En Buriticá la vida es sepultada bajo una montaña de oro

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El 25 de abril, como el más reciente eslabón de una cadena de tragedias ocurridas en el municipio de Buriticá - Antioquia, la voladura de una bocamina dejó atrapados aproximadamente a 150 mineros informales, de los cuales solo 95 fueron reportados heridos y cuatro muertos.  Lo que nadie cuenta es  la manera cómo la multinacional Continental Gold está involucrada en los supuestos accidentes y cómo Buriticá es el reflejo de la tragedia humanitaria a la que se ha sometido a miles de pequeños mineros en todo el país.

Rubén Darío Gómez es el secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia- CONALMINERCOL. Esta organización existe desde 2010 y agrupa al rededor de 67 organizaciones mineras en 18 departamentos del país, con unos 350.000 mineros asociados que trabajan en condiciones de informalidad, su testimonio puede ayudarnos a comprender lo que está pasando en Buriticá.

Todos en un mismo costal
Antes de entrar en vigencia el código de minas, ley 685 de 2001, los pequeños mineros estaban caracterizados como aquellos que no podían mover más de mil toneladas de material al año, hoy técnicamente eso no existe. Los funcionarios del gobierno tratan de manera indiscriminada ese asunto, para ellos es lo mismo hablar de barequeros, mineros artesanales o mineros ilegales y en los últimos tiempos han acuñado incluso el nuevo término de mineros criminales. El glosario minero, decreto 2191 de 2003, establece en sus definiciones que el barequero es la persona que lava arenas para obtener metales preciosos, concepto que debería extenderse a los que desarrollan actividades de aluvión, por ejemplo los paleros en los ríos.

El artículo 107 del Plan Nacional de Desarrollo le exige al gobierno nacional que establezca la estrategia para diferenciar entre el minero informal y el minero ilegal, pero hasta el sol de hoy el gobierno no ha podido establecer esa diferenciación. “Por principio del derecho los pequeños mineros no pueden ser considerados ilegales, serán informales hasta tanto se les demuestre lo contrario: que son violadores de la ley, o criminales, como ellos los llaman.”

La necesidad de hacer esa diferenciación la explica Rubén Darío Gómez a partir del ejemplo de lo que acaba de pasar en Santander de Quilichao (allí ocurrió un deslizamiento de tierra el pasado 30 de abril, que dejó sepultados alrededor de 40 mineros). “Eran mineros que trabajaban lavando arenas con una batea, no necesitaban licencia ambiental ni título minero para desarrollar esa actividad, pero sí necesitaban que el Estado los acompañara, los capacitara y los tuviera inscritos en el libro de barequeros de la alcaldía municipal, algo que los alcaldes deben hacer por obligación, pero no lo hacen aún sabiendo que son barequeros de la región. Hoy el Estado los mete en el mismo costal que a los ilegales o criminales”.

La misma norma que exige el principio de diferenciación, le ordena al Estado que le garantice al minero informal la actividad minera en el lugar donde la ha desarrollado tradicionalmente o en cualquier otra parte. La norma va todavía más allá, dice que si el Estado no puede garantizar la actividad minera, debe garantizarle al minero un ingreso mínimo que le permita tener una vida digna. “La respuesta del Estado y la fuerza pública ha sido todo lo contrario: destruir las máquinas, cerrar las minas, poner a aguantar hambre a las familias y a todos los que dependen de esa actividad, incluso pueblos enteros”.

Flagrante violación al debido proceso
En cambio, el artículo 106 del PND, que prohíbe trabajar con dragas, minidragas y todo lo que tenga que ver con actividades mecanizadas sí se aplica al pie de la letra por parte del Estado. “O sea la ley del embudo, lo ancho pa' ellos, lo angosto pa'l pequeño minero”. Quienes tienen, por ejemplo, una retroexcavadora o equipo mecanizado, son generalmente empresarios, que pueden ser personas jurídicas o naturales que desarrollan lo que el gobierno llama “minería de hecho”. Puede que no tengan título ni licencia ambiental; pero deberían tener un proceso de legalización a la luz de las leyes anteriores o un proceso de formalización desde las leyes más recientes que ha expedido el gobierno nacional. “Lo que hace el gobierno es mantener los niveles de persecución, retrotrae la norma y se la aplica a todos por igual. Una norma que nació hace poco se le aplica a quienes llevan 20 o 30 años de estar realizando actividades mineras. Esa es la dificultad”.

