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El 19 de julio se realizó en Bogotá el primer Encuentro contra la Criminalización y la Persecución Judicial en Colombia organizado por el Equipo Jurídico Pueblos. Entre los invitados, además de una delegación internacionalista (que contaba con representantes del gobierno Vasco y organizaciones sociales de esa región española), participaron algunos familiares de los y las detenidas, representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, y abogados defensores de presos políticos que han estado al frente de diferentes montajes judiciales en Colombia, por ejemplo el del secretario técnico del Congreso de los Pueblos, Julián Gil, el de los estudiantes aprehendidos en Lebrija, Santander, el del profesor Miguel Ángel Beltrán, el de Mateo Gutiérrez y el de los detenidos por los atentados del Centro comercial Andino de Bogotá donde una carga explosiva colocada en medio de “extrañas” circunstancias dejó un saldo de tres mujeres muertas; la investigación de la Fiscalía sobre este último caso involucró a una serie de estudiantes universitarios, que permanecen privados de la libertad a pesar de la precariedad probatoria y algunas irregularidades procedimentales.

Patrones y prácticas ilegales de persecución a líderes
Para los abogados, líderes sociales y familiares de los detenidos que intervinieron en el encuentro, el panorama es preocupante, no solo por la cantidad de casos de persecución y criminalización de líderes y lideresas sociales que se han registrado en el último año, sino por las consecuencias que recaen tanto sobre los procesados como sobre sus familiares, los espacios comunitarios a los que pertenecen y, quizá de manera menos evidente, la sociedad en su conjunto. Hay regiones del país que durante décadas han enfrentado este tipo de estigmatización, sin embargo, el 2019 ha sido un año esta práctica se ha incrementado.

En Arauca han sido capturados 28 líderes y lideresas sociales, y en el Sur de Bolívar recientemente fueron capturados doce habitantes del corregimiento Micoahumado, mediante violentos allanamientos a sus residencias y a sus moradores sin importar edad, sexo, ni condiciones de discapacidad. El movimiento social y político Congreso de los Pueblos denuncia que son 227 los casos de judicializaciones que hoy enfrentan los líderes, familiares y habitantes de los procesos sociales y populares.

Los relatos de los familiares, de los abogados, de los líderes sociales, de los estudiantes y defensores de derechos humanos, en su mayoría mujeres y hombres jóvenes, implicados en procesos penales injustos, pusieron en evidencia la existencia de patrones de comportamiento del terrorismo de Estado que persigue, estigmatiza y penaliza con la intención de fragmentar el ejercicio de los movimientos y procesos sociales mediante el uso abusivo e ilegítimo del aparato de justicia, y de sus agentes de inteligencia militar y policial.

En evidencia quedó su modus operandi: vigilancia a las viviendas y a los desplazamientos de las y los líderes, empadronamiento a través de retenes ilegales y esporádicos, visita a las residencias argumentando supuestas denuncias por maltrato de menores o riñas, allanamientos, fotografías a las personas y a sus documentos de identidad, y abordaje directo a través de agentes encubiertos de civil para ofrecer dádivas a cambio de delaciones de supuestos grupos ilegales, o sus cabecillas. Son estas las prácticas más recurrentes, aunque en algunos casos hay detalles que diferencian la modalidad que aplican los agentes estatales encubiertos y los uniformados que recurren a ataques físicos, hurtos, atentados, entre otros.

Estos patrones se presentan casi siempre antes de que los agentes develen la existencia de un proceso judicial o una orden de captura en contra de quienes fueron perseguidos y criminalizados. Tal y como se plantea, son las personas involucradas en actividades organizativas de carácter político y social contrarias al establecimiento, y sus familiares, quienes sufren de forma sistemática las consecuencias de tales actuaciones arbitrarias.

Impactos psicológicos, sociales y económicos
El psicólogo José Luis, representante del Centro de Atención Psicosocial (CAPS), señala que los impactos más graves incluyen la destrucción a los proyectos de vida, no solo de las personas judicializadas sino los de su núcleo familiar. Al respecto, José Luis indica que las familias se ven obligadas a replantear sus modos de vivir debido a las dinámicas propias de las cárceles (visitas, seguimiento de los procesos, entre otras), pero además, de acuerdo con las particularidades del caso, deben asumir responsabilidades que antes recaían sobre el miembro de la familia encarcelado, la mayoría de las veces dicha obligación implica el desarrollo de sentimientos de desesperanza y frustración –para los familiares y procesos– y de culpa –para los detenidos–.

