Cristian Zuluaga

Cristian Zuluaga

Politólogo de la Universidad Nacional. Estudiante en la UdeA. Algunos intereses: política, cultura, derechos humanos. La palabra, gran ficción. Respondo y debato mis opiniones.

“Las normas son de papel”. “Hay vacíos de ley, que por vía judicial se pueden completar”. “Una sentencia constitucional no tiene los mismos efectos que una ley”. “Las sentencias de tribunales internacionales no necesariamente son vinculantes nacionalmente”. “Los derechos adquiridos merecen progresividad”. Estos y otros comentarios de analistas y académicos aparecen con ocasión de cada pronunciamiento que dirime alguna situación con alta carga de interés social, como por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo y la prohibición de la tauromaquia. Estos casos revisten interés por las discusiones que plantean y que desbordan lo normativo: elecciones individuales y derechos colectivos, transformaciones culturales y moralidades estáticas, luchas y reivindicaciones políticas por generar cambios en la convivencialidad y en las culturas, entre otras.

Un debate de este tipo inauguró el 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la Opinión Consultiva 24 (OC-24/17) solicitada por la República de Costa Rica, la cual se ocupó de interpretar y clarificar, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las obligaciones estatales para proteger el derecho a la identidad de género e igualdad, y la no discriminación a parejas del mismo sexo, principalmente de los derechos derivados de un vínculo matrimonial. Parece increíble, pero en las vísperas del inicio de la tercera década del siglo XXI, los tribunales nacionales e internacionales aún se deben pronunciar sobre si una persona puede o no casarse con otra y sobre la obligatoriedad de hacer un proceso rápido, eficaz y administrativo en los cambios de nombre en la cedulación.

Una mirada panorámica sobre la historia de los derechos evidencia cómo sus conquistas han sido más puntos de inicio que de llegada: consignados en normas requieren más defensa social y exigencia de su garantía; ejemplo de ello son las respuestas de grupos conservaduristas de derecha, a los fallos de diferentes tribunales donde reconocen las formas diversas de ser y hacer familias, situación que requiere de mayor movilización por los derechos conquistados por parte de las organizaciones en defensa de la diversidad sexual y de género. Tanto es así, que esta Opinión Consultiva desató una oleada de grupos religiosos y de derecha en Costa Rica, agrupados en el partido Restauración Nacional, quienes lograron la votación mayoritaria en la primera vuelta presidencial en el país, promoviendo un discurso de rechazo a otras formas de ser familia y de vivir la identidad de género.
Ante esta situación vale preguntarse: ¿cuál es la relación entre la movilización social y las normas sobre género y orientación sexual? ¿Qué repercusiones hay de las decisiones judiciales sobre la garantía real de derechos? Y ¿cómo activar una agenda pública alrededor del género a nivel nacional que movilice las diversidades para transformar las mentalidades en Colombia? Según Gian Carlo Delgado Huertas, politólogo y docente investigador en temas de género, “este tipo de pronunciamientos normativos crean y recrean las vías para pensarse las lógicas de acción colectiva”. Además, resaltó una situación compleja: muchas de las normas que se producen no conversan directamente con las trayectorias sociales de reivindicación que han hecho los movimientos. En esa línea, es claro observar cómo los pronunciamientos jurídicos por parte de cortes constitucionales o de derechos humanos en América Latina, han sido herramientas para las luchas y movilizaciones por los derechos de la población Lgbti, pero en ellos no se agotan, ya que cada reconocimiento trae consigo la evidencia de situaciones que las normas no contemplan, por ejemplo, la falta de una completa ley de identidad de género.

Frente a lo anterior Gian ejemplificó: “Para el caso colombiano, se observa cómo la reivindicación del matrimonio igualitario ha estado encabezada por algunos grupos y organizaciones como Colombia Diversa, pero no ha sido una reivindicación unificada del movimiento Lgtbi en el país, o sino ¿cuándo se ha visto una gran movilización en Colombia en defensa del matrimonio igualitario? Lo que sucede es que esta reivindicación es una parte, no contiene en sí misma, por ejemplo, las luchas del movimiento trans”.

