En el suroeste antioqueño las comunidades buscan decidir sobre sus territorios

Mientras el gobierno sigue ratificando el modelo extractivista y facilitando la adquisición de licencias ambientales para la exploración y explotación de los recursos naturales, las comunidades en sus territorios continúan defendiéndolos y empeñadas en preservar sus riquezas culturales, sociales y ambientales. Es el caso del Suroeste antioqueño, donde a partir de la organización y la movilización social se vienen adelantando acciones para hacer frente a todo lo que atenta contra el agua, el territorio y la vida.

 

Organización social para defender los territorios

El Cinturón Occidental Ambiental, COA, es una organización que articula diferentes procesos campesinos, indígenas, ambientales y sociales de la zona, y que busca defender el territorio desde un ejercicio político, cultural y económico. La apuesta ha sido generar un reconocimiento territorial que les permita hacer una valoración integral de sus territorios y de los factores que los ponen en riesgo. 

Los mandatos populares por el agua, la vida y el territorio

En el año 2012 en varios municipios del Suroeste (Urrao, Támesis y Jardín) se emitieron acuerdos municipales con el fin de prohibir la actividad minera. Estos acuerdos fueron demandados por el gobierno central, y en el caso de Jardín, por ejemplo, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró inválido el acuerdo a través de la Sentencia S2-061 de abril 19 de 2013. La invalidez se argumenta “por vulnerar normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó, al no respetar los parámetros establecidos en norma legal y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”.

Según Yamid González Díaz, habitante del municipio de Pueblo Rico e impulsor del COA, esos acuerdos municipales, a pesar de que respondían al sentir de las comunidades en torno al rechazo a la minería, no fueron construidos con las comunidades mismas, sino que fueron formulados por alcaldes y concejales sin ser legitimados por toda la comunidad. Además, “en el análisis que nosotros hicimos de esos acuerdos municipales vimos claro que hay una ausencia del concepto de territorio, porque esos acuerdos eran simplemente una argumentación jurídica pero no incluían nada sobre la caracterización propia del territorio. Es decir, hablaban de la protección especial del territorio pero no especificaban qué era, qué comunidades indígenas y campesinas lo componían o qué referentes culturales tenía, por ejemplo”, comenta Yamid. 

Según él, a partir de la necesidad de construir un concepto de territorio y de visibilizarlo en instancias jurídicas locales, surgió la campaña “Suroeste de Antioquia, territorio sagrado para la vida”, que ayudó a la construcción de los Mandatos Populares en el municipio de Pueblo Rico, impulsados por el COA. Estos mandatos son concebidos como expresión de la voluntad del pueblo respecto a las decisiones que se toman en torno a su territorio y se aspira que sean acogidos por las instituciones para que se conviertan en mecanismos de ley que materialicen las exigencias de la comunidad. “Sin embargo -comenta Yamid-, estamos haciendo la incidencia en el escenario de las instituciones estatales, pero aunque los mandatos no sean acogidos, para nosotros siguen siendo vigentes porque hacen parte de todo un proceso pedagógico de apropiación y defensa del territorio en el que las comunidades deciden cómo quieren habitarlo”.

Los tres mandatos populares construidos en Pueblo Rico son: 1) Declaratoria de actores no gratos en el municipio de Pueblo Rico, como empresas mineras y quienes apoyan su presencia. 2) Prohibición del cianuro y el mercurio pues representan una amenaza para la vida y la salud pública. 3) Convocar a una Consulta Popular por la vida, el agua y el territorio. Dichos mandatos fueron presentados en un cabildo abierto en Pueblo Rico el pasado 30 de noviembre de 2014, y respaldados con más de 1.500 firmas. En respuesta, los concejales del municipio decidieron acoger los dos primeros mandatos mediante acuerdos municipales. En el caso concreto de la Consulta Popular, expresada en el tercer mandato, esta se presentó al alcalde del municipio directamente, única autoridad municipal con facultades de convocarla, y actualmente se encuentra en trámite ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para su aprobación.

Una consulta popular por el Sí

La consulta popular, como mecanismo de participación ciudadana, debe permitir que el pueblo opine sobre aspectos de vital importancia, y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento. En el caso de la consulta popular proyectada para el 10 de mayo en Pueblo Rico, se busca precisamente dotar de contenido el concepto de territorio. Por eso, más allá de decirle NO a la minería, se propone decir SÍ a la vida, al agua y al territorio, y plantear un ejercicio que pueda ser referente para los demás municipios del Suroeste, en tanto no solo se evidencia la problemática que gira alrededor de la minería, sino que se reconocen todos los factores que pueden poner en riesgo la permanencia de sus pobladores y su calidad de vida en los territorios. Para que esto logre tener realmente un impacto, la apuesta del COA es generar un trabajo pedagógico y de sensibilización con las comunidades, y para ello  antes del 10 de mayo se desarrollará un ciclo de talleres vereda por vereda y una preconsulta puerta a puerta.

Consultas populares de este tipo se han realizado antes en municipios como Tauramena en Casanare, en donde se le dijo NO al proyecto petrolero Odisea Tres D, o en Piedras, Tolima, diciéndole NO al proyecto minero y a la operación de la multinacional Anglogold Ashanti. Desafortunadamente el gobierno central las rechazó por considerar que el bien general y la potestad constitucional que otorga la propiedad del subsuelo a la nación están por encima de las consideraciones municipales. En este caso, la pregunta que se someterá a votación popular será: “Está de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pueblo Rico Antioquia, el Derecho a La Vida, al Agua y al Territorio sean declarados Derechos Sagrados, Supremos, Autónomos y Colectivos que están por encima de cualquier proyecto minero, energético, tratados comerciales e industria extractiva?”. Formular la pregunta de manera positiva, según comenta Yamid, es un elemento diferenciador de éste con respecto a los otros procesos de consulta popular, al ser una de las primeras veces que se promueve el SÍ, porque motiva un ejercicio de reconocimiento y empoderamiento popular y territorial.

En caso de que la Consulta Popular por vía jurídica sea rechazada, el COA y la comunidad de Pueblo Rico impulsarán la realización de una Consulta Popular autónoma, pues argumentan que lo importante es el ejercicio legítimo por encima de lo legal. Es decir, aunque la consulta popular autónoma carece de carácter vinculante, ésta constituye un mecanismo de expresión popular fundamental a la hora de resignificar el derecho a la participación y el ejercicio de autodeterminación de los pueblos.  

 

Modificado por última vez el 06/05/2015

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