La cárcel, según lo indica, cumple la función de romper con la dignidad de las personas, y en ocasiones es capaz de conseguirlo. No obstante, por las causas que defienden y su consciencia del contexto social, muchos de ellos convierten las cárceles en espacios de resistencia desde los cuales establecen nuevos vínculos y tejidos sociales. Las familias por su parte asumen un nuevo rol social desde el que denuncian la situación carcelaria y las precarias condiciones en las que allí se vive.

En relación a las consecuencias sociales, el psicólogo expresó su preocupación por la estigmatización a la que son sometidos y la apatía que esto genera en la sociedad. José Luis argumenta que los medios de comunicación masivos cumplen en ello un papel fundamental, pues al momento de las detenciones denigran tanto a las organizaciones y procesos de los cuales participan los procesados, como de los judicializados; pero cuando se demuestra su inocencia, no asumen el mismo papel activo que permita retribuir los daños causados tanto a los unos como a los otros. Esto indicaría, entre otras cosas, que su labor defiende unos intereses específicos cuyo peso se cierne sobre toda la sociedad, aislándola de las luchas sociales y por tanto de los líderes y lideresas de procesos populares y sociales de diferente índole que trabajan en la defensa de bienes colectivos.

Dentro de las cárceles, la humillación, la infamia, la tortura, el maltrato y el hacinamiento son un común denominador, y la persecución por las ideas políticas no cesan para los detenidos. Soportar el infierno en la cárcel cuesta muchísimo dinero y esta es otra carga que deben asumir los familiares. La situación que allí se vive, en medio de violaciones de derechos humanos por parte del Estado a los privados de la libertad, la Corte Constitucional la denominó como “estado de cosas inconstitucional”, según la sentencia T-153 de 1998. La Corte dio cuatro años de plazo para superar esta grave situación, sin embargo 21 años después nada ha cambiado.

Artículo que contiene un niño que fue sargento

 

El puente de Boyacá, que a mediados del siglo XVII se construyó con madera y materiales (seguramente piedras pegadas con argamasa), atraviesa el río Boyacá y está en el camino que une a Tunja con Bogotá. Los dos nombres, Tunja y Bogotá (Bacatá) son chibchas, igual que Boyacá. Tunja era el nombre que los muiscas (que traduce hombres) daban al territorio de los Zaques y quizá quiera decir tierra abastecida (oro, sembrados, agua). Bacatá se traduce como campo para labrar y Boyacá es cercado del cacique. En Colombia los nombres indígenas abundan y tienen qué ver con lo que ven los ojos, cuando no con la tribu a la que se pertenece. Cali viene de los indios calis, Titiribí de los titiribíes (comerciante de sal), etc.

La batalla de Boyacá, que debió realizarse a lado y lado del río (el puente es muy pequeño como para permitir el paso de un ejército grande), duró dos horas efectivas y se acabó a las cuatro de la tarde con la victoria de las tropas de Bolívar. Algunos historiadores, para contar la batalla (que fue un sábado siete de agosto), hablan de cifras precisas de soldados: 2850 patriotas contra 2760 realistas. Otros ajustan el número de 3000 contra 3000, y el historiador inglés John Lynch dice que los que peleaban a favor de España eran más y los que estaban con Bolívar menos, lo que hace que la batalla les dé más lustre y ferocidad a los vencedores, que habían derrotado a un general y a un batallón español de Dragones que había vencido a las tropas de Pepe Botellas, el hermano de Napoleón Bonaparte.

Lo cierto es que la mayoría eran de infantería (los miles), que dejaron gran cantidad de comida en el terreno debido a la falta de mulas de carga; los de caballería, jinetes españoles (Dragones), versus llaneros-lanceros y los de artillería, dos grupos de 20 a 30, que hicieron poco porque la fuerza de la batalla se hizo con armas de mano, gritos enardecidos y gente que huyó despavorida, incluyendo caballos. En esta batalla (que fue la de la Independencia) participaron al lado de Bolívar soldados ingleses e irlandeses, criollos ilustrados (a Santander se lo nombró héroe), mulatos, mestizos e indios. Del bando español, españoles y mucha gente del común (de las comunidades negras y mestizas recientes, en especial) que creían en supersticiones y habían sido reclutados a la fuerza.

