Sangre y petróleo en Sucumbíos

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En el extremo del suroccidente de Nariño, al otro lado de la cordillera Occidental se encuentra Jardines de Sucumbíos, un corregimiento de Ipiales, a 17 horas en carro de la cabecera municipal. Esto da una idea del abandono absoluto en que vive inmerso el corregimiento. Sin embargo, no ha sido la distancia el factor responsable de una historia de pobreza y de violencia sobre sus comunidades, sino su ubicación, literalmente, sobre un mar de petróleo.

 

Ecopetrol lleva 32 años en la región, pero a principios de la década del 2000 abandonó los campos petrolíferos por presiones de la insurgencia, y reactivó su explotación en Jardines de Sucumbíos a partir del 2006; hoy tiene funcionando tres de los cinco pozos de extracción de su propiedad. El territorio del corregimiento da continuidad a la zona petrolífera del Putumayo con 109 pozos en explotación y una producción de más de 10.500 barriles diarios. Por allí también pasa el oleoducto trasandino que recoge el crudo del Putumayo para transportarlo, atravesando el macizo colombiano, desde los pozos de Villagarzón, Orito o Churuyaco hasta el puerto de Tumaco, en el océano Pacífico.

Los camiones cisterna diariamente recorren la única trocha de acceso al corregimiento, que sólo se arregla para permitir la salida o entrada de las tractomulas cargadas de crudo. Pero cuando se recorren las vías veredales no se ve, por parte alguna, cuál ha sido el progreso que, en todos estos años, trajo la extracción de crudo al corregimiento. Lo que sí es palpable y está al orden del día es la violencia sufrida y la sangre vertida por sus pobladores.

Uno de los últimos episodios de violencia ocurrió el pasado 17 de mayo, cuando cuatro jóvenes de la vereda de El Alto Amarradero -Deivi López Ortega, Brayan Yatacué Secué, José Antonio Acanemoy y José Yiner Esterilla- fueron asesinados por efectivos del Batallón Especial Energético Vial N° 9 “General José María Gaitán”, actualmente al mando del Teniente Coronel Andrés Felipe Arcos Muñoz, integrado en la Brigada de Selva 27. El Ejército los presentó, ante los medios de comunicación, como guerrilleros de las FARC-EP muertos en un enfrentamiento armado. La comunidad rechazó enérgicamente esta versión, ya que son campesinos e indígenas pertenecientes a la comunidad afiliados a Fensuagro y todos saben que las circunstancias en las que se presentaron los hechos no corresponden con un enfrentamiento sino con una ejecución extrajudicial.

Los habitantes dicen: “si eran guerrilleros, ¿por qué no los cogieron vivos y los entregaron a la justicia?”. Afirman que el Ejército sabía quiénes eran, pero las ejecuciones extrajudiciales vienen cumpliendo con la estrategia de amedrentamiento a la comunidad campesina, indígena y afrodescendiente para que abandonen el territorio.

Una historia de violencia
La historia de violencia, desplazamiento forzoso y asesinatos es larga y dolorosa en esta región. Es un territorio de frontera, con una presencia fuerte del Frente 48 de las FARC-EP y de batallones contraguerrilla del Ejército. A principios de los años 2000 sufrieron la plaga del paramilitarismo, responsable del desplazamiento de gran parte de los habitantes de la zona. Son duras las historias de asesinatos y todo tipo de violaciones de derechos humanos llevadas a cabo desde 1998 por el Ejército nacional y los paramilitares sobre los habitantes de las veredas. Aunque un encarnizado combate entre las FARC-EP y los paramilitares de las AUC, que contaron con el apoyo de la fuerza aérea del Ejército para poder huir, acabó con su presencia en la zona. Explican sus habitantes que pocos paramilitares sobrevivieron al enfrentamiento.

Pero hay un punto de inflexión muy importante que la población remarca: el año 2006. Es cuando Ecopetrol decide reactivar la producción de los pozos petrolíferos de Jardines de Sucumbíos, abandonada a comienzos de la década del 2000 debido a la presión de constantes atentados y hostigamientos de la guerrilla. Para ello instala un destacamento del Batallón Especial Energético y Vial Nº 9 “José María Gaitán” (BAEEV 9) en la vereda de El Empalme. Este tipo de batallones se crearon a partir del año 2001, como parte del Plan Colombia, para proteger la infraestructura minero energética, atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del sector e implementar la política neoliberal extractivista. Actualmente Colombia dispone de 21 batallones minero energéticos, diez de ellos creados en los dos últimos años, con 80.000 efectivos, el 36% del total del Ejército de tierra.