Sin embargo, reconoce la importancia de estas conquistas derivadas del lobby jurídico de organizaciones, y son también acumulados de un proceso mucho más grande e histórico de visibilización: “indiscutiblemente las apuestas del movimiento gay y el movimiento Lgbti pasan por hacerse preguntas sobre el reconocimiento, pero estas han variado: inicialmente se hicieron para existir y habitar, para que fuera reconocida y no criminalizada ni estigmatizada su existencia, ahora se ha transformado en la búsqueda de un reconocimiento legal, como sujetos de derechos”.

Para Gian, esta Opinión Consultiva tiene importantes implicaciones para los Estados y su población, puesto que obliga a que en las leyes, políticas públicas y agendas nacionales, el tema de identidad de género y de vínculos entre parejas del mismo sexo no sea un tema accesorio sino central en las nuevas formas de construir identidades y familias. Es importante clarificar que en este caso la palabra “opinión” no significa “sugerencia” o “consejo”, es más bien un parámetro de interpretación para que los Estados cumplan sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y, en este caso, los Estados suscritos, como Colombia, a la Convención Americana.

Es así como esta Opinión Consultiva se constituye como una herramienta fundamental para el movimiento Lgbti en América Latina. Es un documento serio que distingue muchos de los conceptos que durante años los estudios de género se han comprometido en diferenciar y reconocer. También se ocupa en demostrar cómo los Estados al deber garantizar los derechos humanos a sus nacionales se comprometen en trabajar por el reconocimiento de lo “único, singular e identificable” en cada forma del ser y hacer de vida. Uno de sus principales argumentos es la necesidad de protección al derecho a la vida privada, entendido este no únicamente como las convicciones y determinaciones de cada ser sobre sí mismo, sino como la persona “decide proyectarse hacia los demás, siendo esto una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad” y para el reconocimiento en todos los escenarios y espacios de lo público.

Este pronunciamiento vinculante y de obligatoriedad para los Estados, es también un referente para continuar movilizando el tema en el país, para estudiarlo y potenciar los argumentos. Gian concluye que en Colombia, distinto a otros países como Bolivia y Ecuador, hay más avances normativos frente a los temas tratados por la OC, pero aún falta la conformación de una plataforma nacional que aglutine y recoja las múltiples reivindicaciones de los movimientos territoriales y poblacionales, expresados en el consenso de unos intereses o decálogo común.

Monday, 19 September 2016 19:00

Implementar lo acordado: refrendar y ser parte

La violencia por razones políticas ha sido determinante en la conformación de los diferentes poderes y del sistema político del país. Esta violencia, que ha influido en el sistema electoral, en la elección de presidentes, en la forma como el ciudadano colombiano entiende la política y en la no incorporación de sectores sociales políticos alternativos en los principales escenarios del poder, ha ido perdiendo terreno como forma de resolver los conflictos y como expresión de la lucha social, quien ahora ha buscado dentro del sistema democrático que sus exigencias sean tenidas en cuenta y ha pedido al Estado que garantice la diversidad ideológica y no haya connivencia con la violencia política, que se ha sido principalmente hacia sectores de izquierda. Recuérdese la negociación con las guerrillas, entre ellas el M-19 a finales de la década de los 80, que fue la posibilidad para ampliar justas luchas por los derechos que distintos sectores venían reclamando durante todo el siglo XX y que se plasmaron en la Constitución de 1991.

Pero al no quedar incluidas en este pacto todas las guerrillas, sucedieron 21 años más de intensificación del conflicto armado y añadido a esto, la presencia y ofensiva paramilitar desde la década de los 90. Pero desde el año 2012 Colombia volvió a escoger un modelo de negociación política, no de sometimiento a la justicia, en donde las partes construyeron una agenda de conversaciones para llegar a un acuerdo sobre seis puntos que son trascendentales para el futuro político del país. Uno de ellos, el sexto, plantea la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos y con este panorama vale preguntarse ¿Cuál ha sido el espacio de participación social en el desarrollo de este acuerdo? ¿Cuál es el lugar de las organizaciones políticas, sociales y de la ciudadanía en general en la implementación y posterior desarrollo de lo acordado? ¿Por qué es importante la refrendación social en el plebiscito del 2 octubre como una forma de fortalecer la participación y vinculación política de los distintos sectores?