Los afiliados a CONALMINERCOL afirman que el decreto 2235 de 2012 que permite la destrucción de maquinaria es un decreto terrorista que viola el debido proceso, porque cuando llegan a hacer los operativos no hay derecho a la defensa, no hay presunción de inocencia, “la máquina es culpable de la ilegalidad y, como en la época de la inquisición, o la queman o la queman”. Ese es el contexto en el que se hacen las voladuras para cerrar las bocaminas que atentan contra los intereses de las empresas multinacionales que tienen en concesión más del 40 por ciento del territorio nacional.

La disputa por la “montaña de oro”
Buriticá tiene una historia de más de doscientos años de actividad minera, hace más de 25 años que la Continental Gold (CG Continental) llegó al municipio, y aún todavía dice que no ha entrado en la fase de explotación sino que continúa haciendo exploración. Lo cierto es que lleva años saqueando “la montaña de oro” como se le conoce a Buriticá desde tiempos de la conquista. De 32 mil hectáreas que tiene el municipio, 29 mil están solicitadas o entregadas en concesión a la Continental Gold o a alguna de sus filiales. “Hasta hace algunos años el Estado nunca prestó atención a los pequeños mineros, la Secretaría de minas de Antioquia llevaba siete años tratando de resolver el tema de la legalización y la formalización de los mineros, y curiosamente de un día para otro casi todo el territorio estaba en proceso de concesión a nombre de la Continental”.

En el año 2012 la Continental Gold presentó un amparo administrativo, un derecho consagrado en el código de minas, para ser protegida de la perturbación al título minero. Sin más que la simple presentación de ese amparo la alcaldía de Buriticá autorizó la voladura de las bocaminas y el cierre del resto de la minería que había en la zona. Para ese entonces había allí unas 60 minas informales de mineros nativos de la región. Pero dado que no recibieron protección ni garantía alguna por parte del Estado, en menos de un mes los pequeños mineros ya se habían organizado y habían vuelto a abrir las minas. Existen numerosas denuncias de que allí no solo no se llevó a cabo el debido proceso, sino que la fuerza pública y la multinacional Continental robaron a los mineros equipos, maquinaria e insumos.

A raíz de ello se presentó una tutela que pasó de los jueces municipales a los jueces del circuito en Santafé de Antioquia y ambos rechazaron el amparo de los derechos de los mineros, por fortuna la Corte Constitucional tomó en sus manos el proceso y generó la sentencia T187 del 2013 que ordena al Estado hacer uso del debido proceso en ese tipo de operativos. Hasta el día de hoy no se ha indemnizado a nadie, pero se sentó un precedente importante a nivel nacional.

La noticia de gran impacto generó una situación mucho más crítica; el país minero, cuando supo porqué se había dado esa situación, tomó conciencia de la inmensa riqueza de la región y empezó a llegar a Buriticá gente de todas partes. También por la situación de voladuras y quema de maquinaria que se venía dando en otras regiones del país. Personas del sur de Bolívar, del bajo Cauca, del nordeste antioqueño, a las que les habían quitado su fuente de ingresos, pasaron de la noche a la mañana de ser mineros aluviales a ser trabajadores en veta, un elemento transformador de la cultura que aún no se ha analizado.

La gran concentración de oro de las vetas de Buriticá dio a los mineros una rentabilidad mucho mayor. Los que llegaron constituyeron sus propias empresas y el negocio se volvió tan lucrativo que se salió de las manos. Si en 2012 se hablaba de 60 minas en la zona, en 2013 eran entre 300 y 350. Es decir, entre 4.000 y 4.300 mineros de cara a 6.200 habitantes que tenía Buriticá, lo que significa que la población se incrementó entre un 60 y 70 por ciento. Las condiciones de salubridad y de alojamiento desbordaban al municipio sobretodo en el sector conocido como los asientos, en la vereda de San Antonio.

De tragedia en tragedia
En octubre de 2013 se presentó un deslizamiento de tierra justamente en el sector de los asientos, casi inmediatamente los medios de comunicación y las autoridades municipales dijeron que había más de 40 mineros atrapados y un número indeterminado de heridos y de muertos; días después no aparecían ni los heridos ni los muertos. El representante de CONALMINERCOL afirma que se trató de un montaje para desalojar la zona. Meses atrás, en el informe de asesoría y asistencia técnica del 1 de junio de 2013, el DAPARD (Departamento Administrativo de Prevención de Desastres) había ubicado unos gaviones de la zona, como zona de alto riesgo. “Lo que se deslizó allí no fue la tierra, sino la acumulación de piedra que tenían los mineros y la misma empresa Continental”.

