El latifundio y el neocolonialismo crecen en Colombia

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Entre las causas estructurales que explican el problema del campo en Colombia y que las elites económicas y políticas del país han desconocido históricamente, están el uso y la tenencia de tierra. Hoy el asunto es todavía más complicado porque lo que viene presentándose es una creciente extranjerización de este recurso, tanto en Colombia como en el mundo. Esto se entiende como la compra de tierras nacionales por parte de extranjeros.

 

El profesor Alejo Vargas, de la Universidad Nacional, señalaba en su libro “Notas sobre el Estado y Políticas Públicas”, que en 1960 “la ganadería ocupaba el 90,3% de la tierra agrícola y aportaba el 35,5% del valor del producto bruto agropecuario; la agricultura, por su parte, ocupaba el 9,7% de la tierra y aportaba el 64,5% del valor del producto”. Según variados artículos recientes de la prensa nacional, actualmente la superficie continental de Colombia es de 114.17 millones de hectáreas, de las cuales 50,91 millones (cerca del 44,6%) tienen uso agropecuario. De las tierras disponibles para uso agropecuario, se usan para la agricultura apenas 3,8 millones de has., cuando su potencial es de 21 millones de has. En cambio, para la ganadería se usan 39,2 millones de has., cuando su potencial es menos de 22 millones de has. Lo anterior, a pesar de que una hectárea de agricultura genera 12,5 más valor que una dedicada a la ganadería.

La minería también se viene consolidando como una amenaza para la producción de alimentos, ya que ocupa 5,8 millones de has., casi el doble que la tierra dedicada para producir alimentos. Y hoy se han otorgado cerca de 9.000 títulos mineros que están vigentes, y están pendientes cerca de 20.000 nuevas solicitudes. Ya en el 2012, el entonces ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, en entrevista para el diario La República, anotaba que esta situación “podría afectar más del 53% de la actividad agrícola y ganadera en Colombia”. Cabe anotar que según la Agencia Nacional de Minería (ANM), 1.028 títulos (10,2% del total) están en manos de firmas extranjeras o multinacionales.

Neocolonialismo y propiedad de la tierra en Colombia
El aumento de compra de tierras agrícolas por parte de extranjeros en países en vía de desarrollo ha disparado las alarmas a nivel mundial.

En 1966 el Incora definió unas 150 'zonas relativamente homogéneas' en las que el tamaño de la UAF (Unidad Agrícola Familiar) va desde 2 hectáreas en Ubaté y la Calera, o 4 hentáreas en la zona cafetera y el Valle del río Cauca, hasta 2.269 hectáreas en el Caguán. La diversidad es grande aun en un mismo departamento. Por ejemplo, en el Meta, las UAF pueden ser de 13 ha. en las riveras del río Meta, 920 ha. en la zona plana de Puerto Gaitán o 1.840 ha. en las serranías. La UAF es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión permitiría, según el gobierno, que con un proyecto productivo y tecnología adecuada, se generaran al menos dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para el sostenimiento de una familia. Sin embargo, la realidad del campo en Colombia es que el 80% de los campesinos colombianos es dueño de menos de 3 Has, lo que genera que su producción sea ineficiente y no alcance a cubrir los costos totales de producción. La situación se agrava si tenemos en cuenta que el 70% de los alimentos que se producen en el país viene de pequeñas propiedades campesinas. Bajo este panorama no es de extrañar una crisis de seguridad alimentaria en Colombia.

En contraste con lo anterior, se viene dando un proceso de Neo-colonialismo a escala mundial. En una investigación del año pasado, la ONG Oxfam, denunciaba cómo entre 2010 y 2012, la multinacional Cargill, hoy la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo, adquirió 39 predios en el Vichada, a través de 36 sociedades distintas, y acumuló una extensión de 52.576 hectáreas. Esta compra masiva de predios, en un país en el que no existen restricciones generales a la cantidad de tierra que puede poseer una persona, sería un negocio normal si no fuera porque que Cargill, en su proceso de adquisición de las tierras, desconoció (de manera fraudulenta) la prohibición de concentrar en un solo propietario tantas Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

Esta situación es de gravedad importante dado que la altillanura colombiana, conformada por los departamentos del Meta, Vichada, parte de Casanare y Arauca, es, según el mismo Ministerio de Agricultura, la última gran frontera agrícola que le queda al país, con algo más de 7 millones de hectáreas. Dado el caso de que esas tierras siguieran quedando en manos de extranjeros, se estaría poniendo en peligro la seguridad alimentaria de nuestro país y asegurando la del resto del mundo.

Esto hace parte de una estrategia mundial de las multinacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) en el 2012, calculaba que 80 millones de hectáreas aptas para la agricultura en regiones como África han sido adquiridas por multinacionales en los últimos años. También China ha comprado, fuera de su territorio, 2,09 millones de hectáreas. Corea del Sur ha adquirido un millón de hectáreas a nivel mundial. En una lista publicada en Farmlandgrab.org, un sitio Web de la ONG GRAIN, dedicado a publicar investigaciones relacionadas con el acaparamiento de tierras a nivel mundial y las resistencias populares contra ella, aparecen también como compradores países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y Japón.

Como elemento final de análisis, está la relación entre la concentración de la tierra y el asesinato y destierro violento del campesinado colombiano. Según un informe del mes de marzo del presente año, del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), publicado en el diario El Espectador, reclamantes, jueces de tierras, abogados de víctimas e incluso periodistas hacen parte de la larga lista de personas que han recibido intimidaciones por su participación en procesos de restitución de tierras en Colombia. Según Human Rights Watch, la cifra de amenazados, a partir del 2012, asciende a más de 500 personas. Y 17 líderes han sido asesinados desde el 2008, en acciones claramente relacionadas con reclamos de restitución. Para la Fundación Forjando Futuros dedicada entre otras actividades a la lucha por la restitución de tierras son 66 y para la Defensoría del Pueblo 71.

En cuanto a los presuntos responsables de las acciones contra los reclamantes, los reportes señalan en el 60% de los casos a actores desconocidos y agentes individuales (generalmente personas que ocupan los predios solicitados por los reclamantes) como los principales actores de la persecución. El otro 40% de los casos corresponde a eventos en los que están vinculados desde desmovilizados de las AUC, bandas criminales, guerrillas, hasta otros grupos criminales. El informe señalaba, también, la existencia de una estrategia “no violenta” por parte de distintos actores para infiltrar las instituciones estatales como el Incoder, Defensoría, Fiscalía y verse beneficiados de los reclamos.

El proceso de extranjerización de la tierra en Colombia y en el mundo refleja la estrategia de multinacionales y algunos Estados para cultivar, pero no con el objetivo de suplir las necesidades de alimentos del país receptor de la inversión, sino para exportar alimentos. Lo anterior en el caso de la agricultura, pero los países como Colombia también se han convertido en proveedores de recursos naturales, minerales y petroleros, para suplir la demanda de las potencias extranjeras, lo cual viene condenando a los países subdesarrollados a más pobreza, desigualdad y exclusión social.

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Carlos Gustavo Rengifo

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