De la noche a la mañana una vía pública en Bello se volvió privada

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El proyecto Norteamérica, un complejo urbanístico gigantesco a las afueras de Bello, atenta contra el derecho de movilidad de los habitantes de las fincas aledañas y ha obligado ya a muchos a desplazarse, pues no soportan las incomodidades diarias que esto les genera.

Hace treinta años, antes de que EPM construyera la vía que lleva a la represa de Niquía, que hace parte del proyecto Río Grande II, existía un camino colonial que los campesinos transitaban libremente. EPM construyó la vía en parte sobre el camino colonial y en parte sobre fajas de terreno que compró a los campesinos de la zona. Desde hace mucho tiempo este era un sitio a donde los habitantes de Bello solían ir de paseo, a caminar o a elevar cometas, y hoy en el POT del municipio esa zona aparece como un gran mirador turístico. Pero desde hace cuatro años el paso viene siendo restringido por los propietarios del proyecto Norteamérica, que pretende elevar el estrato de Bello mediante la venta de lotes destinados a viviendas de estratos 5 y 6.

Ángela María González es tecnóloga agropecuaria y vive en una finca del sector Buena Vista de Bello que colinda con la vía a la hidroeléctrica, con los predios de Norteamérica y los de Conasfaltos, otros terrenos para urbanizar. Su familia tiene tierras en la zona desde 1984, pero ella vive sola con sus dos hijas en una finca de diez hectáreas, viven primordialmente de la ganadería y de la producción de leche.

Los problemas para ella comenzaron desde que Norteamérica construyó una portería y le mandó cartas a todos los vecinos (la vía atraviesa veredas de los municipios de Bello, San Pedro y Copacabana) notificándoles que a partir de allí la carretera iba a estar vigilada las 24 horas. Al principio les dieron llaves de la portería y les dijeron que era un asunto de seguridad, pero al año cambiaron los candados y comenzaron a restringir el paso; la gente solo podía entrar o salir entre las seis de la mañana y las ocho de la noche.

Lucas Restrepo y su esposa Cristina Gutiérrez tuvieron que irse a vivir a Medellín porque, por razones de estudio y de trabajo, debían regresar a su casa todos los días después de las nueve de la noche. Otra vecina, doña Dora Lizcano, insistió largo tiempo para que la dejaran salir a las cinco de la mañana para asistir a su clase de seis, pero nunca recibió respuesta. “Ni el camión de Colanta siquiera pudo volver a recoger la leche, porque lo dejaban esperando hasta las seis”, dice Ángela.

Esa es la única vía de acceso hacia su casa, por eso a veces les tocaba a ella y a sus hijas desviarse por el monte o arrastrase debajo de la puerta para entrar. En el 2011 le enviaron la razón de que solo ella y sus hijas podían pasar, a raíz de eso entabló ante la inspección de policía de Fontidueño una querella policiva para defender sus derechos, pero la inspectora que fue a revisar el terreno (hay fotos suyas frente a la portería) afirmó en su informe no haber visto portería alguna y no emprendió ninguna acción administrativa. Poco a poco las restricciones y la presión se hicieron sentir con más fuerza.

Mauricio Builes también tuvo que irse. Según él, al principio los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina estaban del lado de Norteamérica. En 2010 se quejó de que no lo dejaban pasar y de que los soldados del batallón junto a los empleados de Norteamérica le estaban tomando fotos a su casa para intimidarlo. Desde entonces el personal del batallón se ha mantenido al margen, a raíz de las quejas de los campesinos. Este año la situación llegó al límite. Ya no hay una sola sino cuatro porterías.

El 21 de junio Ángela María organizó una fiesta para festejar el grado de su hermana. A las ocho de la noche los invitados comenzaron a quejarse de que no los dejaban pasar. Ángela, desesperada, bajó hasta la portería, pasó por el lado del vigilante y abrió ella misma la puerta. A las ocho y cuarenta y cinco llegaron los músicos y tampoco los dejaron pasar, esta vez eran cuatro los vigilantes. Ángela intentó abrir nuevamente la puerta pero no la dejaron; en medio del forcejeo, uno de los vigilantes la golpeó. Así terminó para ella la fiesta, porque tuvo que pasar la noche entre la inspección de policía y el hospital.


Una mañana en que doña Dora Lizcano salía de su casa con su niña enferma rumbo al médico, al ver que no la dejaban pasar tumbó la puerta con el carro; desde entonces tiene completamente restringido el paso. Cuentan que no pueden recibir visitas, no les dejan entrar trabajadores; a la familia de Ángela María le negaron el permiso para lotear su finca (planeación es cómplice) dizque porque no tienen una vía por donde puedan transitar los nuevos dueños; a los lecheros les niegan la posibilidad de mover el ganado por la vía. “En fin, los atropellos son el pan de cada día”, concluye Ángela María.

La comunidad toda ha comenzado a indignarse y a juntarse también para protestar y para emprender acciones jurídicas con miras a que se les restituya su derecho a la libre circulación. Lo peor es que EPM dice no tener en su poder ningún documento que la acredite como propietaria de esa vía y al contrario afirma que está negociando los derechos de servidumbre con Norteamérica para poder transitar hacia la represa. Los representantes de la constructora afirman que cuando llegaron a la zona (sus escrituras datan de 2006), la vía era intransitable y que ellos la arreglaron, por eso es de su propiedad, pero tampoco han aportado hasta ahora ningún documento en el que conste que la vía es suya.

Los campesinos, sin embargo, tienen pruebas de que la vía fue construida por EPM, de que durante años las Empresas Públicas y la comunidad se encargaron de hacerle mantenimiento e incluso en las escrituras de casi todos hay una cláusula de servidumbre que reza: “la carretera que las Empresas Públicas construyan en el predio será de uso exclusivo de la entidad durante su ejecución, una vez terminada esta y durante la realización de las demás obras, dicha carretera podrá ser transitada bajo la exclusiva responsabilidad de quienes lo hagan, dado el gran número de vehículos y equipo pesado que se movilizará por esta vía”. Con todo y eso, la inspección de policía de Fontidueño y la oficina de planeación “se han hecho los de la vista gorda” ante sus reclamaciones y argumentan que los campesinos tienen otra vía de acceso; pero se trata de una vía muy empinada y en mal estado por la que gastan el doble de tiempo y gasolina para llegar a la autopista, eso además del pago del peaje de Copacabana.

Finalmente, a pesar de que el 4 de septiembre la Gobernación de Antioquia expidió una carta en la que consta que esa vía según la ley debe ser considerada de carácter público y que por eso ningún agente privado puede restringir el paso, la respuesta del inspector en audiencia de conciliación, celebrada el 8 de septiembre, fue ofrecerles una especie de protección policiva; pero con ella pueden transitar solo los “dueños”, previa presentación de las escrituras que los acrediten como tales. El problema, como siempre, es que hay campesinos que no tienen escrituras a su nombre, precisamente los que viven en las veredas más alejadas, los más afectados.

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