La participación en el Acuerdo
El inicio de la negociación estuvo marcado por la falta de participación de la sociedad civil en las propuestas a la Mesa de conversaciones. Pero poco a poco fueron viajando comisiones (de mujeres, de víctimas, congresistas, líderes sociales, entre otros) y presentaron diferentes propuestas que fueron recogidas y construidas desde Colombia. También la ONU y la Universidad Nacional realizaron diferentes Foros con presencia de representantes de organizaciones de todo el país, y en febrero de este año presentaron un compendio de las propuestas recogidas a la Mesa, entre las que se incluían: participación de la sociedad civil en todo el proceso incluyendo la implementación, medidas para combatir la corrupción y los grupos criminales, y reformas que atiendan a los procesos locales y más afectados por el conflicto armado.

En todos los seis puntos del Acuerdo se hace mención a la necesidad de ampliar los espacios democráticos de participación aludiendo a organizaciones sociales y políticas que serán las principales encargadas de la materialización de muchos propósitos de lo acordado. Verbigracia, el punto sexto (6.1.4) menciona la promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución e implementación; esto supone una nueva oportunidad para dar un viraje en las relaciones entre el Estado y la Sociedad civil y organizada, reconociendo que solamente el desarrollo de las comunidades es posible cuando el Estado valora la importancia de construir endógena y localmente, teniendo en cuenta las necesidades, historia y cultura de donde se implementen las estrategias que pretende generar luego de refrendado el Acuerdo. Esto es un reto significativo para hacer real la Paz territorial, pues serán muchos Planes y Programas para el desarrollo rural, para el fortalecimiento democrático, para luchar contra la corrupción, para la sustitución de cultivos y otros aspectos, que si no se construyen socialmente con las comunidades y no se asegura una institucionalidad local comprometida con el cuidado de lo público, será una fallida implementación de la cual depende el éxito de lo que se acordó en La Habana.

Las normas en sí mismas pueden ser sólo letras. Volverlas realidad y apostar por la materialización de los derechos es un asunto de luchas y conquistas sociales, de encuentros y movilización. Este Acuerdo Final posee un gran poder simbólico: es el texto político más importante producido en Colombia en los últimos años, que recoge, en el siglo XXI exigencias, peticiones y luchas que vienen desde el siglo XX y que con un masivo apoyo el próximo 2 de octubre se convertirá en una norma jurídica directora, guía, que complementa vacíos de la constitución frente a campesinas y campesinos desprovistos de derechos, de tierra, de producción.

Tendremos todos el deber de conocer, socializar y darle sentido, desde los territorios, a este nuevo intento de pacto político en el cual están en juego razones tan indispensables para nuestro futuro, tales como: a) la garantía de que la reforma rural sea una oportunidad para el desarrollo del campo colombiano, la recuperación de sus saberes, el fomento al comercio del pequeño cultivador y el reconocimiento de sus derechos como sujeto político; b) La exigencia social de que el Estado garantice el ejercicio político de todos los partidos y movimientos, incluido el que surja luego de las FARC dejar las armas, promoviendo el respeto por los derechos humanos y la defensa de una cultura que resuelva sus conflictos de forma no violenta; y c) la posibilidad real que las comunidades locales y la ciudadanía en general pueda incidir de manera directa en los planes de gobierno y de desarrollo; es decir, que haya un fortalecimiento del principio democrático de la participación, de manera incluyente, amplia y atendiendo a las necesidades de cada población.

