Reforma Tributaria, corrupción y delincuencia

El artículo 363 de nuestra Constitución Política define la equidad, la eficiencia y la progresividad como los principios a los cuales debe ceñirse el sistema tributario en Colombia; y en el artículo 95 establece claramente el deber y obligación de todo colombiano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

La eficiencia se entiende como la obtención de la mayor cantidad de recursos al menor costo posible, pero al mismo tiempo se valora como un principio tributario que busca que el pago de impuestos cause el menor costo para el contribuyente que cumple su deber al momento de llevar a cabo el pago del tributo.

La equidad como principio tributario se expresa en la obligación de pagar gravámenes entre los contribuyentes consultando su capacidad económica según la naturaleza y fines del impuesto en cuestión. “Los que ganan más, pagan más y los que ganan menos, pagan menos”.

Y, el principio fiscal de progresividad, se refiere al reparto de la carga y los beneficios tributarios entre los distintos contribuyentes, según su capacidad de pago. De esta forma, se considera progresivo un sistema tributario que reduce las diferencias relativas entre las personas de mayor y de menor capacidad de pago, y valora los tributos observando las condiciones económicas de los habitantes de un país después de efectuado el gasto público.

Lo anterior se resume en que la principal función de la política tributaria, en un Estado Social de Derecho, es la búsqueda de la redistribución del ingreso y por tanto debe cumplir un papel esencial para promover mayores niveles de bienestar y de equidad social.

El proyecto de Reforma Tributaria presentado por el Gobierno al Congreso de la República el día 4 de octubre, tiene toda la intención de perpetuar el sistema de tributación regresivo e inequitativo que históricamente ha prevalecido en Colombia. El vigente, es un sistema tributario que contribuye a mantenernos en el ranking mundial como uno de los países más desiguales, dato corroborado por el DANE y otras fuentes autorizadas como la Cepal 2015.

El proyecto se propone que el recaudo adicional que requiere el ritmo de gastos e inversiones del Estado, es mejor conseguirlo por la vía de impuestos indirectos que por la vía de impuestos directos: ingresos, renta y riqueza. El principal argumento es que “impuestos excesivos al capital desestimulan la inversión” y los impuestos directos son más fáciles de cobrar y su efecto en los sectores más pobres se compensa con “una red de protección social”.

Es una reforma alineada con las propuestas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que aumentará el IVA del 16% al 19%, el Impuesto al Consumo del 8% al 11%, y crea un impuesto llamado monotributo, que pagarán los pequeños comerciantes (tenderos y peluquerías), y como si fuera poco los asalariados que ganen $2.750.000 mensuales estarán obligados a declarar renta y pagarle a la DIAN.

Mientras tanto, el Gobierno y sus ministros se cuidan de no incluir un análisis riguroso sobre la eficiencia del gasto público y, en especial, sobre la corrupción y la burocracia, e insisten en la falsa idea de que la reforma busca generar empleo, impulsar las exportaciones o atraer inversión extranjera directa, entre otros espejismos.

Mientras en los países desarrollados la disminución de la desigualdad se fomenta mediante un sistema tributario progresivo (los que más tienen pagan una parte mayor de sus ingresos), en Colombia se incrementa la inequidad con una legislación tributaria que enfatiza en exenciones tributarias generosísimas. Hábilmente los más ricos utilizan los ingresos no constitutivos de renta, los costos y deducciones y las rentas exentas para trampear el pago de obligaciones. Basta ver cómo una buena porción de las ganancias es deducible de impuestos, así: 1) el 30% para vivienda y pensiones; una porción de las ganancias de capital y las donaciones para partidos políticos. 2) Son deducibles las partidas destinadas a la inversión y obras de caridad, sin límite alguno: donaciones para teatros, museos, becas para pobres y fundaciones sin ánimo de lucro también salen del presupuesto, pero obedeciendo a las decisiones de los más ricos. 3) La exención total de los dividendos, esto es, de las ganancias pulpas por la que los dueños de las empresas no pagan impuestos. También están exentos el 25% de los sueldos de los grandes ejecutivos privados y todas las pensiones, incluidas aquellas de $25 millones y más que ganan ex magistrados, ex presidentes y ex congresistas.
No cabe duda que esta, como las pasadas reformas al régimen tributario, no contribuirá a hacer retroceder la desigualdad, sino que la mantendrá y profundizará. El aumento del IVA y el resto de la carga tributaria indirecta aumentarán la desigualdad por la vía de un incremento en la inflación y la pérdida de la capacidad de compra de los colombianos.

