mesa fuese el seguimiento al cumplimiento del Decreto 2025 a todos los operadores portuarios intermediarios de Buenaventura.

En este puerto, entonces, se presenta uno de los casos más extremos de sobre-explotación laboral en su fuente más importante de empleo, en una actividad industrial que le genera, además, inmensas riquezas a sus propietarios privados y al Estado. Todo con la complicidad y negligencia perversa de éste en todos sus niveles.

 

 

 

Modificado por última vez el 16/06/2012

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