Para antes del siete de agosto, ya Bolívar se había tomado a Tunja y ganado la batalla del pantano de Vargas (25 de julio de 1819). El enfrentamiento de Boyacá se dio para cortarle a Barreiro (el comandante español) el paso hacia Bogotá, lo que se logró y creó rumores tan espantosos que al llegar la noticia a la capital los españoles salieron corriendo (se hablaba de la ferocidad de los llaneros). El virrey Juan Sámano tomó el camino hacia Cartagena, dejando olvidada una bolsa con más de un millón de pesos (parece que por estar muy afanado guardando ropa en unas maletas), y a muchos realistas (criollos que estaban a favor de Fernando VII), que cambiaron de bando, en especial cuando se enteraron de que Santander había fusilado a Barreiro (lo hizo arrodillar y le dio un tiro en la espalda, igual que a otros 34; luego hubo un desfile militar y después un baile).

A Barreiro lo había capturado un niño de 12 años, Pedro Pascasio Martínez, a quien Bolívar le dio 100 pesos de recompensa y nombró sargento. Se dice que a Pedro Pascasio, cuando encontró a Barreiro, lo quisieron sobornar con unas monedas de oro, pero el niño no se dejó. Tomó preso al español y lo llevó hasta donde estaba Bolívar. Sobre este niño se hicieron poemas y quizá alguna canción. Entre las tropas libertadoras iban muchos que cantaban y tocaban el cuatro, instrumento que por pequeño estorba poco.

Con una sola batalla, la del puente de Boyacá, Bolívar había independizado a la Nueva Granada. Esto asombró mucho a Fernando González Ochoa (el filósofo de Envigado), pues como escribe en Mi Simón Bolívar: había materializado una representación mental. Esto sí era tener conciencia.

La batalla de Boyacá y la de Carabobo cerraron el ciclo libertador. Y entre estas dos batallas, Bolívar se entrevista con el español Pablo Morillo, llamado el pacificador por lo sangriento. Y Morillo, que estaba entre los que habían vencido a Napoleón, expulsándolo de España, apenas si cree que Bolívar sea “aquel hombre pequeño, de levita azul, con gorra de campaña y montado en una mula”, como lo describe González. Y Bolívar con cuerpo de nada y sobre una mula (el animal que atravesó páramos y tierras de caminos endiablados), termina derrotando a quien tenía el título de conde de Cartagena, Marqués de la Puerta, cabeza de la reconquista y héroe de la batalla de Trafalgar.

Sin embargo, como anota Fernando González y con él otros historiadores y biógrafos (David Bushnell y Emil Ludwig, entre ellos), después de la Independencia, Bolívar termina siendo un extranjero entre los suramericanos. La independencia que quería, la que se había planteado en la Carta de Jamaica y en el Congreso de Angostura (donde Colombia se llamó Colombia y se planteó como República, según propuesta de Francisco Miranda, para esos días ya muerto), no se da. La palabra Independencia significa dejar de ser dependientes, ser autosuficientes (como dice Raph Waldo Emerson), poder crear una identidad y tener un sitio libre en la tierra. Y no se da porque seguimos enfrentándonos unos a otros, pensando a partir de la metrópoli y no desde aquí, y queriendo irnos a otra parte o buscando gente de otros lugares para que construyan por nosotros o se lleven lo nuestro.

La batalla de Boyacá nos hizo libres y esa libertad nos pudo, parece que nos quedó grande. A esto hay una frase de Hegel, el filósofo alemán: La libertad es mejorar lo que yo hago, porque si no mejoro lo que hago, soy esclavo de lo que hago.

La sensibilidad y el repudio que viene despertando la violencia física, judicial y política contra los líderes y lideresas sociales, no solo en Colombia sino en muchos países y escenarios de la comunidad internacional, es sin duda una gran noticia y una oportunidad para encaminar el país y la sociedad hacia la solución política del conflicto social, económico y armado que nos ha azotado durante más de cinco décadas, especialmente a los más humildes.

Esta creciente actitud popular que toma aires de conciencia política colectiva se debe en primera instancia a la incansable y permanente lucha de las comunidades y pueblos en defensa de sus territorios, que con sus movilizaciones, paros, mingas y acciones como el Refugio Humanitario por la Vida, abrieron una ventana para que el país urbano se asomará a ver la tragedia que ocurría en las regiones. También se debe a iniciativas plurales y democráticas como Defendamos la Paz, que tuvo el acierto de juntar a muchas personas y colectividades políticas, sociales, artísticas, académicas, entre otras, y canalizar un sinnúmero de propuestas en defensa de los Acuerdos de Paz y de la vida de los líderes, lideresas y excombatientes de la guerrilla de las Farc en proceso de reincorporación.