Lo anterior es posible en tanto el Sí gane el próximo 2 de octubre, pues sería el acto de refrendación final, la firma social, el apoyo ciudadano a lo acordado en La Habana. Esto es importante por tres razones: primero, es la primera vez que en el marco de la Constitución de 1991 se activa el mecanismo de participación del plebiscito, en el cual se nos preguntará si apoyamos el Acuerdo; segundo, porque después de discutir si se debía convocar a una constituyente, a una consulta popular, a un referendo o a un plebiscito, se llegó a un acuerdo en la mesa de conversación de acatar la sentencia de la Corte que dio vía libre a la realización del plebiscito, siendo también un paso más de reconocimiento de las FARC a la normativa e institucionalidad colombiana. Y tercero, el Sí en el plebiscito será el inicio del compromiso social y ciudadano con lo político, el que llenará de legitimidad social el Acuerdo Final y permitirá que en los próximos 8 meses se realicen todos los cambios legislativos e institucionales para garantizar la implementación de todo lo acordado.

Con todo esto, los colombianos y colombianas asumen que este Acuerdo Final es un punto de llegada, un lugar de los consensos, en el cual dos partes que se enfrentaron en armas durante 52 años, decidieron darle una salida a la confrontación bélica. Pero también, el Acuerdo es un punto de inicio: todo está por hacer. Implementar significa reformar las condiciones actuales de marginalidad del campo, promover el respeto por las distintas ideologías políticas sin estigmatizarlas. Implementar es exigir al Estado que garantice la seguridad personal de todos los integrantes de las FARC, proteger sus vidas y fomentar un verdadero desarme en la visión de la sociedad y el Estado al trato entre comunidades, y a la búsqueda alternativa de resolver conflictos sin el uso de la violencia. Implementar este Acuerdo es, más aún, ser partícipes de la construcción de la verdad, la reparación y de todas las medidas que garanticen la no repetición de todos los hechos atroces de esta guerra.

Estamos frente a un Acuerdo, a una negociación, conversación, diálogo, donde se pusieron en común los disensos, y por fuera de la guerra fueron consensuadas. Ahora nos encontramos en una oportunidad para un nuevo y renovado pacto democrático. La responsabilidad es atender al llamado a participar activamente en la construcción de la democracia que queremos para nuestros territorios e implementar desde la lucha cotidiana, desde los escenarios del día a día una transformación profunda de la forma en que nos relacionamos y construimos lo político. El Estado en Colombia tiene una oportunidad histórica: construir la paz con las comunidades y organizaciones que llevan una vida entera luchando por conseguirlo.

Después de casi 4 años de negociaciones las FARC-EP y el Gobierno colombiano llegaron a un acuerdo para que cese el ruido de las armas entre dos partes del conflicto armado. Los puntos  del acuerdo tocan temas centrales: los que originaron y desarrollaron el conflicto, la reintegración de los guerrilleros y la apuesta por un nuevo escenario político para el país. Cada punto negociado tiene total relación con los otros del acuerdo total y final.

1) Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral:

El conflicto armado entre las FARC-EP y el Estado colombiano empezó por el campo, luchando por la tierra. Es en el campo donde se debe resolver. El Acuerdo se centra en dos cuestiones: primero, crea un Fondo de Tierras que redistribuye la tierra para que más campesinos puedan ser propietarios, priorizando a madres cabeza de familias y desplazados. Estas tierras provendrán de lotes baldíos, tierras expropiadas por actividades ilegales y tierras de reservas forestales que terminaron siendo utilizado de otra forma y perdieron valor de reserva. Durante los próximos 10 años habrá una extensión objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de hectáreas. Del Fondo de Tierras (3 millones de hectáreas) y a través de la formalización masiva de la Propiedad Rural (7 millones de hectáreas). Se busca formalizar la tierra, crear condiciones para trabajarla y fortalecer las Zonas de Reserva Campesina. Segundo, se busca garantizar que esa propiedad esté acompañada de recursos para que los campesinos saquen provecho a sus tierras mediante Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), apoyo tecnológico, capacitaciones y un mejoramiento de las condiciones infraestructurales de sus contextos: construir vías, escuelas, redes eléctricas, agua potable, entre otros, con el fin de reducir la brecha entre el campo y la ciudad.

2) Participación política. Apertura democrática para construir la paz:

Nuestro conflicto es social y político. El sistema social excluye diferencias y el sistema político no permite que proyectos alternativos y democráticos de país sean poder estatal.