En respuesta, el alcalde sacó un decreto que declaraba esa zona como de calamidad pública. El 22 de noviembre se desarrolló un operativo de gran envergadura, con fuerte presencia de la fuerza pública. La gobernación de Antioquia tenía listos los contratos con una empresa de ayuda humanitaria con el pretexto de ayudar a los damnificados de Buriticá, pero el objetivo real era sacar a la gente de la zona porque no era de allí, sino de Segovia, Vegachí, y otros municipios. “Los desalojaron a sangre y fuego, dice Gómez, con un agravante y es que los mencionados muertos nunca aparecieron, solamente se pudieron recuperar dos cadáveres de trabajadores, pero nunca aparecieron todos los muertos y los heridos de los que se habló. Seguramente porque no existieron y porque toda la zona fue acordonada para impedir el ingreso”.

Alrededor de 1900 mineros fueron retirados de allí, los llevaron hasta Santafé de Antioquia y a los que quisieron los llevaron hasta sus pueblos de origen. Perplejos, los habitantes de Buriticá y los mineros vieron como al poco tiempo la Continental Gold continuaba con sus trabajos de explotación, y pensaron que si eso era así, era porque no había tal riesgo, así que regresaron. El amparo administrativo continuaba, y en el 2014 ya el decreto sirve no solo para sacar a la gente, sino para prohibir la actividad minera. De esa manera se altera el sentido real de lo que inicialmente se le hizo creer a la opinión pública, que era para salvar la vida de los mineros y de la comunidad que estaba viviendo allí en condiciones infrahumanas, y se desnuda la intención de atacar la actividad minera que se desarrolla de manera informal en la zona.

Durante los meses de enero, febrero y marzo la disputa se venía dando desde una perspectiva jurídica, haciendo uso de los amparos administrativos y de la sentencia T187 de la corte constitucional, lo que retrasaba considerablemente el proceso en contra de los mineros. Ya en abril, la Continental Gold desesperada por el hecho de que no se hicieran efectivos sus amparos, y con la ayuda del ejército y la policía de Antioquia, comenzó a realizar la voladura de las bocaminas. El coronel Gustavo Chavarro anunció en declaraciones del 22 de abril que tenían programada una cantidad importante de operativos de voladura para toda la zona del occidente. La Confederación de mineros había denunciado ante los medios de comunicación que existía la orden de destruir 44 bocaminas en Buriticá y 500 en toda la zona del occidente antioqueño.

El 16 de abril, la continental Gold voló una bocamina llamada Cimaco, donde quedaron sepultados 4 mineros, entre ellos Leonardo Orrego de 23 años, oriundo de Peque. Testigos del lugar aseguraron que esa mañana a la mina entraron cuatro personas, y no volvieron a salir. El padre de Leonardo afirma que esa mañana el muchacho dejó sus documentos y su teléfono celular en la casa y salió a “minear” a Buriticá, luego de tres días de que no aparecía empezaron a hacer averiguaciones, alertaron a la policía y dos días después se encontraron con que había muerto. Las autoridades del municipio y el DAPARD aseguraron que la causa de la muerte del minero fue la inhalación de gases tóxicos, además dijeron que la mina había sido evacuada previamente, pero lo cierto es que esos operativos se vienen haciendo sistemáticamente y sin el debido proceso. No se avisa previamente, no se verifica que en efecto las minas estén vacías y además son acciones ilegales, afirma Rubén Darío Gómez, pues la Continental Gold no está autorizada para participar en ese tipo de operativos.

El 25 de abril sorprendió a la comunidad y a todo el país la noticia de una nueva tragedia en las minas de Buriticá, esta vez mientras se hacían trabajos de voladura en una bocamina de la Continental Gold quedaron atrapados más de ciento cincuenta mineros que se encontraban trabajando. Rubén Darío Gómez explica que el impacto fue tan fuerte que ocasionó el desplome de la mina El Platanal, sobre otras dos bocaminas que se encuentran intercomunicadas entre sí.

Las autoridades reportaron 95 heridos y los habitantes de la región dicen que todavía quedan por lo menos 40 personas sepultadas, una cifra que no se puede determinar exactamente por las condiciones de informalidad en las que se trabaja, no hay registros ni familias que los reclamen, solo el testimonio de los mismos mineros rescatados. La mayoría de las minas del sector tiene solicitud de formalización, pero sólo después de esta última tragedia sus solicitudes aparecen rechazadas, como es el caso de la mina el Platanal. En estos momentos se adelanta una investigación de carácter nacional por estos y otros hechos ocurridos en Buriticá, mientras continúan las acciones de estigmatización y persecución en contra de los pequeños mineros.

Todo parece indicar que se acelerará otra vez el proceso de desalojo de las minas, así como la formalización de la actividad minera en favor de la Continental Gold. Pero la terquedad de los mineros y el desconocimiento de sus derechos por parte del Estado es tal, que quién sabe cuántos muertos más quedarán sepultados, atrapados por la codicia del dorado.

 

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