¡El Quimbo no va más!

Lo que hace cuatro años se inició con la constitución de una asociación en contra de la represa de El Quimbo, hoy es un gran movimiento social de defensa del territorio, con plan y estrategias jurídicas, políticas, de movilización y de investigación, integrada por miles de personas que tienen tambaleando el proyecto de Emgesa en el Huila.{jcomments on}

La primera semana de Agosto de 2012 y durante 9 días, 2.500 campesinos e indígenas, reunidos en el Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra en el Huila, se declararon en Asamblea Permanente.

Desde el 8 de agosto, comenzaron a llegar los manifestantes a un campamento ubicado cerca del puente El Pescador, en el municipio de El Hobo –Huila. Al principio eran entre 700 y 1000, pero a medida que pasaron los días el número fue aumentando. Desde la movilización de marzo de 2012, en la que se trataba de impedir la desviación del cauce del Río Magdalena, hasta hoy, han cambiado mucho las cosas. En marzo, quienes se movilizaron eran principalmente los afectados por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, campesinos del Huila. Pero en esta ocasión, la Minga estaba dentro de un protocolo de lucha mucho más amplio, que incluía las movilizaciones de los indígenas por el derecho a la tierra, paralelamente en el Cauca y otras regiones del país. Esta era, además, la primera vez en la que, conscientemente, los pueblos indígenas y campesinos de la región se reunían en Minga para movilizarse en torno a cuatro grandes ejes temáticos: la defensa del territorio y de las comunidades afectadas por los megaproyectos minero-energéticos, el retiro de las transnacionales del territorio, el acceso a la tierra de indígenas y campesinos, y, por último, la solución política del conflicto y el control soberano y autónomo de sus territorios – como explicaba al inicio de la jornada el presidente del CRIHU (Asociación de autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila), en el que están representados los pueblos indígenas Nasa, Misak y Yanakuna.

El tema ya no era sólo el Quimbo, sino todas las represas y todos los proyectos de “pavimentación del Magdalena”, como denominan algunos habitantes de la región al Plan Maestro. Este es un convenio trazado entre el gobierno colombiano y la empresa estatal Hydrochina para el aprovechamiento del río Magdalena como principal vía de transporte de mercancías hacia los puertos en el norte y sur del país. Otro tema nuevo era la defensa del territorio y la restitución de las tierras que fueron expropiadas a las familias en la zona de la hidroeléctrica.


El viernes 10 de agosto empezó la movilización activa. Hubo reuniones en el campamento, que había sido ubicado estratégicamente en una zona desértica en inmediaciones de la represa de Betania, con la intención de mostrar los impactos que puede generar a largo plazo la construcción de una represa en el paisaje, la economía y la vida cotidiana de las comunidades. Al medio día los mingueros bloquearon un carril de la carretera en un tramo de 500 metros aproximadamente. La policía llegó y, de manera casi amistosa, el coronel Peláez manifestó estar de acuerdo con la defensa de los derechos de los indígenas y campesinos, a la vez que les aconsejaba que no se dejaran manipular por “esa otra gente”. El coronel señalaba también al profesor Miller Dusan, líder de ASOQUIMBO, de manipular los intereses de las comunidades; este señalamiento se agravaba con las declaraciones de algunos medios locales, que hablaban de infiltraciones por parte de las FARC. Al finalizar la tarde se llegó al acuerdo de desbloquear la carretera, bajo la condición de que llegara el sábado una comisión ministerial para instaurar una mesa de negociaciones con los líderes campesinos e indígenas.

Entre la espada y la pared
Una característica importante de la movilización de agosto fue que desde el primero hasta el último día estuvo claro que indígenas y campesinos no iban a accionar ni a hablar por separado. La comisión que llegó inicialmente el día sábado pretendía tratar sólo asuntos indígenas. No llegó ninguno de los cinco ministros citados, así que los manifestantes decidieron ocupar de nuevo la carretera, esta vez se la tomaron toda y anunciaron que lo harían de manera temporal por sólo tres horas hasta que el gobierno respondiera a su solicitud de encuentro.