Este acuerdo busca que esta realidad cambie dando prioridad a la participación de la mujer como medida afirmativa que promueva su fortalecimiento en el escenario político, garantizando la creación de los partidos o movimientos políticos productos de la negociación, haciendo una revisión del régimen electoral y garantizando la verdadera existencia de una sociedad pluralista y multicultural. El acuerdo crea un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que busca garantizar la seguridad de los excombatientes que puedan participar en espacios socio políticos y un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que busque renovar los pactos políticos basados en el respeto, el pluralismo y la diversidad. También el acuerdo reconoce la importancia de la información y el fortalecimiento de los medios comunitarios para la difusión de las diferentes posturas e ideas en el ambiente político.

3) Fin del Conflicto

Este punto contempla las condiciones, procedimientos y el monitoreo y verificación para el Cese al Fuego Bilateral y Definitivo que comenzó la hora cero desde el 29 de agosto de 2016. Después de 52 años de conflicto se deben buscar acciones que lleven a reincorporar de manera efectiva a los excombatientes tanto a la vida civil, como en la garantía económica, social y político. Por primera vez en el país se silencian las armas de manera definitiva entre dos partes del conflicto y con un acompañamiento internacional tan grande por parte de organizaciones como la ONU. Para garantizar el cumplimiento de estos compromisos los guerrilleros se ubicarán en 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Allí estarán monitoreada por militares enviados por la ONU y por el ejército colombiano, quienes garantizarán el cumplimiento de la Dejación de Armas. Con estas armas entregadas (180 días después de la firma final del Acuerdo) se procederá a la destrucción y se realizarán tres monumentos uno en la ONU, otro en la República de Cuba y otro en Colombia. Este punto también contempla el fomento de la realización de un gran Pacto Político.

4) Solución al problema de las drogas ilícitas:

Este punto buscar dar un tratamiento radicalmente distinto al problema de las drogas tanto desde la siembra como hasta el tratamiento al consumidor. Se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, con el fin de que las comunidades campesinas en situación de pobreza, de manera voluntaria y concertada, que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, encuentren también una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio, con el fin de iniciar la sustitución de cultivos. Busca también abordar el consumo con un enfoque de salud pública e intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.

5) Víctimas:

Este punto es central, inédito y valorado positivamente en el mundo por todos los países garantes, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un paso más para todas las organizaciones de víctimas del país. El punto crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y contiene un Compromiso sobre Derechos Humanos. Este Sistema busca la satisfacción de los derechos de las víctimas, mediante la combinación de mecanismos de carácter judicial y extra-judicial. Se especifica las formas de reparaciones desde materiales hasta simbólicos, individuales y colectivos en las que deberán participar los actores del conflicto vinculados en la situación. Habrá amnistías e indultos excepto para los delitos de lesa humanidad. Se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que busca ser una fuente de reparación no solo para las víctimas sino para que todo el país sepa la verdad de lo ocurrido en este conflicto armado. También se crea la Justicia Especial para la Paz (JEP) que será encargada de sancionar a los excombatientes, que si contribuyen con la verdad tendrán sanciones alternativas entre 5 y 8 años. Si son conductas muy graves y se contribuye con la verdad antes de la sentencia, la sanción tendrá una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión. Si las conductas son muy graves y el procesado no reconoce verdad y responsabilidad y resulte declarado culpable por el Tribunal, tendrá sanciones previstas en el Código Penal, con privación efectiva de libertad no inferior a 15 años ni superior a 20 en caso de graves infracciones o violaciones. En todo caso, la sanción se asignará de acuerdo al grado de verdad y a la gravedad y participación en la conducta sancionada.

6) Implementación, verificación y refrendación:

En este punto se crea la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias. Se encargará de hacer todo el acompañamiento al proceso luego de la aprobación del SI en el plebiscito. El punto explica todos los principios y los protocolos de la implementación y verificación, tanto en el compromiso asumido por Gobierno y FARC, como por todo el acompañamiento internacional que tendrá el proceso. Finalmente las partes se comprometieron a aceptar el mecanismo de refrendación popular PLEBISCITO, que será votado el 2 de octubre.

