Madres Comunitarias: trabajadoras de nadie

Doña Marina, doña Lucia, doña Antonia y otras 2.800 madres comunitarias de Medellín, la mayoría madres cabezas de hogar, con hijos que alimentar, vestir  y enviar a la escuela, casi todas mayores de 40 años y con escaso o ningún grado escolar, son las mujeres que cuidan y enseñan en sus propias humildes casas a decenas de miles de niños y niñas pobres de la ciudad, ante la ausencia del Estado. Sin embargo, ellas dicen tener algo suficiente para continuar trabajando y ese algo es el amor, la paciencia y la perseverancia, lo que posiblemente no enseñan en una universidad.

 

 

Aman su trabajo y eso es notorio, lo hacen sin sueldo y en condiciones laborales difíciles. Como una de ellas dice, “somos trabajadoras de nadie”. Nunca han sido contratadas laboralmente por instituciones públicas, nadie responde por ellas en materia de seguridad social y las mínimas prestaciones legales. Entonces, dicen ellas, si su trabajo -como lo estipula el ICBF- es una labor social, en primera instancia les deberían proveer lo necesario para desarrollar su labor, garantizando una dignidad y calidad de vida básicas para los niños y niñas y para ellas. O que las dejen trabajar con autonomía en sus espacios, hasta donde sus condiciones les posibilite. El problema es que hoy no ocurre ni lo uno ni lo otro.

Las madres comunitarias no devengan un sueldo, pues no están vinculadas al ICBF, con el supuesto de ser un trabajo voluntario, y lo que tienen es una beca (como si el gobierno les estuviera haciendo un favor). No obstante las precarias condiciones laborales, las exigencias sobrepasan las posibilidades de estas mujeres, ya que, además de ser técnicas profesionales en la primera infancia, les piden ser menores de 45 años y tener como mínimo noveno de bachillerato. “Las madres comunitarias albergan a los niños y niñas en sus propias casas -comenta una de ellas que las organiza- y decoran con los recursos que tienen a su alcance. Pero llegan funcionarios del ICBF a visitarlas y les dicen que no son los espacios adecuados para tener a los niños y niñas; sin embargo, no les proporcionan instalaciones adecuadas para ello”.

La situación actual de los hogares comunitarios es complicada. La alimentación es muy precaria para los niños y niñas. El sostenimiento de un niño actualmente le cuesta al ICBF $1.790 diarios, unos 800 mil pesos mensuales por hogar. Pero con el programa de Cero a Siempre, que ahora pretende ser atendido por el sector privado, esa suma llega a casi dos millones de pesos mensuales. La pregunta de las madres es obvia: ¿por qué no los invierten en ellas, que han sido las pioneras de esta humana labor?

El gobierno se sacude la responsabilidad

El proyecto de Cero a Siempre es una de las estrategias del gobierno en cabeza de la esposa del presidente Santos, el cual busca brindar atención integral a la primera infancia y mejorar la calidad de la educación en los primeros 5 años de vida. El problema es que está poniendo en manos del sector privado el deber del Estado de garantizar a hombres y mujeres de todas las edades y estratos sociales una educación supuestamente de calidad. Como es sabido, todo lo que cae en manos del sector privado se convierte en un negocio.

El proyecto también plantea que la educación de los niños y las niñas debe ser de alta calidad, esto sólo con el fin de exigir que las madres comunitarias se profesionalicen, con lo que ellas estarían de acuerdo. Pero no se tiene en cuenta que a una madre comunitaria que lleva laborando más de 20 años, muchas de ellas cabeza de hogar, con más de 50 años de edad y por las razones que sean, le es muy difícil ingresar a un centro de estudio, cuando muchas de ellas nunca lo han pisado, entonces: ¿cómo se va a profesionalizar  una madre de 50 o 60 años? La cuestión es, según estas mujeres, que no existe en la propuesta del gobierno y el sector privado una salida digna para ellas, por lo menos una pensión digna para que puedan disfrutarla en su casa y una indemnización o remuneración como reconocimiento al tiempo de trabajo que han brindado a la infancia durante toda su vida.

La Huelga y el acuerdo

Por todas estas razones y muchas más, el pasado 7 de mayo de 2012 las madres comunitarias de todo el país se declararon en huelga hasta que el gobierno les garantizara condiciones dignas laborales y, además, que las tenga en cuenta en el momento de la toma de decisiones. “El gobierno y el ICBF nunca se han sentado con nosotras a explicarnos de qué se trata el programa de Cero a Siempre -comenta una de ellas-. Seguramente no les interesa que sepamos más del proyecto ni que hagamos parte de él”. Aunque las madres no conocían muy bien el proyecto, uno de los hechos que hizo que se declararan en huelga, fueron algunas palabras de Diego Molano, director del ICBF, quien afirmó que en el 2019 no habrían madres comunitarias, porque esa labor sería privatizada y, en lugar de ello se montaría en pleno el programa de Cero a Siempre.

Según varias voceras de la protesta, con la excusa de malos manejos de los recursos que les dan a los hogares comunitarios y a las asociaciones de padres de familia -que manejan, regulan y son intermediarios entre la institución y las madres comunitarias-, el ICBF ha querido desprestigiar la imagen de las madres comunitarias y las asociaciones de padres. Todo con el fin de otorgar el manejo de estos recursos a empresas privadas o, como ocurre con el programa “El buen comienzo”, que quede en manos de las organizaciones no gubernamentales.

El martes 8 de mayo compartimos con algunas de las casi dos mil madres comunitarias reunidas en la sede del ICBF del barrio la América (en Medellín), donde debatían todas estas problemáticas. Luego, a la salida, alrededor de las 5 pm, muchas se quedaron vendiendo gaseosas, sanduches o dulces para poder regresar a sus casas. Comentaba, entre risas y silencios, que iban a tener que regresar caminando a sus casas. Un grupo de mujeres sugería la necesidad de continuar la huelga, porque a Santos no le favorecía un escándalo en la política internacional, ya que él ha cultivado una buena imagen en el mundo hablando de su preocupación por la primera infancia. No le conviene tener a más de 79 mil madres comunitarias en huelga.

De las negociaciones que este paro provocó se llegó al acuerdo de que, aunque el proyecto de Cero a Siempre continúa, sólo se implementará (como lo contempla el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 136) en los lugares donde no haya hogares comunitarios y la población infantil esté desatendida. Además el estudio de un sistema de pensiones que incluya a las que nunca han cotizado y a las que lo han hecho esporádicamente. Lo que sigue es que todas las madres comunitarias pasen por escrito al ICBF un diagnostico, donde comuniquen las situaciones o momentos en que se sienten afectadas, desprotegidas. En el año 2009, a finales del gobierno de Uribe, también las madres se fueron a una huelga nacional, y en la negociación les aseguraron la permanencia de los hogares comunitarios, además de otros “incentivos” para levantar la huelga. Ojalá que la historia de promesas incumplidas no se vuelva a repetir.

 

Modificado por última vez el 16/06/2012

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