La UAF en la mira del desarrollo económico

campesino

El viernes pasado, 12 de septiembre, hubo una reunión en Medellín entre representantes del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER y la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Allí se socializó un estudio acerca de estrategias para reformular la UAF (Unidad Agrícola Familiar)  que fue realizado por las universidades Javeriana de Cali y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, en las regiones del Eje Cafetero, Antioquia y Chocó.

Esta figura tiene diferentes utilidades. No solo sirve para titular baldíos sino que también es un referente para formalizar la propiedad privada de la tierra, y a su vez es el mecanismo mediante el cual se clasifica a los campesinos como pequeños o medianos productores para acceder a créditos y a los programas de desarrollo rural del Estado. La ley estipula que personas con más de cinco unidades agrícolas familiares no pueden ser beneficiarias de ese tipo de servicios.

La UAF que opera actualmente fue definida en 1996, hace más de 18 años. “Desde entonces son muchos los cambios en las condiciones sociales, la infraestructura, la tecnología, el modelo de desarrollo y la competitividad- explica Germán Cardoso, funcionario del INCODER-. En 1996 no se tuvo un soporte cartográfico ni una información técnica y económica que permitieran definirla con claridad... Hoy día, con información más actualizada de resguardos indígenas, comunidades negras, áreas de explotación mineroenergética, áreas protegidas, etc., es más fácil determinar cuáles áreas no son adjudicables y cuáles sí”.

Sin embargo, los campesinos y campesinas asistentes al evento se encontraron con que el estudio realizado por las Universidades fue un estudio basado en fuentes secundarias, y presenta serias inconsistencias. En primer lugar, las comunidades no fueron consultadas, ni se hizo una investigación seria que permitiera identificar las necesidades y prioridades de cada territorio. Una de las grandes falencias la evidencia Cruspidina Pidasa Chamapuro, representante del pueblo Wounaan Nonam, del municipio del litoral del San Juan al sur del Chocó. Ella viajó más de 24 horas desde su resguardo hasta aquí, para encontrarse con que las comunidades indígenas y afro no serán tenidas en cuenta en los estudios técnicos que determinarán la UAF.
“A nosotros nos afecta porque hemos venido en una lucha constante por el territorio, conjuntamente con campesinos y afros desde el Congreso de los Pueblos, la Minga, y ahora la Cumbre Agraria. Y fue muy duro que me dijeran que nosotros no hacemos parte de este proyecto. Siquiera nos hubieran dado a conocer eso en unas palabras más suaves, pero fueron muy cortantes. El tema del territorio es delicado; una cosa es cómo lo maneja el Estado y otra muy diferente cómo lo vivimos nosotros. En muchos territorios existen conflictos interétnicos, nosotros asistimos a todos los eventos para mirar cómo solucionarlos. Desde la creación de la ley 70 de 1993, en el momento en que se conformaron los consejos comunitarios, un montón de comunidades y resguardos no fuimos informados. Nadie nos socializó, ni nos consultó para decirnos cómo era que iban a reconfigurar nuestros territorios. Si nos hubieran llamado a los dos (afros e indígenas) y nos hubieran consultado cómo debía delimitarse el territorio para llegar a un acuerdo, se habrían evitado esos problemas. Pero fue una imposición del Estado”. Al parecer, podría pasar lo mismo con la reformulación de la UAF si no se consulta y no se respeta la dinámica social e interétnica que viven las comunidades.

En segundo lugar, el Estudio, basado en la geo-referenciación y en criterios de competitividad y productividad, identifica el modelo de producción y de comercialización a implementar desde la UAF. Y en eso también se equivoca, según aclara Ancizar de Jesús Morales, del municipio de San Francisco, Oriente antioqueño:

“Ellos son los que definen qué va a sembrar uno. Entonces le dicen a la gente del Eje Cafetero que siembre plátano porque ese es el cultivo que, según ellos, da buena rentabilidad. En el Chocó se produce arroz, un producto tan importante para nuestra alimentación, y no lo mencionaron. En San Francisco sí consultaron y los productos que proponen están bien; pero en Argelia, Sonsón y Nariño el clima es frío y ellos se apegaron de lo que nosotros habíamos propuesto para San Francisco y Cocorná, que es caliente. ¿Cómo vamos a sembrar lo mismo? Nuestra propuesta es seguir sembrando lo que estamos enseñados a sembrar y llevarlo directamente al consumidor, no producir para venderle a los grandes intermediarios”.

Además, los campesinos vienen impulsando propuestas agroecológicas, zonas de reserva agraria, territorios libres de químicos y de transgénicos, como expusieron algunos representantes de las escuelas agroecológicas de Quindío y Risaralda, quienes hicieron énfasis en el rescate de las semillas nativas y de productos ancestrales que fortalezcan la soberanía alimentaria.

En tercer lugar, preocupa a los campesinos la redistribución de la tierra mediante la UAF. “Hablan de un área para San Francisco, Carmen de Viboral, Sonsón, Argelia, etc. de diez a once hectáreas por familia. Allí el que más tiene, tiene diez hectáreas. Dicen que a los que tengan más le harán extinción de dominio para adjudicarle a los que no tienen tierra. Pero ¿Cómo van a hacer para hacerle extinción de dominio a esos grandes terratenientes?”, se pregunta Ancizar. Lo cierto es que bajo el criterio de la productividad se pretende afianzar un modelo que ya se ha impuesto en otros países como Argentina. “Si yo tengo 10 hectáreas y solo puedo manejar una, entonces nueve se las tengo que dar al que tiene plata porque el sí es capaz, e incluso le dan subsidios pa' que la trabaje”.

De esta forma son los pequeños campesinos los que deben renunciar a su tierra, mientras se mantiene el privilegio de los terratenientes. Los campesinos del oriente antioqueño explican también que tradicionalmente los antioqueños, por su característica colonizadora, abrieron fincas de cien hectáreas y más, pero esa era la tierra que heredaban a sus hijos: “¿entonces ahora solo podremos tener 10 hectáreas así tengamos siete hijos pequeños. ¿De qué van a vivir nuestros hijos?”.

Otro caso muy distinto es el que plantea Uriel Zuluaga, quien pertenece a un proceso de escuela agroecológica de Finlandia, Quindío. “La alimentación es una de las primeras necesidades, para producir alimentos se necesita la tierra. En mi región ha salido mucha gente desplazada por la violencia. Muchos quieren regresar y poder producir la comida, pero esto de la UAF puede limitar de alguna manera el acceso a la tierra porque en la zona donde estoy es un poco alta, por el orden de tres hectáreas. Cuando una persona llega con la intención de adquirir un predio por debajo de esa área las oficinas de planeación no autorizan porque, según la ley, no se puede desgajar un predio de menos de tres hectáreas. Pero en los procesos agroecológicos que venimos trabajando hemos comprobado que se puede divinamente producir la comida para la familia y generar excedentes en menos espacio”.

Afortunadamente son muchas las propuestas que tienen las comunidades para reorganizar sus territorios, distintas a lo que sigue planteando la institucionalidad a partir de ese tipo de estudios orientados a la rentabilidad, la competitividad y el modelo de desarrollo mineroenergético. Ellas seguirán generando espacios de reflexión y construcción de formas de vida y de producción más justas y ecológicas.

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