 

Una de las grandes apuestas que movilizó el proceso constituyente a inicios de 1990 fue la tensión por la descentralización territorial y el intento por reforzar figuras político administrativas que tuvieran más control y presencia en los diferentes territorios del país. De allí se deriva que el primer artículo de la Constitución de 1991 consagre la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales como principios fundamentales de nuestro ordenamiento.

Esta tensión ha sido históricamente generadora de múltiples conflictos por la tierra y el territorio, alimentada por un excesivo centralismo en el cual las decisiones más importantes son tomadas en Bogotá, expropiando así competencias que son naturaleza celular: el rumbo que tomarán los territorios que habitamos. Tanto así que en el mismo corazón del actual conflicto armado que intentamos solucionar como país y en el cual se pretende dar un nuevo rumbo y tratamiento a las tensiones sociales, las palabras como campo, territorio, soberanía, capacidad de decidir, son correlatos de una reivindicación histórica de los movimientos sociales: autonomía.

Dando vigencia a este debate, el pasado 25 de mayo la Corte Constitucional (en una votación de 5-4) declaró inexequible artículo 37 del Código de Minas que prohibía a las entidades regionales y locales establecer zonas que quedaran excluidas de la minería. La demanda, interpuesta por Yorman Torres, Miguel Arias, Luis Guillermo Osorio, Juan David Franco y Damián Ramírez jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad de Antioquia y practicantes de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en compañía de la profesora Diana Carolina Sánchez, expresaron que este ejercicio jurídico les ha permitido ver el derecho como una herramienta y un instrumento, que a partir de un ejercicio riguroso y argumentado se pueden lograr cambios para la realidad social de los territorios; además que conciben, desde una visión sociopolítica del derecho, formas en que se puede intervenir sobre problemáticas de interés general y de alto impacto en las comunidades.

El fin del artículo 37: permitido prohibir
Los últimos quince años, donde se ha desarrollo de manera más agresiva y a gran escala la locomotora minera, fueron los años de vigencia de este artículo, que ya había sido demandado en tres oportunidades bajo argumentos como la vulneración a la autonomía de los territorios indígenas, vulneración al principio de concurrencia y vulneración a la autonomía territorial en general. La tarea no fue sencilla ya que se debían presentar nuevos argumentos ante la Corte. Diana Carolina confiesa que no era una tarea fácil elaborar una demanda a este artículo debido a las grandes exigencias de la Corte para aceptar estudiar que debieron plantear una argumentación que permitiera tanto que la corte aceptara la demanda como que fallara de fondo.

En un trabajo de artesanos que duró 12 meses, los estudiantes se fundamentaron en sentencias, salvamentos de voto y diferentes apoyos bibliográficos sustentaron sus argumentos en dos cuestiones: primero, demostraron que el artículo 37 al ocuparse de una distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales, violaba el artículo 151 de la Constitución que exige al Congreso expedir leyes orgánicas en ésta materia y no leyes ordinarias como lo es el Código de Minas. Segundo, demostraron que sobre la revisión de este artículo no había cosa juzgada, es decir, que al presentar nuevos argumentos la Corte se podría pronunciar de fondo sobre la demanda, mucho más, cuando en el trámite de este artículo se configuró un vicio material.

Implicaciones de la decisión
Hasta el momento la Corte no ha proferido la sentencia completa pero al fallar en favor de los demandantes reconoce un argumento central en esta discusión: el ordenamiento territorial es uno sólo y la minería está incluido en él; por ende, son las entidades territoriales quienes tienen la competencia de prohibir qué proyectos afectan y chocan con otros intereses en sus territorios.

También este fallo se constituye en un instrumento jurídico clave para que ciudades –como el caso de Ibagué– y diferentes municipios y departamentos, cuenten con un respaldo normativo en sus luchas y movilizaciones, contando con mayor relevancia en el uso de mecanismos de participación, que como lo manifestó Miguel, “no solamente queda la potestad en el alcalde sino en concejos municipales y en las comunidades que deben reivindicar la iniciativa y consultas populares, y se apropien hacia poder decidir si sus pueblos tienen o no vocación minera”.