Sin respeto al Derecho Internacional Humanitario
El BAEEV 9 se creó en 2001 y opera en el alto Putumayo, en los municipios de Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel, pero no fue hasta 2006 que llegó al corregimiento de Sucumbíos. En ese año Ecopetrol compró unos terrenos con engaños a un campesino, diciendo que eran para construir una nueva batería de extracción, pero en realidad eran para ubicar una base militar. La BAEEV 9 en la vereda de El Empalme, de Jardines de Sucumbíos, se instaló junto a la Batería Sucumbíos de Ecopetrol, lindando, pared por pared, con la escuela primaria y las casas de la vereda de El Empalme. Fue Ecopetrol quién instaló la base militar en los terrenos que compró la empresa, terrenos que siguen siendo de su propiedad.

Poco importaba que la presencia de la base militar pudiera afectar a la población civil, no hubo consulta de ningún tipo, su objetivo no era brindar seguridad a la población sino proteger las instalaciones y la extracción de crudo de Ecopetrol. La base militar y Ecopetrol, desoyendo las obligaciones que el Derecho Internacional Humanitario plantea en los conflictos armados, aprovecharon la presencia de la escuela de primaria y de la población civil para protegerse de los ataques insurgentes, poniéndola así en riesgo permanente.

Con la base militar llegaron nuevos asesinatos. En la tarde del 8 de septiembre de 2007 fueron detenidos arbitrariamente por efectivos de la Brigada Móvil 13 los campesinos Simón Corena, Gentil Yascuarán y Feliciano Obando de las veredas El Amarradero y Ranchería,. Al día siguiente el Ejército informó a la comunidad la muerte en combate de tres guerrilleros. Los guerrilleros resultaron ser estas tres personas, todo ello a pesar de que no fue hasta el día siguiente de la detención cuando pudieron escucharse en la vereda El Amarradero los disparos del supuesto combate.

Como era de esperar, la base militar atrajo acciones de la insurgencia, con enfrentamientos y bombardeos que no han cesado. Sólo en el año 2013 hubo cinco episodios de hostigamiento y bombardeos con proyectiles y cilindros bomba. Muchos de ellos han afectado las viviendas y la misma escuela y han creado un clima de terror y zozobra entre la vecindad del Bajo y Alto Empalme. La presencia de la base militar obligó a reubicar la escuela de primaria y la escuela de capacitación agraria. La comunidad tuvo que luchar para lograr cambiar su emplazamiento, y así alejar a los niños y niñas de la primera línea de los enfrentamientos bélicos.

Finalmente, trasladaron las escuelas a la Institución Educativa Rural El Empalme, a unos centenares de metros de la vieja escuela, apiñando en sus instalaciones a los niños y niñas de primaria y de secundaria. Hoy, las instalaciones de la escuela primaria del Bajo Empalme están vacías, con las múltiples heridas que en sus paredes van dejando los hostigamientos armados. No hay ruido, risas o juegos de niños, sólo se percibe el horror de las cicatrices de la guerra. Pero el alejamiento de la escuela no ha sido suficiente, el efecto de la guerra permanece en la mente de los niños. “Los niños pequeños se orinan cuando oyen balacera”, “Acá no se pueden celebrar fiestas con cohetes, ya que ese ruido asusta a los niños y las niñas”.

Las viviendas adyacentes a la base militar también se han visto afectadas, todas presentan agujeros en los tejados, grietas en las paredes, boquetes causados por el impacto inevitable de proyectiles y bombas. Muchos vecinos y vecinas de El Empalme han abandonado sus domicilios para huir de los imprevisibles hostigamientos, otros pasan las noches en el Alto Empalme, alejados unos centenares de metros más de la Base Militar. También las mujeres de El Empalme han resultado heridas por los bombardeos, otras siguen necesitando tratamiento hospitalario por el traumatismo psíquico de los bombardeos y muchas más se han desplazado a lugares alejados de la base. “Hasta los animales (domésticos) tienen psicosis y terror cuando oyen el aleteo de los helicópteros”.

La comunidad en muchas ocasiones ha tenido que escuchar de los propios militares las advertencias de que “si se quedan en el territorio es porque son guerrilleros”. Los señalamientos, las detenciones arbitrarias y los allanamientos sin órdenes judiciales se suceden continuamente. Más de 30 personas del corregimiento tienen procesos judiciales en curso, muchas de ellas han sido encarceladas sin poder contar con una asistencia profesional, por carecer de recursos; otras ya están condenadas. La falsa denuncia, como pago por los beneficios de la “desmovilización” de supuestos miembros de la guerrilla, es común denominador. Los habitantes del corregimiento cuando van a sus fincas o regresan a la vereda sufren detenciones arbitrarias, malos tratos y presiones por parte de los patrulleros militares, a menudo bajo los efectos de las drogas.