En medio del bloqueo quedaron 4 camiones. A los conductores les dijeron que podían irse, pero ellos no quisieron dejar sus camiones solos. Casi inmediatamente se escuchó en las noticias el anuncio de las autoridades de que los indígenas tenían personas secuestradas, por lo que hubo que firmar documentos en los que los conductores declaraban estar allí de manera voluntaria y que no había ningún secuestro; pero entonces aparecieron miembros de la fuerza pública que amenazaron con judicializarlos porque si firmaban estaban asumiendo ellos la responsabilidad del bloqueo de la carretera. Pasadas las tres horas, los manifestantes decidieron retirarse con la promesa de que el lunes llegaría la tan esperada comisión ministerial.

¿Quién es el infiltrado?
El domingo, el número de participantes había subido a 2.500. Hubo algunos problemas de infiltración por parte de miembros de la fuerza pública, vestidos de civil, por lo que la guardia indígena tuvo que ser más cuidadosa. El lunes en la mañana hubo reuniones de coordinación; aún no llegaba el gobierno, por eso se tomó la decisión nuevamente de bloquear la carretera. La guardia indígena se puso en posición estratégica, se hicieron barricadas de tres y cuatro filas y bloquearon la carretera en ambas direcciones; y a los 40 minutos la fuerza pública comenzó a disparar gas lacrimógeno.

Durante los enfrentamientos, que tardaron aproximadamente 5 horas, la guardia indígena detuvo a dos agentes del ESMAD; uno de ellos, en su desesperación al ser detenido, tomó su arma de dotación, la desaseguró y se la puso en la boca como si fuera a suicidarse. El otro rápidamente lo desarmó ante la incertidumbre de los demás guardias y autoridades indígenas, que no sabían de qué manera hacerle entender que nadie iba a matarlo. “Tengo hijos, familia” – gritaba, mientras otros de los manifestantes le respondían: “nosotros también y los están dejando sin futuro, los están desplazando”. A 25 manifestantes y cinco policías heridos se les prestaron los primeros auxilios y se esperaba la orientación por parte de las autoridades indígenas sobre qué hacer con ellos. Cayó la noche y, ante la posible amenaza de que el campamento fuera tomado por la fuerza pública mientras dormían, las autoridades indígenas decidieron suspender el bloqueo de la carretera y entregar a los cinco policías retenidos a cambio de un campesino que había capturado el ESMAD.

Más de lo mismo
El martes 14, los manifestantes se declararon en asamblea permanente, y solicitaron la presencia del gobierno para que diera respuesta a las siguientes exigencias: Por una parte la suspensión inmediata de la licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico El Quimbo y la entrega de los resultados de numerosas investigaciones realizadas por la empresa Emgesa e instituciones gubernamentales como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Que se negara la licencia ambiental a la Emerald Energy para explotar petróleo en el Páramo de Miraflores. La suspensión inmediata del convenio firmado entre Cormagdalena y la empresa estatal Hydrochina para la formulación del Plan Maestro, y que no se construyeran más hidroeléctricas en el Huila. La suspensión inmediata de la adjudicación de 17.6 millones de hectáreas del territorio colombiano como Reserva Estratégica Minera. El acceso a la tierra de campesinos e indígenas y, en especial, la declaración de una Zona de Reserva Campesina Agroalimentaria en la región de El Quimbo para los afectados por el proyecto. El respeto a los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno en ocasiones anteriores. El rechazo a la militarización de los territorios y los batallones energéticos. Y la definición de estrategias conjuntas entre gobierno y organizaciones sociales para la solución política al conflicto armado y el control soberano y autónomo de los territorios indígenas y campesinos.

Apenas el miércoles en la noche llegó la comisión de interlocución del gobierno, integrada por miembros del ministerio del interior, del gobierno departamental y la defensoría del pueblo. Finalmente, el jueves se firmó un acta en la que se comprometieron a reconocer el proceso de Minga como espacio legítimo de construcción social para la defensa del territorio; a tramitar la respuesta - a más tardar el 30 de Agosto - a las solicitudes de información en lo concerniente a las investigaciones realizadas y los convenios y pactos con las comunidades indígenas y campesinas del departamento del Huila, incumplidos por autoridades de carácter nacional y regional; y a tramitar la convocatoria y realización de una Mesa de Compromisos con la presencia de 9 Ministros y el Defensor Nacional del Pueblo, entre otros, en una fecha que no supere el 20 de Septiembre.