Es preciso aclarar que esta decisión de la Corte no hace ninguna modificación sobre la forma como se entregan los títulos mineros, ni cambia las competencias de otros trámites que tengan que ver con las licencias mineras, por lo cual las entidades territoriales quedan facultadas solamente para la prohibición de la minería; esta decisión también complementa anteriores fallos de la Corte frente al tema en el cual venía exigiendo que tanto el gobierno central como los regionales y locales deben acordar medidas necesarias de protección ambiental y de otros usos que se deseen dar al territorio.

Esta decisión también implica nuevos retos para la Clínica Jurídica quien ya formula ideas luego de esta primera experiencia. Alejandra Arismendy, integrante de la nueva cohorte de la Clínica, expresó que se están proponiendo dar a conocer el fallo y comenzar un trabajo con comunidades y entidades territoriales que crean en esta nueva herramienta y generen procesos de empoderamiento y movilización frente a grandes proyectos mineros que afectan la vida y el uso del suelo en sus territorios.

Minería en el postacuerdo
La discusión social sobre la locomotora minera ya está instalada en el debate público. La decisión sobre la minería que toca con la ordenación del territorio y los usos que se darán a sus suelos, tiene una influencia directa con la vida, la economía y la cultura de un territorio, por lo cual merecen de mayor nivel de participación de los mismos moradores y no pueden quedar a merced únicamente de las decisiones centrales.

Las negociaciones en La Habana han puesto el debate sobre la paz territorial, que se traduce en construcción colectiva del territorio y en responsabilidad del Estado por la garantía de los derechos en todo el país; también el actual proceso de movilización de la Minga Campesina, Étnica y Popular reivindica la autonomía y soberanía sobre los territorios propios y las diferentes territorialidades que allí se expresan. Por eso este fallo es un nuevo instrumento que motiva la movilización, la minga, el encuentro, las consultas, la participación, las nuevas ciudadanías. Enhorabuena los estudiantes usaron para este caso el derecho: cuando la protesta crece en Colombia.

Durante muchos años la movilización social en Colombia ha puesto en discusión la necesidad de que el Estado garantice nuevos espacios comunicacionales desde donde se promueva la pluralidad de visiones sociopolíticas, económicas, culturales, y que además cooperen en el mejoramiento de la información pública, como elemento central en la vida social y comunitaria para el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.

Dos grandes elementos concentran estos reclamos. El primero tiene que ver con poner de manifiesto que la propiedad de los medios masivos de comunicación se encuentran en manos de pequeños grupos económicos y políticos; el segundo, como consecuencia del primero, se relaciona con los contenidos producidos, donde se incluyen cuestionamientos a las maneras de abordar una noticia, la falta de interés por la formación política de los ciudadanos y la no representación de la diversidad cultural e ideológica. De cara a estos reclamos, ningún gobierno (digamos, los cinco que van del periodo de economía neoliberal) ha tenido decisión ni interés de abrir un amplio debate en el país frente a una necesidad y a una deuda de la democracia colombiana: la construcción social de una ley de medios y de la información.

Por un lado, debe ser una construcción social pues en muchos territorios del país se han planteado propuestas de comunicación alternativa desde la radio, televisión y prensa comunitaria, rural y popular, siendo expresiones sociales fundamentales para la paz, y que en muchos momentos han sido silenciadas por actores cercanos al Estado, promotores del autoritarismo. De otro lado, se debe remitir a la gran cantidad de medios que confluyen hoy en el espectro informativo: blogs, redes sociales, revistas y periódicos digitales, entre otros.