Nos van a imponer una reforma tributaria que en realidad significará más impuestos para alimentar la ambición de la politiquería corrupta, lo cual es injusto cuando la sensatez indica, como primera y contundente acción, arreciar el combate severo a la corrupción tan vigente y dañina como siempre.

¿Cuánto cuesta alimentar la corrupción en Colombia? 9.45 billones de pesos anuales; una cifra cercana a $26.000 millones diarios, equivalente a la mitad del presupuesto asignado a la salud en 2016; un 4% del Producto Interno Bruto (PIB); cerca de $189 billones en dos décadas. Con razón los colombianos opinan que la corrupción es uno de los tres grandes problemas que tiene el país, junto con el desempleo y la delincuencia común; este flagelo depreda al Estado y desangra a los ciudadanos, acomodando y cambiando las leyes o convirtiendo en legal la avaricia irracional de intereses particulares; implica el mal uso del poder delegado para obtener beneficios privados y se expresa con el mal uso del poder por parte de individuos o grupos organizados.

El 88% de los colombianos afirma que la corrupción ha aumentado o permanece igual. Gran parte de los empresarios dicen que si no se pagan sobornos, se pierden negocios. La encuesta realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado deja en claro que las coimas, regalos, pagos para agilizar trámites, contribuciones a campañas políticas, patrocinios y gastos de representación, son las formas más comunes que se usan para sobornar. Esta opinión es validada por el ranking del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, informe que en 2015 posicionó a Colombia en el puesto 83 entre 167 países.

La corrupción azota al país y sigue aumentando año por año gracias al lánguido esfuerzo de algunas autoridades. Muy a pesar del nombramiento de todo tipo de zares, altos consejeros y funcionarios inmaculados, el robo de dineros públicos sigue siendo el pan de cada día en las regiones del país.

Distintos organismos han señalado que la corrupción en Colombia es “un Cáncer para la democracia” en la medida que las prácticas corruptas imposibilitan la realización de los principios y fundamentos de un Estado Social de Derecho, dada la distorsión que genera la concentración de los bienes y recursos que deberían destinarse a la satisfacción de intereses y necesidades de la población, en manos de unos pocos privilegiados que deciden a favor de sus intereses particulares o de grupos empresariales, con lo cual, se incrementan los costos de administración de los bienes y servicios públicos, se deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones, se pierde el respeto por las normas y de paso se socaba la legitimidad del mismo Estado.

¿Y cuál es el papel de las mafias en la corrupción? “La captura y la reconfiguración cooptada del Estado” ha potenciado un mayor soporte al fortalecimiento de la corrupción y su perversa relación con la violencia y el narcotráfico. Una mirada por esta comprobada realidad nos permite explicar la connivencia, la generalizada falta de eficacia de la acción del Estado y la pobre sanción social ante ciertas expresiones de la criminalidad. No cabe duda que esta se ha instalado en la sociedad colombiana progresiva y eficientemente, permeada por un imaginario que hace posible que los delincuentes sean vistos como simples criminales aislados y no como redes complejas que se entrelazan con la institucionalidad, tejen complejas redes sociales, se legitiman en la cultura de la tolerancia al delito y de la ilegalidad, y garantizan su supervivencia más allá de los recambios o caídas de reconocidos capos o jefes.

Dice el economista Luis Jorge Garay que esta captura y reconfiguración del Estado se completa “cuando ya la ilegalidad en asocio con sectores legales, actúa a través de la misma institucionalidad para promover los intereses ilegales”. Para la muestra un botón: 35% de los miembros del Congreso de la República elegidos para el período legislativo 2002-2006 fueron aliados de las mafias paramilitares. Ese es un ejemplo de cómo las mafias del narcotráfico, paramilitares, funcionarios, políticos y sectores del empresariado colombiano se asociaron para refundar la patria, en un episodio que permitió visibilizar la corrupción como una práctica funcional en la organización económica, política y social existente, ejerciendo además "el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones".

Por supuesto, existen algunas condiciones estructurales del Estado colombiano y del ejercicio político tales como el excesivo presidencialismo, el clientelismo, el alto grado de impunidad, la falta de transparencia en la financiación de los partidos y las campañas, la cultura del todo vale, y la falta de acceso a la información por parte de los ciudadanos, que en su conjunto alimentan la corrupción.

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Manuel Peña

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