Las tropas del BAEEV 9 involucran a los niños y niñas en el conflicto, dándoles plata a cambio de información, preguntándoles en qué ocupan el tiempo sus padres, por dónde andan o a qué se dedican. Hay miedo de lo que pueda pasar con las jóvenes, ya que miembros del Ejército violaron a una mujer nasa, hecho que fue denunciado en su momento, y temen que se produzcan más abusos sexuales o violaciones. Acceder a las veredas o a las fincas o disfrutar de la vida nocturna se acabó por miedo a los militares. Los efectivos del batallón que se apostan en las fincas han obligado a campesinos y campesinas a permanecer encerrados en sus ranchos durante 2, 3 y hasta 20 días en alguna ocasión. Han impuesto “de facto” un toque de queda.

Los soldados toman bienes de las familias como gallinas, cerdos o el fruto de lo que está sembrado sin dar nada a cambio, inutilizan cercas o contaminan pesqueras. Se pierden cosechas cuando los militares no dejan acceder a los campos de cultivo a las mujeres y hombres que tienen en su tierrita su única fuente de alimento. Asimismo, las exploraciones sísmicas de Ecopetrol en busca de nuevos pozos han secado fuentes de agua, empobreciendo la tierra y las capacidades de cultivo, dificultando el acceso a este elemento vital para el consumo humano y de los animales. Todo ello de acuerdo con la estrategia del Ejército y de la empresa de dejar a la población sin medios de vida, de llevarla al hambre, para que abandone el territorio.

Como resultado de la ofensiva paramilitar vivida, de las fumigaciones con glifosato y de la fuerte militarización en que vive actualmente el corregimiento, el desplazamiento forzado ha reducido el número de habitantes de 5.000 que eran en la primera mitad de los años 2000 a poco menos de 2.800 en 2012.

No es tiempo de llorar
La población de Jardines de Sucumbíos no ha estado pasiva frente a la grave crisis humanitaria y al olvido estatal. En 2003 se creó la Fundación El Progreso para afrontar la grave situación de los derechos humanos en la zona. Esta es una organización afiliada a Fensuagro que agrupa a todos los habitantes del corregimiento, sin reparar en las diferencias étnicas o de condición. Actualmente la integran las juntas comunales de 13 veredas, 5 resguardos indígenas (Pastos, Nasa, Awá, Kamtzá, Kofá) y los 3 consejos comunitarios afrodescendientes. Y ha ido diseñando su propia agenda política, combinando la movilización con la negociación.

En octubre de 2009 los habitantes del corregimiento, para atraer la atención de las autoridades, paralizaron durante más de 15 días la producción de las tres baterías de Ecopetrol en funcionamiento, impidiendo el traslado del crudo, pidiendo inversión en educación, salud, vías y la anexión al departamento del Putumayo. El bloqueo concluyó con la firma de los acuerdos de 2009 con el municipio de Ipiales y la gobernación de Nariño, receptoras de las regalías que produce Ecopetrol en la zona. En marzo de 2010, ante el incumplimiento de los acuerdos, realizaron una toma pacífica de la Asamblea Departamental en Pasto para forzar la inversión en la zona y la designación de Jardines de Sucumbíos como corregimiento del municipio de Ipiales.

En junio de 2012 un paro de docentes y estudiantes por falta de pago del transporte se transformó en un paro de la comunidad en general que presionaba nuevos acuerdos. En octubre del mismo año la comunidad bloqueó durante 12 días la salida de crudo de los pozos petroleros hasta que se firmó un acta de acuerdos con el alcalde de Ipiales y la empresa Ecopetrol para “continuar con las inversiones sociales”. Por su parte la comunidad, a través de la Fundación El Progreso, elaboró en 2012 un Plan de Desarrollo Integral propio para Jardines de Sucumbíos.

Los habitantes son conscientes, según lo manifiestan, de que Ecopetrol lo que quiere “es desocupar el sector para apoderarse de los recursos”, “El gobierno no quiere acabar con la guerrilla, no quiere acabar con la coca, lo que quiere es venir a perforar pozos y por eso manda al Ejército”. Nos dicen: “para qué hacer planes agrícolas en el territorio, lo mejor que pueden hacer es negociar sus tierras y que les den una vivienda en Orito o en Ipiales”.

Los tres pozos en funcionamiento tienen una producción cercana a los 230 barriles diarios, pero los planes de la compañía pasan por la exploración de 62 puntos más. Tienen la certeza de la existencia de petróleo en 36 de ellos, con lo que la producción podría llegar a los 1.500 barriles al día. Pero visto el coste social que para la comunidad han tenido estos 230 barriles, la pregunta es ¿cuánta sangre más será necesaria para que Ecopetrol pueda llevarse los 1.500 barriles diarios de petróleo?

Modificado por última vez el 02/09/2014

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