Los manifestantes regresaron a sus casas con la expectativa de que sus demandas serán, por fin, atendidas por altos funcionarios del gobierno con capacidad de tomar decisiones definitivas.

La Contraloría reconoce afectaciones al patrimonio
Los resultados concretos de las múltiples movilizaciones realizadas en el Huila, en un proceso de resistencia civil y pacífica que lleva casi 4 años y ha sido acompañado de sendas estrategias de investigación, comunicación y sensibilización, empezaron a materializarse este 23 de Agosto, cuando la Contraloría General de la República anunció la apertura de una indagación preliminar por irregularidades en el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico El Quimbo. En efecto, la Contralora tomó esa decisión luego de revisar la documentación entregada hace siete meses por representantes de ASOQUIMBO en la que se destacan las irregularidades en el proceso de licenciamiento. Ya en 1997 se había solicitado el estudio de viabilidad del proyecto y éste había sido declarado inviable por los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura.

En ese entonces se argumentó que la zona de influencia del proyecto hacía parte de una reserva forestal de la Amazonía y que, además, podría ocasionar serias afectaciones a la seguridad alimentaria del departamento del Huila por ser esas tierras de alta productividad. Diez años más tarde, el Ministerio del Medio Ambiente afirmó que sí era viable y firmó la concesión sin hacer el correspondiente diagnóstico ambiental de alternativas, un requisito fundamental para poder decidir si un proyecto es viable o no. Posteriormente, el gobierno mismo declaró esas tierras de utilidad pública a favor de la empresa, sin licencia ambiental. Una mirada al caso del Quimbo permite evidenciar hasta qué punto el Ministerio del Medio Ambiente se ha convertido en una subsidiaria de las multinacionales, otorgando licencias a muy bajos costos a cambio de innumerables daños, así les garantiza mayor rentabilidad.

Otra de las afirmaciones de ASOQUIMBO que han sido tenidas en cuenta por parte de la Contraloría tiene que ver con que el censo realizado por parte de la empresa dejó por fuera varias localidades que no fueron visitadas; por eso, aunque para Emgesa los afectados sumaban unas 3.000 personas, para ASOQUIMBO el número se aproximaba a las 4.500.

Pero lo más importante es que con la decisión de la Contraloría se inicia un proceso fiscal bajo un supuesto detrimento al patrimonio nacional superior a los 350 mil millones de pesos. Es decir que, producto de las irregularidades en el proceso de licenciamiento, se causó un daño al patrimonio que tiene que ver con impactos sociales, ambientales y culturales. Es de gran trascendencia que ASOQUIMBO haya logrado demostrar esos hechos. La posición de algunas personas respecto a la construcción de El Quimbo fue durante mucho tiempo de resignación; muchos decían: “si es decisión de Uribe, el Quimbo va porque va”, “eso ya está andando”, “eso no lo detiene nadie”. Pero los afectados siempre sostuvieron que si el daño ocasionado por un megaproyecto es tan grave, el proyecto debe suspenderse.

Ahora lo que se espera es que la indagación de la Contraloría conlleve un proceso serio de judicialización, en primera instancia en contra de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, que son los directos responsables de la adjudicación y las modificaciones de la licencia y han hecho caso omiso de sus obligaciones constitucionales. La multinacional Emgesa, por supuesto, argumentará a su favor el haber contado con todas las garantías jurídicas a sabiendas de que destruyó conscientemente ecosistemas estratégicos, fauna y flora y que debería responder por esos daños.

Del lado de los afectados, es claro que dentro del patrimonio también se consignan los daños sociales, la destrucción de cadenas productivas, los desplazamientos, y por eso están dispuestos a demandar al Estado para que pague indemnizaciones por los daños causados a las comunidades. Exigen, además, la suspensión inmediata del proyecto.

Desde ya hombres y mujeres, paleros, pescadores, indígenas, campesinos, mayordomos y jornaleros, se plantean la tarea de la recuperación del territorio; regresar a las fincas, recuperar sus dinámicas de trabajo y mantener la convocatoria para salir el 20 de septiembre a la calle, esta vez a celebrar su procesos de resistencia regional y nacional. De igual manera las actividades del Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra continuarán en defensa del territorio y en contra de la “loca-motora minero-energética”, como llaman en el Huila al principal proyecto de “desarrollo” del gobierno de Santos.

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