Echarse encima esa pesada carga no es el único reto que deben afrontar y superar los y las que decidieron ponerle el pecho a la brisa. En el camino van a presentarse obstáculos que es necesario sortear con sabiduría, no hacerlo podría minar los ánimos de quienes integran y le dan sentido a la causa de la vida y la paz. Por ejemplo, es necesario reconocer que las multitudinarias y conmovedoras acciones simbólicas y de movilización no han logrado detener la matanza de líderes; a los asesinos, que son poderosos, poco les importa el escarnio público, y al Estado y su gobierno le interesa más desviar la atención y hasta justificar el genocidio.

El cinismo, el desprecio por la vida y la actitud retadora de los asesinos se manifestó con amenazas veladas contra los promotores de las movilizaciones, y con el asesinato de dos líderes sociales el mismo día de la marcha, el 26 de julio. Esta situación desmoralizadora desde todo punto de vista ya se había presentado este mismo año en medio de la Minga y del Refugio Humanitario por la Vida. Al Estado, al Gobierno y a los asesinos parece tenerlos sin cuidado las movilizaciones, las acciones de protesta de la sociedad, y las manifestaciones de los entes internacionales como la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU, y otros organismos que han exigido al Gobierno tomar cartas en el asunto.

De las causas que provocan el genocidio ni se quiere hablar y no se puede esperar más del régimen que gobierna a Colombia. Este es un debate de fondo, por ahora y ante el cinismo y la desfachatez hay que pensar en las estrategias a seguir. ¿Qué hacer ante un régimen autoritario, elitista e indiferente ante el sufrimiento de su pueblo? ¿Qué iniciativas o estrategias adelantar frente a los poderes criminales que de facto dominan en los territorios? ¿Qué acciones podrían detener el asesinato, la persecución y el exterminio de la oposición política?

Son preguntas que increpan a todo el movimiento social y popular, a los partidos y corrientes democráticas, a la iglesia y las comunidades de fe, y a la sociedad en su conjunto. Las preguntas pueden parecer imposibles de resolver, pero las pistas se encuentran en las iniciativas y propuestas que han construido las mismas comunidades en los territorios, en sus escenarios democráticos; la tarea es ayudar a crear el terreno, el ambiente para que ese mundo de ideas se pueda aterrizar y poner en práctica.

Las asambleas humanitarias, por ejemplo, son una posibilidad de retomar toda esa producción y ponerle ruedas; y los refugios humanitarios con blindaje suficiente para proteger y garantizar la vida y la acción política de los pueblos, que incluye la creación de cuerpos de guardias populares y el apoyo financiero y político de embajadas, organismos de la comunidad internacional, partidos, instituciones y procesos sociales de todo el mundo, son fundamentales para ese blindaje, así como la vigilancia permanente de los organismos de la ONU que tienen el mandato de hacer respetar los acuerdos depositados en su seno. Es decir, hay que seguirse movilizando y ganando apoyo de muchos sectores de la sociedad, pero al mismo tiempo hay que apoyar los planes de vida y las propuestas de las comunidades en los territorios.

Hay otros debates que surgieron a raíz del pronunciamiento del presidente Duque frente a su participación en la marcha del 26 de julio. Las posturas democráticas dan la bienvenida a todos los apoyos y participaciones y son consecuentes con respetar el derecho de libre expresión, sin embargo, para otros sectores que han enfrentado al régimen y sufrido persecución, desplazamiento, cárcel y hasta la muerte, esa voluntad expresada a última hora no era más que una burla y una mueca cínica a quien justamente se le estaba exigiendo responder por el genocidio.

Esas diferencias sugieren un debate más profundo y difícil de resolver. Detener el genocidio y sacar la violencia de la política va de la mano con la necesidad de discutir la relación que tiene el genocidio en curso con el modelo de acumulación capitalista, y con la urgencia de asumir transformaciones económicas y sociales de carácter estructural, que son parte de las causas que durante décadas le han costado la vida a cientos de miles de colombianos que han resistido a la injusticia en este país.

Es posible que se consolide una suerte de frente político que evite que la ultraderecha se perpetúe en el poder, y quizás se frene un poco la violencia contra los líderes y lideresas, pero no discutir o seguir aplazando el necesario debate sobre las causas de la violencia podría generar otro tipo de régimen que termine reciclando las violencias y guerras de hoy. Si bien no es fácil que desaparezcan todas las formas de desigualdad y opresión de la noche a la mañana, una transición requiere de acuerdos serios que toquen los privilegios de muy pocos y alivien y mejoren las difíciles condiciones que viven en carne propia los más pobres y vulnerados de este país. Parar la violencia en Colombia requiere un acuerdo lo más incluyente posible sobre unas transformaciones económicas, sociales y políticas básicas que dignifiquen al ser humano. Y eso no se puede dejar para lo último.

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