Esta situación evidencia que hace rato la transformación digital modificó el paradigma tradicional de la comunicación en el cual había una audiencia receptora de información y estática en la producción. Sin embargo lo que aún no se transforma, es el poder de algunas pocas empresas de comunicación – por cierto, homogéneas en contenido- al tener una mayor audiencia sobre la cual inciden de múltiples maneras; en otras palabras, aunque internet sea otro gran medio masivo, las dos grandes cadenas de información en Colombia siguen proponiendo una agenda precaria a la opinión pública.
Planteado este panorama surgen diferentes preguntas: ¿Debe el Estado intervenir en la regulación y promoción de un nuevo sistema de comunicaciones que articule los diferentes medios en los cuales hoy circulan gran cantidad de información? ¿Esta intervención debe ser en la propiedad de los medios (prensa, radio y televisión), en el contenido de la información o en la forma como se articulan los diferentes medios? ¿Cómo se relaciona esto con la construcción de paz territorial, la defensa de la información como un derecho humano y con el fomento de distintos pensamientos y nuevas ciudadanías?

¿Qué ha sucedido con nuestros vecinos?  
Venezuela, Ecuador, Argentina y Uruguay han sido algunos de los países de la región que desde el 2004 han generado debates nacionales frente al sistema de comunicaciones. Si bien cada uno tiene sus propias particularidades, América Latina comparte una historia de los medios en los cuales el liderazgo de pocos grupos mediáticos, concentrados en centros urbanos de cada país, generan una agenda informativa que no reconoce otras realidades nacionales; además, frente a la falta de regulación formal y legal se ha impuesto un control informal motivado por la relación entre los gobernantes y los detentadores de las empresas periodísticas.

Estos y otros elementos políticos promovieron que gobiernos, principalmente de izquierdas, manifestaran su interés por regular los sistemas de comunicación nacionales y democratizar el acceso a estos medios; tal como lo cuenta Martín Becerra: “Varios gobiernos de la región enunciaron su intención de modificar el statu quo en las industrias de la comunicación (…) se trata de políticas que pretenden alterar su régimen de propiedad, sus modos de financiamiento y las posibilidades de acceso a ellas por parte de diferentes actores sociales”.

Una de las leyes con mayor resonancia en la región fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, aprobada en 2009 en el periodo de Cristina Fernández de Kirchner; al ser revisada, la Corte Suprema de Justicia le otorgó toda la constitucionalidad y sentenció que “el objetivo de la regulación de los medios es el robustecimiento del debate público y que ello demanda regulación, equilibrio y razonabilidad por parte del Estado”. Este tipo de apuestas democráticas por la comunicación no ha gustado a grupos periodísticos (como el Grupo Clarín en Argentina) ni a gobiernos neoliberales; lo mostró el arranque del gobierno de Mauricio Macri en el sur del continente, al modificar a través de un decreto la anterior Ley.  

Sin duda estas regulaciones abren muchos debates sobre la libertad de expresión y el uso del espectro informativo en las naciones, y estas experiencias latinoamericanas son claves para pensar el proceso de construcción de una ley de medios en Colombia, que se articula a un momento histórico donde la repolitización de la vida social se hace imperante desde múltiples escenarios que contribuyen a la paz.

Sin embargo no se debe creer que una ley por sí sola transformará las realidades. Es necesario que los múltiples y variados medios de comunicación alternativos, populares, juveniles, aporten y sean las bases para la edificación de esta ley. Los partidos políticos hace rato dejaron de representar los intereses de los sujetos y grupos mayoritarios en Colombia, los medios masivos y tradicionales se han ocupado de la política de los escándalos, del espectáculo y de valorar a la información como un mero espacio publicitario. Los nuevos medios masivos de comunicación deben representar los diferentes intereses y promover que sean las mismas comunidades quienes se auto representen, ya que a indígenas, campesinos, estudiantes, afros, lgtbi, trabajadores, entre muchas otras expresiones sociales, se les ha negado un espacio real en la información y en los contenidos producidos.

De esta manera la comunicación y la información deben avanzar hacia la recuperación de memoria nacional y la reconstrucción de subjetividades y colectividades, a la movilización social y con objetivos comprometidos con la participación democrática efectiva. No en vano, en la mesa de negociación en La Habana en el punto de participación política se acordó: “Los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, deben contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia”. ¡Vaya tarea nos